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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00164-00

Fecha
16 de febrero de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00164-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Institución Universitaria de Colombia y RECONOCERLA como coadyuvante en el presente trámite constitucional. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor Michael Andrés Morales Mesa, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: de no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00164-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

16 de febrero de 2023

Demandante: Michael Andrés Morales Mesa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00164-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00164-00
Demandante: MICHAEL ANDRÉS MORALES MESA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE
LA JUSTICIA

Tema: Tutela contra acto administrativo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda presentada por el
señor Michael Andrés Morales Mesa contra el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

2. A través de escrito radicado el 16 de enero de 2023 en la Secretaría General
del Consejo de Estado, el señor Michael Andrés Morales Mesa, actuando en nombre
propio, instauró acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con el fin de
que le sean amparados sus “derechos fundamentales de petición y libre desarrollo
de la personalidad”.

3. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la omisión por parte del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia en expedir su tarjeta
profesional de abogado “sin ninguna restricción ni fecha de caducidad”.

1.2. Pretensión

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

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Demandante: Michael Andrés Morales Mesa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00164-00

“PRIMERO: De manera respetuosa y en virtud del principio de favorabilidad y
el derecho al libre desarrollo de la profesión, consagrada en el artículo 26
constitucional solicito al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de abogados y auxiliares de la Justicia, me sea expedida mi tarjeta
profesional de ABOGADO sin ninguna restricción ni fecha de caducidad, ya que
con base en la ley 1905 de 2018, en sus artículos 2 y 3 respectivamente, no
sería aplicable la norma ya que como es claro la ley aplica a partir de su
promulgación.

SEGUNDO: Se me reconozca mi derecho a libre desarrollo a la profesión, el
principio de favorabilidad e irretroactividad de la ley toda vez que la aplicación
de la ley 1905 del 2018 es hacia futuro y el hecho de haber iniciado mis estudios
en el año 2014 supone una adquisición de ciertos derechos bajo el entendido
de la norma anterior (PSAA10-7543 DE 2010, artículo 13) donde no se
especifica que deba presentarse un examen de superioridad para acreditar el
ejercicio de la profesión de abogado.” (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El 17 de febrero de 2014, el señor Morales Mesa inició sus estudios en
Derecho en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, claustro
en donde cursó hasta quinto semestre del programa.

6. El 4 de julio de 2019, ingresó a segundo período académico de la carrera de
Derecho en la Institución Universitaria de Colombia mediante un proceso de
homologación. Una vez cursó y aprobó de manera satisfactoria las asignaturas
requeridas, el 29 de junio de 2022, dicha entidad le otorgó el título profesional de
abogado, mediante el acta de grado N.º 5708.

7. El 5 de julio de 2022, vía correo electrónico, el tutelante solicitó ante el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, la inscripción y expedición de su tarjeta profesional de
abogado y adjuntó los documentos requeridos para ello. Ante la falta de trámite, el
1.º de agosto siguiente el demandante remitió nuevamente la petición en cuestión.

8. El 2 de septiembre de 2022, la autoridad accionada efectuó la inscripción
como abogado del señor Morales Mesa en la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, mediante Acta de Registro N.º 18121. De tal
forma, se le asignó la tarjeta profesional provisional N.º 390345, con vigencia hasta
el 30 de abril de 2024. Lo anterior, de conformidad con la Ley 1905 de 2018 y el
Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022.

9. El 9 de septiembre de 2022, el tutelante radicó una petición ante el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares

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Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
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de la Justicia mediante la cual solicitó que fuera expedida su tarjeta profesional de
abogado “sin ninguna restricción ni fecha de caducidad”. En este escrito manifestó que,
conforme con los artículos 2 y 3 de la Ley 1905 de 2018, esta norma no sería
aplicable a su situación en particular.

10. El 14 de octubre de 2022, la entidad demandada dio respuesta a la petición
del accionante y le indicó que la Institución Universitaria de Colombia había
informado que sus estudios iniciaron el 4 de julio de 2019:

“y que no adelantó homologación alguna, razón por la cual, esta Unidad expidió
la Tarjeta Profesional con vigencia provisional; para realizar la respectiva
modificación, la Universidad debe allegar a esta Unidad la información de la
homologación de su carrera de Derecho que inició en la Universidad de
Ciencias Aplicadas y Ambientales”

1.4. Sustento de la vulneración

11. El demandante expuso que el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022 no es
aplicable a su situación en particular, toda vez que tal norma rige “para las carreras
profesionales de Derecho que se inician a partir de la promulgación y entrada en vigencia
de la ley 1905 de 2018”.

12. Indicó que en la respuesta a su petición elevada el 9 de septiembre de 20221,
la entidad accionada no tuvo en cuenta los anexos que envió como constancia de
su proceso de homologación y de haber empezado sus estudios en el año 2014. Al
respecto agregó que le “respondieron (…) que la universidad no indicó que hubiera
adelantado homologación alguna”.

13. Sostuvo que la Institución Universitaria de Colombia le comunicó que, en
estos casos, únicamente se envía un listado general para que el Consejo Superior
de la Judicatura expida las tarjetas profesionales sin que se tuviera en cuenta su
caso en concreto “como homologado para la no aplicación de la ley 1905 – 2018”.

1.5. Trámite de la acción de tutela

14. A través de auto del 20 de enero de 2023, la magistrada ponente de esta
sentencia, admitió la tutela, ordenó notificar a la parte actora, así como al Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia como autoridad demandada y vinculó a la Universidad de Ciencias
Aplicadas y Ambientales U.D.C.A y a la Institución Universitaria de Colombia en
calidad de terceros con interés legítimo.

1 Recibida por el accionante el 14 de octubre de 2022.

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1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia

15. Por medio de escrito enviado el 26 de enero de 2023 al correo electrónico de
la Secretaría General del Consejo de Estado, la entidad se opuso a las pretensiones
de la acción constitucional por considerar que no existe una vulneración o amenaza
que se origine en alguna acción u omisión de la entidad.

16. Señaló que la Institución Universitaria de Colombia, mediante oficio del 11 de
julio de 2022 y suscrito por la Coordinadora de Registro y Control Académico,
informó que el señor Morales Mesa inició la carrera de Derecho el 4 de julio de 2019,
es decir, después de la expedición de la Ley 1905 de 2018. Agregó que el
accionante finalizó sus estudios el 29 de junio de 2022.

17. Adujo que, en este orden de ideas y de conformidad con el Acuerdo N.º
PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, se inscribió en el registro de abogados
al demandante y se le asignó la tarjeta profesional de abogado con vigencia
provisional N.º 390.345, mediante el Acta N.º 18121 del 2 de septiembre de 2022.
Afirmó que llevó a cabo el trámite pertinente relacionado con el envío del plástico
del documento en cuestión, por medio del servicio de correo certificado de la
Empresa 4-72 Servicios Postales Nacionales de Colombia S.A.

18. Argumentó que el artículo 3 de dicho acuerdo, le exige:

“asegurar la autenticidad, fidelidad y actualidad del Registro Nacional de
Abogados, por lo que se efectúan cotejos de información directamente con las
Universidades, de allí, teniendo en cuenta que la Institución Universitaria de
Colombia reportó en repetidas ocasiones la misma fecha de inicio de carrera de
Derecho Dr. MICHAEL ANDRÉS MORALES MESA, esto es “04/07/2019”, sin
indicar con claridad algún proceso administrativo de transferencia externa
o interna o proceso de homologación del accionante, por lo cual esta
Dirección con base a la información suministrada por la Universidad, desplegó
las actuaciones que le correspondían bajo la normatividad vigente, expidiendo
al accionante la Tarjeta Profesional con Vigencia Provisional No. 390.345”.
(Negrillas originales del texto)

19. Indicó que “la única forma de definir la vigencia” del documento en cuestión,
“recae sobre la información clara y concreta que suministre directamente la Institución
Universitaria de Colombia”.

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20. En relación con la solicitud elevada el 29 de septiembre de 2022, expuso que
el 14 de octubre de 2022 se dio respuesta al correo electrónico
morales6101@hotmail.com del accionante y que se le brindó la siguiente
información:

“se le indicó sobre la información suministrada por la Institución Universitaria de
Colombia que motivó la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado con
Vigencia Provisional No. 390.345, adicionalmente se le advirtió que para realizar
la modificación solicitada en la vigencia de la Tarjeta Profesional de Abogado,
es la Universidad la que debe allegar la información relacionada con la
homologación”.

1.6.2. Institución Universitaria de Colombia

21. A través de mensaje de datos remitido el 26 de enero de 2023, el rector de
la entidad solicitó que fuera desvinculada “por pasiva como accionados vinculados de
oficio de la presente tutela, por haber cumplido con lo prestado por el ordenamiento jurídico
en tiempo oportuno”. A su vez, manifestó que coadyuvan la pretensión del accionante.

22. Informó que la institución educativa cuenta con un programa académico que
posibilita que “el ingreso, curso y aprobación por parte del estudiante que se matricula en
el programa académico de Derecho aprobado por el MEN, se culmine en 3 años y 4 meses”.

23. Sostuvo que coadyuva a que se tutelen los derechos fundamentales
invocados por el accionante y que se acceda a su pretensión de expedir su “ tarjeta
profesional definitiva de abogado”. Agregó lo siguiente:

“además, la Institución Universitaria de Colombia no está vulnerando los
derechos fundamentales a la accionante, en razón a que efectivamente en
tiempo oportuno la Institución Universitaria con fecha de julio de 2022, a los
correos electrónicos regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co,
wrincons@cendoj.ramajudicial.gov.co, de la oficina UNIDAD DE REGISTRO
DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA, CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA, así mismo se envió el listado de los homologados, donde
aparece el nombre del accionante”.

24. Arguyó que “los administradores de justicia sólo están sometidos al imperio de la
ley; la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho”, por lo que
consideró que deben seguir lo dispuesto por la sentencia de tutela del 4 de agosto
de 20222, proferida por esta Sala de Decisión. De tal forma, citó el siguiente
apartado de la parte resolutiva de dicho fallo:

“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de la señora Elizabeth
Jaramillo Rodríguez.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 04.08.22.

M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Rad: 11001-03-15-000-2022-00164-00.

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SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENA al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir la
notificación de esta providencia, si no lo ha hecho, proceda a expedir la tarjeta
profesional de abogado de la señora Elizabeth Jaramillo Rodríguez, dado que,
desde el 6 de mayo de 2022 radicó los documentos requeridos, publicados y
enlistados en la página web para la expedición de su tarjeta.

TERCERO: PREVENIR al Consejo Superior de la Judicatura, para que, en lo
sucesivo, se abstenga de exigir el requisito consagrado en la Ley 1905 de 2018,
hasta tanto, se pueda materializar la presentación del examen de la conforme a
las consideraciones expresadas en el proyecto”.

25. Remitió un documento en el que se acredita que el 26 de enero de 20233,
informó a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
que el señor Morales Mesa ingresó a la institución el 4 de julio de 2019, mediante
un proceso de homologación iniciado el 29 de junio del mismo año. De tal forma,
puso de presente a la accionada que el demandante ingresó a segundo período
académico.

1.6.3. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales

26. Mediante correo electrónico enviado el 30 de enero de 2023, el representante
legal de la institución informó que el señor Morales Mesa “estuvo cursando materias
en el Programa de Derecho de esta Universidad entre el periodo 2014-I y el periodo 2016-
I” y que “en los cinco periodos cursados aprobó 33 de las 34 materias registradas”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

27. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda
presentada por el señor Michael Andrés Morales Mesa de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021.

28. Lo anterior, dado que uno de los accionados al interior del presente trámite
es el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia, y le corresponde al Consejo de Estado y a la Corte
Suprema de Justicia conocer de las solicitudes de amparo que se presenten contra
esa autoridad.

3 Remitido a los siguientes correos electrónicos institucionales:
jhurtadof@cendoj.ramajudicial.gov.co y regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co

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2.2. Cuestión previa

29. La Institución Universitaria de Colombia solicitó su desvinculación del trámite
constitucional, al considerar que ha cumplido con lo dispuesto por el ordenamiento
jurídico; no obstante, la Sala advierte que esta petición será negada, pues la entidad
fue vinculada en calidad de tercero con interés en el resultado del proceso.

30. A su vez, dicha institución manifestó que coadyuva las pretensiones de la
parte actora. La Sala accederá a reconocerla como coadyuvante, dado su interés
en la decisión que se adopte en el presente trámite.

2.3. Problema jurídico

31. Tomando en consideración los hechos expuestos, las pretensiones elevadas
por el demandante, el material probatorio recaudado y los informes allegados por la
entidad accionada y las vinculadas, corresponde a esta Sala resolver los siguientes
problemas jurídico:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela?

32. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el
interrogante:

• ¿El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia vulneró los derechos invocados en el
escrito de tutela al expedir la tarjeta profesional provisional de abogado del
señor Morales Mesa?

33. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán i)
generalidades de la acción de tutela; ii) improcedencia de la acción de tutela contra
actos administrativos; y iii) análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

34. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

35. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado
que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de
los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo

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anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir,
cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable4.

2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos de control ante el juez contencioso
administrativo

36. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley
2591 de 1991.

37. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de
cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la
jurisprudencia.

38. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia5.

39. El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991,
de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales
fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela,
pues todos los mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de
aquellos y todos los operadores judiciales deben fungir como jueces de
convencionalidad, de constitucionalidad y legalidad.

4 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
5 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución

y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones.”

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40. Por tanto, esta Sala reitera6 su posición en el sentido de que la jurisdicción de
lo contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las
controversias que se puedan suscitar con respecto a un acto administrativo, en
atención a la existencia del medio de control de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el cual se pueden pedir medidas cautelares en los
términos de los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

41. En determinadas oportunidades, la existencia de otro mecanismo de defensa
judicial no resulta eficaz en consideración al enfoque bajo el cual se resuelven, toda
vez que se puede dar el caso en que tal transgresión sea el producto de una decisión
administrativa que, a la luz del ordenamiento contencioso, se encuentre revestida
de legalidad y, sin embargo, en la práctica vulnere el contenido constitucionalmente
vinculante de derechos de rango superior o resulte abiertamente arbitraria o
discriminatoria. En esos casos, la tutela se torna procedente para precaver la
eventual conculcación de estas garantías de orden superior.

2.6. Caso concreto

42. El 5 de julio de 2022, el señor Michael Andrés Morales Mesa radicó ante el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y -
auxiliares de la Justicia, una petición mediante la cual requirió la inscripción y
expedición de su tarjeta profesional de abogado.

43. El 2 de septiembre siguiente, la demandada efectuó la inscripción del señor
Morales Mesa como abogado en la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, mediante el Acta de Registro N.º 18121 de 2022. Se le
asignó la tarjeta profesional provisional N.º 390345, con vigencia hasta el 30 de abril
de 2024. A continuación, se relaciona el documento en cuestión:

6 Contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del
Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-
33-000-2015-00440-0; del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-000-
2016-00293-01 y; del 27 de mayo de 2021. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2021-
01934-00.

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44. El 9 de septiembre de 2022, el tutelante radicó una petición ante la accionada
mediante la cual solicitó que fuera expedida su tarjeta profesional de abogado “ sin
ninguna restricción ni fecha de caducidad”. En este escrito manifestó que, conforme
con los artículos 2 y 3 de la Ley 1905 de 2018, esta norma no sería aplicable a su
situación en particular, dado que inició sus estudios el 17 de febrero de 2014 en la
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA y el 4 de julio de 2019
ingresó a la Institución Universitaria de Colombia mediante un proceso de
homologación.

45. El 14 de octubre de 2022, la entidad demandada dio la siguiente respuesta
vía correo electrónico7:

“De manera atenta, se informa que la Institución Universitaria de Colombia
informó que usted inició la carrea de Derecho en dicha institución el 4/07/2019
y que no adelantó homologación alguna, razón por la cual, esta Unidad expidió
la Tarjeta Profesional con vigencia provisional; para realizar la respectiva
modificación, la Universidad debe allegar a esta Unidad la información de la
homologación de su carrera de Derecho que inició en la Universidad de
Ciencias Aplicadas y Ambientales”.

46. El señor Morales Mesa solicitó el amparo de sus derechos fundamentales por
los motivos expuestos en los numerales 11 – 13 de la presente providencia y solicitó
que se expidiera su tarjeta profesional de abogado “sin ninguna restricción ni fecha de
caducidad”.

47. En este orden de ideas, se advierte que el Acta de Registro N.º 18121 de
2022 del 2 de septiembre de 2022 constituye un acto administrativo definitivo, en la
medida en que decidió directamente la situación del señor Morales Mesa
relacionada con la expedición de la tarjeta profesional solicitada y determinó que
ese documento debe tener una vigencia provisional, de conformidad con la Ley 1905
de 2018 y el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022.

48. En tal sentido, la Sala advierte que reiterará la postura que adoptó en la
sentencia del 27 de octubre de 20228 en un proceso con presupuestos fácticos
análogos y declarará la improcedencia de la presente acción constitucional por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad, al tratarse de una tutela dirigida contra
un acto cuyo control corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

49. En efecto, al existir un acto de carácter definitivo, el demandante cuenta con
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la
legalidad del acto cuestionado. Esto pues, conforme con lo expuesto por la parte

7 La respuesta fue remitida al correo morales6101@hotmail.com, el 14 de octubre de 2022, tal como

consta en los anexos allegados por la entidad accionada junto con su contestación de demanda.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 27.10.22.

M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad: 11001-03-15-000-2022-05289-00.

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Demandante: Michael Andrés Morales Mesa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00164-00

actora, los motivos de su inconformidad están dirigidos a controvertir la legalidad
del Acta de Registro N.º 18121 de 2022 del 2 de septiembre de 2022, en la medida
en que esta definió la situación del accionante en relación con la expedición de su
tarjeta profesional. Por tal motivo, al existir un mecanismo judicial idóneo para la
defensa de los derechos del señor Morales Mesa, la presente acción constitucional
se torna improcedente.

50. En jurisprudencia reiterada9, la Corte Constitucional ha señalado que la acción
de tutela procede excepcionalmente como mecanismo para la protección de
derechos fundamentales que puedan resultar vulnerados o amenazados por la
expedición de actos administrativos.

51. El Alto Tribunal ha indicado que, en estos casos, el amparo opera como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable,
evento en el que el juez de tutela podrá suspender el acto censurado mientras se
surte el respectivo proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por
tanto, ha señalado que el accionante debe acreditar la necesidad de la medida para
evitar la consumación de aquel daño, por lo que está en la obligación de probar que:
i) se está ante un perjuicio grave e inminente; ii) se requieren medidas urgentes e
impostergables para superar el daño.

52. Sobre el particular, se advierte que el señor Morales Mesa no expuso ningún
argumento relacionado con la configuración de un perjuicio irremediable o con la
necesidad de establecer una medida de carácter inminente, urgente e
impostergable que posibilite desconocer el ejercicio del mecanismo judicial otorgado
por el ordenamiento jurídico. Por tanto, no es posible que esta Sección, como juez
constitucional, decida sobre el fondo del asunto en cuestión.

53. Ahora bien, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el accionante puede solicitar al juez contencioso administrativo que
decrete medidas cautelares, las cuales representan un medio idóneo que permiten
defender sus derechos de manera eficaz, si considera que el proceso puede tomar
mucho tiempo para adoptar una decisión de fondo. Lo anterior, de conformidad con
los artículos 229 a 241 de la Ley 1437 de 201110.

9 Ver, entre otras sentencias: Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-851 del 12.11.14.,

M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Exp: T-4.370.918; Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión,
Sentencia T-161 del 10.03.17., M.P. (E) José Antonio Cepeda Amarís. Exp: T-5769057; Corte Constitucional,
Sala Octava de Revisión, Sentencia T-442 del 13.07.17., M.P. Alberto Rojas Ríos. Exp: T-6.028.205; Corte
Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-236 del 30.05.19., M.P. Diana Fajardo Rivera. Exp: T-
7.132.435
10 “Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante

esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a
petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el
objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00164-00

54. Por último, es necesario poner de presente que, si bien la Institución
Universitaria de Colombia adujo que el caso en concreto debía regirse conforme
con los parámetros establecidos por esta Sala mediante la sentencia de tutela del 4
de agosto de 202211, lo cierto es que los presupuestos fácticos de la situación objeto
de estudio no son análogos a los de la providencia aludida. Ello, por lo siguiente:

i. En el asunto estudiado en aquella ocasión, no se había expedido un acto
administrativo definitivo por parte de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, pues lo alegado era la falta de trámite, por
parte de la entidad, en la expedición de la tarjeta profesional de la parte actora.

ii. En la fecha en que se profirió la sentencia, el Consejo Superior de la Judicatura
no había expedido el Acuerdo PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, norma
que reglamenta, entre otros asuntos, el trámite para la expedición de la tarjeta
profesional provisional de abogado.

55. En virtud de lo expuesto, no es procedente la intervención del juez de tutela
en el caso en concreto, pues no se encuentra superado el requisito de
subsidiariedad.

Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los
derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser preventivas,
conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones
de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes
medidas:
1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la
conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo
acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que
dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las
condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el
procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto
de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.
Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole
discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la
decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el
efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios
establecidos para ello en el ordenamiento vigente.
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto
administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas
en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del
acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las
pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la
indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos”.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del
04.08.22. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Rad: 11001-03-15-000-2022-00164-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00164-00

2.7. Conclusión

56. Por todo lo anterior, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia del
mecanismo constitucional por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, al
tratarse de una tutela dirigida contra un acto administrativo de contenido definitivo.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Institución Universitaria de
Colombia y RECONOCERLA como coadyuvante en el presente trámite
constitucional.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el
señor Michael Andrés Morales Mesa, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: de no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

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Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00164-00

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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