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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00232-00

Fecha
17 de febrero de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00232-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00232-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

17 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00232-00
Accionante: Gabriel Pájaro Acosta
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección D
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – la parte actora pretende
reabrir un debate ya surtido y crear una instancia adicional, al no estar de acuerdo
con lo decidido en el proceso / FALTA DE CARGA ARGUMENTATIVA.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Gabriel Pájaro Acosta
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección
D.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El señor Gabriel Pájaro Acosta presentó acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
prevalencia del derecho sustancial, acceso a la administración de justicia, respeto a
los derechos adquiridos y principio de seguridad jurídica, presuntamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección D, con ocasión de la expedición de la sentencia de 9 de junio de 20222,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 que promovió contra
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificada el 18 de agosto de 2022, según consta en el expediente digital allegado en préstamo.
3 25307-33-33-001-2020-00140-01.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00232-00
Accionante: Gabriel Pájaro Acosta
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente4:

<< 1. Que se tutelen los derechos fundamentales invocados y que están siendo
vulnerados por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir la sentencia
de fecha 9 de junio de 2022al declarar la prescripción de derechos reclamados
anteriores al 30 de agosto de 2016.
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se
declare la NULIDAD PARCIAL de la sentencia en mención, y se ordena a la
autoridad judicial accionada, Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que profiera nueva sentencia en la cual se aclare
que sobre el caso concreto no operó el fenómeno de prescripción.
3. Con base en lo anterior, se le ordene a la Subsección D de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordene el reconocimiento y
reajuste del subsidio familiar bajo los términos del artículo 11 del decreto 1974 del
2000 debe operar el 29 de mayo de 2009 hasta la fecha en que se efectué el retiro
de la institución del accionante.
4. Que se advierta a las Entidades tuteladas, sobre las consecuencias que conlleva
el incumplimiento de la providencia que su Despacho profiera>>.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada,
de las pruebas allegadas y de lo expuesto por la parte actora se tiene, que5:

4.- El señor Gabriel Pájaro Acosta ingresó al Ejército Nacional a prestar el servicio
militar el 26 de junio de 2002; después pasó como alumno para Soldado
Profesional y, a partir del 15 de marzo de 2004, su vinculación se transformó a
Soldado Profesional, condición que actualmente ostenta.

5.- A través de la orden administrativa de personal 2053 del 30 de septiembre de
2014, suscrita por el Jefe de Desarrollo Humano del Ejército Nacional, se le
reconoció al actor el subsidio familiar conforme al Decreto 1161 de 2014, a partir
del 19 de julio de 2014. No obstante, mediante escrito radicado el 30 de agosto de
2019 en el Ejército Nacional, el accionante peticionó el reconocimiento del subsidio
familiar en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, la cual fue
atendida desfavorablemente mediante Oficio 2020311000253821 MDN-CGEJC-
SECEJ-JEMFF-COPER-DIPER-1-10 del 13 de febrero de 2020.

6.- Inconforme con lo anterior, el señor Gabriel Pájaro Acosta, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el fin de
que se declarara la nulidad del Oficio 2020311000253821 MDN-CGEJC-SECEJ-
JEMFF-COPER-DIPER-1-10 del 13 de febrero de 2020 y, a título de
restablecimiento del derecho, entre otros, que se reconociera y pagara la partida
denominada subsidio familiar prevista en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
desde la fecha en que adquirió el derecho, es decir, a partir del 29 de mayo de
2009; así mismo solicitó se reajustara el subsidio familiar que actualmente

4 Folio 2 del escrito de tutela.
5 Expediente digital, Folios 2 a 6 del escrito de demanda.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00232-00
Accionante: Gabriel Pájaro Acosta
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

devenga, de tal manera que ese factor sea computado en un monto equivalente al
62.5% de su asignación básica, de conformidad con el mencionado decreto.

7.- El asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Primero
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Girardot, quien mediante fallo del
20 de enero de 2022 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que
existe un acto administrativo mediante el cual se le reconoció al actor el subsidio
familiar conforme al Decreto 1161 de 2014, el cual, al no haber sido debatido
administrativa ni judicialmente, se encuentra en firme y configura para el señor
Gabriel Pájaro Acosta la consolidación de su situación. Adicional a ello, sostuvo
que el subsidio familiar devengado por el actor se encuentra ajustado a los
parámetros de legalidad, pues, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º,
parágrafo 2°, del Decreto 1161 de 2014, el reconocimiento del subsidio familiar
tendrá efectos fiscales a partir de la fecha de presentación de la solicitud,
circunstancia que no muta por el hecho de la declaratoria de nulidad con efectos ex
tunc del Decreto 3770 de 2009, razón por la cual, tal reconocimiento debía
efectuarse con base en la norma vigente, que no es otra que el Decreto 1161 de
2014, ya que el actor solo cumplió con la obligación de comunicar su cambio de
estado civil hasta el 2014, momento desde el cual se efectúo el reconocimiento del
subsidio.

8.- Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante presentó recurso de
apelación, en el que sostuvo que el señor Pájaro Acosta consolidó el derecho al
reconocimiento del subsidio familiar desde el momento mismo que contrajo
matrimonio con Kellys Johana Martínez Sánchez, sin embargo, con ocasión de la
expedición del Decreto 3770 de 2009, no pudo materializar el derecho subjetivo al
reconocimiento del subsidio familiar, pues dicha norma impedía aquello. Consideró
que se debe aplicar la sentencia proferida por el Consejo de Estado de 8 de junio
de 2017, mediante la cual se declaró la nulidad con efectos ex tunc del Decreto
3770 de 2009 y con ello operó la reviviscencia del artículo 11 del Decreto 1794 de
2000. Por lo anterior, solicitó que se le reconozca y reajuste la partida denominada
subsidio familiar conforme al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, a partir del 29
de mayo de 2009, sin ser afectado por el fenómeno de la prescripción, por cuanto
solo fue con la sentencia de nulidad que el actor pudo reclamar el subsidio de
marras.

9.- El asunto le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección
Segunda – Subsección D, quien mediante fallo de 9 de junio de 2022 revocó la
decisión del A quo, para, en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la
demanda, por considerar que el actor tiene derecho al reconocimiento y pago del
subsidio familiar previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, pues la
condición para su reconocimiento se cumplió a cabalidad durante su vigencia, esto
es, el 29 de mayo de 2009, cuando contrajo matrimonio. Por otra parte, frente a la
prescripción, indicó que no comparte el argumento del actor relacionado con que
sólo a partir de la sentencia de nulidad proferida por el Consejo de Estado de 8 de

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00232-00
Accionante: Gabriel Pájaro Acosta
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

junio de 2017 pudo reclamar el subsidio familiar, pues el derecho a dicho subsidio
surgió antes de haber sido derogado el artículo 11 del Decreto 1794 del 2000; así
las cosas, determinó que dado que el derecho al reconocimiento del subsidio
familiar con fundamento en el Decreto 1794 de 2000 nació desde el 29 de mayo de
2009 y que la petición que dio origen a la actuación administrativa se presentó el
30 de agosto de 2019 y la demanda el 8 de septiembre de 2020, concluyó que
operó el fenómeno jurídico de la prescripción trienal establecida en el artículo 43
del Decreto 4433 de 2004, sobre las diferencias causadas con anterioridad al 30 de
agosto de 2016.

10.- Como fundamento de derecho de las pretensiones, la parte actora adujo que el
tribunal accionado en el fallo de 9 de junio de 2022 incurrió en los siguientes
defectos:

11.- Defecto material o sustantivo: manifestó que el tribunal accionado incurrió
en un error al aplicar la prescripción en los derechos previos al 30 de agosto de
2016; lo anterior, en la medida que empleó lo contenido en el Decreto 4433 de
2004 relativo a prescripción trienal de las mesadas de asignación de retiro y
pensiones de miembros de la fuerza pública, cuando eso no es lo que se reclama
en su caso, pues el objeto de debate de este asunto es el reconocimiento sobre un
emolumento percibido en servicio activo.

12.- Por otra parte, señaló que el decreto 3770 de 2009 fue declarado nulo con
efectos ex tunc, mediante fallo de 8 de junio de 2017 por el Consejo de Estado, y
después en providencia de 8 de septiembre del mismo año, se resolvió la
aclaración y adición de la anterior sentencia, por lo que sólo hasta la fecha de
ejecutoria de esa sentencia se habilitó la opción para iniciar la reclamación, pues
antes no había posibilidad de que se le reconociera el subsidio familiar en la
cuantía señalada en el decreto 1794 de 2000, artículo 11, por lo que el término de
prescripción debió contarse desde la ejecutoria de la sentencia de nulidad.

13.- Aunado a ello, adujo que a la hora de estudiar el fenómeno de prescripción, se
deben tener en cuenta que el hecho generador del reclamo se dio con la sentencia
del 8 de junio de 2017 y la providencia de 8 de septiembre siguiente, que resolvió la
solicitud de aclaración y adición de la primera, ya que desde ese momento los
soldados profesionales tuvieron certeza del derecho que les asistía de solicitar el
reconocimiento del subsidio familiar en los términos del decreto 1794 del 2000,
además, que la presentación de la petición interrumpe el término de prescripción y,
que se debe constatar que entre la ejecutoria de la sentencia y la fecha de la
presentación de la petición no transcurrió el término legal establecido para la
prescripción de derechos, que para el caso de soldados profesionales es la del
decreto 1211 de 1990 -término cuatrienal-.

14.- Desconocimiento del precedente judicial: manifestó que se desconoció la
postura pacífica que ha tenido el Consejo de Estado respecto de los efectos ex
tunc cuando se declara la nulidad de un acto, en la cual, a su sentir, se plantea que
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Accionante: Gabriel Pájaro Acosta
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

el término para iniciar el conteo de prescripción se inicia a partir de que se hizo
exigible la obligación, es decir, con la decisión anulatoria que habilita al beneficiario
a perseguir su derecho, pues desde ese momento se tiene certeza del mismo.

15.- Por lo anterior, el accionante citó in extenso las siguientes sentencias
proferidas por el Consejo de Estado: i) 21 de junio de 2001,
rad.2500023250001998318400, ii) 4 de octubre de 2007, rad.
25000232500020050423001, iii) 21 de abril de 2016,
rad.05001233100020030122001, iv) 27 de julio de 2017, rad.
08001233300020130056101 y, v) 19 de abril de 2018,
rad.25000234200020130388000.

16.- Defecto fáctico: adujo que el fallador no apreció en debida forma el formulario
único de solicitud de subsidio familiar aportado en la demanda, pues no le dio
validez al no tener un sello de recibido de la Dirección de Personal del Ejército
Nacional, sin darse cuenta que en la parte inferior izquierda tenía una firma de
recibido, demostrando que fue recepcionado por la persona encargada de
recolectar la documentación que los soldados profesionales pretendían hacer llegar
al Ministerio de Defensa Nacional, ya que este tipo de soldados no tenían la
facilidad de presentar personalmente sus peticiones, debido a su labor de patrullaje
y demás.

17.- Así las cosas, advierte que no se le puede exigir una solemnidad como el sello
de la Dirección de Personal del Ejército Nacional, toda vez que se desconocería
una prueba aportada y decretada dentro de un trámite judicial, la cual no fue
tachada de falsa, la que por tanto, adquirió pleno valor probatorio; por ende,
considera que debió observarse a la luz de la sana crítica, ya que aquella permite
establecer que el accionante solicitó el subsidio familiar desde el 8 de junio de
2009, interrumpiendo la prescripción.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

18.- Mediante auto de 23 de enero de 20236, este despacho sustanciador admitió
la acción de tutela y ordenó notificar de su presentación a la autoridad judicial
demandada, al tiempo de vincular a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional como tercero con interés. Así mismo, se ordenó comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, si lo
consideraba procedente, dentro del marco de las competencias a ella asignadas,
interviniera en el presente asunto.

(i) Nación – Ministerio de Defensa Nacional7

19.- Adujo que el contenido de la presente tutela no cumple con los requisitos para
habilitar el estudio de la acción, porque el actor no realizó un análisis de los

6 Notificado el 30 de enero de 2023.
7 Intervención digital contenida en 7 folios.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00232-00
Accionante: Gabriel Pájaro Acosta
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

requisitos específicos de procedencia, ni tampoco acreditó la presunta vulneración
de los derechos fundamentales.

20.- Adicionalmente, sostuvo que la acción de tutela no puede ser una tercera
instancia en la que se controvierta una decisión adversa y, como en este caso, el
reproche versa sobre la interpretación de la norma, adujo que para que se
configure la violación alegada es necesario que la hermenéutica que se considera
vulneradora de derechos fundamentales sea completamente arbitraria, y por lo
tanto violatoria de la Constitución, situación que considera no sucede en este caso,
pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección
D no ha vulnerado ningún derecho fundamental, toda vez que ha respetado todo lo
contemplado en la jurisprudencia aplicable relacionado con el fenómeno de
prescripción. Por eso, solicitó que se nieguen las pretensiones.

II. CONSIDERACIONES

C. La acción de tutela contra providencias judiciales

21.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
del 31 de julio de 2012, unificó su postura en relación con la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales8.

22.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de
amparo constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es
apenas un instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los
derechos fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior9.

23.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales, son los siguientes10:

a). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.

b). Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

c). Que se cumpla el requisito de inmediatez.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No.

11001-03-15-000-2009-01328-01.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp.

11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de

2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00232-00
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Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

d). Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.

e). Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,

f). Que no se trate de sentencias de tutela.

24.- De los anteriores requisitos interesa destacar la relevancia constitucional,
como exigencia que supone la presentación de un conflicto que trascienda las
discusiones legales ante el juez constitucional, pues bien es sabido que el ámbito
de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal
suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse
con un derecho constitucional11.

25.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada
providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido
dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y
suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el
propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales
invocados.

26.- Lo anterior, comoquiera que, con dicho requisito, se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional12 y, en ese sentido, evitar
que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 13 ; (ii)
restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones que revistan de clara y
marcada relevancia desde la óptica constitucional, porque afectan derechos
fundamentales 14 ; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se

11 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
12 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En

este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que
el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por
esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez
natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de
la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia”.
13 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la

constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan
afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia
constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa
con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser
planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009,
T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte
Constitucional.
14 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de

una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia
iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No
se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que
no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas
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convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
las autoridades jurisdiccionales15.

27.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, corresponden a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales 16 : (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v)
error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

28.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia
suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al
abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una
providencia judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el
mandato de efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto
por el valor de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad
judicial a cargo de esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la
causa en la interpretación del derecho legislado, o en la evaluación detenida de las
pruebas del caso, o para imponer su criterio en debates de orden legal que
corresponden a otras autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de
manera residual y excepcional la protección de los derechos fundamentales en los
trámites judiciales”17.

29.- Precisado lo anterior, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento
estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese
examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
previamente mencionados, los cuales deben ser adecuadamente formulados por el
interesado18.

D. Análisis del caso concreto

del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos
fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de
indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de
los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”.
15 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no

da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que
origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-
102 de 2006 de la Corte Constitucional.
16 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender

situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un
desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal
específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.
17 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.
18 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre

de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-
02568-01; Consejo de Estado, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542
de 2016 y SU-490 de 2016.
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Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

30.- En los términos precedentes, la Sala se ocupará de verificar si las
circunstancias que se alegan en la presente causa reúnen los requisitos de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si se
cumple con el requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de
acreditarse este presupuesto, pasará a abordar el estudio de los demás criterios
con el propósito de establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en los defectos invocados por la accionante y si se justifica la adopción de
medidas de protección frente al mismo.

E. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

31.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que, para determinar si
una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es
necesario examinar dos elementos19:

a) Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el
que no basta con enunciar los derechos presuntamente transgredidos, sino que tal
vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe
expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan
un juicio de desvalor respecto de los derechos fundamentales de quien promueve
la acción de tutela, cuya fuente es la decisión que ha adoptado el juez, encargado
por mandato constitucional de definir el derecho bajo la sacramental fórmula de
administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal
ejercicio debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto
que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa
la sentencia.

b) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la
acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la
decisión del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien no se ve
favorecido con la determinación contenida en la sentencia, pues, sin lugar a dudas,
de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.

32.- Revisado en su totalidad el escrito de tutela, las pruebas y el expediente digital
contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se considera que
los argumentos esgrimidos por la demandante para justificar la ocurrencia de los
aludidos defectos tienen como finalidad reabrir el debate judicial que se surtió ante

19 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:

11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00232-00
Accionante: Gabriel Pájaro Acosta
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

el juez natural de la causa. Por consiguiente, el amparo solicitado no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, en la medida en que la parte actora busca
reabrir la discusión de asuntos ya concluidos en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, al no estar de acuerdo con la decisión tomada por el juez de
instancia, frente a la prescripción de sus derechos. Así mismo, se advierte que uno
de los defectos carece de carga argumentativa.

33.- En lo relacionado con el defecto sustantivo, según el cual la prescripción
trienal prevista en el Decreto 4433 de 2004 resultaría inaplicable al caso por
referirse a derechos pensionales y de asignación de retiro, en lugar del subsidio
familiar, y que el término de prescripción inició a partir de la ejecutoria de la
sentencia de nulidad del 8 de junio de 2017, la Sala advierte que el actor pretende
convertir este amparo constitucional en una instancia adicional.

34.- Respecto al argumento antes referido, el tribunal accionado aplicó el Decreto
4433 de 2004, dado que el Decreto 1794 de 2000 no dispuso un término de
prescripción especial ni hizo remisión a otra norma en esa materia. No obstante si
bien el Decreto 1794 de 2000 no estableció un término de prescripción para el
subsidio familiar, y que el Decreto 4433 de 2004 no se refirió a ese asunto, porque
trata de la asignación de retiro y derechos pensionales de los miembros de la
Fuerza Pública, lo cierto es que el reparo elevado por el accionante no es
determinante para la decisión y no altera de forma alguna la conclusión a la que
llegó el tribunal.

35.- Lo anterior, en la medida en que si bien el actor señaló que la norma a aplicar
es el Decreto 1211 de 1990, aquella hace referencia al estatuto del personal de
oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, no a soldados profesionales; por
ende, se considera que ante la falta de una norma especial, debe aplicarse la regla
general en materia de derechos laborales, prevista en el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo20, en virtud de la cual el término de prescripción es de tres
años, que se interrumpen ante la solicitud del derecho21. Por tanto, dado que en
este caso la prescripción es trienal, en nada afecta a la decisión el hecho de que el
tribunal se valiera de lo previsto en el Decreto 4433 de 2004 para declararla, pues
esta también dispone de un término de tres años de prescripción. Por ende, ese
argumento del actor no tiene la fuerza para cambiar de forma alguna el término de
prescripción.

36.- Por otra parte, en lo relacionado con el segundo argumento del actor, referente
al inicio del término de prescripción, se tiene que la autoridad judicial accionada en
la sentencia atacada precisó que el término de prescripción habría iniciado al día

20 “Artículo 151. Prescripción: Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se

contaran desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador,
recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción
pero solo por un lapso igual”.
21 En el mismo sentido, sentencia del Consejo de Estado – Sección Tercera- Subsección B del 25 de mayo de

2022, radicado 11001-03-15-000-2022-01166-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00232-00
Accionante: Gabriel Pájaro Acosta
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

siguiente de su matrimonio -29 de mayo de 2009-, por ser ese el hecho que hizo
exigible el derecho, en la medida en que aquel se materializó cuando aún estaba
vigente el Decreto 1794 de 2000, y no la sentencia del 8 de junio de 2017. Así
mismo, consideró que el término de prescripción del subsidio familiar, como
prestación periódica, se interrumpió con la solicitud en sede administrativa elevada
el 30 de agosto de 2019, motivo por el cual ordenó el reajuste del subsidio familiar
a favor del accionante, de conformidad con el Decreto 1794 de 2000, en el periodo
comprendido entre el 30 de agosto de 2016 y el 30 de agosto de 2019.

37.- De lo anterior, se observa que existe una diferencia interpretativa entre el
accionante y el tribunal accionado en torno a la prescripción del subsidio familiar;
pues el actor alega que el término de prescripción para el reconocimiento del
subsidio familiar empezó a contar desde la ejecutoria de la sentencia del 8 de junio
de 2017; en cambio, el tribunal considera que la prescripción de esta prestación se
va generando en la medida en que se hace exigible el derecho, por lo que solo
deben reconocerse los derechos causados durante los últimos tres años antes de
la solicitud en sede administrativa, máxime cuando el derecho surgió en vigencia
del Decreto 1794 de 2000.

38.- Así las cosas, la Sala considera que la interpretación del tribunal es adecuada,
coherente y conforme a derecho y lo probado en el proceso, pues parte del
supuesto particular que el derecho se hizo exigible antes de que se derogara la
norma que lo disponía, pero no desconoce que es a partir de la sentencia del 8 de
junio de 2017 que este puede volverse a reclamar, como efectivamente sucedió. En
este caso, se considera que el accionante no contaba con una expectativa legítima
de obtener el derecho, pues ésta, según la sentencia del 8 de junio de 2017, se
predica de los soldados profesionales que pudieron haber contraído matrimonio
durante la vigencia del Decreto 1794 de 2000 pero no lo hicieron, de forma que el
accionante ya tenía derecho al reconocimiento del subsidio familiar en los términos
del mencionado decreto, en la medida que se casó durante su vigencia -29 de
mayo de 2009-.

39.- Aunado a lo anterior, se pone de presente que el Decreto 3770 de 2009, por
más de que hubiese sido anulado, no desconoció los derechos adquiridos en
vigencia del Decreto 1794 de 2000 ya que dispuso que “Los Soldados
profesionales… que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto estén
percibiendo el subsidio familiar previsto en el derogado artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, continuarán devengándolo hasta su retiro del servicio”. Así, aunque
el accionante no estuviese devengando el derecho cuando se derogó el Decreto
1794 de 2000, lo cierto es que aquél ya era exigible y lo pudo solicitar antes de que
se expidiera el Decreto 3770 de 2009, lo cual no hizo o, al menos, no existe prueba
de ello, por lo que la interpretación del tribunal fue adecuada.

40.- Visto lo anterior, la Sala advierte que contrario a lo afirmado por la parte
actora, no se deduce que el tribunal accionado hubiere incurrido en una indebida

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00232-00
Accionante: Gabriel Pájaro Acosta
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

motivación, en un desconocimiento del precedente judicial o que se haya abstenido
de efectuar un examen riguroso de las pruebas, ni mucho menos que les haya
otorgado un alcance contraevidente que permita hacer factible la procedencia de la
tutela formulada22. Por el contrario, la decisión cuestionada encuentra claro
sustento en el principio de la libre valoración judicial y, antes de configurar una
actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación
razonable del material probatorio aportado al proceso, a su vez, confrontado con
las preceptivas legales que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso
concreto, así como la jurisprudencia relacionada, los cuales ayudaron a llegar a la
conclusión que existía prescripción trienal del derecho solicitado.

41.- Por lo anterior, se evidencia que la parte accionante pretende con esta acción
constitucional reabrir un debate definido por el juez natural, convirtiendo la acción
de amparo en una instancia adicional, al no estar de acuerdo con la decisión
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

42.- En segundo lugar el demandante aduce que el fallador no apreció en debida
forma el “formulario único de solicitud de subsidio familiar” aportado en la demanda,
pues no le dio validez al hecho que en la parte inferior izquierda tenía una firma de
recibido, demostrando que fue recepcionado por la persona encargada de
recolectar la distinta documentación que los soldados profesionales pretendían
hacer llegar al Ministerio de Defensa Nacional, lo que prueba que el accionante
solicitó el subsidio familiar desde el 8 de junio de 2009, interrumpiendo la
prescripción.

43.- Frente a este defecto, la Sala advierte que el tribunal accionado hizo una
valoración probatoria ajustada a derecho, pues, en lo concerniente a la prueba que
el actor alude fue mal estudiada, sostuvo que:

<<Por otra parte, cabe señalar que la reclamación del subsidio familiar que dice el
actor -en su recurso de alzada- haber presentado antes de la vigencia del Decreto
1161 del 2014, a juicio de la Sala, no se encuentra debidamente probada en el
plenario, pues si bien en los anexos de la demanda se observa diligenciado a mano
un “FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD SUBSIDIO FAMILIAR”, con fecha 8 de
junio de 2009 (ver folio 2 de SAMAI), dicho documento no contiene ningún sello de
recibido por parte de la Dirección de Personal del Ejército Nacional, razón por cual no
se tiene certeza de que el mismo haya sido radicado efectivamente en la entidad
demandada>>.

44.- Así las cosas, la Sala no comparte el argumento esgrimido por el actor, pues la
presunta firma de “la persona encargada” de recolectar la documentación que los
soldados pretendían hacer llegar al Ministerio de Defensa Nacional, no demuestra
que efectivamente ese documento haya sido radicado y recibido ante la Dirección
de Personal del Ejército Nacional, por lo que la conclusión dada por el Tribunal
accionado es coherente y razonable con el material probatorio arrimado al proceso;

22 Cfr. Sentencias SU-159 de 2002, T-025 de 2001, T-109 de 2005, T-639 de 2006, T-061 de 2007, T-737 de

2007 y T-458 de 2007 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00232-00
Accionante: Gabriel Pájaro Acosta
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

pues el señor Pájaro Acosta debió verificar la radicación de su solicitud de subsidio
familiar en 2009 y allegar dicha prueba al proceso (con el recibido de la entidad
competente), y no simplemente conformarse con haber “enviado” el documento,
pues su solo envío no sirve de base para interrumpir la prescripción.

45.- De lo expuesto, se evidencia que el fallo cuestionado no incurrió en el defecto
fáctico alegado por la parte actora, como quiera que la decisión tomada fue el
resultado de una deducción razonable de los elementos de convicción adosados al
expediente contencioso-administrativo, los cuales sirvieron para concluir que no
existía prueba que el señor Pájaro Acosta hubiese radicado en el 2009 una
solicitud de subsidio familiar con el fin de interrumpir el término de prescripción.

46.- La circunstancia antes anotada, permite a la sala considerar que el solicitante
en este trámite de tutela pretende reabrir un debate definido por el juez natural,
convirtiendo la acción de amparo en una instancia adicional, al no estar de acuerdo
con la interpretación probatoria y la decisión proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (25307-
33-33-001-2020-00140-01).

47.- Ya frente al alegato según el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en un desconocimiento del precedente judicial, por desentender el precedente
pacifico del Consejo de Estado, referentes a los efectos ex tunc cuando se declara
la nulidad de un acto, se advierte que la acción de tutela es improcedente ante su
falta de carga argumentativa, toda vez que la parte actora se ciñó a plantear un
supuesto desconocimiento del precedente judicial, por desatención de las
sentencias antes enunciadas sin ofrecer explicación acerca de la razón por la que
son idénticos en hechos, partes y pretensiones, dejando de identificar y exponer la
similitud de los problemas jurídicos, o la ratio decidendi desconocida; es decir, no
sustentó debidamente las razones por las cuales dichas sentencias, en efecto,
constituyen precedente aplicable al caso concreto.

48.- Recuerda la Sala que el precedente jurisprudencial ha sido considerado como
“(…)el conjunto de sentencias anteriores al caso estudiado por el juez, que debido
a su pertinencia para resolver el problema jurídico planteado deben ser tenidas en
cuenta por la autoridad a quien le competa para la resolución de su caso
concreto”23. La manera para determinar cuándo el precedente resulta necesario
para la solución del caso, impone observar si: “(i) la ratio decidendi de la sentencia
que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el
caso a resolver; (ii) se trata de un problema jurídico semejante y (iii) los hechos del
caso o las normas juzgadas en la sentencia son [similares] o plantean un punto de
derecho [de igual característica] al que se debe resolver posteriormente”24. De esta

23 Corte Constitucional, sentencia T-1033 de 2012.
24 Ibídem.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00232-00
Accionante: Gabriel Pájaro Acosta
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

forma, el precedente utilizado debe guardar semejanza entre los hechos, el
problema jurídico planteado y la normativa utilizada para resolver los casos.

49.- Bajo los parámetros indicados, no toda decisión judicial anterior a la solución
de un proceso constituye un precedente judicial, pues este se configura cuando la
sentencia pretende resolver un idéntico problema desde la perspectiva jurídica y
fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar y hechos similares.

50.- A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que se
ataque la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente, impone
al actor la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la sentencia
cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente,
determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho.

51.- En este punto, la Sala considera pertinente mencionar que la sentencia de 21
de junio de 2001, se trata de un reajuste de la asignación de retiro con la prima de
actualización con fundamento en los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de
1994 y 133 de 1995; por su parte, el fallo de 4 de octubre de 2007, hace relación al
reconocimiento de la nivelación de la asignación de retiro con el cómputo de la
prima de actualización establecida en los Decretos 333 de 1992 y 335 de 1992 y en
la Ley 4ª de 1992 y sus decretos reglamentarios, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de
1995. Ya en relación con la sentencia de 21 de abril de 2016, se refiere a un
funcionario de la Fiscalía General de la Nación quien reclama la reliquidación de
sus prestaciones sociales con inclusión del porcentaje del 30% de la prima especial
de servicio; por otra parte, el fallo de 27 de julio de 2017, tiene que ver con un
policía que estuvo vinculado a la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía y
solicitó el reconocimiento y pago de la prima de actividad, el subsidio familiar y los
demás haberes que se encuentran establecidos en el Decreto 1214 de 1990; y,
por último, el fallo de 19 de abril de 2018, se relaciona con un funcionario de la
Oficina del Comisionado Nacional para la Policía Nacional, el cual solicitó el
reconocimiento de la prima de actividad y subsidio familiar, prestaciones previstas
en los artículos 38 y 49 del Decreto 1214 de 1990, para los empleados civiles no
uniformados.

52.- En suma, se advierte que ninguna de las sentencias aludidas como
desconocidas constituyen un precedente para el presente asunto, pues no hacen
relación a un soldado profesional del Ejército Nacional, ni tampoco se reclama la
partida denominada subsidio familiar prevista en el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000.

53.- Ahora, si bien tales decisiones hacen referencia a los efectos ex tunc cuando
se declara la nulidad de un acto, aquello no hace que de manera automática se
conviertan en precedente aplicable al caso, pues como ya se dijo párrafos
anteriores, debe existir ciertas características entre los fallos presuntamente

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00232-00
Accionante: Gabriel Pájaro Acosta
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

desconocidos y el caso analizado, pues de lo contrario, si la sentencia analizada
difiere en cualquier aspecto, no habrá un desconocimiento del precedente.

54.- Finalmente, debe recordarse que por oposición al principio de informalidad
que caracteriza a la acción de tutela, cuando esta se formula contra providencias
judiciales, es necesario que quien reclama la protección iusfundamental no sólo
señale los derechos que estima afectados, sino que identifique con cierto nivel de
detalle en qué consiste la violación que le atribuye al pronunciamiento judicial y
demuestre de qué forma aquel se aparta del ámbito del derecho o incurre en una
actuación abusiva contraria al ordenamiento jurídico, no sólo por la materialidad de
la decisión y sus implicaciones, sino por las razones y fundamentos que la
sustentan. De no ser así, toda providencia judicial que desestima una demanda o
accede a las pretensiones, materialmente sería transgresora de los derechos
fundamentales de la parte vencida, asunto que, a no dudarlo, cuestionaría los
fundamentos del pacto político y social en que se soporta la existencia del Estado,
y con éste, el establecimiento de autoridades que detentan el poder público bajo
las diferentes manifestaciones requeridas para la realización de los fines estatales
y los derechos de los asociados.

55.- Para el caso concreto, comoquiera que la parte actora no se sirvió explicar,
especificar, construir, ni adecuar los cargos relacionados con el desconocimiento
del precedente judicial alegado contra el fallo del 9 de junio de 2022, proferido por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D, el
juez de tutela no puede proceder a ello de forma supletiva, dado que, como ya tuvo
la oportunidad de señalarse, tratándose de acciones de tutela contra providencias
judiciales, la carga de contar con una argumentación coherente y suficiente recae
en quien invoca el amparo constitucional y no en quien la decide, en razón a que
están de por medio el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la
seguridad jurídica y la garantía de la independencia y autonomía de los jueces,
que son elementos que hacen parte de los cimientos del Estado y como tal
legitiman el obrar de sus autoridades. Por lo anterior, este cargo carece de
relevancia constitucional ante su falta de carga argumentativa.

56.- Por lo demás, no sobra mencionar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la
causa y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser
ello así, habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de
manera grave los principios constitucionales de autonomía e independencia
judicial, los cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y
procesal25.

25 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00232-00
Accionante: Gabriel Pájaro Acosta
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

57.- Por todo lo anterior, la acción de tutela que se examina no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, máxime, si se tiene en cuenta que su
objeto es reabrir un debate tramitado y concluido, lo que desnaturaliza su finalidad
como mecanismo supletivo de protección de los derechos fundamentales, además,
que carece de carga argumentativa. De esta suerte, habrá de declararse
improcedente el amparo impetrado por el señor Gabriel Pájaro Acosta, por la
ausencia del antedicho presupuesto formal.

58.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE26
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

26 VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
16

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