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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00210-00

Fecha
16 de febrero de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00210-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA de la señora Milena Rosa Toro Kerguelen, de conformidad con lo indicado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00210-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

16 de febrero de 2023

Demandante: Gaseosas Lux S.A.S
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-00210-00

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00210-00
Demandante: GASEOSAS LUX S.A.S.
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – falta de legitimación en la causa
por activa

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela presentada por la señora Milena Rosa Toro
Kerguelen, quien adujo actuar como agente oficioso de la sociedad Gaseosas Lux S.A.S.
contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito Judicial de Sincelejo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 18 de enero de 2023 y remitido al
despacho ponente el 19 del mismo mes y año, la señora Milena Rosa Toro Kerguelen,
quien adujo actuar como agente oficioso de la sociedad Gaseosas Lux S.A.S., ejerció
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Oralidad y el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, con el fin de que le sean
amparados sus derechos fundamentales al debido proceso de defensa y a la inmediatez.

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión del auto del 16 de noviembre de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo de
Sucre, mediante el cual se confirmaron las providencias del 11 de agosto de 2022 y 8 de
septiembre del mismo año, del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo, que rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuesta
contra la Nación – Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y la Oficina del Trabajo
Territorial del Sincelejo, identificada con el radicado No. 70001-33-33-007-2022-00318-
01.

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Demandante: Gaseosas Lux S.A.S
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-00210-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

2. Ordenar al EL JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
SINCELEJO-SUCRE Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE SALA PRIMERA
DE DECISIÓN ORAL, REVOCAR LOS AUTOS DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2022.

2. Ordenar al JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO,
a volver a estudiar la admisión de la demanda, teniendo en cuenta las fechas indicadas
en los acápites de los hechos, para así poder dar trámite a la admisión.” (Sic a lo transcrito)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La sociedad Gaseosas de Lux, actuando a través de apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de
que se declarara la nulidad de (i) la Resolución No. 0490 del 25 de septiembre de 2020,
“por medio de la cual se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio y se
formulan cargos en contra de GASEOSAS DE CÓRDOBA SA", hoy GASEOSAS LUX
S.A.S., proferido por la Oficina del Trabajo Territorial de Sincelejo; (ii) la Resolución No.
0308 del 11 de diciembre de 2020, “Por medio de la cual se resuelve un proceso
administrativo sancionatorio” y (iii) la Resolución No. 1200 de fecha primero de junio de
2021, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución anterior,
confirmándola.

5. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito Judicial de Sincelejo, autoridad judicial que en auto del 11 de agosto de 2022
rechazó la demanda por caducidad. Como sustento de su decisión, expuso que:

“… En el presente caso, conforme con los documentos aportados a la demanda y lo
manifestado por la parte actora, se tiene que el acto administrativo que puso fin a la
actuación administrativa sancionatoria Resolución No. 1200 fue expedida el 1º de junio del
año 2021, allí en su numeral 4º se indicó que con la misma quedaba agotada la “Vía
Administrativa”. No se informa por la empresa demandante la fecha en que le fue notificado
este último acto administrativo, ni se aporta evidencia de dicha actuación, por lo que el
Juzgado tomará como extremo inicial para los efectos de esta providencia, la misma fecha
de expedición del acto administrativo acusado.

Siendo entonces que la fecha de expedición del acto administrativo que agotó la actuación
administrativa fue expedida el 1º de junio de 2021 se tiene que el término de cuatro meses
previsto en el literal d) del artículo 164 del CPACA finalizó el 2 de octubre de 2021.

También, se advierte que la solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada de forma
directa ante la Procuraduría General de la Nación el 26 de octubre de 2021, cuando ya se
había superado de forma amplia el término de caducidad de la acción.

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De otra parte, cabe señalar, que según lo indicado en el Acta Individual de reparto de la
Oficina Judicial de Montería - visible a folio 85 de la demanda remitida en medio electrónico-
ésta fue presentada para ser sometida a reparto el 8 de junio de 2022, cuando ya se había
superado por amplio margen, la fecha máxima que tenía la parte actora para someter el
acto administrativo definitivo al medio de control de nulidad y restablecimiento del Derecho.

De lo así considerado se concluye que, la caducidad de la acción dentro del presente medio
de control se encuentra ampliamente superada, lo que obliga a que la demanda sea
RECHAZADA en cumplimiento de lo previsto en el numeral 1º del artículo 169 del CPACA”

6. Inconforme con tal decisión, la parte actora la apeló, recurso que fue desatado por
el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Oralidad en auto del 16 de
noviembre de 2022, en el sentido de confirmar la decisión cuestionada.

7. Como fundamento de su decisión, puso de presente:

“Probado lo mencionado, se tiene que al haberse notificado el acto administrativo acusado
el día 9 de julio de 2021, el término de caducidad inició su cómputo el día 10 de julio de
2021 y finalizaba el día 10 de noviembre de 2021.

Al haberse presentado solicitud de conciliación el día 26 de octubre de 2021, restaban 15
días para que se consumara el plazo extintivo antes indicado; por lo que, aplicando el plazo
extensivo de caducidad otorgado por la solicitud de conciliación prejudicial y la aplicación
del Decreto Legislativo 491 de 2020, la fecha del 10 de noviembre de 2021 (fecha límite de
la caducidad) se extendió hasta el 12 de abril de 2022 y habiéndose presentado la demanda
el día 9 de junio de 2022, la conclusión de caducidad obtenida por la primera instancia
resulta ser correcta.”

1.4. Sustento de la vulneración

8. La parte actora manifestó que se vulneró su derecho fundamental al debido
proceso, en la medida en que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron claras las
fechas en las cuales se llevó a cabo todo el procedimiento administrativo hasta su
presentación a los estrados judiciales.

9. Adicionalmente indicó:

“En la sentencia T-066 de 2019, la Corte Constitucional enfatiza que la culpa exclusiva de
la víctima operaría cuando “el comportamiento de la víctima haya sido valorado para
determinar si de modo cierto y eficaz contribuyó a la producción del daño antijurídico.” De
esto interpretaríamos que la comunicación que se elaboró el 4 de mayo de 2022 y que envió
el día 06 de mayo de 2022 la PROCURADURÍA 78 JUDIICAL I PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE CÓRDOBA, hubiere llegado al BUZÓN DE SPAM NO SIGNIFICA
QUE SE HAYA SURTIDO DICHA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, sino
hasta el día en que se leyó y se produjo su conocimiento, ya que el canal que usó la
procuraduría para su comunicación fue a través de CORREO ELECTRÓNICO, esto es el
día 25 de mayo de 2022, fecha en la cual, se conoció sobre la decisión de dicho
procedimiento extraprocesal, y se procedió a hacer los trámites internos de la empresa,
para así poder tener su aprobación y por último su radicación ante la oficina de reparto
correspondiente, por lo que, la interpretación que hace los operadores judiciales en cuanto
a los términos para alegar la caducidad de la acción por extemporaneidad, no se configura,
partiendo desde su conocimiento, esto es el día 25 de mayo de 2022, el cual comenzaría a
transcurrir el término de los 04 meses que dicta la ley (CPACA), para operar dicho fenómeno
jurídico. Ya que, si contamos exactamente las fechas, la notificación de la resolución 1200
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de 01 de junio de 2021, fue notificado el día 12 de julio de 2021, fecha en la cual se contaría
al día siguiente el término, esto es, el 13 de julio de 2021, la fecha de la interrupción del
término fue con la presentación de la solicitud de conciliación mediante la ventanilla
electrónica de la procuraduría general de la nación, esto fue el 26 de octubre de 2021, hasta
esa fecha, han transcurrido 3 meses y 13 días, faltando 17 días para la caducidad del
término perentorio para ejercer la acción judicial, luego se reanudaría el 25 de mayo de
2022. Y la demanda se presentó el día 08 de junio de 2022. Demostrando señor juez que
estamos dentro del término para no alegar la caducidad por extemporaneidad que alegan
los despachos judiciales en conocimiento.”

1.5. Trámite de la acción de tutela

10. En auto del 20 de enero de 2023, notificado el 24 del mismo mes y año, la
magistrada ponente inadmitió la demanda de tutela del vocativo de la referencia, con el
fin de que se precisara:

(i) Si la señora Milena Rosa Toro Kerguelen actuaba en calidad de agente
oficioso de la sociedad Gaseosas Lux S.A.S. en cumplimiento de los requisitos
existentes para la configuración de dicha figura.

(ii) Si actuaba en calidad de apoderada judicial de la referida sociedad, caso
en el cual debería aportar el respectivo poder que acredite el ius postulandi que le
asiste para instaurar la acción de tutela de la referencia, en nombre y representación
de Gaseosas Lux S.A.S.

(iii) El radicado del proceso en el cual se profirieron las providencias que
presuntamente vulneraron sus derechos fundamentales.

11. Mediante correo electrónico enviado el 25 de enero de 2023, la señora Milena
Rosa Toro Kerguelen, precisó lo siguiente:

(i) Que actuaba en calidad de agente oficioso de la sociedad Gaseosas Lux
S.A.S., debido a que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho actuó
como apoderada judicial de la referida persona jurídica.

(ii) Que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue inicialmente
repartida al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Montería bajo el
radicado 23001-33-33-003-2022-00360-00, autoridad que en auto del 16 de junio
de 2022 advirtió la falta de competencia, motivo por el cual se realizó un nuevo
reparto.

(iii) Como consecuencia de lo anterior, el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito Judicial de Sincelejo, le correspondió por reparto conocer en primera
instancia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho mencionada, a
la cual le fue asignado el número de radicado 70001-33-33-007-2022-00318-00.
Dicha autoridad judicial, en providencia del 11 de agosto de 2022 rechazó de plano
la demanda.
(iv) Inconforme con la decisión, la sociedad Gaseosas de Lux S.A.S. interpuso
recurso de reposición y en subsidio de apelación.
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(v) En auto del 8 de septiembre de 2022, el mencionado juzgado confirmó su
decisión y concedió la alzada.

(vi) El Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Primera de Decisión Oral, en
auto del 16 de noviembre de 2022 confirmó el rechazo de la demanda.

12. En auto del 1.º de febrero de 2023, la magistrada ponente admitió la demanda de
tutela y dispuso su notificación a la parte actora, así como a los Magistrados del Tribunal
Administrativo de Sucre - Sala Primera de Decisión Oral y al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo como autoridades judiciales accionadas.

13. Por otro lado, solicitó la copia digital del expediente y ordenó a la Secretaría
General de esta Corporación para que guardara la reserva del expediente radicado N. º
70001-33-33-007-2022-00318-00, en atención a que una vez verificado en la página web
de la Rama Judicial, el mismo aparece como proceso privado.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en
la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo

14. Con escrito del 7 de febrero de 2023, el titular del despacho judicial puso de
presente que la tutelante no acreditó la imposibilidad de la sociedad Gaseosas Lux S.A.S.
para actuar directamente en el proceso constitucional de la referencia, motivo por el cual
consideró que la actora carecía de legitimación en la causa por activa.

15. Por otro lado, afirmó que no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte
actora pues “desde que se expidió la actuación administrativa demanda, esto es el 1º de junio
del 2021 pues no se aportó constancia de notificación, y hasta cuando se presentó la solicitud de
conciliación ante la Procuraduría 78 Judicial I para Asuntos Administrativos de Montería, el 26 de
octubre de 2021, transcurrieron más de cuatro (4) meses, que corresponde al término de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contemplada en el
numeral 2, literal d, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. En ese sentido, para cuando la
sociedad GASEOSAS LUX S.A.S. presentó la demanda el 8 de junio de 2022, operó la caducidad
de la acción, razón por la que el Juzgado la rechazó.”

1.6.2. Tribunal Administrativo de Sucre

16. A pesar de haber sido debidamente notificado, guardó silencio.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

17. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
señora Milena Rosa Toro Kerguelen, quien adujo actuar como agente oficioso de la
sociedad Gaseosas Lux S.A.S, contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto
1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, así como en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problemas jurídicos

18. Le corresponde a la resolver los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se configuran en el caso concreto los presupuestos de la agencia oficiosa?
• ¿La señora Milena Rosa Toro Kerguelen tiene legitimación en la causa por activa?

19. De ser positiva la respuesta a las anteriores preguntas, se resolverá el siguiente
asunto:

• ¿Vulneraron las autoridades judiciales accionadas los derechos fundamentales de
la tutelante al rechazar de plano la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho interpuesta por la sociedad Gaseosas Lux S.A.S. al encontrar configurado
en fenómeno de la caducidad?

20. Para resolver los interrogantes planteados, se estudiarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de la legitimación e interés en las acciones de tutela; y (iii) el
análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

21. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 1
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena
habían adoptado posturas diversas sobre el tema2 y declaró su procedencia.3

22. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia constitucional
ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; iv) subsidiariedad, es decir,

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31.07.12., M.P. María Elizabeth

García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
2 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
3 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean
idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que,
de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la
improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

23. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o
negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

24. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones
o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices
se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Legitimación e interés en las acciones de tutela

25. El artículo 86 de la Constitución Política, establece que toda persona puede acudir
a la acción de tutela “para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.

26. En el mismo sentido, el Decreto Ley 2591 de 1991, “por el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, en los artículos 1°,
10, 46 y 49, precisa que esa acción puede ser presentada por cualquier persona que
encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a través
de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa, cuando el titular
de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa. También
pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los personeros
municipales4.

27. De esa manera, el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que “toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en las casos que señale este Decreto”5. (Subrayado fuera de texto).

28. El artículo 10 de la disposición anotada consagra que la “acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular

4 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-793, 27.09.07, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
5 “Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-018 del 25 de enero

de 1993, M.P. Alejandro Martínez Martínez”
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de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales”.

29. La Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 20036, manifestó que la acción
de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las personas y
que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada, quien podrá ejercerla
directamente o por quien actúe en su nombre. Por consiguiente, no se “requiere ser
abogado, ni tener conocimientos jurídicos, ni mucho menos saber escribir, es decir, la
Constitución y la ley no exigen calidad alguna para el sujeto activo de la acción. Inclusive, no es
requisito esencial presentarla por escrito, la ley consagra la posibilidad de que la misma se pueda
incoar verbalmente en casos de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de
edad”7

30. En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, M.P. Jaime Córdoba
Triviño, señaló:

“La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación en la
causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha
establecido la Corte en anteriores oportunidades8, a partir de las normas de la Constitución
y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro
posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos
legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la
configuración de la legitimación en la causa, por activa, en los procesos de tutela. (Subraya
fuera de texto)

En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio directo
de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales (caso de los
menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas). (iii) El
ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la
condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para
el caso, o en su defecto el poder general respectivo, y (iv) la del ejercicio por medio de
agente oficioso”9

31. De esa manera, el alto Tribunal Constitucional, en la sentencia T-697 de 2006,
indicó que, de conformidad con su jurisprudencia y lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución, se tiene que «un primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela es la
exigencia de que quien solicite el amparo, se encuentre “legitimado en la causa” para presentar
la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. La legitimación “por activa” exige que
el derecho cuya protección se invoca, sea un derecho fundamental radicado en cabeza del
demandante y no, en principio, de otra persona».

32. Así las cosas, es importante recordar que, en relación con el caso de la
legitimación por activa en la acción de amparo, la mencionada Corte, en la sentencia de
Unificación SU-173 de 2015, estableció lo siguiente:

6 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T- 1020, 30.10.03, M.P. Jaime Córdoba Triviño
7 “Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo 14 del Decreto 2591 de

1991.
8 “Ver sentencia T-531 del 4 de julio de 2002, M.P, Eduardo Montealegre Lynett.”
9 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-552, 14.07.06, M.P. Jaime Córdoba Triviño

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“La legitimación en la causa es un presupuesto procesal exigido en la acción de tutela,
debido a que los derechos fundamentales son inherentes a las personas y, además, son
intransferibles, aun tratándose de personas jurídicas o entidades territoriales.

(…)

La legitimación para ejercitar la acción de tutela a favor de terceros es excepcional y por lo
mismo sólo puede intentarse cuando el interesado demuestre que se ven afectados sus
derechos fundamentales y que se halle imposibilitado para deprecar por sí mismo el amparo
constitucional; así los interesados son aquellas personas a quienes la decisión afecte
directamente en sus derechos fundamentales, esto es, las partes del litigio.”10

2.5. De la agencia oficiosa en el caso concreto

33. En el sub judice la señora Milena Rosa Toro Kerguelen adujo actuar como agente
oficioso de la sociedad Gaseosas Lux S.A.S. en atención a que fungió como apoderada
judicial de dicha persona jurídica en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
en el cual se dictaron las providencias que ahora cuestiona en la presente acción de
tutela.

34. La Corte Constitucional, ha manifestado que son dos los requisitos para que una
persona pueda constituirse como agente oficioso:

“La presentación de la solicitud de amparo a través de agente oficioso tiene lugar, en
principio, cuando éste manifiesta actuar en tal sentido y cuando de los hechos y
circunstancias que fundamentan la acción, se infiere que el titular de los derechos
fundamentales presuntamente conculcados se encuentra en circunstancias físicas o
mentales que le impiden actuar directamente.”11

35. Al respecto, la Sala manifiesta que la tutelante carece de legitimación en la causa
por activa, pues no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos para la
configuración de una agencia oficiosa, que le permitiera actuar en la defensa de los
derechos fundamentales la sociedad Gaseosas Lux S.A.S.

36. Lo anterior por cuanto no explicó los motivos por los cuales, la referida empresa,
no podía intervenir directamente o a través de su representante judicial con poder
especial para la acción de tutela, para solicitar la protección de sus derechos
fundamentales. Es decir, no señaló las razones por las cuales la mencionada sociedad
se encuentra en la imposibilidad de promover por sí misma la acción constitucional.

37. Así las cosas, la Sala considera necesario aclarar que, para que sea admisible la
figura de la agencia oficiosa, debe estar debidamente comprobado que el agenciado no
se encuentra en condiciones de asumir la defensa de sus propios derechos.12

38. Ahora, resulta necesario poner de presente que en el auto inadmisorio del 20 de
enero de 2023, el despacho ponente le otorgó la oportunidad a la señora Milena Rosa

10 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-173, 16.04.15., M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
11 Sentencia T-796 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
12 Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado del 23 de junio de 2016 C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 73001-

23-33-000-2015-00637-01
9

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Demandante: Gaseosas Lux S.A.S
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-00210-00

Toro Kerguelen de exponer las razones por las que a su juicio, se configuraba la agencia
oficiosa en el caso concreto, circunstancia que no ocurrió, pues la actora se limitó a
indicar que obraba en dicha calidad en la medida en que actuó como apoderada judicial
en el proceso ordinario.

39. Adicionalmente, al tratarse la sociedad Gaseosas Lux S.A.S. de una persona
jurídica, es claro que le corresponde a su representante legal realizar las actuaciones que
considere necesarias para solicitar la protección de sus derechos fundamentales
directamente o a través de un apoderado judicial con poder especial para la acción de
tutela.

40. Por otro lado, la Sala considera necesario aclarar que para intervenir en la acción
de tutela, se requiere de un poder especial, como se expondrá a continuación.

41. Del escrito de subsanación de la tutela, la Sala advierte que la señora Milena Rosa
Toro Kerguelen aportó el poder conferido para representar a la sociedad antes
mencionada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

42. No obstante, no adjuntó un poder especial que la facultara para presentar la
demanda constitucional en representación de Gaseosas Lux S.A.S., a pesar de haber
sido expresamente requerida en el auto inadmisorio.

43. Al respecto, vale la pena recordar que la Corte Constitucional ha manifestado que:

“Aunque una de las características procesales de la acción de tutela es la informalidad, esta
Corporación ha indicado que la legitimación para presentar la solicitud de amparo, así como
para actuar dentro del proceso, debe encontrarse plenamente acreditada. En el caso que
la acción de tutela sea impetrada por medio de apoderado judicial, la Corte ha manifestado
que debe ser abogado con tarjeta profesional y presentarse junto con la demanda de tutela
un poder especial, que se presume auténtico y no se entiende conferido para la promoción
de procesos diferentes a la acción de tutela, por medio del cual se configura la legitimación
en la causa por activa sin la cual la tutela tendría que ser declarada improcedente…”13

44. Lo anterior quiere decir que, el poder conferido por la sociedad Gaseosas Lux
S.A.S. a la señora Milena Rosa Toro Kerguelen, para representarla en l proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, no le permite ser su apoderada en la acción de
tutela de la referencia, pues se reitera, se requiere de un poder especial.

45. En consecuencia, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa
de la señora Milena Rosa Toro Kerguelen, al no encontrarse acreditados los requisitos
para la configuración de la agencia oficiosa y no haberse allegado el respectivo poder
especial que la facultaba para representar a la sociedad Gaseosas Lux S.A.S. en la
acción de tutela de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

13 Corte Constitucional, sentencia T-493 del 28.06.2007. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

10

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Demandante: Gaseosas Lux S.A.S
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-00210-00

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA
de la señora Milena Rosa Toro Kerguelen, de conformidad con lo indicado en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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