RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-00079-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00079-01

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00079-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: TENER como tercero con interés al señor Exinixión Guillermo Muñoz Cáceres por los motivos aquí expuestos. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 17 de febrero de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación que declaró improcedente la acción de tutela. TERCERO: En su lugar NEGAR la solicitud de amparo presentada por la señora Hilda Muñoz Cáceres, y los señores Pedro Antonio Muñoz Cáceres, Baldomero Muñoz Cáceres, Elgar Grimaldo Muñoz Cáceres. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-00079-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

11 de mayo de 2023

Demandante: Hilda Muñoz Cáceres y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y
Juzgado 2.º Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00079-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00079-01
Demandante: HILDA MUÑOZ CÁCERES Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y JUZGADO
2º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BARRANCABERMEJA

Temas: Tutela contra providencia judicial – revoca y en su lugar niega –
desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia de primera instancia del 17 de febrero de 2023 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación. En la providencia se
declaró improcedente la acción de tutela. Esto, porque no se encontró acreditado el
requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito del 26 de diciembre de 20221, al buzón web de la Secretaría
General del Consejo de Estado, la señora Hilda Muñoz Cáceres, y los señores
Pedro Antonio Muñoz Cáceres, Baldomero Muñoz Cáceres, Elgar Grimaldo Muñoz
Cáceres y Exinixión Guillermo Muñoz Cáceres2 presentaron acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado 2.º Administrativo del Circuito
Judicial de Barrancabermeja. Los tutelantes consideraron que las autoridades

1
La acción de tutela fue enviada al correo electrónico tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co y el 11
de enero de 2023 fue remitida al correo electrónico de secretaría general de esta Corporación.
2
Si bien se relaciona en la acción de tutela, no se evidencia que hubiese suscrito el escrito inicial.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hilda Muñoz Cáceres y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y
Juzgado 2.º Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00079-01

accionadas vulneraron su derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia.

2. Lo anterior, con ocasión de la expedición de los autos del 15 de diciembre de
2020 y 23 de junio de 2022, mediante las cuales las autoridades judiciales
accionadas declararon probada la excepción de caducidad y ordenaron la
terminación del proceso de reparación directa iniciado por los actores contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional3, con el fin de que se
declararan administrativa y patrimonialmente responsable de la muerte de su
familiar Venicio Muñoz Cáceres.

1.2. Pretensiones

3. La parte accionante solicitó:

PRIMERA: DECLARAR LA NULIDAD del auto de primera instancia con fecha
de 15 de diciembre de 2020 proveído por el Juzgado Segundo Administrativo
Oral de Barrancabermeja y del auto de segunda instancia con fecha de 23 de
junio de 2022 proveído por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del
proceso de radicado 68081-3333-002-2019-00361-00 que se sigue por el medio
de control de reparación directa.

SEGUNDA: ORDENAR al Juzgado Segundo Administrativo Oral de
Barrancabermeja abstenerse de aplicar la sentencia de unificación del H.
Consejo de Estado con fecha de enero 29 de 2020.

TERCERA: ORDENAR al Juzgado Segundo Administrativo Oral de
Barrancabermeja seguir adelante con el proceso de radicado 68081-3333-002-
2019-00361-00.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. El 28 de marzo de 2006 en la vereda «La Robada» del municipio de Sabana
de Torres del departamento de Santander, se produjo la muerte del señor Venicio
Muñoz Cáceres como consecuencia de un aparente combate entre el Ejército
Nacional y miembros de un grupo armado ilegal.

5. Por estos hechos, el 5 de octubre de 2016 el Juzgado 2.º Penal del Circuito
Especializado con Función de Conocimiento de Bucaramanga condenó a miembros
del Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial del señor Muñoz Cáceres.

6. Por lo anterior, el 25 de octubre de 2019, la señora Hilda Muñoz Cáceres y
su grupo familiar en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron
demanda con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente
responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional por la
muerte del señor Venicio Muñoz Cáceres.

3
Rad. 68001-3333-002-2019-00361-00/01.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hilda Muñoz Cáceres y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y
Juzgado 2.º Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00079-01

7. En primera instancia el asunto fue conocido por el Juzgado 2.º Administrativo
del Circuito Judicial de Barrancabermeja. Esta autoridad judicial en auto del 15 de
diciembre de 2020 declaró probada la excepción de caducidad y en consecuencia
dio por terminado el proceso.

8. Como fundamento de su decisión, expuso que de conformidad con la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 cuando se ejerce el medio de
control de reparación directa por los daños sufridos con ocasión de los delitos de
lesa humanidad como regla resulta exigible el término para demandar establecido
por el legislador en el artículo 164 del CPACA. También, se estableció en el
precedente que este plazo no se aplica cuando se observan situaciones que
hubiesen impedido el ejercicio del derecho de acción.

9. Así, al descender al caso concreto, la autoridad judicial de primer grado indicó
que la muerte del señor Venicio Muñoz Cáceres tuvo ocurrencia el 28 de marzo de
2006. Sin embargo, de las pruebas que obraban en el expediente ordinario
encontraron que los accionantes solo tuvieron conocimiento de la participación del
Estado en los hechos en los que falleció el señor Cáceres hasta el 14 de octubre de
2016 (fecha en la que se condenó a miembros del Ejército Nacional por el homicidio
de la víctima directa).

10. Por lo anterior, señaló que los 2 años para presentar la demanda fenecieron
el 15 (sic) de octubre de 2018; a su vez, la conciliación prejudicial fue presentada el
12 de agosto de 2019; y la demanda de reparación directa el 25 de octubre
siguiente, momento para el cual ya había operado la caducidad del medio de control.

11. Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación.
Este fue decidido por el Tribunal Administrativo de Santander que, en auto del 23
de junio de 2022, confirmó la decisión de primera instancia. Esto, porque en
aplicación del término previsto en el artículo 164 del CPACA, el plazo de 2 años
para ejercer el medio de control de reparación directa feneció el 8 de octubre de
2018 (fecha en la que conocieron de la sentencia condenatoria contra los miembros
del Ejército Nacional) y la demanda solo fue presentada el 25 de octubre de 2019.

1.4. Fundamentos de la vulneración

12. La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en una
vulneración de su derecho de acceso a la administración de justicia, toda vez que
aplicó la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera
de esta Corporación del 29 de enero de 2020 que no existía al momento de
presentarse la demanda de reparación directa. Por esto, consideró que los criterios
establecidos en esa providencia no podían ser exigidos a los demandantes en el
proceso ordinario.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hilda Muñoz Cáceres y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y
Juzgado 2.º Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00079-01

13. Los accionantes indicaron que el cambio de jurisprudencia con efectos ex
tunc respecto a la categoría de imprescriptibilidad e inoperancia de la caducidad en
cuanto a la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, atenta contra
la seguridad jurídica y los derechos de las víctimas.

1.5. Trámite de la acción de tutela

14. En auto del 16 de enero de 2023, la magistrada ponente de la decisión
admitió la acción de tutela y dispuso la notificación del Tribunal Administrativo de
Santander y del Juzgado2.º Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja.

1.6. Intervenciones e informes

15. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, las
autoridades judiciales accionadas guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

16. En sentencia del 17 de febrero de 20234, la Subsección A de la Sección
Tercera de esta Corporación declaró improcedente la acción de tutela porque no
encontró acreditado el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional. Esto, por los siguientes motivos:

17. El juez de tutela de primera instancia evidenció que los accionantes
acudieron a la acción de amparo con el propósito de que se estudie nuevamente si,
como se estableció en primera y segunda instancia en el proceso ordinario, operó
el fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación directa promovido
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, cuando lo
cierto es que este mecanismo judicial de protección de derechos fundamentales no
comporta una tercera instancia del proceso ordinario.

18. En consecuencia, la autoridad judicial de primera instancia consideró que el
asunto de la referencia no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional, porque el objeto de la acción de tutela es continuar con el debate
propuesto en el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de declarar la
caducidad del medio de control de reparación directa, asunto que fue decidido de
manera razonable por las autoridades judiciales accionadas en la medida que se
estableció que debía acogerse la postura adoptada en la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020.

4
Esta decisión fue notificada el 23 de febrero de 2023.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hilda Muñoz Cáceres y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y
Juzgado 2.º Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00079-01

1.8. Impugnación

19. La parte accionante presentó escrito de impugnación5 en el que solicitó
revocar la decisión de primera instancia y en su lugar, amparar sus derechos
fundamentales. Como fundamento de su alzada, reiteraron los argumentos
expuestos en el escrito inicial.

20. Mediante auto del 8 de marzo de 2023, la magistrada ponente de primera
instancia concedió el recurso de impugnación presentado contra la decisión del 17
de febrero de 2023.

1.9. Trámite de segunda instancia

21. El 22 de marzo de 2023, el asunto fue repartido al despacho ponente, quien
asumió el conocimiento de la impugnación y mediante auto del 21 marzo de 2023,
dispuso:

• la vinculación en su calidad de terceros con eventual interés en las resultas de la
presente acción de tutela a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional;
• concedió el término de 3 días para que los accionantes precisaran las direcciones
físicas y electrónicas de preferencia esta última del señor Exinixión Guillermo Muñoz
a efectos de surtir las notificaciones pertinentes y para que aquel, mencionara si
formuló el presente amparo constitucional. Esto, porque pese a que en la demanda
de tutela y en el memorial de impugnación se menciona como accionante, no se
encuentra acreditado que aquel haya suscrito tales escritos y tampoco se evidenció
algún signo que permitiría concluir que él acude a este juez constitucional.
• y solicitó al Tribunal Administrativo de Santander, la remisión del expediente de
reparación directa.

22. En cumplimiento de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Santander
remitió copia en digital del expediente ordinario.

23. A su vez, la señora Hilda Muñoz Cáceres allegó un escrito el 29 de marzo de
2023, pero en aquel no se evidenció las direcciones físicas y electrónicas, de
preferencia esta última del señor Exinixión Guillermo Muñoz.

24. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, pese a que
fueron notificados guardaron silencio.

25. Finalmente, mediante auto del 18 de abril de 2023, se ordenó a la Secretaría
General de esta Corporación la fijación de un aviso en el que se indique al señor
Exinixión Guillermo Muñoz el radicado de la presente acción constitucional, las

5
El escrito de impugnación fue presentado el 28 de febrero de 2023.

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hilda Muñoz Cáceres y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y
Juzgado 2.º Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00079-01

partes de esta solicitud de amparo, así como las providencias que han sido
proferidas en este asunto.

26. Durante el término en que se fijó el aviso, las partes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

27. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela
del 17 de febrero 2023 dictado por la Subsección A de la Sección Tercera de esta
Corporación. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

28. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

29. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que los
la señora Hilda Muñoz Cáceres, y los señores Pedro Antonio Muñoz Cáceres,
Baldomero Muñoz Cáceres y Elgar Grimaldo Muñoz Cáceres se encuentran
legitimados en la causa por activa. Esto porque figuran como demandantes en el
proceso de reparación directa en el que se profirieron las providencias aquí
cuestionadas.

30. Con relación al señor Exinixión Guillermo Muñoz Cáceres no se evidencia
que hubiese suscrito el escrito inicial y guardó silencio en las diferentes
oportunidades otorgadas para ello durante el trámite de tutela de segunda instancia.
Sin embargo, el mencionado ciudadano se tendrá como tercero vinculado porque,
pese a que no acompañó la interposición del presente mecanismo constitucional,
fue parte del proceso ordinario en el que se profirieron las providencias censuras
con esta acción de tutela.

31. En este punto, es preciso señalar que, si bien una de las características de
la acción de tutela es la informalidad, la legitimación para presentar la solicitud de
amparo debe encontrarse plenamente acreditada, por cuanto el juez constitucional
debe tener certeza de quién y en qué forma interpuso aquella6.

6
Corte Constitucional. Sentencia T-860 de 2013.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hilda Muñoz Cáceres y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y
Juzgado 2.º Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00079-01

32. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo de
Santander y del Juzgado2.º Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja
también están legitimados en la causa por pasiva al ser las autoridades judiciales
que profirieron las decisiones reprochadas en esta oportunidad.

2.3. Previo a hacer alusión a los problemas jurídicos, la Sala considera importante
precisar que, si bien la parte actora censuró las providencias de primera y segunda
instancia proferidas al interior del proceso contencioso administrativo, de proceder
el análisis de fondo del asunto, la Sala hará el estudio del caso, únicamente frente
al auto dictado por el Tribunal Administrativo de Santander por ser esta la decisión
que puso fin a la litis.

2.4. Problemas jurídicos

33. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida el 17 de febrero de 2023 por la Subsección A de la
Sección Tercera de esta Corporación.

34. Para ello, le corresponde a la Sala determinar si concurren los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela. De encontrarse superados, la
Sala analizará lo siguiente:

•¿El Tribunal Administrativo de Santander vulneró el derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia de los accionantes. Lo anterior, por
haber incurrido en el defecto de desconocimiento del precedente judicial
con la expedición del auto del 23 de junio de 2022, que confirmó la decisión
de primera instancia, que a su vez, declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control de reparación directa iniciado por los actores
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con
el fin de que se declararan administrativa y patrimonialmente responsable
de la muerte de su familiar Venicio Muñoz Cáceres?

35. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; y (iii) el análisis del caso concreto, con fundamento en los cargos
propuestos en la demanda de tutela.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hilda Muñoz Cáceres y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y
Juzgado 2.º Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00079-01

judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales9.

37. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201410. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia11 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial12.

38. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
9
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
12
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hilda Muñoz Cáceres y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y
Juzgado 2.º Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00079-01

ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

39. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.
40. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

41. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad y solo en el caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1. Tutela contra tutela

42. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues la providencia judicial reprochada fue proferida al interior
del proceso de reparación directa identificado con radicado No.
68081333300220190036101.

2.6.2. Subsidiariedad

43. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse de una sentencia
de segunda instancia que resolvió el recurso de apelación que interpuso la parte
demandante contra la providencia de primer grado que declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control de reparación directa es evidente el
agotamiento de los recursos ordinarios.

44. Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por la
parte actora no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y 258
de la Ley 1437 de 2011.

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hilda Muñoz Cáceres y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y
Juzgado 2.º Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00079-01

2.6.3. Inmediatez
45. También se acredita el requisito de inmediatez. La providencia de segundo
grado fue notificada el 6 de julio de 2022 y la solicitud de amparo se interpuso el 26
de diciembre de 2022. Por ende, la Sala advierte que la acción de tutela se radicó
dentro del término razonable de 6 meses señalado por la jurisprudencia13.

2.6.4. Relevancia constitucional

46. Al respecto, para la Sala resulta pertinente reiterar como se señaló en los
antecedentes de este proveído que, al verificar la argumentación expuesta en el
escrito de tutela, el debate se circunscribe al defecto de desconocimiento del
precedente judicial. Esto, porque la autoridad judicial accionada aplicó de manera
indebida la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 que prevé como regla
que cuando se ejerce el medio de control de reparación directa por los daños
sufridos con ocasión de los delitos de lesa humanidad, también se debe hacer
exigible el término para demandar establecido por el legislador en el artículo 164 del
CPACA.

47. Para los accionantes, la providencia de la referencia no podía ser
implementada en el proceso ordinario, pues no existía al momento de presentarse
la demanda de reparación directa. Por esto, los criterios allí establecidos no podían
ser exigidos.

48. Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente. En primer lugar la parte actora presenta una cuestión de
carácter ius fundamental en la medida en que no solo invoca la protección de sus
garantías superiores, sino que el caso involucra el derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia de personas reconocidas como víctimas del conflicto
armado14, dado que el juez de segunda instancia descartó el estudio de fondo de
sus pretensiones al confirmar la decisión de primer grado, que declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.

49. También, los accionantes cumplieron con el deber de evidenciar
suficientemente la tensión entre la providencia censurada y el núcleo esencial del
derecho de acceso a la administración de justicia. Esto, al exponer que el Tribunal
Administrativo de Santander aplicó de manera indebida el precedente judicial que
habilita el estudio de la caducidad del medio de control de reparación directa en los

13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14
La jurisprudencia constitucional ha reconocido, en concordancia con los lineamientos planteados
por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que las víctimas de graves violaciones
son titulares de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación y, en este sentido, la
sentencia C-775 de 2003, sostuvo que “no es posible lograr justicia sin la verdad. No es posible
llegar a la reparación sin la justicia”, por tanto, la relación entre esos derechos es indiscutible.
Corte Constitucional. Sentencia T-54 de 2017.

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hilda Muñoz Cáceres y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y
Juzgado 2.º Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00079-01

eventos en que se cuestiona la responsabilidad del Estado por la ocurrencia de
delitos de lesa humanidad.

50. En ese orden de ideas, la Sala considera que los argumentos expuestos no
apuntan a convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia, pues
trascienden de una mera inconformidad de la decisión adoptada por el juez de la
reparación.

51. Por último, la Sección no pasa por alto nuevamente en esta oportunidad15,
que el Alto Tribunal constitucional ha estudiado acciones de tutela contra
providencia judicial cuando esta fue dictada en procesos en los que se ha debatido
asuntos relacionados sobre la comisión de una ejecución extrajudicial ante la
relación que estos asuntos tienen con posibles violaciones a los derechos humanos
por parte del Estado16.

52. En este orden de ideas, se concluye que se acreditaron los criterios fijados
por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el
requisito de relevancia Constitucional, en atención a que se está en presencia de
una posible trasgresión de las garantías constitucionales de los tutelantes, cuya
controversia no se enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico,
sino que se justificó en una notoria tensión entre los garantías invocadas y la
decisión judicial objeto de reproche, por lo que la Sala superará esta causal
referente al yerro en mención.

2.6.5. Que la parte actora identifique de manera clara, detallada y
comprensible tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos desconocidos

53. La parte accionante presentó una explicación clara y suficiente de los hechos
y argumentos de los motivos por los que consideró le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales.

54. Así, se debe hacer énfasis en que la parte accionante cumplió con la carga
mínima en dar las razones por las cuales el Tribunal Administrativo de Santander
incurrió en un desconocimiento del precedente.

2.6.6. Irregularidad procesal

55. Finalmente, no se observa que se haya alegado una irregularidad procesal,
razón por la que no es procedente su análisis en el caso concreto.

15
En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Sentencia del 30 de marzo de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-01062-00.
16
Sobre la materia se puede consultar las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: SU- 035
y 062 de 2018 y SU-060 de 2021.

11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hilda Muñoz Cáceres y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y
Juzgado 2.º Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00079-01

56. Habiéndose cumplido los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, la Sala analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente.

57. Para esto se pasará, en un primer momento, a realizar una explicación
general sobre el defecto alegado, para posteriormente abordar el fondo del asunto.

2.7. Desconocimiento del precedente

58. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes
con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos, problemas
jurídicos y ratio decidendi que fija una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el caso reciente17.

59. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos18 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.

60. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se aparta
del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la carga de
justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.

2.8. Caso concreto

61. De acuerdo con la parte tutelante, el Tribunal Administrativo de Santander
aplicó de manera indebida la sentencia de unificación proferida por la Sección
Tercera de esta Corporación el 29 de enero de 2020. Esto, porque dicha providencia
no existía al momento de presentarse la demanda de reparación directa. Sin
embargo, desde ya se advierte que el presente cargo no está llamado a prosperar
por los siguientes motivos:

62. En primer lugar, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada citó la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera de esta
Corporación que resolvió:

PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra
y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de
julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
18
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.

12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hilda Muñoz Cáceres y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y
Juzgado 2.º Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00079-01

responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales
eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador;
ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal
expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer
la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial; y iii) el término pertinente no se aplica
cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio
del derecho de acción.

63. De esta manera, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, precisó
que en el caso concreto era procedente la aplicación de la regla de caducidad
prevista en el artículo 164 del CPACA que prevé el plazo de 2 años contados a partir
de la ocurrencia del hecho, para presentar la demanda de reparación directa.

64. Ahora, conforme a las pruebas del expediente, la autoridad judicial
accionada encontró que mediante sentencia del 5 de octubre de 2016 el Juzgado
2.º Penal del Circuito Judicial Especializado con Funciones de Conocimiento de
Bucaramanga condenó a miembros del Ejército Nacional por el homicidio del señor
Muñoz Cáceres y que por este hecho los accionantes conocieron la participación de
agentes del Estado y desde el año 2016 advirtieron la posibilidad de imputarle la
responsabilidad patrimonial.

65. En consecuencia, el operador judicial consideró que los 2 años para
interponer la demanda fenecieron el 8 de octubre de 2018, pues el 6 y el 7 de
octubre fueron días no hábiles (sábado y domingo), y dado que la solicitud de
conciliación fue radicada el 12 de agosto de 2019 y la demanda el 25 de octubre
siguiente, era claro para éste que había operado el fenómeno de la caducidad del
medio de control.

66. Por lo anterior, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la decisión
de primera instancia, que declaró probada la excepción de caducidad y en
consecuencia declaró terminado el proceso.

67. Hasta aquí, la Sala evidencia que la autoridad judicial accionada no incurrió
en el defecto de desconocimiento del precedente judicial. Esto, porque la decisión
de confirmar la providencia de primera instancia, en el sentido de declarar probada
la excepción de caducidad estuvo fundamentada en un estudio razonable de la
jurisprudencia que en ejercicio de su autonomía judicial consideró que era la
aplicable al caso concreto, sin que ello implique per se una irregularidad o una
arbitrariedad cuando da lugar a una decisión no favorable a las pretensiones de la
demanda.

68. Ahora bien, la Sección considera acertado que el tribunal demandado
analizara si se había configurado la caducidad en el caso concreto, pues se
involucra en el asunto un crimen de lesa humanidad, pues justamente ello obedeció
a la regla de unificación fijada por la Sección Tercera del Consejo de Estado relativa
a que en las acciones derivadas de graves violaciones de derechos humanos sí

13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hilda Muñoz Cáceres y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y
Juzgado 2.º Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00079-01

opera tal figura en los términos del literal i) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 (CPACA), la cual fue acogida por la Corte Constitucional en la SU-
312 de 2020.

69. En este punto es importante señalar que dicho criterio era el aplicable al caso
en estudio por estar contenido en un fallo de unificación, de modo que debía
observarse con preferencia respecto de los demás precedentes, máxime si se tiene
en cuenta que estaba vigente para la fecha en que se dictó la providencia en
cuestión.19

70. Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado20 precisó que, por regla
general, el precedente se aplica en forma retrospectiva cuando las reglas o
subreglas de derecho fijadas cobijan trámites cuya solución está pendiente, tanto
en vía administrativa como judicial «salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».

71. A su vez, la Sección Tercera de esta Corporación21 aludió que las sentencias
de unificación cuentan con dicho carácter vinculante, así que los jueces «… deben
aplicar los criterios de unificación vigentes al momento de proferir sus providencias,
pues, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ello redunda en una mayor
coherencia del sistema jurídico y garantiza de mejor manera la vigencia del derecho
a la igualdad ante la ley de los ciudadanos».

72. Entonces, si bien la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 se
profirió después que los actores presentaron la demanda de reparación directa –25
de octubre de 2019–, lo cierto es que el carácter retrospectivo de esta vincula a los
jueces que conocen del proceso, por lo tanto, su aplicación resultaba obligatoria
para el Tribunal Administrativo de Santander.

73. En ese orden de ideas, la Sala revocará la decisión de primera instancia que
declaró la improcedencia del mecanismo constitucional y en su lugar negará la
solicitud de amparo elevada por la señora Hilda Muñoz Cáceres, y los señores
Pedro Antonio Muñoz Cáceres, Baldomero Muñoz Cáceres, Elgar Grimaldo Muñoz
Cáceres contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado
2.ºAdministrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja. Esto, porque no se
encuentra configurado el defecto de desconocimiento del precedente.

19
En este mismo sentido se pronunció esta Sección, entre otras, en las sentencias de 2 de marzo
de 2022, rad. 11001-03-15-000-2022-05570-01, 25 de agosto de 2022, rad. 11001-03-15-000-2022-
02074-01 y 30 de marzo de 2023, rad. 11001-03-15-000-2023-01098-00.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
18, M.P. César Palomino Cortés, rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ),
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia de 30 de julio de 2021, M.P. Marta Nubia Velázquez Rico, rad. 05001-23-33-000-2018-
01831-01(66941).

14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hilda Muñoz Cáceres y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y
Juzgado 2.º Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00079-01

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: TENER como tercero con interés al señor Exinixión Guillermo Muñoz
Cáceres por los motivos aquí expuestos.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 17 de febrero de 2023 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación que declaró improcedente
la acción de tutela.

TERCERO: En su lugar NEGAR la solicitud de amparo presentada por la señora
Hilda Muñoz Cáceres, y los señores Pedro Antonio Muñoz Cáceres, Baldomero
Muñoz Cáceres, Elgar Grimaldo Muñoz Cáceres.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Salvamento de voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.