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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00136-00

Fecha
20 de abril de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00136-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase la improcedencia de la solicitud de tutela elevada por la señora Indira Luz Barrios Guarnizo, conforme con lo señalado en las consideraciones de este proveído. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00136-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

20 de abril de 2023

Demandante: Indira Luz Barrios Guarnizo
Demandados: Presidencia de la República y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-00136-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00136-00
Demandante: INDIRA LUZ BARRIOS GUARNIZO
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DEL
INTERIOR

Temas: Tutela de fondo – improcedencia de la acción de tutela contra
actos administrativos

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En razón a que en sesión de Sala del 23 de marzo de 2023 fue improbado el
proyecto de fallo con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate, decide la
Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la señora Indira Luz
Barrios Guarnizo en contra de la Presidencia de la República y el Ministerio del
Interior, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 16 de enero de 2023, la señora Indira Luz Barrios
Guarnizo, actuando en nombre propio, instauró la acción de tutela, con solicitud
de medida cautelar, en contra del presidente de la República y el ministro del
Interior, con el fin de que le sea amparado su derecho fundamental al debido
proceso administrativo, el cual consideró transgredido con ocasión de los
siguientes actos administrativos:

• Decreto 2593 del 23 de diciembre de 2022, expedido por el presidente de la
República y el ministro del Interior, mediante el cual se declaró la vacancia
definitiva del cargo de gobernadora encargada del departamento de Arauca por
el abandono injustificado de quien lo ocupaba y, en consecuencia, la retiró del
empleo.

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Demandante: Indira Luz Barrios Guarnizo
Demandados: Presidencia de la República y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-00136-00

• Decreto 033 del 12 de enero de 2023, suscrito por el presidente de la
República y el ministro del Interior, que decidió el recurso de reposición y
confirmó la decisión adoptada en el acto administrativo 2593 de 2022.

En consecuencia, la actora solicitó:

«Primera Principal. Teniendo en cuenta que se presenta una vulneración
de mis derechos fundamentales, frente a lo que se ha denominado como
vía de hecho, muy comedidamente solicito Anular el proceso
administrativo sancionatorio que culminó con la expedición de los
siguientes actos administrativos:

• Decreto 2593 del veintitrés (23) de diciembre de dos mil veintidós
(2022), expedido por el Señor Presidente de la República y por el
Ministerio del Interior.

• Decreto 0033 del doce (12) de enero de dos mil veintitrés (2023),
expedido por el Señor Presidente de la República y por el Ministerio del
Interior.

Primera Subsidiaria. Suspender los efectos de los siguientes actos
administrativos:

• Decreto 2593 del veintitrés (23) de diciembre de dos mil veintidós
(2022), expedido por el Señor Presidente de la República y por el
Ministerio del Interior.

• Decreto 33 del doce (12) de enero de dos mil veintitrés (2023),
expedido por el Señor Presidente de la República y por el Ministerio del
Interior.

Por el término de cuatro (04) meses, mientras la accionante acude a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para presentar la respectiva
demanda de nulidad y restablecimiento del Derecho».

2. Hechos

La parte actora narró, en síntesis, los siguientes supuestos fácticos:

Señaló que mediante el Decreto 230 de 16 de febrero de 2022, el ministro del
Interior, delegatario con funciones presidenciales, designó como gobernadora
encargada del departamento de Arauca a la accionante y se posesionó en el
cargo el 21 del mismo mes y año.

Adujo que, según las Resoluciones 2899 y 2900 del 13 de octubre de 2022, en
la condición de gobernadora, se concedió una licencia ordinaria y un permiso
desde el 15 hasta el 21 de octubre de ese año. Posteriormente, mediante el
Decreto 1195 de 13 de octubre de 2022, la actora designó como gobernador

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encargado al señor Édgar Fernando Guzmán Robles.

Sostuvo que el 16 de noviembre de 2022, la señora Lina María Garrido,
representante a la Cámara por el departamento de Arauca, y el señor Willington
Rodríguez Benavidez, diputado del mismo ente territorial, presentaron una queja
en contra de la gobernadora y ante el presidente de la República, en razón a
que aquella salió del país sin la autorización del ministro del Interior, de acuerdo
con lo normado en el artículo 117 de la Ley 2200 de 2022.

Adujo que mediante el Decreto 2305 del 24 de noviembre de 2022, el Ministerio
del Interior inició el procedimiento administrativo de abandono de cargo en
contra de la demandante.

Manifestó que por autorización expresa de la actora, las notificaciones de las
actuaciones se le remitieron por vía electrónica. El 5 de diciembre de 2022 se le
envió la queja que interpusieron en su contra y, el 13 del mismo mes y año, la
copia íntegra del expediente de la investigación administrativa, fecha esta en la
que la ciudadana presentó el escrito de defensa.

Expresó que, a través del Decreto 2593 de 23 de diciembre de 2022, el
presidente de la República y el ministro del Interior declararon la vacancia por
abandono del cargo de la gobernadora encargada del departamento de Arauca,
decisión contra la cual se interpuso el recurso de reposición, decidido por el
Decreto 033 del 12 de enero de 2023, con confirmación de lo resuelto
inicialmente.

3. Sustento de la petición

A juicio de la parte actora, la actuación que culminó con la expedición del
Decreto 033 del 12 de enero de 2023, proferido por el presidente de la
República, constituye un “defecto procedimental absoluto” porque las
accionadas actuaron por fuera del procedimiento legal establecido para el
trámite sancionatorio.

En primer lugar, adujo la violación del debido proceso porque las actuaciones
del presidente de la República y del ministro del Interior desconocieron la
presunción de legalidad de los actos administrativos, mediante los cuales la
gobernadora encargada se otorgó la licencia no remunerada.

Esbozó que, conforme con lo previsto en el artículo 117 de la Ley 2200 de 2022,
cuando un gobernador va a salir del país en “misión oficial”, debe pedirle
autorización al ministro del Interior; no obstante, “la norma no dice que cuando
un gobernador va salir del país debe solicitar permiso o licencia remunerada o
no remunerada, al Ministerio del Interior”.

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Afirmó que la Resolución 2899 de 13 de octubre de 2002, “[p]or medio de la cual
se concede una licencia ordinaria a la gobernadora designada del departamento
de Arauca”, se expidió dentro del marco legal e insistió en que no debía
solicitarle autorización a la cartera del interior, con la aclaración de que,
mediante el oficio del 13 de octubre de 2022, le comunicó a esa autoridad sobre
lo inmediatamente descrito.

Advirtió que tanto el acto administrativo mediante el cual se concedió la licencia
ordinaria como el que designó a un gobernador en encargo para que la
reemplazara, surgieron a la vida jurídica y surtieron plenos efectos, por lo que la
única autoridad que podía revocarlos era la misma gobernadora, o que se
declarara la nulidad o la suspensión provisional por parte de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

En ese orden, la falta temporal estaba debidamente justificada, y como no salió
del país en misión oficial, no había ninguna razón para que las accionadas
declararan la vacancia del cargo por abandono injustificado del mismo por falta
de autorización para ese fin.

También se quebrantó el debido proceso, ya que dentro de la actuación
administrativa no se le concedió el término para presentar alegatos de
conclusión.

Para el efecto, sostuvo que los artículos 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011,
establecen el trámite administrativo sancionatorio. El artículo 48 de dicha
codificación dispone que vencido el periodo probatorio debe concederse el plazo
de diez días para presentar los alegatos respectivos y, treinta días después de
ese momento, el funcionario competente debe emitir el acto administrativo
definitivo.

No obstante, no se le concedió esa oportunidad procesal, lo que generó como
consecuencia la configuración de una causal de nulidad del proceso, en los
términos del artículo 133 de la Ley 1564 de 2012.

Según la actora, el 13 de enero de 2023 (a las 10.37 a.m.), antes de que se le
notificara el Decreto 033 de 2023 (a la 1.05 p.m.), formuló una petición de
nulidad procesal, la cual fue rechazada por improcedente por la jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior en la misma fecha (a las
20.51 p.m.), con fundamento en que la actuación administrativa había finalizado.

Concluyó con la afirmación referente a que acudió a este mecanismo de
defensa judicial, dado que el procedimiento contencioso administrativo se
prolonga en el tiempo.

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4. Actuación procesal en primera instancia

A continuación, la Sala presentará una síntesis de las actuaciones que se
surtieron durante en el trámite de primera instancia.

4.1. De la admisión del amparo y la integración del contradictorio

Mediante auto del 18 de enero de 2023, la magistrada Rocío Araújo Oñate,
admitió la demanda de tutela, negó la medida de suspensión provisional
solicitada, así como la práctica de pruebas testimoniales.

Asimismo, se ordenó la notificación del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, del presidente de la República y del ministro del
Interior, como parte demandada, y se dispuso la vinculación en calidad de
tercero con interés, del señor Gustavo Díaz Hernández, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991.

Finalmente, se ordenó la publicación del escrito de tutela y de esa providencia
en la página web del Consejo de Estado, para que los ciudadanos interesados
comparecieran al presente trámite.

Por otro lado, por auto del 13 de marzo de 2023, se vinculó al presente trámite
al señor Willinton Rodríguez, o a quien hiciera sus veces, en calidad de tercero
con interés legítimo en el asunto de la referencia, quien presentó el escrito de
contestación el 21 del mismo mes y año.

4.2. Del sorteo de conjueces

Mediante auto del 3 de marzo de 2023, se dispuso realizar el sorteo de
conjueces, uno principal y otro suplente, para adoptar la decisión que
correspondiera. La diligencia de sorteo tuvo lugar el 15 de este mismo mes y
año, en la que resultaron designados como conjueces los doctores José Rodrigo
Vargas del Campo, como principal, y Jesús Vall de Ruten, como suplente.

4.3. El auto del 21 de marzo de 2023

El 10 de marzo de 2023, el señor Willinton Rodríguez advirtió que tiene interés
en el asunto porque es el actual gobernador encargado del departamento de
Arauca, por lo que pidió ser llamado al presente trámite. Además, solicitó que se
declarara la nulidad de lo actuado por indebida integración del contradictorio y,
consecuencialmente, se revocara el auto que ordenó el sorteo de conjueces,
entendiéndose que formuló los recursos de reposición y apelación contra esa
determinación.

La anterior solicitud permaneció en la Secretaría General de esta corporación

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mientras se surtía la fijación en lista del proceso, actuación tuvo lugar el 16 de
marzo de 2023.

Mediante auto del 21 de marzo de 2023, la magistrada Rocío Araújo Oñate
resolvió las solicitudes formuladas por el señor Willinton Rodríguez Benavides,
en el sentido de señalar que, conforme con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la indebida integración del contradictorio es una irregularidad
procesal que puede subsanarse en cualquier momento del proceso. Sin
embargo, da lugar a la declaratoria de nulidad de lo actuado, desde el auto
admisorio de la demanda, cuando se dan dos condiciones: (i) la notificación
ocurre en la segunda instancia o en sede de revisión, y (ii) así lo solicita el
interviniente (porque si actúa sin proponerla, se entiende saneada).

Se explicó que no había hay lugar a declarar la nulidad cuando el proceso se
encuentra en primera instancia y no se ha adoptado una decisión de fondo. Para
el efecto, se expuso lo siguiente:

«Por el contrario, los escenarios descritos descartan tal consecuencia cuando
la actuación se encuentra en primera instancia. La razón de esto es que
mientras no se haya adoptado una decisión de fondo por parte del a quo,
pueden ser llamados al trámite los accionados e interesados, ya sea con el
auto admisorio o mediante providencias posteriores, porque se entienden
garantizados los derechos de acceso a la administración de justicia y de
defensa y contradicción, en la medida en que tuvieron la oportunidad de
participar en el proceso -presentando argumentos y pruebas- antes de que se
dicte la sentencia de primer grado y, controvertirla, en caso de considerarlo
necesario, e incluso, solicitar la revisión de los fallos de instancia ante la Corte
Constitucional».

Adicionalmente, se concluyó que no había lugar a declarar la nulidad de lo
actuado, en tanto no se omitió ninguna actuación procesal, si se tiene en cuenta
que antes de que se adoptara una decisión de fondo se logró la vinculación del
actual gobernador encargado, quien contestó la tutela y presentó argumentos de
defensa de los actos acusados.

También se estableció que la solicitud de revocatoria del auto de 3 de marzo de
2023, bajo los recursos de reposición y apelación era improcedente, por cuanto
de los medios de impugnación eran los «mismos argumentos de la solicitud de
nulidad», y se advirtió que el sustento de lo pedido desapareció con la
vinculación del interviniente al trámite, quien contestó la tutela.

En la providencia se explicó que el auto que ordenó el sorteo de conjueces es
una actuación procesal que no está a disposición de las partes, sino que opera
en virtud de las normas legales y reglamentarias. De este modo, la notificación
del auto que ordenó el sorteo se hizo para efectos de otorgarle publicidad, pero
no porque fuere susceptible de ser controvertido por las partes a través de los

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recursos de reposición y de apelación.

Dada la finalidad de la acción de tutela, que es proteger los derechos
fundamentales y que su trámite se rige por los principios de informalidad y
celeridad, le corresponde al juez interpretar las solicitudes de las partes y
adoptar una decisión de manera eficaz y célere, absteniéndose de tramitar
solicitudes manifiestamente improcedentes o dilatorias, en los términos del
numeral 2 del artículo 43 del Código General del Proceso, aplicable por remisión
expresa del Decreto 306 de 1992.

En ese sentido, se concluyó:

«Teniendo en cuenta que, en el presente caso, desaparecieron los
fundamentos de la solicitud de nulidad porque se saneó la falta de vinculación
advertida, por sustracción de materia, también perdieron sustento los recursos
aludidos y la solicitud de revocar el auto que ordenó el sorteo de conjueces.
Lo anterior porque, se itera, el señor Willinton Rodríguez Benavides fue
llamado al proceso y presentó la contestación de la demanda. Esto significa
que darle trámite a los recursos de reposición y apelación, los cuales son
abiertamente improcedentes, implicaría una dilación manifiesta en este
proceso».

En consecuencia, se negó la solicitud de nulidad y se rechazó por improcedente
la solicitud de revocatoria del auto del 3 de marzo de 2023, así como los
recursos de reposición y el subsidiario de apelación.

Finalmente, se advirtió que no procedía ningún recurso contra esa providencia,
de modo que una vez se notificara, inmediatamente debía pasar el expediente al
despacho para proceder a adoptar la decisión correspondiente.

El auto de 21 de marzo de 2023, se notificó al peticionario y a las partes el 22
del mismo mes y año, de acuerdo con los oficios registrados en el sistema
Samai.

5. Contestaciones e intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
obrantes en el expediente digital de tutela, se presentaron las siguientes
intervenciones:

Síntesis de las respuestas e intervenciones

Entidad Síntesis
accionada o
interviniente
Presidencia Se opuso a las pretensiones de la acción y solicitó que se declare la
de la improcedencia, porque la accionante no ha acudido a la jurisdicción

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República – de lo contencioso administrativo para controvertir los actos que le
autoridad afectan.
demandada
Tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que
habilite el estudio de esta controversia a través de la acción de tutela.

En cuanto al fondo del asunto, explicó que no se vulneraron los
derechos fundamentales. En primer lugar, señaló que no se trató de
un proceso administrativo sancionatorio, sino de un procedimiento
administrativo para la declaratoria de vacancia del empleo por
abandono del cargo.

Afirmó que la petición de pruebas fue resuelta, así como los recursos
interpuestos, sin que se hubiere solicitado la nulidad de lo actuado.
Tal pretensión solamente se formuló cuando se expidió la decisión
definitiva, es decir, era extemporánea.

Refirió que para esta actuación administrativa no está previsto el
periodo de alegatos de conclusión.

Finalmente, en cuanto a la aplicación del artículo 117 de la Ley 2200
de 2022, explicó que la entidad acudió a los métodos de
interpretación finalista, histórica y sistemática de la norma, todo para
concluir que la autoridad competente para decretar las faltas
temporales, incluyendo las licencias y permisos es el Gobierno
Nacional, bien sea a través del Ministerio del Interior o directamente
por el presidente de la República.

En este caso, dichas autoridades expidieron los actos administrativos
objeto de esta acción de tutela. Adicionalmente, la determinación de
separarla del cargo por abandono del mismo también se basó en el
concepto del 23 de noviembre de 2022 de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado.
Ministerio del La jefa de la Oficina Asesora Jurídica, de una parte, se opuso a las
Interior – pretensiones del amparo y solicitó que se declare la improcedencia de
autoridad la acción porque la demandante puede acudir ante la jurisdicción de
demandada lo contencioso administrativo, sin que resulte válido el argumento de
que no agota ese mecanismo porque existe mora judicial. Agregó que
tampoco se está en presencia de un perjuicio irremediable.

De otra parte, sostuvo que no se vulneró el debido proceso porque la
actuación administrativa que se adelantó se hizo con la
comparecencia de la exgobernadora, quien recibió el expediente,
solicitó la práctica de pruebas y presentó los correspondientes
descargos.

Añadió que la determinación de separarla del cargo por abandono del
mismo también se basó en el concepto del 23 de noviembre de 2022
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Para
finalizar, argumentó que la decisión que se impugna por vía de tutela
se sustentó en las previsiones normativas del artículo 117 de la Ley
2200 de 2022. En este punto presentó consideraciones similares a los
de la Presidencia de la República.
Federación Presentó un escrito de coadyuvancia a las razanos de la
Nacional de demandada, para el efecto, explicó que el artículo 117 de la Ley
Departamentos 2200 de 2022 exige la autorización del Ministerio del Interior para los

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-interviniente gobernadores que viajen al extranjero en misión oficial, por lo que
mal podía exigírsele tal condición a la demandante.

En consecuencia, no había lugar a declarar el abandono del cargo,
porque su ausencia estaba soportada en la licencia ordinaria y el
permiso que se concedió la misma ciudadana mediante las
Resoluciones 2899 y 2900 de 2022.

Agregó que debería valorarse que la ausencia de la peticionaria no
afectó la administración pública por lo que la sanción es
desproporcionada.

Para finalizar, insistió en que el Gobierno Nacional no es el superior
jerárquico de los gobernadores por lo que no estaba facultado para
adelantar el trámite administrativo de la declaratoria de abandono del
cargo.
Elvin Joney Afirmó que la acción es procedente, toda vez que el medio de
Abril Guerrero defensa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es
– ciudadano idóneo ni eficaz para otorgar la protección que se solicitó, porque
residente en el falta menos de un año para que termine el periodo constitucional de
municipio de la exgobernadora encargada.
Arauca –
intervención Hizo un recuento de las actuaciones que finalizaron con la
ciudadana declaratoria de la vacancia del cargo de la gobernadora encargada
por el abandono del mismo. En concreto, resaltó que a la ex
gobernadora se le negó la práctica de dos pruebas testimoniales de
versión libre y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil y
de la Federación Colombiana de Departamentos. Según el
interviniente, esto vulneró el debido proceso y el derecho de defensa
de la accionante.

Argumentó que la determinación adoptada por el presidente de la
República violó los principios de legalidad y tipicidad “ya que
interpuso una sanción sustentándose en una interpretación extensiva
y deformatoria del artículo 117 de la Ley 2200 de 2022, sin reconocer
que la conducta que origina la sanción debe encontrarse establecida
previamente en la Ley, y cuya interpretación ya había sido objeto de
pronunciamientos por parte de otra Autoridad como lo es la
Procuraduría General de la Nación”.

Advirtió la vulneración del debido proceso porque el Decreto 2593 de
2022 se le notificó a la accionante sin que estuvieran las páginas
completas, lo que le impidió conocer la totalidad de la decisión.

Finalmente, consideró que la decisión que se acusa desconoció el
derecho al trabajo de la accionante, así como los “derechos a elegir y
ser elegido” tanto de la señora Barrios Guarnizo como de los
habitantes del departamento de Arauca.
Gustavo Díaz Solicitó que se declare la improcedencia de la acción o, en su
Hernández – defecto, se nieguen las pretensiones del amparo. Argumentó que la
intervención demandante puede acudir al medio de control de nulidad y
ciudadana restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011. Además, en ese escenario judicial cuenta con las
medidas cautelares del artículo 231 ídem.
La demandante no se encuentra ante un perjuicio irremediable que
habilite al juez constitucional para estudiar la controversia planteada
y desplazar al juez natural.

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De otra parte, explicó que no se le vulneraron los derechos
fundamentales a la exgobernadora, en tanto que el Gobierno
Nacional aplicó la consecuencia prevista en el artículo 127 de la Ley
2200 de 2022. Esto porque la señora Barrios Guarnizo salió del país
sin que mediara la autorización del Ministerio del Interior.

Agregó que tampoco se le violó derecho alguno al no correrle
traslado para presentar alegatos de conclusión, porque no se trató de
un trámite sancionatorio sino de una actuación administrativa que
surgió a propósito del abandono del cargo.

Finalmente, indicó que la petición de la actora sobre el saneamiento
del proceso era extemporánea ya que existía una determinación de
fondo.
Ramiro Silva Solicitó que, en aplicación del artículo 67 del Código de
Rodríguez – Procedimiento Penal, se ponga en conocimiento de la autoridad
intervención competente los actos que podrían configurar conductas penales,
ciudadana disciplinarias o fiscales por parte de la ex gobernadora Barrios
Guarnizo. Lo anterior, con base en una noticia que adjuntó al escrito
de intervención, en la cual se denuncian supuestos favorecimientos
de la accionante a particulares, en el otorgamiento de contratos
estatales. Mediante escrito posterior, envió un enlace de un
programa radial en el que se alude al presente caso.
Lina María La representante a la Cámara, a través de su apoderado, se opuso a
Garrido las pretensiones de la accionante y solicitó que se declare la
Martínez – improcedencia del recurso de amparo.
representante
a la Cámara Explicó que el trámite que culminó con la declaratoria de abandono
por el del cargo no es de carácter sancionatorio ni disciplinario, sino
departamento administrativo.
de Arauca
Manifestó que los actos que acusa la actora pueden ser
controvertidos a través de otro mecanismo judicial. En este punto
resaltó que la acción de tutela es improcedente para cuestionar actos
administrativos a menos que se esté en presencia de un perjuicio
irremediable, lo cual no ocurre en este caso.

Concluyó con la defensa de la legalidad de la actuación que
adelantaron las accionadas porque se salvaguardó el debido
proceso.
Érika Shirley A través de distintos escritos, la ciudadana remitió las “publicaciones
Silva de la accionante, que en mi criterio irrespetan a la noble corporación
Rodríguez – al insinuar el conocimiento por adelantado de los pronunciamientos
intervención de la sección, donde, además, la accionante se muestra sin
ciudadana ambages y en toda la dimensión de su catadura moral”. A partir de lo
anterior, expresó que en el presente proceso “hay denuncias que se
debieran investigar sobre posibles intentos de sobornas para
conseguir decisión favorable por la accionante”.

Para finalizar, explicó que a la actora no se le vulneró ningún
derecho fundamental porque durante el trámite administrativo se
comprobó que abandonó el cargo, además presentar la defensa y
ejercer los recursos de ley.
Willinton Se opuso a las pretensiones, bajo el argumento de que la acción es
Rodríguez improcedente por carencia actual de objeto, ya sea por hecho
Benavides – superado o daño consumado, en la medida en que la demandante

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gobernador fue expulsada del partido político Cambio Radical, por haber
encargado del incumplido los Estatutos y el Reglamento Interno de esa colectividad,
departamento decisión quedó en firme el 10 de marzo de 2023, sin que la
de Arauca interesada propusiera recursos.

Advirtió que la acción de tutela no procede contra actos
administrativos porque para controvertirlos están dispuestos los
medios de control legales. Ello máxime si se tiene en cuenta que la
actuación administrativa no le vulneró el debido proceso a la
demandante, ya que se adelantó bajo los parámetros
constitucionales y legales. En este punto, insistió que la señora
Barrios Guarnizo abandonó el cargo al salir del país por más de
cinco días sin permiso del ministro del interior. Agregó que, en este
caso, tampoco se está ante un perjuicio irremediable que habilite la
procedencia del amparo como mecanismo transitorio.

Afirmó que existe un daño consumado porque el cargo de
gobernador encargado del departamento de Arauca, actualmente es
desempeñado por el interviniente.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19911 y el numeral 2° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20152, modificado por el Decreto 333 de
2021, y con el Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado.

2.2. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio corresponde establecer si la Presidencia de la
República y el Ministerio del Interior con la expedición de los actos
administrativos que declararon la vacancia definitiva del cargo de gobernadora
encargada del departamento de Arauca por abandono, vulneraron el derecho
fundamental al debido proceso, por cuanto, en criterio de la actora, configuran
un «defecto procedimental absoluto», en la medida en que las autoridades
administrativas demandadas actuaron por fuera del procedimiento legal
establecido para ese propósito.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela y, la ii) improcedencia de la tutela contra
actos administrativos y, iii) el caso concreto.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política.”
2 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del

Derecho.”

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Demandante: Indira Luz Barrios Guarnizo
Demandados: Presidencia de la República y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-00136-00

2.3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un
mecanismo para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia
contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19913, entre otros motivos, la
relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar
la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado.

Esta causal de improcedencia tiene una salvedad: cuando la solicitud de amparo
se eleva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y
cuando las circunstancias que invoca se acrediten al menos sumariamente.

2.4. Improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra como presupuesto de
procedencia de la acción de tutela que “el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que ante la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a estos y no a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean
protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales
contempladas en el ordenamiento jurídico ni pretender que el juez de tutela
adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado
asunto radicado bajo su competencia4.

3 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política''.
4 En sentencia T-313 del 01.04.2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la

Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales
que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales,
en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el
requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos
de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”

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Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

Ahora bien, en cuanto a la procedencia de la acción de tutela para cuestionar la
legalidad de actos administrativos, la Corte Constitucional5 ha señalado lo
siguiente:

«la jurisprudencia constitucional ha reiterado que, por regla general, la
acción de tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los
actos administrativos, en razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria
de este mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga razonable
de acudir previamente, a través de los respectivos medios de control, ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de solucionar los
conflictos con la Administración y proteger los derechos de las personas.

En este sentido, la Corte manifestó en la Sentencia T – 030 de 2015: “[q]ue
conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este
mecanismo el medio adecuado para controvertir las actuaciones
administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de
tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción
contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable
[…]».

A partir de tales lineamientos, es claro que para cuestionar la legalidad de actos
administrativos se deben emplear los medios de control consagrados en la Ley
1437 de 2011, dada la naturaleza residual y subsidiaria del mecanismo de
amparo, salvo en el evento en que se interponga para evitar la consumación de
un perjuicio irremediable.

2.5. El caso concreto

En la demanda de tutela, la actora solicitó la protección del derecho al debido
proceso, en consideración a que con la expedición de los actos administrativos
contenidos en los Decretos 2593 del 23 de diciembre de 2022 y 033 del 12 de
enero de 2023, expedidos por el presidente de la República y el ministro del
Interior, mediante los cuales, respectivamente, se declaró la vacancia definitiva
del cargo de gobernadora encargada del departamento de Arauca por el
abandono injustificado, en consecuencia, la retiró del empleo, y se resolvió el
recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión inicial.

5 Corte Constitucional, ver entre otras, las sentencias T-198 de 2006, T-1038 de 2007, T-992 de

2008, T-866 de 2009.

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Como fundamento de la vulneración, adujo que, conforme con lo previsto en el
artículo 117 de la Ley 2200 de 2022, cuando un gobernador va a salir del país
en «misión oficial», debe pedirle autorización al ministro del Interior, pero,
comoquiera que no salió del territorio nacional con esa finalidad, es claro que no
debía solicitar el permiso a la citada autoridad.

Afirmó que la Resolución. 2899 de 13 de octubre de 2002, “[p]or medio de la
cual se concede una licencia ordinaria a la gobernadora designada del
departamento de Arauca”, se expidió dentro del marco legal, razón por la que no
debía solicitarle autorización a la cartera del interior; sin embargo, manifestó
que, mediante oficio del 13 de octubre de 2022, le comunicó a esa autoridad
sobre su salida del país.

También adujo que dentro de la actuación administrativa no se le concedió el
término para presentar alegatos de conclusión, omisión que fue constitutiva de
una causal de nulidad procesal, en los términos del artículo 133 de la Ley 1564
de 2012, sin que fuera resuelta en debida forma.

En ese contexto, es claro que la presunta vulneración del derecho fundamental
invocado parte de la premisa de discutir la presunción de validez y legalidad de
un acto administrativo debidamente ejecutoriado, para cuyo propósito debe
hacer uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, en el que podrá solicitar
el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de la decisión
controvertida, tal como lo prevé el artículo 231 ibidem.

Por otro lado, la actora no manifestó haber interpuesto la acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, y
de esta forma habilitar la procedencia excepcional de la acción de tutela, aunado
a que con el escrito de la demanda no se aportó alguna prueba tendiente a
acreditarlo, ya que solo señaló que el proceso contencioso administrativo se
prolonga en el tiempo.

Al respecto, la Sala advierte que tal suposición es carente de fundamento válido,
pues, aunque es un hecho notorio la congestión en el trámite de los distintos
procesos en la Rama Judicial debido a los problemas estructurales en su
funcionamiento, lo cierto es que el ordenamiento legal prevé la medida cautelar
de suspensión provisional de los actos administrativos, la cual se erige como un
mecanismo idóneo y célere para el fin perseguido por la actora.

La acción de tutela tiene una naturaleza residual ante la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial, lo que de suyo presupone que no es posible el
ejercicio concomitante de distintas acciones para lograr un mismo propósito,
pues ello implica un desgaste innecesario de la administración de justicia.

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Por consiguiente, es claro que el mecanismo de amparo no supera el requisito
de subsidiariedad ante la consagración en el ordenamiento jurídico de otro
instrumento idóneo para cuestionar la legalidad los administrativos ya referidos,
aunado al hecho de que no se adujo ni se demostró la configuración de un
perjuicio irremediable el cual, en todo caso, puede ser sustento de una medida
cautelar dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el acto cuestionado a través de esta acción.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
promovida por la señora Indira Luz Barrios Guarnizo, debido a que cuenta con
otro mecanismo de defensa judicial idóneo para reclamar la protección de las
garantías constitucionales que considera conculcadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase la improcedencia de la solicitud de tutela elevada por la
señora Indira Luz Barrios Guarnizo, conforme con lo señalado en las
consideraciones de este proveído.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(salva voto)

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

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Demandados: Presidencia de la República y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-00136-00

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
(salva voto)

JOSÉ RODRIGO VARGAS DEL CAMPO
Conjuez
(aclara voto)

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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