Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00223-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00223-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-00223-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
30 de marzo de 2023
Demandante: Aminta Calderón Aguilar
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00223-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00223-01
Demandante: AMINTA CALDERÓN AGUILAR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
Tema: Mora judicial justificada – confirma decisión de primera
instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la señora Aminta
Calderón Aguilar contra la sentencia de 16 de febrero de 2023, por medio de la
cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó el amparo deprecado.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La señora Aminta Calderón Aguilar, en nombre propio, presentó acción de tutela el
18 de enero de 2023, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad.
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
a que a la fecha de presentación de esta acción constitucional, el Tribunal
Administrativo de Caldas no había resuelto el recurso de apelación que la Unidad
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en
adelante UGPP interpuso contra el fallo de 27 de abril de 2021, a través del cual el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales accedió a las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que la
accionante radicó contra la mencionada entidad, y que se identificó con el
radicado N.º 17001-33-39-006-2018-00456-00/01.
1.2. Pretensiones
Presentó las siguientes:
Como el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho citado sigue al
Despacho del Honorable Magistrado Dr. AUGUSTO RAMÓN CHÁVEZ MARÍN, del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, desde hace más de 15 meses para
resolver el recurso de apelación contra la sentencia que ordenó a mi favor la
sustitución de la pensión gracia que devengaba mi esposo SILVIO CARDONA
RUIZ, no tengo otra alternativa que solicitar la intervención del Juez constitucional, y
con ese fin solicito:
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Demandante: Aminta Calderón Aguilar
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
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TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, vulnerados
por el Tribunal accionado.
Como consecuencia del amparo solicitado, ORDENAR al citado Tribunal que
proceda, sin más demora, a resolver el recurso de apelación formulado por [la]
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP-.
1.3. Hechos
La parte actora fundó su escrito de tutela en los siguientes:
1.3.1. La señora Aminta Calderón Aguilar promovió el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, en el que solicitó que se declarara la nulidad de las
Resoluciones N.º RDP 038820, RDP 043366 y N.º RDP 047869 de 2017, por
medio de las cuales la UGPP negó la sustitución y pago de la pensión gracia que
disfrutaba en vida el señor Silvio Cardona Ruíz.
1.3.2. El proceso en primera instancia le correspondió al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, que en sentencia de 27 de abril
de 2021, declaró la nulidad de los mencionados actos administrativos, y en
consecuencia, ordenó a la UGPP reconocer la sustitución de la pensión gracia a la
señora Calderón Aguilar.
1.3.3. Inconforme con la decisión, la UGPP apeló la providencia del a quo, el
recurso se concedió el 27 de mayo de 2021, y el expediente se envió al Tribunal
Administrativo de Caldas el 11 de agosto de 2021.
1.3.4. A pesar de lo anterior, la accionante precisó que a la fecha de radicación de
esta acción de tutela, el mencionado tribunal no ha emitido fallo de segunda
instancia en el proceso con radicado N.º 17001-33-39-006-2018-00456-00/01.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La tutelante consideró que sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad se transgredieron con ocasión a que el Tribunal Administrativo de Caldas
no ha resuelto el recurso de apelación que radicó la UGPP contra el fallo de 27 de
abril de 2021 proferido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Manizales, en el marco del proceso que inició la señora Calderón Aguilar.
1.5. Trámite de la acción de tutela
En auto de 23 de enero de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió
la acción de tutela y ordenó notificar a la judicatura demandada, y vincular como
terceros con interés a la UGPP y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado,
para que, si lo consideraban del caso, presentaran informe sobre los hechos que
dieron lugar a la presente acción constitucional.
1.6. Intervención
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:
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1.6.1. Tribunal Administrativo de Caldas
Por medio de contestación de 25 de enero de 2023, el magistrado Augusto Ramón
Chávez Marín, rindió informe dentro de la presente acción constitucional donde
expuso lo siguiente:
Mencionó que, conforme al sistema de la Rama Judicial Siglo XXI, el proceso
objeto de debate en segunda instancia ha tenido el trámite que se muestra en la
siguiente imagen:
Precisó que la tardanza en la que ha incurrido para proferir el fallo de segunda
instancia en el proceso de la accionante, se fundamenta en la congestión judicial y
en el volumen de trabajo que tiene su Despacho.
Frente al punto adujo que además de conocer procesos ordinarios y emitir
diferentes providencias al interior de estos, el Despacho también tiene a su cargo
proferir providencias, así como el estudio, proyección, orientación y ponencia de
proyectos de autos y sentencias en acciones constitucionales (habeas corpus,
tutelas, populares, grupo, cumplimiento), «en procesos especiales como los
electorales, y en otros trámites como los de validez, los controles inmediatos de
legalidad, los controles automáticos de legalidad de fallos con responsabilidad
fiscal, los conflictos de competencia administrativa y los recursos de insistencia,
entre otros, además de las gestiones que le conciernen como revisor de las Salas
de decisión oral y escritural correspondientes del Tribunal, pero también como
miembro de la Sala Plena».
Aseguró que desde que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho objeto de debate ingresó para fallo, el Despacho emitió 259 sentencias y
378 autos interlocutorios en los diferentes asuntos asignados en única, primera y
segunda instancia, además del desarrollo de audiencias iniciales, de pruebas, y
otras diligencias que se deben llevar a cabo en el marco de la función de la
administración de justicia.
Mencionó que el proceso de la señora Calderón Aguilar se encuentra en el turno
68 del listado de procesos que tiene su dependencia para proferir sentencia, lo
que «permite inferir que es necesario evacuar primero los procesos que
ingresaron antes del 29 de septiembre de 2021 a Despacho para decidir», motivo
por el cual, no se pueden alterar los turnos.
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Finalmente, dijo que reiteraba su compromiso con la administración pronta y eficaz
de justicia, para lo cual «se tomarán las medidas que la legislación permita con el
fin de proferir, en el menor tiempo posible, fallo en el asunto objeto del presente
pronunciamiento».
1.6.2. UGPP
En su intervención solicitó ser desvinculada del presente asunto por falta de
legitimación en la causa por pasiva, porque la presunta vulneración del derecho
fundamental que alega la actora la originó el Tribunal Administrativo de Caldas,
como autoridad judicial que tiene a su cargo resolver la segunda instancia del
proceso ordinario.
En todo caso, advirtió que la actora no se encuentra en condición de especial
protección porque CAJANAL le reconoció pensión de vejez, además, le fue
sustituida la pensión de jubilación del señor Cardona Ruíz.
Consideró que no se configuró mora judicial, porque los servicios judiciales fueron
afectados por las implicaciones de salubridad pública causadas por el COVID-19 y
que dichas circunstancias imprevisibles impidieron la resolución de la controversia
en el plazo previsto en la ley.
1.7. Sentencia de primera instancia
En providencia de 16 de febrero de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, negó el amparo deprecado por la señora Aminta Calderón Aguilar.
El a quo, después de hacer un recuento cronológico de las etapas procesales que
se han surtido al interior del plurimencionado medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho mencionó que el juez de tutela, en cada caso, debe
valorar si la conducta del funcionario o corporación judicial es injustificada y
negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada mora
judicial ni vulnera derechos fundamentales.
Adujo que «existen causas imprevisibles y externas, esto es, circunstancias
objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los plazos para decidir o para
dictar alguna decisión. Por ejemplo, se presentan condiciones estructurales, como
la excesiva carga laboral, la falta de una infraestructura básica en los despachos
judiciales, que impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones
oportunas».
Frente al caso concreto el a quo, consultó en la página web de la Rama Judicial
las actuaciones surtidas en el expediente de la actora e indicó que desde el 29 de
septiembre de 2021 se encuentra en el Despacho pendiente de que se profiera el
fallo que extraña la señora Aminta Calderón Aguilar.
Explicó que, si bien existe una mora judicial, lo cierto es que se encuentra
justificada, ello con fundamento en que no obedece a negligencia o descuido del
tribunal, sino al estricto cumplimiento de los turnos que deben seguirse para dictar
el fallo correspondiente.
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Adujo que, según el informe rendido por el Tribunal Administrativo de Caldas, «el
despacho del magistrado sustanciador está profiriendo sentencias de los procesos
que ingresaron al despacho para fallo antes del 29 de septiembre de 2021.
Además, expresó que el proceso en el que actúa como demandante la señora
Calderón Aguilar tiene el turno 68 del listado de procesos para sentencia».
Concluyó que el amparo solicitado en este caso se debe negar, puesto que la
tardanza obedece a una situación objetiva y razonable, como lo es la congestión
judicial, la cual es ajena a la voluntad de la judicatura accionada, por lo que se
encuentra justificada.
1.8. Impugnación
1.8.1. Inconforme con la sentencia de 16 de febrero de 20231, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de escrito allegado el 2 de
marzo de 2023, la accionante impugnó la decisión de primera instancia.
En el escrito de alzada, la señora Aminta Calderón Aguilar indicó que no dudaba
de la carga laboral que afronta actualmente el sistema judicial, pero que su caso
no era de alta complejidad, dado que, la pensión gracia le fue legalmente
reconocida a su esposo, motivo por el cual, ella tiene derecho a la sustitución de
esa prestación.
Solicitó que se revoque la decisión de primera instancia, y que en su lugar se
ampare su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
1.8.2. Por medio de auto de 7 de marzo de 2023, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado concedió la impugnación impetrada por la actora; dicha providencia se
notificó a las partes el día 9 del mismo mes y año.
1.8.3. l 14 de marzo de 2023, la UGPP por medio de apoderado judicial allegó
escrito en el que solicitó que se confirme la decisión de 16 de febrero de 2023
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en los siguientes términos:
JAVIER ANDRÉS SOSA PEREZ, […] solicitando la CONFIRMACIÓN de la
sentencia proferida el 16 de febrero de 2023 de conformidad con los siguientes:
SOLICITUD
Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente a su señoría, se sirva
CONFIRMAR el fallo de primera instancia proferido por el CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA, en la tutela
de la referencia.
1 La providencia se notificó por medio de correo electrónico el 24 de febrero de 2023.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
señora Aminta Calderón Aguilar contra la sentencia de 16 de febrero de 2023
emitida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con los
artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
La UGPP en su escrito de contestación solicitó su desvinculación de la presente
acción constitucional, por considerar que carece de legitimación en la causa por
pasiva, sin embargo no hubo pronunciamiento sobre el particular por parte del a
quo, razón por la cual, se procede a su solución.
Al respecto, esta Colegiatura negará la petición comoquiera que dicha vinculación
se hizo en calidad de tercero con interés, por formar parte del proceso ordinario
cuya tardanza se predica, luego se debe garantizar la permanencia de esta en el
presente proceso.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 16 de febrero de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, por medio de la cual el a quo constitucional negó el amparo deprecado
por la actora.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) mora judicial justificada y (iii) análisis del
caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable2.
2 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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2.5. Mora judicial justificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial se
encuentra justificado en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una
actuación tiene lugar debido a la complejidad particular del asunto o a la existencia
de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios
judiciales3.
Por su parte, el Alto Tribunal ha indicado que, en estos casos, existe una
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, en aquellos casos en los que dicho retardo se deba a la
falta de diligencia y la omisión sistemática en el cumplimiento de los deberes de
tales servidores públicos4.
De igual forma, dicha Corte ha considerado que «atendiendo la realidad del país,
en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es
imputable al actuar de los funcionarios judiciales5».
A su vez, frente al particular, la Corte Constitucional afirmó que:
Por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor
tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio,
para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la
jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar
del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente
existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la
misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones. (Negrilla y
subrayado fuera del texto)
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial6, según la cual solo se predica si hay
3 Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-1019 del 06.11.10., M.P. Nilson Pinilla
Pinilla.
4 Ibidem.
5 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-230 del 18.04.13., M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
6 Al respecto, consultar: Sentencia del 31.10.18., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 54001-23-33-
0002018-00276-01; Sentencia del 14.11.19., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2019-04391-00; Sentencia del 10.09.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
03562-00; Sentencia del 10.09.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 76001-23-33-000-2020-
00925-01; Sentencia del 17.09.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-02484-
01; Sentencia del 24.09.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-03578-00; Sentencia del 08.10.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-
03-15-000-2020-03907-00; Sentencia del 15.10.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad.
11001-03-15-000-2020-04098-00; Sentencia del 05.11.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad.
11001-03-15-000-2020-04370-00 y Sentencia del 26.11.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-
03-15-000-2020-04518-00.
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dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez.
De acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso de las partes en un proceso.
En este sentido, esta Corporación ha señalado que, en caso de comprobarse una
dilación injustificada del proceso, la acción de tutela resulta procedente con el fin
de amparar los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia7.
Al respecto, se ha precisado que:
la mora judicial o administrativa que configura vulneración del derecho fundamental
al debido proceso se caracteriza por: (i) el incumplimiento de los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii)
que la mora desborde el concepto de plazo razonable que involucra: análisis sobre
la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la
autoridad competente y el análisis global de procedimiento y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable en la demora8.
2.6. Caso concreto
En la presente solicitud de amparo, la señora Aminta Calderón Aguilar alegó que
el Tribunal Administrativo de Caldas, transgredió sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad, dado que no ha resuelto el recurso de apelación
que la UGPP interpuso contra el fallo de 27 de abril de 2021, a través del cual el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales accedió a las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que la
accionante radicó contra la mencionada entidad, y que se identificó con el
radicado N.º 17001-33-39-006-2018-00456-00/01.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en fallo de 16 de febrero de 2023, negó
el amparo deprecado por la señora Aminta Calderón Aguilar, con fundamento en
que, si bien en el asunto objeto de debate se presenta una tardanza, lo cierto es
que está justificada.
Lo anterior, con ocasión a que, según el informe rendido por el Tribunal
Administrativo de Caldas, «el despacho del magistrado sustanciador está
profiriendo sentencias de los procesos que ingresaron al despacho para fallo antes
del 29 de septiembre de 2021. Además, expresó que el proceso en el que actúa
como demandante la señora Calderón Aguilar tiene el turno 68 del listado de
procesos para sentencia».
En consecuencia, concluyó que el amparo solicitado en este caso debía ser
negado, con ocasión a que la mora obedece a una situación objetiva y razonable,
como lo es la congestión judicial, la cual es ajena a la voluntad de la judicatura
accionada, por lo que se encuentra justificada.
7 Al respecto ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 30 de
enero de 2003 con Radicación N° 2002-1267-01(AC-309). M.P. Alier Eduardo Hernández
Enríquez.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, sentencia del 26 de
enero de 2012. M.P. Susana Buitrago Valencia, Radicado No. 5001-23-31-000-2011-00480-01.
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Inconforme con la anterior decisión, la accionante radicó escrito de impugnación
en el que solicitó que se ordenara al Tribunal Administrativo de Caldas que
profiriera el fallo de segunda instancia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que su caso no era de alta complejidad, pues
la pensión gracia que pretende que le sustituyan, le fue legalmente reconocida a
su esposo.
En ese entendido, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia, y que
en su lugar se ampare su derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia.
Ahora bien, de la revisión del expediente y teniendo en cuenta el informe que
presentó la autoridad judicial demandada, se tiene que el expediente ingresó al
Despacho para proferir sentencia el 29 de septiembre de 2021, no obstante, a la
fecha de presentación de esta tutela, no se ha emitido fallo de segunda instancia.
Sin embargo, el magistrado que tiene a su cargo el expediente, explicó que
además de conocer procesos ordinarios y emitir diferentes providencias al interior
de estos, también debe proferir autos, así como el estudio, proyección, orientación
y ponencia de proyectos de autos y sentencias en acciones constitucionales
(habeas corpus, tutelas, populares, grupo, cumplimiento), «en procesos especiales
como los electorales, y en otros trámites como los de validez, los controles
inmediatos de legalidad, los controles automáticos de legalidad de fallos con
responsabilidad fiscal, los conflictos de competencia administrativa y los recursos
de insistencia, entre otros, además de las gestiones que le conciernen como
revisor de las Salas de decisión oral y escritural correspondientes del Tribunal,
pero también como miembro de la Sala Plena».
Aseguró que desde que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho objeto de debate ingresó para fallo, el Despacho ha emitido 259
sentencias y 378 autos interlocutorios en los diferentes asuntos asignados en
única, primera y segunda instancia, además del desarrollo de audiencias iniciales,
de pruebas, y otras diligencias que se deben llevar a cabo en el marco de la
función de la administración de justicia.
Mencionó el titular del Despacho, que actualmente el proceso de la señora
Calderón Aguilar se encuentra en el turno 68 del listado de expedientes que tiene
su dependencia para proferir sentencia, lo que «permite inferir que es necesario
evacuar primero los procesos que ingresaron antes del 29 de septiembre de 2021
a Despacho para decidir», motivo por el cual, no se pueden alterar los turnos,
pues ello transgrediría el derecho a la igualdad de los accionantes de dichos
procesos.
De manera que, para esta Sala de Decisión es claro que la sentencia de 16 de
febrero de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado se debe
confirmar, dado que en el presente caso los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad de la accionante no se ha transgredido, puesto que, como
ya se explicó, la tardanza está justificada razonablemente, y ordenar que se
resuelva el caso de la señora Aminta Calderón Aguilar sin atender el orden que le
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Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
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corresponde podría implicar la afectación de los turnos que tiene el Despacho del
magistrado Augusto Ramón Chávez Marín.
3. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la UGPP.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de febrero de 2023 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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