Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00060-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00060-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-00060-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
9 de febrero de 2023
Demandante: Suddy Elena Claro Villalba
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00060-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00060-00
Demandante: SUDDY ELENA CLARO VILLALBA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN
B
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial – defecto fáctico– falta
de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por la señora Suddy Elena
Claro Villalba contra la sentencia del 28 de abril de 2022, proferida por el Consejo de
Estado – Sección Segunda – Subsección B, que confirmó la negativa a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito radicado el 30 de diciembre de 2022 vía correo electrónico, la señora
Suddy Elena Claro Villalba, actuando por medio de apoderado judicial, presentó
acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y el
Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Oral A, con el fin de que sean amparados
sus derechos fundamentales al “debido proceso administrativo, igualdad, acceso a la
administración de justicia, trabajo y dignidad humana”.
2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 28 de abril de 2022, proferida por el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección B, mediante la cual confirmó la providencia del 20 de
abril de 2017 del Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Oral A, que negó las
pretensiones de la demanda. Lo anterior en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado N.° 08001-23-33-000-2016-00614-01,
instaurado contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN- .
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Demandante: Suddy Elena Claro Villalba
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B
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3. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó la protección de los derechos
fundamentales invocados, y como consecuencia pidió:
“(…) DEJAR, sin efecto, el plurimencionado fallo de 20 de abril de 2017, proferido
por el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala Oral “A”, confirmado por el
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección 2ªSubsección
“B”, mediante sentencia del 28 de abril de 2022, dentro del Medio de Control de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Exp. N° 08-001-23-31- 005-2016-00614-
00-CH, iniciado por LA MANDANTE, contra la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN.
EXPEDIR nueva sentencia, accediendo a las pretensiones de la demanda,
apoyados en todo el material probatorio…”
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. La señora Claro Villalba demandó en ejercicio de medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho a la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN- con el fin que se declarara la nulidad del
Oficio 100000-0743 del 14 de septiembre de 2015 y la Resolución N.º 10539 del 23
de octubre de 2015, mediante las cuales se negó el reconocimiento de la prima
técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada.
5. Como consecuencia de lo anterior, requirió: “i) conceder y pagar la prima técnica por
formación avanzada y experiencia altamente calificada en un 50% de la asignación básica
mensual, desde la fecha de ingreso a la entidad hasta que se profiera el acto administrativo
que la otorgue; ii) reajustar todas las prestaciones e incentivos causados dado que la aludida
prima constituye factor salarial: iii) indexar todos los valores adeudados…”
6. El Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala Oral A, en providencia del 20 de abril
de 2017 negó las pretensiones de la demanda al considerar que el Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2 N.º 002/16 del 19 de mayo de 2016
estableció que la inscripción automática dispuesta por el articulo 116 del Decreto
2117 del 29 de diciembre de 1992, no se ajustaba a los principios constitucionales y
en consecuencia, quienes accedieron al sistema de carrera mediante dicha
inscripción no tenían derecho a la prima técnica por formación avanzada y
experiencia altamente calificada.
7. Inconforme con la decisión, la parte demandante la apeló, recurso que fue resuelto
por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B mediante sentencia del
28 de abril de 2022, la cual confirmó la negativa a las pretensiones de la demanda,
por los siguientes motivos:
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8. En primer lugar, adujo que los requisitos que se debían colmar para el
reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente
calificada a la fecha de entrada en vigor del Decreto 1724 de 1997, eran: (i)
desempeño del cargo en propiedad; (ii) que la plaza ocupada corresponda a los
niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo, susceptibles de dicha asignación;
(iii) acreditar título de formación avanzada (especialización, maestría o doctorado); y
(iv) tres (3) años de experiencia altamente calificada.
9. Indicó que, en lo concerniente al primer presupuesto, ante la disparidad de
criterios que se presentaban al interior de las Subsecciones de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y, por ende, los tribunales y juzgados del país, el 19 de mayo
de 2016 la mencionada Sección profirió la sentencia de unificación CE- SUJ2-002-
1624, cuyas consideraciones constituyen el precedente para zanjar esta
controversia, así:
“En consecuencia, la Sala unifica su posición en el sentido de precisar que los
empleados incorporados a la DIAN automáticamente, por medio del decreto
2117 de 1992, no pueden ser beneficiarios de la prima técnica por formación
avanzada y experiencia altamente calificada, en la medida que no
desempeñaron el cargo en propiedad, como quiera que su inscripción en
carrera administrativa no se derivó de la superación satisfactoria de un concurso
de méritos”.
10. Concluyó que a la demandante no le era dable reclamar la prima técnica por el
criterio de formación avanzada y experiencia altamente calificada, “como derecho
atañedero a un empleado de carrera administrativa”, comoquiera que su incorporación a
la DIAN fue automática, “lo que en términos de la sentencia de unificación antes referida
vulnera el derecho constitucional fundamental a la igualdad en el acceso a la función pública
y, de paso, el artículo 125 superior.”
11. La sentencia fue notificada el 22 de junio de 2022 y cobró ejecutoria el 30 del
mismo mes y año.
1.3. Fundamentos de la vulneración
12. Defecto fáctico: Toda vez que el fallo cuestionado carece de respaldo
probatorio, por cuanto en el expediente no milita prueba de que su nombramiento
haya sido de forma automática, por el contario, se demostró que su ingreso a la
DIAN y, por ende, a la carrera administrativa fue a través de la aprobación del
concurso curso de la convocatoria 0815 de 1992, siendo designada en propiedad
para ocupar la vacante definitiva ofertada en la precitada convocatoria, en el empleo
de PROFESIONAL TRIBUTARIO 40-24.
13. Adujo que igualmente no se tuvo en cuenta que la DIAN, en su certificación
expedida el 13 de octubre de 2015, omitió decir que el ingreso de la accionante a esa
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entidad y, por ende, a la carrera administrativa fue a través de la aprobación del
“concurso curso” de la convocatoria 0815 de 1992, siendo designada en propiedad
para ocupar la vacante definitiva ofertada en la precitada convocatoria, en el empleo
de PROFESIONAL TRIBUTARIO 40-24.
14. Indicó que se le vulneró su principio a la igualdad toda vez que la DIAN ha
concedido la prima técnica a otros funcionarios, con el criterio que todos se
encontraban en el régimen de transición, tal como se demuestra en los casos que se
enuncian a continuación:
1.4. Actuaciones procesales relevantes
1.4.1. Auto admisorio
15. La magistrada ponente mediante auto del 16 de enero de 2023 admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y, como demandada, a
los magistrados del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y el
Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Oral A.
16. Así mismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN y al Ministerio Público-, entidades que fueron parte del
proceso ordinario que ahora se discute.
1.5. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes contestaciones:
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1.5.1. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
17. El magistrado ponente adujo que se atiene a lo que se demuestre durante el
trámite, y en cuanto los motivos de inconformidad del tutelante “somos del criterio que
las razones que le sirvieron de fundamento están consignadas en sus motivaciones, las que
deben dar suficientemente cuenta de aquella.”
1.5.2. DIAN
18. Solicitó negar las pretensiones de la demanda toda vez que en el proceso objeto
de tutela, quedó establecido con el material probatorio allegado al mismo, que la
funcionaria no cumplía con los requisitos previstos por la Ley para acceder al
reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente
califica
19. Los demás sujetos, pese a haber sido notificados en debida forma, no rindieron
informe frente al asunto.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
20. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Suddy Elena Claro Villalba, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se
dirige contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, por tanto,
debe aplicarse el numeral 7° de la referida norma.
2.2. Problema jurídico
21. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción
de tutela contra providencia judicial?
22. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B vulneró los derechos
fundamentales al “debido proceso administrativo, igualdad, acceso a la administración de
justicia, trabajo y dignidad humana” con ocasión de la sentencia del 28 de abril de 2022,
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que confirmó la decisión del a quo, que negó el reconocimiento de la prima técnica
por formación avanzada y experiencia altamente calificada?1
23. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) análisis del
caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
24. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 3 y declaró su procedencia.4
25. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
26. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
27. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
1
A pesar de que las autoridades judiciales accionadas son el Tribunal Administrativo del Atlántico –
Sala Oral A y el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, solo se estudiará la última
providencia, por ser la que puso fin al litigio.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
3
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
4
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional5
2.5.2. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional
28. A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias
proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del
Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones RTI
S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre. La acción
constitucional inicialmente formulada reprochó las sentencias dictadas dentro de un
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado contra las
liquidaciones oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se incluyó como
ingresos gravados la tarifa del IVA por los servicios de producción prestados por RTI
S.A.S. y se le sancionó por inexactitud frente a las declaraciones sobre el impuesto
sobre las ventas que presentó por el año gravable 2010.
29. En el proceso de tutela llevado a cabo por el Consejo de Estado, la Sección
Quinta definió en primera instancia declarar la improcedencia por no encontrar
satisfecho el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, y negó otros
cargos de la acción constitucional. En segunda instancia, la Sección Primera
confirmó integralmente la decisión del a quo.
30. Se resalta que, al momento de estudiar los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección Quinta se limitó a
examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de tutela contra una decisión
de la misma naturaleza y la subsidiariedad. En cuanto a la Sección Primera, estudió
los 6 requisitos fijados en basta jurisprudencia por la Corte Constitucional. Pese a
que los encontró satisfechos todos, salvo el de la subsidiariedad frente a uno de los
cargos, sobre la relevancia constitucional determinó que “se invocaron los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados”.
31. La Corte Constitucional, al estudiar los citados requisitos en sede de revisión,
encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta
del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.
5
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
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32. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial “el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante,
pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis
de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por
un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que
también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
33. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los hechos y
del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no
son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución”.
34. Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal6 (Énfasis de la Sala).
35. De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes: “i) el caso debe involucrar algún
debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental
y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 7; ii) la controversia
no debe limitarse a una puramente legal y/o económica; iii) la acción de tutela debe plantear
argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera
grave un derecho fundamental; iv) la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas
cortes debe ser estricto8, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.”
36. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no
6
Sentencia SU-573 de 2019.
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Sentencia SU-103 de 2022.
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Sentencia SU-573 de 2019.
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cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba
una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga
argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los
derechos fundamentales invocados.
2.5.3. Caso concreto
37. Por las razones que a continuación se exponen, para esta Sala de Decisión, la
parte actora presentó argumentos tendientes a abrir el debate probatorio del proceso
ordinario.
38. En primer lugar, en la controversia propuesta en el escrito de tutela no se
exponen razones tendientes a demostrar una vulneración de derechos
fundamentales por parte de la autoridad judicial con ocasión de la providencia
proferida en segunda instancia. En efecto, las inconformidades presentadas por la
señora Claro Villalba consisten en que el fallo cuestionado carece de respaldo
probatorio por cuanto en el expediente no milita prueba de que su nombramiento
haya sido de forma automática, además que no se tuvo en cuenta que a DIAN, en su
certificación expedida el 13 de octubre de 2015, omitió decir que el ingreso de la
accionante a la Dirección de Impuestos Nacionales fue por concurso de la
convocatoria 0815 de 1992 y en tal sentido, cumplía con los requisitos para el
reconocimiento de la referida prima.
39. No obstante, se tiene que dicho aspecto fue zanjado por la autoridad judicial
accionada quien advirtió que, de la revisión de los documentos aportados por el
apoderado judicial de la parte ejecutante, había quedado probado que la actora fue o
incorporada a la DIAN automáticamente y en tal medida, no podía ser beneficiaria de
la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, esto
porque no desempeñó el cargo en propiedad, “como quiera que su inscripción en carrera
administrativa no se derivó de la superación satisfactoria de un concurso de méritos.”
40. En la providencia censurada, el tribunal accionado concluyó que, de conformidad
con certificación expedida el 13 de octubre de 2015 por la DIAN quedó establecido
que la actora el 2 de junio de 1993 fue incorporada automáticamente a la entidad, y
en tal sentido, “no le es dable reclamar la prima técnica por el criterio de formación
avanzada y experiencia altamente calificada, como derecho atañedero a un empelado de
carrera administrativa, como quiera que su incorporación fue automática, lo que en términos
de la sentencia de unificación antes referida vulnera el derecho fundamental a la igualdad
den el acceso a la función pública y de paso, el articulo 125 superior.”
41. Para reforzar lo anterior, trajo a colación todas las normas que regulan la materia
y la sentencia de unificación del 19 de mayo de 2016 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que zanjó que los empleados incorporados a la DIAN
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automáticamente, no podían ser beneficiarios de la prima técnica por formación
avanzada y experiencia altamente calificada.
42. Por tanto, en este caso no se supera el requisito de la relevancia constitucional
ya que el debate propuesto frente al defecto fáctico obedece al mismo asunto
discutido en el proceso ordinario en relación con que, a juicio de la parte actora, ella
se incorporó al cargo mediante la superación satisfactoria de un concurso de méritos,
situación que no logró probar en el proceso ordinario, es decir, se advierte su simple
inconformidad con respecto a la decisión adoptada por el juez de segunda instancia,
que confirmó la negativa de reconocer la prima técnica por formación avanzada y
experiencia altamente calificada.
43. Más allá de este simple desacuerdo, la parte actora no cumplió con la carga
argumentativa mínima que le asistía en vislumbrar una vulneración a sus derechos
fundamentales, pues únicamente arguyó que la autoridad judicial demandada valoró
indebidamente el material probatorio que aportó al proceso, a saber, el certificado
expedido por la DIAN, sin embargo, se advierte que la motivación expuesta en la
tutela simplemente evidencia que dicha prueba reiteraba las tesis propuesta en la
demanda ordinaria, pero no permite entrever de qué forma su valoración podía
refutar la postura adoptada por el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B que fundamentó la sentencia cuestionada tanto en las normas, la
jurisprudencia vigente frente al tema y las pruebas obrante en el plenario, las cuales
indicaban que fue incorporada automáticamente a la entidad. Por lo tanto, la omisión
alegada no comprende la valoración de una prueba determinante para identificar la
veracidad de los hechos estudiados por el operador judicial, los cuales resulten
indispensables para la solución del asunto jurídico debatido.
44. Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus derechos
fundamentales al “debido proceso administrativo, igualdad, acceso a la administración de
justicia, trabajo y dignidad humana.” no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento
del juez de tutela revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello
se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo
que permita vislumbrar que la controversia gira en torno a al alcance, contenido o
goce de un derecho fundamental. Esto, ya que la competencia de este juez se
restringe a la protección efectiva e las garantías constitucionales y no a problemas de
carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por
los jueces naturales.
45. Por último se advierte que el argumento consistente en que se le vulneró el
principio a la igualdad, no puede ser acogido por cuanto los fallos invocados fueron
dictados por autoridades judiciales diferentes y de menor jerarquía9 a la que profirió
la sentencia controvertida, y en tal sentido, dichas conclusiones no pueden ser
9
Se relacionaron providencias dictadas por los Tribunales Administrativos de Santander,
Cundinamarca y Atlántico.
10
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Demandante: Suddy Elena Claro Villalba
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00060-00
impuestas al Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B que resolvió el
proceso objeto del sub examine, en cumplimiento del principio de autonomía
funcional e independencia, de tal manera que no resultaban vinculantes ni
obligatorias, motivo por se declarará la improcedencia de la acción, pues se
evidencia que la parte actora pretende utilizar esta acción de tutela como una
instancia adicional donde puedan volver a debatir lo expuesto en el proceso
ordinario.
46. Por último, se recuerda que la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar
que no es suficiente alegar una violación a un derecho fundamental con base en una
simple relación de los hechos, sino que se exige demostrar de manera razonable una
restricción desproporcionada de aquella10. Igualmente el Máximo Órgano
Constitucional ha establecido que uno de los criterios para determinar si un asunto
reviste de relevancia constitucional, es que “la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto11, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales.”
47. En ese sentido, para la Sala el asunto no supera el requisito de la relevancia
constitucional.
2.6. Conclusión
48. Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional
toda vez que la parte actora pretende que el juez constitucional realice nuevamente
el estudio zanjado en el proceso ordinario, contrario a proponer la vulneración de los
derechos fundamentales sobre los que invocó su protección.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por
la señora Suddy Elena Claro Villalba, por lo expuesto en este proveído.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
10
Corte Constitucional. Sentencia SU-103 de 2022.
11
Sentencia SU-573 de 2019.
11
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Demandante: Suddy Elena Claro Villalba
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00060-00
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Salva parcialmente el voto
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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