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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00243-01

Fecha
4 de mayo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
2 providencias

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00243-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

4 de mayo de 2023

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Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01
Demandante: Alexis Camargo Toloza

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00243-01
Demandante: Alexis Camargo Toloza y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar

Temas: Tutela contra providencia judicial que resolvió una solicitud referida
al trámite de un recurso de súplica / defecto decisión sin motivación
/ independencia y autonomía del juez natural

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
del Consejo de Estado, Sección Primera, proferida el 16 de febrero de 2023, que
declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
los señores Alexis Camargo Toloza, quien actúa en nombre propio y en el de sus
menores hijas MCCG y MdelCCG; Dany Isabel Ospino Carreño y Sofía Azanet Olivero
González, por intermedio de apoderado, promovieron demanda en orden a que se les
tutelen los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia.

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Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01
Demandante: Alexis Camargo Toloza

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron lo siguiente:

«PRIMERA: Que se ordene la protección de los derechos fundamentales al Debido
Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia de los accionantes y vista de que
el expediente correspondiente al trámite del recurso de apelación en contra del auto
del 28 de Noviembre emitido por el Juzgado Sexto Administrativo de la ciudad de
Valledupar debió haber sido devuelto a dicha célula judicial por el Tribunal
Administrativo del César, se solicita se ordene al mencionado Juzgado a que devuelva
de forma inmediata el mismo a la corporación mencionada, si no ha sido asi se ordene
entonces a la mencionada Corporación se abstenga de hacerlo.-

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración y una vez surtido lo
anterior se ordene al Tribunal Administrativo del César a recibir y tramitar de fondo el
recurso de súplica interpuesto por los señores Alexis Camargo y Otros a través de
apoderado el día 5 de marzo del año 2020.

TERCERA: Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene al Tribunal
Administrativo del César a que dentro del trámite del recurso de súplica interpuesto por
los accionantes el 5 de marzo del año 2020, proceda a ponerlo en conocimiento de un
Magistrado Ponente alterno que no hubiera integrado la Sala de Decisión que tramitó
el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión del 28 de noviembre de
2018 emitido por el Juzgado Sexto Administrativo; por lo que si en el evento no se
cuenta con Magistrado Ponente Alterno que no cumpla tales características, se ordene
nombrar un Juez Ad Hoc o Conjuez para que resuelva de fondo el mencionado recurso
de súplica.

CUARTA: Que una vez cumplido el fallo de tutela que concede la acción de tutela, el
accionado proceda a enviar a esta Honorable Corporación todos los documentos que
acrediten el cumplimiento de la misma». (sic en toda la cita)

1.1.2. Los hechos

Los accionantes, en síntesis, narraron como hechos de tutela, los siguientes:

i) Instauraron el medio de control de reparación directa contra el Instituto Nacional
de Vías —INVIAS— y la Concesionaria Ruta del Sol, bajo el radicado 20001 3333 006
2015 00477 00, cuyo conocimiento en primera instancia correspondió al Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar.

ii) El 28 de noviembre de 2018 se celebró la audiencia inicial en la que se resolvió
declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

iii) El 5 de marzo de 2020 se confirmó la anterior decisión por el Tribunal
Administrativo del Cesar.

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Demandante: Alexis Camargo Toloza

iv) El apoderado de la parte activa interpuso recurso de súplica contra la anterior
providencia, el cual fue rechazado mediante auto proferido el 30 de junio de 2021, en
el que además se ordenó la devolución del expediente al despacho del ponente a quo.

v) La parte demandante asumió que «esta última expresión iba dirigida a que el
Magistrado que lo recibía debería haber atendido la consideración realizada referente
al impedimento que el mencionado encontró configurado y procedería a repartirlo a un
Magistrado que no hubiera integrado la Sala de Decisión de la que hicieron parte tanto
del Dr. CASTAÑEDA como el Dr. GUECHÁ MEDINA, o en el evento de no contar con
un Magistrado alterno, se hubiera nombrado un Conjuez que resolviera el recurso de
súplica» (sic en todo el texto).

vi) El 7 de octubre de 2021, la nueva titular del despacho sustanciador, profirió un
auto en el que ordenó remitir el expediente al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Valledupar, al considerar que el recurso de súplica había sido resuelto por su
antecesor «sin hacer mayor consideración, es decir sin haber tenido en cuenta las
motivaciones del mencionado Magistrado».

vii) El apoderado de la parte actora, mediante memorial advirtió al despacho de
conocimiento que la providencia antes mencionada, no tuvo en cuenta que el
magistrado que profirió el auto del 30 de junio de 2021 «en ningún momento rechazó
de plano el recurso de súplica, dado que este lo que hizo fue declararse impedido
legalmente para conocerlo por haber integrado la Sala de Decisión que en su momento
tramitó el recurso de apelación y que al encontrar configurado el impedimento
contemplado en la causal de procedencia del recurso de súplica establecida en el
artículo 246 del C.P.A.C.A., lo rechazó ordenando remitir el expediente al Magistrado
que había conocido del recurso de apelación “para lo de su cargo”»; por tanto, lo
procedente era la designación de un conjuez, o, en su defecto, que lo hubiera resuelto
la nueva juez colegiada.

viii) El 20 de octubre de 2021 el Tribunal Administrativo del Cesar devolvió el
expediente al juzgado de origen.

ix) Los accionantes interpusieron la acción de tutela 11001-03-15-000-2021-
10499-00, por la presunta vulneración generada con la falta de trámite del recurso de

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Demandante: Alexis Camargo Toloza

súplica por parte del Tribunal Administrativo del Cesar, que fue resuelta por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, el 4 de febrero de 2022, en el sentido de
declarar la carencia de objeto por haberse configurado un hecho superado, teniendo
en cuenta que la corporación accionada había solicitado la devolución del expediente
para efectuar el respectivo pronunciamiento.

x) El apoderado de los demandantes «bajo la convicción de que para ese
momento estaba en trámite el estudio del recurso de súplica, radicó un nuevo escrito
ante el Despacho de la Doctora ALVAREZ (sic) ARAUJO en el que planteaba unos
argumentos jurisprudenciales sobre la procedencia de tal medio»; sin embargo, el 22
de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró improcedente las
solicitudes planteadas, bajo el argumento de que el auto del 30 de junio de 2021 sí
había sido resuelto el recurso de súplica, en el sentido de rechazarlo, decisión que se
encontraba ejecutoriada y, por tanto procedía la devolución del proceso al juez de
primera instancia, para que siguiera su curso.

1.1.3. Los defectos invocados

La parte accionante, indicó que la providencia cuestionada tuvo por resuelto el recurso
de súplica interpuesto por su apoderado, sin efectuar una debida justificación, pues se
limitó a decir que la decisión había sido tomada en Sala y ese medio de impugnación
solo procede contra los autos dictados por el magistrado ponente, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 246 de la Ley 1437 de 2011; aunado a que la providencia que
fue apelada, al declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, puso fin al medio de control de reparación directa.

Además, en ningún momento toca el asunto de fondo pese a que el recurso de súplica
fue interpuesto contra el auto que resolvió el recurso de apelación, es decir, no se
refirió a los argumentos que dieron sustento para su ejercicio, dado que solo se
adujeron las «circunstancias que le impedían tramitarlo».

Tampoco se «dejó establecido que las razones del rechazo obedecían a causa o
circunstancia alguna atribuida al solicitante, las observaciones del mismo fueron del
orden procesal, pues quien lo emite logra verificar la configuración de un impedimento

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legal que no le permite siquiera conocer el asunto por haber sido parte de la Sala que
tomó la decisión objeto del recurso de súplica».

Asimismo «el Doctor Güechá Medina no especificó cual sería la carga de Castañeda
Daza, porque ello era fácil inferirlo de las conclusiones expuestas en el auto
mencionado, pues en virtud de garantizar el acceso efectivo y real al Derecho al Debido
Proceso (sic) del accionante, no se podía dejar en el aire el trámite sustancial del
recurso de súplica»; por tanto el magistrado debió dejar la respectiva constancia para
que se procediera la designación de un conjuez que resolviera el asunto «y no haberlo
devuelto».

1.2. Actuación procesal

1.2.1. Mediante auto del 24 de enero de 2023, el ponente sustanciador admitió la
acción de tutela y, dispuso notificar como demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Cesar. Como terceros interesados en las resultas del proceso,
vinculó a la Nación, Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías —INVIAS—
y a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Del Tribunal Administrativo del Cesar

La magistrada Doris Pinzón Amado intervino en condición de presidente de la
corporación y solicitó, negar la acción de tutela, en atención a que las providencias
proferidas por ese tribunal no son constitutivas de vías de hecho judicial, comoquiera
que se fundaron en las normas jurídicas aplicables y en ejercicio de la autonomía del
juez natural.

1.4. Intervenciones

1.4.1. Del Instituto Nacional de Vías —INVIAS—

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El abogado José Fernando Medina Sierra, como apoderado del INVIAS peticionó, por
un lado, desvincular a la entidad del trámite tutelar por carecer de legitimación en la
causa por pasiva, por cuanto, frente a la solicitud de amparo deprecada, no existe
ningún tipo de vínculo o interés jurídico; y por otro, decretar la temeridad de la parte
accionante, en atención a que «este caso había sido objeto de estudio de una tutela
anterior».

1.4.2. Los demás vinculados guardaron silencio durante el término de traslado de la
acción de tutela, pese a haber sido notificados en debida forma.

1.5. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 16 de febrero de 2023,
negó la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva
presentada por el Instituto Nacional de Vías —INVIAS— y declaró improcedente la
solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional, al considerar, en lo
fundamental, lo siguiente:

i) En cuanto a la solicitud de desvinculación en el trámite de la acción de tutela elevada
por INVIAS, precisó que no es posible acceder a ello, en tanto que figuró como
demandada en el proceso en el que se profirió la decisión reprochada y, por tanto, le
asiste interés en las resultas de la controversia.

ii) Los argumentos que los accionantes plantearon como fundamento de la presunta
vulneración de los derechos deprecados, contienen serias deficiencias justificativas y
argumentativas que imposibilitan al juez constitucional realizar un estudio de fondo de
la solicitud de amparo, en la medida que a) se limitan a realizar una serie de
aseveraciones subjetivas que, de ninguna manera ponen de relieve una afectación de
garantías fundamentales y b) evidencian un inconformismo con lo decidido por el juez
natural de la causa.

1.6. impugnación

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La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó su revocatoria,
para que, en su lugar, se ordene la protección de los derechos fundamentales de los
accionantes y, por ende, se acceda a la solicitud de amparo. Como sustento de la
inconformidad refirió, en síntesis, lo siguiente:

i) El contexto de la sentencia SU 215 de 2022, citada por el a quo, está enfocado
a acciones de tutela contra providencias judiciales proferidas por las altas cortes como
órganos de cierre, en donde se requiere una argumentación cualificada sobre los
requisitos de procedencia. Por tanto, lo dicho por aquel no se ajusta a lo establecido
en el citado precedente jurisprudencial, pues lo referido en los hechos plasmados en
el escrito de tutela, tuvieron como objeto hacer un recuento de las circunstancias que
dieron origen a la vulneración alegada.

Lo anterior para evidenciar que el proceso de reparación directa fue terminado de
forma anormal, en tanto que, omitió surtir una etapa procesal sin consideración alguna
y, en consecuencia, al ordenarse la devolución del expediente al juzgado de origen,
fueron afectadas las garantías fundamentales deprecadas por los accionantes.

ii) No se acude al juez de tutela para que intervenga en la interpretación efectuada por
el Tribunal Administrativo del Cesar, sino con el objeto de hacer valer el derecho
fundamental al debido proceso que le asiste a los accionantes y, por tanto, se practique
la etapa procesal omitida por dicha corporación; situación que «no es de poca
consideración» y, por ende, la mentada acción cuenta con suficiente relevancia
constitucional.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el

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magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Primera, de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

Teniendo en cuenta que la decisión del a quo respecto a la no desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva de INVIAS, contemplado en el ordinal primero
de la sentencia del 16 de febrero de 2023 no fue objeto de reproche en el escrito de
impugnación, la Sala se referirá a solamente a las inconformidades expuestas, frente
al ordinal segundo de la mencionada providencia.

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la providencia del 22 de septiembre de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del medio de control
de reparación directa radicado 20001-33-33-006-2015-00477-01. En caso afirmativo,
se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia fueron
vulnerados los derechos fundamentales a al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de los accionantes.

2.4. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12
y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales

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ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional, en Sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la
autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por
la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad,
de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la
acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no
puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este entendido, la jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia
C-590 de 20052, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que
hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada
la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
infracción como los derechos afectados y que hubiere alegado tal desconocimiento en

1
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de
sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente
y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de
naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas
que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material
o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el
hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al
menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 20123, unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la
ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 20144 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de
inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra la providencia expedida por el Tribunal Administrativo
del Cesar, del 22 de septiembre de 2022 en el medio de control reparación directa
radicado 20001-33-33-006-2015-00477-01

3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
4
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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2.5.1. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela
guardan coherencia lógica y temporal.

2.5.2. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela,
en tanto que la decisión censurada fue proferida en el trámite de un recurso de súplica
en el medio de control de reparación directa.

2.5.3. Se presentó con inmediatez. Sobre el particular es preciso indicar que, la parte
accionante, tanto en el escrito de tutela como en la impugnación, cuestiona lo resuelto
en la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del César el 30 de junio de
2021, que rechazó el recurso de súplica interpuesto por la parte demandante contra el
auto del 5 de marzo de 2020, frente a la cual no es posible que el juez de tutela efectúe
un pronunciamiento, en razón a que no satisface los parámetros fijados por la Sala
Plena del Consejo de Estado, sobre el término para el ejercicio oportuno de la acción
de tutela.

Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto al auto del 22 de septiembre de 2022,
comoquiera que el mecanismo de amparo fue interpuesto el 20 de enero de 2023 5,
esto es, sin sobrepasar los seis meses previstos por la jurisprudencia constitucional
para el efecto. De tal forma que el análisis que más adelante efectuará la Sala se
suscribirá a la decisión judicial que cumple con el mencionado requisito.

2.5.4. El asunto tiene relevancia constitucional. En ese sentido y a diferencia de lo
señalado por la primera instancia, la invocada protección a los derechos
fundamentales a al debido proceso y al acceso a la administración de justicia fueron
justificados razonablemente por el accionante, para evidenciar una posible restricción
desproporcionada respecto de dichas garantías por parte de la autoridad judicial, que
permiten considerar que se cumple con este presupuesto respecto de las presuntas
vías de hecho alegadas.

2.5.5. Se agotaron los medios de defensa judicial: comoquiera que contra la
providencia objeto de la acción de tutela no proceden otros medios ordinarios de

5 De acuerdo con el sistema de consulta de procesos judiciales SAMAI, la acción de tutela fue radicada

a través de correo electrónico el 20 de enero de 2023.

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defensa ni las causales especiales para la instauración del recurso extraordinario de
revisión.

2.6. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la
providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de
procedibilidad del amparo6 contra providencias judiciales, es decir, que la
actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos:
a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el
defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; d) el defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) el error
inducido, que ocurre cuando el juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) la decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional; g) el desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado; y, h) la violación directa de la Constitución, que se predica cuando, de
manera ostensible y flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados
recogidos en la carta política.

6 Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas

de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales.

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Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01
Demandante: Alexis Camargo Toloza

Como se observa, a pesar de que en cada caso se confirme la procedencia general
de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y
vicios mencionados, pues lo que subyace en la acción es la censura de una decisión
judicial, cuya modificación implicaría alterar el principio constitucional de la seguridad
jurídica.

En el presente asunto, pese a que la parte accionante no formula concretamente
alguna de las causales de procedibilidad, de las inconformidades expresadas en el
escrito de tutela respecto de la providencia del 22 de septiembre de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo del Cesar, se puede determinar que lo alegado se adecua al
defecto decisión sin motivación. En este orden de ideas y con la finalidad de determinar
la procedibilidad del amparo y la consiguiente tutela o no, de los derechos
fundamentales invocados por los tutelantes, la Sala hará el análisis del caso con
fundamento en los hechos probados y el marco normativo y jurisprudencial de la
aludida vía de hecho.

2.7. Hechos probados

2.7.1. El 29 de noviembre de 2021 los accionantes interpusieron acción de tutela que
fue conocida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, bajo el
radicado 11001-03-15-000-2021-10499-00, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, ante la
omisión del trámite del recurso de súplica interpuesto el 5 de marzo de 2020 y la
petición del 12 de octubre de 2021.

2.7.2. El 4 de febrero de 2022 se profirió sentencia en la que las peticiones anteriores
fueron decididas, en el sentido de declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado «toda vez que la autoridad accionada solicitó la devolución del expediente
ante el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Valledupar en aras de dar trámite a la
solicitud de la parte actora presentada el 12 de octubre de 2021 en la que pide resolver
el recurso de súplica, actuación que se llevó a cabo el 13 de diciembre de la misma
anualidad y a la fecha, acorde con la información que reposa en la página de consulta

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Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01
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procesos de la Rama Judicial, se encuentra en el despacho de la magistrada María
Luz Álvarez pendiente de decisión».

Para el efecto tuvo como sustento fáctico el siguiente:

«3.1.- El 28 de julio de 2013, se presentó un accidente automovilístico en la vía que
conduce de San Roque (Antioquia) a Bosconia (Cesar), en el kilómetro 75 +200, en el
que fallecieron los señores Dexi Rosa Gutiérrez Puello y Alveiro Gutiérrez Mantilla, e
igualmente, resultaron gravemente heridas las señoras Sofia Azanet Olivero González
y Dany Isabel Ospino Carreño.

3.2.- En virtud de lo anterior, las víctimas y sus familiares, presentaron demanda de
reparación directa contra el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías
(INVIAS) y la Concesionaria Ruta del Sol, a fin de que fueran declaradas administrativa
y patrimonialmente responsables de los perjuicios sufridos en virtud del trágico
accidente de tránsito y, en consecuencia, resarcieran los diversos daños materiales y
morales. Lo anterior, al considerar que la causa eficiente del accidente fue “la omisión
administrativa consistente en la falta de iluminación artificial, sin demarcación vertical
ni horizontal, ni señalización en el lugar del siniestro”.

3.3.- El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Sexto Administrativo Oral
de Valledupar, que en Acta No. 320 de audiencia inicial celebrada el 28 de noviembre
de 2018, declaró probada la falta de legitimación por pasiva propuesta por los
apoderados de la Nación – Ministerio de Transporte, INVIAS y la Concesionaria Ruta
del Sol y, en consecuencia, las desvinculó del proceso, ordenando el archivo del
proceso. En lo que respecta al Ministerio de Transporte, expuso que no se advirtió
participación alguna de dicha entidad en los hechos que dieron origen en la demanda,
pues no fue quien suscribió el Contrato de Concesión 007/2010 – Ruta del Sol – Sector
3 con YUMA CONCESIONARIA S.A., en adición a que, acorde con el Decreto 2171 de
1992 y la Ley 64 de 1067, las funciones de construcción, conservación y mantenimiento
de carreteras fueron asignadas al INVIAS.

3.3.1.- En consecuencia, al analizar la vinculación del INVIAS al asunto, determinó que
también carecía de legitimación en la causa por pasiva, pues para la época de los
hechos la vía nacional donde ocurrió el accidente hizo parte de la infraestructura vial
entregada al INCO, hoy ANI, para ser afectada al Contrato de Concesión No. 007-2010,
suscrito entre este último con YUMA CONCESIONARIA S.A., tal como se acredita en
el “ACTA DE ENTREGA DE UNA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL INVIAS AL INCO,
PARA HACER AFECTADA AL CONTRATO DE CONCESIÓN 007/2010 SUSCRITO
ENTRE EL INCO Y YUMA CONCESIONARIA S.A.”

3.3.2.- Por último, frente a la Concesionaria Ruta del Sol, el A quo determinó que debía
ser desvinculada del proceso, toda vez que, como se dijo previamente, el sitio donde
ocurrió el accidente, esto es, la “Vía San Roque- Bosconia Km 75+220”, fue un tramo
de la vía entregada en concesión al INCO (ANI) y a YUMA CONCESIONARIA S.A.

3.4.- Contra la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido en la misma diligencia en el efecto suspensivo ante el Tribunal
Administrativo del Cesar. Es así como, el 14 de diciembre de 2018, tal como consta en
informe secretarial, el asunto pasó al despacho del Magistrado Óscar Iván Castañeda
Daza.

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3.5.- El 5 de marzo de 2020, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la decisión
del A quo, en atención a que, contrario a lo que consideraba la parte actora, acorde con
el Decreto 2171 de 1992, las funciones de construcción, conservación, mantenimiento
y señalización vial eran propias del INVIAS, lo que descarta la legitimación del
Ministerio de Transporte en la controversia. En consecuencia, y al estar acreditada la
falta de vinculación del Ministerio de Transporte con los hechos objeto de litigio,
determinó que procedía la aplicación de esta excepción como previa, y no como de
fondo.

3.6.- Ante la determinación adoptada por el Ad quem, el mismo 5 de marzo de 2020, la
parte demandante interpuso recurso de súplica, alegando la presunta violación a su
derecho fundamental al debido proceso, toda vez que, la decisión adoptada por el
Juzgado Sexto Administrativo Oral de Valledupar y confirmada por el Tribunal, no tuvo
en cuenta que, en escrito de reforma a la demanda, admitido en el año 2016, se incluyó
la vinculación de los litisconsortes necesarios ANI y YUMA CONCESIONARIA S.A.,
desconociendo lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencia del 3 de mayo de
2018 dentro del expediente 25000-23-24-000-2012- 00474-01, en la que se dispuso
que una vez iniciado el proceso “y admitida por el operador judicial la vinculación del
tercero necesario no era procedente la solicitud de su exclusión por falta de legitimación
en la causa al no haber sido convocado a la audiencia de conciliación inicial”.

3.7.- El trámite del anterior recurso correspondió por reparto al despacho del
Magistrado Carlos Alfonso Guechá Medina del Tribunal Administrativo del Cesar, en
fecha de 24 de julio de 2020.

3.8.- Posteriormente, mediante auto del 30 de junio de 2021, el referido operador
judicial rechazó el recurso de súplica, al advertir que se configuraba la causal de
impedimento consagrada en el artículo 246 del CPACA, puesto que la providencia
cuestionada “no fue proferida por el Magistrado Ponente, si no por la Sala de Decisión
[01] del Tribunal de la que hizo parte este servidor, lo cual no permite que este
despacho asuma el conocimiento de dicho recurso, porque según la norma citada se
requiere no haber participado de la decisión objeto del recurso de súplica, y este
servidor participó de Ia misma”. En consecuencia, ordenó la devolución del expediente
al despacho de origen en los siguientes términos:

<<1) Rechazar el recurso de súplica interpuesto por el apoderado de la parte
demandante contra el auto de fecha 5 de marzo de 2020, proferido por este Tribunal,
con ponencia del doctor OSCAR IVAN CASTANEDA DAZA.

2) Devolver el expediente al despacho del Magistrado doctor OSCAR IVAN
CASTAÑEDA DAZA, para lo de su cargo>>

3.9.- Aducen que al observar el numeral 2) del auto de 30 de junio de 2021 en el que
se ordenaba remitir las diligencias al despacho del Magistrado Castañeda Daza,
asumieron que esta última expresión “iba dirigida a que el Magistrado que lo recibía
debería haber atendido la consideración realizada por el Dr. GUECHÁ MEDINA y
procedería a repartirlo a un Magistrado que no hubiera integrado la Sala de Decisión
de la que hicieron parte tanto del Dr. CASTAÑEDA como el Dr. GUECHÁ MEDINA, o
en el evento de no contar con un Magistrado alterno se hubiera nombrado un Conjuez
que resolviera”.

3.10.- Sin embargo, el 7 de octubre de 2021, la Magistrada María Luz Álvarez Araujo,
quien tomó posesión del cargo del Magistrado Óscar Castañeda, emitió auto en el que
resolvió remitir al Juzgado Sexto Administrativo Oral de Valledupar el expediente de la
acción de reparación directa, considerando que el recurso de súplica interpuesto por el

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suscrito había sido rechazado, sin haber tenido en cuenta las consideraciones
esgrimidas por el Magistrado Guechá Medina.

3.11.- En razón de lo anterior, el 12 de octubre de 2021 la parte actora radicó memorial
dirigido a la Magistrada Álvarez Araújo, poniéndole de presente que en auto de 30 de
junio de 2021 “en ningún momento se rechazó de plano el recurso de súplica”, sino
que, el Magistrado que tuvo conocimiento del mismo, declaró su impedimento al haber
sido parte de la Sala que decidió el recurso de apelación interpuesto contra lo dispuesto
en audiencia inicial por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Valledupar, y en
consecuencia, lo rechazó ordenando remitir el expediente al magistrado que había
conocido del recurso de apelación “para lo de su cargo”. Además, se planteó la
posibilidad de que la magistrada Álvarez Araujo podía darle trámite al recurso de
súplica, al no estar impedida y acorde con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia
en providencia AC6666-2016». (sic en todo el texto)

2.7.3. El 22 de septiembre de 2022 el Tribunal Administrativo del Cesar, resolvió, a su
turno, rechazar por improcedentes las solicitudes elevadas por el apoderado de la
parte demandante.

2.8. Análisis de la Sala. Caso concreto

La controversia en punto de la providencia cuestionada, esto es, la proferida el 22 de
septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Cesar, que desestimó las
solicitudes consistentes en que i) se abstenga de devolver el expediente al juzgado de
origen, ii) se resuelva el recurso de súplica interpuesto contra el auto de 5 de marzo
de 2020, por no haber sido rechazado y iiii) se tengan en cuenta las argumentos
adicionales a la impugnación presentados, radica en que la decisión allí contenida
carece, en su sentir, de justificación, pues se abstiene de referirse a los fundamentos
expuestos en el mecanismo de defensa, dado que se limitó a referir las «circunstancias
que le impedían tramitarlo».

Considera la parte accionante que la providencia reprochada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia al incurrir,
de acuerdo con lo alegado, en un defecto por decisión sin motivación, causal
independiente de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, que de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, surge de la necesidad de que
las decisiones de los jueces estén plenamente sustentadas en el marco jurídico
aplicable y en los supuestos fácticos objeto de estudio, razón por la cual no se
estructura ante cualquier divergencia con el razonamiento del juez, sino solo «cuando

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su argumentación fue decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o
inexistente», en consideración, además, a que el respeto del principio de autonomía
judicial impide al juez de tutela inmiscuirse en controversias interpretativas.

Así, se tiene aceptado que no corresponde al juez constitucional establecer a qué
conclusión debió llegar la autoridad judicial accionada, sino señalar si la providencia
atacada presenta un grave déficit de motivación que la deslegitime como tal,7 razón
por la cual su competencia «se activa únicamente en los casos específicos en que la
falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad
del juez, es decir, en una arbitrariedad».8

De esta forma, al examinar un cargo por ausencia de motivación de una decisión
judicial, el juez de tutela debe tener presente que el deber de presentar las razones
fácticas y jurídicas que sustentan un fallo es un principio de la función judicial que, de
transgredirse, supone una clara vulneración del debido proceso.9

Sobre el particular, los accionantes consideran que la providencia objeto de estudio
omitió resolver el recurso de súplica, comoquiera que solo se ocupó de establecer las
circunstancias que impedían darle efectivo trámite y, por tanto, no debió ser devuelto
el expediente al juzgado de origen.

En este contexto, observa la Sala que el Tribunal Administrativo del Cesar, para
resolver las solicitudes elevadas por la parte demandante referidas a que se abstenga
de devolver el expediente al juzgado de origen y resuelva de fondo el recurso de
súplica interpuesto contra el auto de 5 de marzo de 2020, precisó que contrario a lo
manifestado por el solicitante, el mencionado medio de impugnación sí fue rechazado
de plano por el magistrado Carlos Alfonso Güechá, mediante el auto del 30 de junio
de 2021, que tuvo como fundamento lo previsto en el artículo 246 del CPACA, de
acuerdo con el cual solo resulta procedente contra autos dictados por el ponente y,
para el caso, la providencia suplicada fue proferida por la Sala de decisión del Tribunal
Administrativo del Cesar.

7 Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 2006.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2010.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-041 de 2018.

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Aclaró, igualmente, que «no se trata de un impedimento de dicho magistrado por haber
participado en la decisión suplicada como pretende verlo el apoderado de la parte
actora»; sino que el rechazo se debió a la aplicación de la norma ejusdem, que tornaba
improcedente el recurso de súplica cuando se dirige contra decisiones emanadas de
un cuerpo colegiado; de tal forma que, la consecuencia de ello, no era otra que la
devolución del proceso al juzgado de origen.

Advirtió que con el rechazo del recurso de súplica, la ejecutoria de la decisión objeto
de impugnación se mantuvo, es decir la que resolvió la apelación del auto proferido
por el a quo, por tanto, lo correcto era devolver a ese despacho judicial el proceso,
para que continuara su curso.

Por todo lo anterior, esta Sala de Subsección considera que la providencia
controvertida, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, está suficientemente
argumentada en cuanto a lo solicitado por los accionantes, pues explicó las razones
por las cuales no era viable acceder a lo pedido, en la medida que por un lado, el
recurso de súplica fue rechazado por improcedente al tenor de lo dispuesto en el
artículo 246 del CPACA y, por otro, justificó la devolución del proceso como una
consecuencia lógica y propia de dicha decisión.

Conviene reiterar que la interpretación jurídica y las consideraciones hechas por el juez
natural deben ser respetadas por el juez de tutela, a quien no le es dable desconocer
las decisiones por él adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que
resulte palmaria la vulneración de derechos fundamentales, lo que en el presente caso
no se halló probado.

De acuerdo con el anterior derrotero, lo que se advierte en el caso bajo estudio es que
la parte accionante está en desacuerdo con la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Cesar, al resolver la solicitud de no devolución del expediente de
reparación directa al juzgado de origen y concluir que el recurso de súplica interpuesto
por su apoderado judicial fue rechazado por improcedente a través de la providencia
proferida por esa corporación el 30 de junio de 2021.

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En ese orden de ideas, lo que se avizora es que la parte actora está inconforme con
la lógica y el estudio realizado por el operador judicial en el análisis de su solicitud y
utiliza la acción de amparo para plantear un reexamen de la procedencia del recurso
de súplica lo cual no resulta de recibo para la Sala porque de admitirse se afectaría el
juicio interpretativo del juez natural, el que no se evidencia irracional o
desproporcionado ni se aprecia alejado de las reglas de la sana crítica.

Por tanto, la Subsección no encuentra que el Tribunal Administrativo del Cesar, al
resolver sobre las solicitudes elevadas por el apoderado de los accionantes en el
medio de control de reparación directa, haya incurrido en una decisión
manifiestamente arbitraria que configure el defecto de falta de motivación y habilite la
procedencia del amparo deprecado, dado que explicó las razones por las cuales,
conforme a lo acreditado, no era posible acceder a sus pedimentos de no tener por
resuelto el recurso de súplica y, por ende, abstenerse de remitir el expediente al
juzgado de origen.

Bajo este panorama, esta Subsección advierte que no es dable invadir la órbita de
competencia del citado órgano judicial comoquiera que, se reitera, la fundamentación
jurídica que realizó el Tribunal Administrativo del Cesar no resulta arbitraria,
desproporcionada, irrazonable o caprichosa. En síntesis, el defecto examinado carece
de vocación de prosperidad toda vez que, para el caso sub-lite, impera la autonomía
del juez natural en el análisis que efectuó, tendiente a resolver las solicitudes que
sobre el trámite del recurso de súplica elevó la parte accionante.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye
que i) la solicitud de amparo cumple el requisito de la relevancia constitucional; ii) no
se acreditó la configuración del defecto decisión sin motivación; por tanto, debe
revocarse el ordinal segundo la sentencia del 16 de febrero de 2023 emitida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, en cuanto declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir con el presupuesto de relevancia constitucional, para, en su lugar

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negar el amparo solicitado por el señor Alexis Camargo Toloza y otros, ante la no
configuración del yerro precitado y, confirmarla en lo demás.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 16 de febrero de 2023
emitida por la Sección Primera del Consejo de Estado en cuanto declaró improcedente
la acción de tutela por no cumplir con el presupuesto de relevancia constitucional para
en su lugar negar el amparo solicitado por los señores Alexis Camargo Toloza, quien
actúa en nombre propio y en el de sus menores hijas MCCG y MdelCG; Dany Isabel
Ospino Carreño y Sofía Azanet Olivero González por la no configuración del defecto
decisión sin motivación; y, confirmarla en lo demás, con fundamento en las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
M.E.C.G

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