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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06773-00

Fecha
3 de febrero de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06773-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06773-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

3 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06773-00
Actores: Beatriz Elena Acevedo y otros1
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / falta del cumplimiento del
requisito general de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los actores contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES
La solicitud

1. Los actores, obrando por medio de apoderado, presentaron solicitud de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 6 de diciembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 05001333300720140042501, vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

1 Jorge Iván Acevedo, María Acevedo y Lina Paola Carmona Acevedo.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06773-00
Actores: Beatriz Elena Acevedo y otros

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Los actores presentaron demanda contra la Nación - Fiscalía General de la
Nación, en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se
le declarara administrativamente responsable por los daños y perjuicios
ocasionados, como consecuencia de la privación injusta de la libertad, del que fuera
víctima Jorge Iván Acevedo.

4. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Medellín profirió sentencia
de primera instancia el 16 de agosto de 2017, accediendo parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de segunda instancia el
6 de diciembre de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el
Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, el dieciséis
(16) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo, el cual quedará así:

Como consecuencia de la anterior declaración SE CONDENA a LA NACIÓN –
FISCALÍA GENERAL DE L A NACIÓN al reconocimiento y pago de los perjuicios
morales causados a los demandantes así:

JORGE IVÁN ACEVEDO 27 SMLMV

MARÍA ACEVEDO 27 SMLMV

LINA PAOLA CARMONA ACEVEDO 13 SMLMV

BEATRIZ ELENA ACEVEDO 13 SMLMV

TERCERO: NO CONDENAR en costas […]”.

6. Consideró que:

“[…] Al respecto, se tiene que la captura del señor JORGE IVÁN ACEVEDO
supuestamente se dio en flagrancia, mientras se encontraba en una tienda, cuando
“los sujetos allí presentes botaron una bolsa negra, una vez vieron a los policiales”.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06773-00
Actores: Beatriz Elena Acevedo y otros

La Sala estima que en el presente caso no se efectuó un debido control por parte del
Fiscal n (sic) en relación con la inferencia razonable que el imputado pudiera ser
autor o participe de la conducta delictiva, pues de la forma en que se efectuó la
captura se encuentra que no se dieron los presupuestos de una verdadera captura
en flagrancia.

Tal y como se expuso en acápites anteriores, la captura en flagrancia es procedente
sólo si la persona es (i.) sorprendida al momento de cometer el delito, (ii.) sorprendida
o individualizada al momento de cometer el delito y aprehendida inmediatamente
después por persecución o voces de auxilio o (iii.) sorprendida y capturada con
objetos que permitan concluir que momentos antes ha cometido el delito o
participado en él.

En el caso bajo análisis, los tres supuestos quedan descartados en la medida que
como lo expuso el Juez Penal, encontrándose 3 sujetos dentro de un establecimiento
comercial y uno de ellos habiendo lanzado una bolsa negra, no puede derivarse que
los 3 hayan sido sorprendidos o individualizados con objetos que permitieran concluir
la comisión del delito, máxime cuando no se encontraban juntos, sino que se
encontraban allí realizando diferentes actividades, estando el señor JORGE IVÁN
tomando un refresco después de un día de trabajo, el señor ELKIN ARLEY
atendiendo el lugar y el señor WILFER ALBERTO SÁNCHEZ – quien posteriormente
acepta los cargos – practicando juegos de azar.

Tal y como lo ha indicado la H. Corte Constitucional, “no se configura la flagrancia
cuando ni siquiera es posible individualizar a la persona por sus características
físicas y tampoco cuando la persona es reconocida al momento de cometer el delito
pero es capturada mucho tiempo después”, lo que sucedió en el sub júdice, pues la
valoración de las pruebas en su conjunto permiten concluir que no hubo
individualización al momento de cometer el delito, la captura no se produjo con la
persecución y el capturado no fue encontrado con elementos que permitieran
concluir que había acabado de cometer el delito.

Estas consideraciones permiten concluir que para la captura efectuada fue ilegal,
pues no medio orden escrita de autoridad judicial competente, ni se dieron los
supuestos que facultan a las autoridades para efectuar capturas en flagrancia. De
esta manera, se evidencia una acción que compromete a la Policía Nacional en este
asunto – la misma que no fue vinculada -, a la Fiscalía por solicitar la legalización de
la captura y la imposición de medida de aseguramiento sin tener certeza sobre si la
captura en flagrancia desconoció los elementos constitucionales y legales y al Juez
de Control de Garantías – que no fue vinculado – que es la autoridad encargada de
impartir legalidad e imponer la medida de aseguramiento.

Del material probatorio debidamente allegado, esta Sala encuentra que la imposición
de medida restrictiva de la libertad no fue adecuada, proporcional o razonable, en
tanto, el fundamento de la misma lo fue una captura ilegal como inferencia razonable
de su autoría, sin que se hayan efectuado los controles adecuados que suponen la
restricción de la libertad de una persona.

También se tiene acreditado que la privación de la libertad se extendió desde el 12
de noviembre de 2010 hasta el 27 de octubre de 2011, conforme se lee a folio 40 del
expediente.

Por las razones expuestas, considera la Sala que acogiendo la postura
jurisprudencial de la Corte Constitucional, luego de evaluar las condiciones
particulares del caso, se encuentra una falla en relación con la privación de la libertad
a la que fue sometida el demandante, tornándose la misma como injusta,

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06773-00
Actores: Beatriz Elena Acevedo y otros

encontrándose acreditado el daño antijurídico, bajo el régimen de responsabilidad de
falla del servicio.

No obstante, no puede desconocer la Sala que en estos casos se encuentran
acciones que comprometen a la Policía Nacional y de la Rama Judicial que inciden
directamente en la determinación de la condena, pues pese a que las mismas no
fueron vinculadas en el caso bajo análisis, ello se debe a la omisión de la parte actora
en su vinculación […]”.

[…]

“[…] Pese a que en el caso bajo análisis el supuesto es diferente, esto es, no se
vinculó a la Policía ni a la Rama Judicial pero sí al acusador, el criterio axiológico es
el mismo, y en este sentido, la condena debe ser reducida teniendo en cuenta que
concurre un supuesto de captura ilegal y privación injusta en el que en el resultado
dañoso tuvo injerencia el actuar de otras entidades, pero como no se vinculó al
presente proceso y por tanto no se puede emitir condena en su contra sin violar su
derecho de defensa y debido proceso, sí debe tenerse en cuenta ello para efectos
indemnizatorios en contra de las demás autoridades.

De esta manera, teniendo en cuenta que la captura efectuada por la Policía Nacional
y la legalización que impartió el Juez, incidió en la privación de la libertad que se
extendió por 11 meses y 15, se reducirá la condena en un 66,66% por cada uno de
los perjuicios acaecidos.

La Sala encuentra que para la determinación de los perjuicios morales y materiales,
el Juez de Instancia acudió a lineamientos jurisprudenciales uniformes y claros, esto
es, (i) tuvo en cuenta los parámetros de unificación para privación injusta de la
libertad de acuerdo al tiempo de privación, (ii) verificó las calidades de parentesco
para la presunción de los perjuicios morales por consanguinidad, salvo en relación
con KEVIN ALEXIS MUÑOZ CARDOÑA, quien respecto de la víctima directa es
sobrino, esto es, está dentro del tercer grado de consanguinidad, por lo que la parte
actora debió desplegar actividad probatoria tendiente a probar esta relación afectiva
y el dolor padecido por el solicitante, sin que haya desplegado actividad probatoria
en este sentido, por lo que, conforme a lo señalado por la demandada, deben
negarse estos perjuicios.

De cara a lo ampliamente expuesto, debe señalarse que las condenas serán
reducidas en un 66.6%, por las razones ya expuestas.

Bajo tales consideraciones, esta Sala de decisión modificará la sentencia apelada
[…]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:

“[…] Señor juez: con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones
expuestas, le solicito lo siguiente:

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06773-00
Actores: Beatriz Elena Acevedo y otros

1. Que el Juez de Tutela considere que los accionantes son personas en estado de
debilidad manifiesta y sujetos de especial protección.

2. TUTELAR en favor de los accionantes los derechos constitucionales fundamentales
involucrados y que les fueron vulnerados por la vía de hecho en que se incurrió en la
sentencia impugnada.

3. Como consecuencia de lo anterior, se deje parcialmente sin valor y efecto la
sentencia No. 349 de fecha 6 de diciembre de 2022 producida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia (Sala Tercera de Oralidad), dentro del proceso de
reparación directa, Radicado No. 05001333300720140042501.

4. Se ordene, por consiguiente, a la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia proferir un nuevo fallo respetándose el precedente judicial
y dando cumplimiento a los lineamientos que este juez de tutela determine […]”.

8. Los actores en su escrito de tutela señalaron que el Tribunal Administrativo de
Antioquia incurrió en un i) defecto procedimental por desconocimiento del principio
de incongruencia, en la ii) causal de decisión sin motivación, en un iii) defecto
sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas y iv) en un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 12 de enero de 2023; i) admitió la
acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
de Antioquia; y iii) vinculó al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de
Medellín y a la Nación – Fiscalía General de la Nación, en calidad de terceros con
interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe
sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Medellín adujo que:

“[…] Se recibió en este despacho, a través de correo electrónico notificación del
auto admisorio de la acción de tutela interpuesta por la señora BEATRIZ ELENA
ACEVEDO Y OTROS en contra del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA,
tramite en el que se decidió la vinculación de esta agencia judicial.

En dicha decisión, se nos concediendo (sic), el término de tres días para rendir
informes y/o allegar los documentos que pretendiéramos hacer valer como pruebas.

De acuerdo a lo anterior, precisa el despacho, que la primera instancia del proceso
con radicado 05001-33-31- 007-2014-00425-01, culminó a través de la sentencia
fechada del 16 de agosto de 2017, decisión que fue apelada y por concerniente

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Actores: Beatriz Elena Acevedo y otros

enviada al Tribunal Administrativo de Antioquia para lo de su competencia, el 9 de
febrero de 2018 […]”.

11. El Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que:

“[…] En el presente caso, advierte la suscrita que no se satisfacen los presupuestos
de procedibilidad, en tanto la tutela no puede convertirse en una tercera instancia
para las decisiones judiciales.

Adicional a ello, no se vislumbra que en la decisión emitida por esta Corporación se
configure un defecto orgánico, procedimental, fáctico, material, un error inducido,
una decisión que carezca de motivación, desconocimiento del precedente o
violación directa de la Constitución, pues al contrario estima de forma respetuosa
que la providencia fue proferida con observancia del debido proceso, con
competencia para decidir el asunto y aplicando la normativa vigente […]”.

12. La Fiscalía General de la Nación expresó que:

“[…] Sirvan los argumentos hasta aquí expuestos, para demostrar a su Despacho
que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno a los accionantes, y que, en
todo caso, la tutela impetrada a través de apoderado es a todas luces improcedente,
razón por la cual se solicita respetuosamente se despachen desfavorablemente las
pretensiones invocadas, por cuanto no se cumplen las causales generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, así como tampoco
se cumple con el requisito de subsidiariedad y no se vulnera el precedente judicial
[…]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción
de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del
Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas
para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
2019.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06773-00
Actores: Beatriz Elena Acevedo y otros

públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

15. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de la subsidiariedad.

16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente
a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

17.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
2

acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

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Actores: Beatriz Elena Acevedo y otros

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

18. Esta Sección adoptó3 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
4

los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”5 que encaje en dichos parámetros.

21. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
4 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

5 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.

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Actores: Beatriz Elena Acevedo y otros

22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 . 6

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

23. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
subsidiariedad.

Acerca del requisito de agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales

24. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos 86
superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 7, indica que la
solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su
procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

25. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir
la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un
perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto que dichos
mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los derechos
fundamentales.

26. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional8:

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
7 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
8 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06773-00
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“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 20099 precisó al menos
cuatro razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es
fundamental para determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales:

“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez
que recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una
jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia.
Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último
recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se
desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega
el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve
el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la
decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá
que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo
interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.

En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la
cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.

Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las
etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio
de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en
lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la
sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal
como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es
admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso,
pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas
necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que
puedan afectarle.

Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están
pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro
recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a
derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica.”

7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial
y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito

9 Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el

mismo sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la
jurisdicción contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio
de defensa judicial.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06773-00
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de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez
natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii) la
protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.

27. En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra
providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y
extraordinarios.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

28.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

29.Atendiendo a que, la Corte Constitucional10 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

10 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

30.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

31.Atendiendo a que, la Corte Constitucional11 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Análisis del caso concreto

32. Los actores, obrando por medio de apoderado, presentaron solicitud de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 6 de diciembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 05001333300720140042501, vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

33. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

11 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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Actores: Beatriz Elena Acevedo y otros

34. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas
en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas
jurídicos planteados por los actores en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

35. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

35.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, el 6 de diciembre de 2022.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de subsidiariedad

36. Los actores en su escrito de tutela señalaron que la autoridad judicial accionada
incurrió en la i) causal de decisión sin motivación y en un ii) defecto procedimental
por desconocimiento del principio de congruencia. En ese orden de ideas, adujeron
que:

“[…] En el fallo de segunda instancia que se impugna tampoco se dio explicación o
motivación que permitieran entender por la proporción asignada a la POLICIA
NACIONAL como entidad no mencionada como imputable ni en la demanda, ni en la
defensa, ni en la sentencia de primera instancia NI EN LA APELACION DE ESTA
SENTENCIA.

13. EL OBJETO DE LA APELACIÓN era sólo para definirse si respondía o no la
Fiscalía, pero no asignarle SOLO UNA PROPORCION DE LA CONDENA porque
ninguna otra entidad estaba respondiendo ni siendo juzgada dentro de esta litis y, una
vez resuelto que la Fiscalía sí respondía como ocurrió, lo único que cabía era reducir
la condena que había sido fijada para un sobrino lo cual cabía porque ese perjuicio,
sólo ese, realmente no se probó. Y ESTO MISMO FUE LO QUE SE PUEDE
OBSERVAR EN EL ACAPITE del fallo de segunda instancia denominado
“PROBLEMA A RESOLVERSE”

14. Sin ningún fundamento ni legal ni jurisprudencial, y sin ser el objeto ni el problema
jurídico para resolverse en la apelación, a la demandada que debía responder por el
100% de la reparación de los acá accionantes, se le redujo la condena de reparación
en un 66% al involucrar unas entidades jurídicas que no hicieron parte del proceso de
reparación directa […]”.

[…]

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“[…] PRIMERO: La actuación del Tribunal accionado violó incurrió en una vía de
hecho como quiera que se omitió la aplicación del artículo 2344 del Código Civil e
ignoró varias decisiones que los tribunales administrativos de varias jurisdicciones y
el mismo Consejo de Estado habían proferido en casos similares y en los cuales se
ha determinado que en caso como este la responsabilidad es solidaria. En fallos
precedentes se ha declarado patrimonial y solidariamente responsables a las
entidades demandadas, pero sin tasarse algún porcentaje en específico para cada
una, por lo mismo, en virtud de que cada entidad debe responder por la reparación
integral o el 100% de los perjuicios a elección de los demandantes o beneficiarios; y
es la misma razón por la que en fallos donde se ha condenado de manera solidaria a
la Fiscalía y a la Rama Judicial lo ha sido sin asignar ningún porcentaje a cada entidad
en condena como acá se hizo, es decir, que cada una debe responder por el 100%
de la indemnización si de esa manera se quiere ejecutar o cobrar la condena.

Entre otras, las siguientes sentencias:

• Sentencia Nº 50001-23-31-000-2009-00235-01 Del Consejo De Estado (Sección
Tercera Subsección C) Del 18-06-2021
• Sentencia 11001-33-31-034-2008-00190-01 Del Consejo De Estado (Sección
Tercera Subsección B) Del 28-08-2020
• Sentencia del Consejo de Estado de fecha veinticinco (25) de julio de dos mil
diecinueve (2019) Radicación número: 07001-23-31-000-2009-00057- 01(54760)
[…]”.

[…]

“[…] Para este caso se viabiliza la protección porque un operador judicial decidió un
conflicto desconociendo el ordenamiento vigente, lo que conlleva a una vulneración
de los derechos fundamentales de una de las partes, para este caso los
demandantes. Constituye el fallo una vía de hecho porque no se tuvo en cuenta la
norma 2344 del Código Civil se ha aplicado en temas de responsabilidad como el que
nos ocupa y la cual faculta a que en caso de considerar que hay varias entidades
involucradas en un daño antijurídico los perjudicados pueden optar por demandar a
varias de ellas, pero con la facultad también de perseguir el pago del 100% en cabeza
de una sola, o demandar sólo a alguna de ellas para que responda por el 100% de la
reparación […]”.

[…]

“[…] SEGUNDO: Se violó la norma 281 del Código General del Proceso porque La
sentencia de segunda instancia no estuvo en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas
si así lo exige la ley.

No fueron demandadas ni la Policía Nacional ni la Rama Judicial y, como se evidenció
en el hecho séptimo de esta tutela, en la excepciones de mérito no fue mencionada
la Policía Nacional como tampoco fue mencionada LA POLICIA NACIONAL en la
apelación.

La decisión judicial DE REDUCIR EN UN 66% LA CONDENA IMPUESTA POR EL
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA es contraria a la Constitución y a la Ley y además
se desconoció la obligación de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza del proceso
y según las pruebas aportadas al mismo, porque pruebas de donde aferrarse para
realizar esta reducción no había; La falta de argumentación (capricho) y la

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discrecionalidad interpretativa desbordaron en perjuicio de los derechos
fundamentales de los accionantes.

TERCERO: En todo caso en este proceso se decidió no vincular ni a la Policía Judicial
ni a la Rama Judicial por economía procesal y en atención a que en multiplicidad de
fallos para casos similares se exoneraba a dichas entidades y se imputaba
responsabilidad sólo a la Fiscalía General de la Nación atendiéndose precisamente a
la forma como se encuentra estructurado el nuevo sistema penal acusatorio.

CUARTO: El fallo de segunda instancia impugnado adjudicó unos porcentajes a unos
demandados que ni siquiera participaron en el proceso de reparación directa; no
aplicaba el inciso 4 del artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo porque este se aplica cuando se decide demandar a
varias entidades públicas lo cual no fue el caso.

QUINTO: Las dos peticiones principales de la Fiscalía en su apelación eran que se
analizara las actuaciones de las diferentes autoridades que participaron en el proceso
penal y que se determinara si la indemnización era también para el sobrino del señor
Jorge o no, pero si los Magistrados accionados fallaron en atención a esto, lo primero
que debieron tener en cuenta es que la Policía Nacional tampoco participó en el
proceso penal para no haberle adjudicado ningún porcentaje de participación de
responsabilidad a la Policía para rebajárselo a la Fiscalía.

SEXTO: Fue una decisión arbitraria y SIN MOTIVACIÓN por parte de entidad
accionada el favorecer a la entidad demandada imputando el resto de la
responsabilidad a una entidades que no estaban demandadas y por tanto no pudo
hacer mención ni siquiera a la causación de éstas con relación al daño pues en
ninguna de las etapas del proceso de reparación se dijo, se hizo o se probó al
respecto, tanto así que tampoco expresó el porcentajes concretos por el que
supuestamente debían responder la Policía o la Rama Judicial y los cuales no podían
ser en el mismo grado; tampoco contaban los magistrados intervinientes con
información o prueba para adjudicar porcentajes o grados de responsabilidad de
entidades no demandadas ni intervinientes porque fiscalía no los llamó en garantía,
no denunció el pleito ni nada similar. Esto es dar probado unos hechos sin que existan
pruebas de los mismos […]”.

[…]

“[…] SEPTIMO: Tampoco estuvo la sentencia de segunda instancia fundada en
ninguna de las excepciones propuestas por la parte demandada como se evidencia
en el hecho 7 de esta tutela; el hecho de un tercero estuvo relacionado con quien
haya puesto la denuncia, y la falta de legitimación en la causa y el rompimiento del
nexo causal tenían que ver con la intención de adjudicar responsabilidad a la Rama
Judicial para exonerarse de responsabilidad concretamente por la privación injusta de
la libertad del accionante, pero ninguna de estas excepciones prosperó ni en primera
ni en segunda instancia; A LA FISCALIA NO LE PROSPERÓ NINGUNA EXCEPCION
y tampoco SE ENCONTRÓ PROBADA NINGUNA. OCTAVO: Como fue también
arbitrario que no se condenara en costas en segundo instancia cuando sí hubo una
parte vencida Y COMO SI el extenso tiempo de espera de un fallo de segunda
instancia no significara nada. COSTAS NO HUBO PORQUE GASTOS NO HUBO,
PERO SIEMPRE DEBE HABER CONDENA DE AGENCIAS EN DERECHO LAS
CUALES SE RECONOCEN INCLUSO SI ES EL DEMANANTE EL QUE SE
DEFIENDE EN CAUSA PROPIA.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, dentro de la
sentencia el Juez deberá pronunciarse sobre la condena en costas, cuya liquidación
y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […]”.

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37. Ahora bien, frente a la causal de proferir una sentencia sin motivación y el
desconocimiento del principio de congruencia, esta Sección considera que no se
cumple con el requisito general de la subsidiariedad, toda vez que los actores
cuentan con otro medio de defensa judicial para controvertir la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, esto es el recurso extraordinario de
revisión.

38. En efecto, esta Corporación12 se pronunció en relación con la causal de nulidad
originada en la sentencia, como causal de procedencia del recurso extraordinario
de revisión, señaló:

[…] IV. La nulidad originada en la sentencia como causal de revisión

La nulidad originada en la sentencia, como causal de revisión, está instituida para
atacar las irregularidades procesales generadas en ella, ya que se trata de un
acto jurídico sujeto al cumplimiento de precisas ritualidades que de ser desoídas y
“ante la improcedencia de recursos ordinarios contra ella subsistirían
groseramente”13.

Para la configuración de esta causal, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
señalado algunos requisitos. El primero es que el vicio se presente en la
sentencia y no durante el trámite del proceso, pues en tal caso debe alegarse
por el interesado durante las oportunidades previstas en el artículo 140 del C.P.C.,
“sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al juez de declarar de
oficio las nulidades insaneables que observe antes de dictar sentencia”14.

La regla precedente no excluye, claro está, “la posibilidad de alegar como nulidad
originada en la sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento anterior a la
emisión del fallo definitivo no apelable, no pudo ser advertida por el recurrente
durante el curso del proceso”15.

En este último caso, sin embargo, como también lo ha advertido la Sala Plena de
esta Corporación, “el afectado tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad
de proponer la nulidad. De lo contrario, la causal de revisión se convertiría en un
mecanismo para que las partes subsanen las omisiones en el proceso ordinario y
aleguen nulidades que pudieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo
142 C.P.C.”16.

El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, Sentencia del

5 de abril del 2016, número único de radicación: 11001 03 15 000 2008 00320 00. C.P. Danilo Rojas Betancourt.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de abril de 1999, expediente 6390, C.P. Carlos Arturo

Orjuela Góngora, reiterada en las sentencias de 17 de abril de 2013, expediente 1164-08, C.P. Gustavo Gómez
Aranguren y de 20 de octubre de 2009, rad. 2003-00133-00(REV), C.P. Enrique Gil Botero.
14 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de marzo 2 de 2010, rad. 2001-0091-01. C.P. Mauricio Torres

Cuervo, reiterada en las sentencias 15 de mayo de 2014, rad. 2004-01432-01(18740), C.P. Hugo Fernando
Bastidas y de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez.
15 Ibíd.
16 Consejo de Estado. Sala Plena, sentencia de agosto 6 de 2013, rad. 2009-00687-00, C.P. Hugo Fernando

Bastidas Bárcenas, reiterada en la sentencia de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00 (REV), C.P. Jorge
Octavio Ramírez.

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insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta Corporación ha
identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la sentencia17:

Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por desistimiento,
transacción o perención, porque revive un proceso legalmente concluido.

Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.

Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma de más
o menos jueces de los requeridos legalmente.

Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin motivación;
(ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda
o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un
tercero que no fue vinculado al proceso […]” (Resalta la Sala)

39. De igual, esta Sección18 al resolver un asunto en el que se discutía el
desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia, señaló:

“[…] En efecto de acuerdo con la decisión adoptada por la Sala 22 Especial de
Revisión de esta Corporación19, y acogida por esta Corporación en posteriores
providencias20, el desconocimiento del principio de congruencia da lugar a la nulidad
originada en la sentencia, situación que se encuentra prevista como una de las
causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en los términos
del numeral 5º del artículo 250 del CPACA.
Señala la providencia en mención lo siguiente:

“[…] 2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de
nulidad de la sentencia

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala
Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo
188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la
sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le
condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra
los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se
alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 11 de mayo de 1998, rad.

REV-093; de 18 de octubre de 2005 rad. 2000-00239, de 20 de octubre de 2009, rad. REV-2003-00133; y de
sentencia de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00 (REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez; Sección Segunda,
Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre
de 2009, rad. 2006-00123.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de

2018, número único de radicación 11001 03 15 000 2017 03037 00, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 2 de febrero de

2016, número único de radicación: 11001-03-15-000-2015-02342-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 4 de octubre de

2017, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-02229-00(AC), C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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implica una actuación sin competencia.
[…]
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la
causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes
6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se
puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la
congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre
en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que
la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de
cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos
frente a los cuales no se podía pronunciar […]”.

40. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, con fundamento en la
jurisprudencia citada supra, existen en el caso sub examine otros mecanismos de
control judicial para garantizar la protección de los derechos de los actores al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, como lo es el recurso
extraordinario de revisión, previo al cumplimiento de los requisitos legales, para
controvertir lo decidido en la sentencia, respecto a la causal de decisión sin
motivación y el desconocimiento del principio de congruencia, antes de acudir a la
acción de tutela. En esa medida, la Sala declarará la improcedencia de la tutela
como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Estudio del perjuicio irremediable

41. Ahora bien, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.

42. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la acción
de tutela ha dicho la Corte Constitucional21:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha de
ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo
para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación
jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas
éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la
inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del
caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es,

21 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación
de un daño antijurídico irreparable22[…]”.

43. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
Del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que los actores se
encuentren en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.

44. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que en el presente
caso no se cumplió con uno de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, dado que los actores debieron haber presentado el recurso
extraordinario de revisión.

Conclusiones de la Sala

45. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala procederá a declarar improcedente la acción de tutela por
falta del cumplimiento del requisito de agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios, dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales, toda vez que i) quedó plenamente acreditado en el presente caso, que
los actores contaban con otro mecanismo para garantizar la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, como lo era, el recurso extraordinario de revisión y, además, ii) la acción de
tutela no procedía como mecanismo transitorio, teniendo en cuenta que no se
configuró la existencia de un perjuicio irremediable.

22 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

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Actores: Beatriz Elena Acevedo y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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