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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00134-01

Fecha
15 de junio de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00134-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la decisión de primera instancia del 31 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera. En su lugar: 2. Declarar improcedente la acción de tutela la acción de tutela que ejerció el señor Albeiro Nicolás Cuello Oñate contra el Juzgado 1º Administrativo de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena. 3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00134-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

15 de junio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00134-01
Demandante: Albeiro Nicolás Cuello Oñate

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00134-01
Demandante: ALBEIRO NICOLÁS CUELLO OÑATE
Demandado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA
Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Albeiro Nicolás Cuello
Oñate contra la providencia del 31 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Primera, que negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Albeiro Nicolás Cuello Oñate, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra
el Juzgado 1º Administrativo de Santa Marta y Tribunal Administrativo de
Magdalena, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a los principios a la seguridad jurídica y
primacía del derecho sustancial sobre el formal.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“[…] DEJAR SIN EFECTO la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena de fecha 18 de mayo de 2022; en su
lugar, se le ORDENE a éste operador judicial en un término prudencial y
razonable que su Señoría considere, proferir una nueva sentencia de
reemplazo en la cual se declare la EXCEPCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD suma expresión de la inaplicación del artículo 42
del Decreto 2190 de 2016 en el sub judice, y se adopte una decisión que en
derecho corresponda al amparo de garantizar el respecto de la Constitución
Política, el derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
así como, las pretensiones de la demanda, vulnerado por esa agencia judicial
[…]”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00134-01
Demandante: Albeiro Nicolás Cuello Oñate

Albeiro Nicolás Cuello Oñate promovió demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Contraloría General de la
República (en adelante CGR), con el fin de que se declarara la nulidad la
Resolución Nro. 81117-00969 del 6 de abril de 2017, acto administrativo por medio
del cual fue desvinculado del servicio. Así mismo, dentro del proceso ordinario
solicitó la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad del artículo 42 del
Decreto 2190 de 2016.

El Juzgado 1º Administrativo de Santa Marta, en fallo del 2 de julio de 2021, no
accedió a la petición del actor en relación con la inaplicación del artículo 42 del
Decreto 2190 de 2016, expedido por el Ministerio de Hacienda. A su vez, declaró
probadas las excepciones de inexistencia del derecho pretendido e improcedencia
de la pretensión por falta de causal de nulidad del acto administrativo y por
inexistencia del derecho a restablecer propuestas por la CGR y, finalmente, negó
las pretensiones de la demanda.

El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia del 18 de mayo de 2022,
confirmó la decisión del Juzgado porque, a su juicio, el actor no logró desvirtuar la
presunción de legalidad del acto acusado, pues el retiro de servicio del actor se
produjo por la supresión de su cargo con fundamento en la reducción del
presupuesto de regalías para los años 2017-2018, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 42 del Decreto 2190 de 2016 y 21 y 41 de la Ley 909 de 2004.

De otra parte, sostuvo que la solicitud de control por vía de excepción se radicó de
manera extemporánea. Sin embargo, que si en gracia de discusión se admitiera el
estudio de oficio de la excepción de inconstitucionalidad en relación con el artículo
42 del Decreto 2190 de 2016, señaló que esa norma no desconoce la Constitución
ni la ley, pues no crea cargo alguno, solo prorroga aquellos que fueron creados por
el Decreto 1539 de 2012 y autoriza a la CGR a ejecutar o “efectuar los ajustes
necesarios para que la Planta de Personal sea consistente con los montos
apropiados“ a ese órgano de control, de manera que, se le autoriza para reducir o
suprimir empleos en la planta temporal que se prorroga por razones técnicas y
presupuestales.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en
defecto sustantivo por aplicar el artículo 42 del Decreto 2190 del 28 de diciembre
de 2016, debido a que esa norma desconoce lo dispuesto en los artículos 150
numeral 7 y 268 numeral 9 y 10 de la Constitución Política, porque el Presidente de
la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no podían facultar al
Contralor General de la República para modificar y suprimir la planta de empleos
de esa entidad y, como consecuencia, ordenar el retiro del servicio al actor. Que es
el Congreso de la República quien tiene la competencia para regular la organización
y funcionamiento de la CGR, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la
sentencia C-483 de 2020.

Indicó que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
se ha precisado que cuando el funcionario no aplica la excepción de
inconstitucionalidad siendo procedente, genera así un defecto sustantivo.

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Demandante: Albeiro Nicolás Cuello Oñate

Sostuvo que también se incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial
por no aplicar la sentencia C-527 de 2017 de la Corte Constitucional, por medio de
la cual se declaró inexequible la expresión contenida en el artículo 6º del Decreto
Ley 894 de 2017, relacionada con la adición como causal del retiro del servicio de
los empleados de carácter temporal por razones de insuficiencia presupuestal de
la entidad.

Por último, dijo que de conformidad con la sentencia C-618 de 2015, los empleados
temporales están cobijados por una categoría especial y se equiparan a los
empleados de carrera administrativa para efectos de su retiro, por lo que su
desvinculación está reglada y se limita a las causales de retiro contempladas en la
ley.

4. Oposición

El Tribunal Administrativo del Magdalena solicitó negar la acción de tutela, toda
vez que, a su juicio, no se advierte vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados.

Dijo que la Sala adoptó la decisión de confirmar la sentencia apelada porque el
actor no pudo desvirtuar la presunción de legalidad que recaía sobre el acto
acusado, por encontrarse el mismo ajustado a lo dispuesto en el artículo 42 del
Decreto 2190 de 2016, y estar igualmente fundamentado en las previsiones de los
artículos 21 y 41 de la Ley 909 de 2004.

Señaló que, de las pruebas allegadas al expediente, se pudo evidenciar que el retiro
del servicio del señor Albeiro Nicolás Cuello Oñate se produjo por la supresión del
cargo, fundada en la reducción del presupuesto de regalías para el bienio 2017-
2018; aspecto que fue efectivamente corroborado en el estudio técnico de la
entidad demandada. De manera que la causal de retiro fue la descrita en el artículo
41 de la Ley 909 de 2004, sin que se observara que la norma que lo sustentó fuera
contraria a la Constitución Política.

Finalmente, precisó que la solicitud de amparo no está llamada a prosperar porque
este no es el medio idóneo para dirimir la inconformidad del actor en relación con
la decisión de las autoridades judiciales demandadas que negaron las pretensiones
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

El Juez 1º Administrativo de Santa Marta no se pronunció al respecto.

5. Intervención de los terceros interesados

La Contraloría General de la República expresó que el Tribunal Administrativo de
Magdalena no incurrió en el alegado defecto sustantivo por cuanto tomó la decisión
con fundamento en las normas y principios constitucionales aplicables al caso, por
lo que no se configuró una contradicción en el asunto.

Dijo que la acción de tutela resulta improcedente, por cuanto el Tribunal analizó
detenidamente por qué no procedía la solicitud de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad en atención a la situación fáctico y jurídica del caso, y concluyó
que no puede convertirse la solicitud de amparo en una tercera instancia.

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Demandante: Albeiro Nicolás Cuello Oñate

6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 31 de marzo de 2023,
negó el amparo solicitado, al considerar que el Tribunal realizó un estudio de fondo
respecto a la solicitud de aplicación de la excepción de inconstitucionalidad y
estableció que el artículo 42 del Decreto Ley 2190 de 2016 no advertía que fuera
manifiestamente contrario a la Constitución.

Sostuvo que el Tribunal no desconoció las normas que regulan la desvinculación
de los empleados temporales de la CGR, dado que, como se indicó, dicha autoridad
analizó todo el marco legal del cargo que ocupaba el actor, para concluir que la
supresión de este había atendido a las normas establecidas para tal efecto.

Precisó que la acción de tutela no es una instancia para perseguir la imposición de
una determinada interpretación normativa en detrimento de la actividad
hermenéutica de la autoridad judicial que ordinariamente conoce de un asunto,
pues la intervención del juez constitucional está dada para eventos en que resulta
evidente que hubo una actuación abiertamente arbitraria, situación que en el
presente caso no se vislumbra, dado que, se insiste, más allá de cualquier otra
lectura que pueda darse al caso, lo cierto es que el análisis que efectuó el Tribunal
sobre los aspectos aludidos es razonable, admisible y atiende al principio de
autonomía judicial.

Finalmente, expuso que la autoridad judicial demandada no desconoció el
precedente judicial, toda vez que, de una parte, fundamentó su decisión en la
sentencia C-618 de 2015 y, de otra parte, explicó las razones por las cuales se
había apartado de las tesis que contienen las sentencias C-527 de 2017 y C-483
de 2020 invocadas como desconocidas por el actor.

7. Impugnación

El señor Albeiro Nicolás Cuello Oñate impugnó la decisión de primera instancia,
al considerar que es necesario que se aborde el fondo del asunto, dado que pese
a que expuso en detalle las irregularidades que hacían visible la aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad, el Tribunal no estudió ni analizó ese aspecto.

Manifestó que el Ejecutivo carece de competencia para facultar al Contralor
General de la República para que modifique la planta de empleos de la entidad; por
tanto, es manifiestamente inconstitucional la facultad otorgada al Contralor General
de la República por parte del Presidente de la República contenida en el artículo 42
y el parágrafo del Decreto 2190 de 2016, para que aquel disponga la supresión de
empleos, entre otros, el del actor.

Dijo que no comparte el argumento del a quo en torno a que el Tribunal había
analizado la sentencia C–483 de 2020, dado que hubiera llegado a la conclusión
de anular el acto administrativo del retiro del servicio porque el otorgamiento de
facultades por parte del Ejecutivo al Contralor para suprimir los cargos temporales
es inconstitucional.

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Demandante: Albeiro Nicolás Cuello Oñate

Afirmó que la supresión del cargo desconoció lo dispuesto en el artículo 268
numerales 9 y 10 de la Constitución Política, en consonancia de lo preceptuado en
el artículo 150 numeral 7, que establecen la competencia del Congreso de la
República para regular la organización y funcionamiento de la Contraloría General
de la República, así como, lo concerniente a su régimen especial de carrera
administrativa, la provisión de sus empleos, y el retiro del servicio público de sus
funcionarios.

Indicó que no se tuvieron en cuenta las razones expuestas en la sentencia C-527
de 2017, a través de la cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del
artículo 6° del Decreto Ley 894 de 2017, relacionado con la adición de la causal del
retiro del servicio de los empleados de carácter temporal por razones de
insuficiencia presupuestal.

Finalmente, reiteró los argumentos de la solicitud de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1, para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después

del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
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Demandante: Albeiro Nicolás Cuello Oñate

amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3
de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Albeiro Nicolás Cuello Oñate
interpuso acción de tutela contra el Juzgado 1º Administrativo de Santa Marta y el
Tribunal Administrativo del Atlántico por estimar vulnerados los derechos
fundamentales los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a los principios a la seguridad jurídica y primacía del
derecho sustancial sobre el formal.

A juicio de la parte actora las autoridades judiciales demandadas debieron acceder
a la petición de la excepción de inconstitucionalidad propuesta en el proceso
ordinario y, en consecuencia, inaplicar el artículo 42 del Decreto 2190 del 28 de
diciembre de 2016, porque esa norma desconoce lo dispuesto en los artículos 150
numeral 7 y 268 numeral 9 y 10 de la Constitución Política, en la medida en que el
Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no podían
facultar al Contralor General de la República para modificar y suprimir la planta de
empleos de esa entidad y, como consecuencia, ordenar el retiro del servicio al actor.
Lo anterior, por cuanto es el Congreso de la República quien tiene la competencia
para regular la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la
República, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-483 de
2020.

Aunado a lo anterior, dijo que se incurrió en desconocimiento del precedente
jurisprudencial, por no aplicar la sentencia C-527 de 2017 de la Corte
Constitucional, por medio de la cual se declaró inexequible la expresión contenida
en el artículo 6º del Decreto Ley 894 de 2017, relacionada con la adición como
causal del retiro del servicio de los empleados de carácter temporal por razones de
insuficiencia presupuestal de la entidad.

Corresponde a la Sala, de manera previa, determinar si el presente asunto cumple
con el requisito de relevancia constitucional y, solo en el evento en que se logre
superar ese requisito de procedencia y los demás requisitos generales, descenderá
con el estudio de los defectos planteados por la parte actora.

2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia

judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya

incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe
tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que
el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en
el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no
está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la

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demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir
las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos
que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

En el presente caso no se cumple con el requisito general de relevancia
constitucional para invocar el defecto sustantivo y el desconocimiento del
precedente judicial por parte de las autoridades demandadas, en los términos en
que fue planteado por la parte actora, porque, el demandante emplea el mecanismo
constitucional para insistir exactamente en los mismos argumentos que fueron
expuestos y debatidos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
se cuestiona por esta vía, como se pasa a explicar.

El señor Albeiro Nicolás Cuello Oñate promovió acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra CGR, con el fin de que se declarara la nulidad
la Resolución Nro. 81117-00969 del 6 de abril de 2017, acto administrativo por
medio del cual fue desvinculado del servicio. Así mismo, dentro del proceso
ordinario solicitó la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad del artículo
42 del Decreto 2190 de 2016.

El Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta, al resolver el trámite de la
primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, negó las
pretensiones de la demanda mediante fallo del 2 de julio de 2021.

Como sustento de la decisión, el juzgado señaló que no procedía la nulidad del acto
demandado porque el retiro del servicio del demandante por falta de disponibilidad
presupuestal no ocurrió dentro del tiempo inicial de duración del cargo temporal que
ocupaba, previsto en el acto de su creación, sino durante la prórroga, por la
reducción de la partida presupuestal para financiar ese empleo, circunstancia que,
conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto 2190 de 2016, permitía al
Contralor General ajustar la planta temporal a la disponibilidad de recursos,
reduciendo la planta, de ser necesario, como en efecto ocurrió.

Dijo que si bien mediante sentencia C - 527 de 14 de agosto de 2017, la Corte
Constitucional declaró inexequible la causal que permitía retirar del servicio a
empleados temporales cuando no hubiera disponibilidad y apropiación para
financiar sus empleos, contemplada en el artículo 6 del Decreto 894 de 28 de mayo
de 2017, que adicionó al artículo 21 de la Ley 909 de 2004, tal declaratoria de
inexequibilidad está referida a la creación de empleos temporales y no a su
prórroga, que es una situación distinta a la abordada por la Corte en la expresada
sentencia y que motivó la declaratoria de inexequibilidad de la causa de retiro.
Finalmente, el juez no accedió a la solicitud de control por vía de excepción que
presentó el apoderado del demandante en el sentido de que se inaplique el
parágrafo del artículo 42 del Decreto 2190 de 2016, expedido por el Ministerio de
Hacienda, por cuanto tal disposición no vulnera la Constitución; por el contrario,
tiene en cuenta el principio constitucional de legalidad del gasto, dado que, en

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Demandante: Albeiro Nicolás Cuello Oñate

Colombia, no puede existir empleo público sin que sus emolumentos estén
previstos en el presupuesto público, como lo establecen los artículos 122 de la
Constitución Política, 71 de la Ley 111 de 1996, 21 de la Ley 909 de 2004 y 4 del
Decreto 1227 de 2005.

El demandante presentó el recurso de apelación y expuso los argumentos, que
justamente iban dirigidos a la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad
y el desconocimiento de las sentencias C-618 de 2015, C-527 de 2017 y C-483 de
2020. Lo anterior, porque no es constitucionalmente admisible que mediante el
decreto que fija el presupuesto de regalías se faculte al Contralor General -que
representa a un órgano de control –fiscal-, autónomo e independiente y que no hace
parte de la rama ejecutiva-, para suprimir cargos de la propia entidad, lo cual, no
solo no lo puede hacer, sino que ello es abiertamente arbitrario e inconstitucional.

De ahí, que el Tribunal Administrativo de Magdalena confirmara el fallo de primera
instancia mediante la sentencia del 18 de mayo de 2022. Lo anterior, porque el
actor no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado, pues el retiro
de servicio del señor Cuello Oñate se produjo por la supresión de su cargo con
fundamento en la reducción del presupuesto de regalías para los años 2017-2018,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 42 del Decreto 2190 de 2016 y 21 y 41
de la Ley 909 de 2004. Finalmente, concluyó que el acto acusado no se encuentra
incurso en alguna de las causales dispuestas en el artículo 137 de la Ley 1437 de
2011, ni desconoce precedente judicial alguno.

Los fundamentos de la decisión, en síntesis, fueron los siguientes:

“El régimen de los empleados temporales se encuentra, como ya se dejó
expuesto, previsto en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005 (compilado
en el Decreto 1083 de 2015), normas que no previeron las causales de retiro
de estos empleos comoquiera que no se trata de empleados de libre
nombramiento y remoción como lo dejó dicho la Corte Constitucional en la
sentencia C—618—15, de ahí que los vacíos deban ser cubiertos con la regla
general del empleo público antes indicada, incluso debe advertirse desde ya
que el artículo 4 del citado decreto señala indefectiblemente que el término de
duración del nombramiento, está sujeto a la disponibilidad presupuestal, ello es
así porque una de las razones que viene dada legalmente para que se puedan
crear aquellos cargos es que exista disponibilidad presupuestal esto en
atención a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 21 de la reseñada ley de
empleo público.

(…) Al margen de la prórroga y de la facultad otorgada a la CGR para reducir,
refundir o suprimir los empleos temporales en aquella entidad de control
ordenado por el Decreto 2190 de 2016, lo cierto es que la desvinculación o
retiro del servicio de la parte actora halla justificación en lo dispuesto en el
artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y en el artículo 4 del Decreto 1227 de 2005,
normas según las cuales la creación y la duración del empleo temporal están
sujetos a estudios técnicos y a la disponibilidad presupuestal, condiciones que
indiscutiblemente se previeron en el acto acusado para dar por terminada la
relación legal y reglamentaria, vinculación que inicialmente se instituyó hasta el
31 de diciembre de 2014 —plazo que se cumplió— así como lo dispuso el
artículo 1 del Decreto 1539 de 2012, siendo esos cargos temporales
prolongados hasta 2016 por virtud de lo ordenado en el artículo 39 de la Ley
1744 de 2015 (bienio 2015-2016), para nuevamente ser prorrogados según lo
señalado en el artículo 42 del Decreto 2190 de 2016 para el bienio 2017 y 2018,
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Demandante: Albeiro Nicolás Cuello Oñate

ampliación que en todo caso quedó sujeta a que contaran con disponibilidad
presupuestal, sin embargo el estudio técnico que afloró en este debate
determinó la reducción de aquellos cargos para adecuarse al valor adjudicado
como presupuesto para ese bienio.

Así entonces, la insuficiencia presupuestal es la razón o motivo para que la
Contraloría General de la República decida, autorizado normativamente, hacer
un recorte o reducción de los empleos temporales que fueron creados por el
Decreto 1539 de 2012, de tal suerte que, como lo dijo el Consejo de Estado, se
dio una reducción de cargos, detalle que permite advertir a la Sala que la causal
de retiro por efecto de aquella reducción es la supresión del empleo prevista en
el ordinal i) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, incluso, tal causal se haya
ratificada en el artículo 42 del Decreto 2190 de 2016.

(…) Para este Tribunal resulta evidente, como quedó anotado, que se dictó el
Decreto Ley 894 el 28 de mayo de 2017 en cumplimiento del Acuerdo de Paz,
acto que contiene en el artículo 6 una adición a las causales de retiro del
servicio previstas en el artículo 41 de La Ley 909 de 2004, mientras que el acto
acusado data del 6 de abril de 2017, es decir, el acto administrativo de retiro
del servicio del señor Cuello Oñate es anterior a dicho decreto, por eso, no
puede afirmarse que el estudio de legalidad se pueda efectuar sobre tales
causales y la interpretación e inexequibilidad que se ordenó en la sentencia C-
527-17, dado que las sentencias de constitucionalidad por disposición del
artículo 45 de la Ley 270 de 1996, no tiene efectos retroactivos”.

De otra parte, sostuvo que la solicitud de control por vía de excepción se radicó de
manera extemporánea. Sin embargo, señaló que “si en gracia de discusión se
admitiera la concurrencia o el estudio de oficio de la excepción de
inconstitucionalidad en relación con el artículo 42 del Decreto 2190 de 2016, es
claro que dicho artículo no crea cargo alguno, solo se lee que prorroga aquellos que
fueron creados por el Decreto 1539 de 2012”. Además, dijo que “la misma norma
autoriza al CGR para que ejecutar o “efectuar los ajustes necesarios para que la
Planta de Personal sea consistente con los montos apropiados ” a ese órgano de
control, luego de ello, se le autoriza para reducir, suprimir o refundir empleos en la
Planta temporal que se prorroga”.

Una vez analizada la norma junto con las disposiciones constitucionales invocadas
por el actor, el Tribunal precisó que “acorde con la regla transcrita la prórroga se
sujeta a la condición de efectuar los ajustes de acuerdo con montos apropiados a
la CGR en el presupuesto de las regalías, luego de ello pueden o no continuar
subsistiendo, todos, algunos o ninguno de los cargos, pero que los cargos
temporales hayan sido creados por facultades pro tempore, no significa que
requiera de una ley para su finalización, su reducción o supresión, basta que el
estudio técnico y el acto de nombramiento señalen la fecha de finalización o se
reduzca el presupuesto para que aquellos se reduzca o se supriman, así como lo
prevé la norma antes comentada, por ello considera este Tribunal que la
autorización establecida en el artículo 42 del Decreto 2190 de 2016 no contraviene
la Constitución ni la ley, pues es con base en esta que se da su creación, existencia
y finalización, aspectos todos atados a razones técnicas y presupues tales”.

Finalmente, en cuanto a lo señalado en la sentencia C-483 de 2020, el Tribunal
manifestó lo siguiente:

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Demandante: Albeiro Nicolás Cuello Oñate

(…) se observa que el estudio de constitucionalidad abordado en la sentencia
C-483—20 atiende únicamente a la creación de cargos temporales en leyes
especiales o de contenidos prefigurados con anterioridad, pero nada se dijo en
relación con las prórrogas de los cargos creados legalmente ni con la
autorización al contralor para reducir, refundir o suprimir los empleos
temporales, que es el tema del artículo 42 del Decreto 2190 de 2016, por lo
tanto, no existe correspondencia ni semejanzas entre las normas estudiadas
como para que pueda advertirse un asomo de inconstitucionalidad en esta
última regla, tampoco es posible advertir que refiera a la incompetencia a la que
se alude en el escrito de apelación, puesto que aquella decisión no examinó
tales aspectos ni se desprende de la lectura de esta, tales afirmaciones”.

De manera que, resulta evidente que los argumentos en que la parte actora
sustenta la acción de tutela fueron los mismos que los expuestos y debatidos en el
trámite de nulidad y restablecimiento, puntualmente, lo relacionado con la
procedencia de la excepción de inconstitucionalidad, la inaplicación del artículo 41
del Decreto 2190 de 2016 y el desconocimiento del precedente judicial de la Corte
Constitucional.

En ese sentido, el demandante no puede ejercer la acción de tutela como una
tercera instancia para insistir en los mismos hechos que fueron expuestos,
analizados y resueltos por los jueces naturales de conocimiento. Con todo, la Sala
advierte que la parte actora se encuentra en desacuerdo con las conclusiones de
los jueces de instancia, sin que ello implique que la valoración fue irrazonable, ni
habilita la interposición de la acción de tutela para insistir exactamente en los
mismos argumentos.

En tal sentido, no se cumple con el requisito general de relevancia constitucional y,
en esa medida, se impone revocar la sentencia impugnada, para en su lugar,
declarar improcedente la acción de tutela que ejerció el señor Albeiro Nicolás Cuello
Oñate contra el Juzgado 1º Administrativo de Santa Marta y el Tribunal
Administrativo del Magdalena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la decisión de primera instancia del 31 de marzo de 2023, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Primera. En su lugar:
2. Declarar improcedente la acción de tutela la acción de tutela que ejerció el
señor Albeiro Nicolás Cuello Oñate contra el Juzgado 1º Administrativo de
Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena.
3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.
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Demandante: Albeiro Nicolás Cuello Oñate

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta Ausente con permiso

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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