República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00001-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
16 de febrero de 2023
1
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04951-00
Demandante: Jaime Hernando Zea Giraldo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00001-00
Demandante: Jaime Hernando Zea Giraldo
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión
Laboral y otro
Temas: Tutela contra decisión proferida en proceso disciplinario seguido
contra empleado de la rama judicial / ejercicio de la función
administrativa del superior jerárquico del servidor / incumple
requisito de subsidiariedad
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Jaime Hernando Zea Giraldo
contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, y
el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, Risaralda, por la expedición de
las providencias del 23 de noviembre de 2022 y 28 de enero de igual anualidad,
respectivamente, dentro del proceso disciplinario acumulado radicados 66170 4004
001 2019 00004 y 66170 40004 0001 2019 00005.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Jaime Hernando Zea Giraldo, en nombre propio, promovió demanda en orden
a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y móvil
y a la estabilidad laboral.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se dejen sin efectos las sentencias
disciplinarias del 28 de enero y 23 de noviembre de 2022, proferidas por el Juzgado
Primero Penal Municipal de Dosquebradas, Risaralda, y el Tribunal Superior de Distrito
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04951-00
Demandante: Jaime Hernando Zea Giraldo
Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, y se «tomen las medidas del caso»,
necesarias para amparar sus derechos fundamentales.
1.1.2. Los hechos
El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) El 17 de septiembre de 2019, el secretario del Juzgado Primero Penal Municipal
de Dosquebradas, mediante informe, puso en conocimiento supuestas omisiones
cometidas por el accionante en el cargo de notificador grado 3 de ese despacho
judicial, el día 12 de igual mes y año.
ii) El 20 de septiembre de 2019, la Jueza Primera Penal Municipal de
Dosquebradas, ordenó iniciar investigación disciplinaria preliminar 66170 4004 001
2019 00004 00 (en adelante 2019-0004), para establecer la presunta irregularidad en
la conducta del señor Zea Giraldo y fijó fecha para escucharlo en versión libre el 7 de
enero de 2020.
iii) El 31 de octubre de 2019, el empleado fue requerido para que explicara la
ausencia del lugar de trabajo durante los días 29, 30 y 31 de igual mes y año, empero,
este guardó silencio; por lo que «[s]urtidas las notificaciones sin que el implicado
compareciera o expresara las razones de las faltas, mediante Resolución No. 021 (sic)
del 06 de noviembre de 2019, la titular para la época, la doctora Diana Lorena Álzate
Cifuentes, resolvió retirar del servicio de citador temporal (sic) a partir del 07 de
noviembre de 2019 por abandono del cargo de Citador Grado 3 (sic) e informar al
Consejo [Seccional de la Judicatura]» y, a través de la Resolución 022 del 6 de
noviembre de 2019 nombró a Laura Valentina Cárdenas Vélez, para desempeñar
dicho empleo en provisionalidad, desde el 7 de noviembre de 2019. El 9 de diciembre
del año en mención, debido a las recurrentes inasistencias sin justificación del
accionante se ordenó la apertura de la investigación disciplinaria 66170 4004 001 2019
00005 00 (en adelante 2019-00005), por la posible incursión en falta gravísima.
iii) El 14 de enero de 2020, se aperturó la investigación disciplinaria 2019 00004
ante la posible incursión en una falta gravísima por abandono injustificado del cargo,
función o servicio, en virtud del numeral 55, articulo 48 de la Ley 734 de 2002.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04951-00
Demandante: Jaime Hernando Zea Giraldo
iv) Mediante auto del 9 de marzo de 2020, la titular del Juzgado Primero Penal
Municipal de Dosquebradas, dispuso acumular a la investigación descrita en el
numeral anterior, la seguida bajo el radicado 2019 00005.
v) El 8 de octubre de 2020, fue formulado el pliego de cargos en contra del
empleado investigado por presunta responsabilidad en el incumplimiento de los
deberes consagrados en los artículos 153 numerales 1, 2, 7 y 8 de la Ley 270 de 1996,
34 numerales 1, 2, 7 y 11, y 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, incurriendo en falta
gravísima a título de dolo, en virtud de los artículos 23 y 48 numeral 55 ibídem.
vi) El 28 de enero de 2022, el titular del Juzgado Primero Penal Municipal de
Dosquebradas para la época, resolvió «[s]ancionar al señor Jaime Hernando Zea
Giraldo, quien ocupaba el cargo de Notificador Grado 3, en propiedad en el despacho,
con inhabilidad general por cinco (5) años y de ser el caso, su exclusión de escalafón
o carrera, por haber incurrido de manera gravísima a título de dolo». (sic en toda la
cita). Decisión que fue confirmada el 23 de noviembre de 2022, por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Pereira, Sala de decisión Laboral.
1.1.3. Los defectos invocados
En sentir del accionante, las providencias del 28 de enero y 23 de noviembre de 2022
proferidas por el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, Risaralda, y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral,
respectivamente, incurrieron en los defectos procedimental absoluto, defecto fáctico,
decisión judicial sin motivación, y violación directa de la Constitución, en atención a las
siguientes circunstancias:
i) Defecto procedimental: se presenta en atención a que en el trámite de la primera
instancia, se pretermitió la etapa de alegatos de conclusión,1 circunstancia que no
encuentra respaldo en lo manifestado por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Pereira, Sala Laboral, al asegurar que «estas inobservancias a lo sumo, conllevarían
1 Etapa que se encuetra prevista en el numeral 8o del articulo 82 de la Ley 734 del año 2002, y una
garantía legal y constitucional que debió ser observada por quien adelantó la actuación disciplinaria en
los terminos del articulo 169 de la derogada Ley 734 del año 2002.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04951-00
Demandante: Jaime Hernando Zea Giraldo
a una falta disciplinaria del servidor público encargado de adelantar la actuación
disciplinaria». Adicionalmente, los términos procesales para desarrollar la etapa de
investigación a partir del auto que le dio apertura formal, fueron desacertados,2 que
para el caso del trámite 2019-0004, fue de 24 meses y 14 días, y para el radicado
2019-0005 transcurrieron 25 meses y 18 días, desde dicha providencia; máxime
cuando no existe constancia en el plenario que justifique su inobservancia.
ii) Defecto fáctico por indebida valoración probatoria «(i) Ante el supuesto
conocimiento de hechos citados por la titular del despacho en la página 5 de la
Resolución 021 del 6 de noviembre del año 2019, ésta omitió hacer uso alguno de la
facultad oficiosa contenida en los artículos 128 y 129 de la Ley 734 de 2002, con la
cual se hubiera recaudado prueba que diera cuenta de un eximente de responsabilidad
a favor del investigado (ii) Con la declaración del secretario del despacho no se logran
acreditar los hechos que fueron objeto de sanción en el tramite disciplinario con
radicado No 2019-0005 y con las constancias secretariales en mención, no se logran
acreditar circunstanciadamente los supuestos fácticos en los que se originó la falta
(sic) disciplinaria pregonada para el día 12 de septiembre del año 2019 en la
investigación tramitada bajo el radicado No 2019-0004, además de que éstos
documentos por sí solos carecen de valor probatorio y no fueron decretados como tal
en el auto de formulación de investigación disciplinaria para éste último radicado, (iii)
Por cuanto la resolución No 021 del 6 de noviembre del año 2019, no constituye prueba
alguna en contra de mi representado y no fue decretada como tal en los autos de
apertura de investigación disciplinaria, porque en tal sentido son documentos
emanados de la parte que contaba con potestar (sic) disciplinaria y carecen de valor
probatorio».
iii) Decisión Judicial sin motivación: comoquiera que, a lo largo de la sentencia, no
se hace una exposición clara, fundamentada y probada de los criterios tenidos en
2 Al respecto explica la parte accionante lo siguiente: «El artículo 156 de la Ley 734 del año 2002, alude
a que el termino para adelantar la investigación disciplinaria será de 12 meses y se podrá extender
hasta 18 meses contados a partir de la decisión de apertura de la investigación, (en ningún aparte
normativo se dice que desde la fecha en que se deciden acumular varios trámites disciplinarios), en
casos como el que nos ocupa; pero lo cierto es que no obra auto de prórroga de competencia, por lo
que aquel término se deberá entender por 12 meses, no obstante en caso de insistirse en los 18 meses,
se debe tener en cuenta que éstos igualmente fueron superados bajo el computo objetivo de aquellos».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04951-00
Demandante: Jaime Hernando Zea Giraldo
cuenta para la graduación de la sanción, en atención a que el accionante no
presentaba antecedentes disciplinarios, así como la observancia de los cánones
normativos contenidos en el artículo 47 de la Ley 734 del año 2002.
i) Violación directa de la Constitución, teniendo en cuenta que para cuando fue
proferida la sentencia del 23 de noviembre de 2022, se encontraba vigente la Ley 1952
de 2019 y derogada la Ley 734 de 2002 y, por tanto, los aspectos recurridos no fueron
resueltos y sustentados con fundamento en la norma en vigor, se quebranta el artículo
29 Superior; además se desconoció este derecho al obviar el principio de favorabilidad
que resultaba aplicable, en relación con la graduación de la sanción, la falta de
motivación respecto a la decisión que se adoptó en primera instancia y lo preceptuado
en el artículo 55 de la primera ley mencionada, que prevé una ausencia sin justificación
en la función, cargo o servicio del empleado de 5 días.
1.2. Actuación Procesal
1.2.1. La presente acción de tutela inicialmente fue repartida a la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, la cual, mediante auto del 13 de diciembre de 2022,
ordenó remitirla por Competencia al Consejo de Estado.
1.2.2. El 18 de enero de 2023, fue admitida la acción de tutela y, se dispuso, a) notificar
como demandados a los magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pereira, Sala Laboral, y al juez primero penal municipal de Dosquebradas, Risaralda,
quienes conocieron de la investigación disciplinaria con radicado 66170 40 04 001
2019 00004 00 [01]; b) comisionar a dicha autoridad colegiada para que: i) notificara
del presente trámite constitucional a todas las personas que intervinieron dentro del
proceso en mención, a excepción del accionante y ii) remitiera el respectivo expediente
digital y, por último c) no decretar las medidas provisionales solicitadas.
1.3. Contestaciones a la acción de tutela
1.3.1. Del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión
Laboral
EL magistrado Germán Darío Gómez Vinasco, como ponente de la decisión
cuestionada informó que la sentencia del 23 de noviembre de 2022, que confirmó lo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04951-00
Demandante: Jaime Hernando Zea Giraldo
resuelto por el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, Risaralda, dentro
del expediente disciplinario seguido en contra del señor Jaime Hernando Zea Giraldo,
se encuentran los fundamentos de hacho y de derecho que le sirvieron de sustento.
1.3.2. Del Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, Risaralda
La titular del despacho, Dra. Olga Lucía Sanz Díaz3, requirió que se declare
improcedente la presente solicitud de amparo, al no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, comoquiera que al revisar el expediente disciplinario seguido contra el
señor Jaime Hernando Zea Giraldo, evidenció que, pese a que desde el principio el
disciplinado tuvo conocimiento de todas las etapas surtidas dentro del trámite y se le
permitió participar activamente, asumió una posición pasiva y solo hasta que fue
notificado de la decisión sancionatoria, interpuso recurso de apelación, cuyos
argumentos de sustentación, «nada tienen que ver con los alegatos mostrados en el
escrito de tutela»; por lo tanto, no cumple con la exigencia de procedencia antes
mencionada, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia
SU 121 de 2021.
1.3.3. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, en cumplimiento de lo
ordenado en la providencia del 18 de enero de 2023 por el despacho sustanciador,
notificó la admisión del presente trámite tutelar, a las siguientes personas, en calidad
de terceros con interés: Laura González Echeverry, Diana Lorena Álzate Cifuentes,
Pedro Alejandro Farfán Amaya, Carlos Alberto Sánchez, Laura Valentina Cárdenas
Vélez y César Augusto Román; sin embargo, estos guardaron silencio durante el
término del traslado.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela de acuerdo con
lo previsto en el inciso segundo del numeral 8.º del artículo 1.º del Decreto 333 de
2021, que modifica el artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015,1 según el cual:
3La jueza pone de presente que funge como titular del Juzgado Primero Penal Municipal de
Dosquebradas, Risaralda, desde el 23 de enero de 2023.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04951-00
Demandante: Jaime Hernando Zea Giraldo
«Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas, para su conocimiento en
primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolverá
por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.
Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados
judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento
corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de
acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que
pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el
conocimiento corresponderá a la jurisdicción ordinaria. En los demás casos de tutelas
promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela serán
conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la acción de tutela resulta
procedente para conocer de la solicitud de suspensión de los efectos jurídicos de las
providencias disciplinarias proferidas por el Juzgado Primero Penal Municipal de
Dosquebradas, Risaralda, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala
de Decisión Laboral, el 28 de enero de 2022 y 23 de noviembre de igual anualidad,
respectivamente, dentro del proceso disciplinario radicado 66170 4004 0001 2019
00004 00 [01] (acumulado con el 66170 4004 001 2019 00005); por medio de las
cuales se declaró disciplinariamente responsable al señor Jaime Hernando Zea
Giraldo, en el cargo de citador grado 3 en propiedad, adscrito al Juzgado Cuarto Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira, por la comisión de falta
gravísima a título de dolo, y lo sancionó con inhabilidad general por cinco años, y de
ser el caso, su exclusión de escalafón o carrera judicial.
,
En caso negativo se analizará, en segundo lugar, si el accionante acreditó la
presencia de un perjuicio irremediable que avale la intervención del juez constitucional.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela es un medio de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04951-00
Demandante: Jaime Hernando Zea Giraldo
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este
mecanismo de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones
ordinarias que se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se
pueden pasar por alto.
Por ello, el artículo 6.º, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
La jurisprudencia de la Corte Constitucional reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.
2.4. Hechos probados
De conformidad con los elementos de juicio que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 28 de enero de 2022, el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas,
Risaralda, profirió sentencia disciplinaria, dentro de las investigaciones acumuladas
de esa naturaleza 2019-0004 y 2019-0005, seguidas contra el señor Jaime Hernando
Zea Giraldo, «quien ostentaba la calidad de Notificador Grado 003 (sic) de este
despacho judicial», en la que resolvió sancionarlo con inhabilidad general de 5 años y,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04951-00
Demandante: Jaime Hernando Zea Giraldo
«de ser el caso, su exclusión del escalafón o carrera, por haber incurrido de manera
gravísima bajo la modalidad a título de dolo» (sic) por abandono injustificado del cargo.
Consideró el operador disciplinario de primera instancia que los documentos allegados
al plenario daban cuenta del abandono injustificado del cargo del servidor judicial
durante seis días consecutivos, como las constancias de los funcionarios que trataron
de ubicarlo para que explicara la razón de su inasistencia al lugar de trabajo y el dicho
de la defensora de oficio que indicó que tampoco pudo localizarlo para obtener su
versión de los hechos; en consecuencia, cometió una falta gravísima a título de dolo,
lo que conllevaría a la destitución del cargo; no obstante, como ya había sido retirado
del servicio a través de la Resolución 021 del 6 de noviembre de 2019, solo resultaba
posible imponer sanción de inhabilidad general por el término de 5 años para ocupar
cargos públicos por incurrir en la conducta descrita en el numeral 2 del artículo 154 de
la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo establecido en el numeral 55 del artículo
48 de la Ley 734 de 2002.
2.4.2. Inconforme con la anterior decisión, el 15 de febrero de 2022, el accionante
interpuso recurso de apelación, en el que expuso el desconocimiento de garantías
procesales en cuanto a los términos previstos en el ordenamiento jurídico para el
trámite de la investigación disciplinaria y la falta de motivación para la graduación de
la sanción.
2.4.3. Dicho recurso fue resuelto por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira,
Sala de Decisión Laboral, a través de sentencia proferida el 23 de noviembre de 2022,
en la que confirmó lo resuelto por el a quo, en cuanto q que declaró disciplinariamente
responsable al señor Jaime Hernando Zea Giraldo, en su condición de citador grado 3
en propiedad, adscrito al Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, al
encontrarlo autor de comisión de la falta disciplinaria gravísima a título de dolo, prevista
en el artículo 48, numeral 55 de la Ley 734 de 2002, por haberse ausentado
injustificadamente por seis (6) días de su cargo, y en virtud de lo cual, se le impuso
como sanción inhabilidad general por cinco (5) años y de ser el caso, su exclusión de
escalafón o carrera; al no evidenciar mora o tardanza en las etapas del proceso
disciplinario ni la presencia de irregularidad sustancial que haya desconocido el debido
proceso; aunado a que el despacho judicial cumplió con la obligación de motivar el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04951-00
Demandante: Jaime Hernando Zea Giraldo
fallo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 de la Ley 734 de 2022 y concluyó
finalmente que:
«En ese sentido, de la evidencia es posible determinar sin lugar a dudas que el señor
Jaime Hernando Zea Giraldo se ausentó de sus funciones por más de tres (3) días
consecutivos sin que mediara excusa o justificación que le exonerara de responsabilidad
alguna, lo cual, obviamente afectó el servicio de la administración de justicia del Juzgado,
pues dada la importancia del cargo que ostentaba el disciplinado y la necesidad de llevar
a cabo sus funciones como notificador de un juzgado penal, la titular se vio en la
obligación de iniciar el proceso administrativo para nombrar, provisional y luego
permanentemente, a otro empleado en el cargo en cuestión.
El comportamiento del disciplinado es a todas luces de carácter doloso, pues de las
comunicaciones con la juez y demás empleados del despacho, y ante el silencio a los
numerosos requerimientos y notificaciones efectuadas, dan cuenta de la plena
conciencia del actor en su conducta y las consecuencias de la misma; máxime cuando
ni si quiera se preocupó por reintegrarse a su lugar de trabajo en ningún momento».
2.4.4. De acuerdo con el acta de posesión suscrita el 31 de octubre de 2022, el señor
Jaime Hernando Zea Giraldo, tomó posesión del cargo de oficial mayor o sustanciador
del Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira,
en propiedad.
2.4.5. A través de declaración extrajuicio rendida ante la Notaría Quinta del Círculo de
Pereira el 2 de diciembre de 2022, las señoras Martha María Leal Gutiérrez y Ángela
María Olarte Leal, en calidad de abuela materna y madre del menor MZO4,
manifestaron que el señor Jaime Hernando Zea Giraldo, es padre el infante en mención
y lo tiene bajo su cargo de manera permanente y, por tanto, «depende total y
económicamente de él».
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
2.5.1. Naturaleza administrativa de las decisiones cuestionadas
En el presente asunto, el señor Jaime Hernando Zea Giraldo interpone acción de tutela
contra el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, Risaralda, y el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y móvil,
y a la estabilidad laboral, con motivo de la expedición de las providencias, proferidas,
4 Con el fin de resguardar los derechos del menor, el despacho se abstiene de plasmar el nombre
completo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04951-00
Demandante: Jaime Hernando Zea Giraldo
respectivamente, el 28 de enero y 23 de noviembre de 2022, dentro del proceso
disciplinario acumulado 2019 00004 (2019 00005), mediante las cuales se le declaró
disciplinariamente responsable, al encontrarlo autor de comisión de la falta
disciplinaria gravísima a título de dolo, prevista en el artículo 48, numeral 55 de la Ley
734 de 2002, por haberse ausentado injustificadamente por seis (6) días de su cargo,
y en virtud de lo cual, se le impuso como sanción inhabilidad general por cinco (5)
años y de ser el caso, su exclusión de escalafón o carrera.
Pues bien, sea lo primero advertir que el Acto Legislativo 02 de 2015, dispuso la
creación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en sustitución de la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y le atribuyó las funciones de
ejercer control jurisdiccional disciplinario, no solo respecto de funcionarios de la Rama
Judicial y abogados en ejercicio de la profesión que no los cobije una norma especial,
sino a los empleados judiciales, frente a los cuales tal potestad era ejercida por sus
superiores jerárquicos.5
Ahora bien, la Corte Constitucional en la Sentencia C-373 de 2016, en virtud de lo
previsto en el parágrafo transitorio del artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015 y en
atención a los procesos disciplinarios seguidos a empleados judiciales, iniciados antes
de la conformación y puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, previó la inmodificabilidad de competencia, en los siguientes términos:
Las actuaciones de los empleados judiciales ocurridas con anterioridad a la puesta en
funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial deberán ser examinadas por las autoridades que al
momento de su ocurrencia sean las competentes. Esta conclusión se desprende no
solo de que la nueva regulación no contempla una prohibición de que así sea, sino
también porque las garantías de legalidad y de juez natural adscritas al derecho al
debido proceso (art. 29) y al derecho a la igualdad (art. 13) exigen que tal sea la
interpretación del parágrafo transitorio del artículo 19. En efecto, dado que la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial así como las Comisiones Seccionales son órganos de
naturaleza judicial y quienes han tenido a cargo el control disciplinario de los
empleados judiciales, hasta ahora, son órganos que actúan cumpliendo funciones
administrativas –superiores jerárquicos y Procuraduría General de la Nación-, para la
Corte debe preferirse aquella interpretación de la Carta que ofrezca suficiente certeza
respecto del curso que deberán seguir todas las actuaciones disciplinarias, de una
parte, y de las autoridades que se encontrarán a cargo de iniciarlas y terminarlas, de
otra. Además, una conclusión contraria privaría a los empleados judiciales de acudir a
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. {…]
5 Sentencia C 417 de 1993.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04951-00
Demandante: Jaime Hernando Zea Giraldo
A partir del anterior pronunciamiento, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado, en concepto emitido el 21 de octubre de 2020, extrajo como pautas para
definir la competencia disciplinaria sobre empleados de la Rama Judicial, las
siguientes: i) la competencia continúa a cargo de las autoridades que la vienen
ejerciendo; ii) esa competencia se mantendrá hasta cuando la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y sus seccionales estén conformadas; iii) la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y sus seccionales solamente tendrán competencia sobre los hechos
ocurridos después de su entrada en funcionamiento; y iv) las actuaciones de los
empleados judiciales ocurridas antes de la entrada en funcionamiento del nuevo
órgano deberán adelantarse por las autoridades que al momento de su ocurrencia
sean competentes.
De acuerdo con lo anterior y lo previsto en el parágrafo transitorio del artículo 19 del
Acto Legislativo 02 de 2015, solo con la entrada en funcionamiento de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, lo cual aconteció el 13 de enero de 2021, los
empleados de la Rama Judicial, serían juzgados disciplinariamente por dicho órgano
jurisdiccional.
Bajo este panorama, en atención a que los hechos que dieron origen a las
investigaciones disciplinarias adelantadas contra el señor Jaime Hernando Zea
Giraldo, datan de septiembre y octubre de 2019, las decisiones objeto de reproche en
la presente acción de tutela fueron proferidas en virtud del ejercicio de la potestad
administrativa de los operadores judiciales y por tanto carecen de naturaleza
jurisdiccional.
En efecto, la Corte constitucional en la sentencia C-317 de 1993, esto es con
antelación del Acto Legislativo 02 de 2015, había precisado que las providencias que
imponen sanciones disciplinarias a empleados de la Rama Judicial, no pueden ser
calificadas como jurisdiccionales, toda vez que esto aplicaba solamente a las
decisiones proferidas por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
en su tarea de examinar la conducta de los funcionarios (jueces y magistrados, con
excepción de aquellos que gozan de fuero constitucional), de tal manera que, el control
disciplinario de aquellos compete, al nominador del servidor público en primera
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04951-00
Demandante: Jaime Hernando Zea Giraldo
instancia y al superior funcional en caso de presentarse el recurso de alzada, sin
perjuicio del poder preferente que puede ejercer la Procuraduría General de la Nación.
Aclarado lo anterior, para la Sala resulta diáfano que las decisiones cuestionadas por
esta vía, fueron expedidas por autoridades judiciales en ejercicio del control
disciplinario de los empleados de la Rama judicial, que por tratarse de atributos de la
función administrativa, constituyen actos que, dado su carácter, están sujetos al
control de legalidad ejercido por el juez especial.
De esta forma, al no contar las decisiones disciplinarias proferidas por autoridades
judiciales que comprometen la responsabilidad de empleados judiciales, con
naturaleza jurisdiccional y atendiendo el carácter derivado de la función administrativa
disciplinaria con que actúa el superior jerárquico del servidor judicial investigado,
frente a las decisiones proferidas en virtud de dicha potestad, éste tiene los medios
de defensa judicial previstos en el ordenamiento jurídico para desvirtuar la legalidad
de acto administrativo.
2.5.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra los actos
administrativos de carácter particular y concreto
La Sala considera que este medio de amparo no cumple con el requisito de
subsidiariedad, teniendo en cuenta que la parte accionante no agotó todos los medios
de defensa que tenía a su disposición, de conformidad con los siguientes argumentos:
El Decreto 2591 de 1991, dispone en el numeral 5. ° del artículo 6. ° lo siguiente:
Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
[…]
De lo anterior, se puede colegir que la acción de tutela es un mecanismo de protección
residual y subsidiario que solo se puede ejercer en aquellos casos en los que se está
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04951-00
Demandante: Jaime Hernando Zea Giraldo
frente a la grave vulneración de derechos de rango constitucional o cuando se pretenda
su protección a partir de su inminente afectación.
En relación con la procedencia de la acción constitucional contra actos administrativos
de carácter particular, la Corte Constitucional en sentencia T-322 de 2018, previó lo
siguiente:
Específicamente, tratándose de la acción de tutela contra actos administrativos de
carácter particular y concreto, la Corte ha indicado que la excepcionalidad del recurso
de amparo se torna especialmente estricta, en tanto no es el mecanismo idóneo para
atacarlos ya que, por su propia naturaleza, se encuentran amparados por el principio de
legalidad, pues se parte del presupuesto de que la administración, al momento de
manifestarse a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales
a las que se encuentra subordinada. De allí que la legalidad de un acto administrativo se
presuma, obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo que aquel se apartó, sin
justificación alguna, del ordenamiento jurídico, debate que se debe adelantar ante la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En el caso que se analiza, el accionante afirma que la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y móvil, y a la estabilidad laboral, se
generó con ocasión de las decisiones disciplinarias proferidas en primera y segunda
instancia por el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, Risaralda y el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, las cuales,
como se determinó en el acápite anterior, ostentan la calidad de actos administrativos.
En ese sentido, la Sala considera que corresponde al juez de lo contencioso
administrativo definir la legalidad de las decisiones disciplinarias cuestionadas, por
constituir actos administrativos de carácter particular, a través del medio de control
establecido por la ley para el efecto.
Cabe resaltar que el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para explicar el ámbito restringido de procedencia de las peticiones elevadas con
fundamento en el artículo 86 de la Carta Política, más aún cuando el sistema judicial
permite a las partes valerse de las acciones ordinarias que pueden ser ejercidas ante
las autoridades que integran la organización jurisdiccional, encaminadas a la defensa
de sus derechos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04951-00
Demandante: Jaime Hernando Zea Giraldo
Resulta claro entonces que al definirse una situación concreta en un acto
administrativo de carácter particular, ello no enerva que el control está reservado a su
juez natural mediante el contencioso de nulidad y restablecimiento respectivo.
No obstante, considerando que el accionante también señaló que goza de estabilidad
laboral reforzada, derivada de su condición de padre cabeza de familia, la Sala
estudiará si se está en presencia de un perjuicio irremediable que haga procedente el
estudio del fondo del asunto.
Sobre el particular, se tiene que en la Sentencia SU-388 de 2005, la Corte
Constitucional estableció los requisitos que se deben acreditar para demostrar la
calidad madre cabeza de familia, que también han sido utilizados para definir la
condición de padre en igual circunstancia, así: i) que se tenga a cargo la
responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; ii)
que esa responsabilidad sea de carácter permanente; iii) no sólo la ausencia
permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga
del cumplimiento de sus obligaciones;6 iv) o bien que la pareja no asuma la
responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente
poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la
muerte; y, v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás
miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para
sostener el hogar.
En el caso, el accionante acredita i) que tiene a cargo a su hijo de 8 años de edad, de
acuerdo con el registro civil aportado al plenario; ii) que dicha obligación es
permanente, según lo sentado en declaración extraprocesal; sin embargo, no se
encuentra probado que la madre del menor se haya sustraído de la obligación para
con él, o que se encuentre incapacitada para asumir la responsabilidad de
6 En la sentencia T-1211/08, la Corte Constitucional indicó: «El desempleo y la vacancia temporal de la
pareja, o su ausencia transitoria, por prolongada y desafortunada que esta pueda resultar no significa
per se que una madre adquiera la condición de cabeza de familia, toda vez que para ello es
indispensable el total abandono del hogar por parte de su pareja y de las responsabilidades que le
corresponden como padre; es decir, debe existir un incumplimiento absoluto y permanente de las
obligaciones inherentes a esta condición. Todo ello sin olvidar que el trabajo doméstico, con
independencia de quién lo realiza, constituye un valioso apoyo para la familia, a tal punto que debe ser
tenido en cuenta como aporte social. En ese orden de ideas, debido a la existencia de otras formas de
colaboración en el hogar, la carencia de un ingreso económico fijo de una persona no puede ser utilizada
por su pareja para reclamar la condición de cabeza de familia».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04951-00
Demandante: Jaime Hernando Zea Giraldo
colaboración en el sostenimiento de aquel. Tampoco se evidencia «una deficiencia
sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia», toda vez que al plenario no
se aportó evidencia con la que el señor Jaime Hernando Zea Giraldo demostrara que,
en su entorno familiar, no existen personas que puedan ayudar a sufragarlos.
De esta forma, se encuentra que, al no lograrse acreditar en el sub judice la condición
de padre cabeza de familia, para así pretermitirse la subsidiaridad de la acción de
tutela, el accionante debe acudir al medio judicial ordinario para controvertir las
decisiones disciplinarias o actos administrativos de contenido particular que lo
declararon responsable disciplinariamente en su condición de citador grado 3 en
propiedad, adscrito al Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, Risaralda,
al encontrarlo autor de comisión de la falta disciplinaria gravísima a título de dolo,
prevista en el artículo 48, numeral 55 de la Ley 734 de 2002, por haberse ausentado
injustificadamente por seis días de su cargo, y en virtud de lo cual, se le impuso como
sanción inhabilidad general por cinco años y de ser el caso, su exclusión de escalafón
o carrera.
Bajo estos derroteros, se reitera que la acción de tutela no puede utilizarse como un
medio para dejar sin efectos o declarar la ilegalidad de los actos administrativos
cuestionados, por lo que el señor Jaime Hernando Zea Giraldo debe demostrar, ante
el juez natural, que aquellos se apartaron, sin justificación alguna, del ordenamiento
jurídico.
Por tanto, se concluye que en el presente caso se configura la causal de improcedencia
de la acción de tutela contenida en el numeral 1º, del artículo 6, del Decreto 2591 de
1991, que corresponde a la «existencia de otros recursos o medios de defensa
judiciales al alcance» y que impone rechazar por improcedente la acción de tutela.
3. Conclusión
En el presente caso se configura la causal de improcedencia de la acción de tutela
contenida en el numeral 1º, del artículo 6, del Decreto 2591 de 1991, que corresponde
a la «existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales al alcance» y que
impone rechazar por improcedente la acción de tutela.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04951-00
Demandante: Jaime Hernando Zea Giraldo
En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por la autoridad que la ley le confiere,
Falla:
Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela promovida por el señor Jaime
Hernando Zea Giraldo, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
motiva de esta decisión.
Segundo: En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
M.E.C.G
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
Lee la providencia completa en RuleX
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.