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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00036-01

Fecha
23 de junio de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00036-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 30 de enero de 2023, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00036-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

23 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena

Tema: Improcedencia de la tutela contra sentencia de tutela/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Educación, ii) igualdad, iii) dignidad
humana y iv) mínimo vital

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 30 de enero de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de
amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. José Mariano Sánchez Luna, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 7 de febrero de 2022 dentro de la acción de tutela identificada con el
número único de radicación 47-001-3333-001-2021-00264-01, vulneró sus
derechos fundamentales invocados supra.

2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, mediante escrito del 24 de noviembre de 2021, presentó acción de
tutela contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS),
donde solicitó que se ordenara a la entidad accionada que procediera a realizar, en
la base de datos del programa de gobierno Jóvenes en Acción, las correcciones y/o
actualizaciones requeridas mediante la solicitud del 4 de octubre de 2021, en aras
de sufragarle lo referente al programa académico de Derecho en la Universidad de
Cartagena.

4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante
sentencia del 9 de diciembre de 2021, negó las pretensiones del amparo.

5. El Tribunal Administrativo del Magdalena, profirió sentencia de segunda instancia,
el 7 de febrero de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVOCAR el numeral 1° de la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia del nueve (09) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), proferida
por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta, y en su lugar, se
accederá parcialmente a las súplicas de la acción de tutela.

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales de la educación y no
discriminación del señor JOSÉ MARIANO SÁNCHEZ LUNA. En consecuencia, se
ORDENARÁ al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social como
responsable del programa de Jóvenes en Acción, le financie del primero hasta el
cuarto semestre del programa de Derecho de la Universidad de Cartagena, por ser
el tiempo restante que faltaba para finalizar su primer programa de formación […]”.

6. Al respecto, consideró que:

“[…] Siendo preciso señalar, que al señor JOSÉ MARIANO SANCHEZ LUNA se le
debe garantizar el acceso a la educación de manera flexible por ser parte de esta
población especialmente vulnerable, en pro de superar situaciones de marcada
inequidad y discriminación, bajo el marco de un ordenamiento jurídico que les brinde
una pronta y cumplida protección. Sin que se pase por alto, las difíciles situaciones
en la que se ven inmersos estos grupos sociales marginados para generar ingresos
a fin de solventar sus necesidades básicas de subsistencia.

3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna

Bajo ese criterio constitucional, se le debe amparar los derechos fundamentales a
la educación y no discriminación al joven JOSÉ MARIANO SANCHEZ LUNA, como
quiera que, por su condición de víctima de desplazamiento forzado, es menester
brindarle una protección urgente e inmediata en procura de que le sean garantizadas
unas condiciones mínimas de subsistencia, formación educativa y dignidad […]”.

[…]

“[…] En ese entendido, para el caso concreto, resulta procedente que el joven JOSÉ
MARIANO SANCHEZ LUNA continúe disfrutando de los incentivos que ofrece el
programa Jóvenes en Acción para continuar su proceso de formación profesional,
ligado a un proceso de orientación que le permita desarrollar destrezas y habilidades
que le permitan superar barreras en sus desafíos educacionales y de empleabilidad.

Con fundamento en lo anterior, el Manual Operativo, versión 8, dispone que en
aquellos eventos en los cuales se tramite una solicitud de estado Tránsito, el tiempo
de acompañamiento del primer programa de formación, será descontando del
tiempo máximo del segundo programa de formación, exceptuando a los aprendices
SENA y estudiantes IES que se certifiquen o se titulen de programas técnicos o
tecnológicos a quienes se les acompañará por el tiempo máximo de duración del
segundo programa de formación.

Bajo estas directrices, se tiene que el señor JOSÉ MARIANO SANCHEZ LUNA al
haber cursado hasta el sexto (6) periodo académico del programa de Antropología,
en la Universidad del Magdalena, con el acompañamiento del Programa de Jóvenes
en Acción desde el inicio de sus estudios (2019-I); sólo podrá ser financiado hasta
el cuarto semestre que adelante en el programa de Derecho de la Universidad de
Cartagena, por ser el tiempo restante que faltaba para finalizar su primer programa
de formación, en tanto que el Estado no puede asumir los gastos de otra carrera
profesional, a elección del actor, por el tiempo máximo de su duración, en razón a
que se trata de un decisión que proviene de su esfera personal.

Siendo preciso aclarar que, a la luz del Manual Operativo, versión 8, el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social no se hará responsable de
la terminación total del proceso de formación en Derecho del señor JOSÉ MARIANO
SANCHEZ LUNA, por el manejo, la administración y la buena distribución de los
recursos que tengan a su disposición […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1- Tutelar los derechos fundamentales invocados en esta acción constitucional.

2- Modificar el numeral 2° de la parte resolutoria de la providencia judicial proferida
en segunda instancia por el H. Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del
trámite de tutela con rad. No. 2021-00264. El cual quedará así:

“(…) SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales de la educación y
no discriminación del señor JOSÉ MARIANO SÁNCHEZ LUNA. En
consecuencia, se ORDENARÁ al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social como responsable del programa de Jóvenes en Acción,

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna

le financie el programa de Derecho de la Universidad de Cartagena, hasta
que haya finalizado este programa de formación. […]”.

8. Indicó que:

“[…] I- Que, es justificada la aparente tardanza en instaurar esta acción de tutela,
toda vez que, ocurrió un evento que constituyó fuerza mayor, que me incapacitó. En
resumen, fui intervenido quirúrgicamente en ambos ojos, para revertir mi ceguera
(corta visión) y mejorar mi calidad de vida.

II- Que, la sentencia accionada trasgrede los mismos derechos que ampara, toda
vez que, trunca de tajo la permanencia y continuidad en el sistema educativo.

III- Que, como sujeto de especial protección constitucional, focalizado en el Sisbem
(sic) IV como sujeto en pobreza extrema, no devengo recursos para financiar y/o
continuar mi proceso de formación una vez se haya consumido el amparo
constitucional otorgado por el H. Tribunal Administrativo del Magdalena.

IV- Que, el programa gubernamental de Jóvenes en Acción, según Sentencia T-341
de 2020, tiene como finalidad la entrega de incentivos monetarios a los jóvenes más
vulnerables de la población colombiana, tendientes a contribuir con el acceso y la
permanencia en los programas de educación.

1.4. Caso Concreto:

En el caso que nos ocupa se tiene que la sentencia aquí accionada trasgrede los
mismos derechos que ampara y de conformidad el derecho a la igualdad y a la
dignidad humana, toda vez que, me impide de tajo la permanencia y continuidad en
el sistema educativo y dificulta aún más mis condiciones mínimas de subsistencias.
[…]”.

Actuación

9. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado mediante auto del 13 de enero de 2023, i) admitió la acción de tutela; ii)
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Magdalena; y iii) vinculó al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Santa Marta en calidad de terceros con interés
legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindiera informe sobre
el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social señaló lo siguiente:

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna

“[…] Por lo que reiteramos que la entidad dio cumplimiento al fallo de segunda
instancia proferido por el Tribunal Administrativo, situación que se dio a conocer al
accionante en su momento. […]”.

[…]

“[…] Por todo lo anterior nos oponemos a las pretensiones de la acción de tutela,
teniendo en cuenta que el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL, no incurrió en actuación u omisión alguna que generara
amenaza o vulneración a los derechos fundamentales del accionante; en
consecuencia, solicitamos al Despacho DENEGAR la solicitud de tutela y
DESVINCULAR a PROSPERIDAD SOCIAL de la presente acción […]”.

11. El Tribunal Administrativo del Magdalena consideró lo siguiente:

“[…] De acuerdo a la decisión de unificación traída a colación, la presente solicitud
de amparo no cumple con los requisitos de procedencia excepcionales
antedescritos, pues el actor no demostró que la decisión adoptada en la sentencia
de tutela fuera producto de una situación fraudulenta, cuestión derivada de la
evidente rectitud de las actuaciones adelantadas por esta Corporación.

En los términos descritos, solicito se declare la improcedencia de la acción, teniendo
en cuenta que la misma no cumple ni los requisitos generales ni los excepcionales
fijados jurisprudencialmente para el efecto […]”.

12. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta informó la
actuación procesal del trámite de tutela y anexó el respectivo expediente digital.

La sentencia impugnada

13. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió
sentencia, en primera instancia, el 30 de enero de 2023, por medio de la cual resolvió
lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
José Mariano Sánchez Luna, contra el Tribunal Administrativo del Magdalena […]”.

13.1 Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] La Sala de la Sección Segunda de esta corporación en providencia del 4 de
marzo de 20101, consideró que la acción de tutela contra sentencias proferidas en
un trámite de la misma naturaleza es improcedente. En tal sentido afirmó que es
indiscutible que el juez en tratándose de fallos de tutela está inmerso en la posibilidad
de equivocarse y con ello, de lesionar los derechos fundamentales de los
ciudadanos. Frente a esta posibilidad, sin embargo, el ordenamiento jurídico ha

1 Radicación No. 11001-03-15-000-2010-00083-00, Actor: José Isaac Nossa Ballesteros.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna

establecido un mecanismo de control para evitar la vulneración de derechos
fundamentales mediante sentencias de tutela, mecanismo que por decisión del
propio constituyente es el de revisión por parte de la Corte Constitucional, el cual no
solo busca unificar la interpretación constitucional en materia de derechos
fundamentales, sino erigirla como máximo tribunal en relación con la interpretación
de estos y como órgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los
mismos2.

Así mismo, se excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante
una nueva acción de tutela por presentarse vías de hecho, en razón a que la misma
Constitución Política definió directamente las etapas básicas del procedimiento de
amparo y previó que los errores de los jueces de instancia, inclusive de sus
interpretaciones sobre los derechos fundamentales, pudieran ser siempre conocidos
y corregidos por un órgano creado por él, la Corte Constitucional, a través del
mecanismo de la revisión.

Conforme a lo anterior, admitir que los fallos de tutela definitivamente decididos o
excluidos de revisión por la Corte Constitucional sean luego objeto de una nueva
acción de tutela, sin que se evidencie violación al derecho al acceso a la
administración de justicia o al debido proceso, sería avalar el desgaste de la
administración de justicia para la tramitación de una nueva instancia sobre un
proceso de tutela ya concluido, lo cual es contrario a la Constitución (art. 86 C.P.) y
a la ley (art. 33 del Decreto 2591 de 1991). Esto por una poderosa razón: decidido
un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selección para revisión
y precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de tutela
para revisión (art. 33 del Decreto 2591 de 1991), opera el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.)3. Una vez ha quedado
definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisión judicial de la Corte
Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido […]”.

[…]

“[…] En el presente caso, de acuerdo con los argumentos expuestos por el señor
José Mariano Sánchez Luna, lo pretendido es cuestionar la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual, en segunda instancia, le
tuteló los derechos fundamentales a la educación y no discriminación y ordenó al
DAPS, como responsable del programa de Jóvenes en Acción, financiarle del
primero al cuarto semestre derecho de la Universidad de Cartagena; ello, teniendo
en cuenta que, según su dicho, la financiación debe ordenarse respecto de la
totalidad del plan académico.

En vista de lo anterior, es evidente que el amparo deprecado resulta improcedente,
pues no se trata de que el Tribunal Administrativo del Magdalena hubiere incurrido
en un defecto o irregularidad y mucho menos en fraude, como lo exige la
jurisprudencia constitucional, sino del claro desacuerdo del señor José Mariano
Sánchez Luna con la decisión adoptada, respecto del cual, la Subsección resalta
que en el escrito petitorio no se sustentó de ninguna manera el amparo deprecado
[…]”.

2 Corte Constitucional. Sentencia SU – 1219 de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda.
3 Frente a este fenómeno la Sentencia de la Sección Segunda antes referida de 4 de marzo de 2010, es clara

en diferenciar entre la ocurrencia de la cosa juzgada constitucional y la cosa juzgada legal.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna

La impugnación

14. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado por las siguientes razones4:

“[…] Lo resaltado en los numerales anteriores, permite apreciar en el plenario que,
el derecho a la Educación goza de una protección especial por parte del Estado,
debido a que el mismo permite el goce efectivo de los demás derechos
fundamentales. La especial protección del derecho a la Educación le da una
prevalencia ante la autonomía de cualquier institución y/o autoridad, más aún si se
trata de la población vulnerable, lo cual exige de las autoridades públicas un trato
preferente y urgente, en pro de superar situaciones de marcada inequidad y
discriminación.

Ahora, descendiendo al caso concreto considero que, la orden contenida en el
numeral 2° de la parte resolutoria de la providencia proferida por el H. Tribunal
Administrativo del Magdalena, amenaza directamente mi permanencia y continuidad
en el sistema educativo, toda vez que se le ordena al Departamento Administrativo
Para la Prosperidad Social que financié solo hasta el cuarto (04) Semestre de mi
proceso de formación en la Universidad de Cartagena, institución en la cual me
encuentro actualmente formándome en el programa de pregrado Derecho.

En mérito de lo dicho y probado, reclamo un trato urgente y preferente por parte de
esta autoridad, y le suplico H. Consejero revoque la providencia que resolvió el
trámite de tutela con el rad. No. 11001-03-15-000-2023-00036-00, para en su lugar
proceda a modificar el numeral 2° de la parte resolutoria de la providencia proferida
el siete (07) de febrero del año dos mil veintidós (2022), dentro del trámite de
impugnación con el rad. No. 47-001-3333- 001-2021-00264-01; A fin de asegurar el
goce efectivo de los derechos ya amparados. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333 de 6 de abril de 20216
y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 7 y con el artículo 13
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20198, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.

4 Transcripción literal del escrito de impugnación.
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1,2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela"
7 “por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

17. Corresponde a la Sala establecer si en el caso sub examine es procedente la
acción de tutela acreditándose el cumplimiento del requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente, si
se cumplió con el requisito de la procedencia excepcional de la tutela contra
sentencias de tutela.

18. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales, iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la educación, iv) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la dignidad humana; vi) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al mínimo vital, procediendo posteriormente a vii) resolver el
caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se
satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

19. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna

acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

20. Esta Sección adoptó10 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200511, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

21. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos parámetros.

23. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
11 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna

que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

24. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

25. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento del requisito de la procedencia excepcional de la tutela contra
sentencias de tutela como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuesto por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional14.

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias de tutela

26. Por regla general, este mecanismo judicial de origen constitucional resulta
improcedente en el evento en que se le atribuya la vulneración de los derechos
fundamentales a las decisiones adoptadas por los jueces de tutela.

27. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional, mediante sentencia de
unificación SU – 627 de 1 de octubre de 201515, fijó la excepción de la precitada
regla jurisprudencial, recopilando, para tal efecto, una serie de criterios de
procedibilidad que dependen del objeto del amparo. Esto es, si el mismo se enfoca
en la sentencia proferida dentro del proceso de tutela o respecto de una actuación
previa o posterior a la mencionada providencia.

28. En el primer escenario, la solicitud de amparo constitucional procede si: i) la
sentencia de tutela es proferida por un juez o tribunal diferente a la Corte
Constitucional; ii) se presenta la cosa juzgada fraudulenta; iii) se cumplen con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; iv)

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
14 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. Actor: Dirección Nacional de

Estupefacientes en liquidación. M.P. Mauricio González Cuervo.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna

la acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; v) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y, vi) no existe otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación.

29. En el segundo escenario la Corte Constitucional contempló dos eventos de
procedibilidad, estos son:

“[…] 4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional
[…]”16.

30. De conformidad con lo anterior, la Sección Primera de esta Corporación,
mediante sentencia proferida el 14 de marzo de 201917, concluyó que al efectuar el
análisis de procedibilidad de la acción de tutela en contra de una providencia judicial
cuyo origen emana de un proceso de tutela, al juez constitucional le corresponde
identificar, en primer momento, en qué escenario se profirió la providencia judicial
cuestionada, para así cerciorarse del cumplimiento de los parámetros
excepcionales previstos en cada escenario.

31. Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia SU- 627 de 2015 frente al
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta dijo:

“[…] 4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la regla de
que la tutela no procede contra sentencias de tutela no puede ser absoluta. El
principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos, pues
en ciertas circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus
omnia corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material,
a partir del cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que
tiene la decisión del juez. En el fallo de tutela, valga decir, en su parte resolutiva,
es posible distinguir dos partes constitutivas: “(i) la decisión de amparo y (ii) la orden
específica y necesaria para garantizar el goce del derecho protegido”. Respecto de
la decisión, “el principio de cosa juzgada se aplica en términos absolutos conforme
a la inimpugnabilidad que la caracteriza”, mientras que respecto de la orden, “se ha
dicho que puede ser complementada para lograr el cabal cumplimiento del fallo”. En

16 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
Referencia Expediente T- 4.496.402. Actor: Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P. Dr. Roberto Augusto

Serrato Valdés. Sentencia de 14 de marzo de 2019. Núm. único de radicación: 52001 23 33 000 2018 00550
01.

12

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna

este contexto, es posible que se configure el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, que “se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con
todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio
fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a
terceros y a la comunidad”. Este fenómeno es más grave cuando el fraude es
cometido directamente por el juez o con su anuencia. Con este fundamento, al
constatar la existencia de fraude en una sentencia de tutela que no fue objeto de
revisión, para evitar que esta se materialice, este tribunal advirtió que si bien “no
puede revocar esa providencia, lo que implicaría hacer un análisis de fondo de la
misma y transgredir las consecuencias que emanan una vez finiquitado el trámite
de revisión en esta Corporación”, si puede, como ya lo hizo en la Sentencia T-104
de 2007, “hacer que esa decisión, por consecuencia, quede sin ningún valor jurídico,
respetando la prohibición del non bis in ídem, fundamentando su actuación en el
precepto fraus omnia corrumpit”, pues esta medida – dejar sin efecto la sentencia
del dos mil seis (2006) -, para este caso particular, no supondría una afectación
desproporcionada a la cosa juzgada, pues la decisión disciplinaria adoptada por el
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, data del diecisiete (17) de
noviembre de dos mil diez (2010). Así, han pasado menos de cinco años entre esa
resolución y la presente decisión. Igualmente, pasaron menos de cinco años entre
el momento de exclusión de revisión de la sentencia proferida por el juzgado de
Magangué y la fecha de selección para revisión de la acción de tutela instaurada en
el dos mil nueve (2009). En efecto, el auto de exclusión fue proferido el diez (10) de
abril de dos mil siete (2007), mientras que esta causa fue seleccionada el once (11)
de junio de dos mil diez (2010). Como se observa, ambos términos son muy
inferiores al máximo que la legislación permite para el recurso extraordinario de
revisión en materia civil. Por lo mismo, a juicio de esta Sala, no existe fundamento
para considerar que esta medida, que protege al erario y a la dignidad de justicia de
un evidente fraude, sea excesiva frente a la cosa juzgada. Finalmente, la Sala no se
está refiriendo a si les asiste o no derecho a recibir la pensión gracia a los
demandantes, solo se pronuncia sobre una causa específica en la cual se evidencia
la necesidad de aplicar el precepto que establece que el fraude lo corrompe todo.

4.4.2. En la Sentencias T-951 de 2013 y T-373 de 2014 este tribunal reiteró la
procedencia excepcional de la tutela cuando se trata de “revertir o de detener
situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una
orden proferida en un proceso de amparo”. En la primera de ellas precisó que
la cosa juzgada, incluso la constitucional, “no es un fin en sí mismo, sino un
medio para alcanzar el valor de la justicia”, de tal suerte que “las instituciones
del Estado Social de Derecho, establecidas para la promoción de los valores
democráticos, basados en la solidaridad y en la vigencia de un orden justo, no
pueden permitir que se consoliden situaciones espurias18, bajo el argumento
de la obediencia ciega a las situaciones juzgadas, cuando las mismas son
producto de la cosa juzgada fraudulenta […]”. (Resaltado por la Sala).

32. En ese orden de ideas, para que proceda excepcionalmente la acción de tutela
contra una sentencia de tutela debe acreditarse de manera clara y suficiente, que la
providencia adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación
de fraude, que afecta el ideal de justicia presente en el derecho.

18 Entiéndase como situaciones ilegales, fraudulentas, carentes de autenticidad.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la educación

33. Visto el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz
y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la
Constitución y la ley […]”.

34.Atendiendo a que, la Corte Constitucional19 ha definido el derecho a la educación
como “[…] un derecho social fundamental […]”, y ha recordado que este derecho
tiene “[…] una doble condición de derecho y de servicio público que busca garantizar
el acceso de los ciudadanos al conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y
valores culturales […]” de manera que ha resaltado que como derecho tiene como
propósito “[…] la promoción del desarrollo humano y la erradicación de la pobreza
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

35. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

19 Corte Constitucional, Sentencia T-743 de 23 de octubre de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

36. Atendiendo a que la Corte Constitucional20 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana

37. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general […]”. (Resaltado por la Sala).

38. Atendiendo a que la Corte Constitucional21 ha establecido que el derecho a la
dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su

20 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna

objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En relación
con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de diseñar
un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad humana
entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y iii) la
dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este Tribunal
ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un valor fundante
del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un principio
constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental autónomo
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital

39. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.

40. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado al
mínimo vital, ha dicho22:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este

22 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna

derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.

Análisis del caso concreto

41. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 7 de
febrero de 2022 dentro de la acción de tutela identificada con el número único de
radicación 47-001-3333- 001-2021-00264-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.

42. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

43. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

44. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

44.1. Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, el 7 de febrero de 2022.

Solución del caso concreto

Análisis de la procedencia excepcional de la tutela contra sentencias de tutela

45. La Sala procederá a resolver si es procedente la acción de tutela acreditándose
el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna

contra providencias judiciales, en especial, el de la procedencia excepcional de la
tutela contra sentencias de tutela.

46. Se advierte lo siguiente respecto a la presente solicitud de tutela:

Tutela 1. núm. único de radicación Tutela 2. núm. único de radicación
47-001-3333-001-2021-00264-01 11001-03-15-000-2023-00036-01
(Proceso actual)
Actor José Mariano Sánchez Luna José Mariano Sánchez Luna
Demandados Departamento Administrativo para la Tribunal Administrativo del Magdalena
Prosperidad Social
Derechos i) Habeas data; ii) petición y iii) debido i) Educación, ii) igualdad, iii) dignidad
vulnerados proceso. humana y iv) mínimo vital.
Presupuestos Señaló que el 4 de octubre de 2021 Indicó que en el numeral 1° de la parte
fácticos elevó petición ante el Departamento resolutoria de la sentencia accionada, el H.
Administrativo para la Prosperidad Tribunal Administrativo del Magdalena
Social, pretendiendo que se corrigiera revocó el numeral 1° de la parte resolutoria
o actualizara su información personal, de la providencia proferida en primera
relativo a: (i) la confirmación de retiro instancia por el Juzgado Primero del
voluntario emitido por la Universidad Circuito de Santa Marta. En consecuencia,
del Magdalena, (ii) el Registro Único resolvió en el numeral 2°:
de Víctimas -RUV- No. 93620 y, (iii) la
certificación de matrícula académica “…TUTELAR los derechos fundamentales
expedida por la Universidad de de la educación y no discriminación del
Cartagena. Pero esta solicitud fue señor JOSÉ MARIANO SÁNCHEZ LUNA.
contestada el 2 de noviembre de En consecuencia, se ORDENARÁ al
2021, de manera desfavorable, con Departamento Administrativo para la
fundamento en lo establecido en el Prosperidad Social como responsable del
Manual Operativo del Programa de programa de Jóvenes en Acción, le
Jóvenes en Acción, versión 8, financie del primero hasta el cuarto
desconociendo que sus derechos y semestre del programa de Derecho de la
su especial condición de protección Universidad de Cartagena, por ser el
no pueden ser vulnerados por la tiempo restante que faltaba para finalizar
expedición de normas posteriores a su primer programa de formación.”
las vigentes para la época de su (Negrilla y subrayado fuera del texto
vinculación, al programa de gobierno original)
en el año 2019.
Sostuvo que la sentencia proferida por el
Precisó que presentó acción de tutela Tribunal Administrativo del Magdalena
contra el DEPARTAMENTO vulneró sus derechos fundamentales a la
ADMINISTRATIVO PARA LA i) educación, ii) igualdad, iii) dignidad
PROSPERIDAD SOCIAL – DAPS- humana y iv) mínimo vital.
por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al habeas
data, petición y debido proceso, como
quiera que, al solicitar la actualización
de datos por el cambio de programa
académico y de Institución Educativa
dentro del programa Jóvenes en
Acción, la entidad accionada resolvió
su petición de manera desfavorable.
Pretensiones “[…] En armonía a los argumentos “[…] 1- Tutelar los derechos
expuestos y siguiendo lo previsto en fundamentales invocados en esta acción
el artículo 230° de la Constitución constitucional.
Nacional solicito señor
Juez/Magistrado que corresponda, se 2- Modificar el numeral 2° de la parte
sirva a (i) amparar los derechos resolutoria de la providencia judicial

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna

fundamentales invocados en la proferida en segunda instancia por el H.
presente acción constitucional, en Tribunal Administrativo del Magdalena,
consecuencia, (ii) ordénele a la parte dentro del trámite de tutela con rad. No.
accionada que en el término de 48 2021-00264. El cual quedará así:
horas proceda a realizar en la Base
de Datos del programa de gobierno “(…) SEGUNDO: TUTELAR los derechos
‘Jóvenes en Acción’, las correcciones fundamentales de la educación y no
y/o actualizaciones requeridas discriminación del señor JOSÉ MARIANO
mediante la solicitud del 4 de octubre SÁNCHEZ LUNA. En consecuencia, se
de 2021. […]”. ORDENARÁ al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social
como responsable del programa de
Jóvenes en Acción, le financie el programa
de Derecho de la Universidad de
Cartagena, hasta que haya finalizado este
programa de formación […]”.

47. Con fundamento en lo anterior, es preciso tener en cuenta que la presente
solicitud de amparo pretende que se deje sin efectos jurídicos la sentencia proferida
el 7 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena dentro de la
acción de tutela identificada con el número único de radicación 47-001-3333-001-
2021-00264-01, por medio del cual decidió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVOCAR el numeral 1° de la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia del nueve (09) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), proferida
por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta, y en su lugar, se
accederá parcialmente a las súplicas de la acción de tutela.

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales de la educación y no
discriminación del señor JOSÉ MARIANO SÁNCHEZ LUNA. En consecuencia, se
ORDENARÁ al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social como
responsable del programa de Jóvenes en Acción, le financie del primero hasta el
cuarto semestre del programa de Derecho de la Universidad de Cartagena, por ser
el tiempo restante que faltaba para finalizar su primer programa de formación […]”.

48. En ese orden de ideas, se evidencia que el actor interpuso una acción de tutela
contra una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena dentro
del marco de una solicitud de tutela, por lo que con fundamento en la jurisprudencia
de la Corte Constitucional se debe declarar improcedente.

49. Asimismo, es preciso indicar que, en los términos de la sentencia SU – 627 de
201523, la solicitud de tutela se enfoca en la sentencia proferida dentro de la acción
de tutela identificada con el núm. único de radicación 47001-3333-001-2021-00264-
01. En ese sentido, se advierte que, en el caso concreto, aun cuando la providencia
la profirió un juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional, no se acreditó el

23 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 del 1.° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna

requisito de procedibilidad excepcional de la solicitud de tutela contra tutela
consistente en que se presente la cosa juzgada fraudulenta, por cuanto no se
acreditó de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la anterior acción
de tutela fuera producto de una situación de fraude.

50. Ahora bien, la Sala precisa que el actor en el escrito de impugnación señaló:

“[…] Lo resaltado en los numerales anteriores, permite apreciar en el plenario que,
el derecho a la Educación goza de una protección especial por parte del Estado,
debido a que el mismo permite el goce efectivo de los demás derechos
fundamentales. La especial protección del derecho a la Educación le da una
prevalencia ante la autonomía de cualquier institución y/o autoridad, más aún si se
trata de la población vulnerable, lo cual exige de las autoridades públicas un trato
preferente y urgente, en pro de superar situaciones de marcada inequidad y
discriminación.

Ahora, descendiendo al caso concreto considero que, la orden contenida en el
numeral 2° de la parte resolutoria de la providencia proferida por el H. Tribunal
Administrativo del Magdalena, amenaza directamente mi permanencia y continuidad
en el sistema educativo, toda vez que se le ordena al Departamento Administrativo
Para la Prosperidad Social que financié solo hasta el cuarto (04) Semestre de mi
proceso de formación en la Universidad de Cartagena, institución en la cual me
encuentro actualmente formándome en el programa de pregrado Derecho.

En mérito de lo dicho y probado, reclamo un trato urgente y preferente por parte de
esta autoridad, y le suplico H. Consejero revoque la providencia que resolvió el
trámite de tutela con el rad. No. 11001-03-15-000-2023-00036-00, para en su lugar
proceda a modificar el numeral 2° de la parte resolutoria de la providencia proferida
el siete (07) de febrero del año dos mil veintidós (2022), dentro del trámite de
impugnación con el rad. No. 47-001-3333- 001-2021-00264-01; A fin de asegurar el
goce efectivo de los derechos ya amparados […]”. (Resaltado por la Sala).

51. Al respecto, en necesario reiterar que la Sentencia C-590 de 8 de junio de 200524
estableció como uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra decisiones judiciales el siguiente:

“[…] f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de
manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas. […]”. (Resaltado por la Sala).

24 Corte Constitucional, sentencia C 590 de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño.

20

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna

52. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario precisar que la sentencia de 7 de
febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del
proceso identificada con el núm. único de radicación 47-001-3333-001-2021-00264-
01, lo fue en el marco de una acción de tutela, de manera que, independientemente
de que la decisión adoptada por el juez de tutela sea contraria a los intereses del
actor o no sea de su agrado, no cambia el hecho de que la misma corresponda a
una sentencia de tutela.

Conclusiones de la Sala

53. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de 30 de enero de 2023, proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de
la cual declaró improcedente el amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 30 de enero de 2023,
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

21

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00036-01
Actor: José Mariano Sánchez Luna

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente (E) Consejero de Estado
Consejero de Estado (Ausente con permiso)

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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