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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00035-00

Fecha
27 de febrero de 2023
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00035-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y unidad familiar invocados por la señora Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en representación de sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez, por las razones expuestas en las consideraciones. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-00035-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

27 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2023-00035-001
Actora : Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en
representación de sus menores hijas Aline Muñoz
Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez
Demandados : Magistrados de la subsección B de la sección tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juez Treinta y
Cinco (35) Administrativo de Bogotá
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales a la igualdad y unidad familiar

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por la señora Mariel
Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en representación de sus menores
hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez, contra los
señores magistrados de la subsección B de la sección tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y Juez Treinta y Cinco (35) Administrativo
de Bogotá, por la presunta vulneración de los derechos constitucionales
fundamentales a la igualdad y unidad familiar de ellas.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. La señora Mariel Janeth Rodríguez
Rodríguez, quien actúa en representación de sus menores hijas Aline Muñoz
Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez, por conducto de apoderado,
presenta acción de tutela con el fin de obtener la protección de las garantías
superiores a las que se hizo referencia, presuntamente quebrantadas por los
señores magistrados de la subsección B de la sección tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y Juez Treinta y Cinco (35) Administrativo
de Bogotá.

Como consecuencia de lo anterior, pide se dejen parcialmente sin efectos los
fallos de (i) 29 de mayo de 2020, mediante el cual el Juzgado Treinta y Cinco

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00035-00
Actora: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en representación de
sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez

(35) Administrativo de Bogotá accedió a algunas de las pretensiones2 de la
demanda de reparación directa instaurada contra la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la
Nación (expediente 11001-33-36-035-2016-00305-00); y (ii) 29 de julio de
2022, con el que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B
de la sección tercera) lo modificó, para incluir en la indemnización a la señora
Sandra Patricia Duarte Sandoval; en su lugar, se ordene a las autoridades
accionadas que profieran una nueva providencia en la que dispongan la
compensación pecuniaria de los daños morales que padecieron sus hijas Aline
Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez, en razón a la aprehensión
del señor William Yohanny Miraña Torres.

1.2 Hechos. Relata la accionante que es madre de las menores Aline
Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez y compañera permanente
del señor William Yohanny Miraña Torres, con quien tuvo una hija llamada
Gisel Tatiana Miraña Rodríguez.

Que el 29 de enero de 2015 el señor Miraña Torres fue encarcelado, en
cumplimiento de una sentencia emitida por el Juzgado Sexto (6º) Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Cúcuta, pero el 27 de mayo
siguiente fue dejado en libertad, luego de constatarse que fue otra persona la
que cometió el delito que derivó en la condena.

Dice que, en nombre propio y en representación de sus menores hijas Aline
Muñoz Rodríguez, Sharic Rodríguez Rodríguez y Gisel Tatiana Miraña
Rodríguez, instauró3 demanda de reparación directa contra la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General
de la Nación (expediente 11001-33-36-035-2016-00305-00), con el propósito
de que se les declarara administrativamente responsables de los detrimentos
que les produjo la aprehensión del señor William Yohanny Miraña Torres y
se les ordenara resarcirles los correspondientes perjuicios, comoquiera que
aquella comportaba una falla del servicio.

Que del asunto contencioso-administrativo conoció el Juzgado Treinta y
Cinco (35) Administrativo de Bogotá, que el 29 de mayo de 2020 accedió

2
Negó la indemnización de los perjuicios morales a las menores que la tutelante representa y a la señora
Sandra Patricia Duarte Sandoval.
3
Junto con los señores William Yohanny, Ingrid Alexandra, Cindy Paulina, Ómar Javier, Jesús Hernando,
Alid Daniela, Yuri y Érika Johana Miraña Torres; Yeison Yohanny Miraña Duarte, Jesús Miraña Bora,
Ismania Torres Poveda, Sandra Patricia Duarte Sandoval y José Jesús Rodríguez Rodríguez.

2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00035-00
Actora: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en representación de
sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez

parcialmente a las precitadas súplicas, dado que excluyó de la indemnización
a las menores Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez y a la
señora Sandra Patricia Duarte Sandoval, al estimar que no se acreditó el
vínculo con la víctima directa, decisión apelada, con el argumento de que a
las infantas les asistía el derecho de acceder a la respectiva reparación de los
perjuicios morales, toda vez que son las hijas de crianza del señor Miraña
Torres.

Sostiene que la alzada fue desatada el 29 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección tercera), en el
sentido de modificar el fallo apelado, para incluir en la reparación a la señora
Sandra Patricia Duarte Sandoval4, como tercera interesada, no obstante, se
confirmó la negativa de compensar los daños morales de las niñas Aline
Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez, habida cuenta de que no se
demostraron las congojas que sufrieron como consecuencia de la privación de
la libertad del señor William Yohanny Miraña Torres. Dicha providencia fue
corregida el 30 de noviembre de 2022, porque varios nombres se consignaron
de manera errónea en su parte decisoria.

Que las sentencias censuradas incurren en defecto fáctico, por cuanto no
advirtieron que las pruebas que reposan en el proceso de reparación directa
11001-33-36-035-2016-00305-00, dan cuenta de las afecciones emocionales
que padecieron las referidas menores por la aprehensión del señor Miraña
Torres, dentro de las que se destaca el dictamen pericial arrimado al
expediente, en el que se concluyó que dependían afectiva y económicamente
de aquel.

Afirma que los fallos atacados también involucran (i) desconocimiento del
precedente, porque desatendieron el criterio jurisprudencial del Consejo de
Estado5, según el cual se presumen los daños morales de quienes se
encuentran en el primer grado de consanguinidad de la víctima directa, regla
en virtud de la cual debieron reconocérseles a las niñas Aline Muñoz
Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez la indemnización de esos agravios;
y (ii) violación directa de la Constitución Política, dado que discriminaron a
las mencionadas infantas en relación con su hermana Gisel Tatiana Miraña
Rodríguez, a quien sí se le concedió el resarcimiento de esos perjuicios.

4
Quien era la excompañera permanente del encarcelado.
5
Sección tercera, sentencias de (i) 28 de agosto de 2014, expediente 68001-23-31-000-2002-02548-01; y (ii)
29 de noviembre de 2021, expediente 18001-23-31-001-2006-00178-01.

3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00035-00
Actora: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en representación de
sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a
través de auto de 13 de enero de 2023, admitió la presente acción, ordenó
notificar a los señores magistrados de la subsección B de la sección tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juez Treinta y Cinco (35)
Administrativo de Bogotá y dispuso vincular a los señores William Yohanny,
Ingrid Alexandra, Cindy Paulina, Ómar Javier, Jesús Hernando, Alid Daniela,
Yuri y Érika Johana Miraña Torres; Yeison Yohanny Miraña Duarte, Gisel
Tatiana Miraña Rodríguez, Jesús Miraña Bora, Ismania Torres Poveda,
Sandra Patricia Duarte Sandoval, Mariel Janeth, José Jesús Rodríguez
Rodríguez, Directora Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscal General
de la Nación, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 La señora Directora Ejecutiva de Administración Judicial, por conducto
de apoderado, pide negar el amparo deprecado, comoquiera que, además de
que en el escrito inicial no se expusieron argumentos que diluciden la
configuración de las causales «generales y específicas» de procedibilidad de
la tutela, las providencias cuestionadas se emitieron en atención al
ordenamiento jurídico y luego de efectuar un análisis integral de las pruebas
que reposan en el expediente de reparación directa 11001-33-36-035-2016-
00305-00, las cuales no acreditan el daño moral que la aprehensión del señor
William Yohanny Miraña Torres causó en las menores que la tutelante
representa en este trámite constitucional, omisión que impedía ordenar su
compensación monetaria.

Que la actora contó con otro instrumento judicial para pedir que se les
reconociera a las infantas los perjuicios morales, como lo es la solicitud de
adición de la sentencia de que trata el artículo 287 del Código General del
Proceso (CGP).

2.1.2 Los señores magistrados de la subsección B de la sección tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por intermedio del ponente del
fallo de segunda instancia atacado, indican que la tutela de la referencia no
satisface la exigencia de «importancia constitucional», pues dicha decisión la
profirieron en virtud del principio superior de autonomía judicial y la actora
pretende controvertirla en atención a «una valoración subjetiva».
4

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Actora: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en representación de
sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez

Que los elementos de convicción que obran en el proceso ordinario 11001-33-
36-035-2016-00305-00, no demuestran las afecciones emocionales que
pudieron padecer las menores hijas de la tutelante por la aprehensión del
señor William Yohanny Miraña Torres, situación que impedía concederles
indemnización por daños morales.

2.1.3 El señor Fiscal General de la Nación, mediante representante judicial,
asevera que la actora no expuso una carga argumentativa de la que se colija la
configuración de las causales específicas que invoca, pese a que la
jurisprudencia constitucional lo exige, omisión que impone declarar
improcedente el presente asunto constitucional. Asimismo, se observa que la
conclusión de las autoridades accionadas, de que no era dable reparar los
perjuicios morales de las niñas, no comporta una deducción probatoria
arbitraria o caprichosa, dado que no se demostraron en las diligencias
contencioso-administrativas.

Que la tutela no satisface el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad,
puesto que la demandante no justificó las razones por las cuales no eran
eficaces los otros instrumentos judiciales6 con los que contaba para exigir el
reconocimiento de los agravios morales para sus descendientes.

2.1.4 Los señores Juez Treinta y Cinco (35) Administrativo de Bogotá;
William Yohanny, Ingrid Alexandra, Cindy Paulina, Ómar Javier, Jesús
Hernando, Alid Daniela, Yuri y Érika Johana Miraña Torres; Yeison
Yohanny Miraña Duarte, Jesús Miraña Bora, Ismania Torres Poveda, Sandra
Patricia Duarte Sandoval y José Jesús Rodríguez Rodríguez y la menor Gisel
Tatiana Miraña Rodríguez guardaron silencio en la oportunidad prevista para
el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
la accionante, quien aduce quebranto de los derechos constitucionales
fundamentales a la igualdad y unidad familiar de sus menores hijas Aline
Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez.

6
No los identifica.

5

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Actora: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en representación de
sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Cuestión preliminar. La actora pide dejar sin efectos los fallos de (i) 29
de mayo de 2020, mediante el cual el Juzgado Treinta y Cinco (35)
Administrativo de Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda de reparación directa instaurada contra la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la
Nación (expediente 11001-33-36-035-2016-00305-00); y (ii) 29 de julio de
2022, con el que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B
de la sección tercera) lo modificó, para otorgarle indemnización a la señora
Sandra Patricia Duarte Sandoval.

Sin embargo, la Sala centrará su estudio jurídico en la providencia de 29 de
julio de 2022, por ser la que, al desatar los recursos de apelación interpuestos
contra la de 29 de mayo de 2020, decidió de manera definitiva el referido
asunto contencioso-administrativo.

3.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la sentencia de 29 de julio de 2022, por
cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B de
la sección tercera) modificó la de 29 de mayo de 2020, con la que el Juzgado
Treinta y Cinco (35) Administrativo de Bogotá accedió parcialmente a las
pretensiones del medio de control de reparación directa promovido por la
tutelante7, quien actuó en nombre propio y en representación de sus menores
hijas Aline Muñoz Rodríguez, Sharic Rodríguez Rodríguez y Gisel Tatiana
Miraña Rodríguez, contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de

7
Junto con los señores William Yohanny, Ingrid Alexandra, Cindy Paulina, Ómar Javier, Jesús Hernando,
Alid Daniela, Yuri y Érika Johana Miraña Torres; Yeison Yohanny Miraña Duarte, Jesús Miraña Bora,
Ismania Torres Poveda, Sandra Patricia Duarte Sandoval y José Jesús Rodríguez Rodríguez.

6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00035-00
Actora: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en representación de
sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez

Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación (expediente 11001-
33-36-035-2016-00305-00); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las
garantías superiores a la igualdad y unidad familiar invocadas en la solicitud
de amparo.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii)
defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del
proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
7

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Actora: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en representación de
sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez

destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez

8

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Actora: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en representación de
sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez

actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de
vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales8, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20129, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos10.

8
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.
Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de
junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-
0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia
López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
9
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
10
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008,
exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de
febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp.

9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00035-00
Actora: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en representación de
sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez

3.6 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y unidad
familiar de las menores Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez
Rodríguez; (ii) contra el fallo acusado no procede recurso alguno, toda vez
que se emitió en segunda instancia y se encuentra ejecutoriado; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, comoquiera
que la providencia atacada se profirió el 29 de julio de 2022 y la solicitud de
amparo se instauró el 11 de enero de 2023, es decir, dentro de un término
prudencial (5 meses y 12 días); y (v) la sentencia acusada no desató una
acción de tutela.

En razón a que se colman los presupuestos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sala examinará el fondo
del asunto, conforme a las causales específicas denominadas defecto fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución
Política.

3.6.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:

a) El 21 de octubre de 2014 el Juzgado Sexto (6º) Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Cúcuta condenó a sesenta y tres (63) meses de
prisión al señor William Yohanny Miraña Torres, por el delito de hurto
calificado y agravado.

b) El 29 de enero de 2015 fue capturado el señor Miraña Torres en
cumplimiento de la precitada providencia, no obstante, el 27 de mayo de ese
año el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Leticia
ordenó su libertad, tras evidenciar que la persona que cometió el ilícito fue su
hermano, quien al momento en que fue aprehendido en flagrancia dio los
datos de aquel.

c) En razón a que el referido encarcelamiento fue ilegal, los señores William
Yohanny Miraña Torres y la tutelante, quien actuó en nombre propio y en

2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve.

10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00035-00
Actora: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en representación de
sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez

representación de sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez, Sharic
Rodríguez Rodríguez y Gisel Tatiana Miraña Rodríguez11, promovieron
medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la
Nación (expediente 11001-33-36-035-2016-00305-00), con el propósito de
que se les declarara administrativamente responsables de los perjuicios que
les causó el encarcelamiento del señor Miraña Torres, comoquiera que
comporta una falla del servicio, y se les ordenara indemnizarlos.

Con la demanda se allegaron (i) los registros civiles de los demandantes,
incluidos los de las niñas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez
Rodríguez, y (ii) informe «psicólogo forense», elaborado por la señora
psicóloga Rosalba Flórez Fernández, en el que se indicó, entre otros aspectos,
que la tutelante trabaja «en casas de familia desde los 13 años» de edad y que
convivió durante ocho (8) años con el señor Wilson Muñoz Marín (q. e. p. d.),
de cuya relación nacieron aquellas, pero a la segunda no le puso el apellido de
este, porque nació cuando estaba preso.

Se señaló que la actora «desde el 2013 sostiene unión marial de hecho» con el
señor William Yohanny Miraña Torres, quien es padre de Gisel Tatiana
Miraña Rodríguez, pero «se encontraba distanciada de él [porque] por ahí le
dijeron que […] está con otra mujer». Asimismo, se consignó que el
apresamiento de su pareja le produjo afecciones emocionales, por cuanto tiene
un «postulado propio de un grupo patriarcal, derivado de la dependencia
económica y afectiva y […] la necesidad de atención y seguridad que el
hombre le proporciona», y al no contar con aquel tuvo «sentimientos de
desamparo, desesperanza, pérdida de apetito, pérdida de peso, sentimientos
de inutilidad y agobio».

d) El asunto contencioso-administrativo fue asignado por reparto al Juzgado
Treinta y Cinco (35) Administrativo de Bogotá, que el 18 de enero de 2017 lo
admitió y el 19 de julio de 2019 celebró audiencia inicial12, en la que decretó
como pruebas los documentos allegados con la demanda (por lo que dispuso
«escuchar a la perito que efectuó la experticia») y los testimonios de los

11
Junto con los señores Ingrid Alexandra, Cindy Paulina, Ómar Javier, Jesús Hernando, Alid Daniela, Yuri y
Érika Johana Miraña Torres; Yeison Yohanny Miraña Duarte, Jesús Miraña Bora, Ismania Torres Poveda,
Sandra Patricia Duarte Sandoval y José Jesús Rodríguez Rodríguez.
12
De que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).

11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00035-00
Actora: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en representación de
sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez

señores Dominga Sandoval, Marco Cáceres Peñaranda, Elizabeth Rubiano
Pulido, Carlos Alberto Rojas Gutiérrez y Diego Fernando Sánchez Becerra.

e) El 16 de octubre de 2019 el juzgado de conocimiento realizó audiencia de
pruebas, en la que prescindió de los testimonios, dado que los declarantes no
asistieron, y se escuchó a la psicóloga Rosalba Flórez Fernández, quien
reiteró lo consignado en el dictamen.

f) El 29 de mayo de 2020 el Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo de
Bogotá declaró administrativamente responsable a la Nación – Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la
Nación, por los hechos que derivaron en la demanda ordinaria, comoquiera
que involucraban falla del servicio, al no identificar en debida forma a la
persona que cometió el delito por el que fue aprehendido el señor William
Yohanny Miraña Torres.

Además, ordenó resarcir los perjuicios morales y materiales que sufrieron los
allí demandantes, sin embargo, no hizo mención a las menores Aline Muñoz
Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez ni a la señora Sandra Patricia
Duarte Sandoval.

g) Contra la anterior decisión las partes interpusieron recursos de apelación,
(i) la demandante, en razón a que debía otorgarse la indemnización de los
daños morales a la señora Duarte Sandoval y a las infantas señaladas en el
párrafo precedente, puesto que la víctima directa era su excompañero
permanente y «padre de crianza», en su orden; y (ii) la accionada, porque no
se acreditó la existencia del elemento de la responsabilidad extracontractual
denominado nexo causal, omisión que impedía atribuirle el daño antijurídico
a la Administración.

h) El 29 de julio de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(subsección B de la sección tercera) desató las precitadas alzadas, en el
sentido de modificar la sentencia de primera instancia, para reconocerle la
compensación de las afecciones morales a la señora Duarte Sandoval, como
«tercera afectada», y confirmarla en lo demás, comoquiera que la privación
de la libertad de aquel comportó una falla del servicio por no identificarse en
debida forma la persona condenada el 21 de octubre de 2014 por el Juzgado
Sexto (6º) Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cúcuta.

12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00035-00
Actora: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en representación de
sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez

Que, en fallo de unificación de 29 de noviembre de 2021, el Consejo de
Estado13 fijó las reglas para reparar los perjuicios morales e indicó que estos
se presumen para quienes que se encuentran en el primer grado de
consanguinidad de la víctima directa, pero los demás deben acreditarlos, lo
cual no aconteció en relación con las menores Aline Muñoz Rodríguez y
Sharic Rodríguez Rodríguez, hijas de la compañera permanente del señor
Miraña Torres.

3.6.2 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión»14.

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra15.

En la solicitud de amparo la demandante sostiene que el fallo cuestionado
incurre en defecto fáctico, en razón a que no advirtió que los medios de
convicción que reposan en el proceso de reparación directa 11001-33-36-035-
2016-00305-00, acreditan que las menores Aline Muñoz Rodríguez y Sharic
Rodríguez Rodríguez eran hijas de crianza del señor William Yohanny
Miraña Torres, por ende, debían reconocerles la compensación de los
perjuicios morales que les produjo su aprehensión, máxime cuando en la
experticia se consignó que estuvieron expuestas a necesidades durante su
encarcelamiento.

Con la finalidad de determinar si los anteriores argumentos tienen o no
asidero jurídico, resulta oportuno indicar que el artículo 14 de la Constitución
Política prevé que «[t]oda persona tiene derecho al reconocimiento de su
personalidad jurídica», prerrogativa que involucra el otorgamiento de una

13
Sección tercera, C. P. Martín Bermúdez Muñoz, expediente 18001-23-31-001-2006-00178-00.
14
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
15
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.

13

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Actora: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en representación de
sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez

identidad, la cual permite adquirir derechos y obligaciones, y se concreta a
través del registro civil, entendido como «la base del sistema de
identificación y es la única prueba del estado civil de las personas»16.

Sobre el particular, el artículo 5º del Decreto 1260 de 197017 prevé que «los
hechos y los actos relativos al estado civil de las personas, deben ser
inscritos en el competente registro civil», como el nacimiento, sobre el cual el
artículo 52 ibidem consagra:

La inscripción del nacimiento se descompondrá en dos secciones: una
genérica y otra específica. En aquella se consignarán solamente los
nombres del inscrito, su sexo, el municipio y la fecha de su nacimiento, la
oficina donde se inscribió y los números del folio y general de la oficina
central.

En la sección específica se consignarán, además, la hora y el lugar del
nacimiento, el nombre de la madre; el nombre del padre; en lo posible la
identidad de una y otro, su profesión u oficio, su nacionalidad, su estado
civil y el código de sus registros de nacimiento y matrimonio; el nombre
del profesional que certificó el nacimiento y el número de licencia […].

Cabe aclarar que «[n]inguno de los hechos, actos y providencias relativos al
estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en
proceso ni ante ninguna autoridad, empleado a funcionario público, si no ha
sido inscrito o registrado en la respectiva oficina […]», conforme al artículo
106 del mencionado Decreto 1260 de 1970.

El documento en el que reposan las exigencias estipuladas en el artículo 52
del aludido Decreto se denomina registro civil de nacimiento, el cual es
público y constituye, dada la información que contiene, un instrumento que
demuestra el vínculo de consanguinidad entre personas, motivo por el cual se
erige como la prueba idónea para acreditar parentescos dentro de los procesos
judiciales, como en los de reparación directa relacionados con privaciones
injustas de la libertad, toda vez que en virtud de él se individualizan los
llamados a recibir la correspondiente indemnización en condición de
familiares del afectado directo, tal como lo precisó la Corte Constitucional18.

16
Corte Constitucional, sentencia T-107 de 2019, M. P. Alejandro Linares Cantillo.
17
«Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas».
18
Sentencia T-113 de 2019, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado: «[…] en los procesos de reparación directa
el registro civil de nacimiento es un requisito necesario para la acreditación del parentesco, circunstancia
que permite inferir el dolor, la aflicción y el sufrimiento de quien solicita la reparación […]».

14

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Actora: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en representación de
sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez

Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado19 indica, en cuanto a la
demostración del parentesco en sede contencioso-administrativa, que es dable
probarlo a través del registro civil de nacimiento, por cuanto la información
allí consignada permite establecer el grado de consanguinidad de los
demandantes frente a la víctima directa, por ende, la procedencia del
respectivo resarcimiento monetario de perjuicios.

Por otra parte, se aclara que los detrimentos morales son agravios que sufre
una persona en su fuero interno, producto de la ocurrencia de un daño
antijurídico, que se exteriorizan en tristeza, angustia, desesperación y demás
sentimientos subjetivos que afectan la estabilidad emocional. Sobre el
particular, esta Corporación20 adujo:

[Los perjuicios morales son] esos dolores, padecimientos, etc., que
pueden presentarse solamente como secuela de los daños infligidos a la
persona. […] constituyen un sacrificio de intereses puramente morales,
que justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función
principalmente satisfactoria.

La compensación monetaria de los aludidos agravios está supeditada a su
acreditación, en virtud del principio de carga de la prueba, es decir, «[…] que
su reconocimiento por parte del juez se encuentra condicionado –al igual que
demás perjuicios- a la prueba de su causación, la cual debe obrar dentro del
proceso […]»21, salvo para quienes se encuentran en el primer grado de
consanguinidad con la víctima directa, dado que para ellos se presumen los
daños morales22.

Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, en el sub lite se evidencia que
en la sentencia censurada se concluyó que no era dable reconocerle
indemnización de perjuicios morales a las menores Aline Muñoz Rodríguez y
Sharic Rodríguez Rodríguez, en razón a que no se demostraron, conclusión
que para la demandante comporta defecto fáctico, porque los elementos de

19
Sección tercera, subsección C, sentencia de 9 de julio de 2018, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas,
expediente 76001-23-31-000-2002-00095-02: «[…] la Sala advierte que el registro civil constituye el medio
idóneo y suficiente para probar el parentesco […]; por tanto, su ausencia impide tener por probada la
relación parental […]».
20
Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia de 21 de marzo de 2012, C. P. Ruth Stella
Correa Palacio, expediente 07001-23-31-000-2000-00177-01.
21
Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 23 de agosto de 2012, C. P. Hernán Andrade Rincón,
expediente 18001-23-31-000-1999-00454-01.
22
Consejo de Estado, sentencia de 29 de noviembre de 2021, C. P. Martín Bermúdez Muñoz, expediente
18001-23-31-001-2006-00178-01.

15

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Actora: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en representación de
sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez

convicción adosados al proceso de reparación directa 11001-33-36-035-2016-
00305-00 dan cuenta de que eran hijas de crianza del señor William Yohanny
Miraña Torres y sufrieron afecciones emocionales como consecuencia de su
aprehensión.

Al analizar las pruebas que obran en el expediente ordinario, se observa que
reposan los registros civiles de las mencionadas infantas, en los que se
consigna que la accionante es (i) la mamá de la menor Aline Muñoz
Rodríguez, cuyo padre era el señor Wilson Muñoz Marín (q. e. p. d.); y (ii)
madre de la niña Sharic Rodríguez Rodríguez, quien no registra papá.

En ese orden de ideas, se constata que los registros civiles no demuestran un
vínculo entre el señor William Yohanny Miraña Torres y las menores que la
actora representa en este trámite constitucional, por consiguiente, no es
procedente asumir que ellas están dentro del primer grado de consanguinidad
de aquel, pues una conclusión en ese sentido desconocería el artículo 106 del
Decreto 1260 de 1970 (que prevé que no es factible dar por ciertos hechos
que no estén inscritos en dichos documentos) y la regla de que estos son el
medio de prueba idóneo para acreditar el parentesco entre personas.

Debe advertirse que para que las menores Aline Muñoz Rodríguez y Sharic
Rodríguez Rodríguez fueran consideradas como hijas del señor Miraña
Torres, debió agotarse el trámite de adopción de que trata el artículo 6123 de la
Ley 1098 de 200624, el cual brinda la posibilidad de crear derechos y
obligaciones entre padres e hijos, conforme lo señala el artículo 6425 ibidem,
sin embargo, ese procedimiento no se surtió, pues de haber acontecido, estaría
reflejado en los registros civiles de las menores, de acuerdo con el artículo
126 (numeral 526) de ese compendio normativo.

En ese orden de ideas, las referidas niñas no son destinatarias de la regla
jurisprudencial según la cual opera una presunción de los perjuicios morales
23
«La adopción […] establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la
tienen por naturaleza».
24
«Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia».
25
«La adopción produce los siguientes efectos:
1. Adoptante y adoptivo adquieren, por la adopción, los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo
[…]
26
«En los procesos de adopción se seguirán las siguientes reglas especiales:
[…]
5. Contenido y efectos de la sentencia. La sentencia que decrete la adopción deberá contener los datos
necesarios para que su inscripción en el registro civil constituya el acta de nacimiento y reemplace la de
origen, la cual se anulará. Una vez en firme se inscribirá en el Registro del Estado Civil y producirá todos
los derechos y obligaciones propios de la relación paterno o materno-filial […]».

16

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Actora: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en representación de
sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez

para quienes se encuentran en el primer grado de consanguinidad de la
víctima directa, motivo por el cual, para su reconocimiento, debían
demostrarse en el proceso de reparación directa 11001-33-36-035-2016-
00305-00, lo cual, dicho sea de paso, no ocurrió, porque los medios de prueba
solo dan cuenta de las afecciones emocionales de la tutelante.

Cabe aclarar que en el dictamen pericial allegado a las diligencias ordinarias
se señaló que la actora sufrió afecciones emocionales por la aprehensión de su
pareja, causadas por un «postulado propio de un grupo patriarcal, derivado
de la dependencia económica y afectiva y […] la necesidad de atención y
seguridad que el hombre le proporciona», por lo que el encarcelamiento le
produjo «sentimientos de desamparo, desesperanza, pérdida de apetito,
pérdida de peso, sentimientos de inutilidad y agobio».

No obstante, de esa valoración psicológica no es dable inferir, como lo indica
la accionante, que sus hijas padecieron sentimientos de congoja o angustia por
la privación de la libertad del señor William Yohanny Miraña Torres, pues
solo dan cuenta de las dolencias de ella, lo que impide, en principio,
trasladarlas a terceros, cuanto más si no hay pruebas de que ello haya
acontecido.

Se precisa que el hecho de que las autoridades accionadas no hayan valorado
los medios de prueba que reposan en el expediente 11001-33-36-035-2016-
00305-00 como lo pretendía la demandante, no configura la causal específica
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
denominada defecto fáctico, en razón a que en acatamiento de sus
competencias jurisdiccionales tienen la potestad de examinar la pertinencia,
utilidad y conducencia de los elementos probatorios que allí obran, así como
la de brindarles diferentes grados de certeza, siempre que lo hagan de manera
integral y bajo los criterios de la sana crítica, como aconteció en el asunto
materia de controversia.

Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural), acerca del
reconocimiento en el precitado proceso contencioso-administrativo de los
perjuicios morales de las menores que representa la tutelante, están precedidas
de una valoración integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que
imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente

17

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Actora: Mariel Janeth Rodríguez Rodríguez, quien actúa en representación de
sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez

contrarias a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. En
lo que atañe a este aspecto, la Corte Constitucional27 sostuvo:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de
una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien
debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud
de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso
concreto.

El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo
sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena
fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en
principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración
de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.

Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error
en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en
una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto” […].

En virtud de lo expuesto, la Sala evidencia que la providencia cuestionada no
comporta defecto fáctico, comoquiera que la aseveración de que no era dable
reconocerle a las menores Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez
Rodríguez la reparación de los perjuicios morales por el encarcelamiento del
señor William Yohanny Miraña Torres, no es una deducción arbitraria o
caprichosa de las pruebas que reposan en el proceso de reparación directa
11001-33-36-035-2016-00305-00, dado que no se acreditaron, lo cual
resultaba imperioso, por cuanto ellas no son destinatarias de la presunción
fijada en la jurisprudencia del Consejo de Estado, porque no están dentro del
primer grado de consanguinidad de la víctima directa.

3.6.3 Desconocimiento del precedente. El desconocimiento del precedente
tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela
contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii)
como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La
primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica
exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su

27
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

18

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sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez

jurisprudencia28, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad
jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación
suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia incurre en defecto
sustantivo29 conforme a los principios del debido proceso, igualdad y buena
fe30.

En el caso sub examine la actora sostiene que la sentencia atacada incurre en
desconocimiento del precedente, puesto que desatendió el criterio
jurisprudencial del Consejo de Estado31, según el cual se presumen los
perjuicios morales de quienes se encuentran en el primer grado de
consanguinidad de la víctima directa, no obstante, para la Sala ese reproche
carece de asidero jurídico, porque si bien esta Corporación ha fijado dicha
postura, no resulta aplicable a las menores que la tutelante representa en este
trámite constitucional, puesto que, como se advirtió al analizar el defecto
fáctico, en sus registros civiles de nacimiento el señor William Yohanny
Miraña Torres no está inscrito como su padre, y el parentesco es factible
demostrarlo con esos documentos, de acuerdo con el estudio jurídico
realizado en líneas anteriores.

En ese orden de ideas, si bien es cierto que el Consejo de Estado ha indicado
que se presumen los agravios emocionales de los hijos del directo afectado,
esa regla no se aplica en relación con las mencionadas infantas, circunstancia
que impone concluir que el fallo censurado no involucra desconocimiento del
precedente.

3.6.4 Violación directa de la Constitución Política. La violación directa de la
Constitución se configura cuando el juez ordinario adopta una postura que la

28
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por
sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión
de tutela».
29
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynett, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
30
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M.
P. Jorge Iván Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
31
Sección tercera, sentencias de (i) 28 de agosto de 2014, expediente 68001-23-31-000-2002-02548-01; y (ii)
29 de noviembre de 2021, expediente 18001-23-31-001-2006-00178-01.

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desconoce, y en el evento de la tutela contra providencia judicial, cuando (i) en
esta se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de acuerdo con el
precedente constitucional, (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata y (iii) el juez en sus decisiones vulnera derechos fundamentales sin
aplicar el principio de interpretación conforme a la Carta Política.

En el sub lite la demandante señala que la providencia cuestionada comporta
violación directa de la Constitución Política, por cuanto al no reconocerles la
indemnización de los daños morales a las menores representadas en este
asunto constitucional por la tutelante, se les dio un trato discriminatorio frente
a su hermana Gisel Tatiana Miraña Rodríguez, a quien sí se le repararon esos
agravios.

Para la Sala el anterior argumento no es de recibo, habida cuenta de que las
menores Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez no se
encuentran en la misma situación de la niña Gisel Tatiana, porque a ella sí se
le aplica la presunción de los deterioros morales, dado que se acreditó, con su
registro civil de nacimiento, que era hija del señor Miraña Torres.

Cabe advertir, tal como se indicó en precedencia, que al proceso de
reparación directa no se allegaron pruebas de que la víctima directa haya
adoptado a las niñas que la accionante representa en estas diligencias,
instrumento con el que se conceden «derechos y obligaciones de padre o
madre e hijo», como lo señala el artículo 64 de la Ley 1098 de 2006, y
permite la actualización de los registros civiles, de acuerdo con el artículo 126
(numeral 5) ibidem.

Por último, resulta oportuno aclarar que en la providencia cuestionada no se
señaló que las infantas no pudieren acceder a la compensación de los
perjuicios morales por la aprehensión del señor William Yohanny Miraña
Torres, sino que para ello debían acreditar esos agravios, lo cual no sucedió,
lo que constituye un incumplimiento de la carga de la prueba32.

Así las cosas, la deducción efectuada en la sentencia censurada, consistente en
que no era dable otorgarles a las menores Aline Muñoz Rodríguez y Sharic

32
Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 12 de septiembre de 2012, C. P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera, expediente: 76001-23-25-000-1998-01471-01 (25426): «[…] compete a la parte
que alega un hecho o a quien lo excepciona o lo controvierte; por lo tanto, es indispensable demostrar, por
los medios legalmente dispuestos para tal fin, los hechos que sirven de fundamento fáctico de la demanda
[…]».

20

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sus menores hijas Aline Muñoz Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez

Rodríguez Rodríguez la indemnización por concepto de daños morales, no
trasgrede de manera directa de la Constitución Política.

A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala negará el amparo deprecado,
dado que la decisión judicial censurada no involucra defecto fáctico,
desconocimiento del precedente ni violación directa de la Constitución
Política.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la
igualdad y unidad familiar invocados por la señora Mariel Janeth Rodríguez
Rodríguez, quien actúa en representación de sus menores hijas Aline Muñoz
Rodríguez y Sharic Rodríguez Rodríguez, por las razones expuestas en las
consideraciones.

2º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS

21

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