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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00206-00

Fecha
16 de febrero de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00206-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de amparo encaminadas a que se deje sin efectos el auto de 14 de septiembre de 2022, proferido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al habeas data del ciudadano Carlos Arturo Grisales Ledesma, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial - Secretaría que, en el término de cuarenta y ocho horas (48) contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a realizar la actualización del Certificado de Antecedentes Disciplinarios del accionante, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00206-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

16 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00206-00
Accionante: CARLOS ARTURO GRISALES LEDESMA
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se
niega – No se confiuraron los defectos denunciados // se
ampara el derecho de habeas data

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Carlos Arturo Grisales
Ledesma en contra del auto de 14 de septiembre de 2022 y del oficio N° S.J.
CEBM-31872 de 13 de octubre de 2022, emitidos por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Carlos Arturo Grisales Ledesma solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a los cargos públicos, cuya
vulneración le atribuyó: (i) al auto de 14 de septiembre de 2022, proferido por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial dentro del proceso disciplinario N°
11001-01-02-000-2013-02615-00, y mediante el cual se rechazó el recurso de
apelación de la sentencia de 31 de mayo de 2017, y (ii) al oficio N° S.J. CEBM-
31872 de 13 de octubre de 2022, emitido por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial - Secretaría, y mediante el cual se negó la solicitud de eliminación del
registro de la sanción del certificado de los antecedentes disciplinarios del
accionante.

II. HECHOS

2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos que motivan
la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura [hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial] recibió en su
contra una queja firmada por el señor Carlos Abel Aristizábal Salazar, por haber
«[…] consignado datos en las estadísticas entre el 20 de marzo al 19 de diciembre
de 2012 y desde el 25 de febrero al 21 de julio de 2013, periodos en los que me

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00206-00
Accionante: Carlos Arturo Grisales Ledesma
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

desempeñé en provisionalidad, como Magistrado del Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca […]».

2.2. Indicóque, con base en dicha queja disciplinaria, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura [hoy Comisión Nacional
de Disciplina Judicial] dio inicio al proceso disciplinario N° 11001-01-02-000-
2013-02615-00 por los siguientes hechos: «[…] a) haber consignado datos en las
estadísticas entre el 20 de marzo al 19 de diciembre de 2012 y desde el 25 de
febrero al 21 de julio de 2013, periodos en los que me desempeñé en
provisionalidad, como Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del
Valle del Cauca. b) Haber retirado del despacho dos procesos y c) Haber seguido
conociendo de algunos procesos luego de la dejación del cargo de Magistrado
[…]».

2.3. Señaló que, una vez finalizadas las etapas probatorias y de alegatos, el
Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, profirió la
sentencia de única instancia de 31 de mayo de 2017, en la que lo declaró
disciplinariamente responsable por «[…] haber inobservado los deberes
establecidos en los numerales 1 y 11 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 y los
numerales 1, 5 y 17 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y violando las
prohibiciones enmarcadas en los numerales 1 y 12 del artículo 35 ibidem, a título
de culpa grave, por reportar información carente de veracidad en la estadísticas
del SIERJU […]».

2.4. Manifestó que el «[…] 13 de octubre de 2020, en plena pandemia, en aplicación
del Acto Legislativo N° 01 de 2018 […]» formuló recurso de apelación contra la
sentencia de 31 de mayo de 2017, proferida en única instancia por el Consejo
Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para que se
hiciesen extensivos a su caso los efectos del acto legislativo referido y de la
sentencia de unificación 146 de 21 de mayo de 2020, emitida por la Corte
Constitucional.

que, en el fallo constitucional, la Corte señaló que: «[…] todas las
2.5. Adujo
personas que hayan sido condenadas en única instancia o con primera sentencia
condenatoria entre el 30 de enero de 2014 y el 17 de enero de 2018 y a quienes
se les había [sido] declarado improcedente el recurso de alzada, dándole la
oportunidad de formularlo hasta el 20 de noviembre de 2020 […]».

2.6. Afirmó que, mediante el auto de 14 de septiembre de 2022, la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, le «[…] negó la garantía de la doble conformidad
y por ende el recurso de apelación, aduciendo simple y tajantemente que tanto el
Acto Legislativo N° 01 de 2018 como las providencias invocadas, solo hacen
alusión a asuntos penales, pasando por alto el hecho de que en materia
disciplinaria existen fallos sancionatorios y, aunque no restringen la libertad de las
personas, si las afectan ostensiblemente al punto que pueden coartar el
desempeño de cargos públicos […]».

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Accionante: Carlos Arturo Grisales Ledesma
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

2.7. Sostuvo que el argumento expuesto en la providencia objeto de esta acción
constitucional, según el cual la doble conformidad solo es admisible en asuntos
penales, es contradictorio con lo sostenido por la Corte Constitucional en las
sentencias C – 017 de 1996, C – 345 de 1993 y C – 213 de 2007. En estas
providencias la Corte sostuvo que: «[…] hay lugar a extender los efectos de dichas
providencias a otras ramas del derecho, especialmente al disciplinario […]».

2.8. Asimismo, destacó que no era razonable restringir el derecho a la doble
instancia y a la doble conformidad en procesos de índole sancionatoria, como lo
es el proceso disciplinario.

2.9. También resaltó, como uno de los yerros que advierte de la providencia
enjuiciada, que el auto de 14 de septiembre de 2022, aunque presuntamente fue
discutido y aprobado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, solo fue
suscritó por la magistrada ponente de este.

2.10. Adicionalmente,sostuvo que la decisión judicial proferida por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial incurrió en un defecto sustantivo, con sustento
en los siguientes argumentos:

[…] Como antes lo aduje, los yerros en los que incurrió la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial en la providencia referenciada que me negó el derecho
a la doble conformidad, se subsumen sin duda en los defectos señalados y
que en defensa de mis derechos deben ser subsanados por esta vía
constitucional.

Por otro lado, la doble instancia es una garantía indispensable en un Estado
Social y Democrático de Derecho, importante en todas las ramas, pero
especialmente en materia penal y disciplinaria, que consiste en la posibilidad
de acudir ante un juez, normalmente superior jerárquico, del que ha resuelto,
para que revise la sentencia condenatoria o desfavorable.

Mientras se tramita la apelación y hasta el momento en que se dicte sentencia
de segundo grado, la condena no está en firme y no puede ser ejecutada ni
se tiene como antecedente, según lo estipula el artículo 248 de la
Constitución que dice: “únicamente las condenas proferidas en sentencias
judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y
contravencionales en todos los órdenes”.

Tanto el artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos (…)
como 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incluye la
doble instancia como parte del debido proceso. Colombia suscribió ambos
tratados y está obligada a cumplirlos […].

2.11. Con fundamento en lo anterior, afirmó que el auto de 14 de septiembre de
2022 incurrió «[…] en los defectos fáctico, sustantivo y de falta de motivación
[…]».

2.12. Por último, señaló que elevó solicitud ante la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial – Secretaría, con miras a que se eliminara el registro de la sanción de su
certificado de antecedentes disciplinarios, ya que se habían cumplido los cinco
años previstos en inciso final del artículo 174 de la Ley 734 de 2002. Sin embargo,

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Accionante: Carlos Arturo Grisales Ledesma
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

mediante oficio N° S.J. CEBM-31872 de 13 de octubre de 2022, tal petición fue
negada, lo que, a su juicio, afecta el derecho de acceder a cargos públicos.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] Como pretensiones de este trámite constitucional encarecidamente le
solicito a la Sala de Casación Penal de la Corte, proteger con las medidas
correctivas y coercitivas respectivas, mis derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso y al acceso a los cargo públicos y,
consecuencialmente, se deje sin efecto jurídico la providencia del 14 de
septiembre del año en curso (2022), proferida por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, contentiva de los yerros fácticos y sustanciales que
analizaré más adelante y, en su lugar, se conceda y se dé paso al recurso de
apelación que oportunamente formulé contra el fallo disciplinario
sancionatorio de única instancia emitido por la otrora sala jurisdiccional
disciplinaria del consejo superior de la judicatura a fin de dar cumplimiento a
la doble conformidad consagrada en el Acto Legislativo 01 de 2018,
puntualmente, el derecho a impugnar la primera sentencia sancionatoria y
consecuentemente, luego del análisis de la segunda instancia en materia
disciplinaria me absuelva de cualquier responsabilidad disciplinaria, porque
estoy completamente convencido de que no he cometido ninguna falta.

Cabe aclarar que en la sentencia que acceda a mis pretensiones, se debe
ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que quien debe desatar
el recurso de apelación contra el fallo disciplinario sancionatorio,
necesariamente tiene que ser una sala colegiada distinta e integrada por
miembros que no participaron en los debates y sanción de primera o única
instancia que, aunque no existe al menos con una de conjueces se debe
garantizar la imparcialidad y objetividad de la decisión definitiva.

Además, tras tutelar los derechos conculcaos solicito a la honorable Corte
Suprema de Justicia ordene la corporación accionada, elimine definitivamente
de su propio registro de antecedentes disciplinarios, la anotación en mi contra
toda vez que ya lleva más de cinco años de vigencia y no puede exceder ese
lapso […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El consejero a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 20 de
enero de 2023, admitió la presente acción de tutela. Igualmente, negó la medida
provisional solicitada por la parte accionante.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada, se advierte que se
allegaron los siguientes informes:

5.1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por conducto de la magistrada
ponente de la decisión objeto de esta acción constitucional, presentó informe en
los siguientes términos:

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00206-00
Accionante: Carlos Arturo Grisales Ledesma
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

5.2. Enprimer lugar, señaló que esta Sección carecía de competencia para
pronunciarse sobre este caso porque el inciso 2° del numeral 8° del artículo 1º del
Decreto 333 de 2021, que modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
2015, preveía la siguiente regla de reparto: «[…] cuando se trate de acciones de
tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o
pertenecieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el conocimiento
corresponderá a la jurisdicción ordinaria […]».

5.3. En segundo lugar, manifestó que, contrario a lo sostenido por el tutelante en el
escrito de amparo, el auto objeto de esta acción constitucional había sido
rigurosamente motivado y agregó que: «[…] de la simple lectura de este, resulta
incontrovertible que fueron plasmadas las consideraciones encaminados [sic] a
sustentar la improcedencia de la doble conformidad […]».

5.4. En tercer lugar, destacó que, conforme con el artículo 20 del Acuerdo N° 003 de
25 de enero de 2021, «[…] por el cual se adopta el Reglamento Interno de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial […]», el trámite secretarial de notificación
de las providencias aprobadas por la Sala de Decisión de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial se puede efectuar con una copia de la providencia suscrita por
el ponente. Por tal motivo, el argumento relacionado con que la providencia objeto
de tutela solo había sido firmada únicamente por la ponente era falso, teniendo en
cuenta que la providencia original fue suscrita por todos los integrantes de la Sala.

5.5. En cuarto lugar, resaltó que no era posible extender los efectos de la sentencia
de unificación 146 de 21 de mayo de 2020, proferida por la Corte Constitucional, y
del auto AP2118 de 2020, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, debido a que el ámbito de aplicación de dichas providencias
eran el penal y, por ello, tales decisiones no resultaban extensibles al derecho
disciplinario.

5.6. Por último, señaló que tampoco era cierto que se hubiese incurrido en un error
al señalar que el actor no era un aforado en materia penal.

5.7. El Secretario de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial allegó informe
de las actuaciones que se habían surtido en el presente proceso y precisó, en lo
atinente al oficio N° S.J. CEBM-31872 de 13 de octubre de 2022, que no era
posible «[…] retirar la anotación de la sanción del certificado de antecedentes
disciplinarios, pues aun se encuentra pendiente de pago la sanción pecuniaria
[…]». Al respecto puso de manifiesto que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a través del oficio N° DEAJGCC20-9947 de 17 de diciembre de 2020,
informó que aún no se había realizado el pago de la sanción porque el proceso de
cobro coactivo se encontraba suspendido por el término de dos años.

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Accionante: Carlos Arturo Grisales Ledesma
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591
del 19 de noviembre de 19911.

7. Ello, en razón a que, contrario a lo sostenido por la autoridad accionada, las
reglas de reparto previstas en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, no son reglas
de competencia, tal como lo prevé el parágrafo 2° del citado decreto «[…] [l]as
anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para
rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia […]» y lo
precisado la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos2.

8. En ese sentido, esta Sección no puede acceder a la solicitud de falta de
competencia formulada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en
tanto que las reglas previstas en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021 son de
reparto y no de competencia.

VI.2. Problemas jurídicos

9. Teniendo en cuenta que en esta ocasión la presunta vulneración de los
derechos fundamentales del actor deriva de dos circunstancias diferentes, como
es la expedición del auto de 14 de septiembre de 2022 y la decisión de mantener
la anotación de la sanción disciplinaria en el certificado de antecedentes;
corresponde a la Sala establecer lo siguiente:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela. Y si ello es así determinar:

b) Si el auto de 14 de septiembre de 2022, proferido por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial dentro del proceso disciplinario N° 11001-
01-02-000-2013-02615-00, vulneró los derechos fundamentales invocados
por la parte accionante.

c) Y, por último, determinar si la decisión de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial – Secretaría de mantener la anotación de la sanción en
el certificado de antecedentes disciplinarios del accionante vulnera sus
derechos fundamentales.

10. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de

1 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2 Ver auto 212 de 2021.

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Accionante: Carlos Arturo Grisales Ledesma
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

11. En sentencia de 31 de julio de 20123, la Sala Plena del Consejo de Estado
cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de
tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos
fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y
su propia jurisprudencia.

12. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

13. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.

14. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial4, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución5.

3 Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
4 Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
5
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera
absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento
establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o
da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o
inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes
y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y
jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance
dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

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Accionante: Carlos Arturo Grisales Ledesma
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

15. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión6” que se encaje en
dichos parámetros.

16. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

17. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

18. El ciudadano Carlos Arturo Grisales Ledesma solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a los cargos públicos, cuya
vulneración le atribuyó: (i) al auto de 14 de septiembre de 2022, proferido por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial dentro del proceso disciplinario N°
11001-01-02-000-2013-02615-00, y mediante el cual se rechazó el recurso de
apelación de la sentencia de 31 de mayo de 2017, y (ii) al oficio N° S.J. CEBM-
31872 de 13 de octubre de 2022, emitido por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial - Secretaría, y mediante el cual se negó la solicitud de eliminación del
registro de la sanción del certificado de los antecedentes disciplinarios del
accionante.

19. La Sala advierte que, aunque el actor afirma que en el auto de 14 de
septiembre de 2022 se incurrió en defecto sustantivo, fáctico y en decisión sin
motivación, la realidad es que los argumentos contenidos en el escrito de tutela se
enmarcan en las causales habilitantes de desconocimiento del precedente, de
violación directa de la Constitución y de defecto procedimental absoluto, razón por
la cual el presente estudio se realizará desde la perspectiva de esas causales de
procedibilidad, y no de las invocadas por el tutelante.

Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de
manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política»
6 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio

González Cuervo.

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Accionante: Carlos Arturo Grisales Ledesma
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

20. Adicionalmente, es oportuno indicar que, como quiera que la presunta
vulneración de los derechos fundamentales del actor deriva de dos circunstancias
diferentes, esto es, de la expedición del auto de 14 de septiembre de 2022 y de la
decisión de mantener la anotación de la sanción disciplinaria en el certificado de
antecedentes, la Sala efectuará el análisis de manera separada respecto de cada
uno de tales eventos.

VI.4.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra el auto de 14 de septiembre de 2022

21. En relación con este aspecto de la acción de amparo, la Sala analizará si en el
sub judice se cumplen los requisitos generales de procedencia. En tal sentido, se
advierte lo siguiente:

21.1. Enel escrito de tutela se invoca la vulneración de derechos de orden
fundamental como lo son el debido proceso, la doble instancia y la doble
conformidad. Además, la Sala considera que sí se satisfizo la carga mínima
argumentativa respecto de los defectos denunciados. Por lo anterior se concluye
que se cumple con el requisito de relevancia constitucional.

21.2. La
acción de tutela fue promovida dentro de un término razonable, habida
cuenta que la providencia judicial acusada fue notificada por correo electrónico el
11 de octubre de 2022. Por su parte, la solicitud de amparo se instauró el 18 de
enero de 2023.

21.3. El
accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial, por lo que se
cumple con el requisito de la subsidiariedad.

21.4. La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
fue debidamente precisada en el escrito de tutela.

21.5. Laacción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un
proceso de idéntica naturaleza o índole. Adicionalmente, como se alega una
irregularidad procesal, este aspecto será objeto estudio más adelante.

VI.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

22. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales desde la
perspectiva de las causales habilitantes atinentes a la violación directa de la
Constitución, desconocimiento del precedente y defecto procedimental absoluto.

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VI.4.2.1. Análisis del desconocimiento del precedente y de violación directa
de la Constitución

23. En lo relativo al desconocimiento del precedente, se tiene que la jurisprudencia7
ha entendido por precedente, la sentencia o el conjunto de sentencias proferidas
con anterioridad al asunto que debe resolverse que presentan similitudes con un
caso nuevo objeto de escrutinio en materia de i) patrones fácticos y ii) problemas
jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

24. Se debe distinguir entre el precedente horizontal y el vertical, teniendo en
cuenta la autoridad que profiere la providencia. Así, el primero hace referencia a
aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o por el mismo
operador judicial y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las
instancias superiores encargadas de unificar la jurisprudencia dentro de la
respectiva jurisdicción.

25. Un juez -individual o colegiado- no puede separarse, sin una explicación
suficientemente y sustentada del precedente fijado en sus propias sentencias, ni
tampoco del precedente establecido por las autoridades superiores,
específicamente del emanado de las Altas Cortes.

26. En este contexto, se destaca que el desconocimiento del precedente puede ser
alegado de dos formas, a saber: i) como causal autónoma, cuando la providencia
judicial enjuiciada se aparta de un precedente contenido en sentencias proferida
por la Corte Constitucional, y ii) como defecto sustantivo, el cual se configura
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical
fijado por la jurisdicción contenciosa y sin justificación suficiente, lo cual conduce a
concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo8.

27. En lo atinente a la causal de violación directa de la Constitución, sea lo primero
señalar que su fundamento reside en el principio de supremacía constitucional
previsto en el artículo 4º de la carta política. En virtud de este principio, los

7 Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La
correcta aplicación del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de
conformidad con el(los) caso(s), solo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica
aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla
jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún
supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de
2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
8 Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La

correcta aplicación del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de
conformidad con el(los) caso(s), solo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica
aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla
jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún
supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de
2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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preceptos y mandatos constitucionales son normas jurídicas de aplicación
inmediata, de carácter vinculante y con eficacia directa, por lo que todos los
administradores de justicia tienen el deber de velar por su cumplimiento,
prevalencia y aplicación en sus decisiones judiciales9.

28. Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha insistido que el ordenamiento
constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, al punto que
de ellos se derivan mandatos y previsiones cuya aplicación corresponde a las
distintas autoridades y, en determinados eventos, a los particulares. En esas
circunstancias, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda
cuestionarse a través de la acción de tutela cuando no aplica o aplica
indebidamente las normas constitucionales10.

29. En esa medida, el defecto por violación directa de la Constitución se asienta en
el modelo de Estado Social de Derecho adoptado en 1991 y parte de la obligación
consistente en que: «[…] les asiste a todas las autoridades judiciales de velar por
el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política,
según el cual ‘la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán
las disposiciones constitucionales […]»11.

30. En criterio de la Corte Constitucional, esta causal tiene lugar cuando el juez
ordinario adopta una decisión que representa la inaplicación de una norma
constitucional o cuando aplica una norma de rango inferior al constitucional,
al margen de los dictados de la Constitución12.

31. Asimismo, la Corte ha explicado que la violación directa de la Constitución
debe ser entendida como una causal específica autónoma de procedencia
del amparo constitucional contra una decisión judicial, ante la exigencia de
razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo que realizan
los jueces o autoridades administrativas, el cual siempre estará sujeto, entre
otros aspectos, a la concordancia con la Carta Política13.

32. En el anterior entendimiento, la jurisprudencia constitucional ha señalado se
configura este defecto cuando: i) se desobedecen las reglas y principios en la
Constitución, ii) cuando al aplicar tales reglas y principios se les da un alcance
diferente al pretendido, y iii) cuando no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad a pesar de ser evidente y de haber sido solicitada por alguna
de las partes en el proceso14.

9 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018, M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-1073 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU- 918. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. En este mismo sentido
pueden verse las sentencias T-967 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-310 de 2009, M. P. Mauricio
González Cuervo y T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-088 de 2018. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
14 Sentencia T-032 de 8 de febrero de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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33. Por último, debe resaltarse que el bloque de constitucionalidad, de acuerdo con
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, hace referencia la «[…] unidad jurídica
compuesta “por...normas y principios que, sin aparecer formalmente en el
articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de
constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a
la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son
pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son
normas situadas en el nivel constitucional […]».

34. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la parte accionante
adujo que la autoridad judicial accionada se abstuvo de aplicar el Acto Legislativo
N° 01 de 2018, así como la sentencia de unificación 146 de 2020, el auto AP2118-
2020 de 3 de septiembre de 2020, y los artículos 8° -literal h- de la Convención
Americana de Derechos Humanos y 14 -numeral 5°- del Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos.

35. En cuanto al Acto Legislativo N° 01 de 2018, señaló que el Congreso de la
República de Colombia, a través del acto jurídico mencionado, decidió reformar los
artículos 186, 234 y 235 constitucionales, a efectos de «[…] implementar el
derecho a la doble instancia y [sic] impugnar la primera sentencia condenatoria o
lo que se ha llamado la doble conformidad […]». Esta norma constitucional, a
juicio del actor, debió ser aplicada en el auto de 14 de septiembre de 2022.

36. Respecto del desconocimiento del precedente contenido en la sentencia de
unificación 146 de 21 de mayo de 2020, proferida por la Corte Constitucional, el
actor manifestó que el citado fallo amparó «[…] los derechos fundamentales al
debido proceso y por tanto a impugnar la primera condena en favor del procesado
Andrés Felipe Arias Leiva, decisión que por tratarse de una providencia de
unificación, su ratio decidendum constituye precedente judicial de obligatorio
cumplimiento para todos los operadores judiciales y administrativos […]».

37. Asimismo, expuso que, como medida para garantizar el derecho constitucional
a la igualdad, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió
el auto AP2118-2020 de 3 de septiembre de 2020, a través del cual «[…] extendió
los efectos de la sentencia SU – 146 de la Corte Constitucional a todas las
personas que hayan sido condenadas en única instancia o con primera sentencia
condenatoria entre el 30 de enero de 2014 y el 17 de enero de 2018 y a quienes
se les había declarado improcedente el recurso de alzada, dándoles la
oportunidad de formularlo hasta el 20 de noviembre de 2020, por lo que en mi
caso particular la alzada la presenté dentro de dicho término (13 de octubre de
2020) […]».

38. En consonancia con lo anterior, expuso que los argumentos expuestos en la
providencia objeto de esta acción constitucional son desacertados, ya que: «[…]
en materia disciplinaria existen fallos sancionatorios y, aunque no restringen la
libertad de las personas, si las afectan ostensiblemente al punto que pueden
coartar el desempeño de cargos públicos, el ascenso por méritos y demás efectos

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accesorios derivados de la sanción como es mi caso particular y con ello se
mueve la facult6ad punitiva del Estado que de todas formas castiga por las
infracciones a la ley disciplinaria y que necesariamente involucra el derecho
sancionatorio […]».

39. Igualmente, destacó que desde una visión constitucionalista del asunto, se
podía concluir que no era constitucional ni convencionalmente razonable lo
afirmado en el auto tutelado [en lo relacionado con que no es posible extender los
efectos de la sentencia SU - 146 de 2020 y del auto de AP2118-2020 de 3 de
septiembre de 2020 al ámbito disciplinario]; ya que en las sentencias C – 017 de
1996, C – 345 de 1993 y C - 213 de 2007, la Corte admitió la posibilidad de
extender los efectos de las normas e instituciones penales al derecho disciplinario.

40. Sobre el desconocimiento de los artículos 8° -literal h- de la Convención
Americana de Derechos Humanos y 14 -numeral 5°- del Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, el actor sostuvo que: «[…] [t]anto el artículo 8° de la
Convención Americana de Derechos Humanos (…) como 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos incluye la doble instancia como parte
del debido proceso. Colombia suscribió ambos tratados y está obligada a
cumplirlos […]».

41. Resumidos los argumentos sobre los que se fundamenta la configuración de los
defectos de desconocimiento del precedente y de violación directa de la
Constitución, procede la Sala a realizar su estudio. Veamos:

VI.4.2.1.1. De la inaplicabilidad de los artículos 186, 234 y 235 de la
Constitución Política [modificados por el Acto Legislativo N° 01 de 2018] y de
los artículos 8° -literal h-de la Convención Americana de Derechos Humanos,
y 14 -numeral 5°- del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos

42. En relación con este punto de la discusión, el actor sostuvo que en el auto de
14 de septiembre de 2022 debió darse aplicación al Acto Legislativo N° 01 de
2018, que modificó los artículos 186, 234 y 235 constitucionales e implementó
«[…] el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia
condenatoria […]», y además debieron aplicarse los artículos 8° -literal h- de la
Convención Americana de Derechos Humanos, y 14 -numeral 5°- del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

43. En el auto de 14 de septiembre de 2022, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial señaló que no era posible aplicar las normas constitucionales en cuestión
por las siguientes razones:

[…] Tampoco se discute que a partir de la entrada en vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2018, se modificaron los artículos 186, 234 y 235 de la
Constitución Política y se implementaron el derecho a la doble instancia y a
impugnar la primera sentencia condenatoria, mas no sancionatoria, lo que
impide trasplantar lo resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia a este asunto, con motivo del proveído AP2118-
2020 respecto de un Representante a la Cámara procesado por concierto

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para delinquir agravado para promover grupos armados al margen de la
ley.

De ahí que la Corporación destinataria del memorado Acto Legislativo,
no haya sido otra que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, pero no la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.

Por ello es intrascendente verificar si la aludida reforma tuvo incluso efectos
retroactivos en aplicación del principio de favorabilidad, como lo sostuvo la
Corte Constitucional en la sentencia SU-146 de 21 de mayo de 2020, en cuya
trascendental decisión tampoco se habló de la aplicación de la doble
conformidad en los procesos disciplinarios adelantados en única instancia
contra Magistrados de Tribunales y Consejos o Comisiones Seccionales, sino
que se abordó el caso de un exministro que fue condenado en lo penal sin el
mecanismo de impugnación que a la postre le sería favorable […].

44. Sea lo primero señalar que en los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución
Política se regula lo concerniente a la condición de aforados de los Congresistas,
la composición de la Corte Suprema de Justicia y las atribuciones de esa Alta
Corte. Dichas normas fueron reformadas mediante el Acto Legislativo N° 01 de 18
de enero de 2018.

45. A través del Acto Legislativo N° 01 de 18 de enero de 2018, se buscó garantizar
el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria o doble conformidad a
los aforados, el cual estaba siendo vulnerado por el Estado Colombiano al no
prever un mecanismo de impugnación eficaz y eficiente que garantizara a los
ciudadanos la revisión de las primeras sentencias condenatorias proferidas en
segunda instancia, en casación o en única instancia. Así las cosas, para garantizar
este derecho en materia penal, el Congreso de la República modificó la
composición y las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, en su condición
de máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria.

46. En ese sentido, pretender que a través de este mecanismo constitucional se
apliquen analógicamente las normas constitucionales referidas, las cuales, se
itera, regulan lo atinente a la composición y atribuciones de la Corte Suprema de
Justicia, resulta improcedente, teniendo en cuenta que la composición,
atribuciones y funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se
encuentran previstas en el artículo 257A de la Constitución Política.

47. De manera que no es posible concluir que existió en el sub examine una
violación de los artículos 186, 234 y 235 constitucionales, debido a que dichas
normas no son las que regulan el funcionamiento, la composición y las
atribuciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

48. Aunado a lo anterior, esta Sección estima pertinente resaltar que en los
artículos constitucionales que se anuncian como vulnerados se establece, en lo
concerniente al derecho la doble instancia en materia penal y a la doble
conformidad, que la Corte Suprema de Justicia, a través de las Salas Especiales

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Penales y de la Sala de Casación Penal, deberá garantizar el derecho a la doble
instancia de los aforados y a la doble conformidad. Para ello, las normas
constitucionales prevén la articulación entre la Salas Especiales con la Sala de
Casación, a efectos de que actúen como juez de primera y de segunda instancia.

49. Esta articulación que el Constituyente efectuó en el interior de la Corte
Suprema de Justicia, a través del Acto Legislativo N° 01 de 18 de enero de 2018,
no puede aplicarse por la vía analógica al funcionamiento y composición de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, so pena de lesionar el orden
constitucional.

50. En lo concerniente a la supuesta violación del artículo 8° -literal h- de la
Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 14 -numeral 5°- del
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, sea lo primero traer a
colación el contenido de las citadas normas:

50.1. LaConvención Americana de Derechos Humanos, ratificada y aprobado a
través de la Ley 16 de 30 de diciembre de 1972, dispone en su artículo 8° -literal h-
lo siguiente:

[…] Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser
oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el
proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas:
(…)
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior […]. [negrillas
de la Sala]

50.2. Porsu parte, el artículo 14 -literal 5°- del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, ratificado y aprobado por Colombia través de la Ley 74 de 26 de
diciembre de 1968, prevé lo siguiente:

[…] 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.
Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal
formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones
de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o
parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad
nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida
privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del
tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad
pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en
materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el
interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes
a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.
(…)

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5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el
fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a
un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley […]. [negrillas de la
Sala]

51. Valga resaltar que los instrumentos internacionales señalados como
desconocidos por el actor fueron ratificadas por el Estado de Colombia a través de
las leyes 74 de 26 de diciembre de 1968 y 16 de 30 de diciembre de 1972. Estos
tratados regulan, entre otros aspectos, el derecho a la doble instancia y a la doble
conformidad.

52. Sin embargo, el tenor literal de los artículos 14 -numeral 5°- del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8° -literal h- de la Convención
Americana de Derechos Humanos, permite evidenciar que la referencia a estas
garantías mínimas se predica exclusivamente del ejercicio de la acción
penal.

53. En tal sentido, se pone de relieve que en el literal h) del numeral segundo del
artículo 8° citado se señala lo siguiente: «[…] [t]oda persona inculpada de delito
(…) tiene derecho (…) a las siguientes garantías mínimas: (…) h) derecho de
recurrir del fallo ante juez o tribunal superior […]». Claramente, la garantía
procesal a la que hacer referencia el tratado internacional se materializa en el
marco de la acción penal porque es en este ámbito en el que se sanciona a los
ciudadanos por la comisión de delitos.

54. Lo mismo ocurre con el numeral 5° del precitado artículo, precepto que dispone
como garantía mínima la consistente en que: «[…] [t]oda persona declarada
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que
se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo
prescrito por la ley […]». La referida norma, que consagra la doble conformidad,
también hace referencia exclusivamente al ámbito penal, más no al disciplinario.

55. Lo anterior se acompasa con lo dicho por la Corte Constitucional en la
sentencia C - 792 de 201415, providencia en la que se señaló lo siguiente: «[…]
[t]anto la Carta Política como los instrumentos internacionales de derechos
humanos han calificado la impugnación de los fallos condenatorios como un
derecho subjetivo (…) el artículo 14.5 del PIDCP le asigna la condición de
“derecho” en cabeza de toda persona declarada culpable de un delito, y el artículo
8.2.h de la CADH establece que toda persona tiene “derecho” a recurrir el fallo
ante juez o tribunal superior. Se trata entonces de un derecho constitucional y
convencional, cuyo sujeto activo es la persona que ha sido condenada en un
proceso penal […]».

56. En este orden de ideas, para la Sala no es posible evidenciar la supuesta
violación de los tratados internacionales referidos porque, como se precisó con
antelación, dichas preceptos se encuentran dirigidos a consagrar las garantías

15 Corte Constitucional. Sentencia C – 792 de 2014. M.P.: Luís Guillermo Guerrero Pérez.

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mínimas de un ciudadano en el marco de un proceso penal y, entre ellas, se
establece el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria.

57. Esta Sección no desconoce que la acción disciplinaria, cuyo ejercicio se
encuentra a cargo -entre otros organismos- de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, hace parte de lo que genéricamente se conoce como ius puniendi del
Estado. Sin embargo, ello no quiere decir que en todas las expresiones del ius
puniendi se apliquen en forma uniforme e invariable las reglas e instituciones
existentes en el ámbito penal; tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en
los siguientes términos:

[…] 18. El derecho sancionador es una categoría jurídica amplia y
compleja, así reconocida por la jurisprudencia, por la cual el Estado
puede ejercer un derecho de sanción o ius puniendi, destinado a reprimir
conductas que se consideran contrarias al Derecho, es decir, a los derechos y
libertades u otros bienes jurídicos protegidos. Dentro de sus
manifestaciones, se han distinguido de un lado el derecho penal
delictivo y de otro, los que representan en general poderes del Derecho
administrativo sancionador, como es el caso del contravencional, del
disciplinario y del correccional.

19. Todas estas expresiones del ius puniendi, pueden determinar
afectaciones sobre los derechos constitucionales, pues así lo determinan las
sanciones a ser impuestas y que van desde el llamado de atención, o la carga
monetaria a favor del fisco, hasta la suspensión o cancelación de una licencia
profesional o la inhabilitación temporal para desempeñar funciones públicas,
o, en el caso más extremo, la privación de la libertad. Quiere decir lo anterior,
que estas medidas pueden significar restricciones o limitaciones por ejemplo
a los derechos al buen nombre, al derecho político de ejercer cargos públicos,
a la libertad de locomoción y al ejercicio libre de profesión u oficio o libertad
de trabajo, a la libertad de retiro de la actividad económica y a la propia
libertad personal, cuyos alcances se reducen a la par que operan las
sanciones administrativas, disciplinarias y penales impuestas.
(…)
[E]ntre el derecho penal y los otros derechos sancionadores existen
diferencias que no pueden ser desestimadas. Así, el derecho penal no
sólo afecta un derecho tan fundamental como la libertad sino que
además sus mandatos se dirigen a todas las personas, por lo cual es
natural que en ese campo se apliquen con máximo rigor las garantías
del debido proceso. En cambio, otros derechos sancionadores no sólo
no afectan la libertad física, pues se imponen otro tipo de sanciones,
sino que además sus normas operan en ámbitos específicos, ya que se
aplican a personas que están sometidas a una sujeción especial -como
los servidores públicos- o a profesionales que tienen determinados
deberes especiales, como médicos, abogados o contadores. En estos
casos, la Corte ha reconocido que los principios del debido proceso se siguen
aplicando pero pueden operar con una cierta flexibilidad en relación con el
derecho penal […]16. [negrillas de la Sala]

58. Además, frente al caso específico del derecho a impugnar la primera sentencia
condenatoria, esto es, el principio de doble conformidad consagrado en la
Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de

16 Corte Constitucional. Sentencia C - 762 de 2009. M.P.: Juan Carlos Henao Pérez.

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Derechos Políticos, la Corte Constitucional, en su sentencia C – 792 de 2014,
sostuvo que el ámbito de aplicabilidad de esta garantía constitucional y
convencional se encuentra restringida al derecho penal, y en tal sentido señaló lo
siguiente:

[…] Tanto la Carta Política como los instrumentos internacionales de
derechos humanos han calificado la impugnación de los fallos
condenatorios como un derecho subjetivo que integra el núcleo básico
del derecho de defensa. Es así como el artículo 29 de la Carta Política
establece que toda persona tiene “derecho” a impugnar las sentencias
condenatorias, el artículo 14.5 del PIDCP le asigna la condición de “derecho”
en cabeza de toda persona declarada culpable de un delito, y el artículo 8.2.h
de la CADH establece que toda persona tiene “derecho” a recurrir el fallo ante
juez o tribunal superior. Se trata entonces de un derecho constitucional y
convencional, cuyo sujeto activo es la persona que ha sido condenada
en un proceso penal.
(…)
5.3. Ámbito de acción. Tal como se desprende de la normativa reseñada,
el derecho a la impugnación ha sido concebido para el proceso penal.
Así, el artículo 29 del texto constitucional delimitó su alcance al aclarar
que la prerrogativa en cuestión opera “en materia penal”, y al determinar
que la facultad se ejerce respecto de la “sentencia condenatoria”, propia
de este tipo de juicios. Por su parte, la CADH establece expresamente
que esta prerrogativa está en cabeza de “toda persona inculpada de
delito”. Y dentro de esta misma lógica, el PIDCP reserva este derecho a
“la persona declarada culpable de delito”. De este modo, el escenario
propio la facultad de impugnación es el proceso penal.

Esto se explica por la circunstancia de que es justamente en el contexto
del juicio penal en el que el Estado despliega su mayor poder represivo,
y en el que, por consiguiente, se produce un mayor potencial afectación
de los derechos fundamentales, y por tanto, una garantía reforzada de
defensa frente a los actos incriminatorios.
(…)
5.5. Objeto. El derecho a la impugnación recae sobre las sentencias
condenatorias, es decir, sobre las decisiones judiciales que al resolver
el objeto de un proceso penal, determinan la responsabilidad de una
persona y le imponen la correspondiente sanción. Como puede advertirse, el
objeto de la referida prerrogativa constitucional se estructura en torno a dos
elementos: por un lado, en torno al tipo de decisión que se expide dentro
del juicio penal […]. [negrillas y subrayado de la Sala]

59. En igual sentido, y mediante el fallo de 8 de septiembre de 202017, se pronunció
la Sala Plena de esta Corporación al analizar la solicitud de doble conformidad
efectuada en el marco de un proceso de pérdida de investidura. Al respecto se
indicó:

[…] Este derecho tiene, entonces, como titular exclusivo, a la persona
condenada por la comisión de un delito, quien está habilitado para
solicitar la revisión del fallo que lo condena por primera vez.

17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de septiembre de 2020.

Exp. N° 11001-03-15-000-2019-04145-01. C.P.: José Roberto Sáchica Aponte.

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De manera que la garantía de la doble conformidad, se proyecta en el
escenario de las actuaciones que adelantan las autoridades judiciales
por la comisión de un delito, no sólo porque así se desprende del claro
tenor de la normativa internacional, sino también, en tanto tal garantía
está llamada a incrustarse en los sistemas jurídicos de represión y
persecución del delito, donde la acción del Estado está dotada de
prerrogativas y poderes capaces de limitar, desde diversas perspectivas,
algunos derechos del ser humano […]. [negrillas y subrayado de la Sala]

60. Todo lo anterior le permite a la Sala concluir que los instrumentos
internacionales ratificados por Colombia18 solo consagran la obligación del
Estado Colombiano de garantizarle a todos los ciudadanos el derecho a la
doble conformidad en materia penal. Sin embargo, aunque el Estado de
Colombia no tiene la obligación internacional de garantizar este derecho en
asuntos distintos al derecho penal; ello no quiere decir, ni puede
interpretarse como una legitimación del legislador para extender esta
garantía a otros ámbitos.

61. En efecto, el legislador puede, en su libertad de configuración, consagrar
preceptos que establezcan la garantía de doble conformidad a otros escenarios
jurídicos en los que se profieran decisiones condenatorias. Así ocurre, verbi gratia,
con el artículo 149 A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, norma que consagra la garantía de la doble
conformidad en tratándose de acciones de repetición. El precepto en comento,
dispone lo siguiente:

[…] Competencia del Consejo de Estado con garantía de doble
conformidad. El Consejo de Estado conocerá de los siguientes asuntos:

1. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o
quien haga sus veces, el Vicepresidente de la República, congresistas,
ministros del despacho, directores de departamento administrativo,
Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal
General de la Nación, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la
Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Jurisdicción Especial para la Paz, miembros de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor
General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito
judicial, de los tribunales administrativos, de las comisiones seccionales de
disciplina judicial, de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal
Superior Militar, y de los delegados de la Fiscalía General de la Nación o del
Ministerio Público ante las autoridades judiciales señaladas en este numeral.

En estos casos, la Sección Tercera, a través de sus subsecciones, conocerá
en única instancia. Sin embargo, si la sentencia es condenatoria contra ella
será procedente el recurso de apelación, el cual decidirá la Sala Plena de la
Sección Tercera, con exclusión de los consejeros que hayan participado en la
decisión de primera instancia.

18 Art° 8° -literal h- de la Convención Americana de Derechos Humanos y Art° 14 -numeral 5°- del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan
actos administrativos de carácter disciplinario expedidos contra el
Vicepresidente de la República o los congresistas, sin importar el tipo de
sanción.

En este caso, la Sección Segunda, a través de sus subsecciones, conocerá
en única instancia. Sin embargo, si la sentencia declara la legalidad de la
sanción disciplinaria contra ella será procedente el recurso de apelación, el
cual decidirá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con exclusión de
los consejeros que hayan participado en la decisión de primera instancia […].

62. Otro escenario en el que el legislador decidió aplicar la garantía de la doble
conformidad lo hallamos en el ejercicio de la «[…] potestad disciplinaria […]» en
cabeza de la Procuraduría General de la Nación y de las facultades disciplinarias
en cabeza de las oficinas de control interno disciplinario de entidades u
organismos del Estado, regulado en los artículos 12 y 93 de la Ley 1952 de 28 de
enero de 201919, modificado por el artículo 3° de la Ley 2094 de 29 de junio de
2021.

63. El artículo 12 de la Ley 1952 de 28 de enero de 2019, modificado por el artículo
3° de la Ley 2094 de 29 de junio de 2021, señala que «[…] [t]odo disciplinable
tiene derecho a que el fallo sancionatorio sea revisado por una autoridad
diferente, su trámite será el previsto en esta ley para el recurso de apelación
[…]». Adicionalmente, el inciso final de la norma aludida consagra que en caso de
que la primera decisión sancionatoria haya sido proferida por el Procurador
General de la Nación, la doble conformidad se garantizará según lo previsto en el
artículo 10220 del Código General Disciplinario. En el Código General Disciplinario
también se advierten otras circunstancias en las que se debe garantizar la doble
conformidad, como lo es el caso del proceso disciplinario en contra del Procurador
General de la Nación, regulado en el artículo 100.

64. En este segundo supuesto, regulado en artículo 149 A del CPACA, y en los
artículos 12, 93 y 100 del Código General Disciplinario, el derecho a la doble
conformidad no deviene del cumplimiento de una obligación de carácter
internacional como ocurre en el ámbito penal, sino que deriva de la decisión
legislativa de desarrollar y hacer extensiva la figura a procesos de otra
naturaleza como la acción de repetición, el proceso «[…] disciplinario […]»
en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y de la las entidades y
organismos del Estado. Podría concluirse, entonces, que en este evento la
fuente jurídica de la garantía de doble conformidad no se halla en los instrumentos
internacionales ratificados por Colombia, sino en el derecho interno y
específicamente en los artículos 149 A del CPACA, 12, 93 y 100 del Código
General Disciplinario.
19 Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas

disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.
20 Esta norma dispone: «[…] La doble conformidad de las decisiones sancionatorias del Procurador General

de la Nación será resuelta por una sala compuesta por tres (3) personas que cumplan los mismos requisitos
del artículo 232 de la Constitución Política, sorteadas de una lista de doce (12) nombres que debe elaborar la
Comisión Nacional del Servicio Civil, en estricto orden descendente de quienes se presentaron al concurso de
méritos de que trata el artículo anterior […]».

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65. Sobre la facultad del legislador de extender la garantía de la doble conformidad
a campos diferentes al derecho penal, la Corte Constitucional en el comunicado de
la sentencia C – 414 de 23 de noviembre de 2022, se pronunció en los siguientes
términos:

[…] En segundo lugar, la Sala Plena se refirió al régimen constitucional y
convencional de la doble conformidad. En esta sección de la providencia, la
Corte mantuvo que aquella se trata de una garantía procesal exigible
(obligatoria) en materia condenatoria penal. Asimismo, el tribunal destacó
que el legislador ha extendido esa garantía a otros procedimientos
(esencialmente disciplinarios). La Corte concluyó que, en virtud del
principio pro persona, el Congreso de la República puede ampliar las
garantías procesales a ámbitos en las que estas no son exigidas, pero
tampoco están prohibidas dado que representan una optimización del
derecho al debido proceso. En la providencia se sostuvo que: “las garantías
establecidas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y
en las normas internas son un conjunto de parámetros mínimos. De manera
que se puede ampliar el alcance de un derecho o de una garantía y ese
contenido expansivo prevalece en su aplicación debido a la mayor protección
que le ofrece al ser humano” […]21.

66. Ahora bien, descendiendo al proceso disciplinario en el que resultó sancionado
el señor Carlos Arturo Grisales Ledesma, se evidencia que el numeral 3° del
artículo 112 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia22 prevé que: «[…]
[c]orresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura [hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial]: (…) [c]onocer, en
única instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los
magistrados de los Tribunales y Consejos Seccionales de la Judicatura, el
Vicefiscal, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y los
Tribunales […]». La citada norma se encuentra vigente y su constitucionalidad fue
analizada por la Corte Constitucional en la sentencia C – 037 de 1996, autoridad
que no efectuó ningún reparo respecto de ella.

67. Así las cosas, no es posible concluir que en el auto tutelado se desconocieron
los artículos 14 -numeral 5°- del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
y 8° -literal h- de la Convención Americana de Derechos Humanos porque, como se
explicó con antelación, el ámbito de aplicación de estas normas es propio del
derecho penal y no del disciplinario. Tampoco se incurrió en una violación de los
artículos 186, 234 y 235 constitucionales, modificados por el Acto Legislativo N° 01
de 18 de enero de 2018, porque dichas normas no están relacionadas con la
jurisdicción disciplinaria, sino que hacen referencia exclusivamente a la jurisdicción
ordinaria, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia.

21 Corte Constitucional. Comunicado No. 39 de 23 de noviembre de 2022.
22 La norma referida dispone: «[…] Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de

la Judicatura: (…) Conocer, en única instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los
magistrados de los Tribunales y Consejos Seccionales de la Judicatura, el Vicefiscal, los fiscales delegados
ante la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales […]».

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VI.4.2.1.2. De la inaplicabilidad de la sentencia SU – 146 de 2020 y del auto
AP2118-2020 de 3 de septiembre de 2020 al sub examine

68. Como se precisó con antelación, uno de los reproches que se efectúa en esta
acción constitucional deriva de la falta de aplicación de la sentencia de unificación
146 de 21 de mayo de 2020, proferida por la Corte Constitucional, y del auto
AP2118-2020 de 3 de septiembre de 2020, emitido por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia.

69. Según el actor, estas decisiones debieron ser aplicadas al caso de autos
porque son decisiones unificadoras con efectos «[…] inter comunis […]» y el
derecho disciplinario hace parte del ejercicio del ius puniendi, por lo que no es
admisible que los ciudadanos se les cercene de los derechos a la doble instancia y
a la doble conformidad.

70. Por su parte, en el auto tutelado de 14 de septiembre de 2022 se señaló lo
siguiente:

[…] 2. Del caso concreto. El problema jurídico consiste en establecer si
resulta viable acceder a solicitud de doble conformidad formulada por el
doctor Carlos Arturo Grisales Ledesma, en su condición de disciplinado como
Ex Magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, contra la
sentencia proferida por la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual lo sancionó, en única
instancia, con suspensión de un (1) mes en el ejercicio de sus funciones, por
haber inobservado los deberes establecidos en los numerales 1° y 11 del
artículo 153 de la Ley 270 de 1996 y los numerales 1°, 5° y 17 del artículo 34
de la Ley 734 de 2002, y violado las prohibiciones enmarcadas en los
numerales 1° y 12 del artículo 35 ejusdem, a título de culpa grave, sanción
convertida a un salario devengado para el año 2013, por haber dejado de
ostentar ese cargo.
(…)
En el caso que se analiza, el derecho de impugnación a que alude el
memorialista con miramiento en las decisiones judiciales proferidas a partir
del año 2020 por las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia, se torna
aplicable para tres grupos de aforados entre los que no se encuentra aquél:

En efecto, la sentencia SU 146 de 2020 de la Corte Constitucional fue precisa
en señalar los destinatarios del derecho a impugnar una sentencia
condenatoria dictada en única instancia, con motivo del Acto legislativo 01 de
2018, a saber:

1) "El primero está integrado por quienes asumen la Presidencia de la
República (Art. 199 C.P.); los máximos cargos de magistratura de la Corte
Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional; la
titularidad de las magistraturas del Consejo Superior de la Judicatura y la
cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Frente a estos altos servidores
del Estado el Ordenamiento Superior prevé un diseño de investigación y
juzgamiento en el que intervienen la Cámara de Representantes y el Senado,
y en algunos casos, además, la Corte Suprema de Justicia - Sala de
Casación Penal. (...)"; 2) "los congresistas. Según lo previsto en los artículos
186 y 235.4 de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia es competente
para investigar y juzgar a los miembros de la Cámara de Representantes y del
Senado" y 3) "quienes asuman la titularidad de la Vicepresidencia de la

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República; los ministerios del Despacho; la Procuraduría General de la
Nación; la Defensoría del Pueblo; las agencias del Ministerio Público ante la
Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y los tribunales; los
departamentos administrativos; la Contraloría General de la República; las
embajadas y misiones diplomáticas o consulares; las gobernaciones y
magistraturas de tribunal, así como de los generales y almirantes de la Fuerza
Pública."

Aunado a lo anterior, la reseñada sentencia SU 146 de 2020 de la Corte
Constitucional tuvo igualmente como propósito dispensarle la garantía a la
impugnación a los mencionados aforados pero en asuntos penales, mas no
disciplinarios como el que ocupó la atención de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en su momento, vicisitud
sin lugar a dudas extraña al caso que nos ocupa […].

71. De acuerdo con la cita anterior, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
concluyó que la sentencia SU-146 de 2020 y el auto AP2118-2020 de 3 de
septiembre de 2020 no constituían un precedente aplicable al presente caso
porque dichas providencias se referían únicamente al ámbito penal, y
especialmente a tres tipos de aforados: (i) el Presidente de la República, los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte
Constitucional y el Fiscal General de la Nación; (ii) los Congresistas; y (iii) el
Vicepresidente de la República, los ministros del Despacho, el Defensor del
Pueblo, el Procurador General de la Nación, los embajadores y los generales y
almirantes de la fuerza pública.

72. Sea lo primero señalar que la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU -
146 de 21 de mayo de 2020, decidió amparar el derecho fundamental al debido
proceso del tutelante, conculcado por el auto de 16 de julio de 2014, proferido por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y mediante el cual
se «[…] declaró improcedente el derecho a impugnar la sentencia penal
condenatoria proferida el 16 de julio de 2014 […]». En dicha providencia el
Tribunal Constitucional le ordenó a la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia «[…] iniciar el trámite para resolver la solicitud de
impugnación de la condena en única instancia proferida en contra del ciudadano
Andrés Felipe Arias Leiva […]».

73. Adicionalmente, en esta providencia la Corte explicó el alcance y evolución del
derecho a la doble conformidad en la jurisprudencia constitucional. Con base en
dicho análisis resolvió el caso objeto de su estudio en los siguientes términos:

[…] 242. En atención a la argumentación antes expuesta, debe concluirse
que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en
violación directa de la Constitución al proferir el Auto del 13 de febrero de
2019, en el que declaró improcedente el derecho -de aplicación inmediata- a
la impugnación invocada contra la sentencia del 16 de julio de 2014, porque
desconoció los artículos 29 y 93 de la Constitución, 8.2.h. de la
Convención Americana y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. En consecuencia, lo procedente es amparar el
derecho al debido proceso del ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva.
(…)

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246. En este sentido, y en atención a todo lo expuesto, la Corte
Constitucional ordenará a la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia dar trámite a la impugnación presentada por el
actor contra la sentencia condenatoria del 16 de julio de 2014. En tal
marco, la Sala Plena debe precisar algunos efectos particulares en los
que se concede el mecanismo, teniendo en cuenta, fundamentalmente,
el hecho de que sobre la providencia judicial de condena recae el efecto
de la cosa juzgada y, por lo tanto, compromete la vigencia del principio
de seguridad jurídica (párrafo 232, supra).

247. Así, la concesión de la impugnación amplia e integral no tiene efectos
directos sobre la prescripción de términos o fenómenos similares derivados
del paso del tiempo, ni sobre la situación de privación de libertad del actor,
porque sobre la Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia -que no es objeto de análisis alguno en esta providencia- existe un
alto grado de presunción de acierto y, por supuesto, de firmeza. Además, la
concesión del mecanismo implicó la valoración de principios y derechos en
tensión, que determinan y justifican una solución que logre armonizar la
tensión.

248. Ahora bien, teniendo en cuenta la existencia de reglas que en la
actualidad guían la concesión de la impugnación, la Sala también
ordenará que, en garantía del derecho a un juez natural, independiente e
imparcial, la impugnación sea decidida aplicando las reglas previstas en
el artículo 235, numerales 2 y 7, de la Constitución. El trámite y
resolución del mecanismo de impugnación debe permitir que el fallo
condenatorio del 16 de julio de 2014 se cuestione de manera amplia e
integral, sin causales y en sus aspectos fácticos, probatorios y
normativos. La impugnación debe ser resuelta por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de la jurisdicción
penal con competencia en la materia, salvaguardando en todo caso que
los magistrados que conozcan de este mecanismo no hayan intervenido
en la decisión de condena ya proferida […] [negrillas de la Sala]

74. Desde esta perspectiva, para la Sala es claro que la providencia de unificación
mencionada no es aplicable al caso sub examine y debido a ello no es posible
predicar la configuración de un desconocimiento del precedente. Esto es así
porque el presente caso es completamente diferente al analizado por la Corte
Constitucional en la citada sentencia SU-146 de 2020 y, aunado a ello, las reglas
adoptadas por la Corte para garantizar el derecho a la doble conformidad en esa
oportunidad, son incompatibles con el caso de autos.

75. En cuanto al presunto desconocimiento del auto AP2118-2020 de 3 de
septiembre de 2020, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, se advierte que a través de esta providencia se admitió el
recurso de apelación promovido en contra de la sentencia de única instancia de 28
de octubre de 2014, y mediante la cual se había condenado en única instancia a
un aforado.

76. Un asunto destacable de este proveído es que la Corte Suprema de Justicia
extendió los efectos del fallo de tutela SU – 146 de 2020, con miras a garantizar el
derecho a la doble conformidad y el derecho a la igualdad de todos los
ciudadanos. Al respecto indicó la Corte:

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[…] 9. Más allá de las controversias jurídicas que, que seguramente también
surgirán frente a materias no penales respecto de las cuales se ha
pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte
Suprema de Justicia no va a problematizar la de posibilidad el precedente que
se estableció en el caso Arias Leiva, a todos los ciudadanos condenados en
única instancia por la Sala de Casación Penal después del 30 de enero de
2014, cuando se expidió la sentencia en el caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam.
Así se cumple el imperativo constitucional de brindar la misma protección y
trato a todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias
(Art. 13 de la C.P.)

Si una interpretación diferente que restrinja el ámbito de aplicación del
derecho a la impugnación es contraria a la Constitución, según lo señaló la
Corte Constitucional en la sentencia SU146 de 2020, impedirle a las personas
en situación similar a la del ex ministro Arias Leiva el acceso al recurso que se
le habilitó, constituiría un flagrante y odioso atentado contra el derecho
fundamental a la igualdad, un valor fundante y principal de la democracia.

10. La Corte Suprema de Justicia, tras un examen en detalle del precedente
que en esta providencia se aplicará al ex congresista Efrén Antonio
Hernández Díaz, concluye que el mismo sin ninguna excepción, aplica a
todos los aforados constitucionales condenados entre el 30 de enero de 2014
y el 17 de enero de 2018, el día anterior de cuando empezó a regir el Acto
Legislativo 01 de 2018 […]23

77. Si bien es un hecho cierto que en esta providencia se extendieron los efectos
del fallo SU - 146 de 2020, no se puede ignorar que la aludida extensión se
encuentra justificada por la identidad fáctica que existe entre ambos casos. Es así
como en ambos eventos se trataba de personas aforadas que fueron condenados
en única instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia por la comisión de un delito.

78. Por el contrario, en el presente caso el accionante no ha sido sujeto pasivo de
un correctivo penal, sino que fue sancionado disciplinariamente y esta situación
resulta suficiente para concluir que los precedentes jurisprudenciales que se
anuncian como desconocidos resultaban inaplicables.

79. En conclusión, la Sala estima que, en el auto de 14 de septiembre de 2022, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial no incurrió en el desconocimiento del
precedente jurisprudencial contenido en la sentencia SU 146 de 2020 y en el auto
AP2118-2020 de 3 de septiembre de 2020.

VI.4.2.2. Análisis del defecto procedimental absoluto

80. Este defecto alude a todos aquellos eventos en los que la autoridad judicial
accionada al momento de proferir su decisión, o durante sus actos o diligencias
previas a ello, desatiende o deja de aplicar las reglas procesales que según el
caso resultan pertinentes, en desatención de la confianza legítima de las partes

23 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto AP2118-2020 de 3 de septiembre de 2020. Exp.

N° 34017. M.P.: Luis Antonio Hernández Barbosa.

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involucradas, quienes esperan que el trámite se conduzca dentro del marco de las
normas procesales aplicables24.

81. Esdecir, que se presenta cuando: (i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido, vulnerando con ello el derecho de contradicción y
defensa de las partes; o (iii) pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en
todo proceso al no permitirle a las partes sustentar o comprobar los hechos de la
demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones, lo
que acarrea la violación de los derechos fundamentales de la parte afectada.

82. En este sentido la jurisprudencia constitucional25 ha reconocido dos modalidades
de defecto procedimental, a saber: i) exceso ritual manifiesto, esto es, cuando
arguye razones formales a manera de impedimento, que implica una denegación de
justicia; y ii) absoluto, cuando el juez sigue un trámite totalmente ajeno al asunto
sometido a su competencia, pretermite etapas sustanciales del procedimiento, pasa
por alto el debate probatorio o dilata injustificadamente tanto la adopción de
decisiones como su cumplimiento.

83. En relación con este defecto, el actor sostuvo que el auto de 14 de septiembre
de 2022 solamente fue suscrito por la magistrada ponente y no por la totalidad de
los integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

84. Al respecto, la Sala destaca que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
mediante escrito de 25 de enero de 2023, puso de relieve que el auto de 14 de
septiembre sí fue suscrito por todos los integrantes de la Corporación y que en
aplicación del artículo 20 del Reglamento Interno de esa Alta Corte, la Secretaría
de la entidad realizó el proceso de notificación de la providencia con una copia
suscrita únicamente por el ponente.

85. Sobre este punto de la controversia, la Sala debe señalar que en el artículo 20
del Acuerdo N° 003 de 25 de enero de 2021, a través del cual se «[…] ADOPTA
EL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL […]», se establece lo siguiente:

[…] ARTÍCULO 20. REMISIÓN DE EXPEDIENTES A SECRETARÍA. Una vez
aprobado el proyecto en Sala, dentro de los dos (2) días siguientes, se
deberán entregar las providencias aprobadas, firmadas por el ponente,
con sus respectivos expedientes […].

86. Esta Sección ha tenido la oportunidad de pronunciarse, en ocasiones
anteriores, sobre argumentos similares al expuesto por el actor en su escrito de
tutela. Es así como en la sentencia de 27 de enero de 202226, esta Sala concluyó

24 Sentencias T-015 de 2018 y T-474 de 2017 de la Corte Constitucional.
25 T-781 de 2011.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 27 de enero de

2022. Exp. N° 11001-03-15-000-2021-11147-00. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.

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que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no incurrió en un defecto
procedimental absoluto por notificar sus providencias con una copia suscrita por el
magistrado ponente. Al respecto se dijo:

[…] Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la COMISIÓN
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL no incurrió en el defecto invocado
por el actor, toda vez que de la revisión del expediente disciplinario
objeto de la solicitud se observa que la providencia de 10 de noviembre
de 2021, fue debidamente suscrita por parte de los integrantes de su
Sala que decidieron sobre el asunto.

Circunstancia distinta es que en virtud de lo previsto en el artículo 20 del
Acuerdo núm. 003 de 25 de enero de 2021, los trámites secretariales
relacionados con las providencias aprobadas en Sala por la COMISIÓN
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL se adelanten con una copia de la
providencia suscrita por el ponente y la certificación correspondiente
expedida por su Secretario, lo cual en principio no constituye una
irregularidad procesal, pues como ya se dijo, en el expediente se encuentra
debidamente suscrita por parte de la totalidad de los integrantes que
participaron en la adopción de la decisión […]. [negrillas de la Sala]

87. Con base en lo anterior, la Sala concluye que la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial no incurrió en el defecto procedimental absoluto denunciado
por el accionante, ya que la providencia tutelada en esta oportunidad fue suscrita27
por todos los magistrados después de haber sido discutida y aprobada en la Sala
realizada el 14 de septiembre de 2022, según consta en el Acta N° 71. Además, la
providencia que el accionante acusa de haber sido firmada únicamente por la
ponente corresponde, en realidad, a una copia utilizada para llevar a cabo el
proceso de notificación de esta, conforme al reglamento de la Corporación.

VI.4.3. Análisis de la vulneración del derecho al acceso a cargos públicos
con ocasión del registro de la sanción en el certificado de antecedentes
disciplinarios

88. En relación con este aspecto de la discusión, la Sala comienza por señalar que
encuentra acreditados los requisitos de procedencia de la acción de tutela, en
tanto que: (i) el señor Carlos Arturo Grisales Ledesma está legitimado en la
causa por activa; (ii) la acción de amparo fue promovida dentro de un término
razonable, y (iii) el actor no cuenta con otro medio judicial expedito y eficaz que
garantice la protección de sus derechos fundamentales al acceso de cargos
públicos y, adicionalmente considera la Sala, el derecho de habeas data.

89. Ahora bien, el actor sostuvo que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial –
Secretaría, le vulneró sus derechos fundamentales al acceso a cargos públicos y
al habeas data, al negar la solicitud de eliminación del registro de su sanción en el

27 Ver índice N° 8 de SAMAI.

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certificado de antecedentes disciplinarios, argumentado que la sanción aún se
encontraba vigente.

90. En efecto, se encuentra acreditado que, mediante correo electrónico de 22 de
agosto de 2022, el señor Grisales Ledesma le solicitó a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial eliminar «[…] inmediatamente el registro de anotaciones en el
certificado de antecedentes disciplinarios, toda vez que ya han pasado más de
cinco (5) años de ejecutoria de la providencia que impuso la sanción (31 de mayo
de 2017) y por tanto, de conformidad con el inciso final del artículo 174 de la Ley
734 de 2002 (…), las anotaciones en dicho registro solo deben permanecer por el
término de cinco años, salvo que aún se encuentren vigentes, lo que no ocurre en
mi caso particular. […]»28.

91. Esta solicitud fue respondida al accionante a través del oficio S.J. CEBM-31872
de 13 de octubre de 202229, suscrito por el secretario judicial de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, en la que se le indica al actor lo siguiente:

[…] [N]os permitimos informarle que no es posible atender su
requerimiento, como quiera que la sanción cuya supresión se reclama
sigue vigente, como pasa a exponerse:

Mediante sentencia de 31 de mayo de 2017, aprobada en la Sala 43 de la
misma fecha, la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura le impuso sanción de 1 mes, conmutable a multa, dado que
ya no se desempeñaba como funcionario judicial, para esa data.

En tanto, el recurso de reposición interpuesto contra la citada decisión fue
resuelto el 23 de octubre de 2017, por medio del cual dispuso estarse a lo
resuelto en la antelada providencia, toda vez que la determinación fustigada
quedó ejecutoriada en la misma fecha; lo cual le fue comunicado mediante
oficios SJ RRUJ 39533, 39534 y 39535 del 27 de octubre 2017, tanto a usted
como a su apoderada, la doctora Carlina Mireya Varela Lorza.

Finalmente, esta Corporación, mediante auto de 14 de septiembre de 2022,
con ponencia de la Dra. Magda Victoria Acosta Walteros, se desestimó la
solicitud de “doble conformidad” deprecada por usted en pretérita
oportunidad. La cual fue comunicada mediante oficios SJ CAAL 31728 y
31727 del 11 de octubre de la presente anualidad.
(…)
Ahora, en torno a la vigencia de su anotación, ha de memorarse, el artículo
174 de la Ley 734 de 2002, indica “[l]a certificación de antecedentes deberá
contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco
(5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a
sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento”.

Pues bien, dado que por disposición legal compete a la Unidad de Cobro
Coactivo disponer lo necesario para asegurar el pago de las multas
impuestas en favor del Tesoro Nacional o del Consejo Superior de la
Judicatura, será dicha dependencia quien deberá informar a esta
Colegiatura, el cumplimiento o la extinción de la sanción disciplinaria a
usted impuesta (art. 183 Ley 734 de 2002)

28 Ver índices 2 -página 19 del archivo- y 9 -página 31-.
29 Ver índices 2 -página 20 del archivo- y 9 -página 67-.

29

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00206-00
Accionante: Carlos Arturo Grisales Ledesma
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Revisado su caso, a la fecha no se tiene noticia de la suerte de la
sanción a usted fijada, por ende, la misma se encuentra vigente; en
consecuencia habrá de permanecer vigente en el registro público hasta
tanto no se decrete su extinción por pago por cualquier otra causal,
determinación que escapa del ámbito de competencia de esta Secretaría
Judicial, a quien solo se le faculta la administración y generación de
antecedentes disciplinarios de los profesionales del derecho y
funcionarios judiciales […]. [negrillas por fuera del texto]

92. Valga resaltar que, en el trámite de esta acción constitucional, el secretario
judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial allegó el escrito de 25 de
enero de 2022, a través del cual señaló lo siguiente:

[…] [A]corde con lo normado por el ACUERDO No. PSAA10-6896 de 13 de
abril de 2010, para dilucidar si había lugar o no a acoger la supresión de la
sanción deprecada por el Dr. Grisales, aduciendo que la misma ya había sido
cumplida y precaviendo la causación de un perjuicio al ciudadano solicitante
con la permanencia de la anotación sancionatoria, con oficio S.J. MNC 26866
de 2 de septiembre de 2022 se solicitó a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, información sobre el proceso de cobro coactivo
seguido al Dr. Carlos Arturo Grisales Ledesma con ocasión de la sanción
impuesta en el proceso N° 110010102000201302615-00; situación puesta en
conocimiento del petente, con oficio S.J. MNC 26880 de la misma fecha.

El 2 de septiembre de 2022 se recibe el oficio DEAJGHCC22-5952 firmado
por la abogada ejecutora Dra. Andrea Paola Varga Ruiz, informando, que
mediante resolución DEAJGCC20-9947 del 17 de diciembre de 2020 se
realizó la suspensión del proceso por el término de 2 años; mismo que se
pasó al despacho el 5 de septiembre posterior.
(…)
Revisado el caso, a la fecha aún no se tiene noticia de la suerte de la
sanción fijada, por ende, la misma se encuentre vigente; en
consecuencia, habrá de permanecer en el registro público hasta tanto no
se decrete su extinción por pago o por cualquier otra causal,
determinación que escapa del ámbito de competencia de esta Secretaría
Judicial, a quien solo se le faculta la administración y generación de
antecedentes disciplinarios de los profesionales del derecho y
funcionarios judiciales […]. [negrillas por fuera del texto]

93. El mismo funcionario también señaló que, efectivamente, después de notificado
el auto de 14 de septiembre de 2022, el certificado de antecedentes disciplinaros
del accionante actualizó la fecha de la providencia que impuso la sanción,
colocándose como nueva fecha de la sanción la del auto que rechazó la solicitud
de doble conformidad. Sin embargo, indicó que: «[…] [c]onstatada tal falencia, el
área de sistemas, procedió a realizar el ajuste manual de la anotación, de manera
que, actualmente, el certificado de antecedentes correspondiente a la cédula
6463553, indica como fecha de sentencia dentro del radicado
11001010200020130261500 la de 31 de mayo de 2017 […]».

94. En este contexto, cabe poner de relieve que el derogado artículo 174 de la Ley
734 de 2002 regulaba lo atinente al registro de las sanciones y su vigencia. En su
inciso su inciso final la norma en cuestión señalaba:

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00206-00
Accionante: Carlos Arturo Grisales Ledesma
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

[…] La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de
providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su
expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o
inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento […].

95. Valga aclarar que la norma en cuestión también es aplicable, por integración
normativa, a la regulación del certificado de antecedentes disciplinarios de los
funcionarios judiciales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley 734 de
2002.

96. Ahora bien, mediante la sentencia C-1066 de 2002, la Corte Constitucional se
pronunció acerca de la constitucionalidad parcial del artículo 174 de la Ley 734 de
5 de febrero de 2002. En dicha providencia la Corte destacó que el derecho al
habeas data le era aplicable a la información recopilada y almacenada a través del
certificado de antecedentes disciplinarios previsto en el artículo 174 de la aludida
ley. En tal sentido se señaló lo siguiente:

[…] Tal derecho al olvido, planteado en relación con la información
negativa referente a las actividades crediticias y financieras, es aplicable
también a la información negativa concerniente a otras actividades, que
se haya recogido “en bancos de datos y en archivos de entidades
públicas y privadas”, como lo contempla el Art. 15 superior, por existir
las mismas razones y porque dicha disposición no contempla
excepciones.

Por tanto, el mismo debe aplicarse al registro unificado de antecedentes
que por mandato del Art. 174 de la Ley 734 de 2002 lleva la Procuraduría
General de la Nación, integrado por documentos públicos y accesible a
todas las personas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 74 de la
Constitución Nacional, mediante el señalamiento de un término de
caducidad razonable, de modo que los servidores públicos, los ex
servidores públicos y los particulares que ejercen o han ejercido
funciones públicas o tienen o han tenido la condición de contratistas
estatales no queden sometidos por tiempo indefinido a los efectos
negativos de dicho registro.
(…)
Para tal efecto es oportuno recordar que las sanciones consagradas en el
mismo Código Disciplinario Unico (Arts. 44 y 45), son las siguientes: i)
destitución e inhabilidad general, es decir, la imposibilidad de ejercer la
función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el
fallo; ii) suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, o sea, la
imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo distinto de aquel
en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria, por el término señalado en
el fallo; iii) suspensión; iv) multa, y v) amonestación escrita.

Existe diferencia entre la naturaleza de estas sanciones por el aspecto
temporal, ya que las inhabilidades general y especial y la suspensión
tienen carácter continuado; en cambio, la destitución, la multa y la
amonestación escrita son de índole instantánea, lo cual explica que el
Art. 46 del citado código señale unos límites temporales para las
primeras, al establecer que la inhabilidad general será de diez (10) a
veinte (20) años, que la inhabilidad especial no será inferior a treinta (30)
días ni superior a doce (12) meses y que la suspensión no será inferior a
un mes ni superior a doce (12) meses, aplicando así un criterio racional
válido.

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Accionante: Carlos Arturo Grisales Ledesma
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Así mismo, el referido Art. 46 estatuye que cuando la falta afecte el patrimonio
económico del Estado la inhabilidad será permanente, lo cual tiene un
fundamento expreso en la Constitución Política, cuyo Art. 122, inciso final,
preceptúa que “sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el
servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del
Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas”.
(…)
Dicho carácter continuado de las sanciones disciplinarias y penales y de las
inhabilidades, señaladas en el inciso 1o del Art. 174 del Código Disciplinario
Unico, explica que el inciso 3º del mismo disponga que “[l]a certificación de
antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas
dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso,
aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren
vigentes en dicho momento” (las negrillas no forman parte del texto original).

Esta disposición es razonable, en cuanto establece como regla general
un término de cinco (5) años de vigencia del registro de antecedentes,
que es el mismo término señalado para la prescripción de la sanción
disciplinaria en el Art. 32 de dicho código, y en cuanto mantiene la
vigencia de los antecedentes que por ser de ejecución continuada o
permanente no se han agotado, mientras subsista tal situación. Por
consiguiente, es justificado aplicarla también al registro de antecedentes en
caso de nombramiento o posesión en cargos para cuyo desempeño se
requiere ausencia de ellos, a que se refiere la disposición acusada.

En síntesis podemos afirmar que la certificación de antecedentes debe
contener las providencias ejecutoriadas que hayan impuesto sanciones
dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición, aunque la
duración de las mismas sea inferior o sea instantánea. También
contendrá las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes al
momento en que ella se expida, aunque hayan transcurrido más de cinco (5)
años o sean inhabilidades intemporales como, por ejemplo, la prevista en el
Art. 122 de la Constitución Política […]. [Negrillas de la Sala]

97. De acuerdo con la sentencia transcrita, existen sanciones cuyos efectos son
«[…] instantáneos […]» y entre las cuales se encuentra: (i) la multa, (ii) la
destitución, y (iii) la amonestación escrita. Igualmente, existen otras sanciones
cuyos efectos son de carácter continuado; este es el caso de las sanciones de: (i)
la suspensión, (ii) la inhabilidad general y específica, y (iii) la inhabilidad
permanente prevista en el inciso 5° y 6° del artículo 10230 de la Constitución
Política.

98. Siguiendolo señalado por la Corte Constitucional, se tiene que conforme al
derogado artículo 174 de la Ley 734 de 2002, el certificado de antecedentes «[…]
debe contener las providencias ejecutoriadas que hayan impuesto sanciones

30 La norma en cuestión prevé «[…] Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser

inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos,
ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido
condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes
hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos
armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.
Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo
que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño […]».

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Accionante: Carlos Arturo Grisales Ledesma
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición, aunque la duración de las
mismas sea inferior o sea instantánea […]». [negrillas por fuera del texto]

99. Así las cosas, en materia disciplinaria los registros negativos en el certificado
de antecedentes disciplinario tienen un tiempo perentorio cuyos extremos, por
regla general, son: i) la ejecutoria de la providencia que impuso la sanción
disciplinaria, y ii) los cinco años posteriores a esta decisión. Excepcionalmente, el
dato podrá permanecer en el certificado un tiempo mayor, esto es, en aquellos
casos en los que la sanción se «[…] encuentre vigente […]» después de
transcurrido los cinco años. Cabe resaltar que, según la sentencia C-1066 de
2002, esta excepción tiene cabida solo en aquellos eventos de sanciones con
efectos «[…] continuados […]», como lo son la suspensión y la inhabilidad que es
superior a los cinco años.

100. En esta ocasión, se advierte que el señor Carlos Arturo Grisales Ledesma
fue sancionado disciplinariamente por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, mediante sentencia de 31 de mayo de 2017,
en el marco del proceso disciplinario de única instancia N° 11001-01-02-000-2013-
02615-00. La sanción impuesta al accionante, según lo narrado en el escrito de
tutela y lo manifestado por el accionado, consistió en suspensión por el término de
un (1) mes, conmutable por multa equivalente al salario devengado por el
sancionado para el año 2013.

101. Lo anterior se traduce en que la sanción impuesta al aquí actor, al responder a
la modalidad de multa, es de aquellas cuyos efectos son inmediatos, por lo que se
encuentra regulada por la regla general de temporalidad del artículo 174; lo que
significa que el registro negativo de la sanción debe permanecer en el certificado
de antecedentes disciplinarios hasta el término máximo de cinco (5) años
contados a partir de la ejecutoria de la decisión que impuso la sanción.

102. En esta ocasión el fallo sancionatorio fue proferido el 31 de mayo de 2017 y
notificado el 24 de julio de 2017; por lo que cobró ejecutoria el día 28 de ese
mismo mes y año. Así las cosas, se observa que los cinco (5) años de
permanencia de esta información se extendían hasta el 28 de julio de 2022.

103. En este orden de ideas, la Sala no comparte lo señalado por el secretario
judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quien afirmó que la sanción
se encuentra vigente porque no se ha efectuado el pago de la multa, la cual se
encuentra en proceso de cobro coactivo. Es preciso resaltar que, si bien es cierto
que los efectos patrimoniales de la sanción disciplinaria impuesta al ciudadano
Grisales Ledesma permanecen vigentes -en tanto el actor no ha realizado el pago de
la multa y tampoco se ha declarado la extinción de la obligación-, ello no significa que
no ha operado el fenómeno de la «[…] caducidad del dato negativo […]» en
materia disciplinaria.

104. Vale
la pena destacar que una cosa es el registro de la sanción y su
permanencia en el certificado de antecedentes y otra cosa es el pago de la multa

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Accionante: Carlos Arturo Grisales Ledesma
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

impuesta. En ese sentido, se tiene que, aunque no se ha materializado el pago de
la multa y se encuentra vigente el proceso de cobro coactivo, el dato negativo
debe ser eliminado del certificado de antecedentes disciplinarios porque
transcurrió el término previsto en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002.

105. De conformidad con lo expuesto, la Sala estima que le asiste la razón al señor
Carlos Arturo Grisales Ledesma y, en consecuencia, debe eliminarse del
certificado de antecedentes disciplinarios el registro de la sanción que le fue
impuesta a través de la sentencia de 31 de mayo de 2017 porque han transcurrido
los cinco años previstos en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002.

106. Precisada la existencia de la vulneración del derecho al habeas data,
encuentra la Sala que la entidad responsable por dicha vulneración es la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial - Secretaría, ya que esta entidad es la encargada
de actualizar la base de datos de las sanciones impuestas por la extinta Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; tal como lo
establece el artículo 3° del Acuerdo N° PSAA10-6896 de 13 de abril de 2010: «[…]
[l]a actualización de la base de datos en relación con las sanciones
impuestas por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior y de los Consejos
Seccionales de la Judicatura estará a cargo de la Secretaría Judicial de la
Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura […]».

107. Por lo anterior, la Sala amparará el derecho fundamental al habeas data del
señor Carlos Arturo Grisales Ledesma el cual está siendo vulnerado por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial – Secretaría. Como medida de
restablecimiento se le ordenará a la referida entidad que, en el término de
cuarenta y ocho horas (48) contados a partir de la notificación de esta providencia,
proceda a realizar la actualización del Certificado de Antecedentes Disciplinarios
del accionante.

VI.4.4. Conclusión

108. Teniendo en cuenta los distintos problemas jurídicos abordados en esta
providencia, en la parte resolutiva de esta decisión se dispondrá:

108.1. Enprimer lugar, se negarán las pretensiones de la presente acción de
amparo encaminadas a que se deje sin efectos el auto de 14 de septiembre de
2022, proferido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ya que en dicha
decisión no se incurrió en los defectos denunciados por la parte accionante.

108.2. En segundo lugar, se amparará el derecho fundamental de habeas data del
señor Carlos Arturo Grisales Ledesma, vulnerado por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial – Secretaría, con ocasión de la omisión de aplicar el artículo
174 de la Ley 734 de 2002 y de actualizar el certificado de antecedentes
disciplinarios del accionante.

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Accionante: Carlos Arturo Grisales Ledesma
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de amparo
encaminadas a que se deje sin efectos el auto de 14 de septiembre de 2022,
proferido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al habeas data del ciudadano
Carlos Arturo Grisales Ledesma, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial -
Secretaría que, en el término de cuarenta y ocho horas (48) contados a partir de
la notificación de esta providencia, proceda a realizar la actualización del
Certificado de Antecedentes Disciplinarios del accionante, conforme a lo señalado
en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el Decreto
Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. (p:15)

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