Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00230-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00230-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00230-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
21 de septiembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
s
.
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., Veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01 y acumulados
11001-03-15-000-2023-00329-01, 11001-03-15-000-2023-00509-
01, 11001-03-15-000-2023-00617-01, 11001-03-15-000-2023-
00716-001 y 1001-03-15-000-2023-00636-01.
Accionantes: Jennifer Patricia Santos Ibarra y otros
Accionado: la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad
Nacional de Colombia.
Temas: Acción de tutela contra Concurso de méritos de la carrera
judicial. Convocatoria 27.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide las impugnaciones formuladas por los demandantes Jennifer
Patricia Santos Ibarra Jeison Humberto Gómez Cruz, Víctor Raúl Amortegui
Molinares, Álvaro de Jesús Esmeral Gómez, Carlos Alberto Rodríguez Quintero
y Mireza Marina Montero Coronel; con la coadyuvancia de Javier Merlano Sierra
al señor Carlos Alberto Rodríguez Quintero; en contra de la sentencia proferida
el 16 de junio de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
la cual se negó el amparo solicitado.
Debe aclararse en este punto, que el memorial de impugnación presentado por
el coadyuvante se tiene como coadyuvancia al recurso interpuesto por el actor y
no como impugnación independiente, pues ello desdibujaría la figura de la
coadyuvancia. De igual manera, no se estudiarán los recursos interpuestos por
Gamal Mohammand Othman Atshan Rubiano, Jacqueline Rueda Herrera y
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Guicela Yanet Cuatín Navarrete como coadyuvantes de Orlando Muñoz Neira,
quien no impugnó la decisión. Lo anterior, atendiendo a los límites procesales
que se imponen a la figura, cuya finalidad es coadyuvar o apoyar los argumentos
y los actos procesales de la parte principal,s sin que le esté permitido traer
.
argumentos propios ni ejercer los actos procesales reemplazando a la parte que
no los promovió.
ANTECEDENTES
Los señores Jennifer Patricia Santos Ibarra Jeison Humberto Gómez Cruz, Víctor
Raúl Amortegui Molinares, Álvaro de Jesús Esmeral Gómez, Carlos Alberto
Rodríguez Quintero y Mireza Marina Montero Coronel; entre otros, formularon
acción de tutela con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a cargos público mediante concurso de méritos,
derechos de petición e igualdad, y derecho al trabajo y a la dignidad humana, los
cuales consideran vulnerados por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad
Nacional de Colombia, dentro del concurso de méritos de la convocatoria 27 para
la provisión de cargos de la rama judicial.
HECHOS
Narró la señora Jennifer Patricia Santos Ibarra (Expediente 11001-03-15-000-
2023-00230-00) que mediante Acuerdo núm. PCSJA18-11077 del 16 de agosto
de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura desarrolló la convocatoria núm.
027 para la provisión de cargos de funcionarios en la Rama Judicial; al cual se
inscribió para el cargo de Juez Promiscuo Municipal.
Que el 24 de julio de 2022 presentó el examen para Juez Promiscuo Municipal,
obteniendo un puntaje de 203,40 en la prueba de aptitudes y 594,63 en la prueba
de conocimientos para un resultado total de 798,03, el cual fue notificado
mediante la RESOLUCIÓN No. CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022.
Que dentro del término legal presentó recurso de reposición en contra de la
RESOLUCIÓN No. CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022, y solicitó también
la exhibición de la prueba, “escrito radicado el mismo día 21 de septiembre de
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Y acumulados
2022 bajo la referencia “DERECHO DE PETICIÓN (SOLICITUD INFORMACIÓN
(CONCURSOS A NIVEL CENTRAL - CONVOCATORIA 27: FUNCIONARIOS DE
CARRERA DE LA RAMA JUDICIAL) – RECURSO DE REPOSICIÓN y
SOLICITUD DE EXHIBICION RESULTADOS PUBLICADOS
s POR CONDUCTO
.
DE LA RESOLUCIÓN CJR22- 0351 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y
ANEXO […]”.
Que el 30 de octubre del año 2022, asistió a la exhibición de la prueba, con la
finalidad de recolectar más datos necesarios y encontrándose dentro del término,
el 15 de noviembre de 2022 a las 12:58 pm presentó memorial complementando
el recurso.
Que presentó entre otros argumentos, “objeción a las preguntas 6, 7, 21, 23, 25,
28, 53, 61, 62, 63, 82, 84, 100, 103, 126, 129 y 130, con el fin de que se repusiera
y modificara la CJR22-0351 del 01 de septiembre de 2022 en lo que respecta al
puntaje obtenido” y se le asignara un puntaje aprobatorio, acorde a lo
argumentado en el recurso sobre la validez de algunas respuestas.
Que el mismo 15 de noviembre de 2022 a las 03:58 PM, remitió otro memorial
complementando el recurso de reposición objetando las preguntas 25 y 84, sin
embargo, dicho memorial no fue tenido en cuenta en la respuesta de las
accionadas.
Aseguró la accionante que la Universidad Nacional informó que se ajustaron los
contenidos del cuadernillo de preguntas y se eliminaron aquellas que no
superaron el control de vigencia y, que tal afirmación no corresponde a la verdad
pues el cuadernillo del examen tenía fecha de impresión de 2021; por lo que
considera la actora que existieron preguntas impertinentes.
Jeison Humberto Gómez Cruz (Expediente 11001-03-15-000-2023-00329-00)
en relación con el mismo concurso, señaló que se inscribió al cargo de Juez
Promiscuo Municipal, presentó la prueba de aptitudes y conocimientos y
mediante la Resolución núm. CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, se
estableció que obtuvo un puntaje de 793,17 y en consecuencia no aprobó el
examen.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
Que interpuso recurso de reposición contra dicha Resolución y en la ampliación
de este expuso unos cuestionamientos claros y específicos sobre las preguntas
núms. 4, 6, 23, 24, 25, 28, 36, 37, 38, 51, 53, 55,
s 59, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 76,
.
77, 82, 84, 100, 102, 103, 105, 122, 126 y 130.
Que la Unidad de Administración de Carrera Judicial expidió la Resolución núm.
CJR23-0042 de 16 de enero de 2023, la cual, a su juicio, “[…] resuelve dicho
recurso de una manera general y escueta a todos los recurrentes, en ella se limita
a realizar una Justificación unilateral a las respuestas, más no a dilucidar los
errores planteados en el recurso de impugnación […]”
Víctor Raúl Amórtegui Molinares (Expediente 11001-03-15-000-2023-00509-
00 señaló que dentro del mismo concurso de méritos se inscribió al cargo de Juez
Civil del Circuito, presentó la prueba de aptitudes y conocimientos y mediante la
Resolución núm. CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, se estableció que
obtuvo un puntaje de 793,96 y en consecuencia no aprobó el examen.
Que interpuso recurso de reposición contra dicha Resolución y en la ampliación
de este expuso unos cuestionamientos claros y específicos sobre las preguntas
núms. 1, 2, 5, 9, 23, 53, 59, 70, 82 y 122.
Que uno de sus principales argumentos fue que de las claves entregadas y los
valores entregados por la Universidad, obtuvo un total de 27 respuestas correctas
en aptitudes y 46 respuestas correctas en conocimiento, para un resultado
preliminar total de 798,664 y no de 793,96 como se había señalado en la
resolución objeto de recurso.
Que la Unidad de Administración de Carrera Judicial expidió la Resolución núm.
CJR23-0024 de 16 de enero de 2023, la cual, “no atiende de forma específica
mis argumentos y se aparta de forma grosera de los lineamientos establecidos
en el Art. 80 del CPACA […]”.
Que la accionada desconoció sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y de petición, al no dar una respuesta congruente y de fondo al recurso
de reposición frente a las preguntas relacionadas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
Álvaro de Jesús Esmeral Gómez (Expediente 11001-03-15-000-2023-00617-
00) señaló que dentro del mismo concurso de méritos se inscribió al cargo de
Juez Promiscuo Municipal, presentó la pruebas de aptitudes y conocimientos y
.
mediante la Resolución núm. CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, se
estableció que obtuvo un puntaje de 798,59 y en consecuencia no aprobó el
examen.
Que interpuso recurso de reposición contra dicha Resolución y en la ampliación
de este expuso unos cuestionamientos claros y específicos sobre las preguntas
núms. 1, 7, 28, 32, 34, 53, 55, 59, 61, 70, 82, 97, 103, 116, 126 y 129.
Mireza Marina Montero Coronel (Expediente 11001-03-15-000-2023-00636-00)
señaló que dentro del mismo concurso de méritos se inscribió al cargo de Juez
Promiscuo Municipal, presentó la prueba de aptitudes y conocimientos y
mediante la Resolución núm. CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, se
estableció que obtuvo un puntaje de 793,96 y en consecuencia no aprobó el
examen.
Que interpuso recurso de reposición contra dicha Resolución y en la ampliación
de este, expuso unos cuestionamientos claros y específicos sobre las preguntas
números. 1, 2, 5, 9, 23, 53, 59, 70, 82 y 122.
Álvaro de Jesús Esmeral Gómez y Mireza Marina Montero Coronel, aunque
por separado, ambos señalaron que Que la Unidad de Administración de Carrera
Judicial expidió la Resolución núm. CJR23-0042 de 16 de enero de 2023, por
medio de la cual, “[…] procedieron a entregar una sola respuesta en forma
general a todos los recurrentes al interior del cargo de Jueces Promiscuos
Municipales, sin resolver de fondo y de forma individual mi recurso […]” y que
que la Universidad se limitó a indicar por qué sus claves de respuesta eran
válidas, a pesar de que objetaron preguntas por otros aspectos “que no
guardaban relación con la validez de la clave de respuesta, sino con situaciones
tales como: • Objeciones contentivas de ERRORES DE REDACCIÓN, •
INEXEQUIBILIDADES de algunos enunciados …"
Que la accionada desconoció sus derechos fundamentales al debido proceso, de
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
igualdad y de petición, al no dar una respuesta congruente y de fondo al recurso
de reposición frente a las preguntas allí referidas.
Carlos Alberto Rodríguez Quintero (Expediente
s 11001-03-15-000-2023-
.
00716-00) Dijo que los hechos se encuentran en un video, el cual no se observa
en el expediente. Sin embargo, de acuerdo a lo relacionado por la primera
instancia, se tiene que participó en el mismo concurso, convocatoria 27, para el
cargo de Juez Promiscuo Municipal y que en el examen para dicho cargo obtuvo una
calificación de 768, 86 puntos.
Manifestó que, encontrándose dentro del término legal, presentó recurso de
reposición contra la Resolución núm. CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022 y en
la adición del mismo objetó las preguntas números. 1, 6, 7, 9, 23, 25, 28, 29, 34, 53,
55, 62, 66, 69, 84, 97, 99, 101, 102 y 126; considerando erróneas las claves de
respuesta y solicitando tenérselas como válidas.
Que las autoridades accionadas desconocieron su derecho fundamental al debido
proceso, al no dar una respuesta congruente y de fondo al recurso de reposición
frente a dichas preguntas.
Pretensiones
Jennifer Patricia Santos Ibarra solicitó que se ordene a las accionadas, dar
respuesta de fondo a las peticiones de información y solicitud de exhibición de
resultados publicados mediante la resolución CJR22-0351 del 01 de septiembre
de 2022 y anexo, radicadas por correo electrónico el 21 de septiembre de 2022;
y resolver de fondo las objeciones a las preguntas 6, 7, 21, 23, 28, 53, 61, 62, 63,
82, 100, 103, 126, 129 ,130 y 25, 84 contenidas en los memoriales de
complementación a la reposición que fueron radicados el 15 noviembre de 2022
teniendo como válidas las opciones de respuestas seleccionadas por la
accionante en el examen.
Así mismo, revocar el acto administrativo Resolución CJR23-0042 16ENE2023 y
sus anexos y modificar la Resolución CJR22-0351 del 01 de septiembre de 2022
y su respectivo anexo que le asignó una calificación de 203,40 en la prueba de
aptitudes y 594,63 en la prueba de conocimientos para un resultado total de
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
798,03. y en su lugar reponer dicha decisión asignado el puntaje aprobatorio
superior a 800 PUNTOS, acorde a los argumentos expuestos en las objeciones.
Además, solicito que “en caso de que algunaspregunta sea validada para otro
.
concursante que haya presentado reposición, por derecho a la igualdad se me
aplique la misma validez en el evento de encontrarme en las mismas condiciones
y se me otorgue el puntaje correspondiente.”
Jeison Humberto Gómez Cruz (Expediente 11001-03-15-000-2023-00329-00)
Solicitó “[…] Se orden (sic) al Consejo Superior de la Judicatura-Universidad
Nacional, corregir mi calificación final, para lo cual deberá tener como respuestas
acertadas, las de aquellas preguntas en que aquí se han demostrado claramente
que existieron errores (múltiple respuesta, respuesta errada, no competencia y
temática no contemplada dentro del instructivo); y a la vez se inste a la Unidad
Administrativa de carrera Judicial-Consejo Superior de la Judicatura, para que en
próximas oportunidades proceda a resolver los recurso de impugnación, de
manera detallada, sería y congruente con los recursos de reposición presentados
[…]”.
Víctor Raúl Amórtegui Molinares (Expediente 11001-03-15-000-2023-00509-
01) Solicitó “[…] 1- ORDENAN (sic) la nulidad de la RESOLUCIÓN CJR23-0024
(16 de enero de 2023).), respecto del aspirante VICTOR RAUL AMORTEGUI
MOLINARES con C.C. No. 1044390352 por incumplimiento de lo preceptuado en
el Art. 80 del CPACA y los derechos antes indicados.
2- Ordenar MODIFICAR el puntaje teniendo en cuenta en que en (sic) la prueba
de aptitudes no se contabilizaron todas las respuestas correctas y se omitió dar
respuesta a esta solicitud.
3- Ordenar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA, tenga como “preguntas acertadas” las preguntas No. 1, 2, 5, 9, 23,
53, 59, 70, 82 y 122.del cuadernillo de la prueba de conocimiento resuelto por el
aspirante VICTOR RAUL AMORTEGUI MOLINARES, con las consecuencias
jurídicas que ello conlleva, conforme los argumentos expuestos en esta tutela
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
[…]”.
Álvaro de Jesús Esmeral Gómez (Expediente 11001-03-15-000-2023-00617-
00) Solicitó se ordene a las entidades accionadas
s “resolver verdaderamente de
.
fondo las objeciones presentadas a las siguientes preguntas: • Componente de
conocimientos: Preguntas 53, 55, 59, 61, 70, 82, 97, 103, 116, 126 y 129 •
Componentes de aptitudes: Preguntas 34, 1, 7, 28 y 32 cuyas sustentaciones, se
encuentran contenidas en el escrito de ampliación del recurso de reposición
interpuesto en contra de la RESOLUCIÓN No. CJR22-0351 del 1 de septiembre
de 2022.
Que de considerarlo necesario, se estudie la viabilidad de otorgar EFECTO
INTERCOMUNIS a esta decisión para todos los participantes de la Convocatoria
No. 27 que presentaron la ampliación a los recursos de reposición contra la
prueba de aptitudes y conocimientos para el cargo de Jueces Promiscuos
Municipales en atención a la falta de respuesta a sus recursos, y ordenar nuevo
termino para que la Universidad resuelva de fondo los mismos y se suspenda el
cronograma de la convocatoria hasta tanto ello no se realice.
Ordenar que en consecuencia se adicione el acto administrativo RESOLUCIÓN
CJR23-0042 16ENE2023 (sic) Y SUS ANEXOS “POR MEDIO DE LOS CUALES
SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO EN CONTRA
DE LA RESOLUCIÓN CJR22- 0351 Y SU ANEXO”, que negó el recurso de
reposición presentado y se ORDENE expedir otro una vez resuelto el recurso de
fondo y en debida forma.
Que “DE CONSIDERARLO EVIDENTE, se ordene MODIFICAR la Resolución
CJR22-0351 del 01 de septiembre de 2022 y su respectivo anexo, por medio de
la cual se expide el listado de los resultados de la prueba de conocimientos,
donde se me asignó una calificación de 609.21 en la prueba de conocimientos
(sobre 700 posibles) y 189.38 en la prueba de aptitudes (de 300 posibles) para
un resultado total de 798,59 el cual fue notificado mediante la (sic) RESOLUCIÓN
No. CJR22- 0351 del 1 de septiembre de 2022, para el Cargo de Juez Promiscuo
Municipal, Y EN SU LUGAR SE REPONGA DICHA DECISION ASIGNANDO el
puntaje aprobatorio superior a 800 puntos acorde a los argumentos expuestos en
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
las objeciones a algunas preguntas que tiene doble respuesta válida, claves de
respuesta o enunciados inexequibles, errores de redacción, errores en los
razonamientos matemáticos y lógicos o inconsistencias consignados en la
ampliación del recurso […]”. s
.
Carlos Alberto Rodríguez Quintero (Expediente 11001-03-15-000-2023-
00636-00) Solicitó tutelar sus derechos fundamentales a la confianza legítima,
debido proceso y otros, ordenando resolver su recurso de reposición, de manera
individual, de fondo y congruente a los reparos expresos su escrito de sustentación.
Que se revise su cuadernillo de preguntas y respuestas para constatar los errores
en la calificación y que se recalifique su examen.
Afirmó que “el suscrito aprobó el correspondiente concurso de méritos y la
Universidad Nacional de Colombia me esta cercenando el derecho a acceder al
cargo al cual concurse, (sic) y tengo la plena convicción que aprobé el concurso
de méritos para ejercer como JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL”
Mireza Marina Montero (Expediente 11001-03-15-000-2023-00636-00) Solicitó
se ordene a las accionadas “resolver de fondo las objeciones presentadas a las
siguientes preguntas:
Componente de conocimiento
preguntas:101,102,103,53,55,59,61,63,65,69,70,78,82,116.
Componente de aptitudes: Preguntas 6, 23, 24, 25, 28, 32, 41.
Las sustentaciones se encuentran contenidas en el escrito de ampliación del
recurso de reposición interpuesto en contra de la RESOLUCIÓN No. CJR22-0351
del 1 de septiembre de 2022.
Y “Ordenar en consecuencia que se adicione el acto administrativo
RESOLUCIÓN CJR23-0042 16ENE2023 Y SUS ANEXOS “POR MEDIO DE LOS
CUALES SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO EN
CONTRA DE LA RESOLUCIÓN CJR22-0351 Y SU ANEXO”, que negó el recurso
de reposición presentado y se ORDENE expedir otro una vez resuelto el recurso
de fondo y en debida forma.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
CUARTO: DE CONSIDERARLO EVIDENTE, se ordene MODIFICAR la
Resolución CJR22-0351 del 01 de septiembre de 2022 y su respectivo anexo,
por medio de la cual se expide el listado de los resultados de la prueba de
conocimientos, donde se me asignó una calificación
s de 580,04 en la prueba de
.
conocimientos (sobre 700 posibles) y 175 en la prueba de aptitudes (de 300
posibles) para un resultado total de 755,04 el cual fue notificado mediante la
RESOLUCIÓN No. CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022, para el Cargo de
Juez Promiscuo Municipal Y EN SU LUGAR SE REPONGA DICHA DECISION
ASIGNANDO el puntaje aprobatorio superior a 800 puntos acorde a los
argumentos expuestos en las objeciones a algunas preguntas que tiene doble
respuesta válida, claves de respuesta o enunciados inexequibles, errores de
redacción, errores en los razonamientos matemáticos y lógicos o inconsistencias
consignados en la ampliación del recurso […]”.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
Algunas demandas fueron repartidas a otros despachos, donde fueron admitidas
y posteriormente fueron remitidas a la Sección Primera para resolver
acumulación al proceso identificado con el número único de radicación.
110010315000202300230-00. Allí se ordenó la acumulación, se ordenó notificar
al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la directora de la Unidad
de Administración de Carrera Judicial y a la Rectora de la Universidad Nacional
de Colombia; y se vinculó a los participantes de la convocatoria pública ordenada
por el Acuerdo núm. PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018 en calidad de
terceros con interés legítimo.
Además, al momento de admitir cada una de las demandas se resolvió sobre la
medida provisional solicitada en ellas.
Mediante auto el 14 de febrero de 2023 se vinculó a los demás participantes
inscritos en la Convocatoria 27, para que en un término de (2) días, si lo
consideraran del caso intervinieran en su condición de terceros interesados, ii)
ordenó al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial, o a la dependencia que corresponda, publicar la admisión de la
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
demanda en la página web del referido concurso de méritos.
Así mismo, mediante auto del 7 de marzo del 2023: i) decretó la acumulación del
proceso de tutela identificado con el número único
s de radicación 11001-03-15-
.
000-2023-01100-00 al proceso de la solicitud de tutela identificada con el número
único de radicación 110010315000202300230-00
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
La Universidad Nacional de Colombia manifestó que “...dentro del presente
asunto, a través de la mencionada Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de
2023 ya fueron resueltos de fondo los motivos de inconformidad propuestos por
el aspirante, por tal motivo, no ha existido una vulneración al debido proceso. Así
mismo, debe llamarse la atención en que a través del mencionado acto
administrativo se brindó toda la información relacionada con la pertinencia de
cada pregunta atacada, la selección de las claves de respuesta, se argumentaron
aspectos relativos a la estructura, idoneidad y pertinencia del examen y se llevó
a cabo la revisión manual del mismo, entre otras.
Precisó que el ejercicio del recurso de reposición no implica que necesariamente
se deba resolver a favor del recurrente, en este caso, el aspirante que elevó el
recurso de reposición contra el acto administrativo que dio a conocer el puntaje
obtenido en la prueba de aptitudes y conocimientos, y quien ahora alega una
supuesta vulneración de derechos con base en la negativa a acceder a sus
reclamos relacionados con errores de redacción, ambigüedades, errores
matemáticos y/o de lógica, vigencia e inexequibilidades, así como estructura
integral de la prueba de cara al cargo al cual aplicó.
En relación con el señor Víctor Raúl Amortegui Molinares expresó, que el 16 de
enero de 2023 fue expedida la Resolución CJR23-0024 "Por medio de la cual se
resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-
0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados
de la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de
méritos para la provisión del cargo de Juez Civil del Circuito - Juez Civil del
Circuito especializado en restitución de tierras - Juez Civil del Circuito de
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
ejecución de sentencias - Juez Civil del Circuito que conoce procesos laborales
de la Rama Judicial" junto con sus respectivos anexos.
De este modo, las entidades accionadas resolvieron
s de manera particular, las
.
solicitudes y reparos, poniendo en conocimiento la justificación técnica de cada
pregunta de la prueba en sus dos componentes, la pertinencia respecto de los
ítems invocados con relación al cargo aplicado y la justificación técnico-jurídica
de cada opción de respuesta establecida como correcta o incorrecta para efectos
del cálculo del puntaje obtenido.
Que dentro de la mencionada Resolución, se le informó al accionante que se
realizó una nueva revisión manual e individual de las respuestas consignadas en
su hoja, donde no se observó inconsistencia alguna en el proceso de calificación.
Así las cosas, se confirmó el puntaje comunicado mediante la Resolución CJR22-
0351 de 1° de septiembre de 2022, y consecuencia, se brindó una respuesta de
fondo frente a una eventual irregularidad en su puntaje.
El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial, manifestó que no hay vulneración de los derechos invocados, ya que la
accionada dio respuesta clara, completa y de fondo, sobre requisitos y
estándares técnicos de construcción, dificultad, metodología y confidencialidad
requeridos para la elaboración de pruebas, las razones de la existencia de una
sola opción de repuesta correcta y no varias, así como la justificación de las
claves de respuesta correctas. Reiteró que se atendieron en debida forma los
cuestionamientos elevados y que las inconformidades no constituyen una
violación de sus derechos
Intervinientes:
Se presentaron coadyuvancias apoyando a varios demandantes, las cuales
fueron admitidas y algunos escritos manifestando pretensiones propias por lo
cual no fueron admitidos como coadyuvantes.
Algunos concursantes como Ana Milena García Valbuena, Andrei Julián Valencia
Rojas, Carlos Eduardo Salinas Alvarado, Cindy Viviana Castillo Delgado, Cristina
12
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
Espinosa Salinas, Hernando Tamayo Alvarez, Jairo Elbert González Rodríguez,
Jonathan Castellanos Ortiz, Juan Alfonso Villanueva Cabas, Nataly Margoth
Hernández Hernández, Oscar Eduardo Rojas Rincón, Yackson Eustaquio
Chaverra Mena, Zulay Milena Pinto Sandoval ysJuan Felipe Estupiñán González,
.
se opusieron a la prosperidad de la tutela.
Expresaron en sus escritos que en la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero
de 2023 y sus anexos la Unidad Administrativa de Carrera Judicial resolvió uno a
uno los reparos hechos por los recurrentes y las objeciones presentadas frente a
cada una de las preguntas tal y como se observa del anexo 2; por lo que no les
asiste derecho a modificación alguna.
Que lo pretendido es una recalificación otorgando un puntaje superior a 800
puntos y que la acción de tutela no puede ser utilizada a modo de instancia
adicional, transgrediendo no solo la seguridad y estabilidad jurídica sino el
derecho al debido proceso, defensa e igualdad de los demás participantes del
proceso de selección y de la sociedad misma.
SENTENCIA IMPUGNADA
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia fechada del 16
de junio de 2023, se refirió al marco normativo y jurisprudencial de cada uno de
los derechos fundamentales invocados por los actores; a los elementos de
prueba allegados al proceso y señaló, refiriéndose específicamente a los
expedientes núms. 11001-03-15-000-2023-00230-0085,11001-03-15-000-2023-
00329-0086, 11001-03-15-000-2023-00509-0087, 11001-03-15-000-2023-
01100-0088, 11001-03-15-000-2023-00617-0089, 11001-03-15-000-2023-
00636-0090, 11001-03-15-000-2023-00655-0091, 11001-03-15-000-2023-
00657-0092, 11001-03-15-000-2023-00933-0093, 11001-03-15-000-2023-
00988-0094,11001-03-15-000-2023-01131-0095, 11001-03-15-000-2023-01206-
0096 y 11001-03-15-000-2023-00716-00; que el recurso de reposición promovido
por los actores contra la Resolución núm. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de
2022, efectivamente fue resuelto a través de las resoluciones núms. CJR23-0042
de 16 de enero de 2023, CJR23-0024 de 16 de enero de 2023, CJR23-0026 de
16 de enero de 2023, CJR23- 0027 de 16 de enero de 2023 y CJR23-0035 de 16
13
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
de enero de 2023 expedidas por la Unidad de Administración de Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura.
Observó que las resoluciones núms. CJR23-0042,
s CJR23-0024, CJR23-0026,
.
CJR23-0027 y CJR23-0035 y sus anexos fueron publicados y notificados a través
de la página Web https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-
administracion-de-carrera-judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-
aptitudes; como lo establece el punto 5.2 del Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de
16 de agosto de 2018, mediante el cual se adelanta el proceso de selección y se
convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios
de la Rama Judicial. De allí concluyó que no que no existe vulneración alguna a
los derechos fundamentales invocados por los actores.
Seguidamente, se refirió de manera particular al “Expediente núm. 11001-03-15-
000-2023-00448-0099 (Orlando Muñoz Neira)” en relación con el cual señaló que
tampoco hay lugar a amparar los derechos fundamentales invocados.
Respecto de los “expedientes núms. 11001-03-15-000-2023-00617-00101 y
11001-03-15-000-2023-00655-00102”, indicó que al negarse las pretensiones del
amparo, no es procedente reconocer efectos inter comunis a la sentencia.
LAS IMPUGNACIONES
1. Jennifer Patricia Santos Ibarra, como sustento del recurso, afirma que el
Juez de primera instancia no estudió de fondo su caso; que sus argumentos
fueron ignorados por completo y que el juez “se limitó a afirmar sin ningún
argumento serio que, vistas las pruebas se advierte que las resoluciones sí
atienden de fondo mi recurso, lo cual es totalmente irrespetuoso y también
transgresor de mi derecho a obtener una decisión judicial motivada (…) pues
decisiones arbitrarias son las que precisamente me llevaron a iniciar este trámite
constitucional”
Que no se practicaron las pruebas necesarias para llegar a tal determinación,
pese a que fueron solicitadas en varias oportunidades, por lo que insiste en que
sean solicitadas a la Universidad Nacional.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
Solicitó que se tenga en cuenta la RESOLUCION CJR23-0019 del 16 de enero
de 2023 mediante la cual el Consejo Superior de la Judicatura resolvió un
“recurso de reposición DE MANERA INDIVIDUAL
s al concursante DIEGO
.
ALEJANDRO BARACALDO AMAYA y en consecuencia las accionadas
PROCEDIERON A ACEPTAR que en la pregunta 104 son válidas las claves de
respuesta A Y B, en consecuencia ordena modificar la Resolución CJR19-0680
de 2019 modificando el puntaje del concursante de 795,51 a 804,79 puntos, lo
que evidencia que con una sola pregunta subieron más de 9,28 PUNTOS...”
Solicitó como medida provisional en esta instancia del trámite tutelar, que se
“SUSPENDA el inicio del curso de formación judicial que tiene dispuesta la fecha
11 de septiembre al 6 de octubre de 2023 como fase de inscripción y de inicio 17
de octubre de 2023”, considerando de esa manera no se excluida del curso de
formación y que de lo contrario se le causaría un perjuicio irremediable.
2. Jeison Humberto Gómez Cruz como fundamento de su recurso, afirma que
el fallador de primera instancia da por sentado que la simple existencia de una
serie de anexos generales, los cuales se refieren a la pertinencia de las preguntas
y no a las verdaderas objeciones planteadas en el recurso de reposición, son una
respuesta suficiente y de fondo al mismo; cuando la verdad es que no se
evidencia una referencia concreta a los argumentos del actor y se indican
aspectos ajenos a lo solicitado en el recurso.
Insiste en que se respondió de manera general, sin atender de manera concreta
el recurso y, que ello se puede evidenciar en los requerimientos que la Unidad de
Carrea hizo a la Universidad Nacional1 en los que reconoce que el recurso de
reposición no fue resuelto de fondo y le exige a la Universidad Nacional que se
pronuncie, pero esta hace un nuevo pronunciamiento pobre, general y escueto.
Por lo anterior, solicita un análisis minucioso y extenso dentro del trámite de la
acción constitucional, pues considera que en el escrito de reposición se plantean
objeciones muy bien estudiadas y con argumentos muy serios, las cuales no
pueden ser despachadas con el simple argumento de pertinencia de cada
1 Oficios del 31 de enero y del 2 de febrero de 2023 dirigidos a Eduardo Aguirre Dávila
15
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
pregunta.
Solicitó medida provisional en esta instancia, en términos similares a los de la
recurrente relacionada anteriormente. s
.
3. Víctor Raúl Amortegui Molinares, sustentó su recurso indicando que los
argumentos presentados en el anexo 2 no son suficientes para determinar
que las respuestas dadas como válidas en el examen son correctas; que a
pesar de que se atendió su reclamación en tiempo y forma, la falta de
consideración adecuada de sus argumentos configura una violación de sus
derechos.
Dijo reiterar la solicitud de que se resuelvan de manera individual sus
cuestionamientos, con los mismos argumentos expresados por la señora Jennifer
Patricia Santos Ibarra y adicionalmente, manifestó que ni la resolución que
resuelve el recurso, ni el fallo de tutela hicieron referencia a la pregunta número
39, dejada de calificar y que claramente omitieron resolver en el acto
administrativo que atendió el recurso interpuesto. Que en la tutela se limitaron a
emitir una constancia, pero no aportan siquiera copia de la hoja de respuestas, lo
cual deja mucho que pensar frente la transparencia y garantías debidas en la
convocatoria 27.
Que las razones por las que considera que los actos administrativos son
arbitrarios e injustos y vulneran sus derechos fundamentales ya fueron
expresadas, pero fueron ignoradas por la primera instancia; por lo que solicita se
tengan en cuenta en esta.
4. Álvaro de Jesús Esmeral Gómez, expresó que no es cierto que se haya
resuelto su recurso, que se dio la misma respuesta a todos los concursantes del
cargo JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL y de esa manera la Universidad no
analizó sus planteamientos. Indicó que todas las preguntas recurridas deben ser
atendidas de manera particular, pues con una sola de ellas alcanza el puntaje
aprobatorio.
Afirmó lo argumentado por él en el recurso es corroborado con las resoluciones
CJO23-332 y CJO23-383 de 31 de enero y 2 de febrero de 2023, dirigidas al
16
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
señor EDUARDO AGUIRRE DAVILA.
Solicitó el decreto de medida provisional en esta instancia, en los mismos
términos de los recurrentes relacionados anteriormente.
s
.
5. Carlos Alberto Rodríguez Quintero Aseguró que tiene la absoluta razón, y
que no hay que hacer un profundo estudio de la acción tutelar para establecerlo,
pues las mismas accionadas “ya han reconocido en resoluciones posteriores lo
que estoy solicitando en las pretensiones de mi acción tutelar.”
Aseguro que las contestaciones brindadas por las accionadas son “arbitrarias,
generales, irracionales y caprichosas, sin una verdadera justificación a lo
solicitado, que se traduce en completas mentiras.”
Afirmó que existen declaraciones de la directora de la Unidad de Carrera
manifestando que no se atendieron los recursos de manera puntual y aportó una
resolución expedida al Dr. ORLANDO MUÑOZ NEIRA, para demostrar que pese
a haberse negado la tutela en primera instancia, la accionada reconoció un error
en su calificación.
Igualmente solicitó se decrete medida provisional, teniendo en cuenta que la
tutela en primera instancia se demoró 6 meses y que no saben cuánto tardará en
resolverse la segunda instancia.
6. Mireza Marina Montero Coronel argumentó que la primera instancia omitió
por completo el análisis de los argumentos de la tutela teniendo por contestado
de fondo el recurso, a pesar de que la Universidad Nacional de Colombia otorga
una única respuesta para las solicitudes planteadas por los aspirantes no
aprobados al cargo de Juez Promiscuo Municipal.
Que es innegable la falencia en el análisis probatorio, pues se negó la tutela
acumulada del Dr. ORLANDO MUÑOZ NEIRA, a pesar de que en el trámite de
la acción constitucional, la UNIDAD DE CARRERA reconoce un error en su
calificación, lo cual denota que la respuesta dada en su caso no había sido de
fondo, sin embargo, la sentencia concluyó lo contrario.
17
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
Que la primera instancia, tuvo por contestado el recurso, a pesar que lo indicado
en el anexo no guarda congruencia por lo expresado en aquel, sino que contiene
las justificaciones de la Universidad al momento
s de la elaboración del examen
.
frente a cada opción de respuesta, diseño en el cual claramente existen errores
puntuales y graves.
Que pese a existir declaraciones de la directora de la Unidad de Carrera, donde
se manifiesta que no se atendió el recurso de manera puntual, la Sala consideró
todo lo contrario sin argumentar porque si se resolvieron los reparos frente a cada
una de las respuestas indicadas.
Solicitó el decreto de medida provisional, en los mismos términos indicados por
los recurrentes anteriormente relacionados.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la impugnación, la Sala abordará la siguiente temática:
I) El derecho de petición II) Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
actos dictados en los concursos de méritos y III) Resolverá cada uno de los casos
concretos puestos a consideración.
Toda persona puede reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, el
restablecimiento de sus derechos fundamentales mediante la acción de tutela,
siempre que no cuente con otro medio judicial de protección; la acción se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o existiendo otro
medio judicial de protección, este no resulte idóneo para la defensa de los
derechos presuntamente conculcados, de conformidad con los artículos 86 de la
Constitución Política y 6.° del Decreto 2591 de 1991.
I. El derecho fundamental de petición, consagrado en el Artículo 23 de la
Constitución Política de Colombia, permite el establecimiento de una
comunicación efectiva entre la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y
eficacia constituye una exigencia impostergable para los ordenamientos
organizados bajo la insignia del Estado Democrático de Derecho.
18
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por
la jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se
brinde: la misma debe resolver el fondo del asunto, sin que ello implique la
concesión o la negación de lo pedido; y debe ser
s coherente, entendiendo por ello
.
la armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado:
“Al respecto, esta Corporación ha señalado que la respuesta de la
autoridad debe ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de
argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda
directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin
incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que
abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado;
y además (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera
que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición
formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la
cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una
respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que,
si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de
las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”2 (se resalta
fuera del original).
La respuesta de fondo no implica tener que otorgar necesariamente lo
solicitado por el interesado3, salvo cuando esté involucrado el derecho de
acceso a la información pública (art. 74 C.P.4),
(…)
4.5.5. Notificación de la decisión. Finalmente, para que el componente de
respuesta de la petición se materialice, es imperativo que el solicitante
conozca el contenido de la contestación realizada. Para ello, la autoridad
deberá realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con
los estándares contenidos en el CPACA4. El deber de notificación de
mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar
2 Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias T-430 de
2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019
3 Desde sus inicios, esta Corporación diferenció el derecho de petición del derecho de lo pedido.
Puntualmente, se ha dicho que: “no se debe confundir el derecho de petición (…) con el contenido de lo que
se pide, es decir[,] con la materia de la petición. La falta de respuesta o la resolución tardía son formas de
violación de aquél y son susceptibles de la actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de
tutela, pues en tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental. En cambio, lo que se debate
ante la jurisdicción cuando se acusa el acto, expreso o presunto, proferido por la administración, alude al
fondo de lo pedido, de manera independiente del derecho de petición como tal. Allí se discute la legalidad
de la actuación administrativa o del acto correspondiente, de acuerdo con las normas a las que estaba
sometida la administración, es decir que no está en juego el derecho fundamental de que se trata sino otros
derechos para cuya defensa existen las vías judiciales contempladas en el Código Contencioso
Administrativo y, por tanto, respecto de ella no cabe la acción de tutela salvo la hipótesis del perjuicio
irremediable (artículo 86 C.N).” Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse
también, entre otras, las Sentencias T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012 y T-155 de 2018
4 Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos
públicos salvo los casos que establezca la ley. (…)”
19
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión
a la entidad encargada.”5
II) Procedencia excepcional de la acción de tutela
s contra actos dictados en los
.
concursos de méritos
Al respecto dijo la Corte Constitucional:
En la Sentencia T-059 de 20196, en el marco de un concurso de méritos, la Corte
manifestó que:
“(…)
“Particularmente, cuando se trata de concursos de méritos, la jurisprudencia
ha sido consistente en afirmar que los medios de defensa existentes ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no siempre son eficaces, en
concreto, para resolver el problema jurídico planteado, pues generalmente
implica someter a ciudadanos que se presentaron a un sistema de selección
que se basa en el mérito a eventualidades, tales como que (i) la lista de
elegibles en la que ocuparon el primer lugar pierda vigencia de manera
pronta o, (ii) se termine el período del cargo para el cual concursaron, cuando
éste tiene un periodo fijo determinado en la Constitución o en la ley. En ese
sentido, la orden del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no
estaría relacionada con la efectividad del derecho al acceso de cargos
públicos, sino que implicaría una compensación económica, situación que[,]
a todas luces, no implica el ejercicio de la labor que se buscaba desempeñar
y significa consolidar el derecho de otra persona que, de acuerdo con el
mérito, no es quien debería estar desempeñando ese cargo en específico.
(…)”
“Por último, es importante poner de presente que, (…), lo cierto es que en el
fondo se plantea una tensión que involucra el principio de mérito como
garantía de acceso a la función pública y ello, a todas luces, trasciende de
un ámbito administrativo y se convierte en un asunto de carácter
constitucional, que torna necesaria una decisión pronta, eficaz y que
garantice la protección de los derechos fundamentales. // Lo anterior, en la
medida en que tal y como se estableció en las Sentencias C-645 de 2017, C-
588 de 2009, C-553 de 2010, C-249 de 2012 y SU-539 de 2012, el mérito
es un principio fundante del Estado colombiano y del actual modelo
democrático, en la medida en que tiene un triple fundamento histórico,
conceptual y teleológico. En efecto, el principio del mérito se estableció en
el ordenamiento jurídico con la finalidad de proscribir las prácticas
clientelistas, para garantizar un medio objetivo de acceso, permanencia y
retiro del servicio público y, por último, para hacer efectivos otros derechos
que encuentran garantía plena a través de éste, al tiempo que se
materializan los principios de la función administrativa, previstos en el
artículo 209 de la Constitución. (…)”7.”8
Frente al tema el Consejo de Estado ha considerado:
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-230 de 2020
6 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
7 Énfasis por fuera del texto original.
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-340 de 2020. M.P: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
20
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
“Esta Sala se ha manifestado en varias oportunidades, pronunciamientos
recogidos en la sentencia de 28 de julio de 20119:
““(i) La procedibilidad de la acción de tutela en materia de
concurso de méritos
(…) los concursos de méritos para la provisión de empleos en general,
s
y en especial en el sector público, comportan una de las instituciones .
significativas de nuestro Estado Social de Derecho, en razón a que son
la herramienta más transparente para obtener un empleo en condiciones
dignas.
(…)
Adicionalmente, en la aludida providencia la Sala dejó claro que: (a) las
controversias que sobre la protección de derechos fundamentales se
susciten dentro de un concurso de méritos por el corto plazo del mismo
exigen soluciones prontas, eficientes y eficaces, que en la mayoría de
los casos únicamente se logran a través de la jurisdicción constitucional
por vía de tutela, y que (b) si bien habría de seguirse la regla general de
improcedencia del amparo decantada por la Corte Constitucional,
también era cierto que debían sentarse excepciones más allá de la
existencia o inminencia de un perjuicio irremediable, motivo por el cual,
bajo criterios abiertos, estableció como parámetros a seguir que el
amparo es improcedente: 1) contra el acto de convocatoria y contra la
lista de elegibles, sobre este último salvo que: 1.1) por cuestiones
particulares del caso, como podría ser el acercamiento del actor a la
edad de retiro forzoso o la edad máxima para desempeñar el cargo,
resulte ilusorio el ejercicio de la acción ordinaria y 1.2) el lugar ocupado
por el demandante en dicha lista esté por fuera del rango de cargos a
proveer; y 2) contra los actos distintos a los antes mencionados, que no
impliquen la eliminación o exclusión del proceso”10.
De lo anterior se concluye que tratándose de acción de tutela contra
concursos públicos de méritos, la procedencia debe estudiarse atendiendo a
las circunstancias específicas del caso, para verificar la presunta vulneración
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia
de 28 de julio de 2011. Exp. Nº 52001-23-31-000-2011-00276-01.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
Sentencia de 6 de mayo de 2010. Exp. Nº 25000-23-15-000-2010-00238-01. Acción de tutela. Actor: Milton
Gonzalo Beltrán Acosta. C/. Comisión Nacional del Servicio Civil.
“(…)
a) En el concurso de méritos puede considerarse que existen dos actos que encierran el mismo, esto
es el de convocatoria y el que conforma la lista de elegibles con el cual finalizan las etapas del
proceso; en principio el amparo que pretenda enjuiciar estos, debe ser improcedente; en cuanto al
primero porque ostenta naturaleza general, expresa las condiciones o reglas de juego que lo
abarcan, el cual por sí sólo no afecta una situación particular y concreta; en cuanto al segundo
porque si bien es particular, dado que cobija un número determinable de individuos, para su
enjuiciamiento existe la acción de nulidad y restablecimiento del derecho donde puede incluso
solicitarse la suspensión provisional, salvo que: i) por cuestiones particulares del caso, como podría
ser el acercamiento del actor a la edad de retiro o la edad máxima para desempeñar el cargo, resulte
ilusorio el ejercicio de la acción ordinaria y ii) el lugar ocupado por el demandante en dicha lista esté
por fuera del rango de cargos a proveer, lo cual quiere decir que si se encuentra dentro de dicho
ámbito y pretende discutir el mejoramiento de su posición, la acción devendrá improcedente.
b) Dentro del trámite del concurso propiamente dicho, existen etapas, fases o pruebas, algunas de
ellas tienen carácter eliminatorio y otras clasificatorio, en consecuencia, el amparo será
improcedente en relación con aquellos actos que para el demandante no impliquen la eliminación
o exclusión del proceso, esto por cuanto al continuar en el mismo y pretender un mejoramiento de
su posición tal asunto podrá ser discutido una vez configurada la lista de elegibles atendiendo a las
reglas antes mencionadas.”.
21
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
de un derecho fundamental del aspirante al ser excluido del concurso,
teniendo en cuenta que el mismo se desarrolla dentro de unos términos
perentorios y que el hecho de esperar el trámite de un proceso, haría
nugatorios sus derechos pudiendo causar asísun perjuicio irremediable.
.
Caso concreto
Las solicitudes de tutela, así como las impugnaciones interpuestas contra el fallo,
se encaminan a i) que se tengan por no resueltos los recursos presentados contra
la resolución CJR22-0351 del 01 de septiembre de 2022 y anexo, mediante la
cual se publicaron los resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes
dentro del concurso de la convocatoria 27 ii) que se ordene resolver de fondo
dichos recursos y se resuelvan las objeciones presentadas por cada uno de los
recurrentes frente a preguntas determinadas iii) se ordene recalificar sus
exámenes asignando puntajes aprobatorios.
Las solicitudes y recursos interpuesto por los actores fueron resueltos en la
Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 en la cual se explicó que, en
atención a los principios de eficiencia, celeridad y economía, se realizó un estudio
de todas las solicitudes elevadas por los accionantes y los argumentos
expuestos, los cuales se agruparon en 35 temáticas que fueron absueltas en los
anexos.
La señora Jennifer Santos Ibarra, presentó un escrito de solicitudes y recurso de
reposición, el cual amplió posteriormente objetando las preguntas 6, 7, 21, 23,
28, 53, 61, 62, 63, 82, 100, 103, 126, 129 ,130 y 25, 84 solicitando tener como
válidas las respuestas marcadas en su examen.
Solicitó que se tenga en cuenta la Resolución JR23-0019 mediante la cual se le
resolvió de manera individual un recurso de reposición al Dr. Diego Alejandro
Baracaldo Amaya, en la cual se aceptaron como válidas para la pregunta 104,
las claves A y B; alegando que algunas preguntas tienen doble respuesta válida
y coincide con la marcada por ella.
Para el caso de la señora Santos Ibarra se indicó que las respuestas estarían
contenidas en las temáticas 3, 4.1, 7.1, 7.2, 9.1, 9.3, 9.4, 10, 13, 15.1, 17.2, 18,
22
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00230-01
Y acumulados
20, 30, 31 y 35. Adicionalmente, en el acto administrativo mencionado se precisó
que los demás argumentos que se consignarían en los anexos serían aplicables
para todos los recurrentes sin excepción alguna.
s
Así mismo, se advierte que en el anexo 2 se relacionaron las preguntas que .
fueron objetadas por los recurrentes para el cargo de juez promiscuo municipal
y en cada una de ellas se indicó su pertinencia, la justificación de la clave
asignada y la razón de las opciones de respuesta no válidas, dentro de las cuales
se encuentran las contestaciones a la totalidad de los planteamientos esgrimidos
por la actora frente a las preguntas 6, 7, 21, 23, 25, 28, 53, 61, 62, 63, 82, 84,
100, 103, 126, 129 ,130.
Conviene precisar en este punto que, contrario a lo afirmado por la recurrente, en
el anexo sí se incluyen las respuestas frente a las objeciones a las preguntas 25
y 84. (véanse los anexos aportados con la demanda)
Por otro lado, frente la solicitud de que se tenga en cuenta la Resolución JR23-
0019 que resolvió de manera individual un recurso de reposición al Dr. Diego
Alejandro Baracaldo Amaya, aceptando como válidas para la pregunta 104 las
claves A y B; que a consideración de la accionante coincide con la marcada por
ella; obsérvese:
1) La pregunta 104 no es una de las objetadas por la actora
2) no se acredita que se trate del mismo examen, pues la Resolución CJR23-
0042 de 16 de enero de 2023 es clara en indicar que en la prueba para juez
promiscuo municipal no hubo preguntas con doble respuesta.
3) En la Resolución, en relación con la pregunta 104 se dice:
“• La respuesta correcta es la A y B). “La notificación personal para dar
cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior también
podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades:
(…) 2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será
notificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia
de las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas
decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación
se contarán los términos para la interposición de recursos.” Por lo anterior
le asiste razón al recurrente.”
Y en el anexo 2 de la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023, que da
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respuesta a las peticiones y recursos de los concursantes para juez promiscuo
municipal dice:
“Pregunta No. 104
s
Esta pregunta es pertinente porque el funcionario judicial debe conocer la
clasificación de las obligaciones contractuales y los efectos jurídicos que esta .
produce. En cuanto al contrato de transporte, es fundamental que conozca las
obligaciones, los elementos de responsabilidad contractual y las causales de
exoneración de esta. Así mismo, debe conocer las normas jurídicas y la forma en
que la Corte Suprema de Justicia las ha interpretado.”
Claramente se trata de dos cuestionamientos diferentes, a los que corresponden
respuestas diferentes; una es la prueba para magistrado de Tribunal
Administrativo y otra la correspondiente al cargo de juez promiscuo municipal.
No puede entonces, de lo expresado por la señora Santos Ibarra, deducirse
vulneración del derecho de igualdad en relación con el señor Baracaldo Amaya,
cuando se parte de situaciones diferentes.
El señor Jeison Humberto Gómez Cruz, afirma que la resolución con sus anexos
generales, se refiere a la pertinencia de las preguntas y no a las verdaderas
objeciones planteadas en el recurso de reposición. Que no son una respuesta
suficiente y de fondo al mismo; pues no se evidencia una referencia concreta a
sus argumentos y se indican aspectos ajenos a lo solicitado en el recurso.
Es de observar que en el anexo 2 de las respuestas correspondientes a los
concursantes para juez promiscuo municipal, se indicó no solo la pertinencia, sino
que se dio una justificación de la clave asignada y la razón para no validar las
otras opciones de respuesta.
En relación con el señor Gómez Cruz se indicó que las respuestas a su recurso
estarían contenidas en las temáticas 1, 3, 4.1, 7.1, 7.2, 9.1, 9.4, 13, 17.2, 18, 19,
20, 30 y 35; respecto del señor Carlos Alberto Rodríguez Quintero, se indicaron
como respuestas, las temáticas 3, 4.3, 7.1, 7.2, 9.1, 9.3, 9.4, 10, 13, 15.2, 17.1,
17.2, 18, 27.2, 30, 32 y 35; se indicó que las respuestas al recurso del señor
Álvaro Esmeral Gómez se absolvían en las temáticas 3, 4.1, 4.3, 7.1, 7.2, 9, 10,
13, 15.1, 17, 18.1, 18.2, 19, 20, 29, 31, 32 y 35 y; en relación con la señora Meriza
Marina Montero se indicó que las respuestas estaban contenidas en las temáticas
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3, 4.1, 4.3, 7, 9, 10, 13, 15.1, 17, 18.1, 18.2, 19, 20, 29, 31, 32, 35.
El señor Esmeral Gómez y la señora Montero Coronel afirman que la Universidad
se limitó a responder en relación con las clavessválidas, a pesar de que objetaron
.
preguntas por otros aspectos que, según los actores, no guardaban relación con
la validez de la clave de respuesta, sino que se referían a errores de redacción,
textos inexequibles y demás; advierte la Sala que lo allí discutido sí es la clave
de respuesta, pues todos los cuestionamientos apuntan a que se tenga por válida
una respuesta diferente a la que marcaron los concursantes y se sustentan con
argumentos diferentes.
Los reparos planteados por estos accionantes se encaminan a discutir las claves
de respuesta correctas asignadas a la prueba; sin embargo, las explicaciones y
justificaciones acerca del porqué de cada una de las respuestas resuelven las
objeciones de todos y cada uno, incluyendo los planteamientos esgrimidos por
los accionantes mencionados en el párrafo anterior.
Situación diferente es que al no accederse a lo pretendido, dicha respuestas no
satisfagan las expectativas de los actores; pero ello no habilita la intervención del
juez constitucional; pues como se ha establecido por la jurisprudencia
constitucional, la satisfacción del derecho de petición no implica la concesión de
lo pedido.
En relación con el señor Victor Raul Amortegui Molinares, la Universidad Nacional
expresó que el 16 de enero de 2023 fue expedida la Resolución CJR23-0024 "Por
medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la
Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se
publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos,
correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Civil
del Circuito - Juez Civil del Circuito especializado en restitución de tierras - Juez
Civil del Circuito de ejecución de sentencias - Juez Civil del Circuito que conoce
procesos laborales de la Rama Judicial" junto con sus respectivos anexos.
Que las entidades accionadas resolvieron de manera particular, las solicitudes y
reparos, poniendo en conocimiento la justificación técnica de cada pregunta de
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la prueba en sus dos componentes, la pertinencia respecto de los ítems
invocados con relación al cargo aplicado y la justificación técnico-jurídica de cada
opción de respuesta establecida como correcta o incorrecta para efectos del
cálculo del puntaje obtenido. s
.
Que de igual manera, dentro de la mencionada Resolución se le informó al
accionante, que se realizó una nueva revisión manual e individual de las
respuestas consignadas en su hoja, donde no se observó inconsistencia alguna
en el proceso de calificación. Así las cosas, se confirmó el puntaje comunicado
mediante la Resolución CJR22- 0351 de 1° de septiembre de 2022, y
consecuencia, se brindó una respuesta de fondo frente a una eventual
irregularidad en su puntaje.
En el anexo 1 de la Resolución CJR23-0024 se indicaron como respuestas al
recurso del señor Amortegui Molinares, las temáticas 3, 4.1, 4.3, 7.1, 7.2, 9, 10,
13, 17.2, 18.2, 18.3, 20, 27.1, y 35.
El actor afirma que la respuesta en ningún momento se refiere a lo planteado en
los numerales 2 y 3 de la adición a la reclamación; donde señala que no le
validaron una respuesta cuya marcación fue correcta, (la número 39) acorde con
las claves de respuestas informadas por la entidad en el anexo 2 y que
computada esa respuesta, el puntaje que le corresponde es 798,664 y no 793,96.
En efecto, no se observa q ue este particular cuestionamiento pudiera quedar
resuelto en la forma general dada por la resolución CJR23-0024 de 16 de enero
de 2023 con sus anexos. Por consiguiente, en este punto se modificará la
sentencia impugnada, para ordenar que se resuelva este motivo de
inconformidad del actor.
Conclusiones:
El Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de Administración de Carrera
Judicial, dio respuesta mediante Resolución CJR23-0042 con sus anexos, a los
recursos de reposición presentados por los accionantes Jennifer Patricia Santos
Ibarra Jeison Humberto Gómez Cruz, Álvaro de Jesús Esmeral Gómez, Carlos
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Alberto Rodríguez Quintero y Mireza Marina Montero Coronel dentro del concurso
correspondiente a la convocatoria 27 para el cargo de Juez Promiscuo Municipal.
Así mismo, con la Resolución CJR23-0024 con
s sus anexos, dio respuesta al
.
recurso de reposición presentado por el accionante Victor Raul Amortegui
Molinares pues en dicha resolución dio respuesta a los recursos interpuestos
contra el examen para el cargo de juez civil del circuito en el cual participó aquél.
Tanto en la resolución CJR23-0042 como en la resolución CJR23-0024 con sus
respectivos anexos explicó la pertinencia de cada una de las preguntas y la razón
de la clave de respuesta asignada a cada una, así como el por qué las demás
respuestas no podían tenerse por válidas. De esa manera, resolvió los motivos
de inconformidad de cada uno, dando a todos los concursantes para el mismo
cargo un trato igualitario.
Situación diferente es que al no accederse a lo pretendido, dichas respuestas no
satisfagan las expectativas de los actores; lo cual no habilita la intervención del
juez constitucional; pues como se ha establecido por la jurisprudencia, la
satisfacción del derecho de petición no implica la concesión de lo pedido.
El reparo del señor Amortegui Molinares respecto de que marcó la respuesta
correcta a la pregunta 39 y no fue tenida en cuenta, es un asunto particular frente
al cual no se acreditó en el expediente una solución de fondo por parte de las
autoridades accionadas. En ese sentido es procedente la protección del derecho
de petición para que se le de respuesta coherente y de fondo a su
cuestionamiento.
Por otra parte, las discusiones relacionadas con errores en la prueba y en las
respuestas asignadas por el operador, con las pretensiones de que el Juez
constitucional realice un análisis de la misma y resuelva acerca de la validez de
las preguntas y respuestas, según las argumentaciones expresada por los
actores; es un asunto que escapa a la competencia del juez constitucional; a
quien vía acción de tutela no le está dado entrar a reemplazar a las autoridades
del concurso.
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Es que de acuerdo con la Jurisprudencia citada supra, la procedencia de la tutela
en relación con los concursos de méritos debe analizarse en cada caso concreto
y en este caso no es procedente, pues lo que se cuestiona es la validez de la
prueba, practicada de manera general para todos
s y cada uno de los participantes.
.
En este sentido, se adicionará la sentencia impugnada.
Anotaciones al margen
Todos y cada uno de los recurrentes solicitaron en su escrito de impugnación, como
medida provisional en esta instancia, que se suspenda el inicio del curso de
formación judicial mientras se profiere sentencia; considerando que esta pude
tardar mucho tiempo y que entre tanto, el avance del curso concurso generará un
perjuicio irremediable a los accionantes cuyo resultado del examen no fue
aprobatorio. Al resolverse la segunda instancia dentro del término
correspondiente, por sustracción de materia no cabe un pronunciamiento sobre
estas solicitudes.
Por su parte, la señora Jennifer Patricia Santos Ibarra manifestó en su escrito de
impugnación que hizo unas peticiones probatorias desde el escrito de demanda,
las cuales reiteró en escrito del 26 de enero de 2023 y que sobre ello nunca se
emitió un auto en primera instancia; por lo cual insiste en que se soliciten a la
Universidad Nacional. El contenido de la solicitud es el siguiente:
1. A las accionadas para que remitan con destino a este trámite, el
contenido íntegro de las preguntas 6, 7, 21, 23, 25, 28, 53, 61, 62, 63, 82, 84
100, 103, 126, 129 y 130 del examen para Juez Promiscuo Municipal de la
convocatoria 27, para que sean analizadas por el juez constitucional al
resolver de fondo las pretensiones de esta tutela.
2. A las accionadas para que remitan con destino a este trámite, copia de la
carátula del cuadernillo de la prueba practicada a los aspirantes a jueces
promiscuos municipales como prueba de que se trataba del cuadernillo
impreso para el examen a presentarse en el año 2021 y que fue suspendido
por la Corte Constitucional mediante Auto 555/2021. Con ello se constatará
el cuadernillo nunca fue actualizado ni ajustado como menciona la accionada.
3. A las accionadas para que remitan con destino a este trámite, copia de los
informes presentados por el comité de expertos en el cual verifican la validez,
confiabilidad, discriminación y demás resultados sobre el comportamiento de
la prueba practicada a los aspirantes para el cargo Juez Promiscuo
Municipal.”
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Las pruebas solicitadas se encaminan a discutir la validez de las respuestas y las
claves asignadas por la Universidad nacional como ejecutora del concurso; de tal
manera que no resultan pertinentes cuando enssede constitucional, el juez no es
.
competente para entrar a suplantar la autoridad administrativa del proceso de
selección por méritos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia del del 16 de junio de 2023, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, en cuanto negó el amparo del derecho
fundamental de petición al señor Victor Raúl Amortegui Molinares. En su lugar,
amparar el derecho del actor.
Segundo: En consecuencia, se ordena a la Universidad Nacional y/o al
Consejo Superior de la Judicatura, que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de la presente providencia, respondan de
manera coherente y de fondo al señor Victor Raúl Amortegui Molinares respecto
de lo planteado en los numerales 2 y 3 de la adición a la reclamación; donde
señala que no le validaron una respuesta cuya marcación fue correcta, (la número
39) acorde con las claves de respuestas informadas por la entidad en el anexo 2
y que computada esa respuesta, el puntaje que le corresponde es 798,664 y no
793,96.
Tercero: Confirmar en relación con los demás recurrentes la sentencia objeto
de impugnación.
Cuarto: Adicionar la sentencia en el sentido de declarar improcedente la acción
de tutela respecto de las pretensiones relacionadas con el examen de validez de
la prueba de aptitudes y conocimientos realizada en el marco de la convocatoria
27 para proveer los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
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Quinto: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
s
.
Sexto: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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