RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-00109-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00109-01

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00109-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de febrero de 2023 proferida por Sección Cuarta del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz TERCERO. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-00109-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

11 de mayo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00109-01
Accionante: Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido
de Colombia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00109-01
Accionante: VEEDURÍA NACIONAL PARA EL CONTROL SOCIAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO DE COLOMBIA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN “B”.

Tesis: No incurre en defecto fáctico, procedimental,
desconocimiento del precedente, la decisión que negó el
trámite del recurso de insistencia, cuando lo solicitado
mediante derecho de petición, versa sobre información
que tiene reserva legal.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por el representante
legal de la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural
Sumergido de Colombia en contra del fallo del 23 de febrero de 2023,
dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE AMPARO

El señor Francisco Hernando Muñoz Atuesta, en su condición de
representante legal de la Veeduría Nacional para el Control Social del
Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, promovió acción de tutela en
contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “B”, en adelante el Tribunal, con el fin de que le fuera
protegido sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad, al
reconocimiento de personalidad jurídica, al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, con ocasión de la providencia judicial del 24
de octubre de 2022, proferida dentro del recurso de insistencia radicado
bajo el núm. 25000-23-41-000-2022-00917-00, por medio de la cual se
declaró bien denegado lo solicitado en el derecho de petición presentado
por el accionante ante la Dirección General Marítima, en adelante -DIMAR-
el 7 de junio de 2022.

Como pretensiones solicitó: (i) amparar los derechos fundamentales de
petición, debido proceso, y acceso a la administración de justicia;

1

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00109-01
Accionante: Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido
de Colombia

(ii) Revocar el fallo proferido por el Tribunal el 23 de agosto de 2022 por
el cual rechazó por improcedente el recurso de insistencia presentado por
el accionante dentro del proceso radicado bajo el núm. 25000-23-41-000-
2022-00917- 00.

(iii) Revocar la decisión del 24 de octubre de 2022, proferida por el
Tribunal dentro del proceso 25000-23-41-000- 2022-00917-00, por
medio de la cual declaró bien denegado lo solicitado en el derecho de
petición presentado por el accionante el 7 de junio de 2022, ante la
DIMAR.

(iv) Dejar sin efecto la sentencia proferida el 24 de octubre de 2022 por
el Tribunal y, como consecuencia de lo anterior, ordenar a la accionada
proferir una nueva decisión en donde ordene a la DIMAR a la entrega de
la información solicitada por el accionante el 7 de junio de 2022 a través
de derecho de petición.

II. SITUACIÓN FÁCTICA

II.1. El 7 de junio de 2022, el señor Francisco Hernando Muñoz Atuesta,
en representación de la Veeduría Nacional para el Control Social del
Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, presentó derecho de
petición, en el que solicitó ante la Dirección General Marítima de Colombia
DIMAR, lo siguiente:

“1. Sírvase facilitar copia de toda la información que tenga en su poder
la DIMAR con relación a la exploración recientemente realizada sobre
el contexto arqueológico del galeón San José, dada a conocer por la
Presidencia de la República el día 6 de junio de 2022. La información
solicitada se refiere a toda la documentación relacionada con dicha
exploración, bien se trate de material escrito, digital, fotográfico y de
video, EXCLUYENDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE LA QUE HAGA
RELACIÓN DIRECTA O INDIRECTA CON LAS COORDENADAS O
UBICACIÓN DEL HALLAZGO, tal como le limita la legislación vigente,
en especial el artículo 17 de la Ley 1765 de 2013 y los artículos 16 y
21 del Decreto 1467 de 2012, reglamentario de la Ley 1508 de 2012,
así como el parágrafo 1 del artículo 4° del Decreto 204 de febrero de
2022.

2. Sírvase facilitar copia de toda la información que tenga en su poder
la DIMAR con relación a la exploración recientemente realizada sobre
el contexto arqueológico del galeón San José, dada a conocer por la
Presidencia de la República el día 6 de junio de 2022, relacionada con
los dos nuevos pecios que se documentaron en dicha expedición. La
información solicitada se refiere a toda la documentación relacionada
con dicha exploración, bien se trate de material escrito, digital,
fotográfico y de video, EXCLUYENDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE LA
QUE HAGA RELACIÓN DIRECTA O INDIRECTA CON LAS
COORDENADAS O UBICACIÓN DEL HALLAZGO, tal como le limita la
legislación vigente, en especial el artículo 17 de la Ley 1765 de 2013
y los artículos 16 y 21 del Decreto 1467 de 2012, reglamentario de la
Ley 1508 de 2012, así como el parágrafo 1 del artículo 4° del Decreto
204 de febrero de 2022.”

2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00109-01
Accionante: Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido
de Colombia

II.2. El 21 de junio de 2022, la DIMAR, mediante oficio 29202203190
MDDIMAR-GLEMAR, solicitó al accionante que justificara las razones en
que fundamentaba su petición. Requerimiento que fue atendido
inmediatamente.

II.3. El 1 de julio de 2022, por oficio núm. 29202203393 MD-DIMAR-
GLEMAR, la DIMAR negó al accionante lo solicitado, debido a que la
información requerida tiene carácter reservado por razones de defensa,
seguridad y soberanía nacional1.

II.4. El 4 de julio de 2022, el accionante presentó ante la DIMAR recurso
de insistencia.

II.5. Los días 5 y 8 de agosto de 2022, vía correo electrónico, el
accionante solicitó a la DIMAR informe sobre la fecha en que dio traslado
al Tribunal del Recurso de Insistencia presentado ante ellos el 4 de julio
de 2022.

II.6. El 10 de agosto de 2022, el accionante, en representación de la
veeduría, radicó a través del correo electrónico directamente ante el
Tribunal recurso de insistencia presentado inicialmente ante la DIMAR,
asignándosele el radicado 25000-23-41-000-2022-00917-00.

II.7. El 23 de agosto de 2023, el Tribunal rechazó el recurso de
insistencia presentado por el accionante, por incumplir uno de los
requisitos consagrados en el artículo 26 del CPACA, toda vez que fue
radicado directamente por el peticionario, más no por el funcionario que
conoció de la actuación como lo exige la norma. Asimismo, señaló que la
información no había sido negada por razones de reserva, teniendo en
cuenta que la petición inicialmente presentada fue negada por
incumplimiento del numeral 4°, artículo 16, de la Ley 1755 de 2015.

II.8. El 31 de agosto de 2022, el accionante presentó recurso de
apelación contra la anterior decisión, alegando que en el recurso de
insistencia presentado justificó las razones que dieron lugar a que
radicara directamente el recurso de insistencia presentado. Agregó que
la información solicitada sí había sido negada por razones de reserva.

1 “En atención a su derecho de petición del 7 de junio de la presente anualidad y el cual fue
complementado el 22 de junio, indicando de acuerdo al numeral 4) del artículo 16 de la ley 1755
de 2015, las razones en que se funda su petición, relacionado con el control que el gobierno
nacional ejerce sobre el Galeón Sn José, considerado como un bien de interés cultural y cuya
información sobre la actividad de exploración y control fue dada a conocer por Presidencia de la
República, informando además el hallazgo de dos naufragios que posiblemente constituyan
Patrimonio Cultural Sumergido de la Nación, me permito comunicarle que la operación del buque
obedeció al ejercicio de seguridad, defensa y soberanía nacional que ejerce la Armada Nacional en
cumplimiento de la Constitución de 1991 y la ley 1675 de 2013, sobre el patrimonio cultural.

Por las anteriores consideraciones, la información solicitada tiene carácter reservado por razones
de defensa, seguridad y soberanía nacional y está protegida por las siguientes normas: Ley 1675
de 2013 sobre patrimonio cultural sumergido: ley 1712 de 2014 de transparencia y del derecho
de acceso a la información pública nacional y la ley 1755 de 2015 por medio del cual se regula, el
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00109-01
Accionante: Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido
de Colombia

II.9. El 27 de septiembre de 2022, la DIMAR, remitió al Tribunal unos
documentos relacionados con el recurso de insistencia presentado por el
accionante.

II.10. El 24 de octubre de 2022, el Tribunal Rechazó por improcedente
el recurso de apelación presentado por el señor Francisco Hernando
Muñoz Atuesta contra el proveído del 23 de agosto de 2022, mediante el
cual se rechazó por improcedente el recurso de insistencia interpuesto.
Y, en segundo lugar, declaró bien denegado lo solicitado en el derecho de
petición presentado por el accionante a la DIMAR, pues considero el
Tribunal que, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 12 del
artículo 4 del Decreto 204 del 8 de febrero del 2022, toda la información
obtenida en desarrollo de las actividades de exploración e intervención
del patrimonio cultural sumergido, incluidos los documentos por medio
escrito o digital, fotografías y videos, son de propiedad de la Nación, y su
custodia y curaduría se encuentra bajo la supervisión del Ministerio de
Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) y la
DIMAR, por lo que la reserva contemplada en las normas no abarca
únicamente la información y documentos que pueda revelar las
coordenadas o ubicación de los bienes que hacen parte del Patrimonio
Cultural Sumergido, sino de todos aquellos documentos e información a
través de los cuales directa o indirectamente se podría lograr la ubicación
de dichos bienes, tales como fotografías, imágenes o videos.

III. TRÁMITE DE LA TUTELA

III.1. El 17 de enero de 2023, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela, ordenó la notificación a la accionada y vinculó como
tercero interesado a la Dirección General Marítima de Colombia -DIMAR-.

Dentro del término el accionado, como el tercero interesado, presentaron
sus argumentos frente a los hechos y pretensiones expuestas en la tutela,
así:

II.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, por conducto del magistrado ponente de la
decisión, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción porque
las razones de disenso no comportan relevancia constitucional, sino que
tratan de una mera inconformidad con la decisión desfavorable a los
intereses de la parte actora. Estima que el accionante pretende tomar la
acción de tutela como una instancia adicional para lograr acceder a la
información de su interés, actuación que es, claramente, improcedente.
Expuso que las razones por las que se estimó bien negado el acceso a la

2 Decreto 204 de 2022“ARTÍCULO 4. Se modifica el artículo 2.7.1.1.2 del capítulo I del Decreto

Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015, el cual quedará de la siguiente manera:
(…)
PARÁGRAFO 1. Toda la documentación que pueda dar cuenta de la ubicación del Patrimonio
Cultural Sumergido, de forma directa o indirecta, será objeto de; reserva en los términos del
artículo 17 y artículo 20 de la Ley 1675 de 2013.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00109-01
Accionante: Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido
de Colombia

información requerida por el aquí accionante se ajustan a derecho y están
debida y suficientemente motivadas en la sentencia acusada.

II.3. La Dirección General Marítima de Colombia – DIMAR-, por
conducto del coordinador general de la Dirección, solicitó que se declare
la improcedencia de la acción de tutela, porque la parte actora no expone
un real escenario de vulneración de derechos, sino que toma este
mecanismo constitucional como una instancia adicional para procurar una
decisión que sea afín a sus intereses.

Advirtió que en el caso concretó se acreditó que la expedición de copia en
medio escrito, digital, fotográfico y de vídeo, tanto de la información
relativa a la exploración recientemente realizada sobre el Galeón de San
José, dada a conocer por la presidencia de la República el 6 de junio de
2022, así como también de los nuevos “pecios”, encontrados en dicha
exploración, tiene un carácter reservado por razón de defensa, seguridad
y soberanía nacional.

Recordó que, en un asunto de similares características, la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado3 coadyuvó a la DIMAR para
solicitar que no se accediera a divulgar la información sobre el Galeón San
José.

Agregó que las providencias acusadas no comportan ninguno de los
defectos invocados en la acción de tutela, sino que, por el contrario, se
fundamentaron en el marco jurídico aplicable y vigente y en las pruebas
aportadas por las partes.

Finalmente, señaló que esa autoridad ha actuado en estricto cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley 1675 de 2013 sobre Patrimonio Cultural
Sumergido; la Ley 1712 de 2014 de transparencia y del derecho de acceso
a la información pública nacional; y la Ley 1755 de 2015.

3 “(...) 3. RAZONES POR LAS CUALES NO SE DEBE ACCEDER A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

RESERVADA. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado considera que no resulta
procedente la entrega de la información solicitada por el peticionario, debido a las consecuencias
negativas que conllevaría y que involucran la afectación del deber constitucional de protección del
Patrimonio Cultural de la Nación, la soberanía nacional, las relaciones internacionales, la seguridad
del Patrimonio Cultural Sumergido y tas estrategias de defensa jurídica nacional e internacional.
En ese sentido, la decisión de negar la entrega de la información por parte de la DIMAR resulta
proporcionada y razonable. Asimismo, tampoco es posible acceder a la entrega de información
requerida en las peticiones trasladadas al Ministerio de Cultura o a cualquier otra entidad pública.
(…)

(...) Toda vez que revelar imágenes, nombres de personas que participaron en la exploración,
documentación escrita; resultados de la exploración en contextos de Patrimonio Cultural
Sumergido o cualquier otra información, puede afectar, de manera directa a indirecta, a revelar
la ubicación del pecio del Galeón San José o de cualquier otro hallazgo, lo cual podría dar lugar a
que terceros con intereses particulares buscaran apropiarse de manera inescrupulosa de los bienes
del Patrimonio Cultural Sumergido. Sin lugar a dudas, la revelación de fotografías, informes,
bitácoras y documentos similares puede dar lugar a descubrir la ubicación y descripción de zonas
de exploración y contextos de patrimonio cultural sumergido.

Además, la entrega de esta información al peticionario sentaría un precedente para que otros
Estados o comunidades tengan acceso a esta información, lo que podría afectar las relaciones
internacionales de Colombia e incluso podría desatar en un conflicto armado para la apropiación
de los bienes del Patrimonio Cultural Sumergido.”

5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00109-01
Accionante: Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido
de Colombia

IV. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo de 23 de febrero de 2023, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado negó el amparo solicitado.

Precisó el a quo que el análisis del fondo de la acción de tutela se limitaría
a los cargos contra la providencia del 24 de octubre de 2022. Esto, porque
los hechos que sustentan la vulneración del derecho al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia de la accionante, con ocasión de
la decisión de rechazar por improcedente el recurso de insistencia (23 de
agosto de 2022), fueron superados en el curso del procedimiento sub
examine.

La Sala, una vez delimitado el marco jurídico del derecho a la información
pública y sus límites4, determinó que el accionante considera que, en el
trámite del recurso de insistencia, el Tribunal incurrió en desconocimiento
de sus derechos fundamentales al debido proceso y petición, al menos
por dos razones: la primera, que la declaración de reserva de la
información se soportó apenas en especulaciones, ya que la DIMAR no
remitió al Tribunal los documentos cuya divulgación se pretendía. Y la
segunda, acusa que el Tribunal accionado magnificó y complementó la
respuesta de la DIMAR, para robustecer la decisión de negar el acceso a
la información, con lo cual faltó a su deber de imparcialidad, y respecto a
estos dos puntos se centró el análisis.

Respecto al primer punto, señaló la Sala que, analizada la providencia
objeto de reproche en la solicitud de amparo, se evidencia un estudio
juicioso por parte del Tribunal de las normas que regulan la reserva de la
información relativa al patrimonio cultural sumergido.

Refirió que en la providencia cuestionada se advierte que la misma se
encuentra debidamente motivada y justificada, ya que la decisión de
declarar bien denegado el recurso de insistencia tiene sustento en el
marco normativo que regula dicho trámite, así como su interpretación y
aplicación, sin que se advierta ningún capricho o arbitrariedad atribuible
a la autoridad judicial accionada.

4 El artículo 74 de la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho de las personas a
acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. Esta disposición
constitucional fue regulada por la Ley Estatutaria del Derecho de Petición que en su artículo 24
establece que sólo tendrá carácter reservado la información y documentos sometidos a reserva
por la Constitución Política o la ley10 .
En similar sentido los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 201411, limitan el acceso a la
denominada información pública clasificada, ya porque cause daños a personas naturales o
jurídicas, o porque cause daño a los intereses públicos como, por ejemplo, la defensa y seguridad
nacional -literal a) artículo 19-.
Ahora bien, el artículo 25 del CPACA, por su parte, enuncia los requisitos que debe contener la
respuesta que niegue la información requerida por estar afectada de reserva, entre ellos, que
deberá estar motivada, invocar el artículo que justifica el carácter reservado de la información y
ser efectivamente notificada al interesado. Finalmente, el artículo 26 regula el recurso de
insistencia, cuyo contenido debe ser analizado en armonía con el artículo 27 de la Ley 1712 de
2014.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00109-01
Accionante: Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido
de Colombia

Ahora, en cuanto a la afirmación del accionante que la decisión de avalar
el carácter reservado de los documentos solicitados careció de
fundamento fáctico y se fundamentó en especulaciones, debido a que la
DIMAR no remitió ni el Tribunal solicitó los documentos objeto de reserva
con miras a evaluar si en efecto había lugar a negar la solicitud, recordó
que el procedimiento del recurso de insistencia, contenido en el artículo
26.1 del CPACA, indica que el término de decisión se interrumpe, entre
otros, en el evento en el que el juez o magistrado solicite copia o fotocopia
de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra
información que requieran.

Indico la Sala que la corroboración directa de la información no es una
condición necesaria para decidir el recurso, sino que es una facultad que
puede ejercer la autoridad judicial cuando lo estime necesario. En esa vía,
bien puede ocurrir que existan eventos, como el que nos ocupa, en los
cuales la autoridad considere que la información con la que cuenta es
suficiente para adoptar una determinación sobre la validez de la
restricción de acceso a la información calificada como reservada5.

Por lo anterior, la Sala estimó que el argumento del accionante no tiene
vocación de prosperidad en tanto la verificación directa de los documentos
objeto de reserva no es presupuesto indispensable de la decisión del
recurso. Y en todo caso, la providencia se fundamentó en el marco jurídico
pertinente y aplicable al caso y en los medios de convicción que hacían
parte del expediente administrativo.

V. IMPUGNACIÓN

En el escrito de impugnación el accionante, en la primera parte, señaló que
la decisión del juez constitucional es incongruente, pues sustenta su
decisión en una jurisprudencia inadecuada que no sería aplicable al caso
objeto de estudio; y que sí debió analizar los documentos previo a adoptar
la decisión, pues, según su entender es información pública, en los términos
del artículo 6 de la ley 1712. Adicionalmente, considera que la limitación a la
entrega de información debe estar dispuesta en una ley.

En lo referente al artículo 26.1 del CPACA, señala que fue indebidamente
aplicado en la providencia, toda vez que contraría lo indicado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-491/07 donde se señaló lo siguiente: “En
particular la Corte ha señalado que la finalidad de proteger la seguridad o
defensa nacional es constitucionalmente legítima y por lo tanto para el logro de
tales objetivos puede establecerse la reserva de cierta información. Sin
embargo, en cada caso es necesario “ACREDITAR que tales derechos o bienes
se verían seriamente afectados si se difunde determinada información, lo que
hace necesario mantener la reserva”.

Adicionalmente, insisten en que la providencia cuestionada incurrió en
defecto fáctico, procedimental y desconocimiento del precedente, por no

5 En el mismo sentido se puede consultar la sentencia de tutela del 17 de agosto de 2017, emitida

por la Subsección de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso constitucional
nro. 11001- 03-15-000-2016-01943-00. M.P. William Hernández Gómez.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00109-01
Accionante: Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido
de Colombia

constatar directamente la documentación que había sido solicitada vía
derecho de petición a la DIMAR previo a adoptarse la decisión.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia.

De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, el cual modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 2015 y el artículo 25 del Acuerdo nro. 80 de 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución
de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es competente
para conocer del presente asunto.

VII.2. ANÁLISIS DE LA SALA.

La discusión de acuerdo con los reproches expuestos por el accionante,
gira en que la información solicitada a la DIMAR no cuenta con reserva
legal; además, asegura que la no solicitud de la documentación por parte
del Tribunal a la DIMAR, para verificar si la información tenía reserva,
incurre en los defectos fáctico, procedimental y desconocimiento del
precedente.

La ley 1675 de 2013, por medio de la cual se reglamenta los artículos 63,
67 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo relativo al Patrimonio
Cultural Sumergido, establece en el segundo inciso del artículo 17 que:
(…) “Todos los datos sobre coordenadas y, en general, sobre la ubicación
material de los elementos del Patrimonio Cultural Sumergido, tendrán
carácter reservado”.

En el segundo inciso del artículo 20 ibidem estipula: “La información que
en consonancia con la legislación vigente tenga carácter reservado por
razones de soberanía y defensa nacional, entre otras, será preservada por
la Dirección General Marítima (Dimar).”

Seguidamente, la Ley 1712 de 2014, en el título III, definió las
excepciones a la información; en el artículo 19 estableció: “información
exceptuada por daño a los intereses públicos. Es toda aquella
información pública reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o
denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes
circunstancias, siempre que dicho acceso estuviere expresamente
prohibido por una norma legal o constitucional:

a) La defensa y seguridad nacional (…)”

A su turno, el Decreto 204 de 2022 estableció, en el parágrafo 1 del
artículo 4, que: “Toda la documentación que pueda dar cuenta de la
ubicación del Patrimonio Cultural Sumergido, de forma directa o indirecta,
será objeto de reserva en los términos del Artículo 17 y Artículo 20 de la
Ley 1675 de 2013”. (destaca la Sala)
8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00109-01
Accionante: Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido
de Colombia

Finalmente, la Resolución 0085 de 2020, por medio de la cual se declaró
bien de interés cultural del ámbito nacional al pecio del Galeón San José,
determinó que “Que los documentos que conforman el informe final de
exploración tienen carácter reservado a voces del artículo 17 de la Ley
1675 de 2013 y artículo 14 de la Ley 1508 de 2012”.

Por lo tanto, una vez revisada la normatividad que regula la divulgación
de la información o documentación relacionado con el proceso de
ubicación y extracción del Galeón San José, se concluye que está sujeta
a reserva, puesto que no se limita solo a su ubicación material, sino a
toda aquella documentación que pueda dar cuenta de su ubicación de
forma directa o indirecta.

Una vez explicada las normas anteriores, procederá la Sala a estudiar los
defectos en los cuales el accionante considera que incurrió la decisión
proferida el 24 de octubre de 2022, con el fin de establecer si es cierto
que lo solicitado en el derecho de petición no estaba sujeto a reserva y al
negarse el recurso de insistencia, se vulneró el derecho fundamental de
petición del accionante.

Respecto del defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y de esta corporación, un defecto fáctico se configura
“[…] cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se estructura,
entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean
atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. Según esta corporación,
el fundamento de la intervención del juez de tutela por deficiencias
probatorias en el proceso radica en que, no obstante, las amplias
facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el
análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los
principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y
racionales […]6.”

Considera el alto tribunal constitucional que la evaluación del acervo
probatorio jamás podrá hacerse por el juez de manera arbitraria, y que
por ello, la valoración que éste realice, necesariamente implica “la
adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez,
racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una
de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función
de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios
judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”7.

En el caso concreto, el accionante señala que el Tribunal dejó de valorar
una prueba, esto es, requerir la documentación solicitada en la petición
para constatar si estaba o no sujeta a reserva, por lo que la providencia
cuestionada incurrió en defecto fáctico.

6 Sentencia T-582 de 2016 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
7 Sentencia T-917 de 2012 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).

9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00109-01
Accionante: Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido
de Colombia

Sobre el particular, basta con revisar el objeto del derecho de petición, el
cual pretendía la expedición de copia en medio escrito, digital, fotográfico
y de video, tanto de la información relativa a la exploración recientemente
realizada sobre el Galeón de San José, dada a conocer por la presidencia
de la República el 6 de junio de 2022, así como también de los nuevos
“pecios” encontrados en dicha exploración, excluyendo de esta la
relacionada directa o indirectamente con la ubicación o coordenadas del
hallazgo, petición que fue negada por la DIMAR, mediante el oficio MD-
DIMAR – GLEMAR 29202203393 del 1 de julio de 20228.

Como se puede apreciar, el objeto de la petición iba dirigida a obtener, a
través de material escrito, videográfico o por registro fotográfico,
información completa y detallada sobre la exploración realizada
recientemente al Galeón San José; asimismo pretendía que se le
suministrara toda la información relacionada con el hallazgo de dos pecios
más, por lo que es claro que no era necesario requerirle a la DIMAR que
allegara dicha información, para determinar si estaba dentro de las
excepciones de reserva contemplada por la norma; es decir, no incurrió
en defecto fáctico la providencia cuestionada, pues no era necesario
requerir la información a la DIMAR para adoptar la decisión, comoquiera
que de la sola lectura del derecho de petición se advierte que lo que
hubiese sido remitido era información sujeta a reserva, según las normas
aquí expuestas.

Ahora bien, respecto a la vulneración del precedente procede lo siguiente.

Un precedente se configura cuando la sentencia pretende resolver un
idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo que supone
un mismo aspecto jurídico a considerar, unos mismos hechos relevantes,
probados y debidamente connotados, e iguales fundamentos en derecho.
A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para
que se ataque la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del
precedente, impone al actor la carga de identificar el problema jurídico
que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el problema
jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su
identidad en los hechos y en el derecho.

No habrá entonces desconocimiento del precedente si la sentencia
analizada difiere en cualquiera de los aspectos indicados, pues en tales
casos, el antecedente invocado no constituye en realidad precedente
vinculante. Y de otro lado, tampoco podrá invocarse el desconocimiento

8
En atención a su derecho de petición del 7 de junio de la presente anualidad y el cual fue complementado el
22 de junio, indicando de acuerdo al numeral 4) del artículo 16 de la ley 1755 de 2015, las razones en que se
funda su petición, relacionado con el control que el gobierno nacional ejerce sobre el Galeón San José,
considerado como un bien de interés cultural y cuya información sobre la actividad de exploración y control
fue dada a conocer por Presidencia de la República, informando además el hallazgo de dos naufragios que
posiblemente constituyan Patrimonio Cultural Sumergido de la Nación, me permito comunicarle que la
operación del buque obedeció al ejercicio de seguridad, defensa y soberanía nacional que ejerce la Armada
Nacional en cumplimiento de la constitución de 1991 y la ley 1675 de 2013, sobre el patrimonio cultural.

Por las anteriores consideraciones, la información solicitada tiene carácter reservado por razones de defensa,
seguridad y soberanía nacional y está protegida por las siguientes normas: Ley 1675 de 2013 sobre patrimonio
cultural sumergido; ley 1712 de 2014 de transparencia y del derecho de acceso a la información pública
nacional; y la Ley 1755 de 2015 por medio del cual se regula, el Derecho Fundamental de Petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo .

10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00109-01
Accionante: Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido
de Colombia

del precedente si la sentencia que difiere del mismo fundamenta su
decisión en contra de manera razonable y suficiente, justificando tal
posición, pues tal actuación cabe dentro de la autonomía funcional del
juez.

Asegura el accionante que la decisión del Tribunal desconoce el
precedente judicial, vulnerando así sus derechos fundamentales, para lo
cual cita las siguientes sentencias C-341/149, T-624/9510 , C-038/2111,
T-031/2112; la Sala advierte que no se configura esta causal especifica,
ya que, al revisar las providencias citadas por el accionante, ninguna
resuelve un caso similar al que ahora se estudia, por lo que, según lo
dispuesto por la jurisprudencia constitucional, no se advierte el
desconocimiento del precedente13, veamos:

Puntos Sentencia T-624 Sentencia C-341 de Sentencia C- Sentencia T-
de de 1995 2014 038 de 2021 031 de 2021
Análisis
Un ciudadano en Un ciudadano
La accionante ejercicio de la acción presentó La acción de
presento acción de pública de demanda en tutela fue
tutela en contra de inconstitucionalidad, contra del presentada por
la escuela naval demandó el articulo numeral 13 del un ciudadano
“Almirante Padilla”, 37 de la Ley 1437 de artículo 108 del quien había
Hechos al considerar 2011, considera que código sido elegido
vulnerado sus la norma al sustantivo del para ocupar un
derechos contemplar trabajo, cargo
fundamentales a la únicamente el deber considera que la administrativo,
igualdad de de comunicar una expresión “las pero cuando se
oportunidades y a la actuación mujeres y”, realizó los
libertad de administrativa a un desconoce el exámenes
escogencia de tercero que pueda preámbulo de la para el ingreso
profesión u oficio, resultar afectado Constitución, informo que
debido a que no se vulnera el derecho así como los era portador
admiten mujeres en fundamental al artículos 1, 13 y de VIH
los cursos para debido proceso, al no 43 de la positivo, fue
cadete de la Armada brindar las garantías Constitución, al excluido del
Nacional necesarias para especificar en el proceso de
ejercer los derechos reglamento las contratación,
de defensa y labores que no por lo que
contradicción deben efectuar considero que
contenidos en el las mujeres, le fueron los
artículo 29 quebranta los vulnerados sus
constitucional fines de justicia derechos a la
e igualdad. intimidad y a la
igualdad de
oportunidades.

9 Debido proceso
10 Principio de igualdad
11 Derecho a la igualdad
12 Principio de igualdad de oportunidades
13 Sentencias de la Corte Constitucional, T-1317 de 2001, T-292 de 2006 y T-1033 de 2012.“El

precedente es el conjunto de sentencias anteriores al caso estudiado por el juez, que debido a su
pertinencia para resolver el problema jurídico planteado deben ser tenidas en cuenta por el juez
o la autoridad a quien le competa”, y que la manera para determinar cuándo el precedente resulta
necesario para la solución del caso es si: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como
precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se
trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los
hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de
derecho semejante al que se debe resolver posteriormente”. De esta forma -concluye- “[…] el
precedente utilizado debe guardar similitud entre los hechos, el problema jurídico planteado y en
la normatividad utilizada para resolver los casos […]”.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00109-01
Accionante: Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido
de Colombia

Se vulneran los ¿Vulneran los La expresión Vulnera los
derechos derechos a la defensa “las mujeres y” derechos
fundamentales a la y contradicción, contemplada en fundamentales
Aspecto igualdad, libre consagrados en el el numeral 13 al trabajo, a la
Jurídico desarrollo de la artículo 29 del artículo 108 igualdad de
Consider personalidad por constitucional, las del Código oportunidades
ado parte de la entidad expresiones Sustantivo del y de no ser
que tiene no permite acusadas, al disponer Trabajo, vulnera discriminado,
en sus cursos de el deber de comunicar el Preámbulo de la entidad que
formación al sexo la existencia de una la Constitución, excluye del
femenino actuación así como los proceso de
administrativa de artículos 1, 13 y vinculación
contenido particular y 43 de la Carta laboral a un
concreto a los Política. participante
terceros que puedan que padece
resultar afectados por una
las decisiones que en enfermedad,
ellas se adopten? como VIH.

Vulnera el
derecho a la
intimidad la
entidad
prestadora de
servicios
médicos, que
revela
información
sobre la
enfermedad de
trasmisión
sexual que
padece el
paciente.

Del anterior análisis se concluye que las sentencias antes relacionadas no
constituyen precedente aplicable al caso bajo examen, dado que difieren
en su objeto y causa petendi.

En cuanto al defecto procedimental, señalo el accionante “El FALLADOR
desconoce o ignora en el proceso la verdadera dimensión, identidad y alcance
del RECURSO DE INSISTENCIA que el ACCIONANTE presentó a la REQUERIDA”.

Este defecto se presenta en eventos donde la autoridad judicial se aparta
de manera evidente de las normas procesales aplicables, o de manera
excepcional cuando se presenta un exceso de ritualismos, en el cual el
operador judicial resta o anula la efectividad de los derechos
fundamentales por motivos excesivamente formales14.

La jurisprudencia Constitucional ha reconocido dos modalidades de
defecto procedimental, a saber:

i) Absoluto, cuando el funcionario judicial se aparta por completo
del procedimiento legalmente establecido para el trámite de un asunto
concreto, ya sea porque sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente
o porque omite etapas sustanciales del procedimiento establecido 15,

14 Corte Constitucional, Sentencia T-781 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto
15 Corte Constitucional, Sentencia T-996 de 2003, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00109-01
Accionante: Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido
de Colombia

afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso, y

ii) Por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el
funcionario, por el apego excesivo e irrestricto a las formas, termina
generando un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, en
consecuencia, sus actuaciones se convierten en una clara denegación de
justicia16. Se incurre en esta modalidad del defecto analizado cuando,
entre varias interpretaciones posibles, el juez prefiere aquella que no
favorece el principio pro homine e impide al ciudadano el acceso efectivo
a la administración de justicia.

Esta Corporación17 ha indicado que el defecto procedimental absoluto se
puede configurar porque el funcionario judicial: (i) sigue un trámite
totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia (desvía el cauce
del asunto)18; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento
establecido, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de una de
las partes19 o (iii) “pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en
todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los
sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de
la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus
pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos
fundamentales”20.

Descendiendo al caso concreto, encuentra la Sala que la providencia
cuestionada no incurre en este defecto, habida cuenta que la decisión
objeto de reproche se encuentra debidamente motivada, se evidencia que
se citaron las normas propias para el caso, esto es el marco normativo
que dispone que toda aquella información que de manera directa o
indirecta pueda llevar a la ubicación del galeón San José está sujeta a
reserva, por lo que para la Sala no es de recibo las manifestaciones del
accionante.

Conclusiones.

La información requerida mediante el derecho de petición estaba sujeta a
reserva, dado que de forma indirecta podía llevar a la ubicación del Galeón
San José, que según las normas aquí citadas y explicadas está sujeta a
reserva.

En consecuencia, el Tribunal no incurrió en ninguno de los defectos
alegados por el accionante ni vulnero los derechos fundamentales
reclamados, pues no se advierte el desconocimiento del precedente, ni
que se hubiese incurrido en defecto fáctico o procedimental.

16 Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-020 de 2013, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-996 de 2003, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-778 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00109-01
Accionante: Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido
de Colombia

Por lo antes expuesto, la Sala confirmara la decisión del 23 de febrero de
2023, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación, mediante la
cual se negó el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de febrero de 2023 proferida
por Sección Cuarta del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz

TERCERO. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO
Consejero de Estado VALDÉS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.