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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-06772-01

Fecha
25 de mayo de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-06772-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 20 de febrero de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación que negó el amparo por el defecto sustantivo respecto de los reproches contra la sentencia del 25 de agosto de 2022 y declaró la improcedencia por falta de relevancia constitucional frente a los reparos a los autos del 28 de octubre de 2022 y 1º de diciembre de 2022. SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia del 20 de febrero de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación en el sentido de negar el defecto por desconocimiento del precedente. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-06772-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

25 de mayo de 2023

Demandantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06772-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mi veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06772-01
Demandantes: LUZ MYRIAM PÉREZ PALACIO Y OTROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma la decisión que
negó defecto sustantivo y adiciona frente al defecto por
desconocimiento del precedente – desplazamiento forzado –
caducidad de la acción de grupo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia de primera instancia del 20 de febrero de 2023 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación que negó el amparo
frente a los reproches contra el fallo del 25 de agosto de 2022 y declaró la
improcedencia por falta de relevancia constitucional frente a los reparos a los
autos del 28 de octubre de 2022 y 1º de diciembre de 2022.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Las señoras Luz Myriam Pérez Palacio, María Ospina Nieto y Giuliana Monroy
Pérez, y el señor William Fredy Hincapié Betancur presentaron acción de tutela1
contra el Consejo de Estado, Sección Primera y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad con el fin de que les sea amparado su
derecho fundamental al debido proceso, «acceso a la justicia y seguridad
jurídica».

Las mencionadas garantías constitucionales las estimaron vulneradas con ocasión

1
Con escrito del 16 de diciembre de 2022 enviado al buzón web de la Secretaría General del Consejo de
Estado.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06772-01

de las siguientes providencias, proferidas en el marco de la acción de grupo2 que
promovieron contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Policía
Nacional.

(i) sentencia del 25 de agosto de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad revocó el fallo del 27 de noviembre de
2018, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Medellín, que había
accedido parcialmente3 a las pretensiones de la acción de grupo y, en su lugar,
declaró probada la excepción de caducidad;

(ii) auto del 28 de octubre de 2022, a través del cual la Sección Primera del
Consejo de Estado resolvió no seleccionar para revisión la sentencia del 25 de
agosto de 2022 y;

(iii) providencia del 1º de diciembre de 2022 que confirmó el auto del 28 de octubre
de 2022.

1.2. Peticiones de amparo constitucional

La parte actora solicitó:

PRIMERA: Se ordene AMPARAR los derechos fundamentales invocados al
debido proceso, derecho de defensa en armonía con los precedentes
Judiciales el objeto de la revisión e insistencia, derecho acceso a la justicia y
seguridad jurídica, inaplicación del bloque de constitucionalidad, inaplicación
de los precedentes convencionales; en favor los accionantes, y de TODOS los
integrantes de la Acción de Grupo incluidos en el proceso radicado bajo el
número 05001 3331 001 2010 00407-01, en la cual se encuentran incluidos
los aquí accionantes MARIA OSPINA NIETO, WILLIAM FREDY HINCAPIE
BETANCUR, GIULIANA MONROY PEREZ, LUZ MYRIAM PEREZ PALACIO.

En consecuencia se deje sin efecto alguno la sentencia proferida por la Sala
Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, siendo
magistrados ponentes las magistradas, doctores, ADRIANA BERNAL VÉLEZ.
• GLORIA MARIA GOMEZ MONTOYA, BEATRIZ ELENA JARAMILLO
MUÑOZ, o quien haga sus veces, esto es, SENTENCIA No S02-115AP de 25
de Agosto de 2022, radicado bajo el número, 05001-3331-010-2010-00407-01.

SEGUNDA: Se ordene a dicha corporación, dictar la sentencia que en
derecho corresponda aplicando los postulados constitucionales esbozados en
la sentencia de tutela dentro de las 48 horas siguientes a la ejecutoria de la
decisión adoptada en esta acción de tutela.

TERCERA: Se solicita dejar sin valor alguno, las decisiones proferidas en los
autos de fecha, 28 de octubre y 2 de diciembre de 2022 proferidas por el
Consejo de Estado Sección Primera dentro del trámite surtido en la Acción de
Revisión y recurso de insistencia ante la misma Corporación, dentro de la
Acción de Grupo instaurada por HUMBERTO DE JESÚS ROJAS OCAMPO

2
Proceso identificado con el radicado 05001-33-31-001-2010-00407-00/01
3
Negó las pretensiones frente a algunos demandantes que no acreditaron su condición de desplazados para
la época de los hechos.

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Demandantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06772-01

Y/O contra NACION MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO Y POLICIA
NACIONAL. Radicado bajo el número 05001- 3331-010-2010-00407-014.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

La parte actora afirmó que entre los años 1999 y 2000 imperó en el municipio de
Nariño, Antioquia, el poder de las FARC, grupo ilegal que llevó a cabo crímenes
selectivos y masacres.

Narró que en el mes de agosto de 2000 el Ejército Nacional retomó el control de la
zona y para el 2002 ya estaba restablecida la estación de policía; sin embargo, la
guerrilla se quedó en las montañas y desde allí seguían asediando a la población
civil con amenazas que les obligaba a desplazarse.

Aseguró que solo hasta marzo de 2009 se generaron planes de retorno seguros
con acompañamiento de las autoridades administrativas competentes.

Afirmó que, ante los hechos ocurridos se instauró, el 22 de septiembre de 2010,
acción de grupo contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y
Policía Nacional en la cual se peticionó el reconocimiento de una indemnización
por la falla en el servicio por parte del Estado, concretamente, porque la Fuerza
Pública tuvo conocimiento de los ataques de los cuales eran víctimas y no
adelantó actuaciones para protegerlos, situación que conllevó su desplazamiento
forzado.

Del asunto conoció el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Medellín, autoridad judicial que, en sentencia del 27 de noviembre de
2018 accedió parcialmente5 a las pretensiones de la demanda. Como fundamento
de su decisión, expuso que el Estado era responsable por la atención irregular o
inoportuna de la obligación de protección y el nexo causal entre dicha omisión y la
producción del daño, lo que condujo al desplazamiento de los habitantes del
municipio de Nariño, Antioquia.

Frente a la caducidad, afirmó que, comoquiera que la acción vulnerante cesó
cuando se iniciaron los planes de retorno seguro al citado municipio, que fueron en
el 2009, y la demanda se presentó el 22 de septiembre de 2010, no operaba la
caducidad, pues no habían trascurrido los 2 años de que trata el artículo 47 de la
Ley 472 de 19986.

4
Trascripción literal del original con posibles errores.
5
Negó las pretensiones frente a algunos demandantes que no acreditaron su condición de desplazados para
la época de los hechos.
6
“Artículo 47. CADUCIDAD. Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de
perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se
causó el daño o cesó la acción vulnerante del mismo”.

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Contra la anterior decisión, las partes interpusieron recurso de apelación. En
síntesis así: (i) los ahora tutelantes alegaron que el juzgado no tuvo en cuenta al
grupo ausente de personas que, aunque no demandaron, también sufrieron el
daño; (ii) la Policía Nacional manifestó que el hecho fue generado por un tercero, y
(iii) el Ejército Nacional afirmó que en el expediente no se probó que el
desplazamiento fuera consecuencia de la omisión de dicha autoridad.

La alzada fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda
de Oralidad mediante sentencia del 25 de agosto de 2022, a través de la cual
revocó la providencia de primera instancia y declaró probada la excepción de
caducidad.

Dicho cuerpo colegiado explicó que la toma guerrillera del municipio de Nariño
empezó el 30 de julio de 1999 y finalizó el 29 de agosto de 2000, fecha en la que
el Ejército Nacional retomó el control de esa entidad territorial. Luego, de
conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998 y en la
sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 29 de enero de
2020, habían trascurrido más de dos años siguientes a la fecha en que se causó el
daño o cesó la acción vulnerante del mismo.

Agregó que, para inaplicar el término de caducidad, la aludida sentencia de
unificación del Consejo de Estado estableció que la parte demandante debía
demostrar que no conocía los hechos o que se encontraba en imposibilidad
material para acudir en término a la justicia; no obstante, esto no se acreditó.

La parte actora interpuso recurso de revisión eventual de la acción de grupo, el
cual fue declarado improcedente por el Consejo de Estado, Sección Primera
mediante providencia del 28 de octubre de 2022, tras considerar que el caso bajo
estudio fue objeto de unificación por parte de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

Posteriormente, los tutelantes interpusieron recurso de insistencia de petición del
mecanismo de revisión eventual, y con providencia de 1º de diciembre de 2022 se
confirmó la decisión, bajo los mismos argumentos del proveído de 28 de octubre
de 2022 y, además, se adujo que la solicitud de insistencia no era la etapa
procesal para formular nuevos argumentos, como el desconocimiento de
sentencias judiciales.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora refirió de manera taxativa que la providencia acusada incurrió en
los defectos fáctico y sustantivo.

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Para sustentar su dicho adujo que la autoridad judicial accionada aplicó de manera
errónea el artículo 47 de la Ley 472 de 1998 y la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020 que no existía al momento de presentarse la acción de grupo.

Indicó que el cambio de jurisprudencia con efectos ex tunc respecto a la categoría
de imprescriptibilidad e inoperancia de la caducidad en cuanto a la responsabilidad
del Estado por delitos de lesa humanidad, atenta contra la seguridad jurídica y los
derechos que les asiste como desplazados de la violencia.

Manifestó que el tribunal accionado omitió aplicar los instrumentos internacionales
vinculantes para Colombia, que sostienen la tesis de la imprescriptibilidad de las
acciones en delitos denominados como de lesa humanidad. No obstante, no
especificó los fallos internacionales desconocidos.

Frente a las providencias que resolvieron sobre el recurso de revisión eventual y
de insistencia afirmó que existen decisiones divergentes del Consejo de Estado
sobre la materia y que contrario a lo establecido por la Sección Primera de esta
Corporación, no es cierto que se hubiesen presentado argumentos nuevos.

1.5. Trámite de la acción

Por auto del 19 de enero de 2021 el magistrado ponente de la primera instancia:
(i) admitió la acción de tutela; (ii) ordenó notificar a las partes, para que rindieran
informe sobre los hechos de la solicitud de amparo; (iii) vinculó como terceros
interesados en el resultado del proceso a la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional, a la Policía Nacional, al Juzgado Primero Administrativo de
Oralidad del Circuito, y a los demás integrantes que conformaron la parte
demandante en la acción de grupo con radicado 05001-33-31-001-2010-00407-
017 y; (iv) dispuso comunicar del asunto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.

En el mismo auto señaló que, pese a que los accionantes obraron mediante
apoderado judicial, no se aportó prueba de la representación de María Ospina
7
Señores Humberto de Jesús Rojas; María Nory Nieto; Libia Betancur Pérez; Gustavo Hincapié; Francinet
Hincapié Betancur; Yuriana Andrea Hincapié B; Damaris Gómez Marín; Miriam Zapata Ramos; Luz Elena
Arias Duque; José Luis Villada; Vanessa Villada Arias; Ester Julia Marín; Marco Julio Nieto; Aracelly Rojas;
Marco Fidel Sánchez; Juan Fernando Sánchez Rojas; Nora Emilse Betancur; María Auxiliadora Gómez; María
Escobar; Ricardo Ramos; Wilson Dairon Ramos Escobar; Janed YamidRamos Escobar; María Adiela
Quintero;, Yerney Quintero y Yunedis Gracia; Egidio García Morales; Obed Romero Gallo; Gladys Gallo de
Romero; Luz Amparo Romero Gallo; Leonardo Rodríguez Osorio; Beatriz Elena Rojas Nieto; Romelia
Hincapié Betancur; Conrado de Jesús Osorio Betancur; Jhon Bayron Echeverry; María Ospina Nieto; José
Daniel Orozco Ospina; Carlos Andrés Orozco Ospina; Isai Pérez Pérez; Ana Mercedes Palacio Monsalve;
Beatriz Pérez Palacio; Hugo Alexander Pérez Palacio; Astrid Yolima Pérez Palacio; Amalia Sánchez Morales;
María Carlina Morales Jurado; Ángela María Sánchez Morales; María Ernestina Hincapié Hidalgo; José Jesús
Gómez Castaño; Lida Marcela Gómez Hincapié; Aida Libis Gómez Hincapié; Aura Dolly Hincapié Betancur;
Diomer Ferney Henao Hincapié; Luz Miriam Pérez Palacio; José Uriel Hincapié Betancur; Ana Julia Betancur
de Hincapié; Alba Nidia Londoño Cifuentes,; Wilder Sánchez Rojas, en nombre propio y en representación de
Carlos M. Sánchez; Mirllinedi Marín Hincapié, Wilder A. Sánchez M; María del Carmen Gómez Marín; Elkin
Darío Suárez Gómez; Jesús María Suárez Gómez; Franceny Suárez Gómez, Francy Astrid Palacio Gómez, y
Fernando Henao Orozco.

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Nieto y Giuliana Monroy Pérez, por lo que requirió a esas actoras para que
allegaran los respectivos poderes; estos fueron efectivamente allegados al
expediente y, en consecuencia, reconoció personería al señor Carlos Fernando
Sánchez Taborda en calidad de apoderado judicial de la totalidad de los
accionantes.

Finalmente, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la Corporación con la información de la tutela,
para ponerla en conocimiento de los terceros interesados y solicitó copia del
expediente 05001-33-31-001-2010-00407-01.

1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones correspondientes se allegaron los siguientes
informes:

1.6.1 Consejo de Estado, Sección Primera

Por conducto del magistrado ponente de las providencias de 28 de octubre de
2022 y 1º de diciembre de 2022 solicitó declarar improcedente la acción de tutela
porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues se reiteran
los argumentos que fueron planteados contra la decisión cuestionada.

1.6.2. Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Pidió que se negaran las pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que
el tribunal accionado aplicó debidamente el término de caducidad del artículo 47
de la Ley 472 de 1998, la cual rige las acciones de grupo.

1.6.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, el
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, el Juzgado Primero Administrativo de
Oralidad del Circuito de Medellín y los demás demandantes en la acción de grupo
con radicado No. 05001-33-31-001-2010-00407- 00/01, pese a estar debidamente
notificados, guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

En sentencia del 20 de febrero de 20238, la Subsección B de la Sección Tercera
de esta Corporación, luego de superar todas las causales adjetivas de
procedibilidad, negó el amparo frente a los reproches contra el fallo del 25 de
agosto de 2022 y declaró la improcedencia por falta de relevancia constitucional
frente a los autos del 28 de octubre de 2022 y 1º de diciembre de 2022, bajo la
siguiente argumentación:

8
Esta decisión fue notificada el 10 de marzo de 2023.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Respecto de los defectos sustantivo y fáctico alegados contra el fallo que puso fin
a la acción de grupo precisó que los abordaría desde la perspectiva del primero,
comoquiera que la argumentación obedeció a una (i) indebida interpretación de las
normas en materia de caducidad de la acción de grupo y (ii) errónea aplicación de
la sentencia de unificación dictada por esta Corporación el 29 de enero de 2020,
pues se profirió con posterioridad a la interposición de la aludida demanda.

Hecha la anterior precisión y desendiendo al caso concreto concluyó que el
defecto sustantivo no se configuró en la medida que, si bien el tribunal accionado
realizó la contabilización de la caducidad de una manera diferente al fallador de
primera instancia, dicha interpretación resultó adecuada porque, en aplicación del
artículo 47 de la Ley 472 de 19989, computó los dos años desde el momento en
que los actores conocieron que el Estado incurrió en una omisión que se concretó
en el desplazamiento forzado, postura, además, acorde con la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020.

Al respecto destacó que fue acertado concluir, por parte del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, que el hecho vulnerante
cesó el 29 de agosto de 2000, fecha en la cual el Ejército Nacional retomó el
control del municipio de Nariño y, además, para el 10 de julio de 2022 ya estaba
restablecida la estación de policía, entonces, como la demanda se radicó hasta el
22 de septiembre de 2010, ya había operado el fenómeno de la caducidad.

Por otra parte, advirtió que la sentencia de unificación proferida por esta
Corporación el 29 de enero de 2020 no dio lugar a la inaplicación de la norma
indicada en precedencia. Explicó que esa providencia no creó un requisito ni un
término nuevo, sino que precisó que los jueces, en estos casos, no podían dejar
de aplicar el plazo establecido legalmente -2 años- y que, tal como se indicó en el
fallo atacado, para su inaplicación, la parte actora debía demostrar que no conocía
los hechos o que se encontraba en imposibilidad material para acudir en tiempo a
la justicia.

Finalmente, frente a los autos dictados en el marco del recurso de revisión
eventual e insistencia consideró que no superaban el requisito de la relevancia
constitucional en la medida que lo pretendido era reabrir un asunto zanjado en la
acción de grupo y que, como bien se concluyó por la Sección Primera del Consejo
de Estado el recurso de revisión eventual no es la oportunidad para tratar de
imponer un criterio jurídico diferente al fijado por los jueces, sino que este tiene
como objetivo unificar jurisprudencia, lo que llevaba a la declaratoria de
improcedencia del mismo.

9
“Artículo 47. CADUCIDAD. Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de
perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se
causó el daño o cesó la acción vulnerante del mismo”.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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1.8. Impugnación10

La parte actora adujo que la decisión de primera instancia debe revocarse con
base en la siguiente argumentación:

Manifestó: «Con todo respeto de la Alta dignatura y del Tribunal Accionado,
nuevamente reitero que dichos órganos Judiciales, están fundando sus decisiones
en normas y jurisprudencia que se generaron de manera posterior a la
presentación de la demanda, bajo el entendido, que por supuesto marcan del
defecto sustancial alegado como vulnerante de los derechos solicitados en
amparo»11.

Así, insistió en que al dictarse la sentencia de 25 de agosto de 2022 el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad no tuvo en cuenta que «Al
momento de presentarse la demanda regía para el desplazamiento forzado en
materia de reclamación de perjuicios, el artículo 47 de la ley 472 de 1998, amén
de la jurisprudencia que regía para ese momento puesta en conocimiento en la
Acción de Grupo de manera oportuna, donde era reiterativo el alto Tribunal en
establecer que el Desplazamiento forzado como tal, no tenía término de caducidad
al considerarse de lesa humanidad, por tanto la demanda podía presentarse en
cualquier tiempo»12.

Explicó que el Código Contencioso Administrativo no dispuso que el derecho era
reconocible a partir del conocimiento de los hechos, sino que esa argumentación
surgió con la jurisprudencia proferida en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

En relación con la declaratoria de improcedencia de los autos dictados por la
Sección Primera del Consejo de Estado en el marco del recurso de revisión
eventual y la insistencia, no elevó ningún reproche.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 20
de febrero de 2023 dictado por la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

10
Escrito de impugnación enviado por correo electrónico el 13 de marzo de 2022.
11
Trascripción literal del original con posibles errores.
12
Ibídem.

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si conforme a los argumentos expuestos en la
impugnación debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión de primera
instancia del 20 de febrero de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera de esta Corporación.

Es oportuno precisar que la parte actora en su escrito de impugnación basó su
línea argumentativa, únicamente, en atacar la decisión desfavorable del a quo
constitucional frente al defecto sustantivo, el cual sea de paso recordar que fue
analizado respecto del fallo de 25 de agosto de 2022 dictado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad que declaró probada la
excepción de caducidad, por tanto el análisis de la segunda instancia versará,
concretamente, sobre ese punto.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio
de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio de los requisitos adjetivos de procedibilidad, y de encontrarlos superados;
(iii) el estudio del caso concreto.

2.2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201213
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema14.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales15.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

13
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. N.° 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA -
Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
14
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
15
Se dijo en la mencionada sentencia: DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
16
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Demandantes: Luz Myriam Pérez Palacio y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06772-01

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.2.2. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.2.2.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio
origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda,
las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte
actora solicita el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la justicia y seguridad jurídica.

Ahora bien, como se señaló en los antecedentes se tiene que al verificar la
argumentación expuesta en el escrito de tutela, el asunto se abordó por el a quo
constitucional bajo el estudio del defecto sustantivo, en la medida que se acusó
tanto la indebida aplicación del plazo de caducidad en una acción de grupo que
involucra desplazamiento forzado y de la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020 que prevé como regla que en los asuntos sobre daños sufridos con
ocasión de los delitos de lesa humanidad, también se debe hacer exigible el
término para demandar establecido por el legislador -2 años-.

Para los accionantes, la providencia de la referencia no podía ser aplicada en la
acción de grupo, pues no existía al momento en que se radicó la demanda. Por
esto, los criterios allí establecidos no podían ser exigidos.

Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente. En primer lugar la parte actora presenta una cuestión de
carácter ius fundamental en la medida que no solo invoca la protección de sus
garantías superiores, sino que el caso involucra el derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia de personas reconocidas como víctimas del conflicto
armado17, dado que el juez de segunda instancia descartó el estudio de fondo de
sus pretensiones al declarar probada la excepción de caducidad.

También, los accionantes cumplieron con el deber de evidenciar suficientemente
la tensión entre la providencia censurada y el núcleo esencial del derecho de
acceso a la administración de justicia. Esto, al exponer que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad aplicó de manera indebida
el precedente judicial que habilita el estudio de la caducidad en los eventos en que
se cuestiona la responsabilidad del Estado por la ocurrencia de delitos de lesa
humanidad.

17
La jurisprudencia constitucional ha reconocido, en concordancia con los lineamientos planteados por el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que las víctimas de graves violaciones son titulares de
los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación y, en este sentido, la sentencia C-775 de 2003,
sostuvo que no es posible lograr justicia sin la verdad. No es posible llegar a la reparación sin la justicia”,
por tanto, la relación entre esos derechos es indiscutible. Corte Constitucional. Sentencia T-54 de 2017.

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De igual manera, se tiene que la jurisprudencia constitucional se ha referido en
numerosas oportunidades al tema del desplazamiento forzado y lo ha definido
como «un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por
todas las personas, principiando, como es lógico, por los funcionarios del “un
verdadero estado de emergencia social”, como “una tragedia nacional, que afecta
los destinos de innumerables colombianos y que marcará el futuro del país
durante las próximas décadas” y “un serio peligro para la sociedad política
colombiana y, también, como un “estado de cosas inconstitucional” que “contraría
la racionalidad implícita en el constitucionalismo”, al causar una “evidente tensión
entre la pretensión de organización política y la prolífica declaración de valores,
principios y derechos contenidas en el Texto Fundamental y la diaria y trágica
constatación de la exclusión de ese acuerdo de millones de colombianos18».

Así mismo, ha dicho que el desplazamiento forzado es en verdad un grave y
complejo problema, que por sus dimensiones e impacto social demanda y
demandará del Estado, mientras esa situación persista, el diseño y ejecución de
un conjunto de acciones oportunas y efectivas para solucionarlo, dado que en
cabeza suya está radicado el deber de prevenir las violaciones a los derechos
humanos, deber que emana directamente del mandato consagrado en el artículo
2° de la Constitución Política.

De otra parte, la Sala considera que los argumentos expuestos en la tutela no
apuntan a convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia, pues
en este caso concreto los tutelantes ante un fallo de primer grado que superó la
caducidad no elevaron en su recurso de apelación argumento alguno para
demostrar que dicho fenómeno jurídico-procesal no operó.

En resumen, la Sección no pasa por alto que comoquiera que en la acción de
grupo se debatió sobre una indemnización con ocasión de personas desplazadas
por la violencia ante la inminente relación que estos asuntos tienen con posibles
violaciones a los derechos humanos por parte del Estado se evidencia la
relevancia constitucional.

2.2.2.2. De manera preliminar, se establece que la acción de tutela de la
referencia no se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto
que la providencia judicial que censura la parte accionante fue proferida dentro de
una acción de grupo19que presentaron los accionantes contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y la Policía Nacional.

2.2.2.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la sentencia
acusada fue proferida el 25 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Segunda de Oralidad, de manera que, sin que sea necesario
determinar la fecha en que cobró ejecutoria, ha transcurrido un término que a
juicio de la Sala es razonable pues la acción de tutela se presentó el 16 de
18
Entre otras, ver sentencia T-215 de 2002 (21 de marzo), M P. Jaime Córdoba Triviño..
19
Proceso identificado con el radicado 05001-33-31-001-2010-00407-00/01

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diciembre de 2022.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201420, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200521,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y, reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y
solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
estas.

2.2.2.4 Respecto del agotamiento de los medios de defensa judicial, se
advierte que se encuentra superado el referido requisito, por cuanto la providencia
atacada corresponde a la sentencia de segunda instancia del Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Oralidad, frente a la cual no es
admisible ningún recurso ordinario.

Además, se presentó el recurso de revisión eventual de la acción de grupo, el cual
fue declarado improcedente por el Consejo de Estado, Sección Primera mediante
providencia del 28 de octubre de 2022.

Superadas dichas exigencias, la Sala procederá a realizar el análisis de los
reproches iterados en el escrito de impugnación y que atacaron la ratio decidendi
del a-quo constitucional.

2.5. Caso concreto

Como viene de leerse, la parte actora consideró vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, «acceso a la justicia y seguridad jurídica» con
ocasión de la sentencia del 25 de agosto de 2022, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad revocó el fallo del 27 de
noviembre de 2018, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de
Medellín, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la acción de
grupo y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad.

En el fallo impugnado se precisó que si bien la parte actora de manera taxativa
invocó como defectos el sustantivo y el fáctico abordaría el estudio desde la
perspectiva del primero, comoquiera que la argumentación obedeció a (i) la
indebida interpretación de las normas en materia de caducidad de la acción de
grupo y (ii) la errónea aplicación de la sentencia de unificación dictada por esta

20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
21
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir
que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.”

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Corporación el 29 de enero de 2020, pues se profirió con posterioridad a la
interposición de la aludida demanda.

En este punto la Sección comparte lo decidido frente al defecto fáctico en la
medida que, en efecto, los argumentos de la acción de tutela no lo comportan, no
obstante, se advierte que, además del defecto sustantivo alegado, los reproches
relacionados con la indebida aplicación de una sentencia de unificación, que no
existía al momento de presentar la acción de grupo, se enmarcan en el defecto
denominado desconocimiento del precedente.

Bajo la anterior precisión se expondrán las generalidades de los defectos
sustantivo y por desconocimiento del precedente así:

2.5.1 Frente al primero, se tiene que la Corte Constitucional22, ha explicado que
este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente
inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una
interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”23.

Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente24 o porque ha sido derogada25, es inexistente26,
inexequible27 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador28.

b) No se hace una interpretación razonable de la norma29.

c) La disposición aplicada es regresiva30 o contraria a la Constitución31.

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición32.

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma33.

22
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
23
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27.01.05, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10.08.06,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24.07.08,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
24
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
25
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
26
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
27
Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
28
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
29
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del
28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
30
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
31
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
32
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
33
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.

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f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga
argumentativa.

2.5.2. En relación con el desconocimiento de precedente resulta importante
precisar la posición de la Sala sobre el concepto de precedente, el cual se
sintetiza en los siguientes términos:

“…es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en
sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi
constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado
34
sentido…”.

Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos35 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de lo resuelto su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o subregla de derecho para que aquella sea
considerada como precedente.

También constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las de
unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de
Estado.

Sin embargo, resulta necesario advertir que “…no todas las decisiones judiciales
que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla, pues son el resultado
de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una actividad
creadora del juez.”36

Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de cierre, encuentra su
fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma
superior y a la garantía de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así
como, en la coherencia del ordenamiento jurídico. Por tanto, la parte que invoca el
desconocimiento de un precedente jurisprudencial, debe cumplir con la carga
mínima de i) identificar la decisión que considera desatendida, ii) la ratio de la
misma aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada

34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de febrero de
2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
35
Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.
36
Consejo de Estado, Sentencia del 19.02.2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. No. 11001-03-15-000-
2013-02690-01

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la analogía con la litis anterior, y iii) la incidencia de esta en la decisión final que
adopte el fallador de instancia.

2.6. Análisis del asunto

La parte actora insistió en que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47
de la Ley 472 de 199837, no operó el fenómeno de la caducidad, comoquiera que
la acción vulnerante cesó cuando se iniciaron los planes de retorno seguro al
municipio de Nariño, Antioquia, que, a su juicio, fue en el 2009, y como la
demanda se presentó el 22 de septiembre de 2010, no habían trascurrido los 2
años.

No obstante, para el tribunal accionado la supuesta falla por falta de presencia de
la Fuerza Pública cesó desde la retoma del territorio por parte de esta, incluso,
para el 2002 ya estaba restablecida la estación de policía en dicho municipio.

De igual manera, para reforzar su argumento, el tribunal accionado agregó que
para la fecha del desplazamiento, los actores debían tener conocimiento de la
injerencia del Estado, lo cual según se desprende de la demanda de acción de
grupo el desplazamiento de originó en 1999; en resumen, como la demanda se
radicó el 22 de septiembre de 2010, a la fecha de su presentación ya había
operado el fenómeno de la caducidad.

Además, aplicó la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección
Tercera de esta Corporación. En en esta se resolvió:

PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, en relación con la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad,
los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar
la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes
premisas: i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar
establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición
forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los
afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u
omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial; y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho
de acción.

Como puede verse ambos defectos -sustantivo y desconocimiento del precedente
están íntimamente ligados- en la medida que refiren sobre el punto de partida para
la contabilización de la caducidad.

Ahora bien, para la Sala la autoridad judicial accionada tampoco incurrió en el
defecto de desconocimiento del precedente jurisprudencial. Esto, porque la
37
“Artículo 47. CADUCIDAD. Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de
perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se
causó el daño o cesó la acción vulnerante del mismo”.

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declaratoria de la excepción de caducidad estuvo fundamentada en un estudio
razonable de la jurisprudencia que en ejercicio de su autonomía judicial consideró
que era la aplicable al caso concreto, sin que ello implique per se una irregularidad
o una arbitrariedad cuando da lugar a una decisión no favorable a las pretensiones
de la demanda.

Ahora bien, la Sección no considera arbitrario e irracional que el tribunal
demandado analizara si se había configurado la caducidad en el caso concreto,
pese a que se involucrara en el asunto un desplazamiento forzado, pues
justamente ello obedeció a la regla de unificación fijada por la Sección Tercera del
Consejo de Estado relativa a que en las acciones derivadas de graves violaciones
de derechos humanos sí opera el fenómeno de la caducidad, la cual fue acogida
por la Corte Constitucional en la SU-312 de 2020.

En este punto es importante señalar que a dicho criterio podía acudir el fallador de
segunda instancia dentro de la acción de grupo en la medida que estaba vigente
para la fecha en que se dictó la providencia en cuestión.38

Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado39 precisó que, por regla general,
el precedente se aplica en forma retrospectiva cuando las reglas o subreglas de
derecho fijadas cobijan trámites cuya solución está pendiente, tanto en vía
administrativa como judicial «salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».

A su vez, la Sección Tercera de esta Corporación40 aludió que las sentencias de
unificación cuentan con dicho carácter vinculante, así que los jueces «… deben
aplicar los criterios de unificación vigentes al momento de proferir sus
providencias, pues, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ello redunda en
una mayor coherencia del sistema jurídico y garantiza de mejor manera la
vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos».

Entonces, si bien la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 se profirió
después que los actores presentaron la acción de grupo –22 de septiembre de
2010–, lo cierto es que el carácter retrospectivo de éstas vincula a los jueces que
conocen del proceso que no ha hecho tránsito a cosa juzgada, por lo tanto, su
aplicación resultaba obligatoria para el tribunal accionado.

En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia y la
adicionará en el sentido de negar las pretensiones frente al defecto por
desconocimiento del precedente por las consideraciones expuestas.

38
En este mismo sentido se pronunció esta Sección, entre otras, en las sentencias de 2 de marzo de 2022,
rad. 11001-03-15-000-2022-05570-01, 25 de agosto de 2022, rad. 11001-03-15-000-2022-02074-01 y 30 de
marzo de 2023, rad. 11001-03-15-000-2023-01098-00.
39
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de 18, M.P.
César Palomino Cortés, rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ),
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de
30 de julio de 2021, M.P. Marta Nubia Velázquez Rico, rad. 05001-23-33-000-2018-01831-01(66941).

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 20 de febrero de
2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación
que negó el amparo por el defecto sustantivo respecto de los reproches contra la
sentencia del 25 de agosto de 2022 y declaró la improcedencia por falta de
relevancia constitucional frente a los reparos a los autos del 28 de octubre de 2022
y 1º de diciembre de 2022.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia del 20 de febrero de 2023 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación en el sentido de negar el
defecto por desconocimiento del precedente.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

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