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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00047-01

Fecha
10 de agosto de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00047-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión de tutela de primera instancia del 26 de mayo de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, objeto de impugnación. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00047-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

10 de agosto de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00047-01
Demandante: Carlos Grajales Quirama

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00047-01
Demandante: CARLOS GRAJALES QUIRAMA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Y OTROS

Temas: Tutela contra fallo de tutela. Requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 26 de mayo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, que resolvió:

«(…)

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Carlos Grajales Quirama, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

(…)».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Carlos Grajales Quirama, en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
por estimar vulnerados los derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia, a la dignidad y “a la familia”. En consecuencia, formuló la siguiente
pretensión:

“1. Que el Consejo de Estado ACREDITE, DECLARE Y MATERIALICE tener la competencia
y jurisdicción para estudiar y analizar las pruebas presentadas por mi persona con el fin de
indilgar la culpa y responsabilidad al abogado frente al fenómeno de Caducidad se originó a
raíz de su inoperancia y negligencia con respecto al caso firmo poder y radico Demanda de
Nulidad y Restablecimiento de derecho. Que el estudio del caso parta de si existe o no DUDA
RAZONABLE sobre la culpabilidad del profesional jurídico teniendo como cimiento las
pruebas presentadas, y entendiendo duda razonable como: (…)
(…)

1
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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00047-01
Demandante: Carlos Grajales Quirama

Que el estudio de tutela tenga como núcleo central la PRUEBA presentada, toda vez que la
prueba es el elemento que lleva al juez o a quien administre justicia, al convencimiento de
que algo es cierto, es real, de que el derecho reclamado existe. El medio de prueba aportado
es documental, y ella NO da cavidad alguna a Duda Razonable, (…). (sic)

En ese sentido las PRUEBAS se presentan en la acción de Tutela en referencia al caso
concreto son:
(…)

2. Que, estudiada la presente teoría del caso, así como su material probatorio, se DECLARE
la responsabilidad del abogado por parte del Consejo de Estado, que el ad quo me
desbloquee el ACCESO A LA JUSTICIA por parte de la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, que deje corra el respectivo cauce tanto en mi vida e hija, como en la del
abogado. El deberá responder por sus acciones y omisiones ante la CNDJ la cual ya le tiene
su respectiva audiencia preparada, para la cual se presentaron las mismas pruebas se
enuncian en esta tutela, la cual NO deja espacio a DUDA RAZONABLE sobre su
responsabilidad como profesional jurídico. PERO que dicha ineptitud no tenga más efectos
en mis derechos fundamentales y los de mi hija, es por ello que este mecanismo de acción
de Tutela si es procedente pues en mi vida se requiere urgentemente el principio
constitucional de OFICIOSIDAD,
(…)

3. Que se estudie la presente acción de TUTELA a la luz de la ya radicada inicialmente, así
como su impugnación, pues el elemento de SUBSIDIARIEDAD por el cual se declaró
improcedente carece de fundamento factico y jurídico, y ello se refleja en la respuesta de la
CNDJ la cual en su consideración manifiesta carecer de competencia, es decir este hecho
sobreviniente deslegitima el raciocinio del magistrado ponente NICOLAS YEPES en la
impugnación. Y me opongo rotundamente pensar que debo esperar que culmine el proceso
del abogado ante la CNDJ que seguramente demorara más de un año, seria desproporcional
y prolongar la vulneración de mis DDHH e hija, por lo cual insisto y persisto estoy aportando
las PRUEBAS suficientes ante el Consejo de Estado para demostrar la responsabilidad del
abogado, tutelando se me proteja junto a mi hija el ACCESO A LA JUSTICIA y la DIGNIDAD
HUMANA.

4. De acuerdo al contexto descrito, infiero y deduzco que el honorable Consejo de Estado
puede analizar mi vida en tres alternativas:
(…)

5. Subsidiariamente en el eventual escenario No. 2 del anterior presupuesto tutelado, es decir
que se deba esperar resolución de la CNDJ sobre la responsabilidad del abogado, solicito
urgentemente se decrete en mi vida y en la sanción impuesta en el SIRI una MEDIDA
CAUTELAR provisional de suspensión de la sanción. Pues independientemente la alternativa
jurídica resuelva para con mi vida, la sanción debe fenecer provisionalmente, pues estoy
aportando todo el material probatorio que como mínimo generan la investigación de mi vida.

La concepción de lo que es una MEDIDA CUATELAR refiere a una protección inmediata y
efectiva sobre derechos fundamentales de un ciudadano, en este caso particular de una
familia. (…)
(…)”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Carlos Grajales Quirama, por conducto de apoderado judicial, present ó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos
administrativos que lo sancionaron disciplinariamente, entre otros, con inhabilidad
de 15 años para desempeñar cargos públicos, por la comisión de actos que fueron
calificados como de corrupción.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00047-01
Demandante: Carlos Grajales Quirama

El Juzgado Séptimo Administrativo de Medellín, en el marco del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado número 05001-33-33-007- 2021-
00139-01, declaró la caducidad del medio de control, decisión que fue confirmada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto de 6 de mayo de 2022.

El 12 de mayo de 2022, el señor Carlos Grajales Quirama radicó acción de tutela
contra el auto de 6 de mayo de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, solicitud de amparo a la que le correspondió el radicado número 11001-
03-15-000-2022-02639-001.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en fallo del 24 de mayo
de 2022, negó el amparo solicitado, por considerar que las autoridades judiciales
demandadas no incurrieron en defecto sustantivo respecto del artículo 164 de la
Ley 1437 de 2011 – CPACA 2. La parte actora presentó impugnación, en la que
puso de presente que fue con ocasión a la omisión del abogado que lo
representaba que la demanda ordinaria no se presentó en tiempo.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en fallo del 19 de agosto
de 2022, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró
improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito general de
subsidiariedad, en la medida en que, las inconformidades del accionante no se
dirigieron en contra de la providencia de nulidad y restablecimiento del derecho en
sí misma, sino que, el escrito de tutela fue enfático en señalar que, “la tutela
accionada va encaminada a establecer la responsabilidad del abogado” y, en ese
contexto, el juez de tutela concluyó que el accionante no agotó el medio de defensa
procedente, ni demostró la existencia de un perjuicio irremediable.

1
A título de amparo constitucional, el accionante solicitó (se trascribe):
“1. Que el Consejo de Estado ACREDITE, DECLARE Y MATERIALICE tener la competencia y jurisdicción para estudiar y analizar las pruebas presentadas por mi persona con el fin
de indilgar la culpa y responsabilidad al abogado frente al fenómeno de Caducidad se originó a raíz de su inoperancia y negligencia con respecto al caso firm ó poder y radic ó
Demanda de Nulidad y Restablecimiento de derecho. Que el estudio del caso parta de si existe o no DUDA RAZONABLE sobre la cul pabilidad del profesional jurídico teniendo como
cimiento las pruebas presentadas (...)
2. Que estudiada la presente teoría del caso, as í como su material probatorio, se DECLARE la responsabilidad del abogado por parte del Consejo de Estado, que el a quo me
desbloquee el ACCESO A LA JUSTICIA por parte de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que deje que corra el respectivo cauce tanto en mi vida e hija, como en la del
abogado. El deberá responder por sus acciones y omisiones ante la CNDJ la cual ya le tiene su respectiva audiencia preparada, para la cual se presentaron las mismas pruebas se
enuncian en esta tutela, la cual NO deja espacio a DUDA RAZONABLE sobre su responsabilidad como profesional jur ídico. PERO que dicha ineptitud no tenga m ás efectos en mis
derechos fundamentales y los de mi hija, es por ello que este mecanismo de acción de Tutela si es procedente pues en mi vida se requiere urgentemente el principio constitucional
de OFICIOSIDAD (...)
3. Que se estudie la presente acción de TUTELA a la luz de la ya radicada inicialmente, as í como su impugnación, pues el elemento de SUBSIDIARIEDAD por el cual se declaró
improcedente carece de fundamento fáctico y jurídico, y ello se refleja en la respuesta de la CNDJ la cual en su consideración manifiesta carecer de competencia, es decir este hecho
sobreviniente deslegitima el raciocinio del magistrado ponente NICOLAS YEPES en la impugnación. Y me opongo rotundamente pensar que debo esperar que culmine el proceso
del abogado ante la CNDJ que seguramente demorara m ás de un año, sería desproporcional y prolongar la vulneración de mis DDHH e hija, por lo cual insisto y persisto estoy
aportando las PRUEBAS suficientes ante el Consejo de Estado para demostrar la responsabilidad del abogado, tutelando se me pr oteja junto a mi hija el ACCESO A LA JUSTICIA
y la DIGNIDAD HUMANA. 4. De acuerdo al contexto descrito, infiero y deduzco que el honorable Consejo de Estado puede analizar mi vida en tres alter nativas:
• Admite y falla la tutela a favor, por ende ordena al Tribunal Administrativo admitir la Demanda de Nulidad y Restablecimiento de Derecho impetrada, y con ello el Tribunal deber á
pronunciarse sobre la MEDIDA CAUTELAR solicitada e iniciar la investigación acuso.
• Considera NO analizar las pruebas que aporto inculpan al abogado, y deja todo el análisis jurídico en la jurisdicción de la CNDJ, discerniendo que del resultado de aquel proceso
se resuelva la suerte de lo acá tutelado. En dicho escenario manifiesto se sigue extendiendo la vulneraci ón de DDHH en mi vida e hija, razón por la cual debería impugnar,
posteriorm ente solicitar eventual Revisión ante la Corte Constitucional, y considerar acudir al derecho convencional toda vez que las barreras encuentro en la justicia co lombiana son
notorias. La sanción registrada ante la Procuraduría en razón de la inhabilidad general por el término de 15 años fue el día 12 de agosto de 2020 (Anexo 24), es decir a la fecha de
radicación de la presente tutela han transcurrido ochocientos cincuenta y seis d ías (856) de ser efectiva una sanción proveniente de un proceso arbitrario, inconstitucional, ilegal, y
vulnerador de los DDHH.

PERO en el sentido que la tutela se embriona es a ra íz de la inoperancia de un abogado para realizar su trabajo con ética y diligencia, y que obviamente la
justicia contencioso administrativa no tenía por qué conocer de aquello SOLO hasta que se le presento PQRS (queja y petición) acusando la falta disciplinaria del profesional jur ídico
(del cual omitió respuesta), me permito realizar el conteo desde el día se radico el medio constitucional deprecado, siendo esto el día 02 de noviembre de 2021, por ende han
transcurrido cuatrocientos nueve días (409) de acontecido el hecho vulnerador. La relación entre derecho disciplinario y derecho penal es evidente y la dogm ática as í lo refleja, estoy
viviendo una Privación Injusta de la Libertad laboral que ha tenido impactos y repercusiones devastadoras para mi vida y para quienes fueron mi n úcleo familiar. Insisto en que NO
queda duda razonable de la culpabilidad del abogado con las pruebas acá aportadas, que la CNDJ manifestó sus funciones y competencia las cuales no están acordes a lo tutelado,
y que la queja y el caso concreto ya se encuentra también en su jurisdicción.
(...)
• Inadmite la tutela, y/o deniega lo solicitado. Debería implementar igual estrategia descrita en ítem anterior. 5. Subsidiariamente en el eventual escenario No. 2 del anterior presupuesto tutelado, es decir que se deba esperar resolución de la CNDJ sobre la responsabilidad del abogado,
solicito urgentemente se decrete en mi vida y en la sanci ón impuesta en el SIRI una MEDIDA CAUTELAR provisional de suspensión de la sanción. Pues independientemente la
alternativa juríd ica resuelva para con mi vida, la sanción debe fenecer provisionalmente, pues estoy aportando todo el material probatorio que como m ínimo generan la investigación
de mi vida.”
2 Para lo cual precisó: “En ese orden de ideas, los 4 meses que tenía el tutelante para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, en virtud de la letra d) del numeral 2 del

artíc ulo 164 del CPACA y de la fecha en que se le notificó el acto administrativo sancionatorio de segunda instancia (6 de agosto de 2020), trascurrieron entre el 7 de agosto y el 7
de diciembre de 2020, sin embargo, como presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 17 de noviembre de ese mismo año, se suspendió dicho término por el tiempo restante,
es decir, 20 días, que se reanudaron el 11 de febrero de 2021 (toda vez que la audiencia de conciliación se celebró y se declaró fallida el día anterior), por lo que ese lapso venció el
2 de marzo siguiente, no obstante, comoquiera que el 19 de abril del mismo año instauró la demanda, resulta evidente que lo hizo de manera extemporánea, por tanto, operó el
fenómeno jurídico de la caducidad.(...) Por último, en cuanto a la inconformidad del actor, según la cual no se tuvo en cuenta que su apoderado en las diligencias ordinarias fue
negligente, al no promover la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de su interés en los términos estipulados en el ordenamiento jurídico, se advierte que esta no es la
instancia para discutir el cumplimiento del mandato otorgado a ese profesional del derecho, puesto que, en caso de que as í lo considere, se encuentra en la posibilidad de formular
la correspondiente queja por la desatención de sus deberes como abogado ante la respectiva comisión seccional de disciplina judicial, con el fin de que se estudien sus reproches
en ese sentido.”
3
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00047-01
Demandante: Carlos Grajales Quirama

Dijo que, el 22 de junio de 2022 presentó queja ante la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial contra el abogado que lo representó en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y el 14 de diciembre de 2022, se notificó por
medio de correo electrónico, que se programó “audiencia de pruebas y calificación”
para el 1 de junio de 2023.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales demandadas vulneraron los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la dignidad y
“a la familia”, con fundamento en las razones que se pasan a resumir.

Manifestó desacuerdo con la decisión en relación con la falta de cumplimiento del
requisito general de subsidiariedad, en el sentido de indicar que, “La lógica del Consejo
de Estado sobre la acción de tutela instaurada es que mi persona busca un disciplinario y una
sanción al abogado, lo que se sale de todo cauce, pues reitero que los derechos fundamentales
tutelados son, acceso a la justicia, la dignidad humana, el trabajo, la familia. El proceso disciplinario
se desprenda contra el profesional jurídico es consecuencia del análisis jurídico realice el Consejo
de Estado. En esta postura infiere el magistrado ponente que mi intención es acudir a la tutela para
una declaratoria de responsabilidad de un abogado, lo que es ilógico, pues como lo he señalado
reiteradamente lo que busca la tutela es determinar la consecuencia que significo en mis derechos
fundamentales la irresponsabilidad del abogado. La lógica del magistrado se encauza a la no
procedencia de la Tutela por falta del requisito de subsidiariedad ante la CNDJ, pero la lógica que
planteo yo es que este requisito tiene sus excepciones que planteare posteriormente”.

Insistió en que, contrario a lo señalado en la sentencia cuestionada, sí sufre un
perjuicio irremediable, porque fue sancionado a quince años de inhabilidad general
por la Oficina de Control interno Disciplinario y Oficina Asesora Jurídica de la
Alcaldía de Envigado, Antioquia, trámite en el que afirmó, no se le garantizaron los
derechos de defensa y contracción, frente a lo cual, narró las circunstancias en que
otorgó poder a un abogado para que ejerciera medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, no obstante, fue declarada la caducidad del medio de
control, decisión con la que se encuentra en desacuerdo, por considerar que fue
ocasionada con la omisión del abogado en radicar la demanda en tiempo.

En general, sostuvo que: (i) la decisión del juez de tutela no contenía una visión
constitucional del derecho, a su juicio, no es posible que la irresponsabilidad de un
profesional del derecho afecte derechos fundamentales; (ii) informó que present ó
queja disciplinaria ante la Comisión Nación de Disciplina Judicial contra el abogado
y dicha autoridad fijó fecha de audiencia de pruebas y calificación para el 1 de junio
de 2023, así como contra los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia,
el agente del Ministerio Público que atendió su caso y la Personería Municipal de
Envigado; (iii) mediate PQRS dirigidos al agente del Ministerio Público y al Tribunal
Administrativo de Antioquia, puso de presente que la configuración del fenómeno
de la caducidad había sido a causa de la irresponsabilidad de quien fuera su
apoderado para esa época; (iv) considera que, el proceso disciplinario contra el
abogado no es el medio idóneo para lograr la protección de los derechos
fundamentales invocados como violados y, (v) afirmó que existió perjuicio
irremediable, consistente en la inhabilidad de 15 años para ejercer cargos públicos,
con la que se afectó su vida laboral y respectivos aportes al sistema de seguridad
social, así como familiar.

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Demandante: Carlos Grajales Quirama

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en auto del 27 de febrero
de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante, a la
Subsección C de la Sección Tercera, a la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo de Antioquia y vinculó como terceros
interesados al municipio de Envigado y al Juzgado Séptimo Administrativo de
Medellín. En la misma oportunidad, negó la solicitud de medida provisional.

5. Oposición

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela porque, al igual que sucedió con la acción de tutela
con radicado número 2022-02639-00/01, el actor insiste en que el juez
constitucional emita un pronunciamiento frente a la responsabilidad de quien fungió
como su apoderado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de
radicado número 2021-00139-01, con el objetivo de revivir los términos para
interponer el medio de control ya conocido y así obtener una decisión favorable a
las súplicas relacionadas con declarar la nulidad de la sanción disciplinaria a él
impuesta por el municipio de Envigado.

Que, en ese sentido, la demanda comparte identidad procesal con la acción de
tutela instaurada inicialmente, además de que no se demostró que las sentencias
enjuiciadas fueron producto de una situación de fraude, sino que el escrito
introductorio se limitó a reiterar la situación fáctica ya puesta de presente y las
opiniones frente a las decisiones que las autoridades judiciales, tanto en sede
ordinaria como constitucional, debieron adoptar.

Anotó que el asunto no cumple el requisito de subsidiariedad ya que el señor Carlos
Grajales Quirama presentó queja disciplinaria en contra de su antiguo apoderado,
asunto identificado con el radicado número 2022-014407, en el que se fijó el 1 de
junio de 2023 para llevar a cabo la audiencia de pruebas y calificación; por lo que
es en el devenir del referido proceso disciplinario en el que se decidirá si aquel
incurrió o no en una falta disciplinaria sancionable, situación que le impide al juez
constitucional invadir tal esfera de competencia.

De igual forma, anotó que el actor instauró queja en contra de los funcionarios del
Tribunal Administrativo de Antioquia, la Procuraduría y Personería municipales del
mismo departamento, a la que se le asignó el radicado 05001-25-02-000-2022-
02524-00 y que fue remitida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia, por competencia, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante
proveído del 15 de diciembre de 2022. Entonces, al igual que sucede con la
denuncia en contra de su apoderado, esta debe ser resuelta por tal autoridad y no
por el juez de tutela.

El Tribunal Administrativo de Antioquia informó que conoció del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 05001-33-33-007-
2021-00139-01, dentro del que se encontró configurada la caducidad del medio de
control. Asimismo, manifestó que la parte actora presentó dos peticiones, el 19 de
octubre de 2021 y el 28 de julio de 2022, las cuales fueron atendidas el 4 de
noviembre de 2021 y el 3 de agosto de 2022, respectivamente.

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Demandante: Carlos Grajales Quirama

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, guardó silencio.

6. Intervención de los terceros interesados
El municipio de Envigado solicitó que se negaran las pretensiones de la acción
de tutela, comoquiera que sobre el tema existía cosa juzgada constitucional y otros
mecanismos de defensa para que el señor Grajales Quirama procurara la defensa
de sus derechos.

El Juzgado Séptimo Administrativo de Medellín indicó que las actuaciones
surtidas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 05001-33-33-007-2021-00139-00 fueron ajustadas a derecho y
respetuosas del debido proceso.

7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 26 de
mayo de 2023, declaró improcedente la acción de tutela, porque no cumplió el
requisito general de relevancia constitucional, en la medida en que la acción de
tutela se dirigió contra la sentencia de tutela de 19 de agosto de 2022, mediante la
cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, revocó el fallo de tutela
de primera instancia que negó la solicitud de amparo y, en su lugar, declaró la
improcedencia de la acción por falta del requisito de subsidiariedad.

Lo que acreditó que, se estaba frente al escenario establecido por la Corte
Constitucional de procedencia excepcional de la tutela cuando la misma fue
proferida por un órgano judicial distinto a la Corte Constitucional. Sin embargo, no
se demostró de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia
de tutela fue producto de una situación de fraude, pues los reparos planteados en
la solicitud de amparo se limitaron a señalar las razones de inconformidad contra la
decisión adoptada en la sentencia de segunda instancia tanto de la acción de tutela
(improcedencia por falta de subsidiariedad) como de la nulidad y restablecimiento
del derecho (confirma rechazo de la demanda por caducidad del medio de control),
pero no las razones porqué se habría configurado fraude las actuaciones en aquella
acción de tutela.

Indicó que el accionante reiteró los argumentos planteados en la primera acción de
tutela en aras buscar la protección de los derechos invocados ante la presunta
irresponsabilidad de su apoderado, lo que permitió considerar una suerte de
identidad procesal entre las acciones de tutela identificadas con los radicados
número 2022-02639-00/01 y 2023-00047-00 y que se trata de la reiteración de
argumentos encaminada a lograr someter el pleito, tanto ordinario como
constitucional, a una instancia adicional.

8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia, en la que expuso
idénticos y argumentos a los señalados en el escrito de tutela.

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Demandante: Carlos Grajales Quirama

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
3
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
4 5
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

En el escrito de impugnación la parte actora cuestiona la decisión de primera
instancia, que declaró improcedente la acción de tutela por falta de cumplimiento
del requisito general de relevancia constitucional.

A la Sala le corresponde determinar si se debe confirmar la decisión de tutela
impugnada.

3 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento

de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido
la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se
admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca)
4 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la

cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal
ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v)
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no
se trate de sentencias de tutela.
5 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los

siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin
motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación
directa de la Constitución.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00047-01
Demandante: Carlos Grajales Quirama

Acción de tutela contra fallos de tutela y actuaciones del proceso de tutela.
6
De conformidad con lo establecido en la jurisprudencia constitucional , la acción de
tutela es improcedente para estudiar providencias que, igualmente, se profieran
dentro de trámites de tutela, pues ello constituye un requisito general que debe
superarse.

Sin embargo, la Corte Constitucional ha admitido de manera excepcionalísima,
casos en los que es procedente la acción de tutela cuando las pretensiones están
encaminadas a la protección al debido proceso, con los siguientes argumentos:

“(…) En cumplimiento del artículo 29 de la Carta Política, el debido proceso debe aplicarse
a toda actuación judicial o administrativa, es decir, los procesos deben adelantarse
conforme a las leyes preexistentes aplicables para el caso que se juzgue, ante el juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
Es una garantía constitucional que contempla también el derecho a la defensa y otra serie
de principios como los de publicidad y economía procesal, que deben regir cualquier
trámite. Por tanto, puede alegarse que cuando un juez impide a una persona impugnar un
fallo de tutela, viola el derecho al debido proceso, pues desconoce lo dispuesto por el
artículo 86 de la Carta Política, y desarrollado en el Decreto 2591 de 1991:

“Artículo 31 - Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su
notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante,
la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio
de su cumplimiento inmediato.
Los que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte
Constitucional para su revisión”

El derecho a impugnar el fallo es una de las formas propias del proceso de tutela
consagradas en la Constitución, a la vez que es una figura que cristaliza el derecho a la
defensa y el principio de las dos instancias. Desconocerlo no sólo vulnera la garantía
fundamental al debido proceso, también impide acceder a la administración de justicia[3] y
pone en peligro la protección de los derechos invocados por los ciudadanos en las
demandas de tutela. De hecho, la importancia de este trámite radica en ser el medio de
defensa judicial idóneo para hacer efectivas las garantías constitucionales. Por eso la Corte
Constitucional ha señalado, respecto a las disposiciones que contemplan el derecho a
impugnar el fallo de tutela, lo siguiente:

“Se trata de normas imperativas, obligatorias para el juez, de tal modo que no es
de su discrecionalidad aceptar o denegar la impugnación oportunamente
interpuesta, ya que ella corresponde a un verdadero derecho constitucional
fundamental”7

En sentencia SU – 627 de 2015, la Corte Constitucional definió los casos en los
que resultaría procedente la acción de tutela para amparar la presunta vulneración
de derechos fundamentales en el marco de otra acción de tutela, de la siguiente
manera:

“4.5.3. Con posterioridad a la sentencia de tutela también pueden presentarse
actuaciones. Una de las hipótesis posibles, como ya se vio es la de que el juez niegue la

6 La no procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela se fijó en la Sentencia SU-1219 de 2001

y se reiteró, entre otras, en las Sentencias T- 021, T-174, T-192, T-217, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002;
T-200, T-502 y T-1028 de 2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-237 de 2006; T-104 de 2007;
T-1208 de 2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2013.
7 Sentencia T – 162 de 1997.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00047-01
Demandante: Carlos Grajales Quirama

impugnación del fallo de tutela, que acaece después del fallo de primera instancia, pero
antes de que pueda darse el de segunda.

(…)

4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a
la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso
de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida
dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no
procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por
la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela.
En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe
promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto,
se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de
cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.

4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o
con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del
juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha
seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede.
Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional.”
(Negrita y subraya fuera del texto)

Posteriormente, la Corte Constitucional en sentencia T-286 de 2018, previó la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias de tutela
proferidas por un juez o tribunal diferente a ella, en los siguientes casos: “(i) exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se
demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00047-01
Demandante: Carlos Grajales Quirama

De la solución al problema jurídico planteado en el presente caso

Como se anticipó, en el presente caso el señor Carlos Grajales Quirama cuestiona,
específicamente, la sentencia de tutela del 19 de agosto de 2022, mediante la que
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C revocó el fallo de tutela de
primera instancia del 24 de mayo de 2022, proferido por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B y, en su lugar, declaró improcedente la acción de
tutela por no satisfacer el requisito general de subsidiariedad.

Como fundamento del escrito de tutela afirmó que las autoridades judiciales
demandadas vulneraron los derechos fundamentales invocados: (i) con la
conclusión de declarar la falta de cumplimiento del requisito general de
subsidiariedad; (ii) insistió en que sufre un perjuicio irremediable, porque fue
sancionado a quince años de inhabilidad general por la Oficina de Control interno
Disciplinario y Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Envigado, Antioquia y, (iii)
en general, insistió en los argumentos que expuso en el trámite de tutela
cuestionado.

Sin embargo, la Sala advierte que la acción de tutela es improcedente por no
cumplir con los requisitos de procedencia para cestionar un fallo de igual
naturaleza.

Pues, tal como lo concluyó el a quo, (i) no se evidencia que en la acción de tutela
que se cuestiona por esta vía exista fraude y, por tanto, pudiera predicarse el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, adicionalmente, de los hechos narrados
en los extensos escritos del actor no es posible identificar una conducta que pudiera
ser catalogada como tal.

En igual sentido, de entrada, resulta evidente que (ii) no se cumplieron los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, en la medida
en que el actor plantea idénticos a los que expuso en la acción de tutela que se
cuestiona por esta vía, es decir, la tutela con radicado número 11001-03-15-000-
2022-02639-00, como pasa a evidenciarse.

Pretensiones de la acción de tutela con Pretensiones de la presente acción de
radicado número 2022-02639-00 tutela
“1. Que el Consejo de Estado ACREDITE, DECLARE Y “1. Que el Consejo de Estado ACREDITE, DECLARE Y
MATERIALICE tener la competencia y jurisdicción para MATERIALICE tener la competencia y jurisdicción para
estudiar y analizar las pruebas presentadas por mi persona con estudiar y analizar las pruebas presentadas por mi persona con
el fin de indilgar la culpa y responsabilidad al abogado frente al el fin de indilgar la culpa y responsabilidad al abogado frente al
fenómeno de Caducidad se originó a raíz de su inoperancia y fenómeno de Caducidad se originó a raíz de su inoperancia y
negligencia con respecto al caso firmó poder y radicó Demanda negligencia con respecto al caso firmo poder y radico Demanda
de Nulidad y Restablecimiento de derecho. Que el estudio del de Nulidad y Restablecimiento de derecho. Que el estudio del
caso parta de si existe o no DUDA RAZONABLE sobre la caso parta de si existe o no DUDA RAZONABLE sobre la
culpabilidad del profesional jurídico teniendo como cimiento las culpabilidad del profesional jurídico teniendo como cimiento las
pruebas presentadas (...) pruebas presentadas, y entendiendo duda razonable como:
2. Que estudiada la presente teoría del caso, así como su (…)
material probatorio, se DECLARE la responsabilidad del (…)
abogado por parte del Consejo de Estado, que el a quo me
desbloquee el ACCESO A LA JUSTICIA por parte de la Que el estudio de tutela tenga como núcleo central la PRUEBA
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que deje que presentada, toda vez que la prueba es el elemento que lleva al
corra el respectivo cauce tanto en mi vida e hija, como en la del juez o a quien administre justicia, al convencimiento de que algo
abogado. El deberá responder por sus acciones y omisiones es cierto, es real, de que el derecho reclamado existe. El medio
ante la CNDJ la cual ya le tiene su respectiva audiencia de prueba aportado es documental, y ella NO da cavidad
preparada, para la cual se presentaron las mismas pruebas se alguna a Duda Razonable, (…).
enuncian en esta tutela, la cual NO deja espacio a DUDA
RAZONABLE sobre su responsabilidad como profesional En ese sentido las PRUEBAS se presentan en la acción de
jurídico. PERO que dicha ineptitud no tenga más efectos en mis Tutela en referencia al caso concreto son:
derechos fundamentales y los de mi hija, es por ello que este (…)
mecanismo de acción de Tutela si es procedente pues en mi

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00047-01
Demandante: Carlos Grajales Quirama

vida se requiere urgentemente el principio constitucional de 2. Que, estudiada la presente teoría del caso, así como su
OFICIOSIDAD (...) material probatorio, se DECLARE la responsabilidad del
3. Que se estudie la presente acción de TUTELA a la luz de la abogado por parte del Consejo de Estado, que el ad quo me
ya radicada inicialmente, así como su impugnación, pues el desbloquee el ACCESO A LA JUSTICIA por parte de la
elemento de SUBSIDIARIEDAD por el cual se declaró jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que deje corra el
improcedente carece de fundamento fáctico y jurídico, y ello se respectivo cauce tanto en mi vida e hija, como en la del
refleja en la respuesta de la CNDJ la cual en su consideración abogado. El deberá responder por sus acciones y omisiones
manifiesta carecer de competencia, es decir este hecho ante la CNDJ la cual ya le tiene su respectiva audiencia
sobreviniente deslegitima el raciocinio del magistrado ponente preparada, para la cual se presentaron las mismas pruebas se
NICOLAS YEPES en la impugnación. Y me opongo enuncian en esta tutela, la cual NO deja espacio a DUDA
rotundamente pensar que debo esperar que culmine el proceso RAZONABLE sobre su responsabilidad como profesional
del abogado ante la CNDJ que seguramente demorara más de jurídico. PERO que dicha ineptitud no tenga más efectos en mis
un año, sería desproporcional y prolongar la vulneración de mis derechos fundamentales y los de mi hija, es por ello que este
DDHH e hija, por lo cual insisto y persisto estoy aportando las mecanismo de acción de Tutela si es procedente pues en mi
PRUEBAS suficientes ante el Consejo de Estado para vida se requiere urgentemente el principio constitucional de
demostrar la responsabilidad del abogado, tutelando se me OFICIOSIDAD,
proteja junto a mi hija el ACCESO A LA JUSTICIA y la (…)
DIGNIDAD HUMANA. 4. De acuerdo al contexto descrito, infiero y deduzco que el 3. Que se estudie la presente acción de TUTELA a la luz de la
honorable Consejo de Estado puede analizar mi vida en tres ya radicada inicialmente, así como su impugnación, pues el
alternativas: elemento de SUBSIDIARIEDAD por el cual se declaró
• Admite y falla la tutela a favor, por ende ordena al Tribunal improcedente carece de fundamento factico y jurídico, y ello se
Administrativo admitir la Demanda de Nulidad y refleja en la respuesta de la CNDJ la cual en su consideración
Restablecimiento de Derecho impetrada, y con ello el Tribunal manifiesta carecer de competencia, es decir este hecho
deberá pronunciarse sobre la MEDIDA CAUTELAR solicitada e sobreviniente deslegitima el raciocinio del magistrado ponente
iniciar la investigación acuso. NICOLAS YEPES en la impugnación. Y me opongo
• Considera NO analizar las pruebas que aporto inculpan al rotundamente pensar que debo esperar que culmine el proceso
abogado, y deja todo el análisis jurídico en la jurisdicción de la del abogado ante la CNDJ que seguramente demorara más de
CNDJ, discerniendo que del resultado de aquel proceso se un año, seria desproporcional y prolongar la vulneración de mis
resuelva la suerte de lo acá tutelado. En dicho escenario DDHH e hija, por lo cual insisto y persisto estoy aportando las
manifiesto se sigue extendiendo la vulneración de DDHH en mi PRUEBAS suficientes ante el Consejo de Estado para
vida e hija, razón por la cual debería impugnar, posteriormente demostrar la responsabilidad del abogado, tutelando se me
solicitar eventual Revisión ante la Corte Constitucional, y proteja junto a mi hija el ACCESO A LA JUSTICIA y la
considerar acudir al derecho convencional toda vez que las DIGNIDAD HUMANA.
barreras encuentro en la justicia colombiana son notorias. La
sanción registrada ante la Procuraduría en razón de la 4.

De acuerdo al contexto descrito, infiero y deduzco que el
inhabilidad general por el término de 15 años fue el día 12 de honorable Consejo de Estado puede analizar mi vida en tres
agosto de 2020 (Anexo 24), es decir a la fecha de radicación alternativas:
de la presente tutela han transcurrido ochocientos cincuenta y (…)
seis días (856) de ser efectiva una sanción proveniente de un
proceso arbitrario, inconstitucional, ilegal, y vulnerador de los 5. Subsidiariamente en el eventual escenario No. 2 del anterior
DDHH. PERO en el sentido que la tutela se embriona es a raíz presupuesto tutelado, es decir que se deba esperar resolución
de la inoperancia de un abogado para realizar su trabajo con de la CNDJ sobre la responsabilidad del abogado, solicito
ética y diligencia, y que obviamente la justicia contencioso urgentemente se decrete en mi vida y en la sanción impuesta
administrativa no tenía por qué conocer de aquello SOLO hasta en el SIRI una MEDIDA CAUTELAR provisional de suspensión
que se le presento PQRS (queja y petición) acusando la falta de la sanción. Pues independientemente la alternativa jurídica
disciplinaria del profesional jurídico (del cual omitió respuesta), resuelva para con mi vida, la sanción debe fenecer
me permito realizar el conteo desde el día se radico el medio provisionalmente, pues estoy aportando todo el material
constitucional deprecado, siendo esto el día 02 de noviembre probatorio que como mínimo generan la investigación de mi
de 2021, por ende han transcurrido cuatrocientos nueve días vida.
(409) de acontecido el hecho vulnerador. La relación entre La concepción de lo que es una MEDIDA CUATELAR refiere a
derecho disciplinario y derecho penal es evidente y la una protección inmediata y efectiva sobre derechos
dogmática así lo refleja, estoy viviendo una Privación Injusta de fundamentales de un ciudadano, en este caso particular de una
la Libertad laboral que ha tenido impactos y repercusiones familia. (…)
devastadoras para mi vida y para quienes fueron mi núcleo (…)”.
familiar. Insisto en que NO queda duda razonable de la
culpabilidad del abogado con las pruebas acá aportadas, que
la CNDJ manifestó sus funciones y competencia las cuales no
están acordes a lo tutelado, y que la queja y el caso concreto
ya se encuentra también en su jurisdicción.
(...)
• Inadmite la tutela, y/o deniega lo solicitado. Debería
implementar igual estrategia descrita en ítem anterior. 5. Subsidiariamente en el eventual escenario No. 2 del anterior
presupuesto tutelado, es decir que se deba esperar resolución
de la CNDJ sobre la responsabilidad del abogado, solicito
urgentemente se decrete en mi vida y en la sanción impuesta
en el SIRI una MEDIDA CAUTELAR provisional de suspensión
de la sanción. Pues independientemente la alternativa jurídica
resuelva para con mi vida, la sanción debe fenecer
provisionalmente, pues estoy aportando todo el material
probatorio que como mínimo generan la investigación de mi
vida.”

Igualmente, en esa oportunidad el juez constitucional examinó si el señor Grajales
Quirama sufría o no un perjuicio irremediable que hiciera procedente el amparo
solicitado, de cuyo análisis concluyó que no se presentaba tal. Asimismo, que las
inconformidades con la actuación que desplegó quien fungió como apoderado
judicial debía exponerlas a instancias de un proceso disciplinario.
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Demandante: Carlos Grajales Quirama

Por lo tanto, la acción de tutela es empleada como una instancia adicional, no solo
de la acción de tutela que cuestiona en ejercicio de la presente acción, sino también
insiste en los argumentos de oposición en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en que se declaró configurada la caducidad del medio de control.

Igualmente, (iii) la acción de tutela presentada comparte identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada, porque, además de identificar como autoridades
judiciales demandadas al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, también identifica como tal
al Tribunal Administrativo de Antioquia. Como ya se indicó, (iv) no se expuso ni fue
posible evidenciar que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto
de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit) y,

(v) en el presente caso, la inconformidad del actor, que, en el fondo tiene que ver
con la omisión del apoderado judicial que lo representó en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de ejercer la demanda en tiempo, es un asunto frente
al cual tiene otro mecanismo de defensa judicial a su alcance, justamente, en
relación con ese desacuerdo el actor radicó queja contra quien fue su apoderado
judicial, la cual dio origen al proceso disciplinario que se encuentra en curso con el
radicado número 2022-014407, en el que se fijó el 1 de junio de 2023 para llevar a
cabo la audiencia de pruebas y calificación, mecanismo judicial que resulta ser el
idóneo para determinar si la conducta del abogado fue o no negligente.

Adicionalmente, debe decirse que, en el asunto bajo examen, la Sala observa que
el trámite de eventual revisión ya se surtió ante la Corte Constitucional, en el sentido
de no seleccionarla8, lo que de conformidad con las consideraciones expuestas en
esta providencia, lleva a concluir que se configuró la figura de la cosa juzgada
constitucional, como se observa de la siguiente captura de pantalla:

En suma, en el presente caso no se cumplen los requisitos establecidos por la
jurisprudencia para cuestionar por vía de tutela un fallo proferido en otro trámite de
acción de tutela y, en esa medida, la presente solicitud de amparo es improcedente
por falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.

Por lo tanto, se impone confirmar la decisión de tutela de primera instancia del 26
de mayo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, objeto de impugnación.

8
Tal como se puede consultar en la página de la Corte Constitucional, en el expediente con radicado número T9043473.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00047-01
Demandante: Carlos Grajales Quirama

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la decisión de tutela de primera instancia del 26 de mayo de 2023,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, objeto de
impugnación.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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