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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06699-01

Fecha
6 de julio de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06699-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Negar las solicitudes de desvinculación propuestas por el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Cauca SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de enero de 2023, emitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda– Subsección B, en el sentido de amparar el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y al descanso remunerado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto N. º 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06699-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

6 de julio de 2023

Demandante: Marlem Eliana Dorado Paz
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06699-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06699-01
Demandante: MARLEM ELIANA DORADO PAZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Temas: Tutela de fondo - Vacaciones individuales de empleados de la
Rama Judicial. Derecho al descanso labora - confirma

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Popayán contra la sentencia proferida en
primera instancia por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, el
30 de enero de 2023. En ese fallo se accedió a las pretensiones de la presente
acción de tutela.

1. ANTECEDENTES
1.1. La tutela

1. El día 15 de diciembre de 2023, Marlem Eliana Dorado Paz, en su calidad
de juez Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Santander de Quilichao
(Cauca), interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura,
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial -Nivel Central, la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Popayán, el Consejo Seccional de la
Judicatura del Cauca y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán. Con
su solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales
al trabajo en condiciones dignas, al descanso remunerado, a la dignidad humana
y a la salud.

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a la falta de
expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal (en adelante
CDP), por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán, para efectos de cubrir un reemplazo durante las vacaciones de la
accionante.

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Demandante: Marlem Eliana Dorado Paz
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06699-01

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

1. Se deje sin efecto la Resolución N° 155 del 13 de diciembre de 2022, que
decide “APLAZAR INDEFINIDAMENTE el Disfrute de las vacaciones solicitadas
por la abogada MARLEM ELIANA DORADO PAZ”.

2. Se ordene a las entidades accionadas de manera coordinada y de acuerdo con
sus competencias, adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que
correspondan, para el nombramiento de un reemplazo de Juez Segundo
Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao, Cauca de la suscrita, y se
materialice mi derecho al disfrute del descanso remunerado, durante el periodo
comprendido entre el martes diez (10) de enero al tres (03) de febrero inclusive
del año dos mil veintitrés (2023).

3. Se conmine a las entidades accionadas para que en el futuro, esta situación
no se vuelva a presentar de nuevo y se gestione a nivel nacional la autorización
de recursos destinados para estas circunstancias sin necesidad de recurrir a la
acción constitucional. (SIC toda la cita).

1.3. Hechos

4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

5. La señora Marlem Eliana Dorado Paz es titular del Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia del Circuito de Santander de Quilichao (Cauca).

6. La accionante señaló que actualmente acumula dos períodos de
vacaciones, motivo por el cual solicitó ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Popayán la concesión de las vacaciones causadas para disfrutarlas a
partir del 10 de enero de 2023.

7. Mediante Resolución Nº. 148 del 5 de diciembre de 2022, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Popayán concedió las vacaciones a la señora
Dorado Paz por el periodo comprendido entre el 10 de enero de 2023 hasta el 5
de febrero de 2023, inclusive. En consecuencia, a través de la Resolución Nº.
102 del 7 de diciembre de 2022, dispuso nombrar en encargo como jueza a la
secretaria nominada del despacho, quien manifestó no aceptar.

8. En razón de lo anterior y para efectos de cubrir el periodo de descanso
otorgado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán solicitó a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial se sirviera expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal, a efectos de cubrir las
correspondientes vacaciones de la señora Dorado Paz.

9. El 13 de diciembre de 2022, mediante oficio DESAJCLO22-2406 la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Popayán manifestó la
imposibilidad de expedir el CDP para el nombramiento de un reemplazo durante
el período de las vacaciones de la accionante.

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10. Por lo tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, mediante
Resolución Nº. 155 del 13 de diciembre de 2022, aplazó indefinidamente las
vacaciones de la accionante, debido a la falta de aceptación del nombramiento
en encargo, la negativa de expedir CDP y las necesidades del servicio.

11. En consecuencia, la actora refirió que no ha podido disfrutar de su derecho
al descanso remunerado, comoquiera que no se ha designado a una persona
que la remplace en la ejecución de sus funciones.

1.4. Sustento de la vulneración

12. La parte accionante señaló que las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, al descanso
remunerado, a la dignidad humana y a la salud, al suspender las vacaciones
concedidas sin ni siquiera estudiar la posibilidad de realizar el trámite de
autorización para asignar recursos tendientes al reemplazo por vacaciones.

13. Refirió que la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en su artículo
146 establecía que las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial serían colectivas, salvo para, entre otros, los juzgados promiscuos de
familia, y bajo este escenario, las vacaciones individuales serían concedidas de
acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo
Superior y las Seccionales de la Judicatura, así como por la Sala de Gobierno del
respectivo Tribunal a los jueces, por el término de veintidós días continuos por
cada año de servicio.

14. Así mismo, manifestó que el artículo 132 de la referida Ley, indica las
normas de provisión de cargos de la Rama Judicial, entre las cuales se destacan
las del encargo y la provisionalidad.

15. Finalmente señaló que la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura eliminó los
condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de
los funcionarios judiciales que se encontraran sujetos al régimen de vacaciones
individuales, y estableció el trámite a seguir que permitirá gestionar los recursos
para el nombramiento en provisionalidad de los reemplazos.

1.5. Trámite de primera instancia

1.5.1. Admisión

16. En auto del 16 de septiembre de 2022 el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B admitió la acción de tutela de la referencia. En
consecuencia, ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura, a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial -Nivel Central, a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Popayán, al Consejo Seccional de la

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Judicatura del Cauca y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en
calidad de accionados.

17. Así mismo negó la medida cautelar solicitada.

1.5.2. Intervenciones

1.5.2.1. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán

18. Manifestó que, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular PASC11-44 del
24 de noviembre de 2011, dicha Corporación remitió comunicaciones ante la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca y a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán a fin de obtener la
expedición de la disponibilidad presupuestal correspondiente, ante lo cual obtuvo
una respuesta negativa.

19. Afirmó que el despacho no podía quedar acéfalo y que debía garantizarse
la continuidad en la prestación del servicio, y ante la carencia de recursos para
garantizar un nombramiento en provisionalidad durante las vacaciones
solicitadas por la juez titular, el Tribunal tuvo que proceder a aplazarlas, y en ese
sentido, no podía hacer una designación desprovista de respaldo presupuestal.

20. Dicho esto, expuso que el Tribunal no había vulnerado ni amenazado
ningún derecho fundamental, especialmente porque carecía de competencia
para la expedición de la disponibilidad presupuestal, que solicitó en varias
oportunidades.

1.5.2.2. Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de
Popayán.

21. La entidad solicitó ser desvinculada de la presenta acción de tutela toda
vez que sus acciones han atendido lo dispuesto en la Circular PSAC-44 del 23
de noviembre de 2011.

22. Afirmó que en los casos en que se ha requerido adelantar las actuaciones
administrativas correspondientes, a fin de garantizar los derechos fundamentales
de los servidores judiciales, ha procedido dentro del ámbito de su competencia y
que en este caso, se dio cumplimiento a las directrices establecidas por el
Consejo Superior de la Judicatura, ya que en el despacho de la accionante existe
personal idóneo y suficiente para desempeñar las funciones que la señora
Dorado Paz realizaba, mientras duraban sus vacaciones.

23. Adicionalmente consideró que la parte actora no se encontraba ante un
perjuicio irremediable y que además ella no impugnó el acto administrativo que
le negó el disfrute de vacaciones, dejando que quedara en firme la decisión.

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1.5.2.3. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

24. Solicitó decretar la falta de legitimación en la causa por pasiva, al no estar
llamada ni obligada a la disposición de recursos que permitieran la contratación
del reemplazo de la accionante para la concesión del periodo de vacaciones, toda
vez que dicha entidad no tiene la condición de nominador de la accionante.

25. Así mismo, solicitó que se ordenara al nominador de la señora Dorado
Paz, para que de forma inmediata y sin poner condicionamientos, concediera el
periodo de vacaciones.

1.5.2.4. Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca

26. Sostuvo que la entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la
tutelante y por consiguiente, solicitó la desvinculación del asunto o, en su defecto,
negar el amparo.

27. Arguyó que de los hechos relatados en el escrito de tutela no existía
evidencia que responsabilice a dicha Corporación, pues de conformidad con lo
establecido en la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia,
en su artículo 101, los Consejos Seccionales de la Judicatura no tienen funciones
presupuestales, siendo estas asignadas a los Directores Seccionales de
Administración Judicial, quienes son los administradores y ordenadores de gasto.

1.5.2.5. Consejo Superior de la Judicatura

28. La entidad solicitó su desvinculación por carecer de legitimación en la
causa, pues en su criterio no es viable que se le endilgara responsabilidad, toda
vez que las acciones u omisiones que atribuía la accionante como vulneradoras,
recaían exclusivamente sobre la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Popayán, entidad que actúa como ordenadora del gasto de
conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 6 del artículo 103 de la Ley
270 de 1996, y que tiene a cargo la función de expedir el CDP para designar los
reemplazos de los funcionarios y empleados judiciales que pretenden el disfrute
de sus vacaciones.

1.5.3. Sentencia de primera instancia

29. En sentencia del 30 de enero de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B accedió las pretensiones de la acción de tutela. En ese
sentido, ordenó lo siguiente:

PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al descanso remunerado y
al trabajo en condiciones dignas y justas de la señora Marlem Eliana Dorado
Paz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que,
en el término de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,

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proceda a apropiar los recursos necesarios, para que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Popayán emita el certificado de
disponibilidad presupuestal para el reemplazo por las vacaciones, que le
fueron suspendidas a la señora Dorado Paz.

TERCERO: Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Popayán que, dentro de los cinco (5) días siguientes a que la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le notifique de la apropiación
de los recursos, proceda a emitir el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal, para el disfrute de las vacaciones mencionadas.

CUARTO: Ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán que,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a que la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán notifique la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal a favor de la señora
Marlem Eliana Dorado Paz, para el disfrute de sus respectivas vacaciones,
proceda a emitir el acto administrativo en el que resuelva sobre la concesión
de ese período vacacional (SIC a toda la cita)

30. Para fundamentar la decisión, en el fallo de tutela de primera instancia se
puso de presente que la inconformidad de la parte actora provenía de la
imposibilidad de disfrutar del periodo de vacaciones al que tenía derecho por
haber laborado como jueza Segunda Promiscua de Familia de Santander de
Quilichao durante el periodo del 5 de junio de 2020 y el 5 de junio de 2021.

31. Afirmó que la concesión de las vacaciones no podía estar supeditada al
estudio propuesto por las autoridades accionadas y muchos menos anteponer
gestiones administrativas, pues la asignación del presupuesto para personal o la
creación, eran decisiones técnicas que suponían valoraciones integrales de las
necesidades del servicio y no podían servir de pretexto para limitar los derechos
de los trabajadores, máxime cuando es deber y obligación del empleador
garantizar que la ausencia del accionante no suponga traumatismos para el
despacho judicial que dirige1.

32. Indicó que las actuaciones administrativas que las entidades accionadas
deben efectuar para permitir el disfrute de vacaciones de la accionante, no podían
servir de excusa o justificación para impedirle el goce del derecho fundamental
al descanso, cuestión frente a la cual la normativa aplicable ha previsto diversas
soluciones, somo lo es nombrar el reemplazo de los funcionarios, de acuerdo a
las condiciones fijadas legalmente.

33. En ese orden de ideas, amparó los derechos fundamentales al descanso
y al trabajo en condiciones dignas y justas a la accionante.

1 Para fundamentar su decisión, el a quo trae a colación la decisión del 26 de febrero de 2020 de

la Sección Cuarta del Consejo de Estado, consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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1.6. Impugnación

34. La Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Popayán
presentó escrito de impugnación en el que solicitó que se revocara el fallo del 30
de enero de 2023.

35. Manifestó que, en atención a su calidad de órgano técnico administrativo,
debe cumplir con las disposiciones establecidas y bajo ese entendido, está
imposibilitada para expedir un CDP no solo porque dichos rubros no se
encontraban contemplados para gastos de vacaciones individuales de los
empleados, sino que obedecían al cumplimiento de la circular PSAC11-44 del 23
de noviembre de 2011, mediante la cual se fijó la “Promoción de Vacaciones de
los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones individuales”, la cual
continuaba vigente.

36. Sostuvo que no vulneró el derecho al descanso remunerado de la
accionante, pues los recursos para el pago de las vacaciones y prima vacacional
de la servidora corresponde a los gastos de personal asignados para la vigencia
2022, y estos ya habían sido cancelados a la tutelante, y que la negativa del
descanso se generó por la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Popayán, no por la Dirección Seccional.

37. Así, añadió que la Dirección Seccional como órgano técnico administrativo
esta supeditada a las disposiciones fijadas en la circular PSAC11-44 del 23 de
noviembre de 2011, y por ende no era posible expedir el CDP para autorizar el
reemplazo de las vacaciones de la accionante por cuanto la adición presupuestal
para este rubro se encontraba sujeta a lo dispuesto en la referida circular, la cual
presentaba restricciones presupuestales para el presente año, y solo la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial disponía los recursos para los funcionarios
(jueces) que pertenecían al régimen de vacaciones individuales y donde los
despachos no contaban con personas que cumplían con los requisitos para ser
encargados, situación ajena al presente caso, pues en el despacho judicial se
contaba con la figura del encargo.

38. Señaló que autorizar recursos para el reemplazo de vacaciones,
desbordaba la competencia del juez de tutela.

39. Advirtió que para el asunto no se cumplían con los parámetros
establecidos para determinar la irremediabilidad de un perjuicio, que tornara
impostergable el ejercicio de la acción de tutela y la intervención del juez
constitucional.

40. Reiteró que el acto administrativo por el cual se negó el derecho a
vacaciones, no fue objeto de interposición de recurso, circunstancia que a su
juicio configuraba la improcedencia del trámite.

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

41. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán contra la
sentencia de primera instancia proferida el 30 de enero de 2023 por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Lo anterior de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

42. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

43. Con fundamento en lo anterior, la señora Marlem Eliana Dorado Paz, al
ser el sujeto que pretende el amparo del derecho al descanso remunerado, está
legitimada por activa para interponer la presente acción de tutela.

44. Por otro lado, la Sala evidencia que, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Popayán, de conformidad con las funciones que tienen
asignadas en la Ley 270 de 1996, goza de legitimación en la causa por pasiva
por ser la autoridad que se encarga de realizar la solicitud ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central – de las apropiaciones
presupuestales necesarias (siendo esta quien las otorga) y, posteriormente,
informárselas al nominador para que este proceda con la designación del
reemplazo.

2.3. Solicitudes de desvinculación

45. El Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Popayán, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Cauca solicitaron su
desvinculación del presente trámite constitucional pues, a su juicio, carecen de
legitimación en la causa por pasiva. No obstante, dichas peticiones serán
negadas ya que sus vinculaciónes se hicieron debido a que fueron las entidades
demandadas por la actora en su escrito de tutela, y en tal sentido, su
comparecencia al presente trámite tutelar se tornaba necesaria en aras de que
pudieran defender sus intereses y ejercer el derecho de defensa y contradicción
que les asiste.

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2.4. Problema jurídico

46. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o
revocar el fallo de tutela de primera instancia del 30 de enero de 2023, proferido
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

47. Para tal efecto, en consideración a la situación fáctica expuesta por la parte
actora, las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado
y el escrito de impugnación, corresponde a esta Sala resolver el siguiente
problema jurídico:

• ¿Vulneró los derechos fundamentales de la accionante la decisión de no
ordenar la apropiación presupuestal y la expedición del CDP para disponer
del reemplazo de Marlem Eliana Dorado Paz en su labor titular del
Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao, a
quien le correspondía gozar de su periodo de vacaciones desde el 10 de
enero de 2023 hasta el 03 de febrero de 2023, al haber cumplido los
requisitos para ello?

48. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) requisitos de procedencia del
mecanismo constitucional; iii) derecho al descanso del servidor judicial y; iv)
estudio del caso en concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

49. Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de
particulares.

50. Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa
judicial ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son
idóneos para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su
ejercicio se habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la
activación de los instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.

51. Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos
procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la
inminencia de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez
constitucional no puede decidir sobre la controversia propuesta.

52. Lo anterior, busca evitar que esta acción constitucional se use
inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del

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ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio
el constituyente.

2.6. Estudio de los requisitos de procedencia de la acción de tutela

2.6.1. Subsidiariedad

53. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán solicitó ante la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Popayán el CDP para el
nombramiento de un reemplazo durante el periodo de las vacaciones de la señora
Dorado Paz.

54. Sin embargo, el 13 de diciembre de 2022, mediante oficio DESAJPOO22-
2406, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán
reiteró la imposibilidad de expedir el CDP para el nombramiento de un reemplazo
durante el período de las vacaciones de la jueza.

55. Para la Sala, en principio se podría sostener que la presente acción de
tutela no es procedente porque contra la decisión de negar la expedición del CDP,
puede interponerse el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
establecido en el artículo 138 del CPACA.

56. Sin embargo, esta Sección considera que en el presente caso la acción de
tutela es el mecanismo más adecuado para proteger los derechos invocados por
la parte actora. Es importante resaltar que no se discute la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial, sino su idoneidad para el caso en concreto, en el
que está plenamente demostrado que la accionante ve amenazado su derecho
al descanso remunerado, el cual está íntimamente relacionado con el derecho al
trabajo.

57. Esta Sala ha considerado que, en ciertos eventos, las circunstancias
particulares del caso desbordan la eficacia de los medios de control ordinarios
para la protección efectiva y eficaz de los derechos fundamentales. Esta falta de
idoneidad hace imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de
la primacía de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico
colombiano2.

58. En el presente caso nos encontramos ante una funcionaria judicial que
ve amenazado su derecho fundamental al descanso remunerado, el cual se
encuentra íntimamente relacionado con su garantía constitucional al trabajo.

59. Lo anterior, ante el posible riesgo eminente de que la señora Marlem
Eliana Dorado Paz no pueda disfrutar de su periodo de vacaciones (pese a
cumplir con los requisitos para ello), ante la falta de disponibilidad presupuestal

2 Al respecto ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, Sentencias del 14 de octubre del 2021 y 20 de enero de 2022. M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil. Rads. N°s. 11001-03-15-000-2021-03070-01 y 11001-03-15-000-2021-06992-01.

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para que su nominador pueda designar su reemplazo, durante el tiempo en el
que aquella se encuentre en descanso.

60. Lo anterior, resulta suficiente para que este juez constitucional, de acuerdo
con lo hasta aquí explicado, sea competente para conocer el fondo de esta
controversia, contrario a lo señalado por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, al precisar que, por no haberse interpuesto el recurso de reposición, la
acción de tutela se torna improcedente. Máxime cuando el mencionado recurso
no es obligatorio, de conformidad con el artículo 76 del CPACA.

2.6.2. Inmediatez

61. Respecto a este requisito, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones
ha señalado que su estudio obedece a la protección inmediata de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados sin que se presente tardanza
injustificada o irrazonable en la presentación de la acción3.

62. De esta manera, en el caso en concreto la peticionaria presentó la acción
de tutela el 15 de diciembre de 2022, menos de treinta días después de que la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán hubiera
negado la expedición del CDP para nombrar su reemplazo mientras disfrutaba
de su periodo de vacaciones. En consecuencia, la Sala considera que en este
escenario se supera el requisito de la inmediatez.

2.7. El derecho al descanso del servidor judicial

63. El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una
época muy temprana4, como un derecho fundamental derivado especialmente
del artículo 53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos
fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el
legislador. Así como del artículo 25 ibídem, que señala que todas las personas
tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

64. Adicionalmente, en el marco internacional, existen varios instrumentos
ratificados por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su
artículo 7 determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las
personas al goce de condiciones de trabajo que aseguran «el descanso, el
disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos».
En similar sentido lo indica el artículo 7 del Protocolo de San Salvador 5.

3 Corte Constitucional, Sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018.
4 Corte Constitucional, Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004

y C-035 de 2005.
5 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador”. Artículo 7: “Los
Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el
artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y

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65. La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene una amplia y consolidada
línea jurisprudencial que ha establecido que «uno de los derechos fundamentales
del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real
Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga»6. En efecto, la ius
fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática de
los artículos 1, 25 y 53 de la Carta, en tanto el descanso es una consecuencia
necesaria de la relación laboral y constituye uno de los principios mínimos
fundamentales del trabajo.

66. En ese contexto, el descanso es considerado como la manera de
recuperar las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo
dedicado a trabajar o en ejercicio de diversas actividades que le exigen un mayor
o menor grado de dificultad para ejecutarlas. Así mismo, el descanso en el campo
laboral se denomina “vacaciones”, siendo un derecho adquirido para quienes han
cumplido con el único requisito de laborar un año continuo o proporcional, y que
luego de entregar todas sus capacidades físicas y mentales para poder realizar
de una manera idónea todas las funciones asignadas por el empleador, pueda el
servidor público, como en este caso, disfrutar de un merecido descanso que le
permita compartir un mayor espacio de tiempo con sus seres queridos, dedicarse
a otras actividades que le den paz y tranquilidad, restituyéndole el ímpetu para
iniciar con energía sus actividades laborales.

67. En ese sentido, quien está llamado a otorgar las vacaciones al trabajador
es el empleador o el nominador, debiendo prever que, una vez cumplido el
requisito mencionado, se proceda a programarlas junto con quien va a
reemplazarlo, para de esta manera no vulnerar el derecho al trabajador ni afectar
el normal desarrollo o funcionamiento de la entidad o empresa.

68. En relación con lo anterior la Corte Constitucional en Sentencia C-019 de
2004, estableció lo siguiente:

El derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le otorga
al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su
salud física y mental, para compartir con su familia mayores y mejores espacios de
encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para
incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad estética,
para acercarse paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples manifestaciones.

[…]

El derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado Social de
Derecho que en la Constitución goza de especial protección. Es el fundamento de
todo el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: el
trabajador que le ha ayudado al patrono a crear riqueza para él y su empresa,

satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de
manera particular: (…) h). El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así
como la remuneración de los días feriados nacionales”.
6 Corte Constitucional, Sentencia C-1005 de 2007.

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necesita su apoyo en todas las contingencias que puedan perjudicarle o cuando
se han agotado sus fuerzas por el trabajo que le ha dado al patrono (accidentes
de trabajo, enfermedades, muerte, invalidez, jubilación, etc.). Con cada acto de
trabajo el trabajador entrega a su patrono parte de su fuerza física y de su ser. Y
debe reponerlos (para seguir entregándoselos al patrono) haciendo pausas, pues
de lo contrario se agota, envejece o muere prematuramente

(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración,
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la
autoridad administrativa, (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii)
cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal.

69. Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y
privados, por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual debe
ser protegido por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que sea válido
oponer trabas administrativas, que afectan el núcleo fundamental de este
derecho.

2.8. Caso concreto

70. En el presente asunto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán
solicitó ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán el CDP para el nombramiento de un reemplazo durante el periodo de
las vacaciones de la señora Marlem Eliana Dorado Paz.

71. No obstante, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Popayán, mediante oficio DESAJPOO22-2406 del 13 de diciembre de 2022,
negó la expedición de este.

72. A fin de resolver este caso, para la Sala es importante resaltar que el
Consejo Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC11-44 de 23 de
noviembre de 2011. En este acto se reguló la manera en que deben realizarse
los reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales sujetos al
régimen de vacaciones individuales. En dicha circular se establece:

[…] para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este
derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento de aquí (sic) se señala y que
permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en provisionalidad de los
reemplazos, cuando haya lugar a ello.

73. Esta circular tiene por asunto: «vacaciones de los funcionarios judiciales
del Régimen de Vacaciones Individuales», lo que significa que no existe
disposición alguna para los empleados de los despachos judiciales que se
encuentran bajo el régimen individual de vacaciones. En tal sentido, es
importante resaltar que de conformidad con lo expresado en el artículo 125 de la
Ley 270 de 1996, se entiende como funcionario judicial a los jueces, magistrados
y fiscales, mientras que los demás servidores serán empleados judiciales.

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74. Por tanto, para la Sala es evidente que la ausencia de un CDP no puede
volverse un obstáculo para que los funcionarios judiciales puedan disfrutar de su
garantía constitucional al descanso remunerado. Este derecho debe entenderse
como uno de los fundamentales del trabajador y constituye una condición mínima
que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza tanto intelectual
como física, para así proteger su salud y fortalecer su dedicación para el
desarrollo de sus actividades.

75. Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado
público tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de
servicios prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8
Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978). En cuanto a los servidores judiciales,
las vacaciones se encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de
19967. Esta norma establece que los funcionarios de los Juzgados Promiscuos
de Familia pertenecen al régimen de vacaciones individuales, que deben ser
concedidas por el respectivo nominador, de acuerdo con las necesidades del
servicio, por el término de 22 días continuos por cada año de servicios.

76. En ese orden, si bien es el nominador el encargado de emitir el acto por el
cual se concede o niega las vacaciones, lo cierto es que las direcciones
seccionales de administración judicial deben tomar todas las medidas necesarias
en los casos en que esté demostrado que la ausencia de un funcionario, que se
va a disfrutar de sus vacaciones, puede generar traumatismo que afecten el
funcionamiento de la dependencia judicial y, por ende, el debido servicio de la
administración de justicia.

77. Así, y en contraposición a lo planteado por la Dirección Seccional Ejecutiva
de Administración Judicial de Popayán, esta sí resulta ser la entidad trasgresora
de las garantías constitucionales de la demandante pues, ante su negativa, se ve
amenazado el derecho fundamental al descanso de la señora Marlen Eliana
Dorado Paz. Esto, porque como se plantea en la solicitud de amparo, el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao no cuenta con el
personal suficiente para suplir la carga laboral de los funcionarios que por
derecho deben disfrutar de sus vacaciones, razón por lo que no podría gozar de
su periodo de descanso.

78. En otras palabras, el derecho al descanso de la señora Marlem Eliana
Dorado Paz se vio truncado ante la decisión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Popayán de suspenderle las vacaciones por falta del CDP que

7 Ley 270 de 1996. Artículo 146: “VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados

de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de
Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses. Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del
servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala
de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás
casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio”.

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permitiera designar un reemplazo, dado que, de no proveerse el cargo en el
periodo de su descanso, existiría exceso laboral en los demás empleados de su
dependencia.

79. Por tanto, comoquiera que en el presente caso el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán está imposibilitado de cubrir la vacante temporal y
por tanto el despacho no puede quedar acéfalo, resulta previsible entender que,
tanto la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Nivel Central como la
Seccional de Popayán deben trabajar mancomunadamente para garantizar los
derechos fundamentales al trabajo y al descanso de la señora Dorado Paz, así
como la de los usuarios que pretenden acceder a una adecuada administración
de justicia del despacho judicial en cuestión, por lo que para la Sala el
nombramiento de un reemplazo en provisionalidad es una alternativa idónea que
permite compatibilizar los mentados presupuestos.

80. Adicionalmente, es necesario indicar que según los lineamientos fijados
en la Circular PSAC05-89 de 18 de noviembre de 2005, habrá lugar a expedición
del CDP para designar a un reemplazo cuando el despacho tuviera tres o menos
colaboradores incluyendo el juez, como sucede en el presente caso, en donde el
despacho está conformado por 4 funcionarios incluido este último.

81. La determinación de no otorgar los recursos necesarios para el reemplazo,
sí generan una vulneración a los derechos fundamentales de la accionante, pues,
como se vio, la decisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Popayán, puede obstaculizar la garantía para que disfrute de su
descanso remunerado, máxime si se tiene que la señora Dorado Paz tiene
derecho a gozar de sus vacaciones, pues cumple con los requisitos para acceder
a ellas y que el deber de garantizar la adecuada prestación del servicio público
de administrar justicia no puede ser admitida como una excusa válida para no
permitirle a un empleado gozar del referido derecho y, además, implique una
sobrecarga en los demás empleados del despacho judicial.

82. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión adoptada el 30 de
enero de 2023, tras concluir que, en efecto, i) la acción de tutela es el mecanismo
idóneo para proteger los derechos fundamentales invocados por la accionante,
so pena de que se causen perjuicios irremediables, y ii) que la entidad accionada
es la llamada a responder por la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales incoados, pues a raíz de la decisión de no expedir el certificado
de disponibilidad presupuestal para el remplazo de la accionante mientras goza
de sus vacaciones, se está impidiendo el disfrute de sus derechos y garantías
constitucional y convencionalmente protegidas, de modo que no le asiste razón
a la entidad impugnante.

2.9. Cuestión final

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83. En el curso de la presente acción de tutela y una vez proferido el fallo de
primera instancia, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán comunicó el acatamiento de la sentencia del 30 de enero de 2023.

84. En ese sentido remitió el certificado de disponibilidad presupuesta N°. 123
con el cual se garantizaban los recursos para la designación del reemplazo de la
accionante, por el tiempo legalmente procedente. Esta situación fue puesta en
conocimiento de la secretaria general del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Popayán, mediante oficio DESAJPO23-146, el cual se remitió copia a la
señora Dorado Paz.

85. En este orden, no se declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado debido a que el cumplimiento del fallo de tutela de primera instancia no
resulta procedente ya que dicha figura opera en los eventos en los que la
amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de
tutela de suerte que el instrumento pierde efectividad, no cuando el cumplimiento
se da en obedecimiento de una orden judicial, como es el caso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: Negar las solicitudes de desvinculación propuestas por el Consejo
Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Popayán, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el
Consejo Seccional de la Judicatura de Cauca

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de enero de 2023, emitida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda– Subsección B, en el sentido de amparar
el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y al descanso
remunerado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto N. º 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

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ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Ausente por permiso

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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