República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00069-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
14 de agosto de 2023
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Radicación 11001-03-15-000-2023-00069-01
Demandante: Antonio Rangel Florián y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00069-01
Demandante: Antonio Rangel Florián y otros
Demandado: Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B
Temas: Tutela contra providencia judicial que accedió parcialmente a las
pretensiones del medio de control de reparación directa por
privación injusta de la libertad / inexistencia de los defectos fáctico
y desconocimiento del precedente jurisprudencial / valoración
probatoria del juez natural
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, proferida el 17 de marzo de
2023, que negó el amparo solicitado.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
los señores Antonio Rangel Florián, Asteria María Martínez Quiñónez, Rosmary,
Cenaida y Eider Antonio Rangel Martínez, por intermedio de apoderado, promovieron
demanda en orden a que se les amparen los derechos fundamentales al debido
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Radicación 11001-03-15-000-2023-00069-01
Demandante: Antonio Rangel Florián y otros
proceso, el acceso a la administración de justicia y la dignidad humana que consideran
conculcados con la providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, el 11 de noviembre de 2022, en el medio de control de reparación
directa radicado bajo el número 47001-23-31-002-2010-00537-00 (45 182).1
1.1.2. Los hechos
Los accionantes, en síntesis, narraron como sustento fáctico de la solicitud de amparo,
lo siguiente:
1.1.2.1. El 25 de febrero de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, dentro del proceso de reparación directa, profirió sentencia de segunda instancia,
por medio de la cual declaró la caducidad del citado medio de control, sin tener en
cuenta la interrupción acaecida por el trámite de conciliación extrajudicial.
1.1.2.2. Algunos apelantes de dicho proceso instauraron acción de tutela contra la
decisión anterior, la cual se resolvió a favor de los demandantes mediante fallo del 25
de agosto de 2022 y, en consecuencia, la citada corporación judicial profirió nueva
decisión a través de sentencia del 11 de noviembre de 2022 (acusada en el sub
examine).
1.1.2.3. En dicho fallo se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, dado
que no se reconoció el pago de perjuicios a favor de los hermanos de la víctima de la
detención injusta. Igualmente, al reconocerse los perjuicios a los padres de Darisnel
Rangel se contrarió el precedente judicial.
1.1.3. Los defectos invocados
La parte accionante, indicó que la providencia cuestionada incurrió en los defectos
fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial.
1.1.3.1 Respecto del primero, se señaló que:
1 Demandante: Darisnel Rangel Martínez y otros contra la Rama Judicial
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Demandante: Antonio Rangel Florián y otros
«Incurre en vía de hecho por defecto probatorio, violación al debido proceso, a la
dignidad humana, a no ser reparados íntegramente por actos injustos, por haber
actuado contra evidencias probatorias, haberse apartado totalmente de los hechos
probados y resolver a su arbitrio el asunto debatido, en el sentido de no condenar a
la RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO- NACIÓN COLOMBIANA por los
perjuicios morales a favor de los señores CENAIDA, LUIS FERNANDO, RODIN,
NILIS MARÍA, ROSMARY Y EDER ANTONIO RANGEL MARTINEZ entre otros, a
pesar de existir pruebas testimoniales rendidas bajo la gravedad del Juramento,
conforme a lo afirmado por los honorables magistrados en sus consideraciones de la
providencia atacada por vía excepcional que los señores NAYER FLORIAN
MARTINEZ, WILLINGTON TINOCO ANGARITA, NORCY FLORIAN DE RIVERA Y
EMILSE FLORIAN CAMARGO en sus versiones rendidas bajo la gravedad del
juramento ante el juzgado promiscuo municipal de Guamal, Magdalena, el día 19 de
octubre de 2011 no hicieron alusión de manera concreta, al dolor padecido por los
demandantes hermanos con ocasión de la detención injusta de la víctima directa de
la reparación, señor DARISNEL RANGEL MARTÍNEZ, estimando el suscrito, a
contrario sensu honorable Sala, que es una posición caprichosa, engañosa y arbitraria
con el respeto que se merece el máximo órgano de cierre en materia contenciosa
administrativa, específicamente por medio de la magistratura del doctor MARTIN
BERMUDEZ MUÑOZ en su calidad de M.P. en el medio de control de reparación
directa, a quien le correspondió desatar recurso de alzada contra el fallo de primera
instancia, por ser equivocada, ya que conforme a esas mismas declaraciones
adjuntas con el presente líbelo, fueron precisas, en la intensidad del daño; claramente
afirmaron conocer a la familia RANGEL MARTINEZ, conformada por víctima directa,
padres, hermanos, tíos, sobrinos, por lo que estimo honorable Sala que dichas
declaraciones no fueron analizadas conforme a la lógica, al sano juicio, a las máximas
de la experiencia y si se hizo, fue de manera defectuosa, por lo tanto careció de un
verdadero análisis basado en los principios generales del derecho probatorio,
saneable por esta vía constitucional por no existir otro mecanismo idóneo.
Al dejarse de hacer un verdadero análisis de las pruebas documentales,
particularmente de las declaraciones de los señores NAYER FLORIAN MARTÍNEZ,
WIILINGTON TINOCO ANGARITA, NORCY FLORIAN DE RIVERA Y EMILSE
FLORIAN CAMARGO, se Incurre en defecto factico probatorio por valoración
defectuosa del material probatorio, cometiendo de esta forma la Sala una vía de
hecho.» (sic en todo el texto).
1.1.3.2. En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, se explicó, lo siguiente:
«La honorable SALA sentenció a la RAMA JUDICIAL-NACION COLOMBIANA al
pago de perjuicios morales en favor de los padres de DARISNEL RANGEL
MARTÍNEZ, señores ANTONIO RANGEL FLORIAN Y ASTERIA MARÍA MARTINEZ
QUIÑONEZ, en 10.38 salarios mínimos legales mensuales para cada uno en
particular, contrariando su propio precedente jurisprudencial y a su propia reciente
jurisprudencia de unificación nacional que trae a colación en su providencia como
sustento para tasar los perjuicios morales en favor de víctimas indirectas dentro del
primer grado de consanguinidad con el afectado directo (padres, hijos, esposa,
compañera o compañero permanente), ya que dichas últimas jurisprudencias
señalan que a los padres le corresponden a título de indemnización en caso de
detención injusta por menos de 6 meses, un cincuenta por ciento (50) de los
perjuicios que sean tasados a la víctima directa.» (sic en todo el texto).
1.2. Actuación procesal
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Demandante: Antonio Rangel Florián y otros
Mediante auto del 27 de enero de 2023, el ponente sustanciador, admitió la acción de
tutela y dispuso notificar como demandados a los magistrados que integran la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado a fin de que rindieran el
informe que correspondiere y allegaran las pruebas que pretendieran hacer valer.
En virtud de su intervención en el proceso de reparación directa con radicado 47001-
2331002-2010-00537-01, en calidad de terceros con interés, ordenó notificar al fiscal
general de la Nación, al director ejecutivo de Administración Judicial y al ministro del
Interior. Así mismo, a los señores Luis Fernando, Rodin, Eris Fabián y Lus Neiris
Rangel Martínez.
De igual forma, por Secretaría General, ordenó requerir al apoderado de los aquí
accionantes y al Tribunal Administrativo del Magdalena, a fin de que suministraren la
dirección (física o de correo electrónico) en la que pudiesen ser notificadas las
personas mencionadas. De no ser posible tal notificación, ordenó publicar dicha
providencia en la página web del Consejo de Estado, para que, si a bien lo tuviesen,
los terceros con interés intervinieran.
Ordenó que a todos los vinculados en calidad de terceros con interés, se les entregara
copia de la demanda y de los anexos, para que, si así lo consideraran, rindieran el
informe correspondiente.
Mediante auto del 14 de agosto de 2023 se aceptó el impedimento presentado por el
doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez y se separó del conocimiento del asunto.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. De la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado.
El consejero ponente de la sentencia cuestionada, Martín Bermúdez Muñoz, manifiesta
que no participará en la acción de tutela de la referencia ni como parte ni como tercero
y que acatará estrictamente las disposiciones que se adopten en ella.
1.4. Intervenciones
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1.4.1. De la Fiscalía General de la Nación
La abogada Nathalia Pulido Quesada, actuando en calidad de profesional de la
Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, solicitó que se
declare improcedente la presente acción de tutela por cuanto el escrito está fundado
principalmente en un derecho de connotación económica y, además, por cuanto no se
cumple con los requisitos de procedencia. Al respecto, precisó los siguientes aspectos:
i) Los demandantes no sustentan las causales específicas para que la acción de
tutela sea procedente, pues tal como lo indicó la Corte Constitucional en la Sentencia
T-230 de 2007, es a la parte accionante a quien corresponde demostrar que la
providencia en cuestión incurre en alguno de los defectos de fondo.
ii) Se pretende retrotraer, a través de la acción de amparo, las etapas procesales de
un asunto que ya surtió su trámite, lo cual conlleva considerar que se transgreden
derechos fundamentales, aspecto es inconcebible, por cuanto en ningún momento en
el escrito de tutela se demuestra vulneración a derecho fundamental alguno.
iii) La Corte Constitucional ha sido enfática y consistente en advertir que la acción de
tutela no puede ser utilizada para recuperar oportunidades procesales perdidas ni para
remediar equivocaciones de las partes o sus posibilidades de éxito frente a una
determinada situación litigiosa.
iv) En el presente asunto no existe vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, dado que la decisión de la Sección Tercera, Subsección B, respetó cada una
de las garantías de los accionantes; en consecuencia, en el caso examinado no se
configura la violación alegada.
v) El fallo cuestionado está conforme a los parámetros de la Sentencia SU-072 de
2018, en la cual se estableció que en «i) el estudio de una privación de la libertad debe
determinarse si esta es razonada y proporcionada y ii) el juez administrativo, en
aplicación del principio iura novit curia, debe determinar el régimen de imputación a
partir de las particularidades de cada caso»; en ese orden de ideas, y teniendo en
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cuenta que los argumentos de la apoderada de los accionantes se fundamentan en la
discrepancia con el análisis y decisiones de la primera y segunda instancia,
desfavorables a sus pretensiones, no se evidencia que la decisión dentro del proceso
de reparación directa sea arbitraria o irracional.
Por el contrario, la providencia cuestionada se ajusta a derecho, el análisis probatorio
fue razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica y sus argumentos hacen
parte de la independencia y autonomía con la cual cuentan los jueces al momento de
dictar sentencia.
vi) Es claro que el requisito de subsidiariedad que exigen la Ley y la jurisprudencia
para que proceda el amparo constitucional cuando medie una decisión judicial no se
cumple en el caso objeto de estudio, en atención a que la parte activa no justifica por
qué los otros mecanismos jurídicos no resultaban idóneos para amparar sus derechos
fundamentales.
vii) A través de la acción de reparación directa se solicita la responsabilidad
patrimonial y en el escrito de tutela no se verifica la materialización de un perjuicio que
vulnere de manera flagrante derechos fundamentales.
viii) Las controversias con contenidos económicos exceden la naturaleza de la acción
de tutela, cuyo único objeto, por mandato constitucional y de acuerdo con la
jurisprudencia en la materia, radica en la protección efectiva, inmediata y subsidiaria
de los derechos constitucionales fundamentales que han sido presuntamente
vulnerados. Adicionalmente, en el caso sub examine, la pretensión de la parte
accionante no tiene relevancia constitucional.
1.5. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con ponencia de la consejera
Adriana Marín, mediante sentencia del 17 de marzo de 2023, negó la solicitud de
amparo, al considerar, en lo fundamental, lo siguiente:
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i) Frente al defecto fáctico, no se comparte la tesis de la demanda de tutela, dado
que la sentencia valoró cada uno de los testimonios, solo que, a diferencia de la
conclusión de los accionantes, se determinó que no se probaron los perjuicios morales
reclamados por los hermanos de la víctima, por lo que la decisión de negarlos estuvo
fundada en una conclusión basada en dichos elementos probatorios. Es así como en
la sentencia se hace un análisis de la prueba testimonial y se concluye que no se hizo
referencia al dolor padecido por los hermanos de la víctima.
ii) La conclusión de la autoridad judicial accionada no es caprichosa, ni irracional.,
puesto que el juez constitucional no está dotado de competencia para determinar el
mejor entendimiento que deba hacerse sobre una prueba. Tal labor le corresponde al
juez de la causa, quien goza de plena libertad y autonomía para discernir sobre el
examen de los elementos probatorios.
iii) La parte demandante no acredita que las conclusiones de la autoridad judicial
accionada sean abiertamente antagónicas al ser contrastadas objetivamente con las
pruebas obrantes en el expediente, sino que hace una interpretación propia para
considerar una teoría y una conclusión diferente a la del fallo atacado, sin demostrar
que la decisión se adoptó con total desconocimiento de los elementos probatorios.
iv) Con respecto al desconocimiento del precedente, se deben observar algunas
reglas, tales como que al demandante le corresponde identificar el precedente judicial
que se habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se contrarió
y, una vez identificados esos temas, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de
aplicar.
v) Las inconformidades de los accionantes se centran en señalar que la autoridad
judicial demandada desconoció la sentencia de unificación del 29 de noviembre de
2021 (exp. 46681), dictada por el pleno de la Sección Tercera, pues, pese a que allí
se señaló que a los padres se les debe reconocer el 50% de los perjuicios morales
otorgados a la víctima directa, en el fallo cuestionado se ordenó el pago de una suma
inferior a aquella.
vi) La providencia cuestionada de ninguna manera incurre en la conducta que le
enrostra la parte demandante, dado que la sentencia de unificación consideró que la
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indemnización no era una «especie de derecho automático» ni que existía «un derecho
patrimonial establecido», sino que el parentesco permitía inferir la afectación moral a
los padres, como en este caso, y las pruebas servirían de elemento para determinar el
quantum a partir de la intensidad del daño.
vii) Como la sentencia acusada reconoció a los padres un 35% del valor otorgado a la
víctima directa, ello no es igual a afirmar que se desconoció el precedente del tope del
50%, que no implica en todos los casos un deber de reconocimiento por ese
porcentaje, dado que allí se justificó que el valor a reconocer estaba fundado en la
declaración de los testigos, de manera concreta «al dolor que padecieron los
demandantes con ocasión de la detención de la víctima directa. Por esta razón,
cuantificará el monto de la indemnización de los perjuicios morales sufridos por estos
demandantes en el 35% del perjuicio moral para la víctima directa».
viii) Lejos de desconocer la sentencia de unificación, la autoridad judicial accionada
hizo una aplicación razonable del precedente. Ahora, si el desacuerdo se circunscribía
al porcentaje reconocido, en lugar de invocar el desconocimiento del precedente o lo
que, en su criterio, es la aplicación correcta del mismo, debió ocuparse de alegar y
demostrar que la intensidad del dolor y del daño fue mayor y justifica el reconocimiento
del máximo del 50%; sin embargo, esa circunstancia no fue la que se discutió.
ix) El hecho de que no se comparta la conclusión de la providencia es un asunto
irrelevante, intrascendente y carente de la fuerza necesaria para demostrar la
existencia de los defectos alegados, pues por las limitaciones propias de la acción
constitucional, es imprescindible acreditar que la decisión está desprovista de
cualquier razonabilidad y racionalidad, circunstancias que, en este caso, no se
aprecian, justamente porque la decisión contiene un sustento fáctico, jurídico y
jurisprudencial del que la parte demandante discrepa, pero que no es absurdo; luego
esa diferencia conceptual y valorativa no basta para que se abra paso el amparo
constitucional.
1.6. Impugnación
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La parte accionante, inconforme con la decisión anterior, impugnó la sentencia de
primera instancia con fundamento en lo siguiente:
i) El defecto probatorio en que incurrió el consejero ponente al emitir la sentencia del
11 de noviembre de 2022 quedó demostrado totalmente con las declaraciones
rendidas por los señores Nayer Díaz Florián, Willington Tinoco y otros, aportadas tanto
al proceso de reparación directa como a la presente acción de amparo.
ii) Dichos testimonios fueron enfáticos en manifestar bajo la gravedad de juramento el
daño y la aflicción generada a la familia del señor Darnisel Rangel Martínez incluidos
todos sus hermanos, cuya valoración no se realizó conforme a la sana crítica, las
reglas de la experiencia, la lógica, al buen raciocinio, sino de forma caprichosa y
arbitraria.
iii) La máxima de la experiencia ha enseñado que la muerte violenta y la privación
injusta de la libertad generan un dolor inmenso entre padres e hijos y viceversa; así
como entre padres y hermanos más cercanos, como es el caso particular, en el que
forman un solo seno familiar.
iv) En el instante de los hechos los accionantes se encontraban compartiendo el mismo
techo de la víctima directa, entonces, no hay lugar para que se reste credibilidad,
veracidad y validez probatoria a las declaraciones de los señores Nayer Díaz Florián
y Willington Tinoco, entre otros, quienes fueron enfáticos en demostrar la intensidad
del daño.
v) No es de recibo el requerimiento de indicar el precedente de manera precisa, en
otras palabras, manifestar la fecha de la jurisprudencia, entre otras circunstancias,
pues los jueces de la república tienen la obligación de interpretar la demanda, buscar
la fuente del daño y aplicar tanto las normas como las decisiones judiciales y la
doctrina.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
Sección Tercera, Subsección A, de esta Corporación el 17 de marzo de 2023.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la providencia del 11 de noviembre de
2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dentro del
medio de control de reparación directa radicado 47001-23-31-002-2010-00537-00 (45
182). En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la
referida providencia se incurrió en las causales de procedibilidad defecto fáctico y
desconocimiento del precedente jurisprudencial y, por ende, si se vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y
a la dignidad humana.
2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12
y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la
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Corte Constitucional, en Sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la
autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por
la Constitución.
Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad,
de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la
acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no
puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este entendido, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia
C-590 de 20053, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que
hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada
la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
infracción como los derechos afectados y que hubiere alegado tal desconocimiento en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de
2
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente
y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de
naturaleza «excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas
que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material
o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el
hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al
menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.
El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 20124, unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la
ley y la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 20145 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de
inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra la sentencia proferida por la Sección Tercera,
Subsección B, del Consejo de Estado, el 11 de noviembre de 2022, dentro del
medio de control de reparación directa número 47001-23-31-002-2010-00537-00
(45 182).
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
5
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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2.4.1. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela
guardan coherencia lógica y temporal.
2.4.2. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela,
en tanto que la decisión censurada fue proferida en el trámite del medio de control de
reparación directa.
2.4.3. Se presentó con inmediatez. Sobre el particular es preciso indicar que, la
sentencia cuestionada data del 11 de noviembre de 2022 y la acción de tutela se
instauró el 11 de enero del año en curso6, con lo cual se satisfacen los parámetros
fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el término para su ejercicio, que
no debe sobrepasar los seis meses.
2.4.4. El asunto tiene relevancia constitucional. Se invoca la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y
a la dignidad humana, los cuales fueron justificados razonablemente por la parte
accionante, para evidenciar una posible restricción desproporcionada respecto de
dichas garantías por parte de la autoridad judicial, que permiten considerar que se
cumple con este presupuesto respecto de las presuntas vías de hecho alegadas.
2.4.5. Se agotaron los medios de defensa judicial, comoquiera que contra la
providencia objeto de la acción de tutela no proceden otros medios ordinarios de
defensa ni, de acuerdo con lo argumentado, las causales especiales para la
instauración del recurso extraordinario de revisión.
2.5. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales
Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, la parte accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la
providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de
6 De acuerdo con el sistema de consulta de procesos judiciales SAMAI, la acción de tutela fue
interpuesta en línea, a través de la página web de la Rama Judicial, el 11 de enero de 2023, a las 4:25
PM, o.
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procedibilidad del amparo7 contra providencias judiciales, es decir, que la
actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos:
a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el
defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; d) el defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) el error
inducido, que ocurre cuando el juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) la decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional; g) el desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado; y, h) la violación directa de la Constitución, que se predica cuando, de
manera ostensible y flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados
recogidos en la carta política.
Como se observa, a pesar de que en cada caso se confirme la procedencia general
de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y
vicios mencionados, pues lo que subyace en la acción es la censura de una decisión
judicial, cuya modificación implicaría alterar el principio constitucional de la seguridad
jurídica.
En el presente asunto, la parte accionante formula las causales de procedibilidad
defecto fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial. Conforme a lo
7 Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas
de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales.
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expuesto y con la finalidad de determinar la procedibilidad del amparo y la consiguiente
tutela o no, de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y dignidad humana, la Sala examinará el marco normativo y
jurisprudencial de las anteriores causales.
2.6 Marco normativo y jurisprudencial de las causales de procedibilidad defecto
fáctico y por desconocimiento del precedente jurisprudencial.
2.6.1. Defecto fáctico
De acuerdo con la Corte Constitucional, se está en presencia de un defecto fáctico
cuando, al examinarse la providencia judicial objeto de la tutela, «resulta
incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión».8
En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión positiva o en una dimensión negativa (omisiva) de la valoración y práctica
de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera comprende apreciaciones
inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y
evaluación de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en el examen
de los medios probatorios culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible
fundar una acción de tutela en este defecto cuando se observa que la valoración
probatoria es manifiestamente arbitraria. En palabras de la Corte:
[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la decisión,
pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la evaluación
probatoria del juez de conocimiento.9 [Negrillas fuera del texto]
De acuerdo con las características del sub examine, la Sala hará énfasis en la hipótesis
denominada «defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio» 10,
cuando advierta que el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
apartarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
8
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
9
Corte Constitucional, sentencia T-1021 de 2005. M. P. Jaime Araujo Rentería.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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el asunto jurídico debatido11; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas, no se
abstiene de excluirlas y, por el contrario, con base en ellas fundamenta su decisión. 12
En términos generales, de acuerdo con una sólida línea jurisprudencial establecida por
la Corte Constitucional, el supuesto de indebida valoración probatoria se configura,
entre otros, en los siguientes eventos: (i) cuando el funcionario judicial, en contra de la
evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente
probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de
existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la
decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto,
esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin
11
Mediante sentencia T-450 de 2001, por ejemplo, se declaró la configuración de este defecto, debido
a que un juez de familia, dentro de un proceso de aumento de cuota alimentaria, en contravía de la
evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro, decidió incrementarla en detrimento del demandado. Textualmente se consignó: «en el expediente no existen pruebas o indicios que avalen la posibilidad de
aumentar la cuota alimentaria de la manera como lo hizo el juez competente, y si bien tras su
determinación existe una clara intención encaminada a proteger los derechos de la niña, reprochando
a su vez la indisposición que demostró el padre durante el trámite del proceso, estas no son razones
suficientes para justificar la decisión, pues aquí también está en juego el respeto al debido proceso que
se predica de toda actuación judicial. Por eso, tiene razón el juez de instancia a quien le correspondió
conocer de la tutela, cuando afirma que: «a pesar de que se adopte la tesis que el juez en algunas
materias de familia puede fallar más allá de lo pedido o por fuera de lo pedido, lo que si no puede hacer
es más allá o por fuera de lo probado, ya que en tal caso la decisión sólo responde a su propio arbitrio,
contradiciendo el deber de motivación o fundamentación de la providencia, lo cual vulnera
ostensiblemente el debido proceso». Por estas razones el fallo de instancia será confirmado». 12
Este punto fue ampliamente estudiado en el caso que resuelto mediante sentencia SU-159 de 2002,
en el cual se examinó el hecho de que la prueba obtenida ilícitamente (grabación ilícita de
comunicaciones) tendría la virtualidad de comunicar su vicio a las demás pruebas del proceso. Sostuvo
la Corte en aquella oportunidad: «sin duda, la cuestión que merece el mayor análisis constitucional en
este caso es la relativa a la vía de hecho por defecto fáctico. La Corte encuentra que la grabación de la
conversación telefónica fue excluida del acervo probatorio tanto por la Fiscalía General como por la
Corte Suprema de Justicia y que las pruebas que sirvieron de fundamento a la resolución de acusación
y a la sentencia condenatoria no son derivadas de dicha grabación, sino que provienen de fuentes
separadas, independientes y autónomas. El que la noticia criminis haya consistido en la información
periodística sobre la existencia de la grabación, no hace que todas las pruebas sean fruto de ella. En
este caso, claramente no lo fueron dado que la Fiscalía desplegó una actividad investigativa que la
condujo a pruebas independientes de la grabación, como el patrón de reuniones y llamadas antes y
después de la adjudicación de las emisoras, las certificaciones de las comunicaciones provenientes de
las empresas de telefonía, los testimonios sobre cómo se hizo la adjudicación por parte de integrantes
del comité correspondiente, el análisis de la elaboración y aplicación de una gráfica de criterios de
adjudicación presentada por el petente, entre otras pruebas completamente ajenas al contenido de la
conversación ilícitamente interceptada y grabada (...) La Corte también rechaza la insinuación de que
una prueba ilícita contamina ipso facto todo el acervo probatorio. La Constitución garantiza que la prueba
obtenida con violación del debido proceso sea excluida del acervo. Pero no se puede confundir la
doctrina de los frutos del árbol envenenado con la teoría de la manzana contaminada en el cesto de
frutas. La primera exige excluir las pruebas derivadas de la prueba viciada, lo cual se deduce de la
Constitución.
La segunda llegaría hasta exigir que además de excluir las pruebas viciadas, se anulen
las providencias que se fundaron en un acervo probatorio construido a partir de fuentes lícitas
independientes de las pruebas ilícitas, el cual, en sí mismo, carece de vicios y es suficiente para
sustentar las conclusiones de las autoridades judiciales, sin admitir ni valorar las manzanas
contaminadas dentro de una canasta que contiene una cantidad suficiente de pruebas sanas».
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un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas
manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en
un proceso ordinario, no por comprender en estricto sentido pruebas viciadas de
nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con
el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso.
En armonía con lo anterior, y tal como lo ha advertido la Corte, solo es factible fundar
una acción de tutela frente a un defecto fáctico, cuando se observa que la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente
arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba «debe ser de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia».13
En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico, cuando pese
a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica,
de manera tan evidente, que su decisión se muestra forzada y contradictoria de la
lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.
Finalmente, es pertinente referir que, en Sentencia SU 495 de 202014— la Corte
Constitucional sobre el defecto fáctico, señaló:
Esta Corte ha sido clara en resaltar que los jueces de conocimiento tienen amplias
facultades discrecionales para efectuar el análisis del material probatorio en cada caso
concreto.15 Sin perjuicio de esto, ha señalado que tal poder discrecional debe estar
inspirado en los principios de la sana crítica, debiendo atender los criterios de
objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución
y la ley. De lo contrario, la discrecionalidad sería entendida como arbitrariedad judicial,
13
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994.
14
Sentencia del 27 de noviembre de 2020, Referencia: Expediente T.7.783.646, acción de tutela
interpuesta por Dorian Jaime Mejía Galeano contra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la
Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado
ponente: Alejandro Linares Cantillo.
15
La Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del
material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia
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hipótesis en la cual se configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría
revocar la providencia atacada.16
84. Conforme a la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico “surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión”.17 En ese sentido, la Corte ha señalado que este tipo de
yerro tiene relación con la actividad probatoria desplegada por el juez, y comprende
tanto el decreto y la práctica de pruebas, como su valoración.18 Por lo tanto, teniendo
en cuenta que la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia
adicional del procedimiento judicial que se cuestiona19 la protección de la acción de
tutela por defecto fáctico puede encuadrarse cuando la actuación probatoria del juez
permita identificar un error ostensible, flagrante y manifiesto, que tenga una incidencia
directa en la decisión adoptada20.
85. Esta corporación ha reiterado en su jurisprudencia tres eventos en los que
se configura el defecto fáctico, a saber21 “(i) omisión en el decreto y la práctica de
pruebas indispensables para la solución del asunto jurídico debatido, (ii) falta de
valoración de elementos probatorios debidamente aportados al proceso que, de
haberse tenido en cuenta, deberían haber cambiado el sentido de la decisión adoptada
e (iii) indebida valoración de los elementos probatorios aportados al proceso, dándoles
alcance no previsto en la ley”22
2.6.2. Desconocimiento del precedente jurisprudencial
En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial —
horizontal o vertical— , se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente23, vale decir,
desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con
un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
16
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994. Allí se indicó: “si bien el juzgador goza de un gran
poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar
libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica…, dicho
poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la
adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este
desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta
cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da
por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente” (resaltado fuera
del texto original).
17
ibidem
18
Corte Constitucional, sentencia T-084 de 2017
19
Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2004.
20
Corte Constitucional, sentencias T-442 de 1994 y T-781 de 2011.
21
Corte Constitucional, sentencia T-084 de 2017
22
Corte Constitucional, sentencia T-458 de 2007.
23 Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-4Treinta y séis de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
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jurídicos, y en la que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
En esa lógica, en la Sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los siguientes criterios a
tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial: a) que la
ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente24; b) que se trate de un problema
jurídico o una cuestión constitucional semejante; y, c) que los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia sean similares o planteen un punto de derecho
parecido al que se debe resolver con posterioridad.25
Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales
determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o magistrado
a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente horizontal, que
hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o
por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente vertical, que se relaciona
con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.26
En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligado cumplimiento por los
funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción.27 Sin embargo,
en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión por parte de las
autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer los criterios
hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.28
24 Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013: «Es la ratio decidendi que es la base jurídica directa
de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes
y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el conjunto de
argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar la decisión
adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi expresada en el
precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no puede ser desconocido
por los jueces».
25Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
26Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
27Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
28Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
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En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los
órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza unificadora,
los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en aquellos
eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una
excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el caso presenta
situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.
Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención
a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las siguientes reglas:
«(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que significa que no
pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido
(principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga argumentativa seria,
mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada, los motivos por los cuales
consideran que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas
por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)».29
En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el
desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto
sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en
virtud del acatamiento a los principios al debido proceso, la igualdad y la buena fe.30
De otra parte, en la Sentencia SU 332 de 2019,31 la Corte Constitucional se refiere al
desconocimiento del precedente de las Altas Cortes y para el efecto señala:
Importancia de los órganos de unificación de jurisprudencia
15. Esta Corte diferenció dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, para lo
cual tomó como criterio diferenciador la autoridad que profiere el fallo que se tiene como
referente. En esa medida, el precedente horizontal hace referencia al respeto que un
juez debe tener sobre sus propias decisiones y sobre las tomadas por jueces de igual
jerarquía, mientras que, el vertical apunta al acatamiento de los fallos dictados por las
instancias superiores en cada jurisdicción encargadas de unificar la jurisprudencia.
29Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
30Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.
31Referencia: Expedientes acumulados: T-5904426 (Elsa Marina Ñustes Lozano), T-5904482 (Luis
Hernán Medina Urueña),T-5912659 (Margoth Rivera de Quevedo), T-5942333 (Mercedes Castro
Pinilla), T-5942352 (Hipólito Arévalo Tique), magistrada sustanciadora: Gloria Stella Ortiz Delgado,
sentencia del 245 de julio de 2019.
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16. Ahora bien, como se explicó líneas atrás, cuando el precedente emana de los altos
tribunales de justicia en el país (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y
Consejo de Estado), adquiere un carácter ordenador y unificador que busca realizar los
principios de primacía de la Constitución, igualdad, confianza legítima y debido proceso.
Adicionalmente, se considera indispensable como técnica judicial para mantener la
coherencia del sistema.
2.7. Hechos probados
2.7.1. Los señores Darisnel Rangel Martínez, Eris Fabián Rangel, Cenaida Rangel,
Antonio Rangel, Asteria María Martínez, Eder Antonio Rangel, Luis Fernando Rangel,
Rodin Rangel, Rosmary Rangel, Nilis María Rangel y Lus Neiris Rangel instauraron,
por conducto de apoderado, el medio de control de reparación directa contra la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de
la Nación y los Ministerios del Interior y de Justicia, con el fin de que se les declarara
patrimonialmente responsables de los perjuicios causados con la privación injusta de
la libertad que sufrió el primero de los citados.
2.7.2. El 4 de julio de 2012, el Tribunal Administrativo del Magdalena bajo el radicado
47001-23-31-002-2010-00537-00 (45 182), profirió sentencia de primera instancia por
medio de la cual negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se
acreditaron suficientemente los presupuestos fácticos que conllevaron a incoar el
medio control.
2.7.3. El apoderado de los demandantes interpuso el recurso de apelación contra la
anterior decisión, en el que argumentó, entre otras razones, que la teoría en la que se
fundamentó el a quo para denegar las pretensiones es pretérita y no se ajusta a los
principios que inspiraron al constituyente de 1991, los cuales establecen que no se
requiere que la conducta oficial se realice con culpa, impericia o imprudencia, pues es
suficiente que se cause el daño y que éste sea antijurídico.
2.7.4. El 25 de febrero de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, profirió sentencia de segunda instancia, por medio de la cual revocó el fallo proferido
el 4 de julio de 2012, por el Tribunal Administrativo de Magdalena y, en su lugar,
declaró de oficio la excepción de «caducidad de la acción».
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2.7.5. El 25 de agosto de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado, decidió la
acción de tutela instaurada contra la decisión anterior, por considerar que, para
contabilizar el término de caducidad, no se tuvo en cuenta la interrupción acaecida por
el trámite de conciliación extrajudicial y, en consecuencia, ordenó dejar sin efecto el
fallo cuestionado.
2.7.6. El 11 de noviembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, dictó sentencia de reemplazo, por medio de la cual revocó la providencia del 4 de
julio de 2012, emitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena y, en su lugar,
condenó a la Nación, Rama Judicial, a reparar el daño causado, así:
«SEGUNDO: CONDÉNASE a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL al pago de los siguientes
perjuicios morales, los cuales se tasarán en salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia
DEMANDANTE PARENTESCO CUANTÍA
Darisnel Rangel Martínez Víctima Directa 29,65
SMLMV
Asteria María Martínez Madre de la víctima 10,38
Quiñonez SMLMV
Antonio Rangel Florián Padre de la víctima 10,38
SMLMV
TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN –RAMA JUDICIAL al pago de la suma de
SEIS MILLONES UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA
Y CUATRO CENTAVOS ($6.001.598.34) al demandante Darisnel Rangel Martínez
por concepto de lucro cesante.
CUARTO: ORDÉNASE al Director Ejecutivo de Administración Judicial un
comunicado en el cual ofrezca excusas al demandante Darisnel Rangel Martínez.
QUINTA: NIÉGANSE las demás pretensiones
(…)»
2.8. Análisis de la Sala. Caso concreto
2.8.1. Defecto fáctico por valoración inadecuada de pruebas
Lo argumentado por los accionantes, en punto del defecto fáctico, se fundamenta en
que consideran que las pruebas testimoniales obrantes en el expediente daban cuenta
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del dolor padecido por los hermanos de la víctima directa con ocasión de la detención
injusta del señor Darisnel Rangel Martínez.
Las declaraciones adjuntas, a su juicio, fueron precisas en acreditar la intensidad del
daño, pues los testigos afirmaron conocer a la familia Rangel Martínez, conformada
por la víctima directa, padres, hermanos, tíos, sobrinos, por lo que dichas
declaraciones no fueron analizadas conforme a la lógica, al sano juicio y a las máximas
de la experiencia.
Los accionantes consideran que, al dejarse de hacer un verdadero análisis de las
pruebas documentales, particularmente de las declaraciones de los señores Nayer
Florián Martínez, Willington Tinoco Angarita, Narcy Florián de Rivera y Emilse Florián
Camargo, se incurrió en defecto fáctico por valoración defectuosa del material
probatorio.
Al respecto, encuentra la Sala que, contrario a lo manifestado por la parte actora, en
el fallo cuestionado sí se examinaron conforme a derecho los testimonios en mención,
de la siguiente manera:
«En lo referente a los demandantes Eris Fabián, Cenaida, Eder Antonio, Luis
Fernando, Rodin, Rosmary y Nilis María Rangel Martínez, quienes comparecieron al
proceso en calidad de hermanos de la víctima directa y Lus Neiris Rangel Martínez
en calidad de sobrina, la Sala negará la reparación de los perjuicios morales porque:
(i) de acuerdo con la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021 los
perjuicios morales no pueden presumirse a partir de la sola acreditación de su
parentesco con la víctima directa y (ii) si bien la parte actora allegó las
declaraciones de Nayer Florián Martínez, Willington Tinoco Angarita, Narcy Florián
de Rivera y Emilse Florián Camargo para acreditar los perjuicios morales que
sufrieron con ocasión de la detención, en esas declaraciones no se hizo alusión,
de manera concreta, al dolor que padecieron estos demandantes por la
detención de la víctima directa.» (negrillas fuera del texto)
Bajo este panorama, lo que se advierte en el caso bajo estudio es que la parte actora
está en desacuerdo con la valoración probatoria efectuada por el juez del medio de
control de reparación directa sobre las declaraciones citadas, pues, aunque considera
que tales testimonios fueron precisos para demostrar la intensidad del daño, lo cierto
es que tal argumento, así como la mera acreditación del parentesco no demuestra el
dolor padecido por los hermanos de la víctima directa.
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Demandante: Antonio Rangel Florián y otros
Lo que se avizora en caso sub examine es que la parte actora está inconforme con la
lógica y el estudio realizado por el fallador en el análisis de la controversia y utiliza la
acción de amparo para plantear un reexamen de la valoración probatoria lo cual no
resulta de recibo para la Sala porque, de admitirse, se afectaría el juicio interpretativo
del juez natural, el que no se evidencia irracional o desproporcionado ni se aprecia
alejado de las reglas de la sana crítica.
Si bien los accionantes alegan una indebida valoración probatoria, se evidencia que la
autoridad judicial accionada realizó una disertación juiciosa y razonada la cual le
permitió concluir que no se encontró probada la existencia del perjuicio reclamado,
motivo que fue el que soportó la decisión cuestionada.
Por tanto, la Sala no encuentra que la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de
Estado al efectuar el estudio de las pruebas allegadas al plenario, haya incurrido en
una valoración manifiestamente arbitraria que configure el defecto fáctico y habilite la
procedencia del amparo deprecado, dado que efectuó un análisis de las piezas
probatorias en armonía con las reglas de la sana crítica respecto al perjuicio moral
reclamado.
En efecto, al realizar el análisis correspondiente se pudo determinar que dicho perjuicio
no se demostró durante el proceso de reparación directa, pues para ello era menester
probar el dolor que padecieron los reclamantes y, sucede que ello no se acreditó, es
más, ni siquiera se hizo alusión a aquél en las declaraciones rendidas, tal como lo
señaló el juez natural del asunto.
2.8.2. Desconocimiento del precedente jurisprudencial horizontal
Sobre el particular, sea lo primero mencionar que si bien la parte accionante no señala
expresamente la sentencia contentiva del precedente judicial que considera
desconocido, lo cual es un presupuesto que debe cumplir, lo cierto es que la Sala
advierte que se refiere al antecedente jurisprudencial invocado en la providencia
acusada en el sub lite, es decir, la sentencia de unificación del 29 de noviembre de
2021, radicada bajo el número 2006-00178-01 (46681), proferida dentro del medio de
control de reparación directa instaurado por el señor José Dídimo Díaz y otros, contra
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Demandante: Antonio Rangel Florián y otros
la Fiscalía General de la Nación y otros, por medio de la cual se adoptaron reglas para
unificar la jurisprudencia relativa al reconocimiento y monto de los perjuicios morales
por la privación injusta de la libertad.
La parte actora alude que la sentencia cuestionada en sede de tutela desconoció el
precedente jurisprudencial emitido por el propio Consejo de Estado, por medio del cual
se determinó tasar los perjuicios morales en favor de las víctimas indirectas dentro del
primer grado de consanguinidad con el afectado directo (padres, hijos, esposa,
compañera o compañero permanente), en caso de detención injusta por menos de 6
meses, en un cincuenta por ciento (50%) de los perjuicios que sean tasados a favor
de la víctima directa, pautas que en su sentir, no se aplicaron en la sentencia proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, del 11 de noviembre de
2022.
Al respecto, se advierte que la citada sentencia en censura señaló lo siguiente:
«Debido a que los demandantes Asteria María Martínez Quiñónez y Antonio Rangel
Florián tienen la condición de padres de la víctima directa, la Sala tendrá por
acreditados los perjuicios morales con la demostración de tales calidades, de
conformidad con la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021. Su relación
con la víctima directa está acreditada con los registros civiles allegados al proceso.
En relación con la intensidad de los perjuicios morales sufridos por las víctimas
indirectas y su cuantificación, punto en el cual, conforme con la sentencia
anteriormente citada, deben tenerse en cuenta las circunstancias particulares
demostradas en el curso del proceso, la Sala destaca que en las declaraciones de
Nayer Florián Martínez, Willington Tinoco Angarita, Narcy Florián de Rivera y
Emilse Florián Camargo no se hizo alusión, de manera concreta, al dolor que
padecieron los demandantes con ocasión de la detención de la víctima directa.
Por esta razón, cuantificará el monto de la indemnización de los perjuicios
morales sufridos por estos demandantes en el 35% del perjuicio moral
determinado para la víctima directa…» (negrillas fuera del texto).
Observa la Sala, que lo anterior se encuentra acorde con lo dispuesto en la sentencia
de unificación jurisprudencial aludida, mediante la cual se establecieron topes de
perjuicios morales para las víctimas indirectas, verbigracia, para los parientes en el
primer grado de consanguinidad del detenido en el cincuenta por ciento (50%) de lo
que le corresponda a la víctima directa; lo anterior significa que la fijación del monto,
que no debe superar ese tope, se establece en consonancia con el análisis de las
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Radicación 11001-03-15-000-2023-00069-01
Demandante: Antonio Rangel Florián y otros
pruebas que permitan determinar de forma concreta la intensidad del dolor que
padecieron los demandantes en su condición de víctimas indirectas.
En efecto, para establecer la existencia y para fijar el monto de los perjuicios morales
en relación con los padres del detenido «deben tenerse en cuenta las circunstancias
del caso concreto, lo cual implica considerar y exponer las motivaciones relativas a los
medios probatorios ofrecidos por la parte demandante para acreditar la existencia de
tales perjuicios y determinar su intensidad»32.
Es por ello que la Sección Tercera del Consejo de Estado fue enfática en señalar que:
«…Considerar únicamente la prueba del parentesco y el lapso de la privación para
establecer el monto de la indemnización, implica desconocer otras pruebas que
pueden evidenciar la inexistencia de relaciones o demostrar la existencia relaciones
muy precarias entre el detenido y el demandante que no permiten deducir la
existencia de un perjuicio moral indemnizable o no permiten establecerlo en el tope
máximo previsto por la jurisprudencia…»33
Así las cosas, encuentra la Sala que en el caso sub examine, el juez natural del asunto,
de conformidad con los anteriores lineamientos jurisprudenciales, su libertad de
interpretación y la autonomía en valoración probatoria -de acuerdo con las reglas de
la sana crítica-, adoptó una decisión conforme a derecho.
Claramente, la autoridad judicial cuestionada no solo invocó la sentencia de unificación
que se afirma desconocida, sino que, además, la aplicó, en la medida en que tuvo en
cuenta los porcentajes previstos, así como el material probatorio allegado al proceso,
en virtud del cual no se logró acreditar de forma considerable la intensidad del daño
moral sufrido por los padres de la víctima directa.
En este orden de ideas, no es de recibo para la Sala que se pretenda reabrir el asunto
para concluir que la sentencia cuestionada incurrió en una decisión arbitraria por
desconocimiento del precedente jurisprudencial en tanto lo que se advierte es que la
parte actora está en desacuerdo con las determinaciones adoptadas y busca convertir
el asunto en una tercera instancia.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021. Rad No.
18001-23-31-000-2006-00178-01(46681). Consejero ponente Martín Bermúdez Muñoz.
33
Ibidem
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Radicación 11001-03-15-000-2023-00069-01
Demandante: Antonio Rangel Florián y otros
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y en el acervo probatorio, se
concluye que i) la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) no se configuró el
defecto fáctico; y iii) tampoco se aprecia el desconocimiento del precedente
jurisprudencial. Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia del 17 de marzo de
2023, emitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que denegó
el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confírmase la sentencia proferida el 17 de marzo de 2023 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por medio de la cual se denegó el amparo
solicitado por el señor Antonio Rangel Florián y otros.
Segundo: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Impedido
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.
M.E.C.G
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