RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-00207-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00207-00

Acción de tutela contra providencia judicial: no procede estudio de fondo

Fecha
17 de febrero de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00207-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora Vilma Esperanza Cupa Soler, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00207-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

17 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00207-00
Actor: VILMA ESPERANZA CUPA SOLER
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - no procede estudio de fondo
porque la solicitud de amparo carece de carga argumentativa y, por ende, se incumple el
requisito de relevancia constitucional.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Vilma Esperanza Cupa
Soler contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 18 de enero de 20231, la señora Vilma Esperanza Cupa Soler interpuso acción
de tutela contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Boyacá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social. Formuló
las siguientes pretensiones:

Primera. Honorables Consejeros, sírvanse ordenar al Tribunal
Administrativo de Boyacá que profiera nueva sentencia de segunda
instancia donde se estudie de fondo los argumentos presentados en el
recurse de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera
instancia proferida el 22 de octubre de 2019 por el Juzgado Tercero
Administrativo Transitorio Oral de Duitama, como quiera que, por medio
de la sentencia de 27 de julio de 2022 proferida por el Tribunal

1 Se advierte que, el 27 de enero de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00207-00
Actor: Vilma Esperanza Cupa Soler
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala
Segunda de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Administrativo de Boyacá al declarar la caducidad de la acción se incurrió
en una vía de hecho que redundó en la vulneración de mis derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
seguridad jurídica y confianza legitima, y la infracción del principio de
favorabilidad, y se encuadra dentro de la causal especifica de procedencia
de la acción de tutela de interpretación irracional de una forma
infraconstitucional.

Segunda. Como consecuencia de lo anterior, Honorables Consejeros,
sírvanse ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá, proferir una nueva
sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 15238333975220150019202 de Vilma Esperanza Cupa Soler y en
contra del departamento de Boyacá -Secretaria de Educación de
Boyacá, donde se estudie de fondo las argumentos de la apelación
interpuesta en contra de la sentencia de primera instancia proferida el 22
de octubre de 2019 para el Juzgado Tercero Administrativo Transitorio
Oral de Duitama, para no encontrarse configurado la caducidad de la
acción.

1.2 . Hechos y fundamentos de la tutela

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Vilma Esperanza Cupa Soler demandó al Departamento de Boyacá –
Secretaría de Educación, con el fin de que se declarara la nulidad de la
Resolución 005514 del 10 de septiembre de 2014 y de los oficios 1.2.5-38-
2014PQR41878 y 2014PQR45026 del 8 de enero de 2015, mediante los cuales se
resolvió de fondo la solicitud de terminación unilateral del nombramiento
provisional de la accionante, en el cargo de docente del área de ciencias naturales
en la institución educativa Armando Solano del municipio de Paipa. También pidió
que se ordenara su reintegro y el pago de las acreencias laborales dejadas de
percibir.

Manifiesta la parte actora que el Juzgado Tercero Administrativo Transitorio Oral
de Duitama, mediante auto del 24 de septiembre de 2015, rechazó la demanda
por considerar que había operado el fenómeno de la caducidad respecto de la
Resolución 00514 del 10 de septiembre de 2014, decisión que fue revocada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, en providencia del 12 de octubre de 2016, que
ordenó que se continuara con el trámite de la demanda.

Posteriormente, mediante sentencia del 22 de octubre de 2019, el Juzgado
Tercero Administrativo Transitorio Oral Administrativo de Duitama, accedió

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00207-00
Actor: Vilma Esperanza Cupa Soler
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala
Segunda de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

parcialmente a las pretensiones de la demanda, decisión que fue revocada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, en fallo del 27 de julio de 2022, por medio del
cual declaró la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

De manera escueta, la señora Cupa Soler señaló que, al dictar la providencia del
27 de julio de 2022, el Tribunal demandado incurrió en un error que vulnera sus
derechos fundamentales, toda vez que desconoció su propio pronunciamiento,
pues, mediante auto del 12 de octubre de 2016, ya había determinado que no
había operado la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 20 de enero de 2023, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados que integran la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Boyacá, como parte demandada, y, en calidad de
tercero con interés, al Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación. Así
mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

2.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá, por conducto del magistrado ponente de
la decisión atacada, manifestó que la providencia del 27 de julio de 2022 se
adoptó en derecho, teniendo en cuenta la línea jurisprudencial trazada por el
Consejo de Estado, y con sujeción a la Constitución y la ley. Además, se valoraron
las pruebas obrantes en el expediente, sin que dicho ejercicio comporte una
vulneración de las garantías ni los derechos fundamentales de la accionante.

Expuso que, tal como se advirtió en la providencia del 27 de julio de 2022, esa
decisión no desconocía de ninguna manera el principio que prohibía ir en contra
de los propios actos, «en atención a que lo que dispuso en aquel entonces la Sala
de Decisión, se hizo desatendiendo una prueba, la cual incidió sin lugar a dudas
en el cambio de postura, pues se trataba de la constancia de la Secretaría de
Educación de Boyacá que acredita que la Resolución No. 005514 del 10 de
septiembre de 2014 fue notificada a la demandante el 6 de octubre de 2014, dato
importante y de gran relevancia para contabilizar el término de caducidad de que
trata el literal d) numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011».

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00207-00
Actor: Vilma Esperanza Cupa Soler
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala
Segunda de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2.3. La Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de
tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir
del año 20122, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la
Corte Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún
derecho fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones judiciales y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.

Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces,
el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

2 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García

González.

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00207-00
Actor: Vilma Esperanza Cupa Soler
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala
Segunda de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las
razones en que se fundamenta la acción; (ii) que la accionante hubiera utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la
protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se
hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea
de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a
terceros que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte,
acaece cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00207-00
Actor: Vilma Esperanza Cupa Soler
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala
Segunda de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos, la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «solo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional3».

3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00207-00
Actor: Vilma Esperanza Cupa Soler
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala
Segunda de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2. Problema jurídico

En primer lugar, corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el
de relevancia constitucional. De ser así, deberá abordarse el estudio de fondo del
asunto, con el fin de establecer si la autoridad judicial accionada, en la sentencia
del 27 de julio de 2022, vulneró los derechos fundamentales de la señora Vilma
Esperanza Cupa Soler.

3. Análisis de la Sala

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya
en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los
procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00207-00
Actor: Vilma Esperanza Cupa Soler
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala
Segunda de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores
excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

3.2. Caso concreto y solución del problema jurídico

En el caso bajo estudio, la señora Vilma Esperanza Cupa Soler solicitó que se
dejara sin efectos la sentencia del 27 de julio de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, pues, a su juicio, vulneró sus derechos fundamentales
al haber declarado la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, pese a que, mediante auto del 12 de octubre de
2016, esa corporación ya había determinado que no había operado dicho
fenómeno procesal.

Precisa la Sala que la accionante no hizo alusión a ninguno de los requisitos
especiales de procedibilidad de la tutela, sin que de la inconformidad presentada
frente a la providencia atacada se pueda inferir la configuración de uno de los
defectos específicos establecidos por la Corte Constitucional, en la sentencia C-
590 de 2005, por lo que se advierte que la solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional por su insuficiente carga argumentativa.

En ese sentido, conviene señalar que la Corte Constitucional ha sostenido que
para que prospere el amparo cuando se ejerce la acción de tutela contra
providencias judiciales, debe existir un defecto ostensible, flagrante y manifiesto, y
tener una incidencia directa en la decisión. Sin el cumplimiento de estos requisitos
esta acción constitucional se convertiría en una instancia adicional al proceso
ordinario porque «(...) el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»4.

Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que la parte actora no cumplió con la
carga argumentativa mínima que se requiere para cuestionar providencias
judiciales a través de la acción de tutela, toda vez que, se reitera, no invocó ni
argumentó la configuración de un defecto específico para la procedencia de la
acción de la referencia contra la sentencia del 27 de julio de 2022.

4 Sentencia T-871 de 2008, reiterada en la Sentencia T-162 de 2009.

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00207-00
Actor: Vilma Esperanza Cupa Soler
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala
Segunda de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En efecto, en la demanda de tutela, la accionante se limitó a manifestar lo
siguiente:

Primero. La conducta del Tribunal Administrativo de Boyacá, al ir en contra de
su propio pronunciamiento anterior y declarar la caducidad de la acción, me
han vulnerado mis derechos fundamentales.

Segundo: El Tribunal Administrativo de Boyacá, al declarar la caducidad de la
acción, desconoce su propio pronunciamiento del 12 de octubre de 2016,
donde ya había hecho dicho estudio concluyendo que no se había
configurado la caducidad […].

El Tribunal Administrativo de Boyacá, me violaron derechos fundamentales
como al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad
jurídica, confianza legítima, y la infracción del principio de favorabilidad,
desconociendo que al hacer el estudio de la posibilidad de confirmar o revocar
la sentencia apelada era su deber como director del proceso la búsqueda de
la verdad y como interprete aplicar en toda su extensión el principio de
favorabilidad […].

El Tribunal Administrativo de Boyacá, al tomar la decisión de no estudiar de
fondo el recurso de apelación presentado en contra del fallo de primera
instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y en
cambio declaró la caducidad de la acción, viola la Constitución Nacional como
quiera que en el presente caso hay derechos de rango constitucional que
proteger.

Como puede verse, la parte accionante, de manera general y abstracta, señaló
que la decisión judicial enjuiciada vulneró sus derechos fundamentales al no
estudiar de fondo el asunto y declarar la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, cuando ya había descartado su
configuración.

Por consiguiente, lo afirmado por la parte actora no basta para considerar que se
cumpla con el primer elemento del requisito de la relevancia constitucional –carga
argumentativa mínima–, pues, se insiste, no adujo ni explicó, con la suficiencia
exigida por la jurisprudencia constitucional, la configuración de uno de los
defectos específicos establecidos por la Corte Constitucional, en la sentencia C-
590 de 2005, para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

Conviene anotar que esta Corporación ha sostenido que en la demanda de tutela
no se puede escuetamente señalar las inconformidades frente a una providencia
judicial, sino que es necesario que tal señalamiento se sustente razonablemente
bajo el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedencia de
la tutela. Como se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que ha

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00207-00
Actor: Vilma Esperanza Cupa Soler
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala
Segunda de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

fijado la Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y
desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales5.

En otras palabras, es necesario que los señalamientos que se hagan se sustenten
razonablemente en alguno de los requisitos específicos que la Corte
Constitucional ha identificado para la prosperidad del amparo, a fin de que el juez
cuente con los parámetros suficientes para decidir si una providencia judicial
vulnera o no derechos fundamentales.

Con todo, se debe precisar que, aunque mediante auto del 12 de octubre de 2016
el Tribunal Administrativo de Boyacá revocó la decisión proferida por el a quo, que
había declarado la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, y ordenó que se continuara con el trámite de la misma, también lo es
que en la sentencia del 27 de julio de 2022, la propia corporación reconoció que
en aquella decisión de 2016 se había incurrido en un defecto fáctico, «porque no
tuvo en cuenta la constancia de notificación de la Resolución No. 005514 del 10
de septiembre de 2014, la cual reposaba en el expediente desde cuando fue
radicada la demanda, prueba determinante para establecer si el medio de control
impetrado estaba caduco o no».

Es evidente, entonces, que lo decidido por el Tribunal demandado en el fallo del
27 de julio de 2022 tuvo como propósito enmendar el error cometido al inicio del
proceso, al momento de valorar las pruebas relativas a la notificación de la
resolución demandada, lo cual era determinante para definir si había operado o no
el fenómeno de la caducidad, por lo que, aun cuando se aceptara que la tutela
reúne la carga argumentativa mínima exigida, mal haría la Sala en concluir que de
esa circunstancia se desprende una vulneración de los derechos fundamentales
de la señora Vilma Esperanza Cupa Soler.

De conformidad con lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
de la referencia por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-

00380-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00207-00
Actor: Vilma Esperanza Cupa Soler
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala
Segunda de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la
señora Vilma Esperanza Cupa Soler, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad
de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que
aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
aspx

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.