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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00058-00

Fecha
2 de febrero de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00058-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia de la República y del presidente de la República, por los motivos aquí expuestos. SEGUNDO: NEGAR las peticiones de desvinculación presentadas por la Presidencia de la República y la Policía Nacional por los motivos aquí expuestos. TERCERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela por violación al derecho de petición promovida por Jhovan Esteban Moreno dirigidas contra la Policía Nacional, el presidente de la República y la Presidencia de la República, por los motivos aquí expuestos. CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Jhovan Esteben Moreno Rodríguez. En consecuencia, se ORDENA al Ministerio de Defensa Nacional que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, emita una respuesta de fondo a la solicitud presentada por el accionante el 25 de noviembre de 2022 relacionada con su retiro voluntario de la Fuerza Pública, sin que ello implique una respuesta favorable. QUINTO: NEGAR la solicitud de amparo de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y escogencia de profesión u oficio, de conformidad con los motivos atrás expuestos. 20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Jhovan Esteban Moreno Rodríguez Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-00058-00 SEXTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto N°. 2591 de 1991. SEPTIMO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00058-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

2 de febrero de 2023

Demandante: Jhovan Esteban Moreno Rodríguez
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00058-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00058-00
Demandante: JHOVAN ESTEBAN MORENO RODRÍGUEZ
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Tutela de fondo –ampara– derecho fundamental de petición –
niega – libre desarrollo de la personalidad y libre escogencia de
profesión u oficio.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de amparo presentada por el señor Jhovan
Esteban Moreno Rodríguez contra el presidente de la República, la Presidencia de
la República, el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General y de Talento
Humano de la Policía Nacional. Esto, en ejercicio de la acción de tutela consagrada
en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico, el 11 de enero de 2022, al buzón

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Demandante: Jhovan Esteban Moreno Rodríguez
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00058-00

web dispuesto para la recepción de tutelas1, el señor Jhovan Esteban Moreno
Rodríguez interpuso acción de tutela contra el presidente de la República, la
Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional.
El tutelante consideró que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales de petición, al libre desarrollo de la personalidad y a la libre
escogencia de profesión u oficio.

2. Lo anterior, porque las entidades accionadas no le han dado respuesta a la
petición que presentó el 25 de noviembre de 2022 en la que solicitó su retiro
voluntario, pues no han emitido el correspondiente acto administrativo en la que se
acepta o niega tal requerimiento.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la accionante:

Con fundamento en los hechos mencionados y en amparo a los derechos
fundamentales vulnerados, de manera respetuosa solicito al Honorable Juez, disponga
y ordene a las accionadas, y en mi favor resuelva lo siguiente:

1.- Que se expida por parte del señor Presidente de la República o a quien delegue, el
acto administrativo por medio del cual se me retire del servicio activo de la Policía
Nacional por solicitud propia.

2.- Ordenar a la entidad demandada dar cumplimiento al contenido de la sentencia
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la providencia,
se expida en forma irrestricta el acto administrativo por medio del cual se me retire del
servicio activo de la Policía Nacional por solicitud propia. (Sic en toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan,
los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El día 25 de noviembre de 2022, el señor Jhovan Esteban Moreno Rodríguez
en su calidad de miembro activo de la Policía Nacional en el grado de capitán, radicó
en la oficina de Talento Humano del departamento de Policía del Amazonas una

1
El escrito de tutela fue presentado al buzón web ofjudpop@cendoj.ramajudicial.gov.co y posterior
a ello, fue remitido al Tribunal Administrativo de Cuaca – Seccional Popayán.

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petición dirigida al señor presidente de la República. En aquella solicitó su retiro por
voluntad propia de la Policía Nacional “ya que es [su] deseo realizar otros proyectos
personales y profesionales”.

6. El peticionario señaló que en la misma fecha en que radicó la petición antes
mencionada, la Policía Nacional lo envió a vacaciones. Esto, por haber acumulado
todos los días que tenía pendientes, pese a que había solicitado su retiro voluntario
de esa entidad.

7. Finalmente, el peticionario sostuvo que al momento de interponer la presente
acción de tutela no había obtenido contestación a su requerimiento.

1.4. Sustento de la vulneración

8. El actor consideró vulnerado el derecho de petición dado que, a la fecha de
presentación de este mecanismo de amparo, no había recibido respuesta de fondo
sobre la petición presentada el 25 de noviembre de 2022, pues las autoridades
accionadas no han emitido el acto administrativo correspondiente, lo cual tarda
regularmente “máximo diez días”2.

9. Por último, el señor Moreno Rodríguez mencionó que las entidades
demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la
personalidad y a la libre escogencia de profesión u oficio. Lo anterior, porque ante
la falta de respuesta a su solicitud de retiro, se atenta contra su voluntad de elección
y se frustran de manera directa sus proyectos de vida.

1.4. Trámite de la acción de tutela

10. En auto del 13 de enero de 20233, el magistrado ponente admitió la demanda
y dispuso su notificación al presidente y a la Presidencia de la República, al
Ministerio de Defensa Nacional y a las Direcciones General y de Talento Humano
de la Policía Nacional.

2
De conformidad con lo señalado en el documento interno de la Policía Nacional “Guía para la
Gestión de Retiros en la Policía Nacional”. De la transcripción realizada por el accionante en el escrito
de tutela, se evidencia que una vez se radica la solicitud de retiro ante la Dirección de Talento
Humano de esa entidad, se elabora un proyecto de Decreto o Resolución, que deberá ser revisado
por el Jefe de Grupo, el Jefe de Área, la oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección de Talento
Humano y la Secretaría General en un término de 3 días. Posterior a ello, se procede a realizar el
proyecto de Decreto el cual deberá ser remitido por el señor Director General para su trámite y firma.
3
Índice 4 – SAMAI.
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1.5. Intervenciones e informes

11. Realizadas las notificaciones ordenadas, de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Presidencia de la República

12. La Presidencia de la República, a través del DAPRE, rindió informe en el que
solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva y la
improcedencia de la acción de tutela.

13. Refirió que, revisada la base de datos, no se evidencia que el accionante
haya radicado en el DAPRE o ante el señor presidente de la República petición
alguna para que se pronunciara sobre su solicitud de retiro voluntario del servicio
activo como capitán de la Policía Nacional.

14. También señaló que revisado el documento que el accionante anexó como
prueba al escrito de tutela, se encontró que la petición del 25 de noviembre de 2022
no fue remitida por algún canal de comunicación, correo físico, electrónico, a la
mano o por traslado al DAPRE y/o al señor presidente de la República como lo
afirmó el accionante.

15. Por lo anterior, afirmó que ni el presidente de la República ni el DAPRE han
vulnerado derecho fundamental alguno del accionante y tampoco son los llamados
a resolver sobre su intención o decisión de retirarse voluntariamente del servicio
activo de la Policía Nacional, máxime cuando el interesado no ha radicado petición
en tal sentido ni fungen como nominadores, pues esa condición recae en el
Ministerio de Defensa Nacional. Esto, porque la vinculación que refiere el accionante
es con esa institución.

16. En consecuencia, al no ser los competentes para decidir sobre la situación
administrativa laboral del accionante, solicitó su desvinculación y la del presidente
de la República del presente trámite.

1.5.2. La Policía Nacional – Dirección de Talento Humano

17. El director de la dependencia mencionada rindió informe en el que solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional. Esto, porque afirmó no haber
vulnerado los derechos fundamentales del accionante.
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18. Además, señaló que le dio el trámite correspondiente a la petición presentada
por el accionante. Al respecto, indicó que el proyecto de Resolución de Retiro del
señor Jhovan Estaban Moreno fue tramitado ante el Ministerio de Defensa Nacional
mediante comunicación oficial No. GS-2022-061744 del 14 de diciembre de 2022.
Esto, para efectos de su revisión jurídica y posterior firma del señor ministro de
Defensa.

19. Finalmente, informó que el anterior trámite fue puesto en conocimiento del
actor, mediante correo electrónico enviado el 18 de enero de 2023 a la dirección
jhovan.moreno1166@correo.policia.gov.co.

20. En ese orden, el director de la dependencia señaló que le ha dado respuesta
a la petición presentada el 25 de noviembre de 2022 por el accionante. Por esto
consideró que la entidad accionada no le ha vulnerado los derechos fundamentales
al accionante.

21. El Ministerio de Defensa Nacional pese a que fue notificado, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

22. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
el señor Jhovan Esteban Moreno Rodríguez contra el presidente de la República, la
Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

23. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

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24. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
señor Jhovan Esteban Moreno Rodríguez se encuentra legitimado en la causa por
activa. Esto porque en su calidad de capitán de la Policía Nacional radicó la petición
del 25 de noviembre 2022, mediante la cual solicitó el retiro voluntario de dicha
institución. Por tanto, es el titular del derecho fundamental de petición que reclama,
así como de las demás garantías que considera vulneradas por la falta de respuesta
a su solicitud.

25. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el Ministerio de Defensa
Nacional y la Policía Nacional están legitimadas en la causa por pasiva. Esto, por
ser las autoridades ante quienes radicó el requerimiento referido. Además, es
pertinente señalar que al Ministerio de Defensa, en ejercicio de sus competencias,
corresponde decidir sobre el retiro del accionante, de conformidad con lo
establecido en la Ley 857 de 20034.

26. Por otro lado, la Sala procederá a declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva del DAPRE y el presidente de la República, por los siguientes motivos:

27. En primer lugar, la Sala nota que el accionante dirigió la acción de tutela en
contra del presidente de la República y Presidencia de la República. Esto, porque
dirigió la petición de retiro voluntario a la primera autoridad mencionada.

28. No obstante, la Sala evidencia que pese a que el peticionario dirigió la
comunicación del 25 de noviembre de 2022 a las anteriores dependencias y
pretendía que fuera el primero quien le otorgara la contestación; lo cierto es que
dicha petición, solo la radicó ante la Dirección General de la Policía Nacional. Esta
entidad, acertadamente le dio el trámite pertinente.

29. Por esta razón, la Sala considera que ni el Presidente de la República ni la
Presidencia de la República se encuentran legitimadas en la causa por pasiva. Esto,
porque no son los llamados a resolver sobre la intención del accionante de retirarse
del servicio de la Policía Nacional.

4
Por medio de la cual se dictan nuevas normas para regular el retiro del personal de Oficiales y
Suboficiales de la Policía Nacional y se modifica en lo pertinente a este asunto, el Decreto 1791 de
2000 y se dictan otras disposiciones. En el artículo 1 de la disposición normativa en comento se
estableció que el retiro de los oficiales de la Policía Nacional se efectuará a través de decreto
expedido por el Gobierno Nacional y que dicha facultad podrá ser delegada en el Ministerio de
Defensa Nacional hasta el grado de teniente coronel.
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30. Aunque el derecho de petición haya sido dirigido al señor presidente de la
república, lo cierto es que fue radicado ante la Policía Nacional, entidad que le dio
el trámite correspondiente, el cual no involucra ni al presidente ni a la Presidencia
de la República. En consecuencia, desde se declarará su falta de legitimación en la
causa por pasiva.

2.3. Problema jurídico y metodología de la decisión

29. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, la
vulneración alegada, el material probatorio recaudado y los informes presentados,
los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

• ¿El presidente de la República, la Presidencia de la República, el
Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional vulneraron los
derechos de petición, al libre desarrollo de la personalidad y a la libre
escogencia de profesión u oficio, por cuanto a la fecha de presentación
de la acción de tutela no le han dado respuesta de fondo a la solicitud
presentada el 25 de noviembre de 2022?

30. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición; (iii) del trámite
para el retiro voluntario del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional;
y (iv) el análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

31. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

32. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.

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2.5. Derecho de petición

33. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
“presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución”5. El mismo artículo superior precisa que
el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.

34. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: “El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”6.

35. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación
de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala 15 días para resolver la misma,
de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el periodo en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del plazo será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

36. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante
o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada
al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación
de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración
plena de la respuesta dada”7.
37. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios

5
Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
6
Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
7
Sentencia T-149 de 2013.
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disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante”8.

38. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando
consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente. En palabras
de la Corte Constitucional:

(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e
informar sobre la remisión a la entidad encargada9.

39. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición
la Corte Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de
la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende
los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o
se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación
material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud,
sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los
asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta),
excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo10.

40. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden
a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

41. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de

8
Ibídem.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-161 de 2011.
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petición y el derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la
solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o
no del derecho subjetivo.

2.6. Del trámite para el retiro voluntario del personal de oficiales y
suboficiales de la Policía Nacional

42. La Ley 857 de 2003, por la cual se dictan normas para regular el retiro de
oficiales11 y suboficiales de la Policía Nacional, prevé en el artículo 1.º lo siguiente:

“Artículo 1º. Retiro. El retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía
Nacional es la situación por la cual este personal, sin perder el grado, cesa en la
obligación de prestar servicio. El retiro de los oficiales se efectuará a través de
Decreto expedido por el Gobierno Nacional. El ejercicio de esta facultad, podrá ser
delegada en el Ministro de Defensa Nacional hasta el grado de Teniente Coronel.
El retiro de los Suboficiales se efectuará a través de Resolución expedida por el
Director de la Policía Nacional.
El retiro de los Oficiales deberá someterse al concepto previo de la junta Asesora
del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, excepto cuando se trate
de Oficiales Generales. La excepción opera igualmente en los demás grados, en los
eventos de destitución, incapacidad absoluta y permanente, gran invalidez, cuando
no supere la escala de medición del decreto de evaluación del desempeño y en caso
de muerte”.

43. Como se ve, el retiro de oficiales se efectúa a través de decreto expedido por
el Gobierno Nacional, facultad que puede ser delegada al Ministerio de Defensa
hasta el grado de teniente coronel. Por su parte, el retiro de suboficiales, se realiza
a través de resolución expedida por el director general de la Policía Nacional.

44. Finalmente, es importante señalar que no se disponen términos específicos
para el trámite del retiro del servicio por voluntad propia.

45. A su vez, de conformidad con los apartes transcritos por el accionante de la
Guía para la Gestión de Retiros de la Policía Nacional, se logra evidenciar que
aquellos requerimientos se adelantan de acuerdo al siguiente procedimiento:

11
Entre el que se encuentra el grado de capitán.

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Autoridad que conoce de
Término
la actuación dentro del
Actuación establecido para
procedimiento establecido
el trámite
para ello
Recepción de la solicitud de retiro NO TIENE
Se selecciona de acuerdo a la causal
de retiro y se asigna a un funcionario 24 horas
de esa entidad
POLICÍA NACIONAL Se radica en el modulo del Sistema de
Administración de Talento SIATH 24 horas
creado para tal fin.
Se somete a consideración de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para NO TIENE
la Policía Nacional.
Se elabora el proyecto de decreto o
2 días
Resolución
Revisión de proyectos de actos
administrativos por parte del jefe de
grupo de área, jefe de grupo y la 3 días
asesoría jurídica de la Dirección de
Talento Humano.
Los proyectos de Decreto serán
remitidos por el Director General al
NO TIENE
Ministro de Defensa para su trámite y
firma.
Aceptar o negar la solicitud de retiro
MINISTRO DE DEFENSA voluntario y suscribir el Acto NO TIENE
Administrativo pertinente.

2.7. Caso concreto

46. El accionante considera vulnerados sus derechos fundamentales de petición,
al libre desarrollo de la personalidad y a la libre escogencia de profesión u oficio.
Esto, debido a que a la fecha no se le ha dado contestación a la petición del 25 de
noviembre de 2022.

47. Con tales precisiones, la Sala procederá a pronunciarse respecto de lo
pretendido por el accionante así: (i) sobre la posible vulneración al derecho de
petición por parte de las autoridades accionadas; y (ii) el desconocimiento de las
garantías fundamentales del actor, al libre desarrollo de la personalidad y a la libre
escogencia de profesión u oficio.
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2.7.1. La posible vulneración del derecho de petición del accionante

48. En primer lugar y previo a estudiar sobre la posible inobservancia de la
garantía fundamental aludida por parte de las autoridades accionadas, a partir de
las pruebas aportadas e informes rendidos en el proceso, la Sala encuentra
acreditado lo siguiente:
49. Está probado que el día 25 de noviembre de 2022, el accionante radicó ante
el departamento de Policía del Amazonas – Seccional de Investigación Criminal –
DEAMA, la siguiente petición:

50. A su vez, la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional mediante
comunicación oficial No. GS-2023-001783-APROP-GRUPE del 18 de enero de
2023 le informó al accionante sobre el estado de su requerimiento en los siguientes
términos:

“Señor Capitán
JHOVAN ESTEBAN MORENO RODRÍGUEZ
E-mail: Jhovan.moreno1166@correo.policia.gov.co
Carrera 11 No. 12-32, Barrio Victoria Regía
Leticia – Amazonas

12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jhovan Esteban Moreno Rodríguez
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00058-00

Asunto: respuesta solicitud de retiro

En atención a la petición del asunto, allegado para su trámite al Grupo de Retiros
y Reintegros de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, a través
del cual solicito: “…mi retiro por solicitud propia de la Policía Nacional ya que deseo
realizar otros proyectos personales y profesionales…” comedidamente me permito
informarle que su solicitud de retiro voluntario radicada bajo el Nro. GS-2022-
02167-DEMA, de fecha 25-11-2022, fue presentada ante los integrantes de la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional el día
02-12-2022, de conformidad con lo establecido en los artículos 55, 56, 58 y 59 del
Decreto 1512 del 11-08-2000, en concordancia con los artículos 55 numeral 1 y 56
del Decreto Ley 1791 del 2000, por lo tanto, el proyecto de resolución en el cual se
encuentra relacionado, fue tramitado al Ministerio de Defensa Nacional mediante
comunicación oficial Nro. GS-2022-061744-DITAH de fecha 14-12-2022, para la
respectiva revisión jurídica y posterior firma del señor Ministro de Defensa
Nacional.

Finalmente, me permito informarle que una vez sea expedido el acto administrativo
de retiro, por la causal “SOLICITUD PROPIA”, por parte del señor Ministro de
Defensa Nacional, quien es el facultado para la toma de este tipo de decisiones de
conformidad con lo señalado en la Ley 857 de 2003, el mismo será inmediatamente
enviado a la unidad donde actualmente pertenece, para que se realice la
notificación respectiva atendiendo los postulados del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 en sus
artículos 68 al 70)”.

51. También, junto con la respuesta del 18 de enero de 2023, se anexó el
siguiente documento:

13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Jhovan Esteban Moreno Rodríguez
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00058-00

52. Ahora bien, se encuentra acreditado el envío y recepción de dicha
comunicación por parte de la Policía Nacional al hoy accionante, en la fecha antes
mencionada, así:

14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Jhovan Esteban Moreno Rodríguez
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00058-00

53. Así las cosas, la Sección procede a determinar si la Policía Nacional y el
Ministerio de Defensa Nacional vulneraron el derecho de petición del accionante.
Esto, de conformidad con el material probatorio obrante en el plenario antes
mencionado.

54. Sobre la vulneración del derecho de petición por parte de la Policía
Nacional

55. Del anterior recuento probatorio, la Sala resalta que el 25 de noviembre de
2022, el accionante radicó su petición de retiro voluntario como capitán ante, la
Policía Nacional, la cual procedió a realizar el siguiente trámite:

Actuación Fecha
La solicitud de retiro fue presentada ante los integrantes de la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la 2 de diciembre de 2022
Policía Nacional.
La Policía Nacional remitió el proyecto de resolución de retiro
14 de diciembre de
del accionante mediante comunicación oficial No. GS-2022-
2022
061744-DITAH
La Policía Nacional remitió comunicación oficial No. GS-2023-
001783-APROP-GRUPE al accionante sobre el estado de su
18 de enero de 2023
requerimiento. En aquella, anexó el comunicado del 14 de
diciembre de 2014.

56. Conforme a lo aquí expuesto, la Sala encuentra que una vez la Policía
Nacional recibió la petición aludida, le dio el trámite correspondiente, consistente en
presentarla ante los integrantes de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional para Policía Nacional; luego elaborar el proyecto de Resolución de retiro
del accionante: y posterior a ello, remitirla al Ministro de Defensa Nacional, para que
sea esa autoridad la que decida o no aceptar el requerimiento del peticionario.

57. También, está probado que de los anteriores actos preparatorios fueron
informados al accionante el 18 de enero de 2023.

58. En ese orden de ideas, esta Sección considera que a la solicitud de retiro
voluntario radicada por el señor Jhovan Esteban Moreno Rodríguez, la Policía
Nacional le impartió el trámite correspondiente (se limita a realizar actos
preparatorios) y procedió a remitirla al Ministerio de Defensa para que fuera esta
entidad, la que diera respuesta de fondo. Además, le informó al actor del
procedimiento que surte su solicitud.
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59. Así las cosas, la Sala considera que la Policía Nacional no vulneró el derecho
fundamental de petición del accionante. Esto, porque si bien a esta entidad le
correspondió darle trámite preliminar a la solicitud del 25 de noviembre de 2022, lo
cual en efecto ocurrió y se le informó al accionante el 18 de enero de los corrientes;
lo cierto es que a quien le compete decidir de fondo sobre si acepta o no el retiro
del servicio del señor Jhovan Esteban Moreno Rodríguez es al Ministro de Defensa,
quien conoce de ella desde el 14 de diciembre de 2022 en razón de la remisión
realizada por la primera entidad.

60. En conclusión, la Sala negará la solicitud de amparo respecto de la Policía
Nacional, pues como quedó acreditado una vez concluyó el trámite preparatorio,
procedió a remitirla al Ministro de Defensa Nacional para que en ejercicio de sus
funciones decida si acepta o no el retiro del peticionario. Además, le informó al
accionante sobre el trámite impartido a su solicitud de retiro voluntario, el cual se
reitera, actualmente se encuentra en consideración de la autoridad competente.

61. Sobre la vulneración de derechos fundamentales por parte del Ministerio
de Defensa Nacional

62. Al efecto, la Sala resalta que el 14 de diciembre de 2022, la Policía Nacional
remitió al despacho del Ministro de Defensa Nacional, el proyecto de resolución de
retiro del accionante mediante comunicación oficial No. GS-2022-061744-DITAH, el
cual obra en el expediente. Sin embargo, a la fecha de presentación de esta acción
de tutela aún no se ha decidido sobre el retiro del accionante, con lo cual se daría
una respuesta de fondo al peticionario.

63. En este punto, es importante resaltar que el artículo 1.º de la Ley 857 de 2003
antes citado establece que el retiro de oficiales y suboficiales se efectúa mediante
decreto expedido por el Gobierno Nacional. Sin embargo, no fija un término para la
culminación del trámite de retiro del servicio por voluntad propia.

64. Así, la Sala considera que ante la inexistencia de la norma que fije el plazo
para la culminación del procedimiento de retiro del servicio, no lleva a concluir que
aquella carezca de un término para su decisión. Esto, porque ante la falta de
regulación especial sobre tal aspecto, la autoridad esta llamada a dar aplicación a
las normas del CPACA. Al efecto, el artículo 2.º de esta disposición normativa
señala:
“ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las normas de esta parte primera del
Código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del

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poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos
e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones
administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades.
Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos
militares o de policía que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación
inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público en los aspectos
de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas
y cosas. Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y
remoción.
Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen
en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales.
En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código”.

65. En consecuencia, en el caso concreto ante la falta de regulación especial
sobre las solicitudes de retiro voluntario, la Sala considera que se debe tener en
cuenta para determinar si la autoridad accionada vulneró o no el derecho de petición
del accionante, el término general de 15 días hábiles establecido en el artículo 14
de la Ley 1755 de 2015, contados a partir de la recepción de aquella por parte del
Ministerio de Defensa Nacional12.

66. Así las cosas, descendiendo al caso concreto, se evidencia que la solicitud del
25 de noviembre de 2022 presentada por el accionante tenía como fin que las
entidades le decidieran sobre su solicitud de retiro voluntario de la Policía Nacional,
lo cual le corresponde resolver de manera definitiva al despacho del ministro de
Defensa Nacional. Por esto, el término de 15 días hábiles se debe contar a partir
del 14 de diciembre de ese año, fecha en la que le fue enviado tal requerimiento.

67. En ese orden de ideas, el término de 15 días hábiles transcurrió entre el 14 de
diciembre de 2022 y el 3 de enero de 2023. Sin embargo, a la fecha de esta
providencia, no se ha emitido una respuesta de fondo sobre la solicitud de retiro
presentada por el accionante; y mucho menos esta, probado que el Ministerio de
Defensa Nacional le haya informado al accionante, sobre el trámite impartido en esa
entidad. Esto, sumado al hecho de que dicha cartera no rindió el informe solicitado

12
Es pertinente recordar que el Decreto 491 de 2020, entre otras cuestiones amplió los términos de
respuesta del derecho de petición y la regla general de respuesta pasó de 15 a 30 días hábiles. Este
decreto estuvo vigente desde el 28 de marzo de 2020, fecha de publicación del decreto hasta el 17
de mayo de 2022, debido a la promulgación de la Ley 2207 de 2022, que derogó de manera expresa
esa disposición normativa. Sin embargo, esta ampliación en el plazo de respuesta no aplica al caso
individual, porque la solicitud dirigida al presidente de la República y radicada ante la Policía
Nacional, por la que el tutelante requería su retiro voluntario, se radicó el 25 de noviembre de 2022,
esto es, cuando había perdido vigencia el Decreto 491 de 2020.
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dentro del trámite tutelar, a partir de lo cual se puede presumir que no se ha emitido
contestación alguna13.

68. En consecuencia, la Sala amparará el derecho fundamental de petición del
accionante, para que, el Ministerio de Defensa Nacional emita una respuesta de
fondo sobre la petición del actor, en el sentido de aceptar o negar su solicitud de
retiro voluntario de la Policía Nacional. Además, deberá ponerla en conocimiento
del peticionario. De esta manera, se podrá satisfacer materialmente el requerimiento
invocado en la solicitud presentada por el señor Jhovan Esteban Moreno Rodríguez.

2.7.2. La posible vulneración de los derechos del derecho al libre desarrollo
de la personalidad y de escogencia de profesión u oficio

69. Al efecto, el señor Moreno Rodríguez mencionó que las entidades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la
personalidad y a la libre escogencia de profesión u oficio. Lo anterior, porque ante
la negativa de expedir el acto administrativo que le conceda su retiro voluntario,
atenta contra su voluntad de elección y frustra de manera directa sus proyectos de
vida, los cuales en todo caso se desconoce pues no hizo mención alguna aquellos.

70. En este punto, la Sala considera pertinente resaltar que sobre el derecho de
la libertad de escogencia de profesión u oficio de los miembros de la Fuerza Pública,
la Corte Constitucional ha sostenido, que, a pesar de que dicha garantía, en
principio permite que el individuo decida a qué actividad dedicar su fuerza productiva
pero también lo autoriza a modificarla o a darla por terminada según su decisión
autónoma- dicha autonomía puede ser legítimamente limitada por el Estado cuando
las necesidades públicas lo exijan, concretamente, cuando la actividad desplegada
por el sujeto afecte los intereses generales de la comunidad14.

71. Así, en el caso concreto, la Sala evidencia que las autoridades accionadas
no han vulnerado los derechos aludidos. Esto, porque si bien el accionante como
miembro activo de la Fuerza Pública cuenta con la titularidad plena de las garantías

13
En el artículo 20 del Decreto Ley 2591 de 1991, se consagra la presunción de veracidad, según la
cual se presumen como “ciertos los hechos” cuando el juez requiera informes al órgano o a la
autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y estos no se han rendido. Así entonces el sujeto
pasivo de la demanda tiene la obligación de rendir los informes requeridos por el juez de instancia,
en caso contrario, cuando no se atienda la orden o, incluso, cuando la respuesta es extemporánea,
se tienen por ciertos los hechos y se resolverá de plano.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-718 de 2008.

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mencionadas, aquellas se encuentran sometidas a los límites del acuertalimento
que voluntariamente aceptó cuando decidió en ejercicio de su autonomía ingresar
a las filas de la Policía Nacional.

72. Lo anterior, implica reconocer por parte del uniformado que existe un
procedimiento establecido legal y reglamentariamente para efectos de tramitar el
retiro voluntario del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, el cual
en todo caso como se evidenció está en curso. Además, también involucra el
reconocimiento de su parte, incluso que por cuestiones de seguridad nacional o
especiales del servicio, las garantías aquí mencionadas pueden verse limitadas.
Esto, porque con ello se pretende alcanzar un fin legitimo15.

73. Por último, la Sala evidencia que desde la presentación de la petición hasta
la fecha en la que se profiere está providencia, no se advierte un plazo
desproporcionado, en el que eventualmente haya visto frustrado su proyecto de vida
por fuera de las filas de la Policía Nacional.

74. Justamente por lo anterior, el hecho de que aún no se hubiere proferido la
resolución administrativa que decida acerca de su solicitud de retiro, no implica per
se la violación a los derechos al libre desarrollo de la personalidad y de escogencia
de profesión y oficio.

2.8. Conclusiones

75. Conforme a lo aquí expuesto, la Sala procederá a: (i) negar las pretensiones
de la acción de tutela por violación al derecho de petición promovida por el señor
Jhovan Esteban Moreno dirigidas contra la Policía Nacional, el presidente de la
República y la Presidencia de la República, por los motivos aquí expuestos; (ii)
amparar el derecho de petición respecto del Ministerio de Defensa Nacional y en
consecuencia, ordenar a esa entidad, que en el término de cuarenta y ocho (48)

15
Al efecto, la Corte Constitucional ha señalado: si bien la opción de retiro en cualquier momento
resulta ser una garantía para el ejercicio de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la
libertad de escoger profesión u oficio, en el sentido de que nadie puede ser obligado a permanecer
en determinada ocupación, dicha facultad puede restringirse por las razones allí contempladas,
prolongando la permanencia de quien solicita el retiro. En este sentido, resultaría legítimo, incluso
contra su voluntad, mantener el vínculo de un miembro de las Fuerzas Militares cuando
medien "razones de seguridad nacional o especiales del servicio".
Sin embargo, cualquier restricción a los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad
de escoger profesión u oficio debe ser adecuada, necesaria y proporcional para alcanzar un fin
legítimo; sólo de esta manera podría considerarse un límite como ajustado a la Carta”. Corte
Constitucional. Sentencia T-1218 de 2003.
19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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horas siguientes a la notificación de esta providencia, emita una respuesta de fondo
a la solicitud presentada por el accionante el 25 de noviembre de 2022 relacionada
con su retiro voluntario de la Fuerza Pública; (iii) negar la solicitud de amparo de los
derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y escogencia de
profesión u oficio, de conformidad con los motivos atrás expuestos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Presidencia de la República y del presidente de la República, por los motivos aquí
expuestos.

SEGUNDO: NEGAR las peticiones de desvinculación presentadas por la
Presidencia de la República y la Policía Nacional por los motivos aquí expuestos.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela por violación al derecho
de petición promovida por Jhovan Esteban Moreno dirigidas contra la Policía
Nacional, el presidente de la República y la Presidencia de la República, por los
motivos aquí expuestos.

CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Jhovan
Esteben Moreno Rodríguez. En consecuencia, se ORDENA al Ministerio de
Defensa Nacional que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de la presente providencia, emita una respuesta de fondo a la
solicitud presentada por el accionante el 25 de noviembre de 2022 relacionada con
su retiro voluntario de la Fuerza Pública, sin que ello implique una respuesta
favorable.

QUINTO: NEGAR la solicitud de amparo de los derechos fundamentales al libre
desarrollo de la personalidad y escogencia de profesión u oficio, de conformidad
con los motivos atrás expuestos.

20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Jhovan Esteban Moreno Rodríguez
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00058-00

SEXTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto N°. 2591 de 1991.

SEPTIMO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

21 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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