Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00033-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00033-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-00033-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
27 de abril de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00033-00
Y 11001-03-15-000-2023-00757-00 (acumulados)
Demandantes: SINDICATO UNIDO DE MAESTROS ETNOEDUCADORES
DE LA COSTA DEL PACÍFICO NARIÑENSE Y OTRO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00033-00 y 11001-03-15-000-2023-
00757-00 (acumulados)
Demandantes: SINDICATO UNIDO DE MAESTROS ETNOEDUCADORES DE
LA COSTA DEL PACÍFICO NARIÑENSE, ORGANIZACIÓN
PALENQUE AFRO URBANO DE TUMACO “SEUPAC” Y
SINDICATO DE LUCHADORES DEL MAGISTERIO
AFRODESCENDIENTE DEL CHOCÓ “LUMACH”
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
“A”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
por inconstitucionalidad que se adecuó a nulidad simple.
Requisito general de la subsidiariedad
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir las acciones de tutela
promovidas por el Sindicato Unido de Maestros Etnoeducadores de la Costa del
Pacífico Nariñense, la Organización Palenque Afro Urbano de Tumaco “Seupac” y
el Sindicato de Luchadores del Magisterio Afrodescendiente del Chocó “Lumach”,
por conducto de su presidente y representantes legales, respectivamente, contra
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en la que piden el
amparo constitucional de los derechos fundamentales a la protección de la
diversidad étnica y cultural, a la identidad cultural, a la igualdad y a la dignidad,
vulnerados, supuestamente, por la sentencia de 26 de agosto de 2021 mediante la
cual declaró la nulidad del Decreto 3323 de 2005.
I. ANTECEDENTES
Teniendo en cuenta que los escritos de tutela son similares y que la decisión
motivo de reproche constitucional es la misma, la Sala efectuará un solo relato de
la situación fáctica que motivó la presentación de las acciones de tutela.
1. Hechos
La parte actora manifestó que con ocasión de la expedición del Decreto 3323 de
2005, que sometió a concurso los cargos de etnodocentes afros e indígenas, la
mayoría de quienes ocupaban esos cargos “temieron someterse a un concurso
para el cual no estaban preparados, ya que como efectivamente lo presuponían,
prácticamente la casi totalidad de los cuestionarios versaban únicamente sobre
materias académicas y además sobre el cual corrían rumores de que solo lo
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pasarían los adeptos a determinadas corrientes políticas, o quienes pudieran
comprar las respuestas (que según las malas lenguas había Alcaldes que vendían
las respuestas correctas hasta por UN MILLÓN DE PESOS), y que si no los
rajaban en los cuestionarios, los desecharían en las entrevistas que serían hechas
con personal de criterio Occidental debidamente condicionado”.
Sostuvieron que como los etnodocentes que ocupaban en provisionalidad los
cargos antes de la expedición del mencionado decreto no se presentaron a
concurso, “fueron catalogados por las Secretarías como NO APTOS PARA
ESCALAFONAR”, por lo cual los entes territoriales del pacífico colombiano
autorizaron que se declarara la vacacia de todos los cargos de etnodocencia
afrocolombiana en los diferentes departamentos del país, “reportando como
vacantes cargos de Etnodocentes ocupados desde muchos años atrás con el lleno
de todos los requisitos exigidos como dijimos arriba por la LEY GENERAL DE
EDUCACION y su Decreto Reglamentario 804/95, que no podían ser anulados
mediante Decreto, pues solo el Congreso podía modificarlos mediante la
expedición de nuevas Leyes, TRAS PREVIA CONSULTA A TODAS Y CADA
UNA DE LAS COMUNIDADES DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA
DIVERSIDAD”.
Indicaron que, con ocasión de lo anterior, presentaron demanda de nulidad por
inconstitucionalidad contra el Decreto 3323 de 2005, en la que solicitaron además
el reintegro sin solución de continuidad de los etnoeducadores afrocolombianos
que hubieran sido retirados del servicio “por no superar las etapas del concurso”.
Finalmente, refirieron que la autoridad judicial accionada en sentencia de 26 de
agosto de 2021, indicó que en el caso se había dispuesto adecuar el trámite de la
demanda al medio de control de nulidad simple, y declaró la nulidad del Decreto
3323 de 2005, con la precisión de que lo allí decidido no afectaría situaciones
jurídicas consolidadas, tras considerar que el medio de control tramitado solo
procedía para estudiar la legalidad pura y simple de las normas demandadas, y
que los demandantes lo confundieron con el de nulidad y restablecimiento del
derecho.
2. Fundamentos de la acción
Las organizaciones actoras presentaron acción de tutela con el fin de que se
protejan sus derechos fundamentales a la protección de la diversidad étnica y
cultural, a la identidad cultural, a la igualdad y a la dignidad, supuestamente
vulnerados por la sentencia de 26 de agosto de 2021, mediante la cual la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto
3323 de 2005.
Luego de recapitular las actuaciones acontecidas en el trámite de la demanda de
nulidad por inconstitucionalidad promovida, de las que resaltaron la argumentación
presentada en la contestación rendida por el Ministerio de Educación Nacional,
manifestaron que en la demanda se solicitó expresamente que “la NULIDAD fuera
por INCONSTITUCIONALIDAD, dado que la solicitud era por DERECHOS COLECTIVOS
de varias comunidades que son CONSTITUCIONALES Y POR ELLO FUNDAMENTALES;
pero fue el mismo ponente del Consejo de Estado quién cambió un sistema por otro
(según su propia manifestación al comienzo de su Sentencia); y ahora el MINISTERIO
sale a decir sin base alguna que fue descuido del Demandante”.
Agregaron que en la petición inicial se señaló que debía ordenarse el reintegro sin
solución de continuidad y con nombramientos en propiedad de los etnoeducadores2
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despedidos desde el año 2004, y agregaron que, en razón de los gravísimos
perjuicios ocasionados era indispensable aplicar la retrospectividad “pues según
jurisprudencia sentada en la Sentencia C-068/13, el juzgador debe tener en cuenta, al
momento de establecer su aplicación en el tiempo, la posibilidad de afectar
retrospectivamente situaciones jurídicas en curso, en cuanto el propósito de estas
disposiciones es brindar una pronta y cumplida protección a grupos sociales
marginados”.
Adujeron que lo actuado por la autoridad judicial accionada defraudó a los
demandantes al cambiar la solicitud inicial de nulidad por inconstitucionalidad por
la de nulidad simple “no solicitada”, impidiendo la aplicación de la retrospectividad
indicada por la normatividad, “por ser miembros de la diversidad étnica y cultural de la
nación colombiana y por tanto grupos discriminados y marginados, a los cuales se deben
promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, al tiempo que prohíbe
impulsar a esos grupos de personas y a sus familias a condiciones físicas de debilidad
manifiesta al cancelarle (contra expresas indicaciones de la Corte Constitucional y el
mismo Consejo de Estado), los contratos del casi único medio diferente a la agricultura
primitiva de conseguir ingresos existentes en la mayoría de los territorios de los consejos
comunitarios afrocolombianos”.
Sostuvieron que lo narrado en los hechos pone en grave riesgo de extinción
cultural a esas comunidades, pues los etnodocentes masivamente despedidos
eran los conocedores y por ello trasmisores del acervo cultural intangible que es el
componente principal de la diversidad étnica y cultural, cuya protección ordena el
artículo 7 de la Carta Política, “desdeñando increíblemente tanto el art. 7 constitucional
que ordena expresamente proteger a estos grupos de la diversidad y proteger la
diferencia cultural, como la ‘ratio decidendi’ de la sentencia T–907 de 2011”.
Adujeron que en el caso se generaron los siguientes daños antijurídicos i) la larga
provisionalidad “ilegal” de los nombramientos, la cual les sirvió a las Secretarías
de Educación como pretexto para despedir a los etnodocentes seleccionados por
sus propias comunidades en concertación con las autoridades educativas, ii) el
tener que someterse a los concursos de méritos que fueron elaborados por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, iii) la falta de acceso a la carrera
administrativa docente, iv) la falta de aplicación del derecho de ascenso
automático en el escalafón por tiempo de servicio, v) la negativa de
reconocimiento de los títulos académicos obtenidos mediante estudios y vi) los
falsos ascensos sin mejoramientos económicos bajo las figuras de “encargaturas”
o nombramientos “en funciones de” durante años.
Refirieron que el hecho de despedir a los miembros de la diversidad étnica y
cultural colombiana de sus cargos porque no se presentaron a un concurso
ordenado por un decreto, “de orden muy, pero muy inferior a lo dispuesto directamente
por la Constitución Nacional, pues el artículo 125 ordenó el concurso, pero solamente
para los funcionarios que no tuvieran un sistema de nombramiento determinado y todos
sabemos que todos los miembros de la diversidad étnica y cultural tenemos un sistema
especial de nombramiento específicamente determinado por el artículo 62 de la ley
general de educación (115 de 1994)”, desdeña de las muy claras disposiciones de la
Constitución, que ordena “proteger la diversidad étnica y cultural (art. 7 constitución), el
derecho a una formación que respete y desarrolle la identidad cultural de cada uno de
esos grupos diversos (art. 68 de la carta magna) y respetar la igualdad y dignidad de
todas las culturas existentes en el país (art. 70 superior) y que constituían barreras muy
explícitas que indicaban a los legisladores del ejecutivo (presidencia de la república y
ministerio de educación) que esas educaciones especiales no podían ser tratadas con el
mismo rasero que la educación general de la mayoría colombiana y que lo que estaban
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haciendo al legislar parejo para todos los docentes mediante el decreto-ley 1278 de 2002,
sin respetar los artículos constitucionales mencionados”.
Añadieron que tampoco tuvo importancia para el Ministerio de Educación
Nacional, ni a las secretarías de educación que se privara a esos Consejos
Comunitarios del personal escogido por sus comunidades por considerarlos aptos
para trasmitir los bienes inmateriales de sus culturas, ni que los reemplazantes no
pudieran cumplir con la expresa orden constitucional de desarrollar la identidad
cultural de cada Consejo Comunitario en particular, “es decir, no le importó en
absoluto la Constitución, indiferencia por la carta suprema que indudablemente amerita la
declaración inmediata de nulidad por inconstitucionalidad”.
Afirmaron que la permanente vulneración a numerosos artículos de la Constitución
Política y de las leyes, así como diferentes artículos de diversos tratados
internacionales “tal como se ha venido demostrando, son de trascendental importancia
dado que fue un prolongado ataque deliberado (repetimos durante 20 años: 2002 a 2022)
contra la supervivencia de las culturas Afrocolombianas ataque que, todo lo indica,
buscaba su extinción como Comunidades culturales autónomas para integrar sus
habitantes a la gran masa racial mulata y mestiza sin diferencias y sin molestos (para los
Gobiernos de turno), privilegios”.
Por último, señalaron que las comunidades afrodescendientes gozan de los
mismos derechos que las comunidades indígenas en cuanto a los nombramientos
de sus etnodocentes, y que por ello les es plenamente aplicable la totalidad del
artículo 62 de la ley general de educación, selección de educadores,
“especialmente en cuanto a la selección de sus docentes que por ser también
etnodocentes que deben conocer y trasmitir los aspectos culturales de cada una de sus
comunidades, les obliga el artículo 68 constitucional a ‘desarrollar la identidad cultural de
sus alumnos’”.
3. Pretensiones
En los escritos de tutela se formulan las siguientes:
“Modificar la Sentencia DE RADICACIÓN 11001-03-25- 000-2019-00210 00 (1356-2019)
de fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021), QUE DISPUSO LA
NULIDAD SIMPLE al Decreto 3323 de 2005 y cambiarla por NULIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD, dada la enorme cantidad de violaciones producidas por la
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE NARIÑO Y DEL
MUNICIPIO DE TUMACO a numerosos artículos Constitucionales, a artículos
Internacionales y asimismo a artículos de la Ley General de Educación y hasta contra
numerosos pronunciamientos de la CORTE CONSTITUCIONAL y CONSEJO DE
ESTADO emitidos tanto en sus “RATIO DECIDENDI” como en las partes resolutivas,
todas de obligatorio cumplimiento.
2°.- DECLARAR UNA VEZ MAS LA IGUALDAD DE DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LOS DIFERENTES MIEMBROS DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA, LINGÜÍSTICA Y
CULTURAL, ESPECIALMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA TRASMISIÓN DE SUS
BIENES INTANGIBLES POR MEDIO DE LA EDUCACIÓN.
3°.- DECLARAR VIOLADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO CERTIFICADO DE TUMACO, Y POR
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES
FUNDAMENTALES DE LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS DE NARIÑO Y EL
MUNICIPIO CERTIFICADO DE TUMACO RELACIONADAS EN ESTA DEMANDA, DE
SUS CONSEJOS COMUNITARIOS, DE SUS FAMILIAS, DE LOS ALUMNOS Y
ESPECIALMENTE DE LOS ETNODOCENTES SELECCIONADOS POR SUS
RESPECTIVAS COMUNIDADES, Y POR TANTO VIOLADOS LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES A QUE EL ESTADO LES RECONOZCA Y PROTEJA COMO
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MIEMBROS DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL DE LA NACIÓN
COLOMBIANA Y A QUE SE LES PROPORCIONE UN TRATO JUSTO QUE LES
PERMITA LA SUPERVIVENCIA EN EL TIEMPO, POR MEDIO DEL REINTEGRO DEL
GRUPO DE ETNODOCENTES ILEGALMENTE DESPEDIDOS QUE CONOCEN Y
PUEDEN TRASMITIR LAS ESPECIFICIDADES CULTURALES DE CADA GRUPO
COMUNITARIO Y EN CONSECUENCIA DADO QUE ES LA ÚNICA FORMA DE
CUMPLIR, RETORNE A SUS CARGOS LOS ETNODOCENTES ESCOGIDOS POR
ESAS COMUNIDADES, QUE FUERON DESPEDIDOS SIN CONSULTA PREVIA A
CADA COMUNIDAD, REEMPLAZÁNDOLOS POR PERSONAL NO APTO PARA
DESARROLLAR LA IDENTIDAD CULTURAL DE NUESTRAS NUEVAS
GENERACIONES, PERSONAL NO IDÓNEO QUE DEBE SER RETIRADO YA QUE LO
ÚNICO QUE CAUSA SON DAÑOS GRAVES A LA TRASMISIÓN DE NUESTRAS
CULTURAS. En caso de que por edad algunos Etnodocentes que debieran reintegrarse
no puedan hacerlo, debe efectuarse las correspondientes jubilaciones, pero con
actualización de los salarios y prestaciones que debieran haber recibido si les hubieran
pagado correctamente.
4°. - DECLARAR TODOS LOS DESPIDOS HECHOS SIN CONSULTA PREVIA A LAS
RESPECTIVAS COMUNIDADES, COMO HECHOS VIOLATORIOS A LOS ARTÍCULOS
7, 10, 13, 44, 68, 70 93 Y 125 DE LA CARTA CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO AL
CONVENIO 169 DE LA OIT Y A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (115/94) Y A LAS
SENTENCIAS C-208/07, T-049/13 ENTRE OTRAS.
5°.- MODIFICAR LA DECLARACIÓN DE NULIDAD SIMPLE DEL DECRETO 3323
CAMBIANDOLA POR NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD.
6°.- EN CONSECUENCIA, ORDENAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, A LA DE TUMACO Y AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL REINTEGRAR A TODOS LOS ETNODOCENTES AFROCOLOMBIANOS
DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y DEL MUNICIPIO CERTIFICADO DE TUMACO,
OBEDECIENDO LA ORDEN DEL 2° INCISO DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY GENERAL
DE EDUCACIÓN, ES DECIR INSCRIBIENDO A LOS REINGRESADOS EN EL
ESTATUTO DOCENTE DEL DECRETO 2277/79, YA QUE EL ESTATUTO DOCENTE
DEL DECRETO-LEY 1278/02 FUE DECLARADO POR LA H. CORTE
CONSTITUCIONAL EN SUS SENTENCIAS C-082 DE 2007 Y C-666 DE 2016 COMO
NO APLICABLE A LOS DOCENTES DE LA DIFERENCIA ETNICA Y CULTURAL, Y DE
LIQUIDAR Y RESARCIR A LOS ETNODOCENTES AFROS DESPEDIDOS
ILEGALMENTE POR LOS DAÑOS ANTIJURÍDICOS COMETIDOS CONTRA LOS
ETNOEDUCADORES DE LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS DEL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO CERTIFICADO DE TUMACO
RELACIONADOS EN ESTA DEMANDA, AL DESPEDIRLOS ILEGALMENTE SIN
JUSTA CAUSA Y SIN CONSULTA PREVIA A CADA UNA DE SUS COMUNIDADES, EN
RAZÓN DE LOS CONCURSOS REALIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL DESDE EL AÑO 2002 HASTA EL PRESENTE.
7°.- CUMPLIR CON LO ORDENADO POR EL SEGUNDO INCISO DEL ARTÍCULO 62
DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, INSCRIBIENDO RETROSPECTIVAMENTEA
LA FECHA DE SU PRIMERA CONTRATACIÓN EN PROVISIONALIDAD A TODOS LOS
ETNODOCENTES AFROS REINTEGRADOS, EN EL ESTATUTO DOCENTE DEL
DECRETO 2277 DE 1979 CON LA CONSIGUIENTE INSCRIPCIÓN EN EL
ESCALAFON DOCENTE Y LA RELIQUIDACIÓN TRIANUAL DE SUS ASCENSOS POR
ESCALAFÓN O CRÉDITOS, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO Y ASCENSO DE
GRADO CORRESPONDIENTE A LOS CRÉDITOS PRESENTADOS, CON SU
CORRESPONDIENTE RELIQUIDACIÓN YA QUE SI EL ESTADO DESPOJÓ
ILICITAMENTE DE SUS MEJORAMIENTOS MERECIDOS A ESOS DOCENTES, DEBE
RESPONDER PORQUE ELLOS TRABAJARON DE BUENA FE.
8°.- ORDENAR A LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL QUE CUANDO LAS
ENTIDADES TERRITORIALES LE SOLICITEN LA INICIACIÓN DE UN CONCURSO DE
MÉRITOS, PRESENTEN LA CERTIFICACIÓN DE QUE DENTRO DE LOS LISTADOS
DE ASPIRANTES A LA DOCENCIA NO VA INCLUIDO NINGÚN MIEMBRO DE LAS
COMUNIDADES ÉTNICAS DE SU TERRITORIO”.
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4. Pruebas relevantes
Se allegó copia del expediente de la acción de nulidad simple radicada con el Nº
2019-00210-00, demandantes: Sindicato Unido de Maestros Etnoeducadores de la
Costa del Pacífico Nariñense y Organización Palenque Afro Urbano de Tumaco
“Seupac”.
5. Trámite procesal
5.1. Expediente 2023-00757-001
Por auto de 15 de febrero de 2023, el despacho del magistrado Roberto Augusto
Serrato Valdés ordenó remitir el expediente a la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, con el fin de que se estudiara una posible acumulación.
5.2. Expediente 2023-00033-002
Por auto de 9 de febrero de 2023, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a los
accionantes, a la autoridad judicial accionada, así como al Ministerio de Educación
Nacional, al departamento de Nariño, Secretaría de Educación Departamental, al
municipio de Tumaco, Secretaría de Educación Municipal, a la Organización
Palenque Afro Urbano de Tumaco y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
11471 a 11478, todas de 13 de febrero de 2023, con el fin de darle cumplimiento a
la referida decisión3.
Posteriormente, el expediente 2023-00757-00 ingresó al despacho proveniente de
la Sección Primera del Consejo de Estado, con el fin de que estudiar la posibilidad
de acumularlo al expediente 2023-00033-00.
En proveído de 27 de marzo de 2023, se ordenó acumular el expediente 2023-
00757-00 al expediente de tutela con radicado 2023-00033-004, se admitió la tutela
acumulada y se ordenó notificar a los accionantes, a las autoridades judiciales
accionadas, así como a los terceros con interés y a la Agencia de Defensa
Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 29027 a 29032 de 30
de marzo de 2023, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión5.
1
Accionantes: Sindicato de Luchadores del Magisterio Afrodescendiente del Chocó “Lumach”.
2
Accionantes: Sindicato Unido de Maestros Etnoeducadores de la Costa del Pacífico Nariñense, la
Organización Palenque Afro Urbano de Tumaco “Seupac”.
3
La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: zcaicedoy@gmai.com,
notifwhernandez@consejodeestado.gov.co, notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co,
paleuqeafrourbano2008@gmail.com, sednarino@narino.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co.
4
“De acuerdo con la norma citada se tiene que los mencionados procesos cumplen los presupuestos para la
acumulación, en tanto que i) corresponden a acciones de tutela susceptibles de ser tramitadas en primera
instancia, ii) las pretensiones son conexas ya que, cuestionan la legalidad de la sentencia de 26 de agosto de
2021, proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, en el medio de control de
nulidad radicado No. 11001-03-25-000-2019-00210-00 y, iii) las solicitudes de amparo constitucional se dirigen
contra la misma autoridad judicial, esto es, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”. En tal
virtud, existe unidad de materia, por lo que el asunto se puede resolver en una sola decisión.”
5
Los accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: jheocuco@gmail.com, ysucerquiah@consejodeestado.gov.co; 6
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6. Oposición
6.1. Respuesta de la Secretaría de Educación del Departamento de Nariño
El secretario departamental rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la solicitud, por cuanto, adujo, no existe fundamento fáctico y
jurídico para despachar favorablemente las pretensiones de la tutela “en razón que la
Secretaría de Educación Departamental de Nariño, ha demostrado que no ha
vulnerado los derechos indicados por aquella, igualmente el accionante no ha
demostrado la existencia de perjuicio irremediable, pues la SED Nariño, ha realizado
las acciones en el marco de su competencia, correspondiéndole al Consejo de
Estado en ejercicio de sus competencias realizar el estudio pertinente”.
De otra parte, sostuvo que la solicitud no cumple con los requisitos de subsidiariedad
e inmediatez, necesarios para la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, y solicitó que se declarara a su favor la falta de legitimación en la causa
por pasiva, por cuanto, señaló, esa secretaría no tiene dentro de sus competencias
modificar la declaración de nulidad simple del Decreto 3323 de 2005 a nulidad por
inconstitucionalidad.
6.2. Los demás vinculados aun cuando fueron debidamente notificados de los autos
admisorios de la acción de tutela, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico
Aun cuando en las pretensiones las organizaciones actoras solicitan declarar la
igualdad de derechos fundamentales de los diferentes miembros de la diversidad
étnica, lingüística y cultural y declarar todos los despidos hechos sin consulta
previa a las respectivas comunidades como hechos violatorios de la Constitución
Política, la Sala entiende que el reproche formulado por estas está relacionado
únicamente con la adecuación de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad
del Decreto 3323 de 2005 al trámite de nulidad simple, por lo que es sobre este
último aspecto que se efectuará el análisis en el presente caso.
No obstante, previo a un eventual estudio de fondo, corresponde a la Sala verificar
si la solicitud cumple con el requisito general de procedencia de la subsidiariedad,
necesario para acceder a su estudio de fondo, en tanto su desconocimiento fue
alegado por la Secretaría de Educación de Nariño.
notifwhernandez@consejodeestado.gov.co; mcastillol@consejodeestado.gov.co;
notifrsuarez@consejodeestado.gov.co; palenqueafrourbano2008@gmail.com, sednarino@narino.gov.co;
notifrserrato@consejodeestado.gov.co; lilimardussan@gmail.com, secretariadeeducacion@tumaco-
nariño.gov.co; notificacionesjudiciales@tumaco-narino.gov.co y notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co. 7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: SINDICATO UNIDO DE MAESTROS ETNOEDUCADORES
DE LA COSTA DEL PACÍFICO NARIÑENSE Y OTRO
En caso de que la respuesta a este interrogante sea afirmativa, y de superarse los
restantes requisitos de procedencia de la acción de tutela, corresponde a la Sala
determinar si la sentencia de 26 de agosto de 2021, mediante la cual la autoridad
judicial accionada declaró la nulidad del Decreto 3323 de 2005, vulnera los
derechos fundamentales a la protección de la diversidad étnica y cultural, a la
identidad cultural, a la igualdad y a la dignidad, en tanto dio trámite de nulidad
simple al medio de control de nulidad por inconstitucionalidad inicialmente
propuesto.
3. De la improcedencia de la acción de tutela contra actos de carácter
general, impersonal y abstracto
El numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 19916 establece que la acción de
tutela no procederá “cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y
abstracto”, pues existen otros mecanismos judiciales para cuestionarlos, como son
la acción de inconstitucionalidad contra las leyes o las acciones de simple nulidad
y de nulidad por inconstitucionalidad contra los actos generales, según el caso.
Igualmente, esta Sala he manifestado reiteradamente7 que la acción de tutela, en
principio, no puede ejercerse para cuestionar actos de carácter general,
impersonal y abstracto, pues es un mecanismo que no está previsto para
restablecer la juridicidad posiblemente quebrantada por un acto general, sino para
“suspender los efectos violatorios o amenazantes de alguno de los derechos
fundamentales de una persona determinada, derivados de un acto concreto cuya
aplicación deberá suspender el juez, aún mediante medidas provisionales (esto
es antes de la sentencia) cuandolo considere necesario y urgente para proteger el
derecho, según las voces del artículo 7o. del Decreto en mención”8.
Al analizar dicha norma, la Sala ha interpretado que la acción de tutela tampoco
procede, en principio, contra una sentencia dictada en un proceso de simple
nulidad, por cuanto en ese tipo de procesos la discusión es de puro derecho y, por
ende, el juez únicamente analiza la legalidad del acto, sin que requiera acudir a
otros medios de convicción como lo plantea la parte de demandante, un dictamen
pericial de parte aportado al proceso ordinario. La acción de simple nulidad
únicamente persigue la defensa de la legalidad y del orden jurídico en abstracto,
de modo que la sentencia que se dicta en ese tipo de procesos no podría
amenazar o violar de manera directa y concreta derechos fundamentales.
En fallo de tutela del 22 de septiembre de 20169, que se reiteró en las sentencias
del 17 de mayo de 201810 y del 10 de octubre de 201811-, esta Sala precisó:
“Como puede verse, la decisión judicial atacada proferida por el Consejo de Estado se
dictó en cumplimiento del control de legalidad que le fue atribuido, esto es, un control
abstracto de la norma que se considera ilegal y, por tanto, la decisión que se adopta lo
6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
7
Radicación No. 11001-03-15-000-2015-00084-00 (acumulado al 11001-03-15-000-2015-00135-00),
sentencia de 22 de septiembre de 2016, C.P.: Martha Teresa Briceño de Valencia, Radicado No. 11001-03-
15-000-2018-00859-00, sentencia de 17 de mayo de 2018, C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado
No. 11001-03-15-000-2018-02443-00, sentencia de 10 de octubre de 2018, C.P.: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2018-01699-01, sentencia de 5 de febrero de 2019, C.P.: Julio
Roberto Piza Rodríguez y Radicado No. 11001-03-15-000-2021-01056-01, sentencia de 19 de agosto de
2021, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.
8
Sentencia No. T-321 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
9 Radicación No. 11001-03-15-000-2015-00084-00 (acumulado al 11001-03-15-000-2015-00135-00), CP.
Martha Teresa Briceño de Valencia.
10 Radicado No. 11001-03-15-000-2018-00859-00, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
Radicado No. 11001-03-15-000-2018-02443-00 MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 8
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que determina es si se ajusta o no a la normativa superior y, por ende, tiene efectos
erga omnes. No define de manera concreta una situación particular, como sí ocurre con
sentencias dictadas por los organismos judiciales en acciones y medios de control con
decisiones judiciales de carácter particular.
En esa medida, la acción de tutela es improcedente para cuestionar la legalidad de una
sentencia de constitucionalidad o legalidad porque la decisión que profiere la autoridad
judicial es un ejercicio de puro de derecho que en manera alguna podría afectar
derechos fundamentales, toda vez que lo pretendido es determinar que no desconozca
postulados constitucionales o legales.
Además, vale la pena precisar que, según lo dispone el artículo 6° del Decreto 2591 de
1991, la acción de tutela es improcedente cuando se dirija contra actos administrativos
de carácter general, impersonal y abstracto, lo que permite determinar que, igualmente,
resulta improcedente para censurar la sentencia que decide sobre su constitucionalidad
o legalidad”.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional, mutatis mutandis, ha determinado
que la acción de tutela, por regla general12, es improcedente para cuestionar
sentencias dictadas por el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, en virtud
del control abstracto de constitucionalidad (artículos 241 y 237 numeral 3° de la
Constitución). En lo pertinente, la sentencia SU-391 de 201613 indicó:
“(…) conviene recordar que la Constitución Política estableció mecanismos de control
para garantizar su supremacía normativa (artículo 4 de la Constitución). Tales
mecanismos podrían dividirse en dos clases. Por un lado, existe un control concentrado
de constitucionalidad, realizado de manera principal por la Corte Constitucional (artículo
241 de la Constitución) y de manera residual por el Consejo de Estado (artículo 237
numeral 3). Por otro lado, cualquier autoridad judicial tiene competencia para resolver
acciones de tutela (artículo 86 de la Constitución) y para aplicar la excepción de
inconstitucionalidad (artículo 4 de la Constitución).
Este esquema promueve el acceso efectivo a la administración de justicia para solicitar
el cumplimiento de la Constitución, permitiendo que todos los jueces puedan realizar
control constitucional sobre casos concretos. A su vez, también persigue la igualdad y la
seguridad jurídica, al prever órganos de cierre que tengan la última palabra sobre la
interpretación adecuada de las normas mediante el ejercicio del control abstracto. Se
trata de un esquema caracterizado por la participación ciudadana, ya que todas las
personas pueden acudir a los jueces en ejercicio de la acción de tutela o pueden pedir
en el marco de un proceso judicial la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.
Asimismo, el control abstracto puede ser solicitado por cualquier ciudadano, en ejercicio
del derecho político previsto en el artículo 40 numeral 6, y en él también cualquier
persona puede [participar], en virtud de la regulación de las acciones de
inconstitucionalidad y de nulidad por inconstitucionalidad.
Si se aceptara la procedencia de la acción de tutela contra decisiones de
constitucionalidad de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado el diseño del
control constitucional descrito antes se alteraría de manera profunda, a tal punto que
podría afirmarse que no existen dos tipos de control constitucional sino uno solo,
otorgado a todos los jueces, quienes se pueden pronunciar sobre el cumplimiento de la
Constitución en casos concretos o en casos de control abstracto (al revisar decisiones
de constitucionalidad de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado). La acción de
inconstitucionalidad y la de nulidad por inconstitucionalidad son funciones delimitadas
directamente por la Constitución, la cual determinó expresamente los órganos que de
manera exclusiva tienen competencia para conocer de ellas. Esa asignación expresa de
funciones (en los artículos 237 numeral 3 y 241 de la Constitución) les da carácter de
cierre en materia constitucional, lo cual debe ser tenido en cuenta para interpretar el
alcance de la regulación de la acción de tutela prevista en el artículo 86 (…)”.
Lo anterior, también es aplicable a las acciones de tutela contra providencias
12
Sentencia SU-355 de 2020, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13 M.P. Alejandro Linares Cantillo. 9
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judiciales dictadas en procesos de simple nulidad. De ahí que la Sala ha
entendido, en principio, que es improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales dictadas en procesos de simple nulidad.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. El Sindicato Unido de Maestros Etnoeducadores de la Costa del Pacífico
Nariñense, la Organización Palenque Afro Urbano de Tumaco “Seupac” y el
Sindicato de Luchadores del Magisterio Afrodescendiente del Chocó “Lumach”, a
través de apoderado judicial, señalaron que promovieron demanda de nulidad por
inconstitucionalidad contra el Decreto 3323 de 2005, “Por el cual se reglamenta el
proceso de selección mediante concurso para el ingreso de etnoeducadores
afrocolombianos y raizales a la carrera docente”.
En dicho proceso, la autoridad judicial accionada dispuso adecuar el trámite de la
demanda promovida mediante el medio de control de nulidad por
inconstitucionalidad al de nulidad simple, hecho del que los accionantes derivan la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, por lo que solicitan que se
ordene modificar la sentencia de 26 de agosto de 2021, mediante la cual declaró
la nulidad del Decreto 3323 de 2005, y se ordene su nulidad por
inconstitucionalidad.
4.2. En el asunto bajo examen, la Sala aclara que si bien los accionantes derivan
la vulneración de sus derechos de la sentencia de 26 de agosto de 2021, la misma
emerge, eventualmente, del auto de 26 de abril de 2019, en el que la autoridad
judicial accionada dispuso adecuar el trámite de la demanda promovida mediante
el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad al de nulidad simple.
En efecto, de la consulta efectuada en el buscador de procesos de la Rama
Judicial, se observa que en el trámite judicial que originó la controversia puesta a
consideración del juez constitucional, mediante auto de 26 de abril de 2019 la
autoridad judicial accionada dispuso adecuar el trámite de la demanda promovida
mediante el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad al de nulidad
simple consagrado en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, e inadmitió la
demanda. En esa oportunidad se resolvió lo siguiente:
“Primero: Adecuar el trámite de la demanda presentada por el Sindicato Unido de
Maestros Etnoeducadores de la Costa del Pacífico Nariñense y la Organización
Palenque Afro Urbano de Tumaco contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional
al del medio de control de nulidad simple de que trata el artículo 137 de la Ley 1437 de
2011.
Segundo: Inadmitir la demanda de la referencia por las razones expuestas en la parte
motiva. En consecuencia, conceder a los demandantes un término de diez (10) días
para que corrija el defecto señalado conforme a lo dispuesto en el artículo 170 del
CPACA”.
De conformidad con lo anterior, frente al auto de 26 de abril de 2019 los
demandantes habrían podido interponer el recurso de reposición exponiendo los
motivos por los que consideraban que la decisión de adecuar el medio de control
al de nulidad simple debía revocarse, empero, guardaron silencio, por lo que no
hicieron uso de los medios de defensa judicial con los que contaban, lo que
incumple el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad.
10
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En efecto, conforme con el numeral 2° del artículo 184 de la Ley 1437 de 2011 -
CPACA-14, el recurso de reposición era medio de impugnación procedente contra el
auto que inadmitió la demanda y adecuó las pretensiones del medio de control
incoado por los accionantes al de nulidad simple, el debate que estos plantean en
esta sede constitucional pudo ser propuesto ante el juez ordinario mediante el uso
de dicho recurso y, al no hacerlo, incumplieron con el requisito de haber agotado
el medio de defensa judicial ordinario previo a acudir a la acción constitucional
contra providencias judiciales, lo que, de pasarse por alto, desconocería el artículo
86 de la Constitución Política.
4.3. De conformidad con lo anterior, la Sala observa que el asunto bajo examen
frente al auto en el que se decidió adecuar el medio de control de nulidad por
inconstitucionalidad al de nulidad simple, a partir de lo cual los accionantes derivan
la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales, no cumple con el
requisito de subsidiariedad, en tanto contra dicha decisión los demandantes no
interpusieron el recurso de reposición con el que contaban, por lo que dejaron de
acudir al recurso ordinario que tenían a su disposición para cuestionar la decisión
que determinó el hecho del que derivan la vulneración de sus derechos
fundamentales, medio idóneo y eficaz para la protección de sus derechos.
La Corte Constitucional ha señalado respecto del carácter subsidiario de la acción
de tutela contra providencias judiciales, que no es el medio llamado a reemplazar
los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a
la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia
adicional a las existentes15.
Se debe tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad entraña tres supuestos
que llevan a la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
los cuales son: a) cuando el asunto está en trámite; b) cuando no se hayan
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios y c)
cuando se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los
recursos previstos en el ordenamiento jurídico.
En este sentido, los accionantes contaban con un recurso de reposición del que
pudieron hacer uso para cuestionar el auto que dispuso la adecuación del medio
de control de nulidad por inconstitucionalidad que presentaron al de nulidad
simple, circunstancia que torna improcedente la solicitud, en tanto, conforme con
la jurisprudencia constitucional antes reseñada, la acción de tutela no puede
erigirse como un medio sustitutivo de los recursos ordinarios previstos en el
ordenamiento jurídico en los procesos que se adelanten ante los jueces de la
República.
4.4. Por lo demás, la Sala aclara que análisis de legalidad que hace el juez de la
nulidad simple, medio al cual se adecuó el trámite que originó la controversia, es
en abstracto, por lo que allí no tienen cabida pretensiones de restablecimiento del
derecho, como las que mencionan los demandantes en el escrito de tutela que se
propusieron en la demanda ordinaria. Sobre el particular se pronunció así la
autoridad judicial accionada en la sentencia objeto de tutela:
14
ARTÍCULO 184. Proceso especial para la nulidad por inconstitucionalidad. La sustanciación y ponencia de
los procesos contenciosos de nulidad por inconstitucionalidad corresponderá a uno de los Magistrados de la
Sección respectiva, según la materia, y el fallo a la Sala Plena. Se tramitará según las siguientes reglas y
procedimiento: (…) 2. (…) Contra los autos proferidos por el ponente solo procederá el recurso de reposición,
excepto el que decrete la suspensión provisional y el que rechace la demanda, los cuales serán susceptibles
de recurso de súplica ante la Sala Plena.
15
Se puede consultar al respecto, entre otras, las sentencias SU-424 de 2012 y T-396 de 2014. 11
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“Finalmente, la Sala observa que, al desarrollar el concepto de violación y la
argumentación relativa a la nulidad de la disposición acusada, la parte demandante
indicó que debía ordenarse el reintegro, sin solución de continuidad y con
nombramientos en propiedad, de los etnoeducadores despedidos desde el año 2004.
Al respecto, cabe recordar que la vía por la que se tramitó la demanda corresponde al
medio de control de nulidad simple, luego no resulta ser el mecanismo procesal idóneo
para formular solicitudes de dicha naturaleza, tendientes a lograr el restablecimiento de
algún derecho”.
En dicho fallo, además, se exhortó al Congreso de la República para que, con la
garantía de la consulta previa, expidiera un régimen especial que regule las
relaciones entre el Estado y el personal docente de las comunidades étnicamente
diferenciadas.
Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de la solicitud de tutela,
habida cuenta de que la misma no cumple con el requisito de procedencia de la
subsidiariedad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley
RESUELVE
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
Sindicato Unido de Maestros Etnoeducadores de la Costa del Pacífico Nariñense,
la Organización Palenque Afro Urbano de Tumaco “Seupac” y el Sindicato de
Luchadores del Magisterio Afrodescendiente del Chocó “Lumach”, por conducto de
su presidente y representantes legales, contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “A”, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo del
Consejo.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
12
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00033-00
Y 11001-03-15-000-2023-00757-00 (acumulados)
Demandantes: SINDICATO UNIDO DE MAESTROS ETNOEDUCADORES
DE LA COSTA DEL PACÍFICO NARIÑENSE Y OTRO
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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