Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00102-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00102-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00102-00
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
6 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2023-00102-001
Actor : Gustavo Tafur Márquez
Accionados : Magistrados de la sala especial de decisión 18 del Consejo de
Estado y Procuradora General de la Nación
Tema : Derecho constitucional fundamental al debido proceso
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Gustavo Tafur
Márquez contra los señores magistrados de la sala especial de decisión 18 del
Consejo de Estado y Procuradora General de la Nación, por la presunta
vulneración de su derecho constitucional fundamental al debido proceso.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. El señor Gustavo Tafur Márquez, quien actúa
en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de obtener la protección
de la garantía superior a la que se hizo referencia, presuntamente quebrantada
por los señores magistrados de la sala especial de decisión 18 del Consejo de
Estado y Procuradora General de la Nación.
Como consecuencia de lo anterior, pide se ordene a los magistrados accionados
fijar fecha para la celebración de la audiencia pública de que trata el artículo 122
de la Ley 1881 de 2018 3 , dentro del asunto de pérdida de investidura que
promovió contra el congresista Luis Ramiro Ricardo Buelvas (expediente
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
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«[…] A la audiencia pública asistirá la Sala Especial de Decisión de pérdida de Investidura y será presidida
por el Magistrado ponente. Esta diligencia quedará registrada en medio magnético para que obre dentro del
expediente.
Las partes podrán intervenir, por una sola vez, en el siguiente orden: El solicitante o su apoderado, el agente
del Ministerio Público y el congresista y su apoderado. Quien presida la audiencia podrá fijar el tiempo para
las intervenciones.
Las partes podrán presentar al final de su intervención un resumen escrito».
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«Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se consagra la
doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones».
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00102-00
Actor: Gustavo Tafur Márquez
11001-03-15-000-2022-02926-00, acumulado4 con el 11001-03-15-000-2022-
03248-00).
1.2 Hechos. Relata el accionante que el 13 de junio de 2022 presentó demanda
de pérdida de investidura contra el señor Luis Ramiro Ricardo Buelvas, electo
«[…] a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial de Paz
N°8, por la causal [enunciada] en el artículo 183[,] numeral [1,] de la
Constitución [Política], en concordancia con el numeral [3] del artículo 179
ibidem y artículo 280[,] numeral [3], de la Ley 5 de 1992, esto es, por
desconocer el régimen de inhabilidades e incompatibilidades al contratar con
entidades públicas dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la
elección […]» (sic) [expediente 11001-03-15-000-2022-03248-00].
Que el 15 de julio de 2022 el Consejo de Estado (sala especial de decisión 18)
acumuló el aludido asunto al 11001-03-15-000-2022-02926-00, al determinar
que los dos se encuentran «[…] en primera instancia, deben tramitarse por el
procedimiento establecido en la Ley 1881 de 2018 […] y las pretensiones no
son excluyentes», por lo que suspendió el trámite del último hasta cuando ambas
diligencias se encontraran en la misma etapa.
Dice que (i) el 13 de septiembre de 2022 se decretaron pruebas dentro del
referido asunto; (ii) el 7 de octubre de ese año se corrió traslado a las partes para
que se pronunciaran al respecto y (iii) el 8 de noviembre de esa anualidad se fijó
fecha para la celebración de la audiencia pública, de que trata el artículo 12 de
la Ley 1881 de 2018, para el 21 siguiente, sin embargo, el 18 de los mismos
mes y año el apoderado del congresista allí accionado solicitó la incorporación
de nuevo material probatorio, razón por la cual ese mismo día se decidió
reprogramarla hasta cuando se resolviera el mencionado pedimento.
Que los magistrados accionados «[…] han sido permisiv[o]s con las
actuaciones irregulares y temerarias […] de la parte demandada, lo que es una
clara falta de garantías procesales y que coloca en desventaja a los
demandantes […]», dado que «[…] los términos previstos por el legislador
para los procesos de pérdida de la investidura son perentorios y de corta
duración [por] la celeridad que requiere el fallo, [por ende,] no es posible […]
mantener de manera indefinida la fijación de la fecha en que se efectuará la
audiencia que trata el artículo 12 de la ley 1881 de 2018».
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Mediante auto de 15 de julio de 2022, proferido por el Consejo de Estado (sala especial de decisión 18).
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00102-00
Actor: Gustavo Tafur Márquez
Sostiene que «[…] desde el 18 de noviembre de 2022 se le comunic[ó] a las
partes el aplazamiento o suspensión de la audiencia pública que se debía
realizar el día 21 [siguiente] […], [sin embargo], […] hasta el […] 28 de [los
mismos mes y año] entra al despacho nuevamente el expediente para que se
reprograme[,] [p]ero […] [a la fecha de presentación de la acción de tutela] no
ha habido notificación de providencia judicial que [lo] haya […]» efectuado, a
pesar de que el 13 de diciembre de 2022 formuló petición de impulso procesal,
la cual no fue atendida.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través
de auto de 17 de enero de 2023, admitió la presente acción y ordenó notificar a
los señores magistrados de la sala especial de decisión 18 del Consejo de Estado
y Procuradora General de la Nación, en los términos del artículo 13 del Decreto
2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 Los señores magistrados de la sala especial de decisión 18 del Consejo de
Estado, por conducto del consejero de Estado a cargo del asunto de pérdida de
investidura 11001-03-15-000-2022-02926-00, acumulado con el 11001-03-15-
000-2022-03248-00, pide declarar improcedente la solicitud de amparo, dado
que actualmente «[…] se está resolviendo sobre los memoriales presentados
[…] luego de que se profirió el auto de pruebas[,] [d]e lo [que] se [deduce] que
[…] [se] está[n] adelantando todas las etapas del proceso y debe [haber
pronunciamiento] frente a todas las solicitudes que formulen las partes
precisamente para garantizar el debido proceso y el acceso a la administración
de justicia».
2.1.2 La señora Procuradora General de la Nación, a través de abogada adscrita
a la oficina jurídica de ese ente, depreca su desvinculación dentro del asunto,
por cuanto carece de legitimación en la causa por pasiva, porque «[…] al ser el
[m]agistrado ponente el director del proceso y [a] quien le corresponde tomar
las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos
fundamentales, el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite,
[es a él a quien] […] se le [debe] endilgar […] los supuestos de vulneración a
lo[s] que alude el accionante».
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00102-00
Actor: Gustavo Tafur Márquez
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983 de
2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por el
demandante, quien aduce quebranto de su derecho constitucional fundamental
al debido proceso.
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382
de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección
de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y
sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten
amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo
evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar el eventual quebranto del
derecho de linaje constitucional fundamental al debido proceso que pueda
comportar la presunta omisión de los magistrados accionados de fijar fecha para
celebrar la audiencia pública de que trata el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018,
dentro del trámite de pérdida de investidura que promovió contra el congresista
Luis Ramiro Ricardo Buelvas (expediente 11001-03-15-000-2022-02926-00,
acumulado con el 11001-03-15-000-2022-03248-00).
3.4 La acción de tutela frente a la mora judicial. El derecho constitucional
fundamental de acceso a la administración de justicia comporta la facultad de
toda persona de acudir ante los jueces de la República, en aras de resolver las
controversias que vulneran o amenazan sus prerrogativas.
Dicha atribución constitucional no solo hace referencia a la posibilidad de poner
en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado, sino también a la de
recibir una pronta solución al conflicto, para lo cual las autoridades cuentan con
la facultad de adoptar las medidas coercitivas previstas en el sistema normativo.
Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales no actúan dentro los términos
fijados en las normas procesales, se configura la mora judicial, que constituye
un «[…] fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00102-00
Actor: Gustavo Tafur Márquez
disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, pero que
muchas veces una buena parte de la misma es el resultado de acumulaciones
procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios
a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos […]»5.
No obstante, el mero retraso en las actuaciones judiciales no vulnera el derecho
constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia (entre
otros), por cuanto debe mediar una tardanza injustificada por parte de los
funcionarios para quebrantar esa garantía, caso en el cual será susceptible de
protección a través de la solicitud de amparo.
Resulta oportuno advertir que la jurisprudencia de la Corte Constitucional6 ha
indicado que, como regla general, el juez de tutela no debe inmiscuirse en el
trámite de los procesos judiciales debido a que podría desconocer el principio
de autonomía judicial. Sin embargo, cuando se evidencia que la tardanza no
concierne a cuestiones relacionadas con carga de trabajo, problemas
estructurales o complejidad de los asuntos que se conocen, la acción de tutela
resulta procedente para proteger el derecho constitucional fundamental de
acceso a la administración de justicia.
Por tanto, para establecer la prosperidad de la acción de tutela atañedera a mora
judicial, se deben analizar las particularidades de cada caso concreto con el fin
de determinar si el retardo es justificado o no.
3.5 Caso concreto. El tutelante pide ordenar a los magistrados accionados que
fijen fecha para celebrar la audiencia pública de que trata el artículo 12 de la
Ley 1881 de 2018, dentro del asunto de pérdida de investidura que promovió
contra el congresista Luis Ramiro Ricardo Buelvas (expediente 11001-03-15-
000-2022-02926-00, acumulado con el 11001-03-15-000-2022-03248-00), toda
vez que, aunque ya se había establecido para el 21 de noviembre de 2022, en
razón a una solicitud del apoderado del congresista allí accionado de incorporar
nuevas pruebas, se indicó que se reprogramaría hasta cuando se atendiera el
mencionado pedimento, sin embargo, ha trascurrido un lapso considerable y
hasta la fecha no se ha emitido pronunciamiento al respecto.
Por su parte, el señor magistrado de la sala especial de decisión 18 del Consejo
de Estado, a cuyo despacho a cargo le correspondió el conocimiento de las
aludidas diligencias, sostiene que no se ha fijado fecha para la realización de
5
Corte Constitucional, sentencia T-945 de 1998, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
6
Sentencia T-258 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00102-00
Actor: Gustavo Tafur Márquez
audiencia pública, comoquiera que actualmente «[…] se está resolviendo sobre
los memoriales presentados […] luego de que se profirió el auto de pruebas[,]
[d]e lo [que] se [deduce] que […] [se] está[n] adelantando todas las etapas del
proceso y debe [pronunciarse] frente a todas las solicitudes que formulen las
partes precisamente para garantizar el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia».
Ahora bien, verificada la página electrónica de la Rama Judicial
(http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos), se observa que el 13 de
junio de 2022 el tutelante presentó demanda de pérdida de investidura contra el
señor congresista Luis Ramiro Ricardo Buelvas (expediente 11001-03-15-000-
2022-03248-00), cuyo conocimiento correspondió al señor consejero de Estado
Roberto Augusto Serrato Valdés, quien, mediante auto de 16 siguiente, la
remitió para su posible acumulación con el asunto de igual naturaleza 11001-
03-15-000-2022-02926-00, conforme a lo previsto en el artículo 16 de la Ley
1886 de 2018, a lo que se accedió con auto de 15 de julio de ese año del Consejo
de Estado (sala especial de decisión 18).
Asimismo, el 13 de septiembre de 2022 se decretaron las pruebas que fueron
allegadas y solicitadas de manera oportuna en esas diligencias, sin que las partes
interpusieran recurso alguno, por lo que el 7 de octubre siguiente se corrió
traslado de estas a las partes y el 8 de noviembre del mismo año, una vez se
declaró precluida la etapa probatoria, se fijó para el 21 de noviembre de 2022 la
celebración de la audiencia pública prevista en el artículo 12 de la Ley 1881 de
2018, no obstante, el 18 de los mismos mes y año el apoderado del allí
demandado solicitó la incorporación de documentos para su defensa, razón por
la cual ese mismo día se dispuso «[…] reprograma[r la audiencia] una vez
resuelta la anterior petición» y el 28 siguiente el expediente ingresó
nuevamente al despacho.
Sobre el particular, se advierte que el aparato jurisdiccional colombiano padece
de problemas estructurales, como consecuencia, en gran medida, de un excesivo
volumen de trabajo que imposibilita que los procesos de su conocimiento se
adelanten en estricto acatamiento de los plazos trazados en las normas legales7,
como ocurre en el presente caso, pues el despacho en el que se tramita el asunto
de pérdida de investidura 11001-03-15-000-2022-02926-00, acumulado con el
11001-03-15-000-2022-03248-00, conoce de varios asuntos, como acciones de
tutela, entre otros, a los cuales también deben dárseles impulso, frente a lo que
7
Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00102-00
Actor: Gustavo Tafur Márquez
resulta indispensable anotar que se ha agotado el procedimiento previsto para
que las diligencias ingresaran al despacho para fijar fecha para la realización de
audiencia pública.
Con base en lo expuesto, se advierte que, aunque han trascurrido más de dos (2)
meses para la celebración de la audiencia pública de que trata el artículo 12 de
la Ley 1881 de 2018, dentro del aludido trámite de pérdida de investidura, la
mora encuentra plena justificación en la carga laboral que tiene la autoridad
judicial a quien le correspondió asumir su conocimiento, aunado al hecho de
que, como lo señaló en su contestación, aún no ha sido posible hacerlo, por
cuanto primero debe atender la solicitud formulada el 18 de noviembre de 2022
por el allí demandado, consistente en que se tengan en cuenta unas pruebas
adicionales a las decretadas el 13 de septiembre de ese año dentro de esas
diligencias, precisamente con el fin de no vulnerar las garantías superiores de
ninguna de las partes en ese litigio.
Así las cosas, y comoquiera que la mora judicial materia de controversia no es
injustificada, por cuanto el retardo por parte de los magistrados accionados en
fijar fecha para la celebración de la audiencia pública de que trata el artículo 12
de la Ley 1881 de 2018, dentro del trámite de pérdida de investidura promovido
por el tutelante contra el congresista Luis Ramiro Ricardo Buelvas (expediente
11001-03-15-000-2022-02926-00, acumulado con el 11001-03-15-000-2022-
03248-00) no involucra negligencia, requisito necesario para que prospere el
amparo constitucional en eventos en los que se discute el incumplimiento de los
términos procesales por parte de las autoridades jurisdiccionales, no se observa
quebranto de derecho fundamental alguno, situación que impone negar el
amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Niégase el amparo del derecho constitucional fundamental al debido proceso
invocado por el señor Gustavo Tafur Márquez, en los términos indicados en la
parte motiva.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00102-00
Actor: Gustavo Tafur Márquez
2°. Notifíquese esta providencia en la forma y término previstos en el artículo
30 del Decreto ley 2591 de 1991.
3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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