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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06690-00

Fecha
23 de febrero de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06690-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del mecanismo de amparo interpuesto por la señora María Offir Muñoz López, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” y el Tribunal Administrativo de Caldas y de conformidad con las razones contenidas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-06690-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

23 de febrero de 2023

Demandante: María Offir Muñoz López
Demandados: Tribunal Administrativo de Caldas y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-06690-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 11001-03-15-000-2022-06690-00
Demandante: MARÍA OFFIR MUÑOZ LÓPEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia
por no superar el requisito de inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional presentado por la señora María
Offir Muñoz López, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo
86 de la Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 14 de diciembre 2022, al
buzón de la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora María Offir
Muñoz López, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” y el Tribunal Administrativo
de Caldas, Sala Segunda de Descongestión con sede en Medellín, con el fin de
que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso e
igualdad.

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías
constitucionales, con ocasión de la sentencia proferida 27 de abril de 2011 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, mediante la cual se
confirmó la providencia del 13 de octubre del 2000 del Tribunal Administrativo de
Caldas, Sala Segunda de Descongestión con sede en Medellín, que negó las
pretensiones de la demanda. Lo anterior, en el marco del proceso de reparación
directa con radicado N.º 17001-23-31-000-1995-05004-01, instaurado contra la
Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, el Ministerio de Salud y el
Hospital San Antonio de Manzanares- Caldas.

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Demandante: María Offir Muñoz López
Demandados: Tribunal Administrativo de Caldas y otros
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1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia:

“PRIMERO. que se REVOQUE la sentencia proferida por el Tribunal
Contencioso Administrativo de Caldas, Sala 2 de Descongestión con sede en
Medellín, el 13 de octubre de 2000, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda y en su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de los demandantes.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO el auto de 14 de mayo de 1996, se profirió
la sentencia objeto de la alzada en la cual fueron negadas las súplicas de la
demanda al considerar que “...por las condiciones de vida de ese municipio, no
se hacían necesarias condiciones especiales de seguridad, que permitan
establecer responsabilidad para el Hospital demandado.

TERCERO. reclamó el amparo de mis derechos fundamentales al debido
proceso, a la prevalencia del derecho sustancial, al acceso a la administración
de justicia y a la reparación integral. En su criterio, a través de las decisiones
que, en primera y segunda instancia, respectivamente, emitieron el Tribunal
Administrativo de lo contencioso departamento de caldas.

CUARTO. ORDENAR a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Caldas que, en el término de veinte (20) días, contados a
partir de la notificación de esta decisión, se pronuncie nuevamente sobre el
recurso de apelación presentados por los demandantes en el trámite del
expediente No. 170012331000199505004 01, teniendo en cuenta las
consideraciones efectuadas en este proveído.

QUINTO. ORDENAR que por Secretaría General se devuelva a la Subsección
B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Caldas el expediente
No. 170012331000199505004 01 contentivo del proceso de reparación directa
que iniciaron la señora MARÍA OFFIR MUÑOZ LOPEZ. junto con sus
familiares contra la Nación- Ministerio de Defensa Nacional-policia Nacional -
Ministerio de salud - Hospital San Antonio de Manzanares, a efectos de que
proceda según lo decidido”.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Francisco Javier Salazar Mesa fue lesionado con arma de fuego
y trasladado al Hospital San Antonio de Manzanares – Caldas, lugar en que fue
atendido por profesionales de la institución. La Policía Nacional fue notificada de
dicho suceso, no obstante, al hospital ingresaron dos personas con arma de
fuego y le ocasionaron la muerte al señor Salazar Mesa.

5. En atención a lo anterior, los señores José Heriberto Salazar, María Inés
Mesa de Salazar, María Offir Muñoz López actuando en nombre propio y en
representación de sus hijos Johana, John Javier y Edwin Mauricio Salazar
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Muñoz y; Juan de Jesús, Jhon Jairo, José Alberto y Alba Lucía Salazar Mesa;
ejercieron acción de reparación directa contra el Ministerio de Salud, el Ministerio
de Defensa Nacional - Policía Nacional, el Departamento de Caldas y el Hospital
San Antonio de Manzanares, con el fin de que se declarara a esas entidades
patrimonialmente responsables de los perjuicios que sufrieron con ocasión de la
muerte de su familiar, ocurrida el 24 de octubre de 1993.

6. El proceso le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
Caldas, Sala Segunda de Descongestión con Sede en Medellín, autoridad
judicial que, en sentencia del 13 de octubre de 2000, negó las pretensiones de la
demanda. Lo anterior, al advertir que la muerte del señor Salazar Mesa obedeció
a un hecho de terceros, por lo que no existe responsabilidad del Estado.

7. Inconforme con tal decisión, los accionantes presentaron recurso de
apelación el cual fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “B”, en sentencia del 27 de abril de 2011, que confirmó la negativa
de las pretensiones reclamadas.

8. Como fundamento de su decisión, advirtió que tratándose de daños
sufridos por víctimas de hechos violentos cometidos por terceros, éstos solo le
son imputables al Estado cuando en su producción intervenga la administración,
a través de hechos u omisiones, como aquellos casos en los que existe
complicidad del agente estatal o cuando la persona contra la que va dirigido el
atentado hubiera solicitado la protección de la autoridades y no fuera
suministrada, eventos que no ocurrieron en el caso concreto, razón por la cual
confirmó integralmente la sentencia de primera instancia.

9. La sentencia de segunda instancia fue notificada por edicto desfijado el 16
de mayo de 20111.

1.4. Sustento de la vulneración

10. La parte actora alegó que se vulneraron sus derechos a la igualdad y al
debido proceso, en consideración a que no existió una eficiente protección por
parte de los guardas de seguridad del hospital, quienes permitieron que luego de
2 horas de haber ingresado el señor Salazar Mesa, este fallecería producto de
disparos que le propiciaron dos delincuentes.

11. Afirmó que el artículo 90 de la Constitución Nacional consagra que el
Estado responderá por los daños que le sean imputables por acción u omisión
de las autoridades públicas, en este caso la Policía Nacional debió desplegar
una conducta más diligente que les permitirá entender que al ser víctima de un
atentado iba a seguir la persecución hasta acabar con la vida del señor Salazar
Mesa, como efectivamente ocurrió.

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Folio 546 del expediente ordinario.
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12. Advirtió que, pese a que el hospital informó a la Policía Nacional de los
hechos, esto no lo exime de responsabilidad, pues el establecimiento
hospitalario tenía una verdadera obligación de mantener la seguridad e
integridad del paciente.

13. Manifestó ser una adulta mayor, que no cuenta con los medios
económicos para contratar un profesional del derecho, de manera que, acude
directamente en procura de los derechos que por años le han sido vulnerados,
en la medida que agotó todos los mecanismos de defensa que estaban a su
alcance, sin que después de 29 años le hayan reconocido una reparación
integral para ella y sus hijos.

1.5. Trámite de la acción de tutela

14. A través de auto del 16 de diciembre de 2022, la magistrada ponente
admitió la tutela y ordenó la notificación de la parte accionante, de los
Magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” y del
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Segunda de Descongestión con sede en
Medellín, o quien haga sus veces, como autoridades judiciales demandadas.

15. Adicionalmente, dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés,
de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, el Ministerio de
Salud y Protección Social; el Hospital San Antonio de Manzanares – Caldas, el
Ministerio Público y todo aquel que haya sido parte del proceso de reparación
directa con radicado N.º 17001-23-31-000-1995-05004-01.

16. Lo anterior por cuanto, del escrito allegado no fue posible advertir la
totalidad ni la identificación de los demandantes, debido a que las providencias
cuestionadas datan de los años 2000 y 2011, por lo que no se hallaron en los
archivos digitales de la Rama Judicial.

17. La secretaria general con el fin de cumplir la orden de vincular a todo
aquel que intervino en el proceso ordinario, requirió al apoderado de la parte
demandante en varias oportunidades, finalmente, el profesional del derecho
indicó:

• Que los señores José Heriberto Salazar y Juan de Jesús Salazar Meza,
fallecieron.
• Que el señor Jhon Jairo Salazar Mesa refirió como correo de notificación
vs9332745@gmail.com.
• Que los señores María Inés Mesa de Salazar, Juan Carlos, José Alberto y
Alba Lucia Salazar Mesa podían ser notificados en el correo
nakeyual22@gmail.com.

18. Por su parte, las notificaciones fueron efectuadas como consta en los
índices: 8 a 11 y 31 a 35 del expediente digital.

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1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Caldas

19. La secretaría de la autoridad judicial accionada remitió el enlace de
acceso al expediente ordinario, sin realizar alguna consideración adicional2.

1.6.2. Ministerio de Salud y Protección Social

20. A través de su director jurídico se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la acción de tutela, en la medida en que, en su sentir, no tiene
injerencia alguna sobre lo reclamado porque no es el encargado de dirimir las
inconformidades que se presentan contra las decisiones judiciales.

21. Refirió las normas que crearon dicha cartera ministerial, sus funciones y,
algunas precisiones sobre la legitimación en la causa, para finalmente, solicitar
la declaratoria de improcedencia de la presente acción de tutela.

1.6.3. Policía Nacional

22. Mediante correo electrónico enviado el 17 de enero de 2022, la institución
castrense refirió que no se cumple con el requisito de inmediatez como supuesto
general de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, en
cuanto han transcurrido más de 11 años desde que la sentencia de segunda
instancia fuera proferida, lo que denota un ejercicio tardío de la acción
constitucional por parte de la señora Muñoz López.

23. Recordó que además de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, cuando se cuestiona una providencia judicial se debe
evidenciar la ocurrencia de alguno de los específicos, cuestión que no se cumple
en el caso concreto, en la medida que la actora solo se refirió a los hechos de la
demanda y las razones por la cuales ella considera se deben acceder a las
pretensiones, pero no indicó la configuración de algún defecto en específico.

24. No obstante, advirtió que los hechos ocurridos en 1993 no fueron
producto de actuaciones de personal activo adscrito a la institución, ni se incurrió
en una omisión, por cuanto al tener conocimiento de las lesiones y posterior
muerte del señor Salazar Mesa, los funcionarios policiales acudieron de
inmediato al Hospital San Antonio de Manzanares-Caldas, situación que quedó
demostrada con el material probatorio allegado y que fue valorado
correctamente por el juez de instancia.

25. De otra parte, evidenció que la actora no se encuentra en una situación
grave de debilidad manifiesta que le permita al ponente flexibilizar los requisitos
de procedencia de la tutela contra providencia judicial, para evidenciar este

2
Índice 13 del expediente digital.
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aspecto aportó captura de pantalla sobre la información reportada por la Adres,
en la que se comprueba que la actora está afiliada al régimen subsidiado de
seguridad social.

1.6.4. Hospital San Antonio de Manzanares- Caldas

26. El gerente de la entidad indicó que la parte accionante no actuó con la
diligencia debida para demostrar un perjuicio irremediable, pues después de 11
años pretende reabrir el debate que fue decidido por los jueces ordinarios.

27. Expuso algunos apartes de sentencias que se refieren a los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad, con el fin de advertir que no se configuran dichos
requisitos, por lo que debe negarse las súplicas de la señora Muñoz López.

28. Los demás vinculados y el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “B”, pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

29. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

30. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos adjetivos de procedibilidad?

31. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se determinará:

• Si ¿las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y de igualdad de la parte actora al
proferir las sentencias del 13 de octubre del 2000 y del 27 de abril de
2011?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

32. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) las generalidades de los defectos
alegados y; (iv) el análisis del caso concreto.

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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

33. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la
acción de tutela contra providencias judiciales3, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema4 y declaró su procedencia5.

34. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
que el asunto sea de relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra
tutela; iii) inmediatez; iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la
improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

35. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea
de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la
acción no intente reabrir el debate de instancia.

36. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.

3 Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery
Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Evolución jurisprudencial relevante - inmediatez6

37. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe
ejercerse en un plazo razonable7, el cual debe ser ponderado por el juez en cada
caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual,
inmediato y efectivo8.

38. De acuerdo con lo anterior, esta Sección9 ha considerado como plazo
prudencial el de 6 meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual es la
ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la solicitud de
protección y la presentación de la misma, y cuando este es excesivo se declara
su improcedencia.

39. Esto, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 10, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200511, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que 6 meses es el término razonable para acudir y
solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados
con ocasión de providencias judiciales.

6 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00;
Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-
2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 06.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia
13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-
04788-01.
7 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14, Rad.

11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado,
Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-000-
2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
8 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.
9 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana Buitrago

Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro;
Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
11 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en

un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
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Demandante: María Offir Muñoz López
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Rad: 11001-03-15-000-2022-06690-00

40. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar
al fondo del debate jurídico planteado.

41. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para
promover la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en
sentencia T-256 de 201512, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio
auxiliar, indicó que la acción de tutela será procedente “cuando fuere promovida en
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista un
motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii)
la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la
acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la
originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual13”.

2.6. Caso concreto

42. En el sub lite, la parte actora aseguró que se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, con ocasión de las sentencias
proferidas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” del 27 de
abril de 2011, la cual fue notificada por edicto desfijado el 16 de mayo del mismo
año, cobrando ejecutoria el 19 del mismo mes y año, de conformidad con las
constancias que obran en la copia digital del expediente de reparación directa
allegado a este proceso constitucional. También consideró que vulneran sus
derechos fundamentales la sentencia del 13 de octubre de 2000 y el auto del 14
de mayo de 1996 proferidos en primera instancia.

43. Por su parte, la acción de tutela del vocativo de la referencia se presentó
el 14 de diciembre de 2022, de conformidad con el índice 3 del expediente de
tutela. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la solicitud de
amparo se ejerció por fuera del término razonable que la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha considerado como razonable
-6 meses-.

44. Ahora bien, respecto del cumplimiento del requisito de inmediatez, la parte
actora no elevó argumento alguno tendiente a explicar la tardanza en el uso del
mecanismo constitucional. Es decir, no se presentaron motivos que permitan
estudiar si se debe flexibilizar el requisito de procedibilidad aquí analizado.

45. Lo anterior resulta importante, en la medida en que si bien no existe un
término de caducidad para la interposición de la acción de tutela, lo cierto es que

12 Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-256 05.05.15, M.P. Martha Victoria Sáchica

Méndez.
13 “Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005, T-

158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010”.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: María Offir Muñoz López
Demandados: Tribunal Administrativo de Caldas y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-06690-00

el mecanismo constitucional debe interponerse dentro de un plazo razonable,
máxime cuando se trata de una petición de amparo contra una providencia
judicial que pone en duda los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, por
lo que se reitera, es desde el día siguiente de la ejecutoria de la decisión en que
esta Sección ha estimado un plazo razonable para la interposición de la acción,
como lo son los 6 meses.

46. Así las cosas, si bien es cierto que el término de los 6 meses no debe ser
estudiado de manera estricta en todos los casos, pues corresponde al juez de
tutela analizar si existen circunstancias especiales que permitan inferir que la
acción de tutela fue presentada dentro de un término razonable, a pesar de
haber excedido dicho plazo, lo cierto es que en el caso concreto no se elevaron
argumentos tendientes a demostrar alguna circunstancia que así lo acredite.

47. Finalmente, de la revisión del expediente, la Sala no advierte una
explicación válida para que el ejercicio de la acción de tutela se diera por fuera
del tiempo proporcional y razonable adoptado por la Corporación, pues la parte
actora no se encuentra en alguna de las situaciones que la Corte
Constitucional14 ha establecido como justificación, es decir, que: (i) no existe un
motivo válido para la inactividad de la accionante; (ii) su falta de iniciativa no
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) no existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración
de los derechos fundamentales del interesado; (iv) el fundamento de la acción de
tutela no surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos
fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de
interposición.

48. De ahí que se reproche el hecho de haber transcurrido más de 10 años
hasta la interposición de la solicitud de amparo, pues se desconoce el alcance
jurídico establecido por el constituyente a esta y se desvirtúa su finalidad de
medio de protección actual, inmediato y efectivo.

2.7. Conclusión

49. Por todo lo expuesto, esta Sección, actuando como juez constitucional,
declarará la improcedencia del mecanismo de amparo, por no superar el
requisito de inmediatez.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

14 Al respecto consultar sentencias T-1229 de 07.09.00, T-684 de 08.08.03, T-016 de 25.01.06., T-1044 de

04.12.07, T- 1110 de 28.10.05., T-158 de 02.03.06., T-166 de 08.03.10., T-502 de 17.06.10., T-574 de
15.07.10, T-576 de 21.07.10.
10
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Demandante: María Offir Muñoz López
Demandados: Tribunal Administrativo de Caldas y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-06690-00

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del mecanismo de amparo
interpuesto por la señora María Offir Muñoz López, contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “B” y el Tribunal Administrativo de Caldas y de
conformidad con las razones contenidas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto
2364 de 2012.

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