Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06753-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06753-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-06753-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
30 de marzo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06753-00
Demandante: José Cristóbal Rodríguez Vargas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06753-00
Demandante: JOSÉ CRISTÓBAL RODRÍGUEZ VARGAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial dictada en proceso de reparación
directa
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por José Cristóbal Rodríguez Vargas
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 19 de diciembre de 2022, en ejercicio de la acción de tutela y a través de
apoderado judicial, José Cristóbal Rodríguez Vargas solicitó la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
que estimó vulnerados por la sentencia del 30 de marzo de 2022, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. En concreto, formuló las
siguientes pretensiones:
1. Declárese la nulidad de la Sentencia del 30 de marzo de 2022 proferida por el
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera-
Subsección B (sic). Dentro del proceso, mediante la cual se confirmó la Sentencia del
17 de mayo de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Subsección C de Descongestión.
2. Ordénese al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a proferir una nueva
sentencia mediante la cual, se resuelva de fondo la controversia y en consecuencia se
decidan de fondo las pretensiones de la demanda.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. De los hechos que dieron origen a la demanda de reparación directa
2.1.1. El 5 de abril de 1998, el señor José Cristóbal Rodríguez Vargas adquirió,
mediante permuta, el derecho de dominio sobre una camioneta Chevrolet Luv. Según
el actor, celebró el contrato de permuta porque 1) la Fiscalía Seccional 170 de Bogotá,
en providencia del 18 de septiembre de 1996, entregó la camioneta a José Luis Núñez
Hernández, en calidad de propietario, al haberse terminado la investigación que
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cursaba en su contra por el delito de falsedad, y 2) la Secretaría de Transporte y
Tránsito de Ubaté expidió certificado en el que constaba que el automotor no tenía
limitaciones legales.
2.1.2. El 23 de noviembre de 2001, la Policía de Carreteras inmovilizó el vehículo, ya
que los números de identificación resultaron regrabados y falsos. El vehículo fue
remitido a la SIJIN de Cundinamarca y, luego, a la Fiscalía 105 Seccional de
Asignaciones de Bogotá, la cual, envió el proceso a la Fiscalía Primera de Chocontá,
órgano que, en decisión del 21 de julio de 2004, negó la entrega del vehículo al señor
Rodríguez Vargas porque no encontró evidencia de la tenencia o propiedad de buena
fe.
2.1.3. El caso fue remitido a la Fiscalía Segunda de Ubaté, que, mediante providencia
del 29 de marzo de 2007, se declaró inhibida, toda vez que ya había operado la
prescripción de la acción penal. Sin embargo, dispuso el decomiso del automotor en
favor de la Fiscalía General de la Nación, como quiera que no pudo ser identificado,
decisión que fue confirmada el 8 de septiembre de 2008, por la Fiscalía Delegada ante
el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Penal.
2.2. Del proceso de reparación directa
2.2.1. El 19 de junio de 2009, el señor José Cristóbal Rodríguez Vargas interpuso
demanda de reparación directa por el error judicial en que, a su juicio, incurrió la Nación
• Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación al proferir el auto de 18 de septiembre
de 1996 (Fiscalía 170 Seccional de Bogotá) por medio del cual se levantó la medida
cautelar que pesaba sobre el vehículo que él adquirió con posterioridad y se ordenó
la entrega del bien al señor José Luis Núñez Hernández, que para la época de los
hechos era propietario del automotor.
2.2.2. Mediante sentencia del 17 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, declaró la caducidad del medio de
control de reparación directa. Para el efecto, advirtió que en la demanda se solicitó la
declaratoria de responsabilidad de la entidad estatal con base en el auto de 18 de
septiembre de 1996 (Fiscalía 170 Seccional de Bogotá). Que si bien no había
constancia de notificación de esa decisión, lo cierto era que para el 19 de junio de 2009
(fecha en la que se presentó la demanda) ya había operado la caducidad.
2.2.3. Inconforme con la anterior decisión, el actor apeló, por cuanto, a su juicio, el
término de caducidad debe contarse desde que quedó en firme la decisión del 29 de
marzo de 2007, proferida por la Fiscalía Segunda de Ubaté, es decir, el 8 de
septiembre de 2008, providencia en la que, entre otras cosas, dispuso el decomiso del
automotor en favor de la Fiscalía General de la Nación. Que solo hasta que quedó en
firme esa decisión tuvo certeza respecto de la pérdida del vehículo de su propiedad y
del perjuicio que se le causó.
2.2.4. Mediante sentencia del 30 de marzo de 2022, notificada el 30 de junio siguiente,
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, confirmó la sentencia apelada,
porque la concreción del hecho por el cual se demanda (la pérdida del vehículo) no se
materializó con la expedición de la providencia del 29 de marzo de 2007, confirmada
el 8 de septiembre de 2008, sino con la inmovilización que del automóvil realizó la
policía de carreteras el 23 de noviembre de 2001. Que desde ese preciso instante el
actor tuvo certeza y conocimiento de la pérdida de la posesión del automotor. Que la
demanda ordinaria se presentó el 19 de junio de 2009 y, por lo tanto, había operado la
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caducidad de la acción.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. La parte actora adujo que la sentencia del 30 de marzo de 2022, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección C, incurrió en defecto fáctico,
habida cuenta de que, a su juicio, la autoridad judicial a pesar de que identificó la
disposición que rige el asunto, aplicó la norma de caducidad de la acción de reparación
directa a supuestos diferentes a los que se identificaron como fundamento de la
demanda.
3.1.1. Que, en efecto, en la demanda ordinaria planteó sus pretensiones con el fin de
ser indemnizado por los perjuicios materiales que le causó la expedición de la
providencia del 18 de septiembre de 1996, proferida por la Fiscalía 170 Seccional de
Bogotá, que levantó la medida cautelar que pesaba sobre el vehículo que él luego
adquirió. Que, sin embargo, la autoridad judicial demandada tuvo en cuenta como
hecho generador del daño la perdida de la posesión del vehículo.
3.1.2. Que, aunque el hecho dañoso se generó con la expedición de la referida
providencia, lo cierto es que solo en el momento en que quedó en firme el decomiso
del vehículo fue consciente del perjuicio, pues entre el decomiso material (2001) y la
providencia que lo dejó en firme (2007), a su juicio, la situación era incierta.
3.1.3. En ese sentido, enfatizó que el cómputo del término de la caducidad de la acción
de reparación directa debe contarse a partir del auto de 29 de marzo de 2007,
confirmado el 8 de septiembre de 2008, ya que fue en esa decisión que la Fiscalía
Segunda de Chocontá, Cundinamarca, declaró el decomiso del vehículo, con lo cual,
en su parecer, se materializó el daño.
4. Trámite procesal
4.1. Por auto del 27 de enero de 2023, el Despacho sustanciador admitió la demanda
de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los
magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Adicionalmente,
vinculó como terceros con interés, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, y a la Fiscalía General de la Nación.
4.1.1. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 31 de enero
de 2023.
4.2. Encontrándose el expediente para fallo, se advirtió que la sentencia acusada fue
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Por lo
tanto, mediante auto del 3 de marzo de 2023, se ordenó su notificación.
4.2.1. A través de correo electrónico del 8 de marzo de 2023, por Secretaría General
del Consejo de Estado se notificó, entre otros, a los magistrados que conforman la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
5. Intervenciones
5.1. La Fiscalía General de la Nación manifestó que no le asiste razón a la parte
actora, en la medida en que en la providencia objeto de tutela se analizó el material
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probatorio en función de las pretensiones del proceso ordinario y con base en ello
concluyó que había operado la caducidad de la acción. Por lo anterior, solicitó negar
las pretensiones de la demanda.
5.2. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por conducto
del magistrado ponente de la sentencia acusada, adujo que la demanda de tutela debe
ser declarada improcedente, ya que, a su juicio, carece de relevancia constitucional,
habida cuenta de que comporta una instancia adicional al proceso ordinario.
5.2.1. Al respecto, señaló que está probado que en las dos instancias del proceso
ordinario se declaró la caducidad de la acción, por lo que el reclamo del actor en la
acción de amparo solo busca manifestar una inconformidad con la decisión tomada
por los jueces naturales de la causa sin que ello implique una verdadera vulneración a
algún derecho fundamental.
5.2.2. Argumentó que, en el caso concreto, no cabe duda que de la concreción del
daño se tuvo noticia desde el instante mismo en que la Policía de Carreteras inmovilizó
el vehículo. Que, por lo tanto, debe ser desde ese mismo instante que se cuente el
término de caducidad de la acción.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un
mecanismo judicial previsto para la protección de derechos fundamentales, cuando se
vean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad, incluidos los jueces de la
República1. La Corte Constitucional ha determinado dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
1.2. La Corte Constitucional ha determinado dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En primer lugar,
están los requisitos generales de procedibilidad que son de naturaleza procesal y, por
lo tanto, deben estudiarse de manera previa a cualquier análisis de fondo. Esos
requisitos fueron fijados en la sentencia C-590 de 2005, así: la relevancia
constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir
directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos
que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione
un fallo de tutela.
1.3. En segundo lugar, están los requisitos específicos o vicios de fondo que son de
naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.
Esos vicios de fondo se han clasificado en defecto orgánico2, defecto sustantivo3,
1 Sentencia C-543 de 1992.
2 Sentencias SU-388 de 2021, SU-355 de 2020, SU-373 de 2019, SU-309 de 2019, SU-072 de 2018, SU-050 de
2018, SU-041 de 2018.
3 Sentencias SU-424 de 2021, SU-260 de 2021, SU-116 de 2018, SU-055 de 2018, SU-050 de 2018, SU-041 de
2018, SU-035 de 2018, SU-395 de 2017, SU-050 de 2017, SU-556 de 2016.
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procedimental4, fáctico5, error inducido6, decisión sin motivación7, desconocimiento del
precedente judicial8 o violación directa de la Constitución9.
1.4. Solo cuando se superen los requisitos generales y, al menos uno de los
requisitos específicos, el juez constitucional puede conceder un amparo y dejar sin
efectos una decisión judicial.
2. Planteamiento y solución del problema jurídico
2.1. Previo a plantear el problema jurídico, y en atención a los argumentos de la
autoridad judicial demandada, la Sala precisa que si bien en las dos instancias del
proceso ordinario se declaró la caducidad del medio de control de reparación directa,
lo cierto es que obedecieron a razones distintas. En efecto, mientras el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, declaró la
caducidad de la acción tomando como base la providencia del 18 de septiembre de
1996, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, la confirmó, pero porque,
a su juicio, el término de caducidad debía contarse desde el instante en que el vehículo
adquirido por el ahora demandante fue decomisado por la Policía de Carreteras, esto
es, el 23 noviembre de 2001.
2.2. El demandante cuestiona justamente la decisión de segunda instancia que
confirmó la caducidad de la acción porque aplicó la norma de caducidad contenida en
el artículo 164 del C.P.A.C.A. a un supuesto que, según dice, diferente al que se
identificó como fundamento de la pretensión indemnizatoria en la demanda ordinaria,
puesto que en dicha providencia no se tuvo en cuenta que el hecho generador a ser
indemnizable fue la providencia dictada el 18 de septiembre de 1996 por la Fiscalía
170 Seccional de Bogotá, la cual generó una falsa percepción respecto de la licitud del
vehículo, hecho que conllevó a que fuera adquirido por el ahora actor y posteriormente
decomisado, generando un detrimento.
2.3. Los demás requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales también se encuentran cumplidos y, por lo tanto, corresponde
a la Sala determinar si la sentencia del 30 de marzo de 2022, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, incurrió en el defecto fáctico endilgado.
2.4. Para resolver, la Sala se referirá, en primer lugar, a la providencia objeto de tutela.
Seguidamente, analizará el defecto alegado por la actora y adoptará la decisión que
corresponda.
2.5. De la providencia objeto de tutela
2.5.1. En la sentencia del 30 de marzo de 2022, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, se planteó el problema jurídico a partir del
cuestionamiento de si el actor interpuso la demanda de reparación directa dentro de
los dos años siguientes al decomiso del vehículo, esto es, dos años contados a partir
del 23 de noviembre de 2001.
4 Sentencia SU-061 de 2018.
5 Sentencias SU-424 de 2021, SU-405 de 2021, SU-226 de 2019, SU-355 de 2017, SU-448 de 2016.
6 Sentencia SU-261 de 2021.
7 Sentencia SU-489 de 2016.
8 Sentencias SU-317 de 2021, SU-228 de 2021, SU-053 de 2015.
9 Sentencias SU-228 de 2021, SU-201 de 2021, SU-516 de 2019, SU-069 de 2018.
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2.5.1.1. Partiendo de lo anterior, la autoridad judicial demandada enfatizó que el
demandante pretende la reparación del daño derivado por causa de la pérdida del
derecho que había adquirido sobre un vehículo, bien que adquirió validado en la
confianza que le transmitía una decisión de la Fiscalía 170 Seccional de Bogotá, del
18 de septiembre de 1996 y de cuya tenencia fue privado de manera permanente
desde el 23 de noviembre de 2001, cuando fue inmovilizado por la Policía de
Carreteras, porque presentaba los sistemas de identificación regrabados y falsos.
2.5.1.2. En tal sentido, manifestó que si bien el demandante alegó que la causa del
daño era la decisión proferida por la Fiscalía 170 Seccional de Bogotá, lo cierto era
que en el instante mismo en que el vehículo fue inmovilizado (23 de noviembre de
2001), el actor tuvo la certeza que la confianza que le había generado la providencia
del 18 de septiembre de 1996, dictada por la Fiscalía 170 Seccional de Bogotá, había
estado infundada, pues, en ese instante perdió la posesión del automotor, es decir,
conoció el daño. Lo anterior, sin perjuicio de la agravación a la pérdida de la posesión
que se materializó con la providencia del 29 de marzo de 2007, a través del cual la
Fiscalía Segunda de Chocontá declaró el decomiso, y que quedó ejecutoriada el 09 de
septiembre de 2008.
2.6. Del defecto fáctico
2.6.1. La parte actora manifestó que la providencia del 30 de marzo de 2022, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, incurrió en defecto fáctico,
pues, a su juicio, la autoridad judicial a pesar de que identificó la disposición que rige
el asunto, aplicó la norma de caducidad de la acción de reparación directa a supuestos
fácticos diferentes a los que se identificaron como fundamento de la pretensión
indemnizatoria.
2.6.1.1. En relación con lo anterior, señaló que la demanda ordinaria se presentó por
el error judicial en el que, a su juicio, incurrió la providencia del 18 de septiembre de
1996, proferida por la Fiscalía 170 Seccional de Bogotá, que levantó la medida cautelar
que pesaba sobre el vehículo que él luego adquirió. Que, sin embargo, la autoridad
judicial demandada tuvo en cuenta como hecho generador del daño la pérdida de la
posesión del vehículo.
2.6.2. Para la Sala, contrario a lo afirmado por la demandante, la autoridad judicial
demandada no incurrió en defecto fáctico, pues, tal como se expuso en el acapite
precedente, la sentencia no desconoció el hecho de que las pretensiones estuvieran
encaminadas a buscar la reparación del perjuicio que le causó al demandante la
providencia proferida por la Fiscalía Seccional 170 de Bogotá del 18 de septiembre de
1996. Sin embargo, en el fallo acusado, se expuso que los efectos negativos de dicha
providencia unicamente se materializaron a través del decomiso material del vehículo
ocurrido el 23 de noviembre de 2001, y fue a partir de ese momento que contó la
caducidad de la acción. También explicó que la caducidad no podía contarse a partir
de la providencia del 8 de septiembre de 2008, que resolvió la situación jurídica del
vehículo, por las siguientes razones:
Por supuesto, no puede pretender la jurisdicción que el plazo para presentar la
demanda haya corrido desde la fecha de ejecutoria de la providencia continente del
error (hace referencia a la decisión proferida el 8 de septiembre de 2008), aunque ella
haya sido considerada por el actor como la causa determinante del daño cuya
reparación pretende con este proceso, puesto que, él sólo tuvo conocimiento del error
que a su juicio comportaba esa decisión, en el momento en que el vehículo fue
inmovilizado y se le indicó la causa de esa decisión, no otra que la regrabación y
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falsedad en los registros que permitían su identificación. Al punto, ha dicho la Sección
Tercera, que la aplicación de la regla general que establece el numeral 8 del artículo
136 del C.C.A., se exceptúa cuando el conocimiento del hecho sólo fue posible en un
momento posterior a la ocurrencia del mismo, siempre y cuando que se observe que el
interesado no pudo conocer el hecho dañoso en un momento anterior.
2.6.3. Para la Sala, el razonamiento al que arribó la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en el fallo objeto de tutela resulta razonable, pues,
establecer la fecha cierta de la materialización del daño, sea cual fuere, resulta
indispensable en este tipo de acciones, habida cuenta de que de allí se desprende,
entre otras, la fecha a partir de la cual se hará el cómputo de la caducidad de la acción.
Como se sabe, la caducidad es un presupuesto procesal que tiene por objeto que las
situaciones juridicas no puedan resultar inconclusas en el tiempo, de allí que la
autoridad judicial demandada hubiese tomado como inicio del término de caducidad el
23 de noviembre de 2001, fecha en la cual la Policía de Carreteras practicó el decomiso
del vehículo porque presentaba los sistemas de identificación regrabados y falsos.
2.6.3.1. En atención a lo anterior, se observa que, en efecto, como lo manifestó la
providencia acusada, desde el instante mismo del decomiso del automotor el actor fue
consiente del perjuicio que ello implicaba para su patrimonio, es decir, conoció en ese
mismo instante el hecho dañoso.
2.6.3.2. Ahora, la Sala no desconoce que las pretensiones de la demanda de
reparación directa tuvieron como fundamento el presunto error judicial, que, a juicio del
actor, se generó en la providencia del auto del 18 de septiembre de 1996, dictado por
la Fiscalía 170 Seccional de Bogotá, que levantó la medida cautelar que pesaba sobre
el vehículo que él adquirió con posterioridad y se ordenó la entrega del bien al señor
José Luis Núñez Hernández, que para la época de los hechos era propietario del
automotor. En principio, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado que
cuando se demanda por error judicial, el cómputo del término de la caducidad debe
hacerse desde el día siguiente de la ejecutoria de la providencia acusada10.
2.6.3.3. No obstante, tampoco se puede desconocer que, en virtud de la autonomía
judicial11, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado podía analizar
la caducidad de la acción desde la fecha de conocimiento del hecho dañoso, en los
términos del numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (norma
que regía el proceso ordinario). Con mayor razón si se trata de una decisión adoptada
por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que es la especializada en asuntos de
responsabilidad extracontractual del Estado.
2.6.4. Se resuelve, entonces, el problema jurídico propuesto: la sentencia del 30 de
marzo de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, no
incurrió en el defecto fáctico endilgado. En conecuencia, se denegarán las preteniones
de la acción de tutela promovida por José Cristóbal Rodríguez Vargas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
10. Al respecto el Consejo de Estado, Sección Tercera ha mantenido dicha postura, entre otras, en las siguientes
providencias: (i) Sentencia del 22 de noviembre de 2021, expediente 76001-23-31-000-2012-00298-01, M.P. José
Roberto Sáchica Méndez; (ii) Sentencia del 19 de noviembre de 2021, expediente 25000-23-26-000-2012-00774-
01, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas y (iii) Sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 08001-23-31-000-
2012-00429-01, M.P. Alberto Montaña Plata.
11 Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la
jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.
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Demandante: José Cristóbal Rodríguez Vargas
FALLA
1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por José Cristóbal
Rodríguez Vargas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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