Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00105-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00105-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00105-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
20 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00105-01
Demandante: ASMETH SALUD E.P.S. S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho para solicitar devolución de descuentos aplicados en
virtud de la estampilla pro-desarrollo sobre recursos parafiscales
pertenecientes al Sistema de Seguridad Social en Salud.
Defecto fáctico.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación interpuesta por Asmeth Salud E.P.S. S.A.S., en
contra de la sentencia proferida el 17 de febrero de 2023 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo
de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
Asmeth Salud E.P.S. S.A.S., promovió solicitud de tutela con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la seguridad
social, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 10
de junio de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 19001233100020050028101 (45.796).
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00105-01
Demandado: Asmeth Salud E.P.S. S.A.S.
i) Asmeth Salud E.P.S. S.A.S., en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra del departamento del
Cauca, Dirección Departamental de Salud, con el fin de cuestionar la legalidad de
los actos administrativos a través de los cuales se le negó el reintegro y
actualización de los dineros que le fueron cobrados por concepto del gravamen
establecido en las Ordenanzas Departamentales núms. 11 de 1995, 16 de 1995 y
028 de 1996.
ii) El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia proferida el 24 de mayo
de 2012, negó las pretensiones de la demanda al considerar que el actor incumplió
con la carga probatoria que le correspondía ya que el fundamento de sus
pretensiones se fincó en el cumplimiento de unas ordenanzas departamentales
expedidas por la Asamblea Departamental del Cauca, sin aportarlas al expediente
o solicitar que la entidad demandada las allegara, además de que la discusión se
centró en la indebida aplicación o cobro de gravámenes por cuenta de la ejecución
de unos contratos suscritos con el departamento del Cauca, lo cuales tampoco
aportó. En contra de esta decisión la demandante interpuso recurso de apelación.
iii) El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través de la sentencia
del 10 de junio de 2022, confirmó lo resuelto por el a quo con similares
consideraciones.
iv) En relación con esa decisión, la sociedad tutelante alega vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, en tanto la corporación judicial demandada incurrió en defecto fáctico, en la
medida en que no tuvo en cuenta la realidad procesal que demostraba la ilegalidad
de los descuentos aplicados en virtud de la estampilla pro-desarrollo sobre recursos
parafiscales pertenecientes al Sistema de Seguridad Social en Salud.
v) De otra parte, adujo la configuración de un defecto sustantivo porque desconoció
las normas constitucionales y legales que impedían aplicar tributos sobre recursos
transferidos por la Nación a su administrador, en el marco del Sistema de Seguridad
Social en Salud.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00105-01
Demandado: Asmeth Salud E.P.S. S.A.S.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO Y AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (TUTELA JUDICIAL EFECTIVA) que
resultaron vulnerados en detrimento de la sociedad actora, con ocasión de la decisión
del 10 de junio de 2022 proferida por el Consejo de Estado, la Sección Tercera,
Subsección B, dentro del proceso con radicado 190012300120050028101.
SEGUNDA: En consecuencia, de la declaración anterior, dejar sin efectos el fallo del 10
de junio de 2022 proferido por el Consejo de Estado, la Sección Tercera, Subsección B,
dentro del proceso con radicado 190012300120050028101 y, en su lugar, se profiera
decisión judicial de fondo.
TERCERA: Que, subsidiariamente, con el propósito de materializar en favor de la
accionante los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (TUTELA JUDICIAL EFECTIVA), el Juez
Constitucional de Tutela adopte las medidas que con tal propósito considere efectivas y
suficientes para materializar el derecho al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia de Asmet Salud EPS. […]».
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,1 solicitó que se
declare la improcedencia del mecanismo de la referencia, en atención a que no se
acreditó el requisito de relevancia constitucional al pretender utilizar la solicitud de
tutela como una tercera instancia frente a una sentencia que hizo un correcto
análisis fáctico, probatorio y jurídico, ya que fue sustentada en derecho y con base
en los medios de prueba aportados.
1.2.3. Los terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio.2
1.3 Sentencia de primera instancia3
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 17
de febrero de 2023, declaró improcedente la solicitud de tutela al considerar que el
1
Ver índice 9 de SAMAI, en el expediente 11001-03-15-000-2023-00105-00. Archivo denominado
CONTESTACIONDEMANDA_CONTESTATU TELA2023(.pdf) NroActua 9
2 Mediante auto del 18 de enero de 2023, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar al
departamento del Cauca y la Dirección Departamental de Salud del Cauca.
3
Ver índice 13 de SAMAI, en el expediente 11001-03-15-000-2023-00105-00
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Demandado: Asmeth Salud E.P.S. S.A.S.
asunto no tiene relevancia constitucional, pues «lo pretendido por la sociedad tutelante
es que se realice un nuevo estudio frente a lo definido razonablemente por el juez natural,
lo que conlleva a la improcedencia de la acción de tutela de la referencia por el
incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional».
1.4. Escrito de impugnación4
Asmeth Salud E.P.S. S.A.S. impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual
insistió en que el asunto tiene relevancia constitucional, además de reiterar los
argumentos expuestos en el escrito de tutela.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20005 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20196, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida el 17 de febrero de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado7 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
4
Ver índice 17 de SAMAI, en el expediente 11001-03-15-000-2023-00105-00
5 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
6 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01,
M.P. María Elizabeth García González.
4
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Demandado: Asmeth Salud E.P.S. S.A.S.
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.8 Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala]. […]»
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena, 9 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional10 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
9 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios.
Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de
2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00105-01
Demandado: Asmeth Salud E.P.S. S.A.S.
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se
cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,11 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.12
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de Asmeth Salud E.P.S. S.A.S. con ocasión de la
sentencia del 10 de junio de 2022, que confirmó la negativa frente a la solicitud de
declaratoria de ilegalidad de los actos administrativos a través de los cuales se le
negó el reintegro y actualización de los dineros que le fueron cobrados por concepto
del gravamen departamental establecido en las Ordenanzas Departamentales
núms. 11 de 1995, 16 de 1995 y 028 de 1996, con la que incurrió, presuntamente,
en defecto fáctico y sustantivo?
2.4. Análisis de la Sala
11 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandado: Asmeth Salud E.P.S. S.A.S.
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Defecto sustantivo o material
En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto13. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que
este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta
no es una facultad absoluta14, para lo cual precisó que los límites se encuentran en
el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho.
El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
13 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
14 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018
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Demandado: Asmeth Salud E.P.S. S.A.S.
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales15.
2.4.3. Defecto fáctico
En cuanto al referido defecto, se advierte que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional,16 tiene una dimensión negativa y otra positiva.
La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite
la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»,17 «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente».18 La segunda, se acredita
si el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas».19
Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica si resulta en una manifiesta vía de hecho y,
tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia y
garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.4.4. Caso en concreto
Asmeth Salud E.P.S. S.A.S. acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia proferida el 10 de junio
de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en cuanto
confirmó la negativa de primera instancia frente a las pretensiones de declaratoria
de ilegalidad de los actos administrativos a través de los cuales se le negó el
reintegro y actualización de los dineros que le fueron cobrados por concepto del
15 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
16 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
17 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
18 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
19 Sentencia T-538 de 1994.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00105-01
Demandado: Asmeth Salud E.P.S. S.A.S.
gravamen departamental establecido en las Ordenanzas Departamentales núms.
11 de 1995, 16 de 1995 y 028 de 1996.
Lo anterior, de acuerdo con el escrito de impugnación, al considerar que la referida
decisión judicial incurrió en defectos fáctico y sustantivo en tanto no se tuvo en
cuenta la realidad procesal que demostraba la ilegalidad de los descuentos
aplicados en virtud de la estampilla pro-desarrollo sobre recursos parafiscales
pertenecientes al Sistema de Seguridad Social en Salud y, de otra parte, desconoció
las normas constitucionales y legales que impedían aplicar tributos sobre recursos
transferidos por la Nación a su administrador.
Ahora bien, al descender a la situación particular planteada por Asmeth Salud E.P.S.
S.A.S., se observa que la corporación judicial demandada al respecto, en la
sentencia del 10 de junio de 2022, señaló:
«[…] 1) Para la Sala es claro que la demanda se circunscribe a la petición de nulidad de
los actos administrativos del 9 y 25 de noviembre de 2004 proferidos por el Departamento
del Cauca y la Dirección Departamental de Salud del Cauca, por el hecho de negar la
solicitud de devolución de los dineros descontados de 1996 al 30 de septiembre de 2002
por concepto de las estampillas Pro–Desarrollo Departamental y Pro–Electrificación
Rural.
2) Según lo acreditado en el expediente, la actora formuló en septiembre de 2001 una
solicitud ante la Dirección Departamental de Salud del Cauca con el objeto de obtener la
devolución de los dineros descontados de 1996 al 30 de octubre de 2001 por concepto
de las estampillas Pro–Desarrollo Departamental y Pro–Electrificación Rural, solicitud
que la Sala encuentra formulada en tiempo, dado que en atención a lo dispuesto por la
jurisprudencia de esta Corporación de manera unánime la acción en contra de los actos
fictos o presuntos, ya sea que se trate de las decisiones iniciales o de las que resuelven
los recursos interpuestos, pueden ser interpuesta en cualquier tiempo.
3) Con la demanda el actor omitió acreditar sobre qué contratos se hicieron las
retenciones por concepto de las estampillas Pro–Desarrollo Departamental y Pro–
Electrificación Rural, en qué vigencias, montos y en qué pagos o actas se hicieron
efectivos, así como tampoco aportó al expediente las copias de las ordenanzas en
cumplimiento de las cuales se realizaron tales descuentos, pues, tratándose de normas
sin alcance nacional debía aportarse el texto de las mismas en copia auténtica.
4) Con fundamento en lo anterior, los actos administrativos del 9 y 25 de noviembre de
2004 expedidos por Departamento del Cauca y la Dirección Departamental de Salud del
Cauca, respectivamente, mantienen la presunción de legalidad, por lo cual no tiene
vocación de prosperidad el recurso de apelación.
5) En consonancia con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia apelada mediante la
cual se negaron las pretensiones de la demanda, pero conforme las consideraciones
desarrolladas en esta providencia. […]»
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00105-01
Demandado: Asmeth Salud E.P.S. S.A.S.
De la transcripción que antecede, no es posible concluir que la valoración efectuada
por el juez natural del asunto resultara errada, en tanto, a diferencia del juez de
primera instancia, la corporación judicial demandada en sede de tutela observó que
se aportó al expediente copia autenticada de los contratos números 208, 209 y 058
de 1996 y 319 de 1997, suscritos con el departamento del Cauca.
Situación distinta es, que ante la pretensión de devolución de los dineros
descontados por concepto de las estampillas Pro–Desarrollo Departamental y Pro–
Electrificación Rural, se omitió en la demanda determinar cuántos y cuales contratos
fueron los afectados con tales descuentos, así como en qué montos y vigencias,
razón por la cual resultaba razonable concluir que no era posible acreditar los
referidos descuentos y retención de los dineros, únicamente, con la copia de tales
documentos.
Por su parte, considera esta Sala de decisión que el hecho de que la corporación
demandada no mencionara el caudal probatorio de manera minuciosa, no indica
que no se valorara la totalidad de los elementos probatorios allegados al expediente,
pues, de una lectura de la providencia judicial atacada, se evidencia que, al iniciar
sus consideraciones, se efectuó una relación de hechos probados que se
constituyen en las premisas fácticas de las cuales partió el juzgador para efectuar
el estudio del asunto; análisis del cual concluyó que la aquí demandante no acreditó
sobre qué contratos se hicieron las retenciones, en qué vigencias, por qué montos
y en qué pagos o actas se hicieron efectivos.
Ahora, en cuanto al cargo relacionado con que no se dio «aplicación a las normas
constitucionales y legales sobre la naturaleza de los recursos parafiscales que impedían
aplicar tributos sobre recursos transferidos por la Nación al administrador», se tiene que,
sin perjuicio de que no fue motivado, se recuerda que la decisión acusada se
fundamentó en la falta de prueba que permitirá establecer las particulares en que
se realizaron las retenciones aludidas.
Así, contrario a lo señalado por el tutelante, no se evidencia que la autoridad judicial
haya incurrido en defecto fáctico ni sustantivo en su labor de la búsqueda de la
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00105-01
Demandado: Asmeth Salud E.P.S. S.A.S.
verdad pues lo cierto es que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 167 del
Código General del Proceso, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
alegado en la demanda.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró
probado.
En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión
del a quo de declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por Asmeth
Salud E.P.S. S.A.S. contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
para, en su lugar, negar el amparo de sus derechos fundamentales.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 17 de febrero de 2023 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual declaró improcedente la
solicitud de tutela, por falta de relevancia constitucional. En su lugar, negar el
amparo de los derechos fundamentales de Asmeth Salud E.P.S. S.A.S., de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00105-01
Demandado: Asmeth Salud E.P.S. S.A.S.
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
12
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