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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00002-01

Fecha
29 de marzo de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00002-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00002-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

29 de marzo de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00002-01
Demandante: KARINA SOFÍA CAMARGO ZAPATA
Demandado: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y
OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE CUANDO SE
ATACAN ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE GOZAN DE
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD Y QUE NO HAN SIDO
DEMANDADOS A TRAVÉS DEL MEDIO DE CONTROL
PROCEDENTE.

Síntesis del caso: se cuestionaron los actos administrativos que negaron la solicitud de
homologación de cargos elevada por la actora. Se confirmará la decisión de primera instancia
que declaró improcedente el mecanismo, tras evidenciar que no cumplió con el requisito de
subsidiariedad.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 9 de febrero de 2023 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante
la cual se dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”
(mayúsculas fijas del original - archivo disponible en medio magnético a través
del aplicativo SAMAI).

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 11 de enero de 2023, la señora Karen Sofía Camargo
Zapata promovió proceso de acción de tutela para que le sean amparados sus derechos
fundamentales del debido proceso, igualdad y trabajo, los cuales consideró vulnerados
con ocasión del Oficio no. CSJCOOP22-938 de 16 de septiembre de 2022 mediante el
cual se le negó la solicitud de homologación de unos cargos y las Resoluciones no.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00002-01
Actor: Karina Sofia Camargo Zapata
Acción de tutela

CSJCOR22-710 del 27 de octubre de 2022 y CJR22-0466 de 29 de noviembre de 2022,
que resolvieron los recursos de reposición y apelación contra la primera,
respectivamente.

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1) Mediante Acuerdo no. CSJCOA17-61 del 6 de octubre de 2017, el Consejo Seccional
de la Judicatura de Córdoba adelantó el proceso de selección y convocó al concurso de
méritos para la conformación del registro seccional de elegibles para la provisión de los
cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios del distrito
judicial de Montería.

2) Se postuló en el cargo de citador de circuito de centro de servicios judiciales grado 3
y ocupó el primer puesto en la lista de elegibles.

3) A través de Acuerdo PCSJA22-11982 de 18 de agosto de 2022, el Consejo Superior
de la Judicatura suprimió el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Civiles y de
Familia de Montería y dejó en funcionamiento los otros tres centros de servicios.

4) En escrito del 31 de agosto de 2020, le solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura
de Córdoba la homologación del cargo de “citador de circuito de centro de servicios
judiciales grado 3” con el de “citador de juzgado de circuito grado 3”.

5) A través de Oficio no. CSJCOOP22-938 de 16 de septiembre de 2022, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Córdoba negó la homologación con fundamento en que el
cargo en el que la actora participó no fue suprimido, trasladado, reubicado o redistribuido,
pues lo que se hizo fue suprimir un centro de servicios, por lo tanto, no era posible acceder
a su petición por no cumplir los requisitos para ello.

6) Presentó recurso de reposición y mediante Resolución no. CSJCOR22-710 del 27 de
octubre de 2022, el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba decidió no reponer
la decisión, pero concedió el recurso de apelación.

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Acción de tutela

7) Por medio de Resolución no. CJR22-0466 del 29 de noviembre de 2022, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la
decisión que negó la solicitud de homologación.

Fundamento de la vulneración

La demandante alegó que las autoridades demandadas vulneraron sus garantías
fundamentales al haberle negado la solicitud de homologación de los cargos.

Al respecto, manifestó que se debió acceder a tal requerimiento, por cuanto desde la
expedición del acuerdo que suprimió el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados
Civiles y de Familia de Montería se restringieron sus posibilidades de ser nombrada en
el cargo que registra en la lista de elegibles, dado que ahora existen menos centros de
servicios.

Agregó que la figura de la homologación de cargos no solo procede por la supresión o
inexistencia de este, sino también cuando ha sido trasladado, reubicado o redistribuido,
como en efecto sucedió en su caso.

Sobre el particular, destacó que el Acuerdo PCSJA22-11982 del 19 de agosto de 2022,
no solo suprimió el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Civiles y de Familia
de Montería, sino que en su artículo 2 estableció el traslado de empleados en el Circuito
Judicial de Montería, así: “a partir del primero (1) de septiembre de 2022, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Córdoba retornará los cargos de empleados adscritos al
Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Civiles y de Familia de Montería, a los
despachos de origen que corresponden a la especialidad y categoría Civil Circuito,
Familia y Civil Municipal de esta ciudad.”

Así entonces, en atención a que los cargos de empleados adscritos al centro de servicios
judiciales, incluido el que aspiró, fueron trasladados, reubicados o redistribuidos en los
Juzgados Civiles y de Familia de Montería, justamente donde se encuentra el cargo de
citador de juzgado de circuito grado 3, se debió acceder a la solicitud de homologación.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

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Actor: Karina Sofia Camargo Zapata
Acción de tutela

“PRIMERO: Se declare la vulneración de mis derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo, a la igualdad, al acceso a cargos públicos, a la carrera
administrativa, principio al mérito, al principio de confianza legítima, seguridad
jurídica consagrados en la Constitución Política.

SEGUNDO: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura y/o El Consejo
Seccional de la Judicatura de Córdoba, conceder la Homologación de mi cargo
y, en consecuencia, conformar un nuevo registro de elegibles unificado para los
cargos de Citador de Juzgado de Circuito Grado 3 y Citador de Centros de
Servicios Judiciales Grado 3.

TERCERO: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura y/o El Consejo
Seccional de la Judicatura de Córdoba permita mi postulación a los cargos de
Citador de Juzgado de Circuito Grado 3 que han sido publicados desde
septiembre de 2022, en atención a la expedición del Acuerdo PCSJA22-11982
del 19 de agosto de 2022 y a mi solicitud de homologación de fecha 30 de
agosto del mismo año.

CUARTO: Las demás pretensiones que usted considere pertinentes Honorable
Magistrado”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).

Actuación procesal

Mediante auto de 13 de enero de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió
la acción de tutela y ordenó la notificación a la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo Seccional de la Judicatura de
Córdoba, así como se ordenó la vinculación del Ministerio público, con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 9 de febrero de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, en razón a que fue utilizada para controvertir la legalidad de los actos
administrativos de contenido particular que le negaron la solicitud de homologación a la
actora, los cuales son susceptibles de control judicial ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, trámite en el que, además, podrá solicitar medidas
cautelares.

Impugnación

La parte demandante alegó que con la decisión de declarar improcedente la acción de
tutela en primera instancia por falta de subsidiariedad se desconoció la jurisprudencia de

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la Corte Constitucional sobre procedencia de las acciones de tutela cuando se trata de la
provisión de cargos públicos de carrera.

Al respecto, citó las sentencias T-319 del 3 de junio de 2014, T-315 de 1998, SU-133 del
2 de abril de 1998, -425 del 26 de abril de 2001, SU-613 del 6 de agosto de 2002, SU-
913 de 2009, en las cuales la Corte Constitucional se ha pronunciado en el sentido de
manifestar que, en algunas ocasiones, los medios ordinarios no resultan idóneos para
lograr la protección de los derechos de las personas que han participado en concursos
para acceder a cargos de carrera, pues en el trámite de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho la lista de elegibles puede perder vigencia, lo cual se puede
configurar como un perjuicio irremediable.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo
Seccional de la Judicatura de Córdoba con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con

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ocasión de los actos administrativos que le negaron a la actora una solicitud de
homologación del cargo.

La Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente el mecanismo por falta
de subsidiariedad, en razón a que fue utilizado para controvertir la legalidad de los actos
administrativos que le negaron la solicitud, los cuales eran susceptibles de control judicial
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En la impugnación, la parte demandante señaló que, tal como lo ha determinado la Corte
Constitucional, en algunas ocasiones los medios ordinarios no resultan idóneos.

Así las cosas, en el contexto en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las razones que procederá a exponer:

1) La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el
juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta
jurisdiccional eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere
del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

2) En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el
demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

3) Pues bien, en el caso concreto, la actora pretende que se ordene a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura Consejo
Superior de la Judicatura y/o al Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba que le
conceda la homologación del cargo y conforme un nuevo registro de elegibles unificado
para los cargos de citador de juzgado de circuito grado 3 y citador de centros de servicios
judiciales grado 3.

4) De conformidad con lo anterior, la Sala advierte que le asiste razón al a quo
constitucional en cuanto concluyó que la acción de tutela no es el mecanismo judicial
idóneo para ventilar las pretensiones de raigambre legal propias de ser dirimidas ante el
juez natural de la causa, quien deberá determinar si hay o no mérito para declarar la
nulidad de los actos administrativos mediante los cual se negó la homologación.

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5) En esa medida, para la Sala resulta forzoso concluir que por reprocharse el contenido
de unos actos administrativos de carácter particular y concreto la demandante tiene a su
disposición los mecanismos judiciales de defensa para cuestionarlo, esto es, el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual puede plantear los
argumentos que ahora invoca por vía de la acción de tutela.

6) Así entonces, el estudio de legalidad del acto administrativo que decida de manera
definitiva sobre su nulidad y una eventual orden de homologación del cargo no puede ser
objeto de reclamación por vía de este mecanismo de amparo ante la posibilidad de acudir
a los medios de defensa judicial idóneos y efectivos ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

7) Implica lo anterior que la controversia central del presente caso no atañe a una
discusión de naturaleza iusfundamental, por lo cual deberá ser expuesta ante la
jurisdicción competente, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

8) Ahora bien, en el escrito de demanda se mencionó que la negativa de la solicitud de
homologación le causó un perjuicio irremediable, sin embargo, esta Sala no cuenta
siquiera con una prueba sumaria demostrativa de la afectación que permita tener por
probado un riesgo inminente o una condición de debilidad manifiesta.

9) Por último y sin perjuicio de lo anterior, es preciso aclarar que la jurisprudencia citada
por la actora en la acción de tutela y en la impugnación sobre la procedencia excepcional
de la acción de tutela no es aplicable al caso objeto de controversia, pues en el presente
trámite se cuestionó la negativa a la homologación del cargo pretendida por la señora
Camargo Zapata, caso distinto al de las sentencias citadas, en las cuales la Corte
Constitucional determinó que el amparo sí era procedente ante la negativa a proveer
cargos que habían sido promovidos mediante concurso de méritos.

10) A diferencia de lo dicho por la Corte Constitucional en tales pronunciamientos, en
este caso el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el mecanismo
judicial idóneo y eficaz para controvertir la decisión de la administración de negarse a
homologar los cargos referidos. Además, la actora no explicó ni demostró por qué dicho
instrumento carecería de idoneidad para atacar la legalidad de esos actos
administrativos, máxime si se considera que en el marco de dicho proceso puede solicitar
medidas cautelares de urgencia, como se lo indicó la primera instancia en este proceso,

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razón de más para considerar que se debe declarar improcedente la acción de tutela por
no haberse superado el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) Ausente con excusa

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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