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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06762-00

Fecha
9 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-06762-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

9 de marzo de 2023

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06762-00
Demandante: Jorge Hurtado García y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06762-00
Demandante: Jorge Hurtado García y otros
Demandado: Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
reparación directa incoado por los accionantes por medio del cual
modificó la decisión de primera instancia y, en su lugar, entre otros,
negó las súplicas de la demanda/ se configuró improcedencia de la
acción por incumplimiento del requisito de inmediatez.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela instaurada por los señores Jorge Hurtado García,
Jorge Hurtado Sánchez, Débora García Rengifo, Alfi Hurtado García, Wilman
Hurtado García y Nilsa Hurtado García en contra del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, en aras de obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad.

1. Antecedentes

1.1. La acción de tutela

Los actores formulan acción de tutela contra la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado por la expedición de la sentencia del 25 de marzo de 2022,
emitida dentro del medio de control de reparación directa, radicado bajo el número
18001-23-31-001-2009-00372-01, instaurada por el señor Jorge Hurtado García y
otros, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales
anteriormente citados.

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Demandante: Jorge Hurtado García y otros

1.2. Las pretensiones

Los accionantes solicitan se amparen los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia e igualdad que consideran vulnerados con
ocasión de la expedición de la sentencia acusada, proferida por la Sección Tercera,
Subsección B, del Consejo de Estado, por medio de la cual, entre otras decisiones,
se modifica el fallo de primera instancia y, en su lugar, se niegan las pretensiones de
la demanda.

Como consecuencia de lo anterior, deprecan que se deje sin efectos la sentencia del
25 de marzo de 2022, emitida por la citada autoridad judicial, dentro del proceso de
reparación directa, radicado con el número 18001-23-31-001-2009-00372-01(50631),
en el que actuaron como demandantes los señores Jorge Hurtado García, Jorge
Hurtado Sánchez, Débora García Rengifo, Nilsa García, Wilman Hurtado García y
Alfi Hurtado García y, en su lugar, se ordene a la accionada a proferir una sentencia
de fondo por medio de la cual se ajuste el amparo, así como la garantía real y
efectiva de protección del derecho fundamental al debido proceso y, con ello, el
derecho de acceso a la administración de justicia. Igualmente, se revisen
minuciosamente las pruebas que fueron aportadas dentro del proceso.

1.3. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, los accionantes señalaron los siguientes:

i) El día 11 de julio de 2006, el señor Jorge Hurtado García se desplazaba en su
motocicleta hacia su casa ubicada en el municipio de La Montañita, cuando fue
interceptado por miembros de la Policía Nacional, esposado y conducido a la
Estación de Policía y acusado de ser el presunto autor del delito de hurto agravado y
calificado en concurso con tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

ii) Después de su detención, fue puesto a disposición de la Fiscalía Quinta Seccional
de la ciudad de Florencia, en donde se le realizó diligencia de indagatoria, en la que
manifestó que no participó en el crimen del que se le acusaba.

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iii) El 23 de julio de 2006, por no existir pruebas o elementos que permitieran inferir
la comisión del punible por parte del señor Jorge Hurtado García, la Fiscalía General
de la Nación, emitió resolución en la que se abstuvo de imponerle medida de
aseguramiento y, por ese motivo, fue puesto en libertad. No obstante, el 10 de
octubre de dicha anualidad, se libró orden de captura en su contra, se le embargó y
secuestró una moto que estaba pagando a cuotas, y nuevamente se produjo su
captura y traslado a la cárcel de El Cucuy en dicha fecha.

iv) La resolución emitida por la Fiscalía General de la Nación, no contemplaba los
dos indicios graves que señala la Ley 600 del 2000 para que procediera la detención
preventiva, pues solo se contó con la versión libre del señor Hurtado García que
rindió sin que de allí se extrajera aceptación o confesión de participación en el
punible que se le endilgaba.

v) El proceso penal siguió su curso a cargo del Juzgado Segundo Penal del Circuito
de Florencia, el cual emitió sentencia con sentido absolutorio el día 27 de julio de
2007, pues no existieron elementos materiales probatorios que permitieran siquiera
vincular o tener certeza sobre la participación del señor Hurtado García en los
hechos ocurridos el día 11 de julio de 2006.

vi) En virtud de lo anterior, se instauró demanda de reparación directa en contra de la
Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial y Policía Nacional, por la privación
injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Hurtado García para el periodo
comprendido entre el 11 hasta el 25 de julio de 2006 y del 1° de noviembre de 2006
hasta el 31 de julio de 2007, siendo sindicado de los crímenes ya mencionados. Al
proceso contencioso, se aportaron, entre otras pruebas el expediente penal.

vii) Por competencia, el proceso fue asignado al Tribunal Administrativo del Caquetá,
con radicado número 18001-23-31-001-2009-00372-00, el cual emitió sentencia el
día 13 de junio de 2013, en la que resolvió declarar probada la falta de legitimación
en la causa por pasiva con respecto de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, así como la falta de legitimación material por pasiva, con respecto de la
Nación – Rama Judicial. Así mismo, declaró que la Nación – Fiscalía General de la
Nación era administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios morales
y materiales causados por la injusta privación de la libertad de que fue víctima el

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señor Jorge Hurtado García. En consecuencia, condenó a la entidad al pago de los
perjuicios de orden moral y material en la modalidad de lucro cesante.

viii) Tanto la Fiscalía General de la Nación como el apoderado de los actores
interpusieron recurso de apelación. Los demandantes señalaron que su
inconformidad se circunscribió respecto de la decisión de declarar probada la falta de
legitimación por pasiva en la causa de las demás entidades, así como un desacuerdo
por las sumas a las que fueron condenadas las entidades de cara a los perjuicios
que sufrió la familia de la víctima.

ix) El día 25 de marzo de 2022, la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de
Estado profirió sentencia de segunda instancia, por medio de la cual, en síntesis,
modificó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda.

x) El núcleo del asunto versa en que la Fiscalía General de la Nación, emitió una
resolución de medida de detención preventiva sin que convergieran los requisitos
legales o el mínimo de indicios graves que pudieran vincular al señor Jorge Hurtado
García al proceso penal; luego, al momento en que fue emitida la decisión de
detenerlo preventivamente no existía sino tan solo una declaración de los hechos por
parte del inculpado, razón por la que de allí no podrían extraerse esas
«contradicciones».

xi) Al momento de la captura del señor Hurtado, no se le halló el bien objeto del hurto
ni tampoco un arma de fuego o alguna de sus partes que pudiese vincularlo con el
acto criminal. Pese a lo anterior, el Consejo de Estado señaló que sus versiones
dieron pie a la detención preventiva, negando el actuar irregular de la Fiscalía
General de la Nación.

xii) De igual forma, el recurso de apelación presentado por los actores señalaba su
inconformismo y las razones por las que debía condenarse a las demás
demandadas, por lo que se indicó que en segunda instancia debían revocarse las
decisiones de declarar la falta de legitimidad por pasiva de la Policía Nacional y la
Rama Judicial, empero, el censor de segunda instancia negó su análisis al señalar

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que el apoderado de los demandantes nada dijo en su recurso de apelación, lo cual
es falso y se puede leer del acta de audiencia del 13 de junio de 2013.

1.4. Fundamentos de derecho

En el libelo introductorio se exponen los siguientes aspectos:

i) De los requisitos generales, señalan que se trata de un suceso de gran relevancia
constitucional, toda vez que se trata de la vulneración de derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia.

ii) Se pretende cuestionar la razonabilidad de una providencia judicial emitida por el
Honorable Consejo de Estado, que incurre en el defecto especial de violación directa
de la Constitución, el derecho al debido proceso, el cual no solamente ha sido
amparado por el ordenamiento nacional, sino que ha sido reconocido por
instrumentos internacionales como la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José), instrumento al que el Estado colombiano se ha
adherido, y que no admite suspensión de las garantías bajo ningún concepto.

iii) La vulneración nace en la sentencia de segunda instancia proferida por la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, que desconoce la reparación
por parte del Estado en un evento en el que un ciudadano fue aprehendido, privado
de la libertad, y las entidades con facultades para la investigación y detención
preventiva le restringen su libertad sin la existencia de los requisitos legales para ello,
lo que genera el verdadero rompimiento de las cargas públicas.

iv) Señalan que en el sub examine no existen medios de impugnación procedentes
para atacar de fondo la providencia que, por vía constitucional de tutela, se pretende
censurar.

v) Se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia de segunda
instancia fue notificada por correo electrónico el 29 de junio de 2022, pues a la
presentación de la demanda no han trascurrido los seis meses que es el término
prudente para acudir por esta vía al juez constitucional.

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vi) Frente a los defectos de fondo, indican que se incurrió en violación directa de la
Constitución, la cual se configura cuando un juez toma una decisión contraria a sus
preceptos, ya sea: a) porque deja de aplicar una disposición ius fundamental a un
caso concreto; o b) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución.

vii) La providencia acusada, trata del desconocimiento al acceso a la administración
de justicia y del debido proceso, es decir, presenta una vulneración evidente a los
derechos fundamentales de aplicación inmediata, en tanto que, la máxima
corporación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, avaló una actuación
que debía reprochar, esto es, la privación injusta de la libertad, pues se sustentó en
pruebas que fueron posteriores a la decisión de detener preventivamente a la
víctima, concretamente, la resolución de medida de aseguramiento adolecía de
elementos que generaran los indicios de que trata el artículo 356 de la Ley 600 del
2000, y al incurrir en ese error, la detención preventiva se tornaba verdaderamente
injusta.

viii) El Consejo de Estado, de esa forma, soslayó el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, pues el ejercicio evaluativo que debía hacer consistía
específicamente en establecer si a la resolución de medida de aseguramiento la
acompañaban los requisitos establecidos legalmente y con ello, verificar una
existencia de falla en el servicio o no; sin embargo, se desvió de dicho cause
considerativo para resaltar pruebas que no soportaban la decisión de privar de su
libertad al señor Jorge Hurtado García.

ix) Como segundo defecto de fondo, invocaron la decisión sin motivación, dado que
la Subsección B, de la Sección Tercera, decidió en su providencia que modificaría la
decisión de primera instancia y negaría las pretensiones de la demanda, porque el
señor Jorge Hurtado García ofreció diferentes versiones de los hechos durante el
proceso penal, lo que fue determinante para que se mantuviera la privación de su
libertad hasta la sentencia, sin embargo, no explica como en principio dichas
versiones que no existían al momento de privarle la libertad, servían de insumo para
haber tomado esa decisión negativa de los derechos.

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x) La sentencia de segunda instancia tiene un grave déficit de motivación que la
deslegitima como tal, pues no se trata de una simple situación intrascendente, por el
contrario, la falla del servicio en el caso concreto, se encontraba en la resolución de
la medida de aseguramiento la cual no contaba con los requisitos legales para que
procediera al no existir elementos de los que se desprendieran los indicios graves de
responsabilidad.

1.5. Trámite

Mediante auto del 18 de enero de 2023, se inadmitió la acción de tutela de la
referencia y, en consecuencia, se ordenó requerir a los accionantes para que dentro
de los tres (3) días contados a partir de la notificación del dicho auto: i) allegaran
copia de la providencia cuestionada dentro de la solicitud de amparo constitucional
de la referencia y ii) indicaran el consecutivo de radicación completo, correspondiente
al medio de control de reparación directa dentro del cual fue proferido el fallo que
presuntamente conculcó sus derechos fundamentales.

A través de proveído del 2 de febrero del año en curso, el consejero sustanciador
indicó que los actores mediante memorial del 23 de enero de 2023 atendieron los
requerimientos señalados en auto de 18 del mes y año en mención, por lo que
ordenó admitir la acción de tutela y, dispuso, notificar en calidad de demandados a
los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y en
condición de terceros interesados a la Policía Nacional de Colombia, la Rama
Judicial y Fiscalía General de la Nación, al señor Rafael Eduardo González.

Así mismo, ordenó comisionar al Tribunal Administrativo de Caquetá para que, de
acuerdo con la información que reposaba en el expediente, notificara del trámite
constitucional a todas las personas que intervinieron dentro del medio de control de
reparación directa que se tramitó con el radicado 18001 23 31 000 2009 00372 00
[01]; exceptuando a los actores y a los terceros interesados señalados en el párrafo
que precede.

Se remitió copia de la solicitud de tutela al órgano judicial demandado y a los
terceros interesados para que procedieran a ejercer su derecho a la defensa y

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rindieran el correspondiente informe dentro de los tres días siguientes a la
notificación.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

El consejero Martín Bermúdez Muñoz, manifestó que no participaría en la acción de
tutela de la referencia como parte ni como tercero y que acataría estrictamente las
disposiciones que se adopten en ella.

1.6.2. De la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva Huila
Coordinación Administrativa de Florencia Caquetá

El apoderado de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva
(Huila), Coordinación Administrativa de Florencia Caquetá, quien fungió como
demandada en la acción de reparación directa, adujo lo siguiente:

i) No existe vulneración de los derechos fundamentales alegados como vulnerados
por los accionantes por cuanto se ha configurado la cosa juzgada, la inexistencia de
vías de hecho y la falta de agotamiento de los recursos extraordinarios.

ii) En cuanto a la cosa juzgada, en el presente caso, con la sentencia de segunda
instancia del 25 de marzo de 2022, proferida por el Consejo de Estado- Sección
Tercera- Subsección B, dentro del medio de control de reparación directa ejercido
contra la Fiscalía General de la Nación y otros, radicado bajo el número 18001-23-
31-001-2009-00372-01, se cerró el trámite judicial, pues, la parte actora no hizo uso
de los recursos extraordinarios previstos en el CPACA, por consiguiente el fallo es
oponible a los señores Jorge Hurtado García y otros.

iii) Frente a la inexistencia de vías de hecho, explicó que la jurisprudencia ha
señalado que la acción de tutela contra providencias judiciales sólo es procedente
ante la existencia de una vía de hecho como mecanismo excepcional por la

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vulneración de derechos fundamentales inherentes a los fallos judiciales, con el valor
de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que
caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público, lo que la convierte en
una acción garantista constitutiva de elementos dogmáticos y operativos que
legitiman su procedencia contra providencias judiciales.

iv) Respecto de la falta de agotamiento de los recursos extraordinarios, señaló que el
Capítulo I, del Título VI, en el artículo 248 del CPACA (Ley 1437 de 2011), dispone
que el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los
Jueces Administrativos, el cual deberá interponerse, en la mayoría de los casos,
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.

v) Este medio extraordinario de impugnación continúa erigiéndose como excepción
al principio de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada
material porque procede frente a una relación procesal cerrada y con él se abre paso
a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, con la única finalidad de que se
produzca una decisión ajustada a la ley.

vi) En relación con la temeridad en la interposición de la acción de tutela, argumentó
que le corresponde al juez valorar las circunstancias particulares de cada caso, es
decir, que la temeridad debe encontrarse plenamente acreditada analizando los
hechos, pretensiones, pruebas y las providencias judiciales.

1.6.3. De la Nación –Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional.

El Jefe del Área Jurídica de la Policía Nacional, Teniente Coronel Francisco Javier
Castro Gil, entidad demandada en la acción de reparación directa, argumentó lo
siguiente:

i) Bajo ningún contexto se evidencia una trasgresión de los derechos fundamentales
alegados por los accionantes, frente al análisis expuesto por el Consejo de Estado -

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Sala de lo Contencioso -Administrativo - Sección Tercera Subsección B, que modificó
la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo del Caquetá.

ii) Es importante precisar que el Consejo de Estado declaró la falta de legitimación
en la causa por pasiva de la Policía Nacional, por lo tanto, es clara la actuación por
parte de la institución en el contexto del procedimiento de captura del señor Jorge
Hurtado García, como resultado de un deber legal, puesto que el precitado
ciudadano se encontraba solicitado por una orden de autoridad judicial al interior de
un proceso penal, surtiéndose puntualmente las diligencias correspondientes.

iii) La acción de tutela es plenamente improcedente, teniendo en cuenta la
inexistencia de un perjuicio irremediable ocasionado a los accionantes.

1.6.4. De la Fiscalía General de la Nación

El apoderado de la Fiscalía General de la Nación, quien fungió como demandada en
la acción de reparación directa, en el escrito de intervención señaló los siguientes
aspectos:

i) Solicitó declarar la improcedencia de la presente acción de tutela interpuesta por el
señor Jorge Hurtado García y su grupo familiar, a través de apoderado, por cuanto
no se cumplen las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, concretamente el requisito de subsidiariedad, y, no se
vulnera el precedente jurisprudencial.

ii) En el presente caso, para cuestionar la decisión judicial de segunda instancia que
resolvió el proceso de reparación directa, la Ley 1437 de 2011, prevé diferentes
recursos para solicitar el amparo de sus derechos accionados. No obstante, en el
escrito de la presente acción de tutela, se advierte que la parte tutelante no da
cuenta del motivo por el cual a pesar de existir otros mecanismos judiciales idóneos
para ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de estos para
controvertir el fallo del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

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iii) En cuanto a las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el juez debe
evaluar si la decisión cuestionada incurrió en alguno de los yerros, tal como lo indicó
la Corte Constitucional en la sentencia T 230 de 2007.

iv) Por lo anterior, se observa que la presente acción de tutela debe negarse, por
cuanto no se demostró la configuración de un defecto fáctico como uno de los
requisitos específicos para que proceda la acción de tutela contra providencias
judiciales. En conclusión, la parte actora no satisfizo debidamente la carga probatoria
exigida por la jurisprudencia constitucional para que proceda la acción de tutela
contra providencias judiciales.

v) En el caso examinado tampoco se cumplen satisfactoriamente las condiciones
constitucional y jurisprudencialmente reconocidas para el ejercicio legítimo de la
acción de tutela contra providencia judicial, toda vez que se incumple el requisito de
la acreditación del defecto fáctico alegado como causal de procedencia de la
presente tutela.

vi) Finalmente, se observa que la sentencia de segunda instancia, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, respetó cada una de las
garantías de los accionantes, en consecuencia, se encuentra que en el caso
examinado no hay violación del derecho fundamental al debido proceso.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente
acción de tutela.

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2.2. Problema jurídico

La acción de tutela se dirige contra la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado por la expedición de la sentencia del 25 de marzo de 2022 mediante la cual
se modificó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá del 13
de junio de 2013 y, en su lugar, entre otras decisiones negó las pretensiones de la
demanda.

El problema jurídico consiste en determinar si con la citada decisión se vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e
igualdad, para lo cual la Sala, en primer lugar, debe examinar los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en
caso de estar satisfechos, en segundo lugar, debe determinar si la sentencia
cuestionada incurrió en alguna de las causales de procedibilidad invocadas, esto es,
violación directa de la Constitución y decisión sin motivación.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios

1 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de
que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una
de las anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

i) El 28 de julio de 2008, los hoy accionantes presentaron demanda de reparación
directa contra la Nación –Ministerio de Defensa Nacional –Policía Nacional; Fiscalía
General de la Nación y Rama Judicial con el fin de obtener el resarcimiento
económico por los perjuicios morales y materiales causados por la presunta injusta
privación de libertad del señor Jorge Hurtado García.

ii) El 31 del mes y año citado, el asunto fue repartido al Juzgado Primero
Administrativo de Florencia, el cual admitió la demanda el 4 de agosto de 2008; sin
embargo, mediante auto del 21 de noviembre de dicha anualidad, en acatamiento a
lo resuelto por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de 9 de septiembre
de 2008, por la cual se estableció remitir a los Tribunales, los procesos ordinarios de

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reparación directa instaurados contra el Estado por error jurisdiccional, privación
injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el
despacho sustanciador remitió el proceso al Tribunal Administrativo del Caquetá, por
competencia funcional.

iii) Se repartió el proceso a través de Acta del 28 de noviembre de 2008. Acto
seguido, mediante proveído del 10 de febrero de 2009, el magistrado doctor
Fernando Cuéllar Sánchez declaró que dicha Corporación Judicial carecía de
competencia para asumir el conocimiento del asunto y ordenó devolverlo al
Despacho de origen, el cual reasumió el conocimiento de las diligencias, por auto de
20 de abril de 2009.

iv) No obstante, a través de providencia del 14 de diciembre del año en mención,
nuevamente el señor Juez ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo del
Caquetá, con ocasión del Oficio No. STAC-126 del 3 de noviembre de 2009, por
medio del cual la citada Corporación Judicial revocó la decisión de devolver el
expediente al citado Juzgado.

v) El Tribunal finalmente asumió el conocimiento del asunto y surtidas las etapas
procesales de ley, profirió sentencia en audiencia del 13 de junio de 2013, por medio
de la cual, se declaró, en síntesis: i) probada la falta de legitimación en la causa por
pasiva con respecto de la Nación- Ministerio de Defensa – Policía Nacional; ii)
probada la falta de legitimación material por pasiva de la Nación –Rama Judicial; iii)
que la Nación –Fiscalía General de la Nación es administrativa y patrimonialmente
responsable por los perjuicios morales y materiales causados por injusta privación de
libertad de que fue víctima el señor Jorge Hurtado García; y, iv) negó las demás
pretensiones.

vi) Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación
y lo sustentó en la audiencia de fallo. Igualmente, apeló la Fiscalía General de la
Nación, entidad que sustentó el recurso posteriormente, dentro de la oportunidad
legal.

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vii) Repartido el proceso ante el Consejo de Estado y surtidos los trámites procesales
correspondientes, la Sección Tercera, Subsección B, profirió sentencia el 25 de
marzo de 2022, por medio de la cual dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia proferida el 13 de junio de 203 por el
Tribunal Administrativo de Caquetá, la cual quedará así:

‘PRIMERO: DECLÁRASE la falta de legitimación en la causa por pasiva de
la Rama Judicial y la Policía Nacional, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas’

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente al tribunal de origen”

viii) La anterior providencia se notificó por edicto a las partes, conforme a la
constancia secretarial visible a folio 827 del expediente.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

En el presente caso, los actores formulan acción de tutela en aras de obtener la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad que consideran vulnerados con ocasión de la
sentencia del 25 de marzo de 2022, proferida dentro del medio de control de
reparación directa, por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado.

Pues bien, realizado el examen sobre los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales,3, la Sala encuentra insatisfecho el
término de inmediatez4 y, por lo tanto, desde ahora, se anticipa el rechazo de la
solicitud de amparo por improcedente.

3 Al respecto, ver la sentencia de la Corte Constitucional C-590 de 2005, entre otras.
4 Consejo de Estado. SU de 5 de agosto de 2014. «[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis

meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la
acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente».

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En efecto, examinada la copia de la sentencia obrante en el expediente digital
original del proceso de reparación directa, se observa que la decisión de la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado fue proferida, como ya se dijo, el día
25 de marzo de 2022, notificada por edicto electrónico, fijado desde el 19 de mayo de
2022 hasta el 21 de mayo de 2022, quedando ejecutoriado el 26 del mes y año
citado.5 Por su parte, la acción de tutela se radicó en línea a través del correo
electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 16 de diciembre de
2022, con lo cual no se satisfacen los parámetros fijados por la Sala Plena del
Consejo de Estado, sobre el término para su ejercicio, que no debe sobrepasar los
seis meses, pues dicho término se cumplió el 26 de noviembre de 2022.

De esta manera, se concluye que, a diferencia de lo sostenido por los actores en los
hechos de la demanda, la acción de tutela sí sobrepasó el lapso de seis meses para
su instauración, pues la sentencia dictada dentro del medio de control de reparación
directa se notificó por edicto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 203 del
CPACA, que prevé lo siguiente:

“ARTÍCULO 203. NOTIFICACIÓN DE LAS SENTENCIAS. Las sentencias se
notificarán, dentro de los tres (3) días siguientes a su fecha, mediante envío de
su texto a través de mensaje al buzón electrónico para notificaciones judiciales.
En este caso, al expediente se anexará la constancia de recibo generada por el
sistema de información, y se entenderá surtida la notificación en tal fecha.

A quienes no se les deba o pueda notificar por vía electrónica, se les
notificará por medio de edicto en la forma prevista en el artículo 323 del
Código de Procedimiento Civil.

Una vez en firme la sentencia, se comunicará al obligado, haciéndole entrega de
copia íntegra de la misma, para su ejecución y cumplimiento”. (Negrillas fuera del
texto).

En estas condiciones, y de conformidad con el principio de inmediatez, el lapso para
interponer la acción de tutela claramente supera el término prudencial de seis meses
establecido por la jurisprudencia para la presentación del amparo contra
providencias judiciales. Por lo tanto, los accionantes desconocieron «el término
válido y razonable» que toda acción de tutela debe cumplir como requisito previo
para proceder con su estudio de fondo, el cual no busca otra cosa que garantizar la

5
Ver informe secretarial del Tribunal Administrativo del Caquetá obrante a folio 827 del expediente
de reparación directa radicado No. 18001-23-31-001-2009-00372-01

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eficacia de la protección invocada y evitar satisfacer las pretensiones de aquellos
que, por su inactividad, acudieron a solicitar el amparo constitucional de manera
inoportuna.

Como el criterio expuesto no significa que el juez de tutela esté facultado para
considerar incumplido el requisito de inmediatez por el simple paso del tiempo, la
Sala parte entonces del supuesto señalado jurisprudencialmente de examinar las
circunstancias específicas de cada caso concreto, a fin de determinar si la tardanza
en la interposición del amparo estuvo justificada por una causa válida que hubiera
imposibilitado su presentación en un límite razonable.

Así, en aras de determinar que no existe una tardanza injustificada o irrazonable al
momento de acudir a la acción de tutela, en la Sentencia T-253 de 2015, la Corte
Constitucional evaluó dicho periodo a partir de las siguientes reglas:

“[…] (i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia
de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente
las circunstancias previas, entre otras.

(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la
inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela
sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos
fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.

(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan […].

La Sala una vez analizado el libelo tutelar, no encontró que los señores Jorge
Hurtado García, Jorge Hurtado Sánchez, Débora García Rengifo, Alfi Hurtado
García, Wilman Hurtado García y Nilsa Hurtado García hayan esgrimido argumento
alguno relacionado con este requisito de procedibilidad, razón por la cual se hace
imposible establecer si existió algún motivo válido que justificara su inactividad en

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instaurar el amparo tutelar.

Por tanto, no procede aplicar criterios de flexibilización, toda vez que los accionantes
tuvieron, en las condiciones acabadas de anotar, hasta el 26 de noviembre de 2022
para interponer la acción de tutela, pero no lo hicieron sino hasta el 16 de diciembre
de la citada anualidad, es decir, transcurridas varias semanas desde que se cumplió
el término con el que contaban para promover la vía de amparo.

Así, una vez analizadas las circunstancias y los hechos en los que se sustenta la
presente solicitud, así como las razones que llevaron a los accionantes a acudir a la
vía constitucional, la Sala no encuentra un soporte o justificación alguna de su
inactividad para solicitar la defensa de los derechos fundamentales invocados.

Se observa que en el juicio de ponderación en el que se balancea la relación entre
las cargas que se exigen a los accionantes para la interposición de la acción de
tutela en un término razonable, no se encuentra en el expediente ningún motivo
justificante o un posible estado de indefensión, que lo exonere del deber de instaurar
la vía de amparo.

Así las cosas, con fundamento en las consideraciones precedentes y sin que sea
necesario efectuar ningún otro pronunciamiento acerca del asunto, se dispondrá el
rechazo de la presente acción de tutela.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la acción de tutela debe ser rechazada, toda vez que se presentó por
fuera del término prudencial establecido por la jurisprudencia, sin que, de otra parte,
se hubiera justificado la inactividad de los accionantes para el ejercicio oportuno de
este mecanismo constitucional.

En consecuencia, habrá que rechazar por improcedente la acción de tutela,
comoquiera que no se satisfizo el requisito de inmediatez.

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En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por la autoridad que la ley le confiere,

Falla:

Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela promovida por los señores
Jorge Hurtado García, Jorge Hurtado Sánchez, Débora García Rengifo, Alfi Hurtado
García, Wilman Hurtado García y Nilsa Hurtado García.

Segundo: En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

MECG

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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