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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00078-00

Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de

Fecha
17 de febrero de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00078-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Gabriel Jaime Perea, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-00078-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

17 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00078-00
Demandante: GABRIEL JAIME PEREA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda de tutela carece de carga argumentativa, puesto no
contiene elementos constitucionales que ataquen la razonabilidad de la decisión judicial que
rechazó por extemporánea la impugnación contra el fallo de tutela de primer grado.

La Sala decide 1 la acción de tutela instaurada por el señor Gabriel Jaime Perea
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 23 de diciembre noviembre de 20222, el señor Gabriel Jaime Perea interpuso
acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de las providencias del 17
de mayo y del 17 de junio de 2022, por medio de las cuales, en su orden, se rechazó
por extemporánea la impugnación interpuesta contra el fallo de tutela y se negó una
solicitud de nulidad en la acción de tutela con radicado 11001-33-15-000-2022-
00111-00. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):

1 Se advierte que, el 3 de febrero de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Como la tutela fue radicada durante la vacancia judicial, la misma fue remitida por la oficina de

apoyo a esta Corporación el 11 de enero de 2023.

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00078-00
Demandante: Gabriel Jaime Perea
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Respetuosamente solicito por medio de su Despacho la protección rápida y eficaz
de mis derechos fundamentales a la Igualdad, debido proceso y Acceso a la
Administración de Justicia y en consecuencia se ordene a al HONORABLE
CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C – Magistrado
Ponente NICOLAS YEPES CORRALES, revoque y deje sin efectos el auto de
fecha 17 de Mayo de 2022 que niega el RECURSO DE IMPUGNACIÓN al fallo de
fecha 25 de marzo de 2022 y así mismo revoque y deje sin efectos el auto de fecha
17 de junio de 2022, que niega la nulidad propuesta el 23 de mayo de 2022, dentro
de en la ACCIÓN DE TUTELA radicada con el consecutivo
11001031500020220011100, con el fin de que me sea concedida la impugnación.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

El señor Gabriel Jaime Perea presentó demanda de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Santander, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, y la Sala Especial de Decisión Dos del Consejo de Estado, para cuestionar las
providencias dictadas en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho
(radicado 68001-23-33-000-2012-00330-00/01) y el recurso extraordinario de
revisión con radicado (11001-03-15-000-2020-03587-00).

El 26 de marzo de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado profirió fallo de primera instancia, en el que declaró improcedente la solicitud
de amparo. Dicha decisión fue notificada el 4 de mayo de 2022 al correo electrónico
suministrado por las partes.
El 11 de mayo de 2022, el accionante impugnó la sentencia de primer grado y la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante providencia
del 17 de mayo siguiente, rechazó el recurso por considerar que fue radicado de
forma extemporánea.

Finalmente, la parte actora presentó solicitud de nulidad contra el auto del 17 de
mayo de 2022, la cual fue negada en providencia del 17 de junio de 2022.

1.3. Argumentos de la tutela

En criterio del señor Gabriel Jaime Perea, la autoridad judicial accionada vulneró su
derecho fundamental al debido proceso, toda vez que rechazó por extemporánea la
impugnación interpuesta (el 11 de mayo de 2022) contra la sentencia de tutela

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00078-00
Demandante: Gabriel Jaime Perea
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

proferida por el 26 de marzo de 2022 por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, a pesar de encontrarse dentro del plazo de 5 días hábiles
previsto en el Decreto 806 de 2020 para tal fin.

Que, en efecto, el fallo de tutela se notificó personalmente por correo electrónico el 4
de mayo 2022, por lo que dicho acto procesal ha debido entenderse perfeccionado
al cabo de dos días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 806 de 2020. De modo que tenía hasta
el 11 de mayo para impugnar la sentencia, fecha en la que efectivamente radicó el
escrito correspondiente.

En punto de la vulneración de sus derechos fundamentales, escuetamente señaló:

Considero vulnerados los derechos fundamentales a la Igualdad, al Debido Proceso
y al Acceso a la Administración de Justicia, consagrado en la Constitución Nacional
y artículo 8 de la CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
por parte de del HONORABLE CONSEJO DE ESTADO SECCION TERCERA –
SUBSECCION C – Magistrado Ponente NICOLAS YEPES CORRALES, al no
concederme el RECURSO DE IMPUGNACION al fallo de primera instancia de la
ACCION DE TUTELA radicada con el consecutivo 11001031500020220011100.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 16 de enero de 2023, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, como parte demandada, y, como tercero
con interés, al director general de la Policía Nacional. Así mismo se ordenó notificar
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, a través del magistrado
ponente de la decisión cuestionada, expuso que la tesis adoptada en la providencia
corresponde a la postura que sostenía la Subsección antes de que la Corte
Constitucional profiriera la sentencia SU-387 de 2022, en la que concluyó que el
régimen de notificaciones personales previstos en el artículo 8 del Decreto 806 de
2020 es aplicable a los fallos de tutela.

En tal sentido, precisó que para la fecha en que se dictaron las decisiones atacadas
no existía una postura unificada sobre la aplicación del artículo 8 del Decreto 806 de
2020 en materia de tutela y que, por tanto, no podía desconocerse por vía de tutela
la autonomía e independencia judiciales.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00078-00
Demandante: Gabriel Jaime Perea
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2.2. La Policía Nacional sostuvo que se configura una falta de legitimación en la
causa por pasiva en su favor, dado que las decisiones sobre las cuales recae la
tutela son competencia de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, amén de que la demanda no se refiere a acciones u omisiones de dicha
entidad.

2.3. En auto del 25 de enero de 2023, el Despacho sustanciador ordenó vincular, en
calidad de terceros con interés, al Tribunal Administrativo de Santander, a la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y a la Sala Especial de
Decisión Dos del Consejo de Estado; sin embargo, efectuadas las notificaciones de
rigor, ninguna de las vinculadas se pronunció sobre los argumentos de la tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo
impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
consideraba que la acción de tutela era improcedente contra las providencias
judiciales; sin embargo, a partir del año 20123, aceptó su procedencia, conforme con
las reglas que ha fijado la Corte Constitucional, esto es, cuando la misma viole
flagrantemente algún derecho fundamental.

3Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García
González.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00078-00
Demandante: Gabriel Jaime Perea
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones judiciales y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.
Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces, el
juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos
que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de
tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en unos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo,
en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que
podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando
con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato o de la impugnación del fallo.

Pero, si de lo que se trata es de una solicitud de amparo contra un fallo de tutela que
no fue proferido por la Corte Constitucional, la procedencia de la tutela es
excepcionalísima y se restringe a la existencia de un fraude, es decir, cuando se
presenta el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, «siempre y cuando, además
de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00078-00
Demandante: Gabriel Jaime Perea
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C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación».4 Para tal efecto, es imprescindible
que la tutela no haya sido seleccionada por la Corte Constitucional, dado que,
mientras exista esa posibilidad la decisión no se encuentra en absoluta firmeza y el
fraude puede ser conjurado por la decisión producto de la revisión eventual.

Ahora bien, una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores,
llamadas genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la
presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto
sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto
orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente y (viii) violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional
describió tales causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la
causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación

4 Corte Constitucional, sentencia SU-627 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00078-00
Demandante: Gabriel Jaime Perea
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia,
sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada
ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de
relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos, la Corte Constitucional
ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las
providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En
ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos
generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados,
la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de
cierre, «solo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional5».

2. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial. Solo en caso de que se cumplan,
se abordará el estudio de fondo con el fin de establecer si las providencias del 17 de
mayo y del 17 de junio de 2022, por medio de las cuales, en su orden, se rechazó
por extemporánea una impugnación al fallo de tutela y se negó la nulidad contra
dicha decisión, proferidas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
en el proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-2022-00111-00, vulneraron

5 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00078-00
Demandante: Gabriel Jaime Perea
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C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

los derechos fundamentales del señor Gabriel Jaime Perea y si, como consecuencia
de ello, se debe conceder el amparo solicitado.

3. Análisis de la Sala

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que
contra la decisión que rechazó la impugnación por extemporánea proferida el 17 de
mayo de 2022, se formuló una solicitud de nulidad que la autoridad judicial
demandada estudió y negó en auto del 17 de junio de 2022, notificado el 22 de
agosto de 2022, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 23 de diciembre
de 2022 –durante la vacancia judicial–. Así pues, se advierte que la tutela fue
radicada dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la última decisión
relacionada con la providencia que rechazó la impugnación. Este término resulta
razonable.

3.1.2. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos
disponibles en el proceso ordinario.

3.1.3. De la procedencia de tutela contra providencias proferidas en un
proceso de tutela.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, unificó el criterio en
relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o
actuaciones adelantadas en una acción de tutela. Al respecto, dijo lo siguiente:

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de
Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas
sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando

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exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada;
(ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la
sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación.

4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de
tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede,
incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr
el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.

De lo anterior, se pueden puntualizar las tres excepciones en las que la acción de
tutela procede contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de tutela:

1. Contra la sentencia de tutela proferida por un juez, diferente a la Corte
Constitucional, siempre y cuando se demuestre que la nueva tutela no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la decisión adoptada
fue producto de una situación de fraude, y que no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

2. Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que puede
consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a los terceros
que serían afectados con la decisión.

3. Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de
proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato o de la impugnación al fallo de tutela6.

6 Esta última hipótesis es aceptada en la sentencia T-162 de 1997 y reiterada en diferentes
ocasiones, entre otras, en la SU-627 de 2015 y en la SU-387 de 2022.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Sin embargo, para la Corte, en cualquiera de los anteriores escenarios sigue siendo
exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales.

• Análisis de la procedencia de la tutela contra tutela en el caso concreto

En este caso, el señor Gabriel Jaime Perea no pretende atacar el fallo de tutela
proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el
proceso con radicado 11001-03-15-000-2022-0011-00, sino la decisión por medio de
la cual se rechazó la impugnación interpuesta en contra de aquella providencia. A su
juicio, la decisión cuestionada vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

Quiere decir lo anterior, que el debate se centra en una actuación posterior a la
sentencia de tutela y relacionada con el trámite de la impugnación, a la que se
enrostra la afectación constitucional, por consiguiente, estamos en uno de los
eventos de procedencia excepcional de tutela contra decisión proferida en sede de
tutela, de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia constitucional, es decir,
se encuentra superado este requisito adjetivo.

3.1.4 De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 20147, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es,
que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

7 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al
señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

A ello se suma que, tratándose de tutela contra sentencia de órgano de cierre, la
argumentación debe estar dirigida a demostrar que la «decisión riñe de manera
abierta con la Constitución y [sea] definitivamente incompatible con la jurisprudencia
trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos
fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad»8.

Este juicio sobre la relevancia constitucional ha sido reiterado 9 por la Corte
Constitucional de manera consistente y consolidada, en el sentido de que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios,
pues no es el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o de la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que esta
vía judicial, es inidónea para pretender que el juez de tutela se adentre en juicios de
corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, que no se satisface por la invocación de la
afectación de derechos fundamentales, sino porque, en efecto, afloren dudas
razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un derecho
fundamental.

De suerte que, si la demanda no satisface estas condiciones se incumple el
presupuesto bajo examen, juicio que, con mayor razón, se refuerza cuando recae

8 Corte Constitucional, sentencia SU-217 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. Esta
consideración constituye una reiteración de la regla adoptada por la Corte Constitucional en las
sentencias SU-917 de 2010 y SU-050 de 2017.
9 Sobre este aspecto puede consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021 y SU-215 de

2022.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

sobre una providencia judicial dictada por un órgano de cierre, en atención a su
función en la definición e interpretación del derecho y el valor que la jurisprudencia y
el ordenamiento jurídico le otorgan a su contenido.

• Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

Para esta Subsección, la presente solicitud de amparo no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que en la demanda no se presenta ni se exponen
argumentos de rango iusfundamental para controvertir las decisiones proferidas por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. De hecho, el
accionante se limitó a transcribir apartes de una decisión adoptada en otro proceso
—al parecer otra acción de tutela— y con fundamento en ello enuncia la forma en
que debió contarse la oportunidad para impugnar el fallo de primer grado, a partir de
la aplicación del Decreto 806 de 2020. Veamos:

Con todo, la parte actora omitió encuadrar sus argumentos en una perspectiva
constitucional, identificar el defecto atribuido a la providencia y explicar las razones
por las cuales la decisión de la autoridad judicial desbordó el marco de la autonomía
judicial hasta ser considerada irrazonable y arbitraria. En su lugar, el demandante se

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00078-00
Demandante: Gabriel Jaime Perea
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

limitó a mostrar su inconformidad con el auto atacado, insistiendo en que debió
concederse la impugnación interpuesta porque el escrito fue radicado dentro del
plazo previsto en el Decreto 806 de 2020, sumado a una exposición genérica sobre
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia.

En rigor, en todos los procesos judiciales tienen aplicación y vigencia las garantías
judiciales enunciadas en la tutela: derechos al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia. Particularmente, en virtud de esos derechos
es que, por ejemplo, el legislador establece normas de contenido sustancial y
procesal que desarrollen el derecho a la igualdad y que garanticen el debido proceso
en las actuaciones judiciales, así como el derecho de acceso a la administración de
justicia con normas generales y abstractas –algunas particulares– para el tráfico
jurídico y la resolución de los conflictos.

Sin embargo, para que la enunciación de esos derechos abra paso a la competencia
del juez constitucional, y que este se adentre en una actuación o decisión judicial
proferida por otro juez, incluso, en una acción de tutela, es imprescindible la carga
argumentativa en clave constitucional sobre la vulneración de esos derechos en el
respectivo proceso; de lo contrario, como ha sostenido reiteradamente esta
Subsección, el juez de tutela usurparía las funciones de las demás autoridades
judiciales y se vaciaría de contenido la existencia de especialidades, procedimientos
y autoridades dentro de la estructura de la administración de justicia.

En este caso, ningún argumento se ofrece para derruir el razonamiento de la
autoridad judicial accionada o para cuestionar su raciocinio; simplemente se enuncia
una tesis que es contraria a la de las providencias y por sentado se tiene que la
acción de tutela no es el escenario para debatir discrepancias de criterios o
valorativas, precisamente, porque el juez constitucional no realiza juicios de
corrección de otras decisiones judiciales.

Dicho en otras palabras, aun cuando toda controversia pudiera relacionarse directa o
indirectamente con los derechos fundamentales señalados por la parte actora, en el
escrito de tutela debe advertirse un discernimiento de esa afectación y no limitarse a
presentar una tesis diferente a la decisión judicial objeto de embate para que sea
avalada por el juez de tutela e imponga un criterio al funcionario de conocimiento.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00078-00
Demandante: Gabriel Jaime Perea
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

La Sala no desconoce que recientemente la Corte Constitucional dictó la sentencia
SU-387 del 3 de noviembre de 2022, en la que sostuvo que «el régimen de
notificaciones personales es aplicable a las notificaciones de esta naturaleza que se
lleven a cabo en los trámites de tutela»; no obstante, dicha decisión fue posterior a
los autos de rechazo de la impugnación –17 de mayo de 2022– y al que negó la
nulidad contra aquel –17 de junio de 2022–. Además, los argumentos de la autoridad
judicial accionada se muestran razonables y, como viene de decirse, no han sido
directamente controvertidos en este mecanismo constitucional.

Aún más, la solicitud de amparo carece de una delimitación del defecto enrostrado a
las providencias; y no es que dicha circunstancia sea absolutamente necesaria,
pues, en muchos casos, a partir de la misma fundamentación puede inferirse o
extraerse la causal específica alegada, pero en el presente asunto no se logra
extraer las razones constitucionales que pongan de relieve el desatino de la
autoridad judicial accionada y de contera justifiquen la intervención del juez de tutela.

No puede perderse de vista que se controvierte una decisión de una alta corte,
evento en el cual se exige una argumentación cualificada para derrumbar el juicio
vertido en la providencia atacada, al punto que sea indiscutible la flagrante
afectación de un postulado constitucional o la recta interpretación de la carta política;
circunstancias que, pese a la sobreviniente sentencia de unificación, no se
encuentran acreditadas.

Para la Sala, las providencias se basaron en una interpretación razonable y
jurídicamente viable para el momento en que se dictaron, puesto que allí la autoridad
judicial accionada sostuvo que el plazo para impugnar los fallos de tutela estaba
expresamente previsto en el Decreto 2591 de 1991, por lo que no era dable aplicar
lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020:

2.1.- Se advierte que el escrito de impugnación fue presentado el día 11 de mayo
de 2022, esto es, 5 días hábiles después de surtida la notificación de la sentencia
de primera instancia.
2.2.- Al respecto, es sabido que la impugnación del fallo debe realizarse dentro de
los tres días siguientes a su notificación, conforme lo reglamentó el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991.

2.3.- De ahí que, como se vio, la impugnación presentada por la parte accionante
es extemporánea. Ello en tanto al habérsele notificado la sentencia de esta
Subsección el miércoles 4 de mayo, tenía hasta el lunes 9 del mismo mes y año
para presentar las inconformidades a esa decisión, lo que, como se sabe, no
ocurrió.
2.4.- Aunado a lo anterior, es de anotar que tampoco se esgrimieron razones que
dieran cuenta de alguna situación que le hubiera impedido a la parte interesada

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00078-00
Demandante: Gabriel Jaime Perea
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

presentar el referido escrito durante el tiempo definido para ello, de modo que le
fuera dable al juez arribar a otra conclusión.

Y, al resolver la solicitud de nulidad contra la decisión, explicó la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado:

A partir de la lectura de la norma [artículo 8 del Decreto 806 de 2020], se advierte
que aquella regula lo relacionado con las notificaciones personales, lo que no
resulta aplicable en materia de tutela por cuanto los artículos 16 y 30 del Decreto
Ley 2591 de 1991, norma especial que rige el trámite tuitivo, no prevé que la
notificación de las actuaciones procesales y de la sentencia deba hacerse
personalmente, en cambio, indica que esta será efectuada por el medio más
expedito, razón por la que, incluso antes de la expedición del Decreto 806, las
notificaciones se han surtido a través de correo electrónico, por ser este el medio
más rápido y eficaz.
Aunado a lo anterior, se observa que tener en cuenta la ampliación del término para
impugnar la providencia implicaría una dilación en el trámite constitucional, lo cual
contravendría el propósito del Decreto 806, que fue apresurar los procesos
judiciales que resultaron afectados como consecuencia de la suspensión de
términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura a raíz de la
emergencia generada por la pandemia del Covid-1910. Ello sería una razón más por
la que la norma antes citada no resultaría ajustable a la acción tuitiva.
La anterior posición ha sido reafirmada por esta Corporación en los siguientes
términos:

“[C]abe precisar que las medidas adoptadas en el referido decreto no son
aplicables al trámite de la acción de tutela, pues las mismas fueron
establecidas con el propósito de agilizar los procesos judiciales cuyos
términos se suspendieron con ocasión de los acuerdos expedidos por el
Consejo Superior de la Judicatura desde el 15 de marzo de 2020, disposición
de la cual se exceptuó el trámite, decisión y notificación de este mecanismo
constitucional”11.

Lo precedente permite inferir que el citado artículo no resulta considerable en
materia de la acción de tutela y, por ello, es evidente que el señor Gabriel Jaime
Perea presentó de forma extemporánea la impugnación, pues al habérsele
notificado la sentencia de esta Subsección el miércoles 4 de mayo de 2022, tenía
hasta el 9 de mayo del mismo año para presentar las inconformidades a esa
decisión, acción que cumplió el día 11 de mayo de 202212, esto es, por fuera del
término establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

Como puede verse, las razones expuestas en la providencia no han sido
cuestionadas en la tutela. Tampoco se invocó dentro de los fundamentos de la
solicitud de amparo la aplicación y relevancia del precedente constitucional
contenido en la sentencia SU-387 de 2022, y por qué debería ser aplicable contra

10 Acuerdos PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020; PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020,

PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020, PCSJA20-11526 del 22 de marzo de 2020, PCSJA20-
11532 del 11 de abril de 2020, PCSJA20-11546 del 25 de abril de 2020, PCSJA20-11549 del 7 de
mayo de 2020 y PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020.
11 Cita original de la providencia: Sección Quinta del Consejo de Estado. Auto del 29 de enero de

2021. Radicado No. 11001-03-15-000-2020-03943-01; posición que ya había sido adoptada por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 4 de diciembre de 2020,
radicado No. 11001-03-15-000-2020-02994-01.
12 Cita original de la providencia: Obra en el documento con certificado 50AA16ED85DBB54A

5F6172EEC4D3FAA0 BA0892E4FB1CAC85 CC38CD56A0263ECA, índice 26.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00078-00
Demandante: Gabriel Jaime Perea
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

una providencia anterior. En todo caso, la Sala considera que no puede
enrostrársele a la Subsección accionada un desconocimiento del precedente porque
cuando se dictaron las decisiones judiciales (17 de mayo y 17 de junio de 2022) no
existía la sentencia de unificación de la Corte Constitucional. Por lo cual la parte
actora tenía el deber de edificar seriamente los cargos que erigirían contra las
citadas providencias.

En contraste, la Sala constata que cuando la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado profirió los autos reprochados, existían posiciones
divergentes al interior de la Corporación; por ejemplo, mediante auto de ponente del
22 de febrero de 2022, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado rechazó la impugnación al fallo de tutela (radicado 11001-03-15-000-2021-
05492-00) presentada después de pasados los tres (3) días de la notificación de la
sentencia, sin consideración del artículo 8 del Decreto 806 de 2020.

En igual sentido, mediante en auto del 14 de marzo de 2022, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó la impugnación al fallo de tutela
del 4 de febrero de 2022 (radicado 11001-03-15-000-2021-11686-00) con
fundamento en que a partir del día hábil siguiente al envío de la notificación iniciaba
el cómputo de los tres (3) días establecidos en el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991 para impugnar el fallo.

De suerte que, mientras la parte no soporte argumentos constitucionales
desconocidos por la autoridad judicial accionada y, en especial, que para cuando la
decisión fue proferida no existía una tesis pacífica o unificada sobre el tema objeto
de debate, el contenido de las providencias es razonable, gozan de presunción de
acierto y se acompasan con los principios de independencia y autonomía judiciales
que no puede ser desconocidos por el juez de tutela.

Por todo lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo formulada
por el señor Gabriel Jaime Perea.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00078-00
Demandante: Gabriel Jaime Perea
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor
Gabriel Jaime Perea, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha o
dirigiéndose el siguiente enlace:

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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