Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00178-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00178-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00178-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
23 de febrero de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00178-00
Demandante: Corporación Orgullo Santanderano
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00178-00
Demandante: CORPORACIÓN ORGULLO SANTANDEREANO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra proceso ejecutivo.
Requisitos generales de procedibilidad
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por el
representante legal de la Corporación Orgullo Santandereano contra el Juzgado
Once Administrativo Oral de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de
Santander, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 333 de
2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El representante legal de la Corporación Orgullo Santandereano (en adelante la
corporación) interpuso acción de tutela contra el Juzgado Once Administrativo Oral
de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, por estimar vulnerados
los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa. En consecuencia,
formuló la siguiente pretensión:
“Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, derecho de defensa, entre
otros que ustedes consideren vulnerados. En consecuencia, ordenar que en un término
no mayor a 48 horas se me restablezcan, continuando con el trámite del proceso que
nos ocupa”.
2. Hechos
De la lectura del expediente, se resaltan como hechos relevantes los siguientes:
Entre el Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander (en
adelante Indersantander) y la corporación se suscribió el convenio de asociación
338 del 24 de junio de 2015, con el objeto de: “aunar esfuerzos técnicos, deportivos y
financieros para desarrollar las competencias de los juegos deportivos supérate Intercolegiados
Santander 2015, en sus fases final departamental, zonal nacional, final departamental y fase
internacional.” El plazo de ejecución se pactó en 5 meses y 15 días, contados a partir
del acta de inicio que se suscribió el 10 de julio de 2015 y se estableció que, en
todo caso, no podía superar el 21 de diciembre de 2015.
El valor del convenio se pactó en $ 863´369.000, pagaderos por Indersantander a
favor de la Corporación Orgullo Santandereano -parte ejecutante-, así:
(i) primer desembolso del 50 %, previa legalización, aprobación de garantía y
suscripción del acta de inicio.
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Demandante: Corporación Orgullo Santanderano
(ii) segundo desembolso del 30 %, a la ejecución del 50 % del contrato, previa
presentación del informe de ejecución.
(iii) tercer desembolso del 20 %, previo informe del Supervisor donde certificara el
cumplimiento, acta de terminación, liquidación y recibo final de presentación de
los soportes que sustentaran gastos y aporte de la Corporación.
El 27 de noviembre de 2015, se adicionó el valor del contrato en $ 59´440.000, para
un total de $ 922´809.000. El 21 de diciembre de 2015, las partes suscribieron el
acta de terminación y el 9 de mayo de 2017 se liquidó el contrato y en acta se
estableció saldo a favor de la corporación por valor de $ 224´153.800.
El 17 de mayo de 2019, Indersantander pagó el último desembolso por $
215´062.661, previos los descuentos legales, sin embargo, la actora sostuvo que,
para esa fecha, se debía a la corporación el capital de $215´062.661, más los
intereses moratorios causados desde el 9 de mayo de 2017, fecha de liquidación
del contrato, por $109´764.136, para total de $324´826,797 y, en ese contexto,
sostuvo que había un nuevo saldo que correspondía a $105´298.525.
Que, a su vez, el 18 de mayo de 2019, inició la causación de intereses sobre el
valor de $ 105´298.525, los que, para el 22 de octubre de 2019 ascendían a $
13´539.282.
El 22 de octubre de 2019 la corporación presentó demanda ejecutiva contra
Indersantander para que se librara mandamiento de pago1.
El Juzgado Once Administrativo Oral de Bucaramanga, en auto del 25 de junio
de 2021, se abstuvo de seguir adelante con la ejecución por inexistencia del título
ejecutivo, debido a que la obligación de pago del capital y la consecuente causación
de intereses no habían surgido con la suscripción del acta de liquidación del 9 de
mayo de 2017, sino que debía tomarse como referencia el 3 de mayo de 2019,
fecha en la que el supervisor certificó el cumplimiento del contratista y el aporte de
documentos. Que, en consecuencia, la obligación de pago surgió el 4 de mayo de
2019 y ante la falta de acuerdo contractual, el plazo para pagar era el fijado en el
artículo 885 del Código de Comercio, es decir, un mes (4 de junio de 2019). En ese
contexto y dado que se acreditó que el pago se hizo el 17 de mayo de 2019,
concluyó que fue oportuno y no se configuró incumplimiento que diera lugar a seguir
adelante con la ejecución.
La corporación interpuso recurso de apelación, con fundamento en que: (i) el título
base de la ejecución era complejo y se estaba integrado por el convenio de
asociación, su adición, el acta de liquidación, la certificación de tesorería de
Indersantander– y demás soportes del contrato; (ii) en el acta de liquidación del 9
de mayo de 2017 se hizo constar el cumplimiento del objeto contractual, de las
obligaciones frente a los aportes a seguridad social, cajas de compensación
familiar, ICBF y SENA, se determinó un saldo a favor del ejecutante por valor de
$224´153,800 y se estableció que con el último desembolso se declaraban a paz y
salvo; (iii) de acuerdo con los documentos enunciados, la obligación era clara,
1 Por las siguientes sumas: (i) ciento cinco millones doscientos noventa y ocho mil quinientos cinco pesos ($105.298.525)(sic),
derivada del contrato o convenio de asociación No. 338 de 2015 de fecha 24 de junio del 2015, que corresponden a lo debido por el
Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander, -Indersantander-, más los intereses moratorios que, a la fecha del
pago que realizó la entidad demandada -17 de mayo del 2019- sumaban $215´062.661 pesos, previos descuentos de ley y por
intereses moratorios hasta la fecha de pago, por la suma de $109´764.136, lo cuales, alegó debían tenerse como abono a la obliga ción
que a fecha 17 de mayo del 2019 ascendía a la suma de $324´826.797 pesos moneda corriente, de los cuales deben descontarse
de acuerdo a la ley, los dineros cancelados por la aquí demandada INDERSANTANDER; quedando un valor adeudado de
$105´298.525 pesos moneda corriente; como nuevo capital, que es la suma mencionada; (ii) trece millones quinientos treinta y nueve
mil doscientos cincuenta y dos pesos moneda corriente ($13´539.282)(sic), derivada del contrato o convenio de asociación No. 338
de2015 de fecha 24 de junio del 2015, que corresponden a lo debido por el Instituto Departamental de Recreaci ón y Deporte de
Santander, -Indersantander-, por intereses moratorios sobre el nuevo capital ($105.298.525) a partir del día 18 de mayo del 2019,
hasta el día de presentación de la demanda (22 de octubre del 2019) y, (iii) por los intereses moratorios desde la fecha de presentación
de la demanda, hasta cuando se verifique el pago total de la deuda. (...)”.
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expresa y exigible desde el 9 de mayo de 2017, respecto de la cual solo se realizó
desembolso el 17 de mayo de 2019.
El Juzgado Once Administrativo Oral de Bucaramanga, en auto del 11 de
agosto de 2021, no repuso el auto del 25 de junio de 2021 y concedió el recurso de
apelación.
El Tribunal Administrativo de Santander, en auto del 22 de noviembre de 2022,
confirmó la decisión del juzgado por estimar que la solicitud de mandamiento
ejecutivo se sustentó en el incumplimiento del último de los desembolsos que
fueron pactados por las partes en el convenio de asociación 338 de 2015. Sin
embargo, advirtió que, según los términos del convenio, las partes pactaron que el
pago a cargo de Indersantander se haría en tres desembolsos, el primero del 50 %
del valor a cargo del aporte a cargo de la entidad -pago que se realizó el 30 de julio
de 2015 por la suma de $421´684.500-, el segundo por el 30 % -pago que se hizo
el 11 de septiembre de 2015 por la suma de $253´010.700- y el tercero por el 20
%.
Frente a este último, encontró que en la cláusula cuarta del convenio se estipuló
que el pago se realizaría “previo informe del supervisor donde se certifique el cumplimiento
como lo rezan las obligaciones del presente convenio, previa suscripción del acta de terminación,
liquidación y recibo final y presentación de los soportes que sustente los gastos y el aporte de la
Corporación Compartiral (SIC) término del mismo previa terminación y liquidación del convenio.”.
Que, además, con posterioridad a los dos primeros desembolsos, las partes
suscribieron el adicional núm. 01 en el que modificaron el valor del convenio para
adicionarlo en la suma de $ 59´440.000, sin realizar modificación alguna frente a la
forma de pago, por lo que, concluyó que el tercer desembolso del 20 %, consistente
en la suma de $168´673.800 junto con el adicional pactado por $59´440.000
continuaba condicionado a que se aportara el informe del supervisor.
Que, por tanto, la obligación para Indersantander de pagar el saldo correspondiente
al último desembolso surgió a partir del día siguiente a aquél en que se emitió la
certificación sobre el cumplimiento y la presentación de los documentos exigidos
para el pago, es decir, el 4 de mayo de 2019 y no el 9 de mayo de 2017 como lo
entiende el ejecutante.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la parte actora, el Juzgado Once Administrativo Oral de Bucaramanga y
el Tribunal Administrativo de Santander, vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y de defensa, con fundamento en los argumentos que se pasan a
resumir.
Señala que “los planteamientos que realiza el juez de conocimiento no son acordes a la
realidad”, porque la prueba que obra en el expediente acredita que el proceso se
ejerció con un título ejecutivo complejo, -(conformado por el contrato o convenio de
asociación 338 del 24 de junio del 2015, el documento de adición al convenio de asociación, el acta
de liquidación por mutuo acuerdo convenio de asociación y la certificación de tesorería del Instituto
Departamental de Recreación y Deporte de Santander – Indersantander–, junto con los soportes
que sirvieron de base a este convenio o contrato estatal)-.
Dijo que en el acta de liquidación por mutuo acuerdo del convenio de asociación
que se suscribió el 9 de mayo del 2017, se observa que: (i) en el numeral 3 del
capítulo “considerando” se estableció “ que en consecuencia se procederá a la liquidación
del mismo de conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993”; (ii) a su vez, en el numeral
4 se manifestó “ que se verificó por parte del supervisor el cumplimiento del objeto del contrato
mediante el acta de terminación suscrita el día 21 de diciembre del 2015”; (iii) el numeral 5 se
estableció que “que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato
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fue de $898.849.000 equivalente al 99.55%” y, (iv) en el numeral 7 que la “relación de
pagos”, en donde en la casilla “concepto” aparece “acta terminación” por valor
$224´153.800.
Igualmente, en los siguientes numerales se dejó constancia que el contratista,
Corporación Orgullo Santandereano, cumplió todas las obligaciones exigidas frente
a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF
y SENA, por lo que en el numeral 11 se indicó “que en calidad de supervisor y una vez
revisados, avalados y aprobados los soportes presentados para la liquidación de convenio de
asociación No. 338 de 2015; se aclara el valor establecido como pago final en el acta de terminación
siendo esta la suma de $224.153.800 y el valor total ejecutado por la suma de $898.849.000”.
Que en el numeral 13 se expresó “que el supervisor del contrato manifiesta que el contratista
cumplió las actividades objeto del contrato y las obligaciones previstas desde el 10 de julio del 2015
al 21 de diciembre del 2015”.
Que, en consecuencia, en la parte final del acta de liquidación, concretamente, en
el acápite pertinente a “acuerdan”, se dispuso: dar por liquidado el convenio 338 de
junio 24 de 2015, declarándose las partes a paz y salvo, libre de toda desavenencia
y se acordó que “una vez la tesorería del INDERSANTANDER efectué el ultimo desembolso,
resultan procedentes que las partes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la
ejecución del convenio No. 338 de 2015, comprometiéndose el Instituto Departamental de
Recreación y Deporte de Santander a surtir los tramites necesario para efectuar el pago del saldo
por cancelar”.
Con fundamento en lo anterior, afirmó que, de acuerdo con el acta de liquidación
del convenio de asociación suscrita el 9 de mayo del 2017, sí existe un título
ejecutivo complejo, claro, expreso y exigible, del cual se desprende que su
exigibilidad se dio el 9 de mayo del 2017 y que la aquí demandada debía cumplir
los trámites necesarios para cumplir el pago del saldo por la suma de $
224´153.800, previo los descuentos de ley a que hubiera lugar, lo cual no ocurrió,
pues el pago se hizo el 17 de mayo del 2019; es decir 2 años y 8 días después.
4. Trámite Previo
El despacho sustanciador, en auto del 20 de enero de 2023, admitió la acción de
tutela, ordenó notificar al representante legal de la Corporación Orgullo
Santandereano, al Tribunal Administrativo de Santander, al Juzgado Once
Administrativo Oral de Bucaramanga y al Instituto Departamental de Recreación y
Deporte -Intersantander, como tercero interesado en el resultado del proceso.
Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Once Administrativo
Oral de Bucaramanga no se pronunciaron sobre los hechos que dieron origen a la
presente acción.
6. Intervención de los terceros interesados
El Instituto Departamental de Recreación y Deporte -Indersantander guardó
silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
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mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
2
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
3 4
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.
Problema jurídico
El representante legal de la Corporación Orgullo Santandereano considera
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa por parte
del Juzgado Once Administrativo Oral de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo
de Santander, por no seguir adelante con la ejecución del proceso ejecutivo que
inició contra Indersantander.
A juicio de la corporación, se configuró el defecto fáctico porque las autoridades
judiciales demandadas no tuvieron en cuenta que en el expediente obraban
pruebas que acreditaban la existencia de un título complejo que contenía una
obligación clara, expresa y exigible. En particular, el acta de liquidación por mutuo
suscrita el 9 de mayo de 2015, que daría cuenta de que el saldo insoluto de la
obligación resultaba exigible desde el 9 de mayo de 2015.
En ese orden, la Sala determinará si la acción de tutela cumple o no con el requisito
general de relevancia constitucional y los demás generales de procedibilidad y, solo
en caso afirmativo, procederá con el estudio del defecto fáctico invocado.
2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya
incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe
tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que
el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en
el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no
está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir
las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos
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que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
De la falta de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el
caso concreto
La Sala anticipa que en el presente caso no se satisface el requisito general de
relevancia constitucional porque la acción de tutela es empleada como una
instancia adicional al proceso ejecutivo que se cuestiona por esta vía, tal como se
pasa a explicar.
En la demanda ejecutiva, la Corporación Orgullo Santandereano solicitó que se
librara mandamiento ejecutivo de pago, porque, según indicó, Indersantander no
pagó el tercer y último giro pactado en el convenio de asociación 338 del 24 de
junio de 2015, que estaba supeditado a que el supervisor certificara el
cumplimiento, se suscribiera el acta de terminación, liquidación y recibo final de
presentación de los soportes que sustentaran gastos y aporte de la Corporación, lo
que se concretó, según la actora, el 9 de mayo de 2017, con la suscripción del acta
de liquidación de común acuerdo.
Al respecto, debe decirse que, aunque, en principio el Juzgado Once Administrativo
Oral de Bucaramanga libró mandamiento ejecutivo de pago contra Indersantander,
en el estudio de oficio que hizo de los requisitos formales y materiales del título
ejecutivo en el auto del 25 de junio de 2021, determinó que no había lugar a seguir
adelante con la ejecución, por lo siguiente:
“(…)
9. El despacho no comparte el argumento de la parte actora en el sentido de que la obligación de pago
del último desembolso nació con la suscripción del acta de liquidación bilateral, el 9 de mayo de 2017,
pues al tenor de la cláusula cuarta del convenio, para ello se requería: el informe del supervisor en
donde certificara el cumplimiento, el acta de terminación, la liquidación, el acta de recibo final y la
presentación de los soportes que sustentaran los gastos y el aporte de la Corporación.
10. En este orden, el acta de liquidación era uno de los documentos requeridos para el último pago,
pero también lo eran el informe del supervisor, el acta de terminación, el acta de recibo final y
los soportes de gastos y aporte de la Corporación.
11. La parte actora no allegó al plenario la constancia de radicación de la cuenta de cobro con los
soportes correspondientes para el mes de mayo de 2017 y, en contrario, obra una certificación del
supervisor del 3 de mayo de 2019, en donde se hace constar para esa fecha el cumplimiento del
contratista y el aporte de documentos.
(...)
13. Visto así que el 3 de mayo de 2019, el supervisor certificó el cumplimiento de la Corporación y la
presentación de los documentos requeridos para el pago, la obligación de pagar a cargo del
INDERSANTANDER surgió a partir del día siguiente, 4 de mayo de 2019.
14. Ahora bien, a falta de acuerdo contractual sobre el plazo de que disponía la entidad para pagar,
se acudirá a la jurisprudencia del Consejo de Estado6, quien por aplicación del artículo 885 del Código
de Comercio ha establecido el plazo un mes después de pasada la cuenta7. En consecuencia, la
oportunidad para pagar se extendió hasta el 4 de junio de 2019 y comoquiera que el pago de hizo el
17 de mayo de 2019, se efectuó dentro de la oportunidad legal.
15. Lo anterior quiere decir que el INDERSANTANDER no incurrió en incumplimiento en el pago del
capital, ni se generaron intereses, por manera que se desvirtúa la existencia de un título ejecutivo.
16. Teniendo en cuenta que en el transcurro del proceso se ha discutido sobre el pago de las
estampillas, el despacho realizará pronunciamiento sobre el particular, no sin antes advertir que, si
bien su cancelación era un requisito para obtener el pago del valor del contrato, la obligación
solo surgió hasta el momento en que se radicó la cuenta de cobro con el lleno de los requisitos
legales, lo que, de acuerdo con las pruebas en el plenario, solo se certificó hasta el 3 de mayo
de 2019.
17. En consecuencia, el pronunciamiento que se realice sobre las estampillas no tiene el alcance de
desvirtuar los argumentos expuestos con anterioridad sobre la inexistencia de un título ejecutivo, sino
que se realizan para claridad de las partes.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00178-00
Demandante: Corporación Orgullo Santanderano
En la certificación de 3 de mayo de 2019, el supervisor relacionó los documentos requeridos para el
pago y, dentro de ellos estaba el pago de las estampillas.
La ordenanza No. 077 de 2014, “por medio de la cual se expide el estatuto tributario del departamento
de Santander”, señala lo siguiente:
“Artículo 208. Causación de las estampillas y de la retención en la fuente. Las Estampillas Departamentales
reguladas en este Estatuto se causan con la verificación del hecho generador.
El pago de las mismas será requisito para la expedición de los documentos gravados.
En los casos en que el recaudo del tributo se realice a través de la retención en la fuente, celebración de
contratos, órdenes de prestación de servicios, sentencias y conciliaciones, actos administrativos, la misma se
practicará sobre cada pago o abono, lo que ocurra primero.
En aquellos contratos que tengan una cuantía igual o superior a tres mil setecientas UVT (3700) vigentes a la
suscripción del contrato, posterior a la suscripción del contrato se deberá pagar la totalidad de las estampillas
Prodesarrollo, Pro Cultura, Pro Electrificación y Fondo de Reforestación, es decir, no se aplicará la regla de
retención en la fuente para el pago. el funcionario que suscriba el acta de inicio deberá verificar el pago total de
estos tributos, so pena de las sanciones disciplinarias y fiscales procedentes.
Cuando el agente de retención no practique la misma en el momento de su causación el sujeto pasivo deberá
realizar el pago directamente en los puntos de atención y pago señalados por la Dirección de Ingresos de la
Secretaría de Hacienda o la dependencia que haga sus veces; de no hacerlo, la Dirección de Ingresos de la
Secretaría de Hacienda o la dependencia que haga sus veces, realizará la liquidación de la Estampilla en acto
administrativo particular que una vez ejecutoriado prestará mérito ejecutivo.
Aunado a lo previsto en el inciso anterior, el agente de retención se le impondrán las sanciones por inexactitud
y mora por la no práctica de la retención en la fuente; de esta forma, no será causal de archivo del expediente
ni de exoneración de la sanción el pago que realiza el contratista.”
Como se observa el pago de las estampillas procede por razón de los contratos estatales y se
practica sobre cada pago o abono.
De este modo, la CORPORACIÓN ORGULLO SANTANDEREANO estaba obligada al pago de las
estampillas respecto de cada desembolso. Se resalta que el último era por la suma de
$224.153.800, oo, la cual correspondía a las facturas Nros. 238 sobre el tercer desembolso del
20% y 239 referente al desembolso del 100% del adicional.
Frente al último pago por $224.153.800, oo, en el asunto se acreditó que la CORPORACIÓN pagó las
estampillas así: (i) en marzo de 2017, sobre la base de $168.673.500, oo y (ii) el 2 de mayo de 2019,
sobre la base de $59.440.000.
(…)”.
Al respecto, la parte ejecutante radicó recurso de reposición y en subsidio de
apelación, con fundamento en los siguientes argumentos:
“(…)
Si miramos el expediente que nos ocupa, la parte demandante CORPORACIÓN ORGULLO
SANTANDEREANO, representada legalmente por el señor WILSON CARTAGENA BUSTOS, inicio
este proceso con un título ejecutivo compuesto (sic), cuyos sustentos fueron; el contrato o convenio
de asociación No. 338 del 24 de junio del 2015, documento de adición al convenio de asociación No.
338 del 24 de junio del 2015, acta de liquidación por mutuo acuerdo convenio de asociación No. 338
del 24 de junio del 2015, y certificación de tesorería del INDERSANTANDER, junto con los soportes
que sirvieron de base a este convenio o contrato estatal.
En el acta de liquidación por mutuo acuerdo convenio de asociación No. 338 del 24 de junio del
2015, aparece claramente que esta se realizó a los 9 días del mes de mayo del 2017, y en su capítulo
“CONSIDERANDO” núm. 3 se establece “que en consecuencia se procederá a la liquidación del
mismo de conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993.”; y en su núm. 4 claramente se
manifiesta “que se verificó por parte del supervisor el cumplimiento del objeto del contrato mediante el
acta de terminación suscrita el día 21 de diciembre del 2015.”; para agregar en el núm. 5 “que con
base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $898.849.000
equivalente al 99.55%”; y luego en el núm. 7 aparece la “relación de pagos”, en donde en la casilla
“concepto” aparece “acta terminación” por valor $224.153.800; para agregar en los siguientes
numerales, que el contratista CORPORACIÓN ORGULLO SANTANDEREANO, cumplió con todas las
obligaciones exigidas frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación
familiar, ICBF y SENA de conformidad con el art 60 de la ley 789 del 2002; apareciendo en el núm..,
11 “que en calidad de supervisor y una vez revisados, avalados y aprobados los soportes presentados
para la liquidación de convenio de asociación No. 338 de 2015; se aclara el valor establecido como
pago final en el acta de terminación siendo esta la suma de $224.153.800 y el valor total ejecutado
por la suma de $898.849.000”; resaltando el núm.., 13 que textualmente reza “que el supervisor del
contrato manifiesta que el contratista cumplió las actividades objeto del contrato y las obligaciones
previstas desde el 10 de julio del 2015 al 21 de diciembre del 2015”; para que en la parte final del acta
de liquidación que nos ocupa, “acuerdan” dar por liquidado el convenio No, 338 de junio 24 de 2015,
declarándose las partes a paz y salvo entre ellas libre de toda desavenencia, no manifestando
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Demandante: Corporación Orgullo Santanderano
observación u objeción alguna”, seguidamente aparece en dicha acta textualmente “ con forma a la
función de control y vigilancia asignada al supervisor del convenio estos declaran:
Que una vez la tesorería del INDERSANTANDER efectúe el ultimo desembolso, resultan procedentes
que las partes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del convenio No.
338 de 2015, comprometiéndose el Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander a
surtir los tramites necesario para efectuar el pago del saldo por cancelar.”; para agregar por último
“para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran
a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral
anterior”, con firma y sello del representante legal de la CORPORACIÓN ORGULLO
SANTANDEREANO, Luis Fernando Naranjo Ortiz, del director del INDERSANTANDER Carlos Alberto
Díaz Barrera, Vo. Bo. Lic. Miguel Ángel Remolina Muñoz. Supervisor; haciéndose necesario traer el
informe final de supervisión, de fecha 24 de marzo del 2017, firmado por el supervisor MIGUEL ÁNGEL
REMOLINA MUÑOZ, COORDINADOR DE DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO, SUPERVISOR
DEL CONVENIO O CONTRATO No. 338 /15, del cual se hizo mención en el acta de liquidación, en
sus numerales como aquí se detalló, siendo este:
(…)
De acuerdo al acta de liquidación por mutuo acuerdo convenio de asociación No. 338 / 2015 de fecha
9 de mayo del 2017, con sus soportes que reposan al expediente, sí existe un título ejecutivo
compuesto (sic), el cual es claro, expreso y exigible, para su cobro a la parte demandada
INDERSANTANDER, del cual se desprende que su exigibilidad es desde el día 9 de mayo del 2017,
y solo la aquí demandada debía cumplir los trámites necesarios para cumplir el pago del saldo por
cancelar que era la suma de $224.153.800, previo los descuentos de ley a que diera lugar (ver acta
de liquidación parte final); y lo cual no hizo, dilatando los trámites para su pago; pago que se realizó
el 17 de mayo del 2019; es decir 2 años y 8 días después, encontrándose en mora, y esta es la razón
de este proceso ejecutivo.
No sobra manifestarle al señor juez, que la parte aquí demandada con la documentación
extemporánea que anexo, trato de confundirlo, como lo hizo con el pago de unas estampillas que ya
se habían cancelado, tal como quedo consignado en el acta de liquidación por mutuo acuerdo
convenio de asociación No. 338 / 2015 de fecha 9 de mayo del 2017; y en sus anexos adjunta una
certificación del mismo supervisor Miguel Ángel Remolina Muñoz, fechada el día 3 de mayo del 2019
(3/05/2019), con la cual está confirmando la que se realizó el 24 de marzo del 2017 que, en este escrito
anexo, que cumple con la radicación de la cuenta de cobro con los soportes correspondientes exigidos
para la liquidación por mutuo acuerdo, entre otros y si no, no se hubieran hecho esa acta de liquidación
por mutuo acuerdo convenio de asociación No. 338 / 2015 de fecha 9 de mayo del 2017.
(…)”.
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal Administrativo de Santander, en auto del
22 de noviembre de 2022, resolvió el recurso, en el siguiente sentido:
“(…)
Así, se tiene que, el mandamiento ejecutivo que la parte depreca tiene como sustento el
incumplimiento del último de los desembolsos que fueron pactados por las partes en el convenio de
asociación No. 338 de 2015. Al respecto, cabe recordar que, según los términos del convenio, las
partes pactaron que el pago que correspondería a INDERSANTANDER se realizaría en tres
desembolsos, el primero del 50% del valor a cargo del aporte a cargo de la entidad -pago que se
realizó el 30 de julio de 2015 por la suma de $421.684.500-, el segundo por el 30% -pago que se
realizó el 11 de septiembre de 2015 por la suma de $253.010.700- y el tercero por el 20%. Se indicó
además en la Cláusula Cuarta del convenio que el pago del último desembolso se realizaría “previo
informe del supervisor donde se certifique el cumplimiento como lo rezan las obligaciones del
presente convenio, previa suscripción del acta de terminación, liquidación y recibo final y
presentación de los soportes que sustente los gastos y el aporte de la Corporación Compartiral
(SIC) término del mismo previa terminación y liquidación del convenio.”
Acorde con el contenido del acta de liquidación bilateral del convenio realizada el 9 de mayo de 2017,
se conoce que el primer desembolso se realizó el 30 de julio de 2015 por la suma de $421.684.500 y
el segundo desembolso se realizó el 11 de septiembre de 2015 por la suma de $253.010.700.
Se pudo establecer además que, con posterioridad a los dos primeros desembolsos, las partes
suscribieron el adicional No. 01 modificando el valor del convenio para adicionarlo en la suma de
$59.440.000, oo sin realizar modificación alguna frente a la forma de pago, por lo que, se deduce
entonces que el tercer desembolso del 20% consistente en la suma de $168.673.800 junto con el
adicional pactado por $59.440.000 continuaba condicionado a que se aportara el informe del
supervisor en donde certificara el cumplimiento, el acta de terminación, la liquidación, el acta de recibo
final y la presentación de los soportes que sustentaran los gastos y el aporte de la Corporación, tal y
como había sido pactado en la CLÁUSULA CUARTA.
De esta manera, atendiendo el contenido de la CLÁUSULA CUARTA de contrato, no es posible
entender -tal y como lo pregona el ejecutante- que la obligación de pago del tercer desembolso surgió
a partir de la sola suscripción del acta de liquidación bilateral del convenio, esto es, desde el 9 de
mayo de 2017, pues no se demuestra que para este mismo momento confluyeran la totalidad de los
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requisitos que fueron acordados por las partes, esencialmente, no se demostró que se hubiera emitido
el informe del supervisor, el acta de terminación, el acta de recibo final ni por parte de la
CORPORACIÓN se probó que se hubieran radicado los soportes sobre los gastos y el aporte
que debía realizar del contratista frente al valor del convenio. Esto es, para la fecha antes referida,
9 de mayo de 2017, solo se cumplía con el acta de liquidación del convenio.
Como se dejó enunciado, el informe del Supervisor se realizó el día 03 de mayo de 2019, fecha
esta en la cual igualmente se realizó la radicación de los soportes por la CORPORACIÓN sobre
los gastos y el aporte que debía realizar para el convenio. Así fue certificado por el Supervisor del
Convenio en constancia del 03 de mayo de 2019, en la que indicó que para esa misma fecha se
emitió el cumplimiento por parte le contratista y se aportaron los documentos requeridos para el pago,
a saber, factura, copia del contrato, certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal,
pago de estampillas, certificación de cuenta bancaria, acta de terminación, cuenta de cobro, informes
de actividades mensuales y registro fotográfico.
Cabe destacar que, frente al requisito relacionado con el pago de las estampillas, el plenario demostró
que la CORPORACIÓN los realizó en las siguientes fechas: 1. Marzo de 2017, sobre la base de
$168.673.500, oo y 2. El día 2 de mayo de 2019, sobre la base de $59.440.000. Se demuestra
entonces que, efectivamente, para el 9 de mayo de 2017 cuando se liquidó el convenio la
CORPORACIÓN no había dado cumplimiento en su totalidad al compromiso de realizar los pagos por
dicho concepto.
En este orden de ideas, en criterio de la Sala, la obligación para INDERSANTANDER de pagar el
saldo correspondiente al último desembolso surgió a partir del día siguientes a aquél en que se emitió
la certificación sobre el cumplimiento y la presentación de los documentos exigidos para el pago, esto
es, a partir del 04 de mayo de 2019 y no, a partir del 09 de mayo de 2017 como lo entiende el
ejecutante.
(…)”.
De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que los argumentos que la parte actora
emplea como fundamento de la acción de tutela son idénticos a los que planteó en
el proceso ejecutivo al apelar la decisión que resolvió no continuar con la ejecución.
En todo el trámite del proceso ejecutivo la parte actora insistió en que la obligación
de pago surgió con la suscripción de la liquidación del contrato de común acuerdo
del 9 de mayo de 2017, en el que se dejó sentado que las partes cumplieron con
los compromisos contractuales, pero, tal como lo indicaron tanto el juzgado como
el tribunal, la corporación pasó por alto que el pago de estampillas era un deber
legal que hacía parte de las obligaciones que debía cumplir a cabalidad para poder
entender cumplida la totalidad de las obligaciones y, con ello, que procediera el
pago pretendido.
Dicho de otro modo, tal como lo señalaron las autoridades judiciales demandadas,
una vez la corporación demandante realizó el pago que correspondía realizar por
concepto de estampillas, el cual estaba determinado como una obligación del
convenio suscrito, el supervisor expidió la certificación del 3 de mayo de 2019, en
los términos pactados por las partes, al punto que, al día siguiente de dicho pago
tuvo lugar el pago insoluto a favor de la corporación parte de Indersantander.
Lo anterior, resulta suficiente para advertir que la parte actora emplea el mecanismo
constitucional para insistir exactamente en los mismos argumentos que fueron
expuestos, analizados, debatidos y decididos en el proceso ejecutivo cuestionado,
sin que la acción de tutela pueda ser empleada para plantear una interpretación
paralela a la que efectuaron los jueces del proceso ejecutivo.
Como se anticipó, por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean
la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones
de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el
proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
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De acuerdo con lo expuesto, resulta evidente que en el caso objeto de estudio la
acción de tutela es empleada para provocar un nuevo pronunciamiento sobre
exactamente la misma controversia planteada en el proceso ordinario acá
cuestionado, lo cual hace improcedente el ejercicio del mecanismo constitucional
y, por ende, cualquier pronunciamiento de fondo sobre el asunto por parte del juez
de tutela.
Finalmente, se encuentra necesario mencionar que en anterior oportunidad 5 esta
Sala de decisión analizó un asunto en el que se alegó el desconocimiento del
precedente judicial y se explicó que «el presupuesto de exigibilidad de la obligación en el
caso concreto no debía analizarse de cara al clausulado del contrato, sino a la luz del contenido del
acto de liquidación, que es título ejecutivo según el artículo 297 del CPACA» , sin embargo, como
se precisó, en ese asunto, la acción de tutela se sustentó en el defecto por
desconocimiento del precedente judicial de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, no para, como ocurre en el presente, insistir en los argumentos de
apelación y utilizarla como instancia adicional del proceso ejecutivo aquí
cuestionado.
En suma, la acción de tutela no cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional y, en esa medida, se impone, declarar improcedente el
amparo solicitado por la Corporación Orgullo Santandereano contra el Juzgado
Once Administrativo Oral de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de
Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la Corporación Orgullo
Santandereano contra el Juzgado Once Administrativo Oral de Bucaramanga y el
Tribunal Administrativo de Santander.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
5 Ver, sentencia del 22 de septiembre de 2022, expediente número: 11001-03-15-000-2022-03938-00, M.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado.
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Demandante: Corporación Orgullo Santanderano
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN.
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