Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00242-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00242-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00242-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
14 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00242-01
Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas - UNGRTD
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional
Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de
tutela de 17 de febrero de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, por medio del cual declaró improcedente el amparo.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1.La actora, obrando mediante apoderada, presentó solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Magdalena, porque, a su juicio, el Tribunal al proferir la
sentencia de 6 de julio de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
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Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
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de radicación 47-001-3333-008-2019-00247-01, vulneró su derecho fundamental
indicado supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Adujo que, el señor Marcos Neimer Vega Arrieta presentó demanda contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas -
UNGRTD, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos núms.
URT-DTMS-00923 de 3 de mayo de 2019 y URT-DTMS-01286 de 5 de julio del
2019, por medio del cual se negó la existencia de una relación laboral entre las
partes.
4. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta profirió sentencia
de primera instancia el 28 de julio de 2021, accediendo parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
5. El Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia de segunda instancia
el 6 de julio de 2022, resolviendo lo siguiente:
“[…] PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia de 28 de julio de
2021, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta,
mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, el cual
quedará así: “TERCERO: A título de restablecimiento del derecho condénese a la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE
TIERRAS DESPOJADAS a que:
3.1.-Reconozca y pague al señor Marcos Neimer Vega Arrieta las prestaciones
sociales y laborales que se derivaron de los contratos de prestación de servicios
suscritos entre 4 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2019, tomando como base
de liquidación el valor pactado por concepto de honorarios en dichos contratos.
3.2.-Efectúe las cotizaciones en el respectivo fondo de pensiones en el porcentaje
que le correspondía como empleador, para la fecha en que fueron suscritos los
contratos de prestación de servicios, esto es, entre el 24 de junio de 2015 al 31 de
enero de 2019. Para lo anterior, el accionante deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al sistema de seguridad social durante el tiempo en que duró la vinculación.
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Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
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3.3.-Las sumas reconocidas deberán ser indexadas conforme la formula expuesta
en la parte considerativa de esta providencia”.
SEGUNDO: CONFIRMAR los restantes numerales de la sentencia apelada.
TERCERO: Sin condenas en costas en esta instancia […]”.
6. Consideró que:
“[…] i) La prestación personal del servicio
En el sublite, los contratos de prestación de servicios celebrados entre el accionante
y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, debidamente aportados al expediente, dan cuenta que el señor Marcos
Neimer Vega Arrieta fue contratado por la entidad demandada para que prestara sus
servicios como Profesional jurídico encargado de atención a (sic) público, de manera
que, se infiere que la labor desempeñada por el actor se desarrolló de manera
personal y directa, con el propósito de dar cumplimiento a! objeto contratado,
acreditándose a primera vista el primer elemento para la configuración de una
relación laboral.
Considera la Sala respecto al elemento “prestación personal del servicio”, que las
órdenes y contratos de prestación de servicio celebrados entre las partes, dan cuenta
que la labor ejercida por el accionante se ejecutaba de manera personal, tal como
se deduce de las obligaciones del contratista relacionadas con la prestación de
servicios como Profesional jurídico encargado de atención a (sic) publico (sic),
inherente a la labor misional de la entidad.
ii) La Remuneración
Encuentra la Sala que el señor Marcos Neimer Vega Arrieta, recibía una
remuneración como contraprestación económica de la labor personal realizada a
favor (sic) la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, tal como consta en las órdenes y contratos de prestación de servicios
allegados al expediente; por lo que es evidente que la “remuneración” como
elemento inherente a una relación laboral se evidenció en los tiempos de servicio
prestados por el accionante.
Asimismo, observa esta Corporación, que en los contratos suscritos por el actor con
la entidad demandada, se pactó en la cláusula denominada “forma de pago", que la
suma total a pagar por los servicios prestados se cancelaría por mesualidades (sic),
quedando consignado en dicha cláusula cual sería ese monto a pagar cada mes
[…]”.
[…]
“[…] A juicio de esta Corporación, pese a que el accionante se vinculó con la entidad
demandada a través de contratos de prestación de servicios, es evidente que el
trabajo realizado por el actor, lo hizo en forma permanente y sus funciones
obedecían a funciones propias de la entidad que como tal, no podían ser ejercidas
de manera autónoma e independiente por el contratista, sino que debían cumplirse
con sujeción a los precisos términos indicados por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y bajo la supervisión de la,
Directora Territorial del Magdalena, la señora Mary Cruz Orozco Cabeza […]”.
[…]
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“[…] Así pues, se evidencia que cada una de las órdenes y contratos de prestación
de servicios previamente relacionados comportan una serie de obligaciones a cargo
de las partes que perse (sic): (i) establecieron las circunstancias de tiempo y lugar
en las que el accionante cumpliría con sus obligaciones, (ii) determinaron que el
demandante desarrollaría sus actividades bajo la supervisión del Profesional
Especializado, y cumplir un horario de trabajo; aspectos que sin duda alguna, hacen
palpable la ausencia de autonomía en la ejecución de los contratos. Así mismo, de
la revisión del objeto de las órdenes y contratos de prestación de servicio, se tiene
que las funciones desempeñadas por el accionante no fueron de carácter transitorio
o esporádico, característica propia del contrato de prestación de servicios, sino que,
por el contrario, se trató de una relación prolongada en el tiempo como lo demuestran
los tres (03) contratos de prestación de servicio allegados al expediente celebrados
por las partes entre octubre de 2017 y marzo de 2019. Esta desproporción en la
utilización de la figura prevista en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
demuestra indiscutiblemente, que la contratación del accionante se dio con el ánimo
de emplearlo de modo permanente en la entidad, pero en franco desconocimiento
de sus derechos salariales y prestacionales de carácter irrenunciables.
Por otra parte, del análisis testimonial del caso en concreto se puede colegir que:
Existía facultad de la entidad accionada para impartir instrucciones al contratista
sobre la ejecución del contrato: Esto en razón de que quien rindió testimonio fue la
misma persona encargada de asesorar y apoyar al supervisor y dar órdenes al señor
Marcos Neimer Vega Arrieta en el transcurso de la ejecución de sus actividades, esto
es, la Coordinadora de Microzona, la señora Sazkia Gabriela del Río Vega […]”.
[…]
“[…] De lo anterior se entiende que aunque la vinculación del señor Marcos Neimer
Vega Arrieta en el cargo de Profesional jurídico encargado de la atención al público,
se dio por medio de contratos de prestación de servicios, es claro que
necesariamente el ejercicio de sus funciones implicó el cumplimiento de pautas y
directrices impartidas por sus superiores jerárquicos, en conexo a una jornada
laboral por tener un lugar en el que tenía que ejercer sus funciones y entre las cuales
se encontraba la atención permanente al público, por lo que queda probado la
carencia de independencia y en consecuencia, la configuración de una relación
laboral disfrazada bajo lo que jurisprudencial y doctrinariamente se ha conocido
como “contrato realidad […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Por lo anterior, se solicita con respeto a su señoría:
• Amparar el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
DESPOJADAS y en consecuencia se sirva dejar sin efecto la sentencia del 6 de
julio de 2022 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA,
notificada el 10 de octubre de 2020.
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• Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA que profiera una
nueva sentencia de segunda instancia, en las que valore adecuadamente los
medios probatorios allegados al proceso […]”.
8. La actora en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo del
Magdalena incurrió en un i) defecto fáctico y en un ii) defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial.
Actuación
9. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto de 24
de enero de 2023; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados
del Tribunal Administrativo del Magdalena; y iv) vinculó al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Santa Marta y al señor Marcos Neimar Vega Arrieta
en calidad de terceros con interés legítimo.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
10. El Tribunal Administrativo del Magdalena adujo que:
“[…] De acuerdo con el anterior relato de las actuaciones, y teniendo en cuenta los
argumentos expuestos por el tutelante, se tiene que no se vislumbra violación a sus
garantías fundamentales, toda vez que este Tribunal no ha llevado a cabo ninguna
actuación que pueda ser censurada. Por el contrario, sólo se advierte que la solicitud
de amparo está dirigida más bien a revivir los términos ya precluidos, razón por la
cual se debe rechazar la solicitud de amparo en aplicación de los criterios sobre la
materia expuestos en la jurisprudencia constitucional […]”.
11. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta y el señor Marcos
Neimar Vega Arrieta guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
12. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
sentencia de 17 de febrero de 2023, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo formulada por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, de
conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia […]”.
13. Consideró que:
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“[…] En el asunto bajo examen, si bien la demanda cuenta con una mínima carga
argumentativa y se identifican los defectos atribuidos a la decisión judicial –fáctico y
desconocimiento del precedente–, lo cierto es que la parte actora busca convertir este
mecanismo en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, simplemente porque no está de acuerdo con el resultado de la valoración de
las pruebas y la definición que del litigio hicieron los jueces de conocimiento.
Como se sabe, el juez constitucional no está instituido para actuar como superior
funcional de los jueces ordinarios, ni para realizar juicios de corrección de las
decisiones judiciales proferidas por estos, salvo casos excepcionalísimos, en los que
la discusión esté desprovista del cariz de debate de instancia adicional y envuelva
una verdadera duda sobre la vulneración de los derechos fundamentales.
El juez natural es una garantía del debido proceso que dimana del artículo 29
constitucional, en el que se consagra el derecho a ser juzgado «ante juez o tribunal
competente». Ello es así, porque la Constitución preserva la labor de cada autoridad
u organismo estatal, para evitar que otras usurpen o asuman funciones que no les
han sido encomendadas o que corresponden a otra entidad […]”.
[…]
“[…] De ello se deduce que la entidad demandante pretende continuar en la tutela el
debate desarrollado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
concretamente, la tesis que expuso en la contestación de la demanda y los
argumentos que soportaron la apelación, solo que ahora los presenta como defectos
contra providencia judicial, para reiterar su posición a lo largo de todo el proceso
fundada en que entre el señor Marcos Neimer Vega Arrieta y la Unidad de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas no existió una relación laboral, sino típicos
contratos de prestación de servicios profesionales. Dicha situación fue resuelta por el
juez natural con argumentos que, compártanse o no, están desprovistos de capricho
o arbitrariedad y dan respuesta a la situación jurídica planteada por los extremos de
la controversia judicial. Las razones que aduce la parte demandante en la tutela son
una reiteración de la apelación y una réplica contra la sentencia del tribunal que
confirmó la sentencia, como si se tratara de una instancia adicional habilitada para el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, a sabiendas de que esa no fue la
intención del legislador, ni la finalidad de este mecanismo constitucional. Con mayor
razón si, como se observa, el tribunal estudió los puntos sobre los cuales se desarrolló
la apelación, de los que se deduce un juicio de corrección respecto de la decisión del
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta, que, en su criterio, realizó
alusiones genéricas a las pruebas […]”.
La impugnación
14. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:
“[…] Ahora bien, en el caso bajo estudio, se observa claramente que el asunto afecta
el derecho fundamental al debido proceso de la UAEGRTD, puesto que, la indebida
valoración de las pruebas arrimadas al proceso, traen como consecuencia la
condena de emolumentos como prestaciones sociales, los cuales esta Unidad no
tiene el deber jurídico de sufragar habida cuenta de que, con el señor MARCOS
NEIMER VEGA ARRIETA, solamente se sostuvo una relación contractual, la cual
queda demostrada con los contratos de prestación de servicios anexos al
expediente de la presente acción. En tal medida, a juicio de la Unidad que
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represento es evidente que el pronunciamiento judicial objeto de censura, es de alta
relevancia constitucional, toda vez que, se trata de una sentencia de segunda
instancia, en la cual el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MAGDALENA confirmó la
sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA, a pesar de que dicha
providencia contiene defectos fácticos, que violentan de una forma gravosa el
derecho al debido proceso de esta Entidad […]”.
[…]
“[…] De igual manera, en la sentencia proferida por el accionado se configuró el
defecto fáctico en los errores en que incurrió el despacho judicial al valorar
equivocadamente los testimonios arrimados. En primer lugar, frente al testimonio
del señor NÉSTOR DAVID TERNERA FORERO no tuvo en cuenta que el mismo no
es útil ni pertinente para el proceso, toda vez que el señor solo acudía
ocasionalmente a las instalaciones de la Dirección Territorial Magdalena. En
segundo lugar, tuvo en cuenta el testimonio del señor DAVID FELIPE ROYO
ANAYA, a pesar de que esta persona carece de toda imparcialidad por cuanto
actualmente se encuentra en curso un proceso judicial contra la URT por las mismas
pretensiones.
A su vez, el despacho judicial accionado valoró equivocadamente las capturas de
pantalla de los correos electrónicos aportados por el demandante, toda vez que, en
ellos, lo que se expone es una simple relación de coordinación entre la UAEGRTD
y el señor MARCOS NEIMER VEGA ARRIETA, en calidad de contratista.
Por último, se debe tener en cuente que, las capturas de pantalla aportadas por el
demandante, no se aportaron con las ritualidades que la Ley 527 de 1996, exige
para la llamada prueba electrónica, circunstancia que debió ser validada por el juez
de primera y segunda instancia, a efectos de valorar la integridad y confiabilidad de
dichos elementos probatorios.
En atención a lo expuesto, es evidente que la UAEGRTD no pretende con la
interposición de la presente acción, afectar la competencia e independencia de los
jueces de instancia, por el contrario, lo que pretende es solicitar la protección de su
derecho fundamental al debido proceso, esto, en atención a los defectos que padece
la sentencia de 6 de julio de 2022 y al desconocimiento del precedente establecido
en la Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2 de 9 de septiembre de 2021, en lo
relacionado con que una jornada no implica que exista subordinación […]”.
[…]
“[…] En tal medida, no es clara la razón que motivó al a quo a obviar la jurisprudencia
que la UAEGRTD le señaló en el escrito de tutela, esto es: Sentencia SL4313-28 de
julio de 2021 de la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia SL350-
2022 de 16 de febrero de 2022 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia y Sentencia T-043 de 2020 […]”.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
15.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20212 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018 3 y con el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
17.En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.
18.Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
2 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso, procediendo posteriormente a iv) resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los
requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
19.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
20.Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
21.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
22.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.
23.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
24.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
25.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de la
relevancia constitucional.
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Acerca del requisito general de la relevancia constitucional
26.Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201410, al referirse al requisito general de relevancia constitucional, consideró lo
siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [12].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [13].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [14].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
10 Ut supra página 6.
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
12
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tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [17]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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27.De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró18:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”19
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”20
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
28.En ese orden de ideas, el requisito general de la relevancia constitucional se
acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se
involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor
en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial demandada
18 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
20 Ibidem.
14
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incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la afectación de los
derechos fundamentales.
29.Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202221
precisó, en relación con el alcance del requisito general de la relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
21 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
15
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pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
30.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
31.Atendiendo a que, la Corte Constitucional22 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
22 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
16
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garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Análisis del caso concreto
32.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
33.La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
34.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
34.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, el 6 de julio de 2022.
Solución del caso concreto
35.La actora en su escrito de tutela señaló lo siguiente23:
23
Transcripción literal de la solicitud del amparo.
17
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“[…] En la sentencia de segunda instancia proferida el 6 de julio de 2022, notificada
el 10 de octubre de 2022, por el Tribunal Administrativo de Magdalena, se confirmó
la sentencia de primera instancia, sosteniéndose que el señor MARCOS NEIMER
VEGA ARRIETA, cumplía horario y se encontraba subordinado ante la UAEGRTD.
No obstante, sostendrá que dicha conclusión es errónea. En la sentencia se lee:
"Testigo Néstor David Ternera Forero: Manifestó ser un abogado en ejercicio y
conocer al señor Neimer Vega Arrieta, además de litigar en el área del derecho
administrativo, tiene unos procesos en la Unidad de Restitución de Tierras, puesto
que, tiene unos clientes con predios, fincas en Chibolo, Sabanas de San Ángel, etc.
Y lleva asistiendo a la Unidad de Tierras Territorial Magdalena aproximadamente
desde el año 2017, y, que cuando acudía a solicitar información acerca de esas
procesos era el doctor Maros quien lo atendía y le daba información que él podría
brindarle. Manifestó que la atención era por turno y que había un letrero que indicaba
que el horario de atención era de ocho a una y de dos a cinco y que él asistía en
ese horario y siempre estaba el doctor Marcos Neimer Vega y otros compañeros
que ejercían esa función.”
Respecto a este testimonio, lo primero que debe señalarse es que el mismo no
cumple los requisitos de utilidad y pertinencia. En efecto, nótese que el señor
Ternera Forero, no labora ni ha laborado en la UAEGRTD, sino que este solamente
concurre a las instalaciones de la Unidad de manera ocasional para hacer
seguimiento a los procesos sobre los cuales funge como apoderado.
En ese orden de ideas, es claro que la narración realizada por el testigo Néstor David
Ternera Forero, NO puede dar cuenta verazmente de la existencia de los elementos
del contrato laboral, como es la continuada subordinación, puesto que este señor
como lo refiere su propio testimonio, solamente acudía a la UAEGRTD "a solicitar
información respecto de esos procesos", circunstancia por la cual su dicho
solamente se debe encontrar limitado a los instantes, en que concurrió a las
instalaciones de la UAEGRTD. Es decir, que su narración es segmentada y no
puede pronunciarse sobre aspectos como subordinación continuada, cumplimiento
de instrucciones u órdenes, y cumplimiento de horario de trabajo, toda vez que estos
para poder ser testigo de estos necesitaba haber estado presenciado dichos hechos.
Debe recordarse que el artículo 220 del. Código General del Proceso, estableció la
formalidad del interrogatorio de los testigos, en esta disposición, se señala que su
narración deberá estar delimitada a los hechos "que conozca o le conste". Es decir,
que, si no el testigo no conoce de ciertos hechos o no le consta, le está vedado
pronunciarse sobre los mismos, habida consideración que no puede atestiguar nada
sobre ellos […]”.
[…]
“[....] De otro lado, se recepcionó el testimonio del señor David Felipe Royo. En la
sentencia objeto de censura se citó este testimonio de la siguiente forma:
"Testigo David Felipe Royo: Indicó que, las funciones asignadas al demandante
consistían básicamente en atender al ciudadano en el área de atención al
ciudadano. También señaló que quien ejercía la supervisión de las funciones
desempeñadas por el accionante era la señora Sazkia Del Rio y que el veía
subordinación del accionante respecto de dicha funcionaria y del director territorial.
Dijo que por fuera de la sede de la entidad no podía accederse a las plataformas de
información de la entidad, las cuales debían ser consultadas constantemente para
ejercer cabalmente la función de atención al ciudadano, también señaló que no era
posible sacar información de la entidad para trabajar en otro sitio, porque era
información confidencial, y si se hacía se incurría en una falta y violación del acuerdo
18
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de confidencialidad. Finalmente, indicó que al accionante le signaron puesto de
trabajo, computador y demás elementos para ejercer sus funciones.”
Lo primero, que debe llamarse la atención es que dicho testimonio no cumple con el
elemento de imparcialidad del testimonio, el cual es necesario para la prueba
testimonial de conformidad con lo reglado en el artículo 211 del CGP.
Por este motivo, en la audiencia de pruebas celebrada el 2 de junio de 2021, la
apoderada de la UAEGRTD presentó tacha de sospecha del testimonio del señor
David Felipe Royo, puesto que el mismo presentó demanda por iguales
pretensiones contra la UAEGRID. En ese orden de ideas, se encuentra evidenciado
que existe una relación de interés que afecta el relato que brindó el señor David
Felpe Royo.
Bajo, esa mirada es deber del juez de segunda instancia que se pronunciara sobre
el motivo por el cual desecho la tacha solicitada por la apoderada de la UAEGRTD,
la cual se encuentra plenamente fundada y probada. Sobre este aspecto, se hizo
especial énfasis en el recurso de alzada, sin embargo, los argumentos de la
UAEGRTD no tuvieron ningún eco en la sentencia de segunda instancia,
circunstancia que censura en la presente acción de amparo constitucional […]”.
[…]
“[…] Desde la contestación de la demanda, se indicó que los contratos de prestación
de servicios No. 2249 de 2017, 258 de 2018 y 447 de 2019, fueron suscritos para
solventar necesidades distintas, de forma que no puede predicarse continuidad en
los mismos, toda vez que las obligaciones contractuales a satisfacer eran de
naturaleza disímil.
Sin embargo, el juez de primera y de segunda instancia, incurrieron en un defecto
fáctico al no valorar la no continuidad de las obligaciones desarrolladas por el señor
MARCOS NEIMER VEGA ARRIETA. En efecto nótese, que el Tribunal
Administrativo de Magdalena al emitir la sentencia de segunda instancia, no se
ocupó de discernir este aspecto, sino que se limitó a señalar que en el caso concreto
se encontraba “determinada la existencia de las órdenes y contratos de prestación
de servicios suscritos (…) y entrará a estudiar los elementos necesarios para
determinar si en efecto existió una relación laboral entre las partes”
Este punto merece especial atención, toda vez que en el recurso de alzada
presentado por la UAEGRID contra la sentencia de primera instancia proferida el 28
de julio de 2021 por el Juzgado 8° Administrativo del Circuito Judicial de Santa
Marta, se hizo énfasis en que se la citada providencia tenía como error equiparar las
obligaciones que se derivaban de los contratos 2249 de 2019 y 258 de 2018, que
versaban sobre atención al ciudadano, con las obligaciones descritas en el contrato
447 de 2019, cuyo objeto versaba sobre: "Elaborar actos administrativos frente a los
casos RUPTA asignados, para efectos del cumplimiento de la presente obligación,
se debe garantizar la proyección de por los menos quince actos administrativos y
cinco de trámite mensuales o su equivalente en decisiones de fondo"
Bajo esa mirada, es latente que las actividades contractuales destinadas para el
funcionamiento del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente
(RIDAF) y el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA), son
distintas. En ese orden de ideas, es claro que el juicio que se adelante sobre la
existencia de los elementos de la relación laboral respecto de un contrato concreto,
como son los contrato No 2249 de 2017 y No. 258 de 2018, no pueden predicarse
per se sobre contrato No 447 de 2019 en el que desarrolló actividades relacionadas
con el Rupta Anexo 11, las cuales se iteran son de naturaleza distinta a la atención
al ciudadano frente a los procesos de restitución de tierras.
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Sobre este punto, no cabe duda de que las obligaciones realizadas por el hoy
accionante fueron distintas en los precitados contratos, nótese que así quedo
estipulado textualmente en los contratos suscritos precitados, y es reconocido en
forma expresa por la parte actora en los hechos del 1 al 15 de la demanda, en los
que narra los distintos contratos de prestación de servicios suscritos con la
UAEGRTD
En ese orden, de ideas se encuentra evidenciado el error en que incurrió el juez de
segunda instancia, quien realizó un estudio del material probatorio como si siempre
el señor MARCOS NEIMER VEGA ARRIETA, hubiere desarrollado para la
UAEGRID las mismas obligaciones, circunstancia que claramente no ocurrió en el
presente asunto.
De otro lado, tal como se expuso en los pasados apartados, lo que se encuentra en
la narración realizada por los testigos, así como lo correos electrónicos aportados,
es una relación netamente de coordinación entre la UAEGRID y el señor MARCOS
NEIMER VEGA ARRIETA […]”.
[…]
“[…] En consideración de la UAEGRTD, existe dentro del plenario vastos elementos
probatorios de índole documental, allegados por el mismo accionante, que, bajo el
principio de la comunidad de la prueba, deben ser examinados, y en los cuales es
visible la existencia de una relación coordinada entre la UAEGRTD y el señor
MARCOS NEIMAR VEGA ARRIETA. Entre estas pruebas, nos permitimos citar las
siguientes:
• Correo titulado "APOYO PARA CONTESTAR SOLICITUD DE
INFORMACIÓN REALIZADA POR LA POLICIA NACIONAL" remitido desde
la cuenta del Dr. Jorque Enrique Perdomo Chaves al señor Marcos Neimer
Vega Arrieta, en este se lee:
"Estimados prontamente busquen la manera de responder el punto 7"
• Correo titulado "INFORME DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
ADQUIRIDOS SOBRE PORS" remitido desde la cuenta del Dr. Jorque
Enrique Perdomo Chaves al señor Marcos Neimer Vega Arrieta, en este se
lee:
"Gracias Marcos, Sazkia por favor apoyar lo solicitado por maros. Marcos en
correo separado te remito en unos minutos varias PORS firmadas que me
habías enviado previamente. Mañana me buscan en la oficina y miramos que
queda pendiente"
• Correo titulado "2 Respuesta PQRS MAGDALENA" remitido desde la cuenta
del Dr. Jorque Enrique Perdomo Chaves al señor Marcos Neimer Vega
Arrieta
"Marcos hola. Envío dos respuestas a PORS revisadas y firmadas. Por favor
den salida. Saludos"
.
• Correo titulado Alerta Semanal PORS 2018-MAGDALENA" remitido desde
la cuenta del Dr. Jorque Enrique Perdomo Chaves al señor Marcos Neimer
Vega Arrieta
"Sazkia, Diego y Marcos: Por furor darle una mirada a este repone y
gestionar las acciones de mejora pertinente y las acciones para ponernos al
día"
• Correo del 22 de febrero de 2018, proferido de la cuenta de Jorque Enrique
Perdomo Chaves al señor Marcos Neimer Vega Arrieta,
"Sazkia y marcos, reenvío alerta de PORS. Por favor hacer seguimiento.
Quedo atento"
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• Correo enviado 02 de mayo de 2018 por la Dra. Sazkia del Río Vega al correo
a Marcos Neimar Vega Arrieta, en el que enuncia:
"Reitero la directriz de acuerdo con el procedimiento, para futuras respuestas
similares*
• Correo del 02 de mayo de 2018, remitido por la Dra. Sazkia del Río Vega al
correo a Marcos Neimer Vega Arrieta, en el que enuncia:
"Favor revisar puesto que el radicado de la referencia fue asignado el 15-04
como lo muestra el correo que antecede (radicado en Barranquilla), y es la
misma solicitud de información de la PGN a los desistimientos a la cual se le
dio entrada con radicado DTMS1-201800960 aquí en Santa Marta. De la
respuesta veo que solo se relacionó el segundo radicado. Si bien somos 3
oficinas, existe una sola territorial. Verifiquemos para relacionar los 02
radicados y volver a pasar para la firma"
• Correo titulado "Información operación canales de atención y tipificaciones
PORS, remitido por la Dra. Sazkia del Río Vega al correo a Marcos Neimer
Vega Arrieta, en la que señala:
"Buenas tardes: Remito para su conocimiento y fines, información remitida
por la secretaria general sobre el procedimiento para PORS"
• Correo titulado "LINEAMENTOS DE RESPUESTA PROCURADURÍA
DELEGADA PARA ASUNTOS AGRARIOS"
“Buenas tardes, Manos: Desde la Dirección Jurídica ya fue remitido el
lineamiento para dar respuesta a la solicitud de la procuraduría. Favor
proyectar la respuesta acorde al mismo"
• Correo del Dr. Jorge Chaves Perdomo titulado "SOLICITUD DE
INFORMACIÓN", remitido al señor Marcos Neimer Vega Arrieta
“Marcos por favor radicar esta petición que ha llegado a mi correo, y darle el
trámite de PQRS, Juan Carlos revisar con mucha atención sobre
afectaciones”.
En vista de lo anterior, el intercambio de correos electrónicos citados con
anterioridad no deja ver otra distinta a una coordinación de actividades entre
supervisor y el entonces contratista MARCOS NEIMER VEGA ARRIETA, sin decaer
en la supuesta subordinación que se alegó en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
En ese contexto, la valoración de los correos electrónicos traídos como elementos
materiales probatorios debió ser objetiva y ajustada a la realidad, reiterándose que
dicha situación bajo ninguna modalidad implica considerar la existencia de órdenes
de trabajo, instrucciones irrestrictas para cumplirse por el señor MARCOS NEIMER
VEGA ARRIETA, al punto que, inclusive, se prueba con suficiencia la autonomía y
libertad administrativa para proyectar respuestas a la PORSD en los términos que
el profesional MARCOS NEIMER VEGA ARRIETA estimara convenientes […]”.
[…]
“[…] Desconocimiento del Precedente judicial
La Sección Cuarta del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo,
consejero Ponente JORGE OCTAVIO RAMIREZ. RAMIREZ Bogotá D.C., en
sentencia de tutela del 11 de mayo de 2016). Señaló que este defecto se configura
cuando concurren los siguientes elementos:
"(i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica
y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia del precedente); (ii)
que tales decisiones (precedentes) eran vinculantes para la autoridad judicial
demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la juerga vinculante
suficiente (precedente vinculante); (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en
sede de tutela es contraria al precedente vinculante (contradicción con el precedente
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vinculante). (iv) y que el juez de instancia no presentó una justificación razonable
para apartarse del precedente vinculante (inexistencia de justificación razonable
para separarse del precedente). Se considera que el cargo por desconocimiento del
precedente no tiene vocación de prosperidad".
La sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal de Magdalena tuvo en
cuenta las simples impresiones de pantalla como prueba electrónica al señalar en
la parte motiva de la sentencia que: "la asistencia obligatoria a reuniones u otros
actos misionales de la entidad según se leen los mensajes de datos remitidos vía
correos electrónicos"; es decir, el Despacho Judicial en cita dio valor probatorio
desproporcionado y equivocado toda vez que dicha información no fue contrastada
con los otros elementos de prueba obrantes en el expediente judicial, y menos aún
con las apreciaciones reiteradas desde la contestación de la demanda, alegatos y
recursos propuestos por parte de la UAAEGRID, en el sentido que dicha información
no es demostrativa automática de los elementos propios de un contrato de trabajo.
Ahora bien, recuérdese que la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, en
sentencia SL4313-28 de julio de 2021, examinando el recurso de casación
interpuesto por CARMEN HELENA GAITAN CORDOBA, contra la sentencia
proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el
25 de octubre de 2017, en el cual, se solicita se declare la existencia de un contrato
de trabajo, se señaló:
“(…) en relación con su capacidad probatoria y, en relación con su autoría y certeza,
la Sala acoge los presupuestos exigidos en la Ley 527 de 1999, como se reitera en
reciente decisión CSJ SL728-2021, en la cual se estableció que:
Sobre el tema de valoración de los correos electrónicos, esta Sala en la Sentencia
CSJ SL 18 ago. 2010, rad 36672, sostuvo:
Para que los correos electrónicos puedan ser estudiados en casación se debe tener
certeza de su autoría atendiendo los protocolos establecidos en la Ley 527 de 1999
Así lo enseñó esta sala en la sentencia con radicado 34559 de 2009:
"Sobre estos documentos precisa la Corte, que si bien es cierto la Ley 527 de 1999
reconoce a los mensajes de datos admisibilidad como medio de prueba, así como
fuerza demostrativa, y que la jurisprudencia ha admitido que el documento
electrónico “Es equivalente al documento escrito"-sentencia de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia de 7 de febrero de 2008, rad. N.° 2001-06915-
01, también lo es que para que pueda ser tenido como medio calificado para efectos
de la casación del trabajo, se debe tener certeza sobre su autenticidad con el
cumplimiento de los protocolos establecidos en la misma Ley consistentes en la
prueba técnica que avale o certifique su proveniencia y permita identificar al
iniciador, o la aceptación de este sobre la autoría del documento g su contenido
como lo prevé el artículo 7º de la Ley 527 en comento.
(CSJ SL 3326-2019, CSJ SL464-2020, CSI SL.3591-2020).”
En vista de lo anterior, según la corriente jurisprudencial vigente hasta este
momento, es claro que las capturas de pantalla, chat, copias de correos electrónicos
y entre otros elementos de la misma naturaleza, por supuesto tienen probatoria; sin
embargo, dicho carácter - fuerza probatoria - es reducido cuando no se contrastan
con otros elementos de pruebas obrantes en el acervo probatorio como bien ocurrió
en el presente caso por parte de la magistratura de conocimiento.
Cabe señalar, que esta posición fue reiterada mediante sentencia de casación
SL350-2022 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia del 16 de febrero de 2022, donde desató el recurso de casación interpuesto
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por YAESDA SAS, ELOSE SAS y VYTALYA SAS, contra la sentencia proferida por
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C, el 7 de
mayo de 2019, en la cual solicitaba se declarará la existencia de un contrato de
abajo.
Debe resaltarse, que estos precedentes son claramente aplicables por cuanto el
objeto de la controversia el radicado No. 47-001-3333-008-2019-00247-01 que se
tramitó en primera instancia ante el Juzgado 8 Administrativo Oral del Circuito de
Santa Marta, y en segunda instancia ante el Tribunal Administrativo del Magdalena,
era la declaratoria de un contrato realidad, para lo cual se allegaron impresiones de
pantalla de mensajes de datos, los cuales como lo destaca la jurisprudencia, no son
pruebas fundantes irrestrictas para haber demostrado los elementos propios de un
contrato de trabajo […]”.
36. De igual manera, la actora en su escrito de impugnación adujo lo siguiente:
“[…] Ahora bien, en el caso bajo estudio, se observa claramente que el asunto afecta
el derecho fundamental al debido proceso de la UAEGRTD, puesto que, la indebida
valoración de las pruebas arrimadas al proceso, traen como consecuencia la
condena de emolumentos como prestaciones sociales, los cuales esta Unidad no
tiene el deber jurídico de sufragar habida cuenta de que, con el señor MARCOS
NEIMER VEGA ARRIETA, solamente se sostuvo una relación contractual, la cual
queda demostrada con los contratos de prestación de servicios anexos al
expediente de la presente acción. En tal medida, a juicio de la Unidad que
represento es evidente que el pronunciamiento judicial objeto de censura, es de alta
relevancia constitucional, toda vez que, se trata de una sentencia de segunda
instancia, en la cual el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MAGDALENA confirmó la
sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA, a pesar de que dicha
providencia contiene defectos fácticos, que violentan de una forma gravosa el
derecho al debido proceso de esta Entidad […]”.
[…]
“[…] De igual manera, en la sentencia proferida por el accionado se configuró el
defecto fáctico en los errores en que incurrió el despacho judicial al valorar
equivocadamente los testimonios arrimados. En primer lugar, frente al testimonio
del señor NÉSTOR DAVID TERNERA FORERO no tuvo en cuenta que el mismo no
es útil ni pertinente para el proceso, toda vez que el señor solo acudía
ocasionalmente a las instalaciones de la Dirección Territorial Magdalena. En
segundo lugar, tuvo en cuenta el testimonio del señor DAVID FELIPE ROYO
ANAYA, a pesar de que esta persona carece de toda imparcialidad por cuanto
actualmente se encuentra en curso un proceso judicial contra la URT por las mismas
pretensiones.
A su vez, el despacho judicial accionado valoró equivocadamente las capturas de
pantalla de los correos electrónicos aportados por el demandante, toda vez que, en
ellos, lo que se expone es una simple relación de coordinación entre la UAEGRTD
y el señor MARCOS NEIMER VEGA ARRIETA, en calidad de contratista.
Por último, se debe tener en cuente que, las capturas de pantalla aportadas por el
demandante, no se aportaron con las ritualidades que la Ley 527 de 1996, exige
para la llamada prueba electrónica, circunstancia que debió ser validada por el juez
de primera y segunda instancia, a efectos de valorar la integridad y confiabilidad de
dichos elementos probatorios.
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En atención a lo expuesto, es evidente que la UAEGRTD no pretende con la
interposición de la presente acción, afectar la competencia e independencia de los
jueces de instancia, por el contrario, lo que pretende es solicitar la protección de su
derecho fundamental al debido proceso, esto, en atención a los defectos que padece
la sentencia de 6 de julio de 2022 y al desconocimiento del precedente establecido
en la Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2 de 9 de septiembre de 2021, en lo
relacionado con que una jornada no implica que exista subordinación […]”.
[…]
“[…] En tal medida, no es clara la razón que motivó al a quo a obviar la jurisprudencia
que la UAEGRTD le señaló en el escrito de tutela, esto es: Sentencia SL4313-28 de
julio de 2021 de la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia SL350-
2022 de 16 de febrero de 2022 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia y Sentencia T-043 de 2020 […]”.
37. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por la actora ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad accionada
incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.
38. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate estrictamente
legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.
39.Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de lo
Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
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connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se
“[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
40. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
41. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora enuncia la
trasgresión del derecho fundamental indicado supra, esa presunta afectación tiene
su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.
Conclusiones de la Sala
42.Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 17
de febrero de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 17 de febrero de 2023 proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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