Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00044-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00044-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-00044-00
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
2 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2023-00044-001
Actora : Carolina Muñoz Londoño
Accionados : Magistrados de las subsecciones A de las secciones segunda
del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso e igualdad
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por la señora Carolina
Muñoz Londoño contra los señores magistrados de las subsecciones A de las
secciones segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso e igualdad.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. La señora Carolina Muñoz Londoño, quien actúa
en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de que se le protejan las
garantías superiores a las que se hizo referencia, presuntamente quebrantadas
por los señores magistrados de las subsecciones A de las secciones segunda del
Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Como consecuencia de lo anterior, pide se dejen sin efectos los fallos de (i) 17
de noviembre de 2016, mediante el cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección A de la sección segunda) negó las pretensiones
formuladas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió contra la Unidad Administrativa Especial Junta Central de
Contadores (expediente 25000-23-42-000-2013-01729-00); y (ii) 12 de mayo
de 2022, con el que el Consejo de Estado (subsección A de la sección segunda)
lo confirmó; en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas dictar una
nueva providencia, en la que se concedan dichas súplicas.
1.2 Hechos. Relata la accionante que trabajó como abogada en la Unidad
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Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00044-00
Carolina Muñoz Londoño contra los señores magistrados de las subsecciones A de las
secciones segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Administrativa Especial Junta Central de Contadores, en la cual «[…]
desempeñ[ó] las funciones de asesoría jurídica en […] las investigaciones
disciplinarias adelantadas por dicha [e]ntidad contra profesionales de
servicios contables y posteriormente, como miembro del comité de
emergencias […]», desde el 8 de marzo de 2007 hasta el 20 de diciembre de
2011, en el horario impuesto por dicha Unidad y con funciones similares a las
del personal de planta, sin embargo, fue vinculada a través de contratos de
prestación de servicios, pese a que ello no procedía en su caso, razón por la
cual el 13 de noviembre de 2012 solicitó declarar la existencia de la relación
laboral y el pago de todos los salarios y prestaciones a que hubiere lugar
durante ese lapso, lo que le fue negado con oficio CJ 5611/2012 de 30 de los
mismos mes y año.
Que, por lo anterior, el 8 de mayo de 2013 acudió ante la jurisdicción
contencioso-administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, del que conoció el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección A de la sección segunda) que, con providencia de
17 de noviembre de 2016, negó las pretensiones formuladas, al considerar que
en su vínculo contractual no concurrían los presupuestos de un contrato de
trabajo.
Dice que inconforme con esa decisión, interpuso recurso de apelación,
desatado el 12 de mayo de 2022 por el Consejo de Estado (subsección A de la
sección segunda), en el sentido de confirmarla, al estimar que «[…] no se
encuentra demostrado de forma contundente el elemento de “subordinación”
propio de las relaciones laborales encubiertas o subyacentes […]».
Sostiene que las sentencias cuestionadas incurren en (i) defecto fáctico, puesto
que no valoraron las pruebas obrantes dentro del proceso, en particular, el
testimonio de la señora Maryorie Beatriz Suárez de las Salas, que daba cuenta
de la concurrencia de los elementos constitutivos de la relación laboral; y (ii)
desconocimiento del precedente horizontal, al inobservar la sentencia de 7 de
abril de 20222, también proferida por la subsección A de la sección segunda
del Consejo de Estado, en la que en un asunto similar al suyo (pues la allí
demandante trabajó con ella en la Unidad Administrativa Especial Junta
Central de Contadores y desempeñaba las mismas funciones), se accedió a las
súplicas ordinarias.
2
Expediente 25000-23-42-000-2013-04302-01 (3557-2017), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00044-00
Carolina Muñoz Londoño contra los señores magistrados de las subsecciones A de las
secciones segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través
de auto de 13 de enero de 2023, admitió la presente acción, ordenó notificar a
los señores magistrados de las subsecciones A de las secciones segunda del
Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y dispuso
vincular al señor director general de la Unidad Administrativa Especial Junta
Central de Contadores, en los términos previstos en el artículo 13 del Decreto
2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 Los señores magistrados de la subsección A de la sección segunda del
Consejo de Estado, por conducto del ponente de la sentencia de 12 de mayo de
2022, piden declarar improcedente la acción de tutela, toda vez que «[…] en
esta clase de asuntos la carga de la prueba corresponde a quien pretende
demostrar la existencia de la relación laboral encubierta o subyacente, y en el
presente caso, la parte demandante no logró acreditar [en] forma contundente
el elemento de la subordinación o dependencia continuada […]», por lo que
no se puede acudir a este mecanismo constitucional como si fuera una tercera
instancia y, en todo caso, «[…] no se presentó con inmediatez».
2.1.2 El señor director general de la Unidad Administrativa Especial Junta
Central de Contadores, a través del representante legal de esa entidad, asevera
que «[…] los argumentos expuestos por la accionante están encaminados
únicamente a volver sobre la controversia decidida por el juez natural, al
transliterar los hechos de la demanda inicial que no probó en sede judicial, lo
que hace improcedente la acción de tutela […]».
2.1.3 Los señores magistrados de la subsección A de la sección segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por intermedio del ponente de la
providencia cuestionada, solicitan negar el amparo deprecado, puesto que en su
decisión, «[…] contrario a lo expuesto por la accionante, la Sala examinó
todas y cada una de las pruebas obrantes en el expediente y de las cuales se
pudo concluir que el acto administrativo enjuiciado no se encontraba incurso
en las causales de nulidad alegadas en la demanda, no observándose de esta
manera vía de hecho».
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00044-00
Carolina Muñoz Londoño contra los señores magistrados de las subsecciones A de las
secciones segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
la accionante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso e igualdad.
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Cuestiones preliminares.
3.3.1 En el asunto sub examine la demandante pide se dejen sin efectos los
fallos de (i) 17 de noviembre de 2016, mediante el cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección segunda) negó
las pretensiones formuladas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió contra la Unidad Administrativa Especial Junta Central
de Contadores (expediente 25000-23-42-000-2013-01729-00); y (ii) 12 de
mayo de 2022, con el que el Consejo de Estado (subsección A de la sección
segunda) confirmó la anterior determinación.
Sin embargo, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la
providencia de 12 de mayo de 2022, por ser la que, al desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la de 17 de noviembre de 2016, decidió de manera
definitiva el mencionado proceso contencioso-administrativo.
3.3.2 El señor consejero de Estado William Hernández Gómez (e), integrante
de esta subsección3, expresa su impedimento para conocer de esta acción,
3
Cabe advertir que la sala plena del Consejo de Estado, mediante Acuerdo 244A de 25 de octubre de 2022,
encargó al mencionado señor magistrado del despacho del que era titular la señora exconsejera de Estado
Sandra Lisset Ibarra Vélez, quien integraba esta subsección y terminó su período constitucional el día 29 de
los mismos mes y año.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00044-00
Carolina Muñoz Londoño contra los señores magistrados de las subsecciones A de las
secciones segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
comoquiera que integró la Sala en la que se profirió la sentencia objeto de
discusión, motivo por el cual, por economía procesal, los restantes miembros
de esta Sala aceptan el impedimento que le asiste, dado que en el asunto sub
judice se configura la causal consagrada en el numeral 6 del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal4, esto es, «[q]ue el funcionario haya dictado la
providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del
proceso […]» (se destaca); por tanto, se le separa de su conocimiento, con el
fin de garantizar la imparcialidad de la justicia.
3.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje
constitucional fundamental que pueda comportar el fallo 12 de mayo de 2022,
por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A
de la sección segunda) decidió, en segunda instancia, el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la tutelante contra la
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores (expediente
25000-23-42-000-2013-01729-00), en el sentido de confirmar la providencia
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección
segunda), que negó las pretensiones de la demanda; y, en caso afirmativo, si se
han vulnerado las garantías superiores al debido proceso e igualdad invocadas
en la solicitud de amparo.
3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de
tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia
revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento
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Aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00044-00
Carolina Muñoz Londoño contra los señores magistrados de las subsecciones A de las
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probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos
eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez.
(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso
judicial siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que
hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00044-00
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excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución,
que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho,
vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión
de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales5, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20126, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
5
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
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Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00044-00
Carolina Muñoz Londoño contra los señores magistrados de las subsecciones A de las
secciones segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos7.
Por último, en el fallo de 5 de agosto de 20148, proferido por la sala plena de lo
contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio de
que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el principio
de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y
específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron el
de inmediatez y subsidiariedad.
3.6 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i)
el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia de la tutelante; (ii) contra la decisión
objeto de censura no procede recurso alguno, en atención a que fue emitida en
segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos
que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv)
el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la providencia atacada
quedó ejecutoriada el 5 de julio de 20229 y la solicitud de amparo se presentó
el 11 de enero de 202310, es decir, dentro de un término prudencial (6 meses); y
(v) la sentencia acusada no desató una acción de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el
fondo del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico y
desconocimiento del precedente invocadas por la accionante.
7
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de
2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de
febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P.
Gerardo Arenas Monsalve.
8
Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014,
C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 24 de junio de
2022, motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 29 de los mismos mes y
año, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
10
Cabe precisar que en el presente asunto el término para incoar la acción de tutela feneció el 5 de enero de
2023, sin embargo, al ser un día vacante, aquella debía promoverse el primer día hábil siguiente, esto es, el 11
de los mismos mes y año, como en efecto se hizo, tal como lo autoriza el artículo 62 del Código de Régimen
Político y Municipal.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00044-00
Carolina Muñoz Londoño contra los señores magistrados de las subsecciones A de las
secciones segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
3.6.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:
a) Contratos de prestación de servicios 31, del 8 de marzo al 7 de septiembre
de 2007; 58, desde el 12 de septiembre de 2007 hasta el 1º de enero de 2008;
12, entre el 25 de enero y el 24 de diciembre de 2008; 21, del 26 de enero al 25
de diciembre de 2009; 17, desde el 20 de enero hasta el 19 de diciembre de
2010; y 14, entre el 21 de enero y el 20 de diciembre de 2011, suscritos entre la
actora y la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores,
encaminados a que la primera prestara «[…] asesoría jurídica en […] [las]
investigaciones disciplinarias adelantadas […] contra profesionales de
servicios contables, de conformidad con las directrices trazadas por el
Tribunal Disciplinario y en cumplimiento expreso del procedimiento y
términos previstos en la guía disciplinaria […]» (sic).
b) Escrito de 13 de noviembre de 2012, con el que la tutelante pidió de la
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores declarar la
existencia de la relación laboral y el pago de los haberes salariales y sociales
que, a su juicio, se derivaron de los contratos de prestación de servicios
celebrados entre el 2007 y el 2011, por haber concurrido los elementos de un
contrato de trabajo, lo que fue atendido de manera desfavorable por el señor
director general de la referida Unidad, a través de oficio CJ 5611/2012 de 30
de los mismos mes y año, en el que le indicó a la actora que entre aquel ente y
ella no existió algún tipo de vinculación laboral.
c) El 8 de mayo de 2013 la accionante promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial Junta
Central de Contadores (expediente 25000-23-42-000-2013-01729-00),
encaminada a que se le concediera lo deprecado en sede administrativa.
d) Declaración rendida por la señora Maryorie Beatriz Suárez de las Salas,
quien es abogada de planta en la Unidad Administrativa Especial Junta Central
de Contadores y señaló que los profesionales del derecho contratistas (i)
debían cumplir un horario de labores estipulado para la atención al público; (ii)
realizaban la sustanciación y el trámite de los asuntos disciplinarios, los cuales
tenían estricta reserva, por lo que los respectivos expedientes no podían
retirarse de las instalaciones bajo ninguna circunstancia; y (iii) por el elevado
cúmulo de trabajo, les era poco posible litigar.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00044-00
Carolina Muñoz Londoño contra los señores magistrados de las subsecciones A de las
secciones segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
e) Declaración rendida por la señora Juddy Hayley Farfán Moreno11, quien fue
compañera de la actora y sostuvo que los abogados vinculados por prestación
de servicios en la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores
no cumplían horario, podían ejercer el litigio y suscribir contratos adicionales
con otros entes estatales y ejecutaban funciones diferentes a las del personal de
planta.
f) Interrogatorio de parte de la tutelante en el que, entre otras cosas, indicó que
ha litigado desde el 2006 y que las directrices para realizar cualquier actividad
administrativa dentro de las diligencias disciplinarias que tenía a su cargo se
impartían de manera verbal.
g) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección
segunda), con providencia de 17 de noviembre de 2016, negó las pretensiones
ordinarias, al estimar que «[…] no existió subordinación continuada, por
cuanto la demandante litigaba en forma simultánea, es decir, no dedicaba su
tiempo exclusivamente al desarrollo del objeto contractual como lo hace un
empleado de planta […]», lo que fue admitido por ella en el interrogatorio de
parte. Además, no «[…] se evidenciaron directrices o lineamientos para
ejecutar las órdenes de prestación de servicios que anularan [su] autonomía
[…] ni llamadas de atención, solicitudes de información o que tuviera que
pedir permiso para ausentarse de su sitio de trabajo […]».
h) Memorial que contiene el recurso de apelación interpuesto por la
demandante contra la providencia relacionada en la letra precedente,
comoquiera que, en su criterio, «[…] se aportaron pruebas suficientes que
demuestran de manera fehaciente, la real existencia de un vínculo laboral
[…]» con la entidad accionada.
i) El 12 de mayo de 2022 el Consejo de Estado (subsección A de la sección
segunda) desató la mencionada alzada, en el sentido de confirmar la decisión
recurrida, al considerar que «[…] el acervo probatorio arrimado al proceso
solo consigue demostrar la prestación personal del servicio d[e la]
demandante y la remuneración como contratista al servicio de la Junta
Central de Contadores, m[a]s no […] si existió subordinación».
3.6.2 Defecto fáctico. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se
encuentra viciada por defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la
norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge
11
Solicitada por la demandada Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores.
10
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00044-00
Carolina Muñoz Londoño contra los señores magistrados de las subsecciones A de las
secciones segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión»12.
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra13.
3.6.3 Desconocimiento del precedente. Al respecto, se precisa que el
desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal
autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se
trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el
artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados
por la Corte Constitucional en su jurisprudencia14, y la segunda hace referencia
a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o
vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia
adolece de un defecto sustantivo15 en virtud de los principios del debido
proceso, igualdad y buena fe16.
3.6.4 Solución al caso concreto. En el sub lite se tiene que la actora aduce
que la providencia censurada incurre en (i) defecto fáctico, puesto que no
valoró las pruebas obrantes dentro del proceso, en particular, el testimonio de
la señora Maryorie Beatriz Suárez de las Salas, que daba cuenta de la
concurrencia de los elementos constitutivos de la relación laboral; y (ii)
desconocimiento del precedente horizontal, al inobservar la sentencia de 7 de
12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
13
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
14
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias
de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
15
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
16
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
11
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00044-00
Carolina Muñoz Londoño contra los señores magistrados de las subsecciones A de las
secciones segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
abril de 202217, también proferida por la subsección A de la sección segunda
del Consejo de Estado, en la que en un asunto similar al suyo (pues la allí
demandante trabajó con ella en la Unidad Administrativa Especial Junta
Central de Contadores y desempeñaba las mismas funciones), se accedió a las
súplicas formuladas.
Con el propósito de dilucidar si los referidos reproches tienen o no asidero
jurídico, vale la pena recordar que el contrato de prestación de servicios es el
celebrado por los entes estatales para desarrollar actividades relacionadas con
su administración o funcionamiento y sus condiciones están dadas, entre otras
normas, por el artículo 3218, numeral 319, de la Ley 80 de 199320, es decir, por
el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de
suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad, o para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el
personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del
contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente
bajo los términos del contrato y de la ley contractual.
Sin embargo, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se
comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones
sociales en favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de
la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales,
consagrado en el artículo 5321 de la Constitución Política, con el que se
propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados
en normas acerca de la materia.
17
Expediente 25000-23-42-000-2013-04302-01 (3557-2017), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
18
«DE LOS CONTRATOS ESTATALES».
19
«<Apartes subrayados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES>Son contratos de prestación de servicios los que
celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el
término estrictamente indispensable».
20
«Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública».
21
«El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los
siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad».
12
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00044-00
Carolina Muñoz Londoño contra los señores magistrados de las subsecciones A de las
secciones segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se
constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados,
propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en
sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo
sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las
necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos,
para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones
laborales.22
En el sub lite se evidencia que en la providencia objeto de reproche
constitucional las autoridades accionadas sostuvieron:
2.4.1.2. Subordinación continuada
Siguiendo los criterios consolidados en la sentencia de unificación SUJ-
025-CES2-2021, son indicios de la subordinación ciertas circunstancias
que permiten determinar su existencia, entre otras, las siguientes:
i) El lugar de trabajo: En el presente asunto la demandante tuvo que
prestar sus servicios personales al interior de la Unidad Administrativa
Especial Junta Central de Contadores.
ii) El horario de labores: no se pudo determinar con certeza que la
demandante hubiera estado supeditada al cumplimiento de horario, el cual
estaba establecido entre las 8:00 am y las 5:00 pm para la atención al
público de la entidad, por cuanto en los contratos no se pactó tal condición
y las deponentes no fueron coincidentes al indicar esa situación, por el
contrario, se contradicen.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar: las
únicas pruebas que se recaudaron con el propósito de su acreditación
fueron los contratos de prestación de servicio y el testimonio de la señora
Maryorie Beatriz Suárez de las Salas; no obstante, del estudio de dichos
medios de prueba no se evidencia de manera directa dicho presupuesto
indicio de subordinación.
Al revisar el contenido de cada contrato se tiene que las funciones que
debía desarrollar la demandante dentro de los encargos eran similares y
requería de sus conocimientos como abogada, sin que de ello se pueda
concluir que el ejercicio de su labor estuvo sometido al cumplimiento de
órdenes diferentes a las pactadas.
22
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de
27 de enero de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-1998-
03542-01(0202-10).
13
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00044-00
Carolina Muñoz Londoño contra los señores magistrados de las subsecciones A de las
secciones segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Adicionalmente, examinadas en conjunto las pruebas obrantes en el
expediente, se observa que no existe certeza en el plenario de que la
función desarrollada en ejercicio del trámite y sustanciación de los
[asuntos] disciplinarios que se adelantan […] contra […] los profesionales
de la contaduría en la Junta Central de Contadores se hubiera desarrollado
de forma continuada, subordinada o dependiente.
Aunado a ello, según lo afirmado por la demandante en la audiencia de
pruebas, ejerció el litigio en forma simultánea a la prestación del servicio
profesional contratado por la Junta Central de Contadores, incluso señaló
que comenzó a desarrollar actividades propias de la profesión de abogado
desde el año 2006 hasta la fecha la recepción de la declaración.
[…]
Luego de analizar todo lo anterior, para la Sala, el que la demandante
hubiera asistido a la entidad demandada dentro del horario asignado a la
atención al público y/o el seguimiento a la forma en que se cumplía la
función no constituyen elementos que por sí solos sean suficientes para
demostrar el aspecto sustancial de la subordinación.
En efecto, hechos como estos han determinado el criterio hermenéutico de
esta Subsección para diferenciar el vínculo laboral del contractual,
precisándose que no toda relación de servicios implica per se la existencia
del elemento de la subordinación, ya que entre contratante y contratista
puede existir una relación de coordinación de actividades, donde el
segundo es libre de someterse a las condiciones necesarias para el
desarrollo eficiente de la actividad encomendada, como: i) un horario; ii)
el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores; y, iii)
tener que reportar informes sobre sus resultados, pero ello no significa
necesariamente la configuración de un elemento de subordinación.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ya ha
tenido la oportunidad de pronunciarse en controversias similares y ha
concluido que entre contratante y contratista puede existir una relación de
coordinación en sus actividades, de manera que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad
encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho
de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar
informes sobre sus resultados, pero ello no significa necesariamente la
configuración de un elemento de subordinación.
En ese orden, las aseveraciones de la testigo, a juicio de esta Corporación,
no pueden considerarse por sí solas como demostrativas de la existencia
de una relación en condición de subordinación y dependencia continuada,
ello en virtud a que la sola determinación de que la contratista estuviera
obligada a tramitar y sustanciar los procesos disciplinarios que se
adelantan en la Junta Central de Contadores y que tuviera que hacerlo
14
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00044-00
Carolina Muñoz Londoño contra los señores magistrados de las subsecciones A de las
secciones segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
desde las instalaciones de la entidad, no son pruebas suficientes, se insiste,
para encontrar configurada la relación laboral que se alega.
De lo trascrito se colige que como la accionante no adosó los medios de prueba
necesarios para acreditar el elemento de subordinación, requisito esencial para
determinar la existencia de la relación laboral, era dable que las autoridades
accionadas, bajo los criterios de la sana crítica, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 176 del Código General del Proceso (CGP), confirmaran la decisión
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección
segunda) de negar las pretensiones ordinarias.
En la solicitud de amparo la tutelante alega que se omitió examinar elementos
de convicción que demostraban el aludido presupuesto, en particular, el
testimonio de la señora Maryorie Beatriz Suárez de las Salas, sin embargo,
para la Sala la sentencia acusada no incurre en tal irregularidad, toda vez que
las pruebas adosadas a esas diligencias ordinarias (contratos de prestación de
servicios, interrogatorio de parte de la demandante y declaraciones rendidas
por las señoras Maryorie Beatriz Suárez de las Salas y Juddy Hayley Farfán
Moreno) no tenían la entidad suficiente para dar por acreditado el elemento de
subordinación, habida cuenta de que (i) el objeto de los contratos no implica
por sí mismo su existencia; (ii) el interrogatorio de la tutelante no dio cuenta de
que se le haya impuesto un horario por parte del ente demandado ni de que se
le impartieran las órdenes que afirmó recibir de aquel, por el contrario, allí
adujo que litigaba desde el 2006, es decir, en forma simultánea a la prestación
del servicio profesional contratado; y (iii) las declaraciones rendidas por las
señoras Maryorie Beatriz Suárez de las Salas y Juddy Hayley Farfán Moreno
tampoco dieron certeza del horario, funciones y autonomía en el desarrollo de
las actividades, puesto que en esos aspectos se contradijeron, porque mientras
la primera aseguró que se cumplía un horario, se realizaban tareas similares a
las del personal de planta y, en razón a la gran carga laboral, era poco posible
litigar, la segunda aseveró todo lo opuesto; además, no reposaba documento
alguno que respaldara la versión de la señora Suárez de las Salas.
Cabe advertir que el hecho de que los magistrados demandados no hayan
valorado las pruebas en el sentido que pretendía la actora, no involucra la
causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales denominada defecto fáctico, pues en ejercicio de sus competencias
jurisdiccionales tienen la potestad de examinar la pertinencia, utilidad y
conducencia de esos medios de convicción, así como la de otorgarles
diferentes grados de certeza, siempre que lo hagan de manera integral y bajo
15
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00044-00
Carolina Muñoz Londoño contra los señores magistrados de las subsecciones A de las
secciones segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
los criterios de la sana crítica, conforme aconteció en el asunto materia de
controversia.
Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural), acerca de la
configuración o no de una relación laboral dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, están precedidas de una valoración objetiva,
integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que imposibilita al juez de
tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias a las garantías
superiores del ordenamiento jurídico, supuesto que no se da en el sub lite. Al
respecto, la Corte Constitucional23 sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una
prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien
debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de
su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso
concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo
sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo
que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y
salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas
realizadas por aquél es razonable y legítima.
Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en
el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto” […].
Ahora bien, resulta oportuno indicar que la subordinación es el elemento
esencial de la relación laboral, de manera que su falta de acreditación impide la
configuración de lo que se ha denominado contrato realidad (que conlleva el
reconocimiento de prestaciones sociales), por cuanto es el instrumento
diferenciador de aquel con el vínculo contractual de prestación de servicios, tal
como lo explicó esta Corporación24, en los siguientes términos:
[…] el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la
diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que
en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
23
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
24
Sección segunda, sentencia de 25 de agosto de 2016, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, expediente 3001-23-
33-000-2013-00260-01.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00044-00
Carolina Muñoz Londoño contra los señores magistrados de las subsecciones A de las
secciones segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a
la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho
a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada,
así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones
sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación
de servicios independiente.
Con base en lo expuesto, se tiene que la demandante no adosó medio de
convicción alguno del que se infiriera, como lo aseguró, que laboró en la
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores de manera
subordinada, a pesar de que contaba con la carga de la prueba, figura procesal
respecto de la cual el Consejo de Estado25 ha sostenido que «[…] compete a la
parte que alega un hecho [probarlo]; por lo tanto, es indispensable demostrar,
por los medios legalmente dispuestos para tal fin, los hechos que sirven de
fundamento fáctico de la demanda […]».
De acuerdo con lo anotado, al carecer el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho de pruebas que dieran certeza de que en el vínculo contractual de
la actora con la aludida Unidad concurrían los presupuestos de un contrato de
trabajo, en particular, lo relacionado con el elemento de la subordinación, era
dable, como lo determinaron los magistrados accionados, no acceder a las
pretensiones formuladas en la demanda ordinaria (expediente 25000-23-42-
000-2013-01729-00), situación de la que se concluye que no se incurrió en el
defecto fáctico alegado.
Ahora bien, en relación con la presunta inobservancia del precedente
horizontal alegado por los accionantes, cabe anotar que la Corte
Constitucional26, sobre este tipo de precedente, ha precisado:
El precedente horizontal exige que el juez unipersonal o colegiado siga
sus propias decisiones, al resolver un caso sometido a su competencia.
Este imperativo no ordena otra cosa que las autoridades judiciales sean
consistentes y uniformes con los fallos adoptados por ellas mismas. Sin
embargo, el funcionario jurisdiccional no se halla totalmente atado a sus
decisiones anteriores, toda vez que puede apartarse de sus sentencias
siempre que de forma razonada motive su distanciamiento.
25
Sección tercera, subsección A, sentencia de 12 de septiembre de 2012, C. P. Carlos Alberto Zambrano
Barrera, expediente 76001-23-25-000-1998-01471-01 (25426).
26
Sentencia T-390 de 2015, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
17
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00044-00
Carolina Muñoz Londoño contra los señores magistrados de las subsecciones A de las
secciones segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
[…]
En consecuencia, el defecto por desconocimiento del precedente
horizontal se configura cuando el juez unipersonal o colegiado cambia su
propia jurisprudencia, sin realizar la referencia expresa al precedente que
sirvió de sustento para resolver casos análogos y para exponer razones
suficientes que ameriten el distanciamiento. Para decidir sobre la
procedencia de la acción de tutela por la causal estudiada es preciso:
“(i) determinar la existencia de un precedente o de un grupo de
precedentes aplicables al caso concreto y distinguir las reglas
decisionales contenidas en estos precedentes;
(ii) comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta
necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo incurriría en un
desconocimiento del principio de igualdad;
(iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del
precedente judicial bien por encontrar diferencias fácticas entre el
precedente y el caso analizado, bien por considerar que la decisión
debería ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación
más armónica en relación con los principios constitucionales, y más
favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales,
de acuerdo con el principio pro hómine” 27.
De la anterior jurisprudencia, se colige que el precedente horizontal tiene como
fin que las autoridades judiciales que adoptan determinada decisión para
desatar una controversia, continúen con ella cuando se presenten posteriores
asuntos bajo su conocimiento con similares fundamentos fácticos y jurídicos y
pretensiones, no obstante, cuando lo consideren, pueden apartarse de esta,
siempre y cuando motiven de manera razonable su nueva posición.
En este asunto constitucional los demandantes alegan que los magistrados
accionados no tuvieron en cuenta el precedente fijado el 7 de abril de 202228
por la misma Corporación a la que pertenecen, pese a que se fundamentan en
similares hechos y pretensiones, pues la determinación que aquí se cuestiona
contraría aquella, la cual era de obligatoria observancia al dictarse con
antelación.
Sobre el particular, se observa que en la sentencia que se aduce que constituye
precedente, la allí actora (abogada compañera de la tutelante) también deprecó
la declaración de la existencia de la relación laboral y el pago de todos los
salarios y prestaciones a que hubiere lugar durante ese lapso que laboró en la
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, frente a lo cual
27
Sentencia T-028 de 2012 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
28
Expediente 25000-23-42-000-2013-04302-01 (3557-2017), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
18
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00044-00
Carolina Muñoz Londoño contra los señores magistrados de las subsecciones A de las
secciones segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
el Consejo de Estado (subsección A de la sección segunda) accedió,
comoquiera que se acreditó que «[…] el desempeño de las funciones por parte
de la actora estaba sujeto a la imposición de medidas y/o órdenes de la
dirección jurídica, tales como: el establecimiento de horarios prácticamente
inmodificables debido al funcionamiento de la institución, la imposibilidad de
la prestación del servicio por otras personas, y, además, la situación referente
a que debía cumplir funciones relacionadas con el objeto misional de la
entidad, lo que denota sin lugar a dudas que la accionada, en su condición de
empleadora, tenía la posibilidad de disponer del trabajo de la demandante,
hecho que demuestra la existencia de una verdadera subordinación».
Lo anterior, no se aviene a la situación fáctica de la tutelante, toda vez que en
el asunto sub judice no se aportaron las pruebas necesarias para demostrar el
elemento de la subordinación, pues, contrario a la demandante dentro del
proceso cuya sentencia se alega como desatendida, la aquí actora (i) solicitó
únicamente un testimonio que fue desestimado por ser contradictorio con el de
otra persona que también laboraba en la entidad demandada; (ii) no aportó
documento alguno en el que se evidenciara el cumplimiento de un horario o las
órdenes impartidas; y (iii) en su declaración indicó que, adicional a las labores
contratadas por prestación de servicios, litigaba desde el 2006.
Por tanto, no resulta acertado predicar en este asunto desconocimiento del
precedente horizontal, en razón a que para ello la providencia que se aduce
desconocida y la que es objeto de inconformidad en el sub lite, además de ser
dictadas por la misma sala de decisión, deben guardar correspondencia entre
los fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos de las controversias
expuestas, presupuestos que no se configuraron, dado que puntualmente en lo
relacionado con las pruebas, los fallos analizados no fueron proferidos con
base en idénticos medios de convicción.
En ese orden de ideas, se concluye que la decisión de confirmar la providencia
que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho 25000-23-42-000-2013-01729-00, no contraviene precedente
horizontal alguno.
A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que la sentencia
cuestionada no incurre en defecto fáctico ni en desconocimiento del
precedente, esta Sala negará el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
19
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00044-00
Carolina Muñoz Londoño contra los señores magistrados de las subsecciones A de las
secciones segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Declárase fundado el impedimento que le asiste al señor consejero de
Estado William Hernández Gómez, de acuerdo con lo expuesto en la parte
considerativa.
2º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso e igualdad invocados por la señora Carolina Muñoz Londoño,
conforme a la parte motiva.
3º. Notifíquese esta providencia en la forma y término previstos en el artículo
30 del Decreto ley 2591 de 1991.
4º. Comuníquese esta decisión a la subsección A de la sección segunda de esta
Corporación y remítasele copia.
5º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Impedido Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
20
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