Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06732-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06732-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06732-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
31 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06732-00
11001-03-15-000-2022-06361-00 (acumulado)
11001-03-15-000-2023-00176-00 (acumulado)
Demandante: Alexander Valencia Valderrama y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sala Diecisiete Especial de Decisión
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia - falta de legitimación en la causa por activa
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por Alexander Valencia Valderrama,
Eintein Dadwin Hiler Ibarguen y Clidio Antonio Mosquera Benítez contra la Sala
Diecisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- Los señores Alexander Valencia Valderrama2, Eintein Dadwin Hiler Ibarguen3 y
Clidio Antonio Mosquera Benítez 4 presentaron acción de tutela contra la Sala
Diecisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado5, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia. Consideran que tales prerrogativas fueron vulneradas por
la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia de 3 de junio de 2022, al
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 La demanda formulada por este accionante se tramitó con el número de radicado 11001-03-15-000-2022-
06732-00 y se tiene como proceso principal.
3 La solicitud de amparo incoada por este actor se le asignó el número de radicado 11001-03-15-000-2022-
06361-00. Posteriormente, dicho expediente fue objeto de acumulación al proceso de la referencia.
4 La acción constitucional instaurada por este accionante se tramitó bajo el número de radicado 11001-03-15-
000-2023-00176-00. Posteriormente, el expediente se acumuló al proceso de la referencia.
5 Integrada por los magistrados Jaime Enrique Rodríguez Navas, Oswaldo Giraldo López, Luis Alberto Álvarez
Parra, Julio Roberto Piza Rodríguez y Gabriel Valbuena Hernández.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06732-00
Accionante: Alexander Valencia Valderrama y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sala Diecisiete Especial de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
interior del proceso de control inmediato de legalidad6 del Decreto 1754 del 22 de
diciembre de 20207.
2.- Según se ilustra en las demandas, las pretensiones en ella contenidas se
contraen a que se profiriera la providencia de reemplazo, con efectos ex tunc, en
relación con el control inmediato de legalidad del Decreto 1754 del 22 de diciembre
de 2020, permitiendo que los ciudadanos que se vieron afectados con la reanudación
de los concursos de méritos en medio del estado de emergencia puedan, si a bien lo
tienen, ejercer los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho o
reparación directa, según corresponda. Con estas solicitudes se pide oficiar para que
se investigue “el PREVARICATO POR ACCIÓN de los funcionarios que expidieron
el Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020, y el PREVARICATO POR OMISIÓN
de los funcionarios que expidieron el Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020 al
OMITIR su remisión al H. Consejo de Estado para su revisión”.
3.- Los principales presupuestos de orden fáctico, probatorio y constitucional
comunes a todas las demandas y que respaldan la protección invocada son, los
siguientes:
4.- El 28 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo No.
491, por el cual se adoptaron medidas de urgencia para garantizar la atención y la
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares
que cumplan funciones públicas y estableció medidas para la protección laboral de
los contratistas de prestación de servicios en el marco del estado de emergencia
económica, social y ecológica generada por la propagación del Covid-19.
5.- El artículo 14 del referido decreto estableció que para garantizar la participación
en los concursos, sin discriminación de ninguna índole y hasta tanto permaneciera
vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social, se aplazarían las etapas de reclutamiento o de aplicación de pruebas, en los
procesos de selección que se estuvieran adelantando para proveer los empleos de
carrera del régimen general, especial y específico.
6.- El Gobierno Nacional, expidió el Decreto 1754 de 22 de diciembre de 2020, “Por
el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo
relacionado con la reactivación de las etapas de reclutamiento, aplicación de
pruebas y periodo de prueba en los procesos de selección para proveer los empleos
de carrera del régimen general, especial y específico, en el marco de la Emergencia
Sanitaria”.
6 Identificado con número de radicado 11001-03-15-000-2021-04664-00.
7 “Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo relacionado con la
reactivación de las etapas de reclutamiento, aplicación de pruebas y período de prueba en los procesos de
selección para proveer los empleos de carrera del régimen general, especial y específico, en el marco de la
Emergencia Sanitaria”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06732-00
Accionante: Alexander Valencia Valderrama y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sala Diecisiete Especial de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
7.- De conformidad con los preceptos establecidos en el artículo 136 del CPACA,
el 4 de agosto de 2021, la Sala Diecisiete Especial de Decisión del Consejo de
Estado avocó, de oficio, el conocimiento del control de legalidad inmediato del
Decreto 1754 de 2020.
8.- Mediante sentencia de 3 de junio de 2022, notificada el 29 de junio del mismo
año, la Sala Diecisiete Especial de Decisión resolvió declarar la nulidad del Decreto
1754 de 2020 y estableció que durante su vigencia el acto demandando surtió
efectos, razón por la cual para evitar que las situaciones jurídicas que se
consolidaron bajo su amparo se vieran afectadas con la decisión, en virtud de la
confianza legítima, estableció que los efectos de la declaratoria de nulidad operarían
únicamente hacia el futuro o ex nunc.
9.- En todos los casos los demandantes manifestaron haber participado en la
Convocatoria No. 1325 de 2019, por medio de la cual se adelantó el proceso de
selección por mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal
de la Gobernación del Chocó, correspondiente a la “TERRITORIAL 2019”. Además,
indicaron que en aplicación del Decreto 1754 de 2020, se encontraba desempeñando
sus labores a través de la modalidad de teletrabajo, aduciendo que, en el año 2021,
fueron obligados a presentar las pruebas escritas de la mencionada convocatoria,
sin que para esa fecha se hubiera levantado la emergencia sanitaria decretada por
el Gobierno a causa de la propagación del Covid-19.
10.- Los demandantes sostienen que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al incurrir en
los siguientes defectos:
11.- Desconocimiento del precedente, por no tener en cuenta los parámetros
establecidos por la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la Sentencia C-242 de
2020, mediante la cual se declaró la exequibilidad del artículo 14 del Decreto
Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020. Al respecto, precisaron que al otorgar
efectos hacia futuro a la sentencia de nulidad proferida en el Rad. 11001-03-15-000-
2021-04664-00, la Sala Especial de Decisión Diecisiete afectó la confianza legítima
generada por la declaratoria de exequibilidad del artículo 14 del Decreto 491 de
2020, ya que en la Sentencia C-242 de 2020, se estableció que la suspensión de las
Convocatorias objeto de discusión solo se levantaría una vez se superara el estado
de emergencia sanitaria y se desestimó la solicitud de la CNSC de permitir la
organización de pruebas o exámenes individuales o virtuales que no implicaran el
contacto social.
12.- La parte actora alega que la decisión atacada violenta el derecho constitucional
a la igualdad de las personas que no pudieron presentar las pruebas de acceso a
cargos públicos en medio de la pandemia. Esto, debido a que, al reactivarse las
convocatorias en medio del estado de emergencia, algunas personas no pudieron
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06732-00
Accionante: Alexander Valencia Valderrama y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sala Diecisiete Especial de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
inscribirse o presentar las pruebas para acceder a cargo públicos; se vieron
sometidas al período de prueba cuando debían estar en etapa de inducción, y en
algunos casos fueron removidas de su cargo por cuenta de algunas convocatorias
que debían estar suspendidas y que fueron reanudadas a pesar de ser contrarias al
artículo 14 del Decreto 491 de 2020.
13.- De igual forma, señalaron que la decisión adoptada impide a las personas
afectadas acudir al juez natural a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, así como la posibilidad de entablar el medio de control
de reparación directa.
14.- Violación directa de la Constitución, ya que al establecer que los efectos de
la nulidad del Decreto 1754 de 2020 debían ser a futuro, la decisión cuestionada
vulneró los principios de eficiencia y eficacia que rigen el servicio público, la garantía
de la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos subjetivos
consagrados en los artículos 53 y 125 de la Constitución Política. Según los
accionantes, al establecer que los efectos de la declaratoria de nulidad operarían
únicamente desde el momento de la emisión de la Sentencia de 3 de junio de 2022,
la autoridad judicial no tuvo en cuenta la “acción prevaricadora” del Presidente de la
República, el Ministro de Justicia y del Derecho y el Director del Departamento
Administrativo de la Función Pública, al expedir de manera injustificada un acto
administrativo ilegal, incumplimiento el deber legal consagrado en el inciso segundo
del artículo 208 de la Ley 137 de Junio 2 de 1994 "Por la cual se regulan los Estados
de Excepción en Colombia" y las disposiciones contenidas en el artículo 136 del
CPACA, que imponían al Gobierno Nacional la obligación de enviar el Decreto 1754
de 2020 a la jurisdicción contencioso-administrativa dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a su expedición.
15.- Por último, indicaron que, al proferir la decisión de nulidad después del 30 de
junio de 2022, fecha en la que el Gobierno Nacional puso fin a la emergencia
sanitaria y al otorgarle efectos a futuro a dicha declaratoria, la autoridad judicial
accionada validó la aplicación plena de una norma ilegal.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
16.- Mediante auto de 6 de febrero de 2023, el Despacho sustanciador dispuso: (i)
avocar conocimiento y admitir la acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06732-00 -
como proceso principal-; (ii) avocar conocimiento de la demanda de tutela 11001-03-
15-000-2022-06361-00 9 y acumularla al proceso de la referencia; (iii) admitir la
8 “Artículo 20. Control de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función
administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control
inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si
se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. Las
autoridades competentes que los expidan enviaran los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-
administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición”.
9
Inicialmente, dicho expediente le correspondió para su conocimiento al Consejero Martín Bermúdez Muñoz,
quien, a través de auto del 1 de diciembre de 2022, admitió la demanda; ordenó notificar a la autoridad
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06732-00
Accionante: Alexander Valencia Valderrama y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sala Diecisiete Especial de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00176-00 y acumularla al expediente
principal; (iv) notificar de su presentación a la autoridad judicial demandada; (v)
vincular a la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al
Departamento Administrativo de la Función Pública, en calidad de terceros
interesados; y (vi) requerir a la Sala Diecisiete Especial de Decisión del Consejo de
Estado para que remitiera, en medio magnético, copia del expediente identificado
con el radicado número 11001-03-15-000-2021-04664-00.
17.- Particularmente, en lo relacionado con la acción de tutela 11001-03-15-000-
2022-06361-00, se precisó que, en atención a los principios de celeridad y economía
procesal, las actuaciones previamente surtidas dentro del referido proceso, esto es,
la admisión de la demanda y sus respectivas contestaciones, tendrían plena validez
y, por tanto, se continuaría con el trámite respectivo para proferir fallo de primera
instancia.
(i) Consejo de Estado – Sala Diecisiete Especial de Decisión10
18.- La Sala Diecisiete Especial de Decisión, por conducto del magistrado ponente
de la decisión atacada, solicitó declarar improcedente el amparo invocado. Para ello,
indicó que los accionantes no demostraron el interés que le asiste para actuar, toda
vez que no acreditaron haber participado en alguna de las convocatorias públicas
para acceder a los cargos que oferta la Comisión Nacional del Servicio Civil o las
entidades o instancias responsables de proveer las vacancias definitivas al interior
de las entidades públicas, o en cualquiera de las etapas de reclutamiento de dichos
procesos o surtiendo el correspondiente periodo de prueba en alguno de los cargos
ofertados, situación que limita su capacidad para actuar a nombre propio en el caso
objeto de estudio. Además, resaltó que los actores tampoco manifestaron acudir al
trámite de tutela actuando en calidad de agente oficioso de un tercero con interés en
el proceso, así como tampoco expresaron las circunstancias que impiden al titular
del derecho acudir por sí mismo a promover la acción de tutela.
19.- Manifestó que el planteamiento expuesto anteriormente, fue acogido por la
Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 26
de agosto de 2022, en el marco de la acción de tutela identificada con número de
radicado 11001-03-15-000-2022-03917-00. Asunto que presenta similitud fáctica y
jurídica con el que ahora es objeto de estudio.
20.- Aunado a ello, señaló que en el trámite del control inmediato de legalidad,
además de notificar al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, al Presidente de la República, a través del Secretario Jurídico de la
Presidencia, al Ministro de Justicia y del Derecho y al Director del Departamento
demandada, así como vincular a la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en las
resultas del proceso. Posteriormente, mediante proveído de 12 de enero de 2023, el Magistrado en comento
remitió el expediente al despacho a cargo del suscrito para decidir sobre una eventual acumulación.
10 Expediente digital, intervención contenida en 7 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06732-00
Accionante: Alexander Valencia Valderrama y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sala Diecisiete Especial de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Administrativo de la Función Pública, se ordenó la fijación del aviso sobre la
existencia de este proceso en la Secretaría General y en la página web de la entidad,
con el propósito de que cualquier ciudadano interesado pudiera intervenir, lo cual no
ocurrió. Por lo anterior, advirtió que, los accionantes no participaron dentro del
proceso de control inmediato de legalidad aun cuando tuvieron la oportunidad de
hacerlo, inclusive destacó que ningún ciudadano intervino en el marco de esa
actuación.
21.- Finalmente, adujo que la parte actora plantea una afectación de los derechos
fundamentales en un debate estrictamente normativo, sin que al juez constitucional
le corresponda pronunciarse al respecto, pues lo que pretende la accionante supera
el alcance de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales.
(ii) Departamento Administrativo de la Función Pública11
22.- El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por conducto
de la Secretaría Jurídica, solicitó declarar improcedente el recurso de amparo. Para
tal efecto, manifestó que, en el caso concreto los accionantes no alegaron la
existencia de un perjuicio irremediable que faculte al juez constitucional a intervenir
para adoptar las medidas de protección solicitadas. Además, adujo que, las
demandas interpuestas se fundan en apreciaciones subjetivas de los accionantes de
cara a la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada.
23.- Aunado a lo anterior, manifestó que no existe ningún hecho u omisión atribuible
a la entidad, respecto del cual pueda predicarse una afectación de los derechos
fundamentales invocados en las acciones de tutela acumuladas, por lo que solicitó
que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva.
(iii) Ministerio de Justicia y del Derecho12
24.- La cartera ministerial solicitó negar las pretensiones elevadas por los
accionantes al considerar que la autoridad judicial accionada no incurrió en los
defectos alegados en las demandas, toda vez que, contrario a los argumentos
propuestos por la parte actora, en diferentes apartes del texto del fallo se evidencia
que la entidad enjuiciada hizo referencia expresa a la sentencia supuestamente
desconocida, por lo cual las afirmaciones de las demandas carecen de veracidad.
25.- Sobre la vía de hecho por violación directa de la constitución, manifestó que las
afirmaciones allí contenidas “no encuentra[n] respaldo argumentativo ni probatorio
alguno y deriva[n] directamente de los referidos motivos de ilegalidad del acto que
fueron alegados por el tutelante en coincidencia con los motivos de ilegalidad
expuestos en la sentencia de nulidad, lo cual confirma la improcedencia de la tutela
interpuesta”.
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Expediente digital, intervención contenida en 17 folios.
12 Expediente digital, intervención contenida en 8 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06732-00
Accionante: Alexander Valencia Valderrama y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sala Diecisiete Especial de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(iv) Departamento Administrativo de la Presidencia de la República13
26.- El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por conducto
de la Secretaría Jurídica manifestó que, en el caso concreto, la parte accionante no
alegó la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable la tutela, de lo que
resulta su improcedencia. De igual forma, solicitó su desvinculación del trámite de la
acción de tutela, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
27.- La Sala no accederá a las solicitudes de desvinculación planteadas por los
departamentos administrativos de la Función Pública y la Presidencia de la República
al advertir que les asiste un interés legítimo para actuar en el trámite de tutela de la
referencia, en la medida que intervinieron en el proceso de control inmediato de
legalidad que es objeto de reproche en sede constitucional.
D. Legitimación en la causa por activa
28.- De entrada, la Sala estima pertinente anunciar que declarará improcedentes
las solicitudes de amparo acumuladas al advertir que las acciones de tutela que se
examinan no satisfacen el requisito de legitimación en la causa por activa. Lo
anterior, de conformidad con el precedente fijado por esta Subsección en las
Sentencias de: 26 de agosto (Rad.11001-03-15-000-2022-03917-00), 12 de
diciembre de 2022 (Rad. 11001-03-15-000-2022-06122-00, Rad. 11001-03-15-000-
2022-06233-00, Rad. 11001-03-15-000-2022-06078-00) y 3 de febrero de 2023
(Rad.11001-03-15-000-2022-06037-00); casos en los que esta Corporación estudió
acciones de tutela interpuestas en contra de la Sala Diecisiete Especial de Decisión,
por demandantes que alegaban haber hecho parte de la Convocatoria No. 1325 de
2019 y en las que se solicitó revocar la decisión proferida por la autoridad
demandada, el 3 de junio de 2022, en el marco del proceso de control inmediato de
legalidad Rad. 11001-03-15-000-2021-04664-00.
29.- Al igual que en el asunto objeto de estudio los entonces accionantes señalaron
que al otorgar efectos a futuro o ex nunc a la declaratoria de nulidad del Decreto
1754 de 2020 la Sala Especial había incurrido en una vía de hecho por desconocer
el presente fijado en la Sentencia C-242 de 2020 y en un defecto por violación directa
de la constitución.
30.- Visto lo anterior, en las Sentencias referidas la Sala estableció que solo se
encuentran legitimadas en la causa para controvertir una decisión judicial a través
del mecanismo de tutela, aquellas personas: (i) que en su calidad de intervinientes
13 Expediente digital, intervención contenida en 9 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06732-00
Accionante: Alexander Valencia Valderrama y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sala Diecisiete Especial de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
en el proceso que dio origen a que se proferida la decisión objeto de reproche,
acrediten la vulneración o amenaza de un derecho fundamental subjetivo del cual
son titulares; y (ii) quienes a pesar de no cumplir con las condiciones descritas,
logren demostrar que actúan en representación o agencia oficiosa de una persona
que cumple la mencionada regla.
31.- En este punto, es importante señalar que el artículo 86 de la Constitución
Política señala que la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial al que
puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y,
excepcionalmente de los particulares, en los casos específicamente previstos por la
ley.
32.- En consonancia con dicho mandato superior, el artículo 10° del Decreto 2591
de 1991, por el cual se reglamenta el ejercicio de la acción de tutela, establece que
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante (…).”
33.- Así mismo, el Decreto 2591 de 199114, señala que los titulares de la acción de
tutela15 podrán solicitar el amparo constitucional (i) bien sea en forma directa, (ii) por
intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial
(abogado titulado con poder judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de
agente oficioso (cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover su
propia defensa). De igual manera, según se dispone en la ley, se encuentran
legitimados para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los
personeros municipales (facultados para intervenir en representación de terceras
personas, siempre que el titular de los derechos haya autorizado).
34.- De las anteriores normas se desprende que uno de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela es que quien la instaure esté “legitimado en la
causa por activa” para buscar la protección de sus derechos fundamentales. Es
decir, que quien la presente sea, en principio, el titular de los derechos
presuntamente vulnerados.
35.- En el caso objeto de estudio, actuando en nombre propio, los accionantes
promovieron múltiples acciones de tutela, con el propósito de que se deje sin efectos
14 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta Política”
15 La propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de puntualizar, en relación con la figura de la acción
de tutela, que si bien es cierto que la informalidad es una de sus notas características, cuyo fundamento estriba
precisamente en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales,
también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad,
dentro de los cuales se encuentra el atinente a la debida acreditación de la legitimación por activa -o la titularidad-
para promover el recurso de amparo constitucional. Cfr. Sentencias T-464A de 2006, T-493 de 2007 y C-483 de
2008 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06732-00
Accionante: Alexander Valencia Valderrama y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sala Diecisiete Especial de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
la providencia proferida el 3 de junio de 2022, por la Sala Diecisiete Especial de
Decisión del Consejo de Estado, dentro del proceso de control inmediato de
legalidad (rad. 11001-03-15-000-2021-04664-00) del que fue objeto el Decreto 1754
del 22 de diciembre de 2020, pues, a su juicio, dicha decisión vulnera los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de las personas que (i)
no pudieron presentar las pruebas de acceso a cargos públicos, ni inscribirse; (ii) se
vieron sometidas al período de prueba cuando debían estar en etapa de inducción
y; (iii) fueron removidas de su cargo durante el estado de emergencia económica y
social por la activación de convocatorias que debían estar suspendidas y que se
reanudaron a pesar de ser contrarias al artículo 14 del Decreto 491 de 2020.
36.- Lo anterior, toda vez que, a su juicio, los efectos otorgados a la decisión
cuestionada impiden a las personas afectadas acudir al juez natural, a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como la posibilidad
de entablar el medio de control de reparación directa.
37.- Atendiendo al escenario fáctico descrito y al material probatorio obrante en el
expediente, se observa que los accionantes no probaron la materialización de una
afectación subjetiva o individual de sus derechos fundamentales al debido proceso
o acceso a la administración de justicia, ni acreditaron su calidad de agentes
oficiosos o de representantes legales para actuar en representación de las personas
presuntamente afectadas con la decisión acusada. Lo anterior, con base en los
siguientes argumentos:
(i) Revisado el expediente 11001-03-15-000-2021-04664-00 se advierte que los
accionantes no participaron dentro del proceso de control inmediato de legalidad del
que fue objeto el Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020, aun cuando tuvieron la
oportunidad de hacerlo, pues, a través del Auto de 4 de agosto de 2021, la Sala
Diecisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado fijó un aviso en la Secretaría
General y en la página web de la Corporación con la información y los documentos
respectivos, durante 10 días a partir del 11 de agosto de 2021, con el propósito de
que cualquier ciudadano interesado pudiera intervenir en el referido proceso. Sin
embargo, no se advierte que alguno de los actores haya participado en el referido
proceso.
(ii) En todo caso , si bien los accionantes alegaron haber participado en la
Convocatoria No. 1325 de 2019, por medio de la cual se adelantó el proceso de
selección por mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal
de la Gobernación del Chocó, correspondiente a la “TERRITORIAL 2019”; lo cierto
es que tal situación, por sí misma, tampoco permite acreditar su legitimación para
actuar en este mecanismo constitucional, pues si consideraban que les asistía algún
interés por su presunta participación en la aludida convocatoria, debieron haber
intervenido en el proceso en el cual se profirió la sentencia que se cuestiona, pese a
ello, tal como se expuso previamente, optaron por no hacerlo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06732-00
Accionante: Alexander Valencia Valderrama y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sala Diecisiete Especial de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(iii) De igual forma, los accionantes no demostraron su legitimación para obrar en
representación o como agentes oficiosos de todas aquellas personas que “no
pudieron presentar las pruebas en medio de la pandemia o se vieron sometidos al
período de prueba cuando debían estar en etapa de inducción, e incluso de quienes
perdieron el puesto por cuenta de una convocatoria que debía estar suspendida”, ya
que en ningún momento acreditaron obrar en su nombre, gozar de mandato legal o
vocería para tal efecto, y además dejaron de individualizar y determinar el número
de posibles afectados en favor de quienes interpelan la protección tutelar deprecada,
obviando explicar los motivos que les asistieron para justificar la imposibilidad
práctica de defensa de sus derechos fundamentales.
38.- Por las razones anotadas en precedencia, se advierte que las acciones de
tutela que se examinan no satisfacen el requisito de legitimación en la causa por
activa, habida cuenta de que no se acreditó en el caso concreto que los accionantes
sean titulares de los derechos presuntamente vulnerados por la autoridad judicial
accionada, así como tampoco demostraron que actuaran como agentes oficiosos o
representantes legales de las personas presuntamente afectadas con la decisión, ni
se probó que aquellas estén imposibilitadas para impetrar directamente la protección
de sus derechos
39.- . Finalmente, la Sala encuentra oportuno recordar que en los términos del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, “la acción de tutela no procederá: (…) 5. Cuando
se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”. Si bien el reproche de
los accionantes recae sobre una sentencia proferida por la Sala Diecisiete Especial
de Decisión del Consejo de Estado, no puede perderse de vista que esta providencia
fue proferida en ejercicio del medio de control inmediato de legalidad, consagrado en
el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011. En ese sentido, la decisión adoptada no
resuelve sobre la situación particular y concreta de uno o varios sujetos, como
tampoco define o impone una medida de restablecimiento o reparación, menos aun
negándola, en tanto lo único que se define es la conformidad de un acto
administrativo general proferido en el contexto de un estado de excepción con los
motivos, razones y supuestos de hecho y de derecho que definieron la adopción del
mismo, de manera que la acción de la autoridad judicial que se censura, esto es, el
haber proferido una providencia en determinado sentido, también tiene un efecto
general, impersonal y abstracto, que torna improcedente la solicitud de amparo ante
la ausencia total y definitiva de un vínculo o conexión entre la decisión que se
cuestiona y los derechos de los eventuales destinatarios de la norma cuya legalidad
se califica.
40.- En consecuencia, la Sala declarará improcedentes las acciones de tutela
promovidas bajo el expediente arriba indicado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06732-00
Accionante: Alexander Valencia Valderrama y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sala Diecisiete Especial de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
41.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por los
departamentos administrativos de la Función Pública y la Presidencia de la
Repúblicas, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente las acciones de tutela impetradas por los
señores Alexander Valencia Valderrama, Eintein Dadwin Hiler Ibarguen y Clidio
Antonio Mosquera Benítez.
TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE16
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
16 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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