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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00237-01

Fecha
1 de junio de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00237-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la carencia actual de objeto de objeto por hecho superado. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-00237-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

1 de junio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00237-01
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., primero (1) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00237-01
Demandante: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra medio de control de
nulidad electoral.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 3 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, que resolvió:

“PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Harold Eduardo Sua Montaña interpuso acción de tutela contra el Consejo
de Estado, Sección Quinta, por estimar vulnerado el derecho fundamental al debido
proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Volver al estado anterior a la violación alegada el proceso con radicado 11001-
03-28-000-2022-00199-00 para que la accionada decida en el menor tiempo posible el petitum
de la solicitud del accionante del 11 de enero de 2022.

SEGUNDO: Una vez efectúé la entidad accionada lo acabado de indicar, proceda la misma a
continuar con el trámite del proceso en mención en la etapa que corresponda”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 19 de agosto de 2022 el señor Harold Eduardo Sua Montaña ejerció medio de
control de nulidad electoral contra la elección de la mesa directiva de la Comisión
Quinta Constitucional Permanente del Senado de la República, para el periodo
2022-2026, contenida en el Acta 1 del 26 de julio de 2022, por desconocer el
artículo 149 de la Constitución Política.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00237-01
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en auto del 25 de agosto de 2022,
inadmitió la demanda, el demandante la subsanó y en auto del 8 de septiembre de
2022 la admitió. En consecuencia, se fijó aviso, se corrió traslado de las
excepciones propuestas por el término de tres días y, en auto del 2 de noviembre
de 2022, negó las excepciones previas propuestas por la congresista Isabel
Cristina Zuleta López.

El 3 de noviembre de 2022, el señor Harold Eduardo Sua Montaña solicitó:
“saneamiento de todos aquellos procesos surtidos ante ella en los cuales la contraparte haya
incumplido el deber de remitirle a su correo electrónico las correspondientes contestaciones y haya
sido efectuado el traslado de los mismos de forma distinta a la acontecida con antelación por la
sección primera del Consejo de Estado a sabiendas de acontecer en los dos procesos en mención
ambas circunstancias y especifica el hacerlo en el sub judice”1. El mismo día envió nuevo
correo en el que pidió a la Sección Quinta del Consejo de Estado nuevamente el
reenvío de las contestaciones en los procesos con radicados números 2022-
00194-00, 2022-00199-00 y 2022-00186-00, para poder pronunciarse al respecto.

El despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado, en auto del
5 de diciembre de 2022: (i) negó una solicitud probatoria realizada por uno de los
demandados; (ii) corrió traslado de las pruebas incorporadas al expediente, (iii) fijó
el litigio, (iv) ordenó correr traslado para alegar de conclusión, una vez ejecutoriada
dicha providencia y, (v) dispuso que una vez vencido el término para alegar el
expediente volviera al despacho para dictar sentencia anticipada, en los términos
del artículo 182 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente, en relación con la solicitud del 3 de noviembre de 2022,
presentada por el señor Sua Montaña, mencionó a las partes que “cada vez que
presenten un escrito al proceso deben remitir un ejemplar de este a las demás partes”, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 186 del CPACA, 78 numeral del 14 del
CGP y 3 de la Ley 2213 de 2022.

El señor Harold Eduardo Sua Montaña, presento escritos el 6 y 15 de diciembre de
2022 y el 11 de enero de 2023, en los que reiteró lo expuesto en la solicitud del 3
de noviembre de 2022 y agregó que se pretermitió la oportunidad probatoria del
“inciso tercero del parágrafo segundo del artículo 175 del CPACA”, para lo cual insistió en la
aplicación del control de legalidad fijado en el artículo 207 de la Ley 1437 de 2011
y pidió tener en cuenta algunas pruebas obtenidas en el proceso 11001-03-28-000-
2022-00190-00.

Sostuvo que, hasta la fecha de interposición de la acción de tutela, no ha habido
decisión alguna, por lo que acude a la acción de tutela a fin de que se garantice el
debido proceso mediante saneamiento de todo lo actuado con posterioridad a la
admisión de la demanda.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora la autoridad judicial demandada vulneró el derecho al
debido proceso, con fundamento en los argumentos que se pasan a resumir.

1 Según lo indicó en esos términos en el escrito de tutela.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00237-01
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

Indicó que la acción de tutela cumple con los demás requisitos generales de
procedibilidad, toda vez que: (i) el asunto tenía relevancia constitucional al poder
verse afectado el derecho al debido proceso; (ii) la demanda constitucional cumple
con la subsidiariedad, pues se interpone cuando “va a culminar la etapa de alegatos en el
proceso sub judice sin que hubiese pronunciamiento de la entidad accionada sobre los hechos
estimados en este escrito como vulneradores del debido proceso oportunamente advertidos”; (iii)
se interpuso en término, para lo cual precisa que es “antes de culminar el término para
alegar de conclusión en los procesos sub judice tras no obtener de la accionada decisión alguna
sobre el pedimento de “aplicar lo dispuesto en el artículo 207 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, (iv) la irregularidad alegada tiene un
efecto determinante en la decisión, pues según dijo “No habría comenzado a correr el
término para alegar de conclusión en el proceso 11001-03-28-000- 2022-00199-00 si el sustanciador
del mismo hubiese abordado conforme al trámite que corresponda las solicitudes del accionante del
11 de enero de 2023 y 6 y de diciembre y 3 de noviembre de 2022”; (v) se los hechos causantes
de vulneración y, (vi) la tutela no se interpone contra sentencias de tutela.

En cuanto a los requisitos específico de procedencia, adujo que la autoridad judicial
demandada incurrió en el defecto fáctico “tras una ausencia de pronunciamiento oportuno
sobre varias actuaciones judiciales de la parte actora del proceso 11001-03-28-000-2022-00199-00
devenidas de un trato desigual del accionado e incumplimiento de la contraparte a su deber
estipulado en el artículos 186 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo numeral 14 del artículo 78-14 del Código General del Proceso y artículo 3 de la ley
2213 de 2022 que de no haber ocurrido el actor hubiese presentado oposición a las excepciones
de su libelo con o sin solicitud de práctica probatoria y dando mayor lucidez tal y como lo permiten
los incisos segundo y tercero del parágrafo segundo del hoy artículo 175 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Se refirió a la sentencia SU-195 de 2012 la Corte Constitucional, para señalar que
los fallos puedan ser extra y ultra petita en materia de tutela, cuando el juez de
tutela, al momento de resolver el caso concreto, advierte necesario conceder el
amparo incluso a partir de situaciones o derechos no alegados, atendiendo la
informalidad que reviste el amparo y además quien determina los derechos
fundamentales violados.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en auto del 23 de enero de
2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la Sección Quinta del Consejo
de Estado y a la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado de la
República, al señor Inti Raúl Asprilla Reyes, a la señora Isabel Cristina Zuleta López
y el señor David de Jesús Bettín Gómez, como terceros interesados en el proceso.

5. Oposición

El Consejo de Estado, Sección Quinta allegó informe en el que explicó que el
demandante en los escritos del 6 y 15 de diciembre de 2022, 11 y 24 de enero de
2023, reiteró una petición elevada, inicialmente, el 3 de noviembre del 2022, en la
que solicitó al despacho el control de legalidad previsto en el artículo 207 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con
fundamento en que las demás partes incumplieron el deber de remitir por correo
electrónico los escritos allegados al proceso.

Que, así mismo, en los escritos del 6 y 15 de diciembre de 2022 y 11 y 24 de enero
de 2023, el actor afirmó que se pretermitió la oportunidad probatoria prevista en el
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

inciso tercero del parágrafo segundo del artículo 175 del CPACA, con base en lo
cual, insistió que se debía aplicar el control de legalidad fijado en el artículo 207 del
CPACA.

Frente a lo cual señaló que las peticiones fueron resueltas en la oportunidad
procesal y, con ello, se garantizó el derecho al debido proceso de las partes. Así:
(i) frente a la petición del 3 de noviembre de 2022, el despacho se pronunció en
auto del 5 de diciembre de 2022, en el que se decidió exhortar a las partes para
que, cada vez que presentaran un escrito o memorial al proceso, remitieran la copia
respectiva a los demás sujetos procesales, como lo disponen los artículos 186 del
CPACA, 78 numeral 14 del CPG y 31 de la Ley 221 de 2022, sin embargo, el
despacho encontró que el incumplimiento de tal deber procesal no afectaba la
validez de la actuación, según lo señala el numeral 14 del artículo 78 del CGP.

(ii) Respecto de los escritos del 6 y 15 de diciembre de 2022, 11 y 24 de enero de
2023, informó que ingresaron al despacho con informe de la Secretaría de la
Sección Quinta del Consejo de Estado el 25 de enero de 2023 y el 27 del mismo
mes y año se profirió auto en el que nuevamente se negó acceder al control de
legalidad elevado por el interesado.

Por lo tanto, explicó que la providencia del 27 de enero de 2023 reiteró los
argumentos del auto de 5 de diciembre de 2022 frente al control de legalidad
solicitado por el accionante y despachó desfavorablemente el nuevo argumento
consistente en la presunta pretermisión probatoria conforme con el parágrafo
segundo del artículo 175 del CPACA, respecto de lo cual se le indicó al accionante
que revisado el trámite del proceso, en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo
segundo del artículo 175 del CPACA, el despacho encontró que, la Secretaría de
la Sección Quinta del Consejo de Estado corrió traslado de las excepciones
propuestas, entre el 20 al 24 de octubre de 2022, término dentro del cual la parte
actora no solicitó prueba alguna en los términos de la referida norma.

Que en la misma oportunidad le explicó que, de acuerdo con lo anterior, contrario
a lo afirmado, a las excepciones propuestas se les dio el traslado dispuesto en la
norma, de igual modo, en el trámite no se pretermitió la oportunidad probatoria del
parágrafo segundo del artículo 175 del CPACA y preciso que el demandante que
tiene acceso a toda la información que se allegue al proceso por medio de la sede
electrónica para la gestión judicial - Samai.

En cuanto al escrito del 11 de enero de 2023, que presentó el señor Sua Montaña
con una solicitud probatoria, comunicó que le fue negada por no estar dentro de las
oportunidades del artículo 212 del CPACA, como se plasmó en la providencia del
27 de enero de 2023.

Solicitó negar el amparo deprecado.

6. Intervención de los terceros interesados

El señor Inti Raúl Asprilla Reyes solicitó negar la acción de tutela, por considerar
que es la Sección Quinta del Consejo de Estado la encargada de decidir sobre las
peticiones presentadas por el accionante Harold Sua el 3 de noviembre, 15 de
diciembre del año 2022 y 11 de enero de 2023, en el marco del proceso de nulidad
electoral radicado número 11001-03- 28-000-2022-00199-00, por lo que no es de
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

su resorte intervenir y decidir en los medios de control, en el cual fui demandado
por haber sido elegido presidente de la Comisión Quinta del Senado de la
República.

Precisó que la potestad de saneamiento es la solución de todas aquellas
irregularidades o vicios que puedan evidenciarse durante el trámite del proceso a
fin de que termine con una sentencia de mérito que ponga fin a la controversia, para
evitar su terminación por meras irregularidades o por cuestiones formales
subsanables, pues ello no consulta el alcance de dicha facultad, ni el papel natural
del juez, ni, mucho menos, es factor de legitimidad de la función jurisdiccional.

La Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado de la República,
la señora Isabel Cristina Zuleta López y el señor David de Jesús Bettín Gómez
guardaron silencio.

7. Intervención adicional de la parte actora

De manera posterior, en correo electrónico el accionante allegó escrito en el que
indicó “Como el día de ayer 8 de marzo de 2023 recibí el auto del asunto en cuyo contenido se
determina la improcedencia de recurso de súplica contra la decisión sobre los señalados hechos
generadores de la violación alegada en la tutela en comento, le pido respetuosamente que en virtud
de los principios de economía y celeridad procesal y acceso a la administración de justicia y buen
funcionamiento de la misma determine en el fallo respectivo la ocurrencia de violación del derecho
alegado conforme al uso de facultades extra y ultra petita solicitado en el escrito tutelar pues la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha básicamente señalado en sentencia Gustavo
Petro vs Colombia que el derecho a recurrir consagrado en la Convención Americana no se satisface
cuando el ordenamiento jurídico solamente permite su ejercicio ante quien profirió la decisión objeto
del mismo; y a su vez le informo el estar enviado este mismo mensaje a los demás sujetos
procesales en atención a lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del
Proceso y artículo 3 de la ley 2213 de 2022.”.

8. Sentencia de primera instancia

La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia del 3
de marzo de 2023, notificada el 10 de marzo de 2023, declaró improcedente la
acción de tutela por no superar el requisito general de subsidiariedad, porque los
mecanismos judiciales ordinarios, idóneos y eficaces que el ordenamiento jurídico
le otorga a la parte accionante para proteger sus derechos, (i) no fueron ejercidos
contra el auto de 5 de diciembre de 2022, y (ii), si bien, se ejercieron contra el auto
del 27 de enero de 2023, mediante el cual el juez natural se pronunció sobre las
solicitudes presentadas en diciembre de 2022 y enero de 2023, los mismos aún no
se han resuelto de manera definitiva.

Consideró que el actor aún sigue discutiendo la procedencia del control de legalidad
establecido en el artículo 207 del CPACA, así como la presunta omisión de la
oportunidad probatoria del “inciso tercero del parágrafo segundo del artículo 175 del CPACA”,
y la petición de incluir ciertas pruebas adicionales obtenidas en el proceso 11001-
03-28-000-2022-00190-00, por lo tanto, utilizar este mecanismo constitucional
como un reemplazo de las vías judiciales ordinarias, en una clara invasión de la
órbita de competencia del juez natural, por cuanto la solicitud de amparo no puede
convertirse en un mecanismo alternativo o paralelo para resolver los problemas
jurídicos o controversias que por naturaleza deben resolverse al interior de los
procesos judiciales.
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9. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia, en la que reiteró
que desde el 6 de diciembre de 2022 alegó la omisión en el pronunciamiento sobre
sus solicitudes, lo que, a su juicio, repercute en “proseguir a la etapa procesal respectiva
y a pesar de ello da continuidad al proceso el 15 de diciembre de 2022”.

Mencionó que antes de que se le notificara el fallo de tutela de primera instancia
pidió “que en virtud de los principios de economía y celeridad procesal y acceso a la administración
de justicia y buen funcionamiento de la misma determine en el fallo respectivo la ocurrencia de
violación del derecho alegado conforme al uso de facultades extra y ultra petita solicitado en el
escrito tutelar pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha básicamente señalado
en sentencia Gustavo Petro vs Colombia que el derecho a recurrir consagrado en la Convención
Americana no se satisface cuando el ordenamiento jurídico solamente permite su ejercicio ante
quien profirió la decisión objeto del mismo”.

En general, insistió en que no se aplicó el procedimiento establecido y que, por lo
tanto, se vulnera el derecho fundamental invocado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
2
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el

2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento

de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido
la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se
admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca)
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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

En el escrito de impugnación la parte actora cuestiona la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la acción de tutela por falta de cumplimiento del
requisito general de subsidiariedad e insiste en el cuestionamiento relacionado con
la falta de pronunciamiento de la solicitud del 3 de noviembre de 2022 (reiteradas
en los escritos del 6 y 15 de diciembre de 2022 y el 11 de enero de 2023), de
saneamiento del proceso de nulidad electoral que ejerció contra el acto de elección
de la mesa directiva de la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado
de la República, para el periodo 2022-2026, contenida en el Acta 1 del 26 de julio
de 2022.

En ese orden, corresponde a la Sala determinar si en el caso en concreto la acción
de tutela de la referencia cumple con el requisito general de subsidiariedad o si lo
que se configuró fue la carencia actual de objeto.

De la carencia actual de objeto

La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha indicado que la carencia
actual de objeto se configura cuando frente a las pretensiones esbozadas en la
acción de tutela, cualquier orden emitida por el juez no tendría algún efecto o
simplemente “caería en el vacío” 5. Específicamente, esta figura se materializa a
través en las siguientes circunstancias:

<<3.1.1. Daño consumado. Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la
afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que, el juez no
puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que
se materialice el peligro 6. Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo
único procedente es el resarcimiento del daño causado por la violación de derecho. No
obstante, la Corte ha indicado que, por regla general, la acción constitucional es
improcedente cuando se ha consumado la vulneración7 pues, esta acción fue concebida
como preventiva mas no indemnizatoria.

3.1.2. Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento de
interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como consecuencia del obrar
de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por
el accionante8. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción
u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocuo cualquier intervención

3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la

cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal
ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la pa rte actora; (v)
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no
se trate de sentencias de tutela.
4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los

siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin
motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación
directa de la Constitución.
5
Corte Constitucional, sentencia T-519 de 1992, reiterada en sentencias T-533 de 2009 y T-253 de 2012, entre otras.
6
Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013).
7
Decreto 2591 de 1991, artículo 6: “La acción de tutela no procederá: // (…) 4. Cuando sea evidente que la violación del
derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.”
8
Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-021 de 2017, T-382 de 2018, entre otras.
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del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la
accionada los ha garantizado9.

3.1.3. Acaecimiento de una situación sobreviniente10. Se presenta en aquellos casos en que
tiene lugar una situación sobreviviente, que, a diferencia del escenario anterior, no debe
tener origen en una actuación de la accionada, y que hace que ya la protección solicitada
no sea necesaria, ya sea porque el accionante asumió la carga que no le correspondía, o
porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho>>11.

La Corte Constitucional ha establecido los eventos en los que, aun cuando se
configura la carencia actual de objeto, es necesario el pronunciamiento por parte
del juez constitucional, en los siguientes términos “(i) si bien no resulta viable emitir la
orden de protección que se solicitaba en la acción de tutela, es perentorio un pronunciamiento de
fondo sobre el asunto, precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen a la presentación
de la acción de tutela, en los casos en que la consumación del daño ocurre durante el trámite de la
acción (en primera instancia, segunda instancia o en el trámite de revisión ante la Corte
Constitucional), o cuando -bajo ciertas circunstancias- se impone la necesidad del pronunciamiento
por la proyección que pueda tener el asunto (art. 25 del Decreto 2591 de 1991 12), o por la necesidad
de disponer correctivos frente a personas que puedan estar en la misma situación o que requieran
de especial protección constitucional; y (ii) no es perentorio en los casos de hecho superado o
acaecimiento de una situación sobreviniente, salvo cuando sea evidente que la providencia objeto
de revisión debió haber sido decidida de una forma diferente (pese a no tomar una decisión en
concreto, ni impartir orden alguna), “para llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”, tal como
lo prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 199113”14.

De la carencia actual de objeto en el caso concreto

Como se anticipó, el señor Harold Eduardo Sua Montaña invocó vulnerado el
derecho fundamental al debido proceso ante la falta de pronunciamiento de las
solicitudes de saneamiento del proceso de nulidad electoral, en que actúa como
demandante. Concretamente, en las pretensiones de la acción de tutela el actor
solicitó “(…) Volver al estado anterior a la violación alegada el proceso con radicado 11001-03-28-
000-2022-00199-00 para que la accionada decida en el menor tiempo posible el petitum de la
solicitud del accionante del 11 de enero de 2022 (…)”.

El escrito del 11 de enero de 2023, que allegó el señor Sua Montaña al trámite de
nulidad electoral señalaba:

«Dándome cuenta de que se ha determinado en el proceso del asunto iniciar el término para
alegar de conclusión pese a lo dicho en mis escritos del 3 de noviembre y 6 y 15 de diciembre
de 2022, pido respetuosamente aplicar lo dispuesto en el artículo 207 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a efectos de garantizar la
aplicación del inciso tercero del parágrafo segundo del hoy artículo 175 del CPACA

9
Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que
revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
10
La Corte empezó a diferenciar, a través de su jurisprudencia, una tercera modalidad de carencia actual de objeto cuando
acaece un hecho posterior a la demanda. Por ejemplo, las sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481
de 2016, entre otras.
11
Corte Constitucional, sentencia T – 038 de 2019.
12
“El Decreto 2591 de 1991, en el artículo 25, regula la hipótesis excepcional de procedencia de la indemnización de perjuicios en el
trámite de la acción de la tutela”.
13
“El artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: Artículo 24. Prevencion a la autoridad. Si al concederse la tutela hubieren
cesado los efectos del acto impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir
en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de
acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo son perjuicio de las responsabili dades en que ya
hubiere incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición
de la misma acción u omisión. ”
14
Corte Constitucional, sentencia T-205A de 2018 (MP Antonio José Lizarazo Ocampo).
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00237-01
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

pretermitida por el proceder desigual de esta Sección y la Primera en la forma de llevar a
cabo los traslados sumado al incumplimiento de los accionados a su deber estipulado en
los artículos 186 del CPACA, 78-14 del CGP y 3 de la ley 2213 de 2022 cuya exigencia ha
sido incoada desde el 3 de noviembre de 2022.».

Lo anterior, de entrada, permite advertir que en el presente caso se configuró la
carencia actual de objeto por hecho superado, pues, tal como se dijo en el acápite
anterior, la carencia actual de objeto por hecho superado ocurre cuando «entre el
momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como consecuencia del
obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el
accionante».

En el presente caso, se advierte que el mecanismo constitucional fue radicado el -
19 de enero de 2023-, y que con posterioridad al ejercicio de la acción de tutela de la
referencia la Sección Quinta del Consejo de Estado, en auto del 27 de enero de
2023, se pronunció sobre la solicitud de ejercer control de legalidad que echa de
menos el señor Harold Eduardo Sua Montaña, en el sentido de negarla, en los
siguientes términos:

«(…)

2. Del control de legalidad

3. El artículo 207 del CPACA regula el control de legalidad en los siguientes términos:
Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los
vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se
podrán alegar en las etapas siguientes.

4. El despacho considera que hasta este momento procesal no se advierten vicios que
ocasionen nulidades. Contrario a lo afirmado por la parte actora, se advierte lo siguiente:

a) Frente a la petición del 3 de noviembre de 2022, este despacho se pronunció en auto del
5 de diciembre de 2022. En ese sentido, conforme con los argumentos de la solicitud, se
decidió exhortar a las partes para que, cada vez que presentaran un escrito o memorial al
proceso, remitieran la copia respectiva a los demás sujetos procesales, como lo disponen
los artículos 186 del CPACA, 78 numeral 14 del CPG y 314 de la Ley 2213 de 2022.

En todo caso, se pone de presente que el incumplimiento de tal deber procesal no afecta la
validez de la actuación, según lo señala el numeral 14 del artículo 78 del CGP.

b) En los escritos del 6 y 15 de diciembre de 2022, 11 y 24 de enero de 2023, el demandante
reiteró la petición presentada el 3 de noviembre del año pasado. En ese sentido, insistió en
la aplicación del control previsto en el artículo 207 del CPACA conforme con el mismo
argumento. Adicional a ello, adujo que se soslayó la oportunidad probatoria del «inciso
tercero del parágrafo segundo del artículo 175 del CPACA», por lo que se debe realizar
dicho control.

Con respecto a la reiteración del memorial del 3 de noviembre de 2022 - incumplimiento del deber
de remitir copia de los escritos presentados al proceso por la contraparte-, se reitera la respuesta del literal
anterior.

En lo que atañe al nuevo argumento - pretermisión de la oportunidad probatoria establecida en el «inciso
tercero del parágrafo segundo del artículo 175 del CPACA», el despacho encuentra que dicha norma
regula la contestación de la demanda y su parágrafo segundo el trámite de las excepciones
que se propongan.

Revisado el trámite del proceso, en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo
del artículo 175 del CPACA, el despacho encuentra que, la Secretaría de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, corrió traslado de las excepciones propuestas, el cual se surtió entre

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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

el 20 al 24 de octubre de 2022, término dentro del cual la parte actora no solicitó prueba
alguna en los términos de la norma mencionada.

En vista de lo anterior, no le asiste razón a la parte actora en su ruego, pues contrario a lo
afirmado, a las excepciones propuestas se les dio el traslado dispuesto en la mencionada
norma. A su vez, en el trámite referenciado no se pretermitió la oportunidad probatoria del
parágrafo segundo del artículo 175 del CPACA. De igual manera, se indica al demandante
que tiene acceso a toda la información que se allegue al proceso, a través de la sede
electrónica para la gestión judicial (Samai).

En consecuencia, en el presente caso no se configuró la irregularidad procesal que alega la
parte actora y, por lo mismo, no hay lugar acceder al control de legalidad impetrado.

(…)».

En la misma providencia, la autoridad judicial demandada negó la solicitud de
prueba presentada por la parte actora el 11 de enero de 2023, por extemporánea,
porque la petición se elevó cuando venció el término para alegar de conclusión.

En ese orden, la Sala encuentra que la Sección Quinta del Consejo de Estado, con
posterioridad al ejercicio de la presente acción de tutela, resolvió sobre el control
de legalidad y la solicitud probatoria que realizó el actor en el escrito del 11 de enero
de 2023, que, como se vio, el ejercicio de la acción de tutela buscó, justamente, el
pronunciamiento respecto de esa solicitud en particular que la parte actora invocó
la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y solicitó puntualmente
resolver sobre esa solicitud, pues, como se indicó, las pretensiones se dirigieron
concretamente a “(…) Volver al estado anterior a la violación alegada el proceso con radicado
11001-03-28-000-2022-00199-00 para que la accionada decida en el menor tiempo posible el
petitum de la solicitud del accionante del 11 de enero de 2022 (…)”.

De hecho, la Sala evidencia que la Sección Quinta del Consejo de Estado, no solo
proveyó sobre dicha solicitud en auto del 27 de enero de 2023, sino que resolvió el
recurso de súplica que el actor ejerció frente a esta última providencia, en auto del
30 de marzo de 2023 y que, incluso, profirió sentencia el 27 de abril de 2023.

Con todo, debe precisarse que el ejercicio de la acción de tutela no puede ser
empleada para cuestionar circunstancias propias del trámite procesal que se surte
al interior de un proceso, pues, el ejercicio del mecanismo constitucional resulta del
todo inadecuado, lo cual se evidencia con el simple hecho de que el accionante
parte de un supuesto consistente en la falta de pronunciamiento sobre las
solicitudes que radicó, sin que el expediente hubiese retornado a despacho, de
hecho, una vez el expediente regresó a despacho el magistrado sustanciador
proveyó sobre el particular.

Finalmente, debe indicarse que no resulta procedente en el presente caso aplicar
las facultades extra o ultra petita que le asisten al juez constitucional, pues, como
se vio en el presente caso cesó la vulneración que fue invocada por la parte actora.

Por lo anterior, se declarará carencia actual de objeto de objeto por hecho
superado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

III. FALLA

1. Declarar la carencia actual de objeto de objeto por hecho superado.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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