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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00166-00

Fecha
9 de febrero de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00166-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: RECONOCER al abogado Plinio Plinio Serna como apoderado de la señora Rosa María Tapia Cifuentes. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por la señora Rosa María Tapia Cifuentes contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00166-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

9 de febrero de 2023

Demandante: Rosa María Tapia Cifuentes
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00166-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00166-00
Demandante: ROSA MARÍA TAPIA CIFUENTES
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial – defectos sustantivo,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente. Declara la improcedencia de la acción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Resuelve la Sala la acción de tutela formulada por la señora Rosa María Tapia
Cifuentes contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Rosa María Tapia Cifuentes, por conducto de apoderado judicial1,
el 16 de enero de 2023 instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida, a la igualdad y
al debido proceso.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de la providencia de 28 de marzo de 2022, a través de la cual la autoridad
censurada confirmó la decisión de 22 de abril de 2021 dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en la que se negaron las pretensiones de
la demanda promovida por la tutelante contra la Unidad Administrativa

1
Según el poder adjunto a la demanda.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Rosa María Tapia Cifuentes
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00166-00

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – en adelante UGPP – , en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 76001-23-33-000-
2018-00518-01.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

“PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales de mi poderdante ROSA
MARÍA TAPIAS CIFUENTES, a la seguridad social, mínimo vital móvil, vida
digna, igualdad y debido proceso, derecho a una justicia, violentados por LA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A, al proferir la sentencia No. 0-141 del 28 de marzo de 2022,
dictada dentro del proceso bajo Rad. 76001-23-33-000-2018-00518-01 (3640-
2021).

SEGUNDA: TUTELAR y REVOCAR la sentencia No. -0141-2022 dictada
dentro del proceso bajo Rad. 76001-23-33-000-2018*00518-01 (3640-2021)
proferida por la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN A, DEL CONSEJO DE ESTADO.

TERCERO. TUTELAR y REVOCAR todos los actos administrativos
resoluciones N°0142874 del 19 de octubre de 2015, que resolvió negar la
pensión de sobreviviente y resoluciones N° RDP000290 del 7 de enero de 2016
y RDP004964 del 8 de febrero de 2016, que confirmaron la negativa, y en su
defecto se ordene reconocer la pensión de sobreviviente a la señora ROSA
MARIA TAPIAS CIFIENTES, como única beneficiaria de la pensión de
sobreviviente por la muerte de su compañero permanente WILLIAM
VALBUENA AVENDAÑO, desde el día 24 de abril de 1993, fecha de su muerte,
lo mismo que los intereses moratorios del que trata el artículo 141 de la ley 100
de 1993 o en su defecto que sean indexados al IPC”. (Sic para la cita)

1.3. Hechos

Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

La señora Rosa María Tapia Cifuentes informó que, en el marco de un proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho demandó los actos2 a través de los
cuales la UGPP le negó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes, la cual reclamó con ocasión del fallecimiento de su compañero
permanente, el señor William Valbuena Avendaño.

Agregó que, el causante se desempeñó en el cargo de detective agente del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS desde el 1.° de

2
Las Resoluciones N.° RDP000290 de 7 de enero de 2016 y RDP004964 de 8 de febrero de
2016.

2

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diciembre de 1977 hasta el 24 de abril de 1993, fecha en la que falleció y
completó un total de 15 años, 4 meses y 23 días de servicio.

La primera instancia la resolvió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
en sentencia de 22 de abril de 2021 al negar las pretensiones de la demanda
con fundamento en que: (i) no es posible el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes de conformidad con el artículo 1.° del Decreto 1047 de 1948 y
el artículo 1.° de la Ley 12 de 1975 “pues para ello el causante dada su condición
de Detective Agente, necesitaba acreditar 20 años de servicios”; (ii) no es aplicable
en este caso la Ley 100 de 1993 de manera retrospectiva, debido a que el
causante falleció antes de que se expidiera y entrara en vigencia dicha
normatividad; y (iii) la jurisprudencia del Consejo de Estado desde el año 2013,
estableció que en esta materia la norma que rige es la vigente para la fecha
del deceso, por cuanto en ese momento se causa el derecho a la pensión.

El recurso de alzada lo desató el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, mediante sentencia de 28 de marzo de 2022 en la que confirmó
la decisión del a quo, luego de concluir:

“(…) no es procedente reconocer la pensión de sobrevivientes a favor de la
demandante y en ocasión al fallecimiento del señor William Valbuena Avendaño
en aplicación de las prerrogativas pensionales de que trata la Ley 100 de 1993,
pues la situación jurídica en el caso de pensión de sobrevivientes se consolida
al momento del fallecimiento del afiliado, por ende, si el deceso ocurrió antes
de la entrada en vigencia de la mentada norma, con base en el artículo 288
precitado, no es posible por favorabilidad aplicarla de forma retrospectiva a
efectos de reconocer la pensión de sobrevivientes a su núcleo familiar, como
en efecto ocurrió en el caso bajo estudio. Aunado, el causante tampoco acreditó
los requisitos de las normas generales vigentes a su deceso, para acceder a la
pensión que se preveía para sus beneficiarios”.

1.4. Fundamentos de la solicitud

Si bien en el escrito de tutela no se señalan de manera concreta los defectos
que, a juicio de la parte accionante adolece la sentencia de 28 de marzo de
2022, de los argumentos expuestos la Sala infiere que se trata de los yerros
sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente.

Lo anterior, por cuanto la autoridad reprochada analizó el sub lite a partir de lo
estipulado en los Decretos 1047 de 7 de junio de 19783 y 1399 de 28 de agosto
de 1989,4 en los que no se estipulaba la pensión de sobrevivientes.

3
Régimen especial de pensiones para las personas que ejercían funciones de dactiloscopia
en el DAS.
4
En el que, a juicio de la tutelante, se señaló que las normas generales vigentes al momento
de la causación del derecho (Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969) tampoco serían
aplicables debido a que sus requisitos eran más exigentes que la norma especial.
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Precisó que lo pretendido, consistía en que se determinara si le asistía el
derecho a la tutelante al reconocimiento de la referida prestación con
fundamento en la norma más favorable “y próxima al momento de la muerte del
causante y no al revés como lo hizo la accionada, quien en un esfuerzo por negar
desarrolla una interpretación que se desborda en perjuicio de los derechos
reclamados cuando opta por hacer un análisis restringido de normas que no
satisfacen de manera suficiente el juicio de valoración y comparación normativa que
exige el ejercicio de interpretación por vía de principio de favorabilidad en materia de
la seguridad social”.

Agregó que, si la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
hubiese efectuado una interpretación normativa en el sentido que lo ha hecho
la Corte Constitucional en las sentencias T-564 de 2015, T-587A de 2012, T-
1268 de 2005, T-110 de 2011, T-406 de 1992, T-914 de 2014, T-330 de 2015,
T-063 de 2013 y C-444 de 1997, “no se habría generado la violación directa de
la constitución por la inaplicación del principio de favorabilidad. Porque lo cierto es
que las normas especiales concebidas para los detectives agentes adscritos al DAS.
Curiosamente eran menos benévolas que el régimen general vigente (Decreto 758 de
1999, en concordancia con el Acuerdo 049 de 1990)”. (Énfasis propio)

Así, afirmó que las anteriores razones eran más que suficientes para que se
acudiera a un criterio de interpretación más garantista que permitiera la
aplicación a la solución del caso, del Acuerdo 149 de 1999 contenido en el
Decreto 758 de la misma anualidad.

Precisó que la Subsección reprochada se limitó a establecer la posibilidad de
aplicar o no la Ley 100 de 1993 “por vía de retrospectividad cercenando el
verdadero anhelo de la reclamante cual no era otro que la aplicación del principio de
favorabilidad”.

Indicó que el causante al morir contaba con más de 785 semanas de cotización
al sistema pensional, y que el deceso ocurrió en vigencia de la Constitución
Política de 1991, lo cual le aseguraba el derecho a gozar de “toda la protección
y garantías judiciales (…) Sin embargo, la precaria interpretación tanto de las normas
como del anhelo de la recurrente dieron origen a la decisión que hoy censura, y que
sin lugar a dudas se evidencia en un estado absoluto de desprotección, e inlcuso la
reduce a una trágica situación de miseria, y en la cual se ve cercenado el mínimo vital
móvil de la señora ROSA (…)”.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 18 de enero de 2023 se admitió la acción de tutela y se dispuso
tener como autoridad judicial accionada al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A. En calidad de terceros con eventual interés en las
resultas del trámite constitucional, se dispuso la vinculación del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y de la UGPP.
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Finalmente, se ordenó a la Oficina de Sistemas de la Corporación realizar una
publicación de la información relativa a esta acción de tutela, en la página web
del Consejo de Estado.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los
siguientes informes:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

El magistrado ponente de la sentencia de 28 de marzo de 2022, solicitó que
se declare la improcedencia del mecanismo de la referencia, en atención a que
no se acreditaron los requisitos establecidos en la sentencia C-590 de 2005,
esto es, no se demostró la existencia de algún yerro en la decisión reprochada.
En su defecto, pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda.

En relación con el fondo del debate zanjado en el proceso ordinario, señaló
que la parte actora no tenía el derecho a que se le reconociera la pensión de
sobrevivientes por las siguientes razones:

“(…) la decisión efectivamente fue adoptada en observancia del marco legal y
constitucional previsto para casos como el de marras, en lo que atañe a la
imposibilidad de i) reconocer una pensión de sobrevivientes al no haberse
consolidado los requisitos exigidos para ello (tiempo de servicios) y ii) de aplicar
de manera retrospectiva la Ley 100 de 1993 para ello. Lo anterior puntualmente
respecto a la situación del señor William Valbuena Avendaño (causante), quien
tan solo contaba con 15 años, 4 meses y 23 días de servicios al momento de
su deceso, y falleció el 24 de abril de 1993.

En punto a esta intelección, con el ánimo exclusivamente de dar claridad al
Despacho que conoce de la presente acción constitucional, sobre la decisión
de segunda instancia proferida por la Sala vinculada, se precisa que, a la luz de
las previsiones normativas de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, este
no alcanzó a cumplir con el requisito exigido por dichas prerrogativas, porque
se debía acreditar 20 años de servicios continuos o discontinuos, situación que
no ocurrió en el caso concreto.

De otro lado, las normas generales vigentes al momento de la causación del
derecho, estos son el Decreto 3135 de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848
de 1969, tampoco serían aplicables en cuanto a que sus requisitos eran aún
más exigentes que la norma especial que regulaba la situación jurídica en el
caso de los detectives agentes de la época (20 años de servicios y 55 años de
edad para los hombres). Una consecuencia lógica de este evento es que la Ley
12 de 1975 sería aplicable, por cuanto no se alcanzó el mínimo de tiempo de
servicios.

Asimismo, en la sentencia atacada se mencionó que no es factible conceder el
derecho reclamado y aplicar retrospectivamente lo dispuesto en el artículo 46
de la Ley 100 de 1993, porque por esta vía -conforme la nueva posición-, se
desconocería el principio de irretroactividad de la ley derivado de la Ley 153 de
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1887. Lo anterior, habida cuenta de que el deceso del señor William Valbuena
Avendaño ocurrió el 24 de abril de 1993”.

1.6.2. UGPP

A través de memorial allegado el 24 de enero de 2023, el subdirector de
Defensa Judicial Pensional y apoderado judicial de la unidad, solicitó que se
declare improcedente el mecanismo constitucional de la referencia, debido a
que no se acreditó un perjuicio irremediable ni la existencia de una vía de
hecho por parte de la autoridad cuestionada, y que lo pretendido por la parte
actora consiste en que se sustituya una decisión judicial ejecutoriada y dictada
por el juez natural de la causa.

En cuanto al derecho al mínimo vital, aseguró que tampoco se probó la
presunta transgresión con ocasión de la decisión denegatoria que se reprocha,
y en relación con la garantía fundamental a la seguridad social, adujo que la
señora Tapia Cifuentes se encuentra afiliada a la ESP subsidiada ASMET
SALUD EPS SAS como cabeza de hogar, según la información reportada por
el sistema de consulta ADRES.

Finalmente, puso de presente que, en caso de acceder al amparo deprecado
se generaría un grave perjuicio a la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, habida cuenta de que la tutelante no tiene el derecho a que se le
reconozca y pague la prestación.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la
señora Rosa María Tapia Cifuentes contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, de conformidad con lo establecido en el artículo 86
de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

La Sala reconocerá al abogado Plinio Plinio Serna como apoderado de la
señora Rosa María Tapia Cifuentes para que represente sus intereses en el
proceso de la referencia, de conformidad con el poder aportado con la
demanda de tutela.

2.3. Problema jurídico
6

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Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la
vulneración de las garantías fundamentales de la parte accionante con ocasión
de la providencia de 28 de marzo de 2022 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A en la segunda instancia del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Rosa María
Tapia Cifuentes contra la UGPP por presuntamente incurrir en los defectos
sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente.

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el
estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse
superados; (iii) las generalidades de los defectos alegados; y (iv) el caso
concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “ fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de

Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
7
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto

de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7

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determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Para la Sala resulta necesario precisar que el requisito de relevancia
constitucional no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco
en el cual los argumentos expuestos por la señora Rosa María Tapia Cifuentes
no cumplen con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la
reciente sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022.

En el referido fallo la Alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado
proponga un debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera
vulneradora de sus garantías fundamentales, mas no en un juicio de
corrección del fallo reprochado por cuanto esta circunstancia excluye “su
formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la
controversia judicial”.

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021,
oportunidad en la que se concretó que el referido enfoque “ impide que el
mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley
que dieron origen a la controversia judicial”.

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional
ha hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido
de relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario
de la acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas
ordinarias con el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos
que comprenden la esfera funcional de otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con
la carga de exponer con suficiencia la “restricción desproporcionada” a las
garantías superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que
no es viable el estudio del fondo del caso a partir del “simple alegato de la
vulneración a los derechos fundamentales”.

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

“El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra

8

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a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes”.

Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe
cumplir con las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida
para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional
de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal.9

Igualmente, en el citado fallo unificatorio se fijaron las siguientes reglas que el
juez de tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su
atención satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se
puntualizó que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico10; es decir,
el reclamo debe ser “trascendente para la interpretación del estatuto
superior, su aplicación y desarrollo eficaz y para la determinación del
contenido y alcance de los derechos fundamentales”.11

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal
y/o económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de
aspectos legales como la correcta interpretación o aplicación de una
norma, con la excepción de los casos en que de esta se “desprendan
violaciones a los derechos y deberes constitucionales”; y/o (2) cuando sea
evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, que no representen un interés general”12. En este orden, el
examen de la relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la simple inconformidad con las decisiones adoptadas por
los jueces naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave
una prerrogativa fundamental, debido a que es necesaria “la acreditación

9
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
10
Sentencia SU-103 de 2022.
11
Sentencia SU-573 de 2019.
12
Ibídem.
9

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de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que
exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental”13.

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra
decisiones proferidas por una Alta Corte, el examen de este requisito
debe ser más riguroso14, es decir, se debe constatar la existencia de
una actuación u omisión arbitraria por parte de la autoridad judicial que
derive en la violación de derechos fundamentales, toda vez que estas
Colegiaturas actúan como tribunales de cierre.

2.5.2. En ese orden, este juez constitucional, al descender al análisis de los
cargos planteados por la señora Rosa María Tapia Cifuentes, advierte que el
asunto se circunscribe a un debate de interpretación meramente legal al
haberse cimentado en que el Consejo de Estado – Sección Segunda-
Subsección A incurrió en los defectos sustantivo, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente en la sentencia de 28 de marzo
de 2022, al analizar la situación jurídica del causante a partir de los Decretos
1047 de 7 de junio de 1978 y 1399 de 28 de agosto de 1989, en los que
nisiquiera se establecía la prestación de pensión de sobrevivientes.

Precisó que la Subsección reprochada se limitó a determinar la posibilidad de
aplicar o no la Ley 100 de 1993 “por vía de retrospectividad cercenando el
verdadero anhelo de la reclamante cual no era otro que la aplicación del principio de
favorabilidad”.

Asimismo, adujo que, a su juicio, la norma aplicable en la resolución del asunto
ordinario era el “acuerdo 149 de 1999 contenido en el Decreto 758 de la mismo año”,
por cuanto este contenía un criterio más amplio en consonancia con la posición
de la Corte Constitucional contenida en las sentencias T-564 de 2015, T-587A
de 2012, T-1268 de 2005, T-110 de 2011, T-406 de 1992, T-914 de 2014, T-
330 de 2015, T-063 de 2013 y C-444 de 1997, lo cual conllevaría a la
materialización del principio de favorabilidad.

Finalmente, precisó que lo pretendido consistía en que se determinara si le
asistía el derecho a la tutelante al reconocimiento de la refrida prestación con
fundamento en la norma más favorable y próxima a la fecha de la muerte de
su compañero permanente, en virtud del principio de favorabilidad.

En otras palabras, la decisión reprochada no se constituye de manera
automática en una vía de hecho por ser desfavorable al extremo activo y, la
consecuencia de no haberse acreditado en sede ordinaria el cumplimiento de

13
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
14
Sentencia SU-573 de 2019.
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00166-00

los requisitos para ser beneficiaria de una prestación económica, no es otra
que la imposibilidad de percibir la prestación objeto de reclamo, lo cual conlleva
a que se demuestre que el caso que se analiza no va más allá de una
controversia de interés particular que dista de un debate que trascienda al
examen de los derechos fundamentales en su núcleo esencial.

Tan es así, que en el proceso ordinario la litis giró en torno a la aplicación del
principio de favorabilidad y con fundamento en ello, que se aplicara la norma
más benévola en el caso de la señora Tapia Cifuentes, lo cual se advirtió en
los argumentos de la demanda y en el recurso de apelación, en el que
concretamente resaltó:

“(…) teniendo en cuenta que la posición pacífica sentada en la jurisprudencia
del Consejo de Estado habilita, ratifica y acepta la aplicación del Régimen
General por favorabilidad en casos donde la norma especial se torna
insuficiente para la garantía de los derechos fundamentales, como lo es en este
asunto donde resulta mejor aplicar “Repito” el Régimen General sobre el
Régimen Especial; luego entonces rogamos se conceda la pensión de
sobrevivientes en favor de la señora ROSA MARÍA TAPIAS CIFUENTES, CON
APLICACIÓN Y DE CONFIRMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 25 Y
SS. DEL ACUERDO 049 DE 1990 CONTENIDO EN EL DECRETO 58 DEL
MISMO AÑO”.

Lo anterior deja al descubierto que la discusión que se propuso en este medio
subsidiario es, en síntesis, el mismo debate que se planteó y que fue objeto
de pronunciamiento por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
y de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado como
jueces naturales de la causa.

Pretender que esta sede se emplee como ejercicio de una tercera instancia
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de
mantener indefinida en el tiempo la situación jurídica de la señora Tapia
Cifuentes hasta lograr una resolutiva favorable a sus intereses, pone en juego
los pilares del servicio de la administración de justicia involucrados en este
caso, tales como el principio de legalidad, la cosa juzgada y la seguridad
jurídica.

En ese orden, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la
decisión judicial se transgredieron determinados derechos superiores, por el
contrario, es menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber
de argumentar el concepto de la violación que se deriva de una providencia
judicial en abierta contradicción de los postulados constitucionales, que
implique por parte de este juez un pronunciamiento respecto al análisis que ha
efectuado el máximo órgano en esta materia.
Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra
providencia judicial, dictada por una Corporación de cierre, requiere con mayor
énfasis que la tutelante ejecute una exposición que sin lugar a duda demuestre
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de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la
inescindible afectación de las garantías fundamentales en su núcleo esencial.

Así las cosas, también es evidente que esta solicitud de amparo carece de la
carga argumentativa suficiente a través de la cual la señora Rosa María Tapia
Cifuentes justifique la relevancia del caso a partir de la exposición del concepto
de la violación, lo cual implica un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le
permita a esta Sala advertir una prominente transgresión de sus prerrogativas
superiores con ocasión de la expedición de la providencia dictada por la
autoridad censurada.

Por ello, sin dar lugar a mayores disquisiciones, es evidente que la controversia
planteada por la accionante no satisface el requisito de relevancia
constitucional, debido a que, sus inconformidades se circunscriben a atacar la
decisión del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por no
analizar el marco jurídico invocado en la forma en que la actora lo señala, para
efectos de encontrar acreditado el derecho a que se le reconozca y pague una
prestación económica.

Alegaciones que, claramente se enmarcan puntualmente en la controversia
debatida en el medio de control ordinario, por tanto, no están justificadas en
una acreditada o palmaria vulneración de garantías fundamentales en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las citadas sentencias
de unificación 573 de 2019, 215 y 103 de 2022.

En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la
vulneración de garantías constitucionales que amerite superar el requisito de
relevancia constitucional en tratándose de acción de tutela contra providencia
judicial; ello comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de
interpretación meramente legal; (ii) la sentencia reprochada fue dictada por
una Alta Corte; (iii) el debate planteado en este trámite corresponde al que fue
objeto de pronunciamiento en sede ordinaria; (iv) carece de la carga
argumentativa elevada a un rango constitucional; y (v) no se evidencia una
vulneración palmaria o un perjuicio irremediable derivado de la sentencia de
28 de marzo de 2022, que implique la intervención del juez de tutela15.

Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala de Decisión declare la improcedencia
de la solicitud de amparo de la referencia.

15
Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-
03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre
de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y
(iii) sentencia de 28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra.

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2.6. Conclusión

La Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por la señora
Rosa María Tapia Cifuentes contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: RECONOCER al abogado Plinio Plinio Serna como apoderado de
la señora Rosa María Tapia Cifuentes.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida
por la señora Rosa María Tapia Cifuentes contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00166-00

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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