Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-06772-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-06772-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-06772-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
20 de febrero de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06772-00
Accionantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros
Niega el amparo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06772-00
Accionantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros
Temas: Tutela contra providencia judicial / Acción de grupo / Desplazamiento forzado
/ Caducidad / Se niega el amparo frente a los reproches relacionados con la sentencia
del 25 de agosto de 2022 porque no se acreditó el defecto sustantivo / Se declara la
improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional frente a
los reproches contra los autos del 28 de octubre de 2022 y 1º de diciembre de 2022.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por Luz Myriam Pérez
Palacio, María Ospina Nieto, William Fredy Hincapié Betancur y Giuliana Monroy
Pérez contra la sentencia del 25 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad y los autos de 28 de octubre
de 2022 y el 1º de diciembre de 2022 proferidos por el Consejo de Estado, Sección
Primera. Las anteriores providencias se expidieron en el marco de la acción de grupo
adelantada por los actores y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
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Accionantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros
Niega el amparo
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 16 de diciembre de 2022 Luz Myriam Pérez Palacio, María Ospina Nieto,
William Fredy Hincapié Betancur y Giuliana Monroy Pérez interpusieron, mediante
apoderado judicial, una acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y acceso a la administración de
justicia. Según los accionantes, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas
por el Consejo de Estado, Sección Primera y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Oralidad con ocasión de las siguientes providencias, proferidas en
el marco de la acción de grupo con radicado No. 05001-33-31-001-2010-00407-
00/01, adelantada por los actores -y otros- contra la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional y la Policía Nacional:
(i) La sentencia del 25 de agosto de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad revocó la sentencia del 27 de noviembre de
2018 proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Medellín, que había
accedido parcialmente a las pretensiones de la acción de grupo y en su lugar, declaró
probada la excepción de caducidad; (ii) el auto del 28 de octubre de 2022, mediante
el cual la Sección Primera del Consejo de Estado resolvió no seleccionar para
revisión la sentencia del 25 de agosto de 2022 y (iii) el auto del 1º de diciembre de
2022 mediante el cual dicha autoridad confirmó el auto del 28 de octubre de 2022.
2.- Como pretensiones, la parte actora formuló las siguientes (se transcribe):
<< PRIMERA: Se ordene AMPARAR los derechos fundamentales invocados al
debido proceso, derecho de defensa en armonía con los precedentes Judiciales el
objeto de la revisión e insistencia, derecho acceso a la justicia y seguridad jurídica,
inaplicación del bloque de constitucionalidad, inaplicación de los precedentes
convencionales; en favor los accionantes, y de TODOS los integrantes de la Acción
de Grupo incluidos en el proceso radicado bajo el número 05001 3331 001 2010
00407-01, en la cual se encuentran incluidos los aquí accionantes MARIA OSPINA
NIETO, WILLIAM FREDY HINCAPIE BETANCUR, GIULIANA MONROY PEREZ,
LUZ MYRIAM PEREZ PALACIO.
En consecuencia se deje sin efecto alguno la sentencia proferida por la Sala Segunda
de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, siendo magistrados ponentes
las magistradas, doctores, ADRIANA BERNAL VÉLEZ. - GLORIA MARIA GOMEZ
MONTOYA, BEATRIZ ELENA JARAMILLO MUÑOZ, o quien haga sus veces, esto
es, SENTENCIA Nº S02-115AP de 25 de Agosto de 2022, radicado bajo el número,
05001-3331-010-2010-00407-01.
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Accionantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros
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SEGUNDA: Se ordene a dicha corporación, dictar la sentencia que en derecho
corresponda aplicando los postulados constitucionales esbozados en la sentencia de
tutela dentro de las 48 horas siguientes a la ejecutoria de la decisión adoptada en
esta acción de tutela.
TERCERA: Se solicita dejar sin valor alguno, las decisiones proferidas en los autos
de fecha, 28 de Octubre y 2 de Diciembre de 2022 proferidas por el Consejo de
Estado Sección Primera dentro del trámite surtido en la Acción de Revisión y recurso
de insistencia ante la misma Corporación, dentro de la Acción de Grupo instaurada
por HUMBERTO DE JESÚS ROJAS OCAMPO Y/O contra NACION MINISTERIO DE
DEFENSA EJERCITO Y POLICIA NACIONAL. Radicado bajo el número 05001-
3331-010-2010-00407-01>>.
B. Hechos
3.- La parte actora indicó que desde 1990, aproximadamente, hubo presencia de los
Frentes 47 y 9º de las FARC en el municipio de Nariño – Antioquia y, posteriormente,
hubo presencia de grupos paramilitares.
3.1.- Señaló que las luchas entre los grupos al margen de la ley se extendieron hasta
finales de 1999, cuando la guerrilla asumió el mando con la llegada de más de 300
hombres al municipio, quienes lograron el destierro de los paramilitares y de la
Fuerza Pública (Ejército Nacional, Policía Nacional y demás órganos de control).
3.2.- Afirmaron que a partir de finales de 1999 hasta finales del año 2000 imperó en
el municipio la voluntad y poder de las FARC, grupo ilegal que llevó a cabo crímenes
selectivos y masacres.
3.3.- Indicó que a finales del año 2000 el Ejército Nacional retomó el control de la
zona, <<desterró aparentemente a la guerrilla y regresó el paramilitarismo>>. No
obstante, manifestó que la guerrilla se quedó atrincherada en las montañas, desde
donde asediaban a la población civil con boletos y mensajes, entre otros, en los que
les obligaban a desplazarse.
3.4.- Manifestó que entre 1999 y 2000 se generó una <<descomposición social>> en
la población, pues se dio un desplazamiento masivo que inició desde finales del año
2000 hasta marzo de 2009, cuando iniciaron <<los planes de retorno seguros
orientados por las autoridades administrativas>>.
3.5.- El 22 de septiembre de 2010 la parte actora adelantó una acción de grupo contra
la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional por los hechos
narrados. Indicaron que el Estado incurrió en una falla del servicio por omisión, pues
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la Fuerza Pública tenía conocimiento de los ataques de los cuales eran víctimas y no
realizó ninguna acción dirigida a neutralizarlos y proteger sus derechos, lo cual
resultó en el desplazamiento forzado de la población.
3.6.- Mediante sentencia del 27 de noviembre de 2018, el Juzgado Primero
Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín accedió parcialmente1 a las
pretensiones de la demanda. Indicó que se encontraban probados los elementos
necesarios para la declaratoria de responsabilidad por omisión del Estado, esto es:
la existencia del deber de cuidado y protección; (ii) la falta de atención o la atención
irregular o inoportuna de dicha obligación por parte de las autoridades demandadas
y (iii) la relación causal entre dicha omisión y la producción del daño, la cual se
concretó en la violación de derechos humanos y el desplazamiento de los habitantes
del municipio de Nariño, Antioquia.
3.7.- Frente a la caducidad, afirmó que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 47 de la Ley 472 de 1998, el término para presentar la acción de grupo era
de dos años contados desde que se causó el daño o cesó la acción vulnerante; como
en el caso concreto la acción cesó en el año 2009 (cuando se iniciaron los planes de
retorno seguro al municipio) y la demanda se presentó el 22 de septiembre de 2010,
no operaba la caducidad.
3.8.- Las partes apelaron dicha decisión2. Mediante sentencia del 25 de agosto de
2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad revocó la
providencia de primera instancia y declaró probada la excepción de caducidad, de
conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998 y en la
sentencia de unificación proferida por esta Corporación el 29 de enero de 2020.
Indicó que la toma guerrillera del municipio de Nariño empezó el 30 de julio de 1999
y finalizó el 29 de agosto de 2000, fecha en la que el Ejército Nacional retomó el
control de esa entidad territorial, y que pese a que desde la toma no existió estación
de Policía, esta fue reestablecida el 10 de julio de 2002.
1 Indicó que no podría reconocer la reparación solicitada fuera del tiempo a indemnizar (1999-2000, fecha de la
toma guerrillera), debido a la ausencia de pruebas que permitieran determinar la fecha del hecho indemnizable,
por lo que, negó la demanda en relación con quienes no demostraron la fecha del hecho victimizante y que esta
coincidiera con los años indicados. Adicionalmente, negó las pretensiones frente a algunos demandantes que no
acreditaron su condición de desplazados para la época de los hechos.
2 (i) La Parte actora alegó que el juzgado no tuvo en cuenta las reclamaciones realizadas por personas que
presentaron denuncias con posterioridad al año 2001, pese a que acreditaron el daño y que no tuvo en
consideración al grupo ausente de personas que, aunque no demandaron, también padecieron el daño; (ii) la
Policía Nacional indicó que no podía endilgársele responsabilidad alguna, pues su acción fue oportuna e
inmediata y manifestó que el hecho fue generado por un tercero, y (iii) el Ejército Nacional afirmó que para
recuperar el orden público en el municipio dispuso la mayor cantidad de soldados disponibles y que, en el
expediente no se probó que el desplazamiento fuera consecuencia de la omisión de dicha autoridad.
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3.9.- Afirmó que para las fechas de los desplazamientos, los demandantes debían
tener conocimiento de la injerencia del Estado en dicha situación, por lo que la acción
había caducado para todos. No obstante, indicó que si se estimara que para la época
del desplazamiento no tenían conocimiento de la injerencia del Estado por los hechos
respecto de los cuales solicitaban la reparación, adquirieron ese conocimiento3 al
momento en que fueron incluidos en el Registro Único de Población Desplazada o
Registro Único de Víctimas.
3.10.- Agregó que, para inaplicar el término de caducidad, la sentencia de unificación
del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 estableció que la parte demandante
debía demostrar que no conocía los hechos o que se encontraba en imposibilidad
material para acudir en término a la justicia; no obstante, esto no se acreditó.
Además, señaló que la sentencia SU-254 de 2013 no resultaba aplicable, toda vez
que esta cobija las demandas presentadas con posterioridad a su ejecutoria, y la
acción de grupo se inició con anterioridad a su expedición.
3.11.- La parte actora interpuso un recurso de revisión eventual de acción de grupo.
Sostuvo que (i) no operaba la caducidad, porque de conformidad con la sentencia
SU-254 de 2013 y la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación, las
acciones derivadas del desplazamiento forzado no tenían término de caducidad; (ii)
la providencia de segunda instancia se basó en la aplicación retroactiva de la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y (iii) se presentaba divergencia en
la manera en que el Consejo de Estado realizaba el cómputo de la caducidad.
3.12.- Mediante providencia del 28 de octubre de 2022, el Consejo de Estado,
Sección Primera indicó que la selección para revisión eventual de la sentencia de 25
de agosto de 2022 no era procedente, pues el caso bajo estudio fue objeto de
unificación por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
3.13.- La parte actora interpuso un recurso de insistencia de petición de mecanismo
de revisión eventual de acción de grupo, en el cual reiteró el argumento expuesto
3 En la providencia de segunda instancia se indicó: <<se observa que cada una de las personas que conforman
el grupo demandante fueron incluidas en el mencionado registro en las siguientes fechas: (i) 10 de agosto de
1999; (ii) 26 y 28 de abril y 1° de octubre de 2000; (iii) 1° y 8 de enero, 2, 8, 22 y 26 de febrero, 30 de abril, 21
de mayo, 8 de junio y 5 de septiembre de 2001; (iv) 1° y 17 de marzo, 13 y 23 de abril, 11, 14, 15 y 18 de mayo,
6 de junio, 17 de julio y 19 de diciembre de 2002; (v) 23 de abril, 6 de agosto, 1 y 3 de septiembre y 25 de
octubre de 2003; (vi) 13 y 16 de febrero, 5 de abril, 25 de mayo, 9 de junio, 8 y 30 de agosto, 13 y 15 de octubre
y 13 de diciembre de 2004; (vii) 11, 15 y 27 de marzo, 18 de abril, 8 y 10 de mayo, 16, 18, 24 y 29 de junio, 11
de septiembre y 4 y 11 de noviembre de 2005; (viii) 24 de enero, 24 y 29 de junio, 10 de julio, 7 de agosto y 31
de octubre de 2006; (ix) 19 de enero, 19 de marzo y 7 de junio de 2007, y (x) 1° de febrero y 2 de abril de
2008>>.
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frente a la sentencia SU-254 de 2013 e indicó que la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020 no resultaba aplicable al caso concreto.
3.14.- Mediante providencia del 1º de diciembre de 2022 el Consejo de Estado,
Sección Primera confirmó el auto de 28 de octubre de 2022. Indicó que (i) la actora
reiteró los argumentos establecidos en la petición inicial, resueltos en el auto del 28
de octubre de 2022 y (ii) la solicitud de insistencia no era la etapa procesal para
formular nuevos argumentos, pues la parte actora presentó nuevas providencias
proferidas por el Consejo de Estado que consideraba debían ser tenidas en cuenta,
toda vez que acogían el criterio de no aplicación de la caducidad
C. Fundamentos de la vulneración
4.- La parte actora afirma que se vulneraron sus derechos fundamentales pues la
acción de grupo interpuesta en septiembre de 2010 debía regirse por la Ley 472 de
1998.
4.1.- Señala que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en un defecto fáctico
y sustantivo, pues basó su decisión en la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, pese a que esta se profirió con posterioridad a la interposición de la demanda.
4.2.- Indica que en la acción de grupo no se garantizó (i) la aplicación de la norma
especial que regía la materia al momento de la presentación de la demanda; (ii) se
aplicó retrospectivamente la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020; (iii)
no se cumplieron los términos procesales para decidir la segunda instancia y (iv) se
desconocieron los precedentes jurisprudenciales sobre el tema objeto de
conocimiento.
4.3.- Manifiesta que el tribunal accionado <<omitió aplicar los instrumentos
internacionales vinculantes para Colombia, que sostienen la tesis de la
imprescriptibilidad de las acciones en delitos denominados como de lesa
humanidad>>. No obstante, no especificó las providencias internacionales que alegó
desconocidas.
4.4.- Agrega que, pese a que la sentencia del 25 de agosto de 2022 no se seleccionó
para revisión, lo cierto es que existen decisiones divergentes del Consejo de Estado
<<sobre el mismo tema, que no involucraron acciones de grupo bajo la vigencia de
la Ley 472 de 1998>>. En este sentido, invocó las providencias del 13 de junio de
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20134, 17 de septiembre de 20135, 5 de septiembre de 20166, 5 de febrero de 20217,
9 de abril de 20218, y 30 de abril de 20219.
4.5.- Afirma que, contrario a lo establecido por la Sección Primera de esta
Corporación, <<no es cierto que se hubiesen presentado argumentos nuevos en el
recurso de insistencia>>.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Consejo de Estado, Sección Primera (accionado) solicita que se declare
improcedente la acción de tutela porque no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues se reiteran los argumentos que fueron planteados contra la
decisión cuestionada.
6.- La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (tercero con interés) solicita
que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela. Indica que el tribunal
accionado aplicó debidamente la Ley 472 de 1998, la cual regía las acciones de
grupo para el momento de interposición de la demanda.
7.- El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad (accionado),
el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (tercero con interés), el Juzgado Primero
Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín (tercero con interés), y los demás
demandantes en la acción de grupo con radicado No. 05001-33-31-001-2010-00407-
00/01 (tercero con interés), pese a estar debidamente notificados, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
8.- Antes de resolver, la Sala constata que en el auto admisorio se señaló que, pese
a que los accionantes obraron mediante apoderado judicial, no se aportó prueba de
la representación de María Ospina Nieto y Giuliana Monroy Pérez, por lo que se
requirió a esas actoras para que allegaran los respectivos poderes; estos fueron
4Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, radicado No. 07001-
23-31-000-2001-01356-01 (25712), C.P. Enrique Gil Botero.
5Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, radicado No. 25000-
23-26-000-2012-00537-01 (45092), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
6Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, radicación No.
05001-23-33-000-2016-00587-01 (57625), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
7Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, radicado No. 47001-
23-33-001-2015-00176-01 (59490).
8Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, radicado No. 11001-
03-15-000-2021-00097-00, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
9Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, radicado No. 11001-
03-15-000-2020-04068-01, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
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efectivamente allegados al expediente y, en consecuencia, se entiende que el señor
Carlos Fernando Sánchez Taborda obra en calidad de apoderado judicial de las
mismas.
9.- La Sala (i) negará el amparo frente a los reproches contra la sentencia del 25 de
agosto de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda
de Oralidad, pues no encuentra que se haya incurrido en los defectos alegados, y (ii)
declarará la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional10 en relación con los reparos contra los autos del 28 de octubre de
2022 y 1º de diciembre de 2022 proferidos por el Consejo de Estado, Sección
Primera, pues se reiteran los mismos argumentos que fueron planteados y resueltos
dentro del recurso de revisión eventual
E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales frente a los
reproches contra la sentencia del 25 de agosto de 2022
10.- Los requisitos se cumplen pues: (i) la parte actora indicó de manera clara los
hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto es de evidente
relevancia constitucional porque se alega la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y acceso a la administración de
justicia por la presunta configuración de un defecto fáctico y un defecto sustantivo;
(iii) se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad porque la parte actora utilizó
todos los mecanismos judiciales a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales antes de acudir al juez de tutela; (iv) la solicitud se presentó en un
término prudencial (inmediatez), puesto que la providencia mediante la cual se
resolvió el recurso de insistencia se notificó el 12 de diciembre de 2022 y la tutela se
presentó el 16 de diciembre de 2022, es decir, dentro del término de 6 meses
precisado tanto por esta Corporación11 como por la Corte Constitucional12, y (v) no
se trata de una decisión proferida en sede de tutela.
F. No se configuró el defecto sustantivo, toda vez que el tribunal accionado
aplicó debidamente el artículo 47 de la Ley 472 de 1998
10 El magistrado ponente considera que la presente tutela sí cumple con el requisito de relevancia constitucional
porque la parte actora alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y
acceso a la administración de justicia, y explicó los vicios que consideró configurados en la decisión atacada
(defecto fáctico, defecto sustantivo). Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala, según la cual cuando
se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso ordinario, no se cumple con este requisito.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01
(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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11.- Si bien la parte actora indica que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad incurrió en un defecto sustantivo y en un defecto fáctico, lo
cierto es que los argumentos expuestos en la acción de tutela se encuadran en un
defecto sustantivo, pues los accionantes afirman que (i) la providencia del 25 de
agosto de 2022 se basó en la sentencia de unificación proferida por esta Corporación
el 29 de enero de 2020, pese a que se profirió con posterioridad a la interposición de
la demanda y que (ii) la norma aplicable para el estudio de la caducidad de la acción
de grupo era el artículo 47 de la Ley 472 de 1998.
11.1.- La Sala advierte que en la sentencia de segunda instancia se aplicó el artículo
47 de la Ley 472 de 1998, que establece (se transcribe):
<<Artículo 47. CADUCIDAD. Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por
la indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los
dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante
del mismo>>.
11.2.- El tribunal indicó que la toma guerrillera del municipio de Nariño empezó el 30
de julio de 1999 y finalizó el 29 de agosto de 2000 (fecha en la cual el Ejército
Nacional retomó esa entidad territorial) y que la estación de Policía fue reestablecida
el 10 de julio de 2002.
11.3.- Manifestó que la supuesta falla por falta de presencia de la Fuerza Pública
cesó desde la retoma del territorio por parte de esta. Agregó que para la fecha del
desplazamiento, los actores debían tener conocimiento de la injerencia del Estado
según se desprende de la demanda de acción de grupo; en consecuencia, como la
demanda se radicó el 22 de septiembre de 2010, a la fecha de su presentación ya
había operado el fenómeno de la caducidad.
11.4.- Agregó que si se estimara que para la época del desplazamiento los actores
no tenían conocimiento de la injerencia del Estado, adquirieron dicho conocimiento
en el momento en que fueron incluidos en el Registro Único de Población Desplazada
o Registro Único de Víctimas, lo cual ocurrió entre agosto de 1999 y abril 2008.
11.5.- De acuerdo con lo expuesto, es claro que, pese a que el tribunal realizó la
contabilización de la caducidad de una manera diferente al fallador de primera
instancia, dicha interpretación resulta adecuada porque, en aplicación del artículo 47
de la Ley 472 de 1998, contabilizó los dos años desde el momento en que los actores
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conocieron que el Estado incurrió en una omisión que se concretó en el
desplazamiento forzado.
11.6.- Por otra parte, se advierte que la aplicación de la sentencia de unificación
proferida por esta Corporación el 29 de enero de 2020 no dio lugar a la inaplicación
de la norma indicada en precedencia. Esta providencia no creó un requisito ni un
término nuevo, sino que precisó que los jueces, en estos casos, no podían dejar de
aplicar el término establecido legalmente y que, tal como se indicó en la providencia
atacada, para la inaplicación de dicho término, la parte actora debía demostrar que
no conocía los hechos o que se encontraba en imposibilidad material para acudir en
término a la justicia.
11.7.- Pese a que la parte actora indicó que el tribunal accionado <<omitió hacer
referencia y aplicar los instrumentos internacionales vinculantes para Colombia>>,
se advierte que no especificó las providencias que consideró fueron desconocidas
por la autoridad judicial accionada. En todo caso, si se entendiera que se refiere a lo
dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se advierte que la
Corte Constitucional, en sentencia SU-312 del 13 de agosto de 2020, estableció que
<<la aplicación del término legal de caducidad cuando el hecho dañoso es
constitutivo de un delito de lesa humanidad, resulta acorde con el criterio
interpretativo que puede extraerse de lo dispuesto por la Corte Interamericana>>.
G. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, se constata que los
cargos formulados en el escrito de tutela en relación con los autos del 28 de
octubre y 1º de diciembre de 2022 no tienen vocación de prosperar
12.- Frente al auto que resolvió el recurso de revisión eventual adelantado contra la
providencia de segunda instancia proferida en el marco de la acción de grupo, la
parte actora indicó que existían decisiones divergentes del Consejo de Estado
<<sobre el mismo tema, que no involucraron acciones de grupo bajo la vigencia de
la Ley 472 de 1998>>.
13.- La Sección Primera de esta Corporación indicó que, precisamente debido a la
existencia de posiciones divergentes en materia de caducidad en las demandas con
ocasión de comisión de delitos de lesa humanidad, la Sala Plena de la Sección
Tercera profirió la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, en la cual se
fijaron los criterios para contabilizar dicho término.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06772-00
Accionantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros
Niega el amparo
14.- Por otra parte, frente al auto de 1º de diciembre de 2022, mediante el cual se
confirmó la providencia anterior, la parte actora afirmó que <<no es cierto que se
hubiesen presentado argumentos nuevos>>; no obstante, esta Sala evidencia que
los actores añadieron nuevas providencias que, a su juicio, debían ser tenidas en
consideración debido a que demostraban la no aplicación del término de caducidad.
15.- Además, es cierto que, tal como se estableció en la providencia atacada, el
recurso de revisión eventual no es la oportunidad para tratar de imponer un criterio
jurídico diferente al fijado por los jueces, sino que este tiene como objetivo unificar
jurisprudencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: RECONÓZCASE personería al abogado Carlos Fernando Sánchez
Taborda, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.525.659 de Itagüí y portador
de la Tarjeta Profesional No. 132.513 del Consejo Superior de la Judicatura para
actuar como apoderado judicial de las señoras Giuliana Monroy Pérez y María
Ospina Nieto.
SEGUNDO: NIÉGASE el amparo de los derechos fundamentales invocados por la
parte actora frente a los reproches contra la sentencia del 25 de agosto de 2022
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad.
TERCERO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela frente a los
reproches contra los autos del 28 de octubre de 2022 y 1º de diciembre de 2022, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
QUINTO: Si esta decisión no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06772-00
Accionantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros
Niega el amparo
SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de esta
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con salvamento de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración parcial de voto
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