Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00235-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-00235-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00235-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-00235-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
23 de febrero de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionantes: ASC ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN CUARTA Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
CUARTA – SUBSECCIÓN A
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando de lo expuesto por la
parte actora no se advierte la afectación del núcleo
esencial de los derechos fundamentales invocados.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la sociedad ASC Aciel
Colombia Soluciones Integrales S.A.S. contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, y el Consejo de Estado,
Sección Cuarta.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La sociedad ASC Aciel Colombia Soluciones Integrales S.A.S. solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad
social, que estimó vulnerados con ocasión de la sentencia del 13 de mayo
de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A, y del fallo del 4 de agosto de 2022, emitido por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, los cuales denegaron en primera y
segunda instancia, respectivamente, las pretensiones de la demanda de
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por esa sociedad contra
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
La demandante señaló que el 19 de diciembre de 2017 presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN, con el fin de
obtener la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 322412016000134
del 16 de agosto de 2016 y de la resolución 006161 del 16 de agosto de
2017, por las cuales la administración decidió no reconocer como excluida
del impuesto sobre las ventas (IVA) durante el primer bimestre del año
gravable 2013 la prestación de servicios de auditoría médica, le impuso
sanción por inexactitud y resolvió el recurso de reconsideración1.
Sostuvo que los actos entonces demandados se fundamentaron en que,
si bien los servicios de auditoría médica que prestó la actora a Cafesalud
EPS S.A. se pagaron con recursos de la Unidad de Pago por Capitación
(UPC), éstos no están excluidos del IVA conforme a lo previsto en los
numerales 3º y 8º del artículo 476 del Estatuto Tributario (ET) y el
numeral 1º del Literal A del artículo 1 del Decreto 841 de 1998, hoy
compilado en el artículo 1.3.1.13.13 del Decreto 1625 de 2016, Único
Reglamentario en Materia Tributaria, pues no son propiamente un servicio
de salud incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
Mediante sentencia de primera instancia del 13 de mayo de 2021, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A,
denegó las pretensiones de la demanda.
La sociedad apeló la anterior decisión y el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, la confirmó, a través de providencia del 4 de agosto de 2022, al
considerar, en síntesis, que el servicio de auditoría médica no se
encuentra entre los servicios de la seguridad social en salud exceptuados
del IVA por los numerales 3º y 8º del artículo 476 ET, y tampoco se
encuentra entre los servicios vinculados al sistema de seguridad social,
exceptuados de acuerdo con las precisiones del Decreto reglamentario
1
El proceso fue identificado con la radicación 25000-23-37-000-2017-01854-01 (26340).
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
841 de 1998. Dijo además que lo relevante para que proceda la excepción
tributaria no es que el servicio se pague con cargo a la UPC, sino que se
relacione directamente con las prestaciones del POS.
Destacó que el magistrado de la Sección Cuarta del Consejo de Estado
Milton Chaves García salvó el voto, por considerar que el servicio de
auditoría médica sí se encuentra excluido de IVA, pues de acuerdo con los
artículos 227 y 232 de la Ley 100 de 1993 es un servicio obligatorio para
las entidades promotoras de salud (EPS) y las instituciones prestadoras
de servicios de salud (IPS).
Alegó que en este caso se reúnen los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En
particular, dijo que se cumplían los tres presupuestos de la relevancia
constitucional, pues (i) no discute un asunto de mera legalidad, sino que
se pretende resguardar la debida destinación de los recursos de la
seguridad social, en los términos previstos por el artículo 48 de la
Constitución Política, del artículo 29 del Decreto 111 de 1996 y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional2, pues se controvierten
providencias que concluyeron que era procedente gravar con IVA el
servicio de auditoría médica, a pesar de que éste se paga con recursos
públicos, decisión que afecta a la sociedad en general, pues puede
contribuir a la desfinanciación del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, vía impuestos indirectos; (ii) la decisión afecta el principio de
progresividad en materia de seguridad social y, por tanto, el derecho
fundamental a la seguridad social, y (iii) no busca únicamente proteger
los intereses de la parte actora, sino el acceso a la seguridad social por
parte de los ciudadanos y garantizar la progresividad en el servicio.
Sostuvo que las decisiones controvertidas incurrieron en violación
directa de la Constitución Política porque desconocen la prohibición
del artículo 48 de la Carta, que impide que los recursos de la seguridad
social sean utilizados para otras finalidades.
2
Al respecto, invocó la sentencia SU-480 de 1997.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Adujo que la sentencia también incurrió en desconocimiento del
precedente de la Corte Constitucional, que se refiere a la prohibición de
gravar los recursos de la seguridad social. En concreto, citó apartes de las
sentencias C-308 de 1994, C-577 de 1997, C-1040 de 2003, C-824 de
2004 y C-422 de 2016, que, según alega, han señalado que los recursos
de la seguridad social en salud tienen una destinación específica y, por
tanto, no pueden estar sometidos a ningún impuesto.
Argumentó que, contrario a las conclusiones del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, el servicio de auditoría
médica sí tiene relación directa con las prestaciones del POS, como se
desprende del artículo 2.5.1.4 del Decreto 780 de 2016, Único
Reglamentario del Sector Salud, referente a la auditoría para el
mejoramiento de la calidad de la atención de salud, que dice que esta es
obligatoria para las entidades departamentales, distritales y municipales
de salud, las IPS y las entidades administradoras de planes de beneficios.
Por otro lado, alegó que la sentencia del 4 de agosto de 2022 es una
decisión sin motivación, pues no tuvo en cuenta el artículo 1.3.1.13.13
del Decreto 1625 de 2016, cuya interpretación lógica indica que los
servicios de auditoría médica tienen un vínculo estrecho con las
prestaciones POS, con los planes complementarios, y en general, con el
derecho fundamental a la salud.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
Por auto del 24 de enero de 2023 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas, y comunicar la
iniciación del trámite a la DIAN, como tercera interesada en las resultas
del proceso, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.1. La magistrada del Consejo de Estado, Sección Cuarta, ponente
de la providencia atacada, alegó que la tutela no cumple con el
presupuesto de relevancia constitucional porque es claro que lo que
pretende la actora es convertir este mecanismo excepcional de protección
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
en una instancia adicional, además de discutir asuntos de mera legalidad,
como el relacionado con el alcance de la prohibición del artículo 48 de la
Constitución y con la exclusión de los servicios de auditoría médica del
IVA, aspectos que ya fueron objeto de pronunciamiento por parte del juez
natural del asunto.
Expuso que la Sala llegó a la conclusión de que el servicio de auditoría
médica no tiene una relación directa y objetiva con los fines del sistema
de seguridad social, con fundamento en el carácter restrictivo de las
exclusiones. También dijo que el fallo acusado analizó la doctrina oficial
de la DIAN, así como las providencias que los accionantes invocan como
precedentes desconocidos, y dijo que éstos no se refieren al servicio de
auditoría médica como vinculado a los servicios del sistema de seguridad
social en salud, por lo que no eran los que permitían resolver el caso.
Agregó que el fallo cuestionado no vulneró la prohibición del artículo 48
de la Constitución y señaló que aquella aplicó el precedente de la Sección
Cuarta, fijado en la sentencia de agosto 14 de 2019, expediente 22845
(C. P. Milton Chaves García), que señaló que “las exclusiones son de
carácter objetivo, es decir que tienen en consideración la naturaleza del
servicio y no el origen de los recursos”, y que los recursos que integran
la UPC, que excedan los destinados al POS, sí pueden ser objeto de
gravamen, criterio, que a su vez, se fundamentó en la sentencia C-1040
de 2003 de la Corte Constitucional, que señaló que pueden ser objeto de
gravamen los recursos que excedan aquellos destinados al POS.
Por último, sostuvo que en este caso no se cumple con el requisito
especial de procedibilidad de la tutela contra providencias dictadas por
una de las altas cortes, previsto en la sentencia SU-917 de 2010, que
exige que se evidencie una anomalía de tal magnitud que exija la
intervención del juez constitucional. Lo anterior, teniendo en cuenta que
esta acción constitucional se origina simplemente en la inconformidad de
la demandante con la interpretación realizada por la Sección, esto es, en
una disparidad de criterios sobre la decisión adoptada.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
2.2. La Subdirectora de representación externa de la DIAN alegó que la
acción de tutela carece de relevancia constitucional, pues los argumentos
propuestos ya fueron debatidos y resueltos en sede ordinaria, lo cual denota
que la única intención de la accionante es inmiscuirse en la competencia e
independencia de la autoridad judicial, es decir, utilizar este medio como
una tercera instancia para reabrir una discusión que ya fue dirimida por el
juez natural del asunto.
Alegó que la actora no expuso los motivos por los cuales considera que la
decisión cuestionada incurrió en una irregularidad procesal, por lo que no
cumplió con la carga argumentativa que se exige cuando se ataca una
providencia judicial a través de este mecanismo excepcional de protección.
En cuanto al fondo del asunto, sostuvo que las decisiones cuestionadas no
incurrieron en violación directa de la Constitución, pues expusieron con
claridad que la auditoría médica no está taxativamente enlistada en ley
como excluida del IVA y, además, no tiene relación directa y objetiva con
los servicios inherentes a la seguridad social.
Arguyó que los fallos atacados no incurrieron en desconocimiento del
precedente, pues argumentaron que las excepciones del artículo 476 ET son
de aplicación restrictiva. Además, fueron claramente fundamentados, por
lo que no es cierto que hayan ocurrido el defecto de decisión sin motivación.
Advirtió que en este caso no se cumple el presupuesto de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias de las altas cortes, pues la decisión
que se cuestiona no incurrió en ninguna anomalía ostensible.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. La sociedad ASC Aciel Colombia Soluciones Integrales S.A.S.
interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
DIAN, con el fin de obtener la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión
322412016000134 del 16 de agosto de 2016 y de la resolución 006161
del 16 de agosto de 2017, que resolvió el recurso de reconsideración
presentado contra aquélla, actos mediante los cuales la entidad decidió
no reconocer como excluida del IVA la prestación de servicios de auditoría
médica.
3.2.2. Mediante sentencia del 13 de mayo de 2021, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, denegó
las pretensiones de la demanda.
3.2.3. La actora interpuso apeló la anterior decisión y, a través de
providencia del 4 de agosto de 2022, el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, la confirmó, al considerar que la auditoría médica no es uno de
los servicios de salud que los numerales 3º y 8º del artículo 476 ET y el
numeral 1º del literal A del Decreto 841 de 1998 excluyen del IVA, y que
lo relevante para determinar la aplicabilidad de esa excepción no es que
el servicio se pague con recursos de la UPC, sino que tenga relación
directa con las prestaciones del POS.
3.2.4. El magistrado Milton Chaves García salvó el voto frente a esta
decisión por estimar que la auditoría médica está excluida del IVA, pues
los artículos 227 y 232 de la Ley 100 de 1993 la consideran un servicio
obligatorio para las EPS y las IPS.
3.2.5. La sociedad demandante interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A,
y el Consejo de Estado, Sección Cuarta, al estimar vulnerados sus
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
derechos fundamentales por las providencias que resolvieron la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
3.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación3,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Recientemente, con la sentencia SU-215 de 20224, la Corte Constitucional
hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra
providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia constitucional,
el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción
y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces
ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es
suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
3
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
4
M. P. Natalia Ángel Cabo.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.
En este caso, la parte actora invocó los derechos fundamentales al debido
proceso y a la seguridad social, pretendiendo que se dejen sin efectos las
sentencias del 13 de mayo de 2021 dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y del 4 de agosto de 2022 dictada por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, que denegaron las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho con el radicado 25000-23-37-
000-2017-01854-01 (26340), en un asunto de carácter tributario.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.
3.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el
primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial es que la cuestión que se discute resulte de
evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por
qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”.
Esto implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente
las razones por las que el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En
sentencia SU–573 de 20195, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 6.
5.3.1.3. Las cuestiones de relevancia constitucional
Frente a la primera finalidad señalada, esto es, restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de clara relevancia constitucional que
5
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022.
6
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
afecten los derechos fundamentales, en la sentencia SU-573 de 2019, la
Corte explicó que el elemento de la relevancia tiene el siguiente alcance:
“[…] “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. La
Corte ha sostenido al unísono que la cuestión debe revestir una ‘clara’,
‘marcada’ e ‘indiscutible’ relevancia constitucional, dado que el único
objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria
de los derechos constitucionales fundamentales. Por tal razón, es
necesario que ‘la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental’. Esto
significa que el asunto debe ser trascendente para (i) ‘la interpretación
del estatuto superior’, (ii) su aplicación, (iii) desarrollo eficaz y (iv) la
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.
Lo anterior, exige al juez ‘indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes’ […]”. [Se destaca].
De lo anterior se desprende que la comprensión que la jurisprudencia
constitucional le ha dado a este primer elemento de la relevancia consiste
en que la acción de tutela que se promueve contra providencia judicial
proponga un debate sobre el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental o que el caso concreto, en los términos del fallo SU-215 de
2022, tenga “entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o un derecho fundamental”, pues solo así se podrá establecer que
el asunto es evidentemente de naturaleza constitucional. Ello quiere
significar que, quien interpone una acción de tutela, debe identificar cuál
es el derecho fundamental que estima afectado y explicar los motivos por
los cuales considera que la sentencia atacada lo está vulnerando.
En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en el fallo SU-573
de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de
relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo
que una simple relación con aquel”. [Se destaca]. Este criterio fue luego
reiterado en los fallos SU-128 de 2021, SU-103 de 2022, y más
recientemente en la ya citada sentencia SU-215 de 2022.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
En la última de estas sentencias de unificación, en la cual se revisó el fallo
de segunda instancia que esta Sala dictó el 20 de agosto de 2021, en el
trámite de la acción de tutela formulada por una sociedad contra la
sentencia proferida el 4 de marzo de 2021 por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, por presunta violación de los derechos al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, la Corte explicó
que la cuestión discutida en esa ocasión no tenía relevancia constitucional
toda vez que la parte actora pretendía que el significado de los derechos
invocados se tradujera en “una decisión favorable a través de la
imposición de una lectura alternativa del litigio que derive en la anulación
de las liquidaciones oficiales de revisión que profirió la DIAN sin que ello
sea un asunto de interés general”.
Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T-422
de 20187, la Corte Constitucional confirmó una decisión de la Sección
Primera del Consejo de Estado que había declarado improcedente la
acción de tutela por no cumplir con los requisitos de relevancia
constitucional e inmediatez. En cuanto a la relevancia, en esa ocasión la
Corte indicó, entre otras razones, que dicho requisito no estaba cumplido
por cuanto: “si bien la parte actora asegura que las providencias
demandadas desconocen sus derechos fundamentales, la relevancia
constitucional de un asunto no se determina con la mera enunciación de
los derechos fundamentales presuntamente comprometidos, sino
mediante la acreditación razonable de una presunta amenaza o
vulneración de los mismos”. [Se destaca].
El criterio jurisprudencial contenido en los fallos T–422 de 2018, SU-573
de 2019, SU-128 de 2021, SU-103 y SU-215 de 2022, entre otros,
consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con
la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por
parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada de un derecho fundamental,
7
M.P. Carlos Bernal Pulido.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es necesario que,
para la acreditación de este primer elemento que integra la relevancia
constitucional, la parte interesada, en el escrito de tutela, (1) invoque la
vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los motivos por los
cuales considera que la sentencia atacada está vulnerando tales derechos
fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión supone un atentado
contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que exigen
del juez de tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora
para afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental,
comparadas con el núcleo esencial del mismo.
Ello es así porque, solo si la vulneración del derecho acontece en lo que
se denomina su núcleo esencial, es posible advertir que el caso reviste la
relevancia o trascendencia necesarias para permitir que, por vía de este
mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional el principio de
cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional en el que se
funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez no podrá
limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional con la
sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si, de
acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente,
hay amenaza o violación efectiva del mismo.
El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”8 y
ha explicado que, desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el
núcleo esencial se define así9:
“[…] Métodos para la determinación del núcleo esencial
22. En el proceso de determinación de lo que constituye el núcleo
esencial de un derecho fundamental, el juzgador dispone de técnicas
jurídicas complementarias. Visto desde la perspectiva de los derechos
subjetivos, el contenido esencial de un derecho fundamental consiste
en aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para
que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin
8
Corte Constitucional, sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
9
Ibidem.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
las cuales dejaría de adscribirse a ese tipo, desnaturalizándose. Por
otra parte, la jurisprudencia de intereses ha diseñado una fórmula
según la cual el núcleo esencial del derecho fundamental es aquella
parte de su contenido que es absolutamente necesaria para que los
intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten
real, concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o
se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido
a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo
razonable o lo despojan de la necesaria protección […]”. [Se destaca].
En otra oportunidad la Corte indicó que el núcleo esencial de un derecho
fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite
diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad
respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido
negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental
como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en
otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho
fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también,
puede verse como la parte del derecho fundamental que no admite
restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se
desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”10.
5.3.1.4. La competencia e independencia jurisdiccional
La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o con un marcado
contenido económico. La Corte Constitucional ha conceptualizado así este
segundo elemento de la relevancia11:
“[…] La controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero
no meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia
constitucional, las discusiones de orden legal, esto es, aquellas
relativas a un derecho de índole económica, deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado
que ‘le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario’,
so pena de ‘involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a
otras jurisdicciones’. En tales términos, un asunto carece de
10
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
11
Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando
la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de
un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una
norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta ‘se
desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes
constitucionales’ o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria
con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general” […]”.
En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado
por la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica. Sin
embargo, en la reciente SU-215 de 2022, al respecto se señaló que:
“no significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición
y aplicación judicial de normas de rango legal se incumple el requisito
de relevancia constitucional […] en la labor judicial la indebida
aplicación de normas de rango legal puede derivar en una violación de
derechos fundamentales. Justamente esa situación es la que sustenta
la existencia, caracterización y definición del defecto sustantivo. En
todo caso, la relevancia constitucional exige que el accionante vincule
la discusión legal con la violación de una garantía fundamental o, en
otros términos, que explique con suficiencia el por qué la interpretación
o aplicación de una norma de rango legal afectó garantías
constitucionales. […]”.
Y, para precisar aún más el alcance de este planteamiento, el referido
fallo de unificación advirtió:
“[…] Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra
sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente
en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de
derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii)
laudos arbitrales y las sentencias de anulación; (iv) procesos
ejecutivos, entre otras materias que implican pretensiones económicas,
la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre
que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la
discusión definida ante los jueces ordinarios. […]”.
En suma, el asunto debe trascender al plano constitucional, y ello se logra
cuando la argumentación no se limita a buscar la protección de los
intereses económicos y/o legales que identifican particularmente a la
parte actora, sino que justifica razonablemente la afectación
desproporcionada de los derechos fundamentales que se invocan.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
5.3.1.5. La instancia adicional
Por último, el tercer propósito del criterio de relevancia constitucional es
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a este
elemento, la Corte Constitucional ha dicho12:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie,
si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de
la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así
se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto
respeto a la independencia de los jueces ordinarios […]”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
3.3.2. Caso concreto
La Sala examinará el reclamo traído ante el juez de tutela a la luz de cada
uno de los tres criterios que, de acuerdo con la jurisprudencia estudiada,
hacen parte de la relevancia constitucional, para determinar si en este
caso este requisito general de procedencia está cumplido.
12
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
Como quedó visto en precedencia, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, este criterio supone que el debate planteado gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y, en
esa medida, es que se hace necesario que el juez de tutela verifique
cuáles son los derechos fundamentales invocados por la parte actora y las
razones por las cuales considera que la sentencia atacada los vulnera,
para así determinar si, prima facie, dicha transgresión supone el
desconocimiento de su núcleo esencial o, en otras palabras, si está siendo
afectado el contenido de un derecho.
En el asunto bajo examen, la sociedad ASC Aciel Colombia Soluciones
Integrales S.A.S. alegó que la decisión controvertida vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social. Del escrito de
tutela se desprende que la inconformidad de la actora radica en que, a su
juicio, la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
la homóloga Sección del Consejo de Estado incurrieron en (i) violación
directa del artículo 48 de la Constitución Política, que prohíbe que los
recursos de la seguridad social sean utilizados para finalidades distintas a
ella, (ii) desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional, que
establece la prohibición de gravar los recursos de la seguridad social, y
(iii) decisión sin motivación, pues no tuvo en cuenta el artículo
1.3.1.13.13 del Decreto 1625 de 2016, que enumeró los servicios que, de
acuerdo con lo dispuesto la Ley 100 de 1993, están exceptuados del IVA.
Bajo dicho contexto, la Sala examinará el contenido o el núcleo esencial
de cada uno de los derechos fundamentales invocados por la parte actora,
dado que, de advertirse prima facie su afectación en su faceta
constitucional, se derivaría que el asunto sí es de naturaleza
constitucional, en la medida que compromete o involucra el contenido,
alcance o goce de un derecho fundamental.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
En este punto, la Sala observa que la demandante invocó el supuesto
desconocimiento del precedente judicial y citó varias providencias de la
Corte Constitucional que, según alega, respaldan la postura expuesta en
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y en la acción de
tutela. Sin embargo, y al margen del hecho de tratarse de fallos de
constitucionalidad y no de decisiones del órgano de cierre contencioso
administrativo sobre un tema análogo al aquí planteado, debe destacarse
que no explicó en qué forma este hecho específico generaría una
vulneración de sus derechos fundamentales y ni siquiera mencionó el
derecho fundamental a la igualdad.
Ahora bien, en la citada sentencia SU-103 de 2022, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, al estudiar el requisito de relevancia en relación con
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso efectivo a la
administración de justicia, explicó:
“[…] 112. Asimismo, reiterando la sentencia T-244 de 2007, afirmó la
Sala de Revisión en la sentencia T-131 de 2021 que el primer
escenario, esto es, cuando la tutela se dirige a cuestionar una
supuesta vulneración del derecho al debido proceso en su faceta
constitucional, supone un desconocimiento de sus elementos
esenciales, tales como el derecho al juez natural, el derecho a
presentar y controvertir las pruebas, el derecho de defensa, el
principio de legalidad, el derecho a la publicidad del proceso y de la
decisión judicial, el derecho a la independencia e imparcialidad del
juez o el derecho de defensa. De igual forma, el escenario en la cual
la acción de tutela pretende demostrar una violación al derecho al
acceso a la administración de justicia, supone una vulneración algunos
de sus garantías fundamentales, como lo son (i) el acceso de toda
persona al sistema judicial; (ii) las garantías previstas para el normal
desarrollo del proceso; y (iii) las que se relacionan con la decisión que
se adopta dentro del proceso y su capacidad de ser ejecutada. Lo
anterior, teniendo en cuenta que ‘el acceso a la justicia se integra al
núcleo esencial del debido proceso, por la circunstancia de que su
garantía supone necesariamente la vigencia de aquél, si se tiene en
cuenta que no es posible asegurar el cumplimiento de las garantías
sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador
sin que se garantice adecuadamente dicho acceso’.
113. Por lo tanto, para acreditar el requisito de relevancia
constitucional, no es suficiente alegar una violación del derecho al
acceso a la administración de justicia o del debido proceso con
fundamento en una simple relación de los hechos del caso con
aquellos, sino que se exige demostrar, de manera razonable, una
restricción desproporcionada sobre alguno(s) de sus elementos. En la
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
mencionada sentencia T-131 de 2021, la Corte declaró la
improcedencia de la acción de tutela por, entre otras cosas, no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional. Constató que la
tutela no suponía a priori el desconocimiento del derecho fundamental
al debido proceso del accionante en su faceta constitucional, sino que
planteaba una controversia estrictamente económica, consistente en
la inconformidad la actora con el laudo arbitral emitido en su contra
[…]”. [Se destaca].
En un pronunciamiento anterior, esto es la sentencia SU-128 de 202113,
el alto tribunal constitucional explicó, con fundamento en el fallo SU-573
de 2019, lo siguiente frente al derecho fundamental al debido proceso y
al requisito de relevancia constitucional:
“[…] 4.3. En ese mismo sentido, en la sentencia SU-573 de 2019 esta
corporación determinó que ‘la acreditación de esta exigencia, más allá
de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación
con aquel’. Así, por ejemplo, no es suficiente con que la parte actora
alegue la violación del derecho fundamental al debido proceso para
entender acreditado el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional […]” [Se destaca].
De acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales expuestos por la Sala
Plena de la Corte Constitucional en sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 y SU-215 ambas de 2022, no se cumple la exigencia de
relevancia constitucional cuando la parte actora se limita a invocar la
vulneración de los derechos fundamentales, sin sustentar de manera
precisa las razones por las cuales estima que la decisión judicial atacada
los afectó, pues, en criterio de la Corte, “se exige demostrar, de manera
razonable, una restricción desproporcionada sobre alguno(s) de sus
elementos”14, esto es, que el interesado alegue la vulneración de los
derechos al debido proceso o de acceso efectivo a la administración de
justicia en su faceta constitucional o, dicho de otra manera, que
identifique dentro del núcleo esencial cuál de las garantías que los
componen resultan comprometidas con ocasión de la providencia atacada
en la acción de tutela.
13
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
14
Sentencia SU-103 de 2022 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso
como el “conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) el derecho a la
jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso
a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía
superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al
juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud
legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la
división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) el derecho
a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y
adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para
la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado
cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y
a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo
razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido
a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la
independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia,
ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo, y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o
funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los
hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas”15.
15
Sentencia C-341 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo).
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
En este caso, la parte actora alegó que las providencias atacadas, al
sostener que los servicios de auditoría médica pueden ser gravados con
IVA, desconocieron que el artículo 48 de la Constitución Política16 prohíbe
que los recursos parafiscales sean destinados a finalidades diferentes y,
por lo tanto, vulneraron el derecho fundamental a la seguridad social,
pues pusieron en peligro la financiación del sistema de salud y el
cumplimiento del principio de progresividad.
Sin embargo, a este respecto es pertinente recordar que, según lo ha
precisado nuestro máximo tribunal constitucional, “el artículo 48 de la
Constitución Política le atribuye a la seguridad social una doble
naturaleza; la primera, como servicio público de obligatoria prestación por
el Estado y los particulares autorizados y, la segunda, como un derecho
garantizado a todos los ciudadanos”17.
Por lo tanto, la Sala considera que la controversia que propone la tutela
no se refiere en realidad al carácter iusfundamental de la seguridad social,
sino a ésta como categoría de servicio público y a la destinación que puede
darse a sus recursos, aspecto que, sin duda, excede notoriamente el
concepto que pudiera tenerse de la seguridad social como derecho
fundamental, elemento que no podría estar ausente en caso de
pretenderse habilitar la protección constitucional en sede de tutela frente
a este derecho.
En esta línea, la Sala destaca que los argumentos expuestos en la solicitud
de amparo giran en torno a la desfinanciación que, a juicio de la actora,
se presentaría para el servicio de la seguridad social en salud en caso de
que no se acepte la excepción del IVA que ella deprecó en el proceso
ordinario, aspecto que, según ha quedado planteado, para la Sala, tiene
16
“Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo
la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad
Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines
diferentes a ella. (…)”. (Negrillas de la Sala).
17
Sentencia T-671 de 2013.
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
que ver es con el carácter de servicio público obligatorio a cargo del
Estado o de los particulares autorizados, que la Carta le asigna, y no con
las garantías mínimas que cada ciudadano en particular debe recibir por
parte del Sistema para hacer efectivo este derecho.
Siendo así, la Sala advierte que la actora no propuso en realidad ninguna
discusión de índole constitucional, que se refiera al contenido, alcance y
goce de un derecho fundamental, sino que se centró en cuestionar el
análisis que efectuó el juez de la nulidad y restablecimiento del derecho
y las conclusiones a las que arribó, los cuales resultaron ser distintos a
los que ella esperaba, circunstancia que evidencia que simplemente se
encuentra en desacuerdo con la decisión de fondo que se adoptó, lo cual
no implica que la autoridad judicial atacada haya infringido los elementos
del núcleo esencial de tales garantías.
En adición a ello, una vez revisadas las decisiones judiciales confutadas,
la Sala no vislumbra vulneración o amenaza del núcleo esencial del
derecho al debido proceso, puesto que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se tramitó ante las autoridades judiciales
competentes, se adelantó conforme a las reglas previstas en la ley, no se
pretermitió ninguna de las etapas procesales, las partes tuvieron la
oportunidad de ejercer su defensa, se garantizó el derecho de
contradicción y la publicidad de las actuaciones, y, por último, las
providencias dictadas en el curso del proceso se fundaron en derecho.
Situación distinta es que la parte actora esté en desacuerdo con el criterio
aplicado por el juez del proceso ordinario al momento de resolver la
controversia propuesta sobre la legalidad de los actos administrativos
demandados, y que, además, la providencia atacada haya desestimado
las pretensiones que perseguía la demanda, lo cual no implica que las
autoridades judiciales atacadas hayan infringido los elementos del núcleo
esencial del derecho fundamental.
Así las cosas, en el presente caso el requisito de relevancia constitucional
no concurre, pues la parte actora no cumplió con la exigencia de explicar
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
los motivos por los cuales las sentencias que cuestiona afectan la faceta
constitucional de algún derecho fundamental, puesto que no identificó
cuál de las garantías que componen el núcleo esencial resulta amenazada
por las providencias que controvierte, ni de lo expuesto se advierte prima
facie que, en este caso, los fallos atacados comprometan o involucren el
contenido de esos derechos fundamentales. Por lo expuesto, el asunto no
es relevante desde el punto de vista constitucional.
En suma, el primer criterio que se estudia, consistente en restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales, lo cual implica, como la Corte
Constitucional lo ha señalado, que la acción de tutela involucre un debate
jurídico en torno al contenido, alcance y goce de uno de tales derechos,
no se cumple, comoquiera que la parte actora no identificó cuáles de las
garantías que componen el núcleo esencial del debido proceso resultaron
vulneradas, y la discusión que formuló respecto de la seguridad social
tiene que ver con el carácter de servicio público de ésta y con la
destinación de sus recursos y no con su carácter iusfundamental. En todo
caso, tampoco se advierte prima facie la transgresión de estas
prerrogativas en su faceta constitucional, esto es, en los elementos que
componen el núcleo esencial de cada una.
En consecuencia, esta tutela no cumple con el primer presupuesto de la
relevancia constitucional.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y evitar que la
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad
En el análisis del primer elemento que hace parte de la relevancia quedó
visto que el debate planteado por la accionante en tutela, en lo atinente
a los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social,
no involucra un asunto constitucional, por cuanto no gira en torno a la
afectación o vulneración del contenido de tales prerrogativas.
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Ahora, como se explicó en precedencia, de acuerdo con la ya referida
jurisprudencia constitucional18, el segundo criterio de la relevancia implica
que “la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico”. En esa medida, en la misma decisión,
la Corte señaló que un asunto carece de relevancia cuando “(i) la
discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma ‘de
rango reglamentario o legal’, salvo que de esta ‘se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales’ o (ii) cuando sea
evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, ‘que no representen un interés general’ (…)”.
En este caso, los reparos que motivaron la solicitud de amparo
constitucional no recaen sobre la posible vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, sino sobre la
posibilidad de gravar con el IVA el servicio de auditoría médica, discusión
que ya fue definida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
de acuerdo con el análisis de los numerales 3º y 8º del artículo 476 ET,
del numeral 1º del Literal A del artículo 1 del Decreto 841 de 1998,
compilado en el artículo 1.3.1.13.13 del Decreto 1625 de 2016,
disposiciones que establecen la excepción del impuesto; de los artículos
227 y 232 de la vigente Ley 100 de 1993, que se refieren al control y
evaluación de la calidad del servicio de salud y a las obligaciones de las
IPS, respectivamente; del artículo 29 del Decreto 111 de 1996 y del
artículo 2.5.1.4 del Decreto 780 de 2016, en el sentido de determinar, en
síntesis, que la auditoría médica no está exceptuada del impuesto porque
no forma parte de los servicios de salud, que son los que gozan del
beneficio tributario.
Siendo así, para la Sala es claro que la controversia propuesta en sede de
tutela recae sobre la interpretación y la aplicación que, de las normas y
18
Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
la jurisprudencia que rigen el asunto, realizó la autoridad judicial
demandada, es decir que la discusión recae sobre aspectos de mera
legalidad y no de carácter constitucional iusfundamental.
Al efecto, cabe recordar las consideraciones vertidas en el fallo T–422 de
2018 de la Corte Constitucional19, en la que se declaró improcedente una
tutela por incumplir los requisitos de relevancia constitucional e
inmediatez. Sobre la relevancia, en dicha oportunidad expuso:
“[…] 35. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, para esta
Sala es claro que el asunto sometido a su análisis carece de relevancia
constitucional. El actor considera que, con las providencias
demandadas, las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales, debido a que las autoridades judiciales
accionadas, a su juicio, no valoraron las pruebas del expediente que
daban cuenta que la experiencia acreditada por el señor (…) no tenía
la idoneidad que se requería para desempeñar el cargo en el que fue
nombrado en reemplazo del accionante.
36. La supuesta irregularidad advertida por el actor no cumple con
este requisito, debido a que (i) se trata de un asunto meramente legal,
(ii) que busca convertir la acción de tutela en una tercera instancia
adicional a las establecidas para casos como el presente, y que, por
tanto, (iii) no tiene una relación directa con la presunta vulneración o
amenaza del derecho al debido proceso u otro derecho fundamental
del actor.
37.En el presente asunto, si bien, la acción de tutela interpuesta por
(…) pretende que se dejen sin efecto las sentencias proferidas por el
Juzgado (…) Administrativo de Bogotá, y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de manera consecuente supone que se dejen sin efecto las
sentencias de segunda y primera instancia del mismo proceso,
teniendo en cuenta que en ninguna de dichas oportunidades
procesales fue otorgada, a su favor, la pretensión de nulidad del acto
administrativo que terminó su nombramiento provisional y el
restablecimiento del derecho con el reintegro solicitado. Como
fundamento de la acción, consideró que el juez y el tribunal no
valoraron, de manera adecuada, el material probatorio del
expediente.
38.Primero, el actor plantea controversias sobre asuntos meramente
legales, como la verificación de los requisitos legales para desempeñar
un cargo. Pues bien, la definición de tales requisitos y en general las
situaciones propias del derecho administrativo laboral, que deben ser
verificados en cada caso concreto, es de resorte exclusivo del juez de
lo contencioso administrativo, que no del juez constitucional. Esta Sala
advierte que el debate planteado por el actor no versa sobre la
presunta afectación o violación de derechos fundamentales, sino sobre
19
Sentencia T–422 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
su discrepancia en relación con la verificación de la experiencia
acreditada por el señor (…), especialmente, con que se hubiere
nombrado a alguien en el cargo que este desempeñaba en
provisionalidad […]”. [Se destaca]
En suma, la Sala observa que en el caso de autos el debate traído por la
parte actora es ajeno al derecho constitucional y no guarda relación con
los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, sino
que es meramente legal, pues lo que busca la actora es que se reconozca
que el servicio de auditoría médica está exceptuado del IVA y, aunque
planteó una controversia en torno al supuesto desconocimiento del
artículo 48 de la Constitución Política, lo cierto es que, en realidad, ésta
no está ligada a la posible vulneración de un derecho fundamental, sino
que se define por la interpretación y aplicación de normas de rango legal
y reglamentario, lo que corresponde de manera exclusiva al juez natural
del asunto.
Como consecuencia de lo expuesto, para la Sala es claro no se encuentra
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo
relativo al segundo criterio analizado en relación con los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, cuya
protección se solicitó.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia
o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces
El tercer criterio de la relevancia constitucional supone que la tutela no
sea utilizada como una instancia o recurso adicional orientado a discutir
asuntos de mera legalidad.
Frente a este último criterio de la relevancia, además de lo dicho por la
jurisprudencia antes citada, cabe destacar que, en el fallo C-590 de 2005,
la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de
tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe
contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación
26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea
de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para
proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por
un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que
permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
En el asunto bajo examen, la parte actora se limitó a exponer sus
inconformidades frente a las conclusiones a las que llegó el juez natural
del asunto, pero sin proponer, frente a las razones por las cuales éste
concluyó que la prestación del servicio de auditoría médica no estaba
exceptuada del IVA, un debate basado en la eventual vulneración de
garantías iusfundamentales, lo que hace evidente que solo busca obtener
una opinión diversa por parte del juez de amparo.
En conclusión, es claro que la parte actora simplemente se encuentra
inconforme con las conclusiones a las que llegaron el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, y el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, al analizar la legalidad de los actos
administrativos por medio de los cuales la DIAN decidió no reconocer
como excluida del IVA la prestación de los servicios de auditoría médica.
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
A este efecto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene. Por lo tanto,
en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
28
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente que
ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, pues la parte
actora no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el derecho
propuesto en el proceso, sino que se limita a argumentar que decidió sin
tener en cuenta el alcance que, según su parecer, debió darles a las
normas y a la jurisprudencia aplicables al caso.
En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que en este asunto no se
cumple con el requisito de la relevancia constitucional, razón por la cual
resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra decisiones judiciales.
3.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
acción de tutela de la referencia, al constatar la ausencia del requisito de
relevancia constitucional, respecto de los derechos fundamentales
invocados, particularmente el derecho al debido proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
29
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00235 00
Accionante: ACS-ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
30
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.