Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00234-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00234-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00234-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
3 de marzo de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00234 00
Accionante: DULFAI ELENA GUTIERREZ MENDOZA Y OTROS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00234 00
Accionantes: DULFAI ELENA GUTIERREZ MENDOZA Y OTROS
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tesis: Hay temeridad, y por ende procede el rechazo de la
acción de tutela que se presenta en más de una ocasión
con identidad de partes, objeto y causa petendi.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela interpuesta por la parte
actora contra la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la
República, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Trabajo,
el municipio de Valledupar, la Secretaría de Educación Municipal de
Valledupar, el Concejo de Valledupar y la Diócesis de Valledupar.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Dulfai Elena Gutiérrez Mendoza, en nombre propio y en representación de
sus menores hijos S.C.M.G., T.S.M.G. y M.J.M.G.; José Gregorio Zuleta
Martínez y Senayda Arias, en nombre propio y en representación de sus
menores hijos N.E.E.A. y I.J.E.A.; Carolina Jiménez Perales, en nombre
propio y en representación de su menor hijo A.F.C.J.; Ligia María Lúquez,
en nombre propio y en representación de su menor hijo E.D.L.; Luis José
Cueto Junieles, en nombre propio y en representación de su menor hijo
A.F.C.J.; Alba Liliana Toscano Pérez, en nombre propio y en
representación de su menor hijo G.Y.C.T.; Ligia Cecilia Ortega Martínez,
en nombre propio y en representación de su menor hijo G.C.B.O.; Carmen
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Accionante: DULFAI ELENA GUTIERREZ MENDOZA Y OTROS
Catalina Bohórquez Tarifa, en nombre propio y en representación de su
menor hijo K.Y.A.B.; Lisset Paola Martínez Moya, en nombre propio y en
representación de su menor hijo L.P.M.M.; Ana Rosa Clavijo Moreno, en
nombre propio y en representación de S.E.M.M.; Yenifer Barreto Toro, en
nombre propio y en representación de sus menores hijos Y.S.B.T. y
S.D.S.B.; y Mayerlis Dayana González Cantillo y Eisenhower Ariza Mateus,
en nombre propio y en representación de su hijo menor J.M.A.G.,
solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo, a la
consulta previa, a la educación, los derechos de los niños, “principio de
legalidad, principio de buena fe, confianza legítima y acto propio”, que
estimaron vulnerados por la Presidencia de la República y las demás
entidades arriba listadas.
Los demandantes expusieron que en el año 2009 el municipio de
Valledupar celebró con la Corporación Educativa Minuto de Dios el
contrato de concesión de la infraestructura física de la Institución
Educativa Mayor de Valledupar, César Pompeyo Mendoza Hinojosa, para
la prestación del servicio público de educación formal, con un plazo de
ejecución de once (11) años lectivos, que irían hasta 31 de diciembre de
2021. Al finalizar el plazo, las partes suscribieron una prórroga de once
(11) meses, que irían hasta el 28 de diciembre de 2022.
El 31 de diciembre de 2022, el Secretario de Educación Municipal de
Valledupar informó al rector de la institución educativa la finalización del
contrato, sin haber expedido el acto administrativo motivado que
declarara la terminación unilateral del contrato, como lo exige el artículo
17 de la Ley 80 de 1993. Además, contrató como nuevo operador a la
Diócesis de Valledupar, sin llevar a cabo un proceso de licitación pública,
sin realizar la debida socialización a la comunidad educativa y sin cumplir
con el término de liquidación del contrato, que es de cuatro (4) meses.
Advirtieron que el cambio de concesionario pone en riesgo la continuidad
laboral de setenta y ocho (78) personas, con quienes la institución ha
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logrado resultados satisfactorios en las pruebas ICFES y un alto
porcentaje de favorabilidad entre los estudiantes y los padres de familia.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
Por auto de 31 de enero de 2023 se admitió la acción de tutela, se denegó
la medida provisional y se ordenó notificar a las autoridades demandadas.
Además, se dispuso comunicar el inicio del trámite a la Corporación
Educativa Minuto de Dios, a los padres y madres de familia firmantes de
la demanda, quienes aducen pertenecer a la Asociación de Padres de
Familia de la institución educativa César Pompeyo Mendoza Hinojosa, y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Adicionalmente, atendiendo a lo pedido en la demanda, se ordenó oficiar
al Concejo de Valledupar para que informara si había otorgado facultades
al alcalde para terminar el contrato de concesión y adjudicar otro por el
mismo objeto.
2.1. El Secretario de Educación del municipio de Valledupar contestó
la demanda y manifestó que es cierto que, de conformidad con la Ley 80
de 1993, el artículo 2.3.1.3.5.2 del Decreto 1075 de 2015, el Decreto 1082
del 2015 y el Decreto 1851 de 2015, celebró de manera directa con la
Corporación Educativa Minuto de Dios el contrato 816-SGR-2022, para la
prestación del servicio en la institución educativa César Pompeyo Mendoza
Hinojosa durante el año 2022, con un plazo de once (11) meses.
Luego, advirtió que los accionantes interpusieron otra acción de tutela por
los mismos hechos bajo la radicación 20001-31-04-006-2023-00006-00, la
cual ya fue decidida y declarada improcedente por el Juzgado 6° Penal del
Circuito de Valledupar con Función de Conocimiento mediante fallo del 2 de
febrero de 2023, documento que anexó a la contestación.
El secretario general del Concejo de Valledupar rindió el informe
solicitado en el auto admisorio de la demanda y manifestó que, de
conformidad con el Acuerdo 014 de 2021, el alcalde está facultado para
contratar por un monto que no supere los siete mil (7.000) salarios mínimos
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mensuales legales vigentes. Por lo tanto, a esa corporación no le
correspondía conferirle facultades para liquidar el contrato de concesión con
la Corporación Educativa Minuto de Dios ni para adjudicar uno nuevo a la
Diócesis de Valledupar.
La Presidencia de la República, por intermedio de apoderada, solicitó
que la tutela se declare improcedente o que se denieguen las pretensiones,
con fundamento en que la entidad no está legitimada en la causa por
pasiva, si se tiene en cuenta que sus funciones no tienen relación con los
hechos que se debaten.
La asesora de la oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Trabajo
también alegó que la entidad carece de legitimación en la causa por pasiva
y solicitó que se le desvincule del proceso.
De igual manera, el apoderado del Ministerio de Educación Nacional dijo
que la entidad carece de legitimación en la causa por pasiva, pues la
competencia legal en relación con los hechos materia de la demanda se
encuentra en cabeza de las entidades territoriales certificadas.
El canciller de la Diócesis de Valledupar contestó la demanda y sostuvo
que en este caso se encuentra configurada la cosa juzgada, toda vez que
los demandantes instauraron otra acción de tutela por los mismos hechos,
la cual fue declarada improcedente por el Juzgado Sexto Penal del Circuito
de Valledupar con Función de Conocimiento, mediante sentencia del 2 de
febrero de 2023.
No obstante, manifestó que el problema contractual planteado en la
demanda debía dirimirse entre la Secretaria de Educación Municipal y la
Corporación Educativa Minuto de Dios. Además, advirtió que los
demandantes podían acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para solicitar la nulidad del contrato y que el cambio de
operador no va a generar vulneración de los derechos laborales de los
docentes ni del personal administrativo, porque estos van a continuar en
la institución.
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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. El 30 de diciembre de 2009, el municipio de Valledupar celebró con
la Corporación Educativa Minuto de Dios el contrato de concesión de la
institución educativa César Pompeyo Mendoza Hinojosa, para la
organización, operación y prestación del servicio público de educación
formal, con un plazo de once (11) años lectivos, que iban desde el mes
de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2021.
3.2.2. Finalizado el plazo de la concesión, las partes suscribieron contrato
de prestación de servicios que, en lo pertinente, tendría el mismo objeto
que el anterior, para ejecutarse desde el 20 de enero hasta el 28 de
diciembre de 2022.
3.2.3. El 31 de diciembre de 2022 el Secretario de Educación Municipal
de Valledupar comunicó al rector de la institución educativa César
Pompeyo Mendoza Hinojosa la finalización de la contratación de
administración del servicio educativo en esa entidad.
3.2.4. El municipio de Valledupar adelantó un proceso de selección a
través de la modalidad de contratación directa y suscribió contrato con la
Diócesis de Valledupar para la prestación del servicio en la institución
educativa César Pompeyo Mendoza Hinojosa.
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3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. La temeridad y la cosa juzgada en la acción de tutela
La jurisprudencia de esta Sala1 ha analizado las implicaciones que tiene
la presentación sucesiva o simultánea de acciones de tutela sobre un
mismo asunto. En efecto, aquellos eventos en los que se presenta una
petición idéntica a una solicitud de amparo que ya fue decidida, o cuando
una misma acción se radica ante varios jueces de forma coetánea o en
tiempo cercano, pueden dar lugar al fenómeno de la cosa juzgada como
resultado de la primera decisión, y a la existencia de temeridad al haberse
presentado más de una solicitud de tutela sobre los mismos hechos.
En el mismo sentido, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y
38 del Decreto 2591 de 19912, la Corte Constitucional ha precisado que
la acción de tutela se encuentra sujeta a los parámetros de la institución
de la cosa juzgada. Bajo esta figura, “se entiende que los procesos
judiciales han culminado mediante sentencia y en consecuencia han
cerrado la posibilidad de continuar el desarrollo de la litis sobre la materia
resuelta”3. Este esquema tiene como propósito salvaguardar la coherencia
en las decisiones judiciales, evitar el desgaste innecesario del aparato
judicial y garantizar la seguridad jurídica al interior de la jurisdicción
constitucional, así como el respeto por el carácter definitivo de las
providencias judiciales.
Al respecto, en la sentencia T-560 de 2009, la Corte Constitucional precisó
que la cosa juzgada constitucional se configura en eventos los cuales, de
manera sucesiva, se presentan acciones de tutela que guardan identidad
1
Ver entre otras, sentencia de noviembre 8 de 2019, radicado 25000-23-15-000-2019-00222-01 (C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés) y sentencia de enero 23 de 2020, radicado 11001-03-15-000-2019-04712-
00 (C. P. Nubia Margoth Peña Garzón).
2
“Artículo 37. Primera instancia. […] El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad
del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se
le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio. […]”.
“Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de
tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional
al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las
demás sanciones a que haya lugar”.
3
Corte Constitucional, sentencia T-137 de 2014.
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de partes, hechos y pretensiones, siempre que frente a una de ellas ya
exista un pronunciamiento definitivo e inmutable por parte del juez
constitucional. En esa medida, habrá de tenerse en cuenta que las
decisiones “se consolidan como cosa juzgada una vez ocurrida alguna de
estas dos circunscritas (sic): (i) cuando la acción de tutela es excluida de
su revisión por parte de la Corte Constitucional; (ii) cuando es
seleccionada, analizada y resuelta por la misma corporación”4.
De otra parte, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado los
lineamientos conforme a los cuales hay lugar a declarar la configuración
de una actuación temeraria y sus consecuencias. Así, tal como lo precisó
esta Sección en sentencia de enero 23 de 20205, se consideran temerarias
las acciones de tutela que se presenten, ya sea de manera sucesiva o
simultánea, con identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre y
cuando dicha actuación “[…] (i) resulte amañada, en la medida en que el
actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas que
convalidan sus pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de obtener
la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera
resultar favorable; (iii) deje al descubierto el abuso del derecho porque
deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción; o
finalmente (iv) se pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar
la buena fe de los administradores de justicia. […]”6.
Ahora bien, de manera excepcional, a pesar de que se compruebe la
presentación de múltiples acciones de tutela con identidad de partes,
hechos y pretensiones, podría concluirse que no existe temeridad si se
verifica la existencia de alguno de los siguientes eventos:
“[…]”(i) la condición del actor que lo coloca en estado de ignorancia o
indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran
por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un
derecho y no por mala fe; (ii) en el asesoramiento errado de los
profesionales del derecho; (iii) en la consideración de eventos nuevos
4
Ibidem.
5
Proceso con radicado: 11001-03-15-000-2019-04712-00 (C. P. Nubia Margoth Peña Garzón).
6
Estas subreglas se puntualizaron en la sentencia SU-713 de 2006, las cuales se reiteraron, entre otras, en
las Providencias T-560 de 2009, y en la SU-439 de 2017.
7
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que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que
se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que
no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es)
que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del
demandante: y por último (iv) se puede resaltar la posibilidad de
interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte profiere una
sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente extensivos
a un grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones,
incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de
tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión;[…]”7.
De lo anterior se colige que, en orden a determinar si se configura alguna
de las mencionadas figuras en un caso concreto, al juez de tutela le
corresponde analizar si hay (i) identidad de partes, (ii) identidad de
hechos, (iii) identidad de pretensiones, (iv) inexistencia de una causa
razonable que justifique la reiteración de la acción, y, en el caso en que
estos cuatro presupuestos se cumplan, (v) si se trata de una temeridad
que da lugar a sanción o no.
3.3.2. Caso concreto
La Sala procede entonces a verificar si entre la presente acción de tutela
y la que cursó en primera instancia ante el Juzgado Sexto Penal del
Circuito de Valledupar con Función de Conocimiento existe identidad de
partes, identidad de hechos y fundamentos de derecho (causa petendi) e
identidad de objeto, esto es, si se persiguen las mismas pretensiones 8,
para así determinar si se configura la temeridad.
De entrada, vale señalar que, de acuerdo con la información obrante en
el sistema SAMAI9, la presente acción de tutela fue presentada a través
del mecanismo de tutela en línea el 19 de enero de 2023, dirigida al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y fue remitida a esta
corporación teniendo en cuenta que entre los demandados se encontraba
la Presidencia de la República.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-614 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
8
Para el efecto la Sala extrae la información pertinente de las sentencias que resolvieron las acciones de tutela
con radicados 2019-03412, 2015-00172 y 2011-00499.
9 Índice 2.
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031
5000202300234001100103
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Por su parte, de acuerdo con lo señalado por el Juzgado Sexto Penal del
Circuito de Valledupar con Función de Conocimiento en la sentencia del 2
de febrero de 2023, la otra acción de tutela allí decidida correspondió por
reparto a ese despacho, quien le impartió el trámite de rigor el 20 de
enero de 2023, de lo que se deduce que esta última fue presentada con
algunos días de anterioridad, o como máximo en la misma fecha en que
fue radicada la acción constitucional que ahora se decide.
i) Sobre la identidad de partes
En cuanto a la identidad de partes, de acuerdo con lo consignado por el
Juzgado Sexto Penal del Circuito de Valledupar con Función de
Conocimiento en el fallo del 2 de febrero de 2023, la Sala advierte que en
ese asunto, al igual que en el presente, la demanda fue presentada por
Dulfai Elena Gutiérrez Mendoza, José Gregorio Zuleta Martínez, Senayda
Arias, Carolina Jiménez Perales, Ligia María Luquez, Luis José Cueto
Junieles, Alba Liliana Toscano Pérez, Ligia Cecilia Ortega Martínez,
Carmen Catalina Bohórquez Tarifa, Lisset Paola Martínez Moya, Ana Rosa
Clavijo Moreno, Yenifer Barreto Toro, Mayerlis Dayana González Cantillo
y Eisenhower Ariza Mateus.
Además, del resumen de los hechos y de la transcripción de las
pretensiones que realizó el juzgado, se desprende que, en ese caso, los
demandantes igualmente actuaron en nombre propio y en representación
de sus hijos menores de edad. Siendo así, la Sala encuentra configurada
la identidad en la parte demandante.
En cuanto a la parte accionada, se advierte que en este proceso la
demanda se dirigió contra la Presidencia de la República, la
Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Educación Nacional, el
Ministerio del Trabajo, el municipio de Valledupar, la Secretaría de
Educación Municipal de Valledupar, el Concejo de Valledupar, la Diócesis
de Valledupar, la institución educativa César Pompeyo Mendoza Hinojosa
y la Asocomuna 4. Además, se solicitó que fueran vinculadas, para que
rindieran informe o concepto sobre la tutela, la Procuraduría General de
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la Nación, la Personería Municipal de Valledupar, la Defensoría del Pueblo
del Cesar y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Según lo dicho en el fallo del 2 de febrero de 2023, en el proceso 20001-
31-04-006-2023-00006-00 fueron demandadas esas mismas entidades, a
excepción del Concejo de Valledupar. Sin embargo, contra esa autoridad
no se propuso en este caso ninguna controversia que amerite un
pronunciamiento específico, sino que únicamente se solicitó una prueba
por informe, la cual, en efecto, fue ordenada en el auto admisorio de la
demanda y atendida por el secretario general de esa corporación.
Así mismo, se observa que en ese asunto se incluyó como demandada a
la Corporación Educativa Minuto de Dios, la cual no fue accionada en el
sub lite. De todos modos, debe tenerse en cuenta que las pretensiones
de ambas demandas están encaminadas justamente a que dicha
corporación retome la administración de la institución educativa César
Pompeyo Mendoza Hinojosa, por lo que, prima facie, el debate planteado
en esa oportunidad no se dirige contra ella. En todo caso, tal situación es
parte del análisis que tendría que realizarse en ese trámite.
Por lo expuesto, la Sala encuentra configurada la identidad de partes
entre la presente acción de tutela y la identificada con el radicado 20001-
31-04-006-2023-00006-00, que cursó ante el Juzgado Sexto Penal del
Circuito de Valledupar con Función de Conocimiento.
ii) Sobre la identidad de causa petendi
De la comparación del relato de los hechos del asunto bajo estudio con el
realizado en la demanda con radicado 20001-31-04-006-2023-00006-00,
de acuerdo con la transcripción realizada en el fallo de febrero 2 de 2023,
la Sala evidencia que ambas se refieren, en esencia, a la terminación del
contrato de concesión del servicio educativo suscrito por el municipio de
Valledupar y la Corporación Educativa Minuto de Dios, a la suscripción de
un nuevo contrato de prestación del servicio educativo con la Diócesis de
Valledupar a través del mecanismo de contratación directa, y al supuesto
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detrimento que, en consecuencia, se produjo sobre los derechos del
primer operador mencionado y de la comunidad estudiantil y de padres
de familia de la institución educativa César Pompeyo Mendoza Hinojosa.
Al respecto, en el siguiente cuadro se transcriben algunos apartes del
relato resumido en la sentencia del 2 de febrero de 2023 y de los hechos
de la demanda que aquí se estudia:
HECHOS DE LA TUTELA 20001-31-04-006- HECHOS DE LA TUTELA 11001-03-15-000-
2023-00006-0010 2023-00234-00
“Que, en el año 2009, se celebró entre el “PRIMERO: en el año 2009, se celebró entre el
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR y la MUNICIPIO DE VALLEDUPAR y la
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE
DIOS, un contrato de concesión denominado DIOS, un contrato de concesión denominado
“CONTRATO DE CONCESION DE LA “CONTRATO DE CONCESION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PARA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PARA
LA ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y
PRESTACION EN ELLA DEL SERVICIO PRESTACION EN ELLA DEL SERVICIO
PUBLICO DE EDUCACION FORMAL (…). PUBLICO DE EDUCACION FORMAL (…).
(…) (…)
Que, la cláusula 6 del referido contrato (…) OCTAVO: la cláusula 6 del referido contrato (…)
establece que el CONCEDENTE podrá dar por establece que el CONCEDENTE podrá dar por
terminado el contrato de forma de forma terminado el contrato de forma de forma
anticipada y de manera unilateral, por las anticipada y de manera unilateral, por las
causales y en las condiciones previstas en el causales y en las condiciones previstas en el
art. 17 de la Ley 80 de 1993 (…) previa art. 17 de la Ley 80 de 1993 (…) previa
expedición de acto administrativo motivado (…) expedición de acto administrativo motivado (…)
El Municipio de (…) no ha expedido el acto El Municipio de Valledupar (…) no ha expedido
administrativo debidamente motivado. el acto administrativo debidamente motivado.
(…) (…)
Que, en el presente caso, no se ha surtido esta En el presente caso, no se ha surtido esta etapa
etapa de liquidación contractual (…) el de liquidación contractual (…) el Municipio de
Municipio de Valledupar está ejerciendo un Valledupar está ejerciendo un poder dominante
poder dominante como entidad contratante o como como entidad contratante o
CONCEDENTE (…). CONCEDENTE (…).
Que, en este asunto se ha surtido, es que en la Lo que se ha surtido en este asunto, es que en
fecha 31 de septiembre de 2022, el señor la fecha 31 de septiembre de 2022, el señor
SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL
DE VALLEDUPAR, DR. IVAN ARTURO DE VALLEDUPAR, DR. IVAN ARTURO
BOLAÑO BAUTE, comunicó vía watsapp al BOLAÑO BAUTE, comunicó vía watsapp al
señor HUMBERTO CHAPARRO (…) Rector de señor HUMBERTO CHAPARRO (…) Rector de
la Institución educativa (…) sobre la finalización la Institución educativa (…) sobre la finalización
de la contratación. de la contratación.
(…) (…)
Que (…) en la fecha 28 de enero de 2022, se DECIMO: que (…) en la fecha 28 de enero de
celebró entre el Municipio de Valledupar y la 2022, se celebró entre el Municipio de
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De acuerdo con la transcripción realizada por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Valledupar con Función
de Conocimiento en la sentencia del 2 de febrero de 2023.
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CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE Valledupar y la CORPORACION EDUCATIVA
DIOS CEMID, un ANEXO AL CONTRATO N° MINUTO DE DIOS CEMID, un ANEXO AL
816-SGR DE 2022, Proceso N° CD-SGR-915- CONTRATO N° 816-SGR DE 2022, Proceso N°
2022, en la modalidad de contratación directa CD-SGR-915-2022, en la modalidad de
(…) fue prorrogado por once (11) meses más, contratación directa (…) fue prorrogado por
con vigencia 20 de enero de 2022 hasta 28 de once (11) meses más, con vigencia 20 de enero
diciembre de 2022 (…). de 2022 hasta 28 de diciembre de 2022. (…).
Agregan, que la entidad CORPORACION UNDECIMO: la entidad CORPORACION
MINUTO DE DIOS (…) ha hecho con un MINUTO DE DIOS (…) ha hecho con un
resultado satisfactorio para los estudiantes, resultado satisfactorio para los estudiantes,
obteniendo resultados favorables en las obteniendo resultados favorables en las
pruebas ICFES, encontrándose la institución pruebas ICFES, encontrándose la institución
educativa en el 57% sobre la media nacional, el educativa en el 57% sobre la media nacional, el
promedio ponderado académico en el promedio ponderado académico en el
Departamento del César, de 55.923%, Departamento del César, de 55.923%,
posesionando un puntaje global en las pruebas posesionando un puntaje global en las pruebas
de 280, según Rankin departamental. de 280, según Rankin departamental.
(…) (…)
Que, el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DECIMO TERCERO: que el MUNICIPIO DE
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL, VALLEDUPAR, SECRETARIA DE
no hicieron una debida socialización a la EDUCACION MUNICIPAL, no hicieron una
comunidad, en especial a los padres de familia debida socialización a la comunidad, en
de la INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE especial a los padres de familia de la
VALLEDUPAR CÉSAR POMPEYO, violándose INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE
con ello la democracia participativa, ya que El VALLEDUPAR CÉSAR POMPEYO, violándose
fundamento normativo del derecho a la con ello la democracia participativa, ya que El
consulta previa se encuentra en el artículo 1° fundamento normativo del derecho a la consulta
de la Constitución (…). previa se encuentra en el artículo 1° de la
Constitución (…).
Consideran los accionantes, que se teme que Se teme que posiblemente se vea afectada la
posiblemente se vea afectada la continuidad continuidad laboral de la planta de personal de
laboral de la planta de personal de la institución la institución educativa, vulnerándose
educativa, vulnerándose posiblemente el posiblemente el derecho al trabajo, al mínimo
derecho al trabajo, al mínimo vital, seguridad vital, seguridad social de estas personas,
social de estas personas, igualdad, dignidad igualdad, dignidad humana, y el derecho a la
humana, y el derecho a la educación con educación con calidad de los educandos.
calidad de los educandos.
Por lo tanto, y destacando que la identidad en los hechos que el anterior
cuadro se ejemplifica puede observarse en la casi totalidad del relato
fáctico de ambas acciones de tutela, esta Sala encuentra configurada la
identidad de causa petendi entre la presente acción y la radicada ante el
Juzgado 6° Penal del Circuito de Valledupar con Función de Conocimiento.
iii) Sobre la identidad de objeto
Así mismo, de la comparación de la tutela que en este caso se estudia con
la identificada con el radicado 20001-31-04-006-2023-00006-00, se
insiste, de acuerdo con la transcripción realizada en la sentencia del 2 de
febrero de 2023, la Sala advierte que se configura también la identidad
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de objeto, pues en las dos se formulan idénticas pretensiones, las cuales,
en definitiva, están encaminadas a que se deje sin efectos el contrato
suscrito entre el municipio de Valledupar y la Diócesis de la misma ciudad
para la prestación del servicio educativo en la institución educativa César
Pompeyo Mendoza Hinojosa, y que, en su lugar, se dé por vigente el
contrato de concesión que dicho ente territorial había celebrado con la
Corporación Educativa Minuto de Dios. Veamos:
PRETENSIONES TUTELA 20001-31-04- PRETENSIONES TUTELA 11001-03-15-000-
006-2023-00006-0011 2023-00234-00
PRIMERO: Que se le protejan los derechos PRIMERA: que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales (…) a constitucionales fundamentales (…) a nuestros
nuestros menores hijos y demás personas menores hijos y demás personas trabajadores de
trabajadores de la institución educativa, y a la la institución educativa, y a la CORPORACION
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE EDUCATIVA MINUTO DE DIOS, conforme los
DIOS, conforme los argumentos expuestos argumentos expuestos en esta tutela.
en esta tutela.
SEGUNDA: que se decrete anulado y sin validez
SEGUNDO: Que, se decrete anulado y sin jurídica, la adjudicación realizada por el
validez jurídica la adjudicación realizada por MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, SECRETARIA
el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DE EDUCACION MUNICIPAL DE
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL VALLEDUPAR, a la DIOCESIS DE
DE VALLEDUPAR, a la DIOCESIS DE VALLEDUPAR (…)”.
VALLEDUPAR (…)”.
TERCERO: Que se decrete que tiene plena SEGUNDA: (sic) Que se decrete que tiene plena
validez jurídica (…) el CONTRATO 846 de validez jurídica (…) el CONTRATO 846 de 2009
2009 (…) CELEBRADO ENTRE EL (…) CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y LA VALLEDUPAR Y LA CORPORACION
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE EDUCATIVA MINUTO DE DIOS”, el cual se
DIOS”, el cual se suscribiera en el año 2009, suscribiera en el año 2009, con vigencia hasta la
con vigencia hasta la fecha 31 de diciembre fecha 31 de diciembre de 2021, y prorrogado a
de 2021, y prorrogado a través del ANEXO AL través del ANEXO AL CONTRATO N° 816-SGR
CONTRATO N° 816-SGR DE 2022, Proceso DE 2022, Proceso N° CD-SGR-915-2022 (…).
N° CD-SGR-915-2022 (…).
CUARTO: Que, se ordene al MUNICIPIO DE TERCERO: que se ordene al MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR, SECRETARIA DE VALLEDUPAR, SECRETARIA DE EDUCACION
EDUCACION MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, que en el
VALLEDUPAR, que en el término de 48 horas término de 48 horas siguientes a la proceda hacer
siguientes a la proceda hacer una licitación a una licitación a través de la cual adjudique la
través de la cual adjudique la concesión del concesión del servicio educativo en la
servicio educativo en la INSTITUCION INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE
EDUCATIVA MAYOR DE VALLEDUPAR VALLEDUPAR “CÉSAR POMPEYO MENDOZA
“CÉSAR POMPEYO MENDOZA HINOJOSA”, con la participación de distintos
HINOJOSA”, con la participación de distintos proponentes (…).
proponentes (…).
QUINTO: Que, la PRESIDENCIA DE LA CUARTA: que la PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA; VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA; VICEPRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA; MINISTERIO DE EUCACION REPUBLICA; MINISTERIO DE EUCACION
NACIONAL; (…) Alcalde del Municipio de NACIONAL; (…) Alcalde del Municipio de
Valledupar; (…) Secretario de Educación del Valledupar; (…) Secretario de Educación del
11 De acuerdo con la transcripción realizada por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Valledupar
con Función de Conocimiento en la sentencia del 2 de febrero de 2023.
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Municipio de Valledupar, garanticen una Municipio de Valledupar, garanticen una
educación con calidad como, se mantengan educación con calidad como, se mantengan los
los estándares educativos que viene estándares educativos que viene manejando la
manejando la CORPORACION EDUCATIVA CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE
MINUTO DE DIOS (…). DIOS (…).
SEXTO: Que se garanticen los cupos QUINTA: que se garanticen los cupos
estudiantiles (…). estudiantiles (…).
SEPTIMO: Que, se garantice el derecho SEXTA: que se garantice el derecho laboral, a la
laboral, a la planta de personal (…). planta de personal (…).
(…). (…).
Se encuentra entonces suficientemente acreditada la identidad de partes,
de objeto y de causa petendi entre las dos acciones de tutela presentadas
por los aquí demandantes. Por lo tanto, es claro que están haciendo uso
inadecuado y desleal de esta acción constitucional, pues, a sabiendas,
presentaron de manera simultánea dos demandas por los mismos hechos
y con las mismas pretensiones, pese a lo cual, al presentar la que ahora
se decide, informaron bajo juramento no haber promovido ninguna otra.
De otra parte, esta Sala no observa que concurra ninguna de las
circunstancias excepcionales a que hace referencia la Corte Constitucional
para tener por no configurada la actuación temeraria ante el ejercicio
sucesivo de este medio de protección, pues en efecto, (i) no se presentan
circunstancias que permitan concluir que los demandantes se encuentran
en una condición de ignorancia o indefensión, que los lleve a actuar por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho;
(ii) tampoco podría hablarse del asesoramiento errado, pues de lo
expuesto en el escrito de tutela no se deduce que hayan sido asesorados,
y (iii) no hay prueba de que esta solicitud se sustente en hechos acaecidos
con posterioridad a la interposición de la otra demanda, o viceversa.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 38 del Decreto 2591 de
1991, corresponde rechazar la presente acción de tutela, al encontrarse
demostrado que los actores incurrieron en temeridad en su interposición.
La Sala precisa que si bien esta misma norma prevé la imposición de
sanciones para quienes obren con temeridad en la interposición de la
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acción de tutela, la Sala no tomará esta medida teniendo en cuenta que
se trata de un grupo de padres de familia que, según alegan, buscan la
continuidad del prestador del servicio educativo más beneficioso para sus
hijos menores de edad, quienes además, al no ser abogados ni tener
formación jurídica suficiente, podrían desconocer las implicaciones de la
temeridad en el uso de esta acción constitucional.
Sin embargo, en atención a las ya anotadas circunstancias, la Sala
exhortará a los demandantes para que en el futuro eviten hacer uso
reiterado de este mecanismo excepcional de protección frente a unos
mismos hechos.
3.4. Conclusión
De acuerdo con lo expuesto, se encuentra configurada en este asunto una
actuación temeraria por parte de los demandantes, razón por la cual esta
Sala rechazará la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: RECHAZAR la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: EXHORTAR a los señores Dulfai Elena Gutiérrez Mendoza,
José Gregorio Zuleta Martínez, Senayda Arias, Carolina Jiménez Perales,
Ligia María Luquez, Luis José Cueto Junieles, Alba Liliana Toscano Pérez,
Ligia Cecilia Ortega Martínez, Carmen Catalina Bohórquez Tarifa, Lisset
Paola Martínez Moya, Ana Rosa Clavijo Moreno, Yenifer Barreto Toro,
Mayerlis Dayana González Cantillo y Eisenhower Ariza Mateus, para que
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en el futuro eviten hacer uso repetitivo de la acción de tutela frente a
unos mismos hechos y formulando idénticas pretensiones.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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