Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00255-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00255-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-00255-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
25 de mayo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00255-01
Demandante: Ana María Ruiz Ocampo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00255-01
Demandante: ANA MARÍA RUIZ OCAMPO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE RISARALDA
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Convocatoria No. 4, por medio
de la cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al
concurso de méritos para la conformación del registro seccional de
elegibles para la provisión de los cargos de empleados de carrera de
tribunales, juzgados y centros de servicios
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la accionante, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia
de 27 de febrero de 2023 dictada por la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado, en la que negó las pretensiones de la acción de tutela porque
no evidenció la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso, trabajo y de acceso a cargos públicos.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante relató que se inscribió y participó en el concurso de méritos de la
Convocatoria N° 4, regulada por el Acuerdo N° CSJRIA17-723 de 6 de octubre de
2017, expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, para la
provisión de los cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y
Centros de Servicios del distrito judicial de Pereira y de Risaralda.
Afirmó que, luego de superar cada una de las etapas del proceso de selección, fue
incluida en el registro de elegibles a través de la Resolución CJR21-01053 de 29
de octubre de 2021.
Indicó que en el distrito de Pereira se encuentra vacante el cargo de Oficial Mayor
o Sustanciador de Tribunal grado nominado en la Secretaría General de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, razón por la cual presentó
una petición ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, con el fin de
que se publicara la vacante antes mencionada.
Señaló que formuló una petición al Consejo Seccional de la Judicatura de
Risaralda, para que se efectuara la respectiva publicación del cargo de Oficial
Mayor o Sustanciador de Tribunal grado nominado de la Secretaría General de la
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Demandante: Ana María Ruiz Ocampo
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, para el cargo de oficial
mayor o sustanciador de Tribunal.
Sostuvo que el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda mediante oficio
CSJRO22-071 de 21 de junio de 2022, resolvió que “en armonía con lo dispuesto en
el artículo 84 de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de Administración de Justicia” y lo
determinado en el Acto Legislativo 2 de 2015, la Comisión de Disciplina Judicial es una
Corporación que hace parte integral de la Rama Judicial, que al salir de la estructura del
Consejo Superior de la Judicatura, como una Sala, la aplicación de las normas frente a la
provisión de los cargos debe establecerse conforme al criterio planteado por el Consejo
Superior de la Judicatura respecto a la vigencia de los registros de elegibles de los
respectivos distritos y para el caso de Risaralda, y el cargo de Oficial Mayor de Tribunal
corresponde a la resolución CJR21-1053 de fecha 29 de octubre de 2021 la cual quedó
en firme el día 3 de noviembre de 2021”, de allí que la vacante sería publicada de manera
próxima”.
Por último, manifestó que en los primeros cinco días hábiles del mes de agosto de
2022 se publicó la vacante existente en la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Risaralda del cargo de Oficial Mayor de Tribunal, sin embargo,
mediante comunicación No. CSJRIO22-1276 de 4 de octubre de 2022, se informó
que no era procedente continuar con el proceso de opción de sede para el cargo
en la Secretaría de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, toda
vez que de acuerdo un concepto emitido por la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial, la Convocatoria No. 4 no se encuentra destinada a proveer
cargos de empleados de carrera de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, ni Direcciones Seccionales de
Administración Judicial y que, en su momento, se haría la publicación de la
convocatoria para iniciar el proceso del concurso en las respectivas entidades.
2. Fundamentos de la acción
La demandante presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo y de acceso a
cargos públicos, los cuales considera vulnerados por la entidad accionada al no
ofertar el cargo de Oficial Mayor de Tribunal de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Risaralda para proveerlo con el registro de elegibles de la
Convocatoria No. 4.
Resaltó que “la Unidad de Carrera Judicial, he de indicar que tal y como se cita allí,
mediante el Acuerdo PCSJA22-119031 del 17 de enero de 2022 se aprobó el presupuesto
para iniciar procesos de convocatorias “(…) para los cargos de empleados de carrera de
los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales
de Administración de Judicial”, nótese que EXCLUYE los cargos de las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial, pues estas, como se vio en el cuadro precedente y con
base en lo argumentado (tanto en este escrito como por lo afirmado por el CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE RISARALDA mediante el oficio CSJRO22-071 del
21 de junio de 2022), son cargos equivalentes a los de cualquier Sala de Tribunal del
país, y por tanto aplicables a la lista de elegibles de la Convocatoria No. 4. para el cargo
de OFICIAL MAYOR O SUSTANCIADOR DE TRIBUNAL GRADO NOMINADO”.
Afirmó que no hay razón para que los cargos vacantes en las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial no puedan ser provistos con los integrantes del
registro de elegibles vigente de la Convocatoria No. 4, como quiera que los cargos
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial son equivalentes porque cumplen
iguales funciones, tienen la misma denominación y devengan igual salario, lo
único que cambia es el nombre del nominador. Sin embargo, los Tribunales
Superiores de Distrito, los Tribunales Administrativos y las Comisiones
Seccionales de Disciplina judicial son corporaciones jurisdiccionales, por tanto,
susceptibles de que se les apliquen las mismas reglas para la provisión de cargos.
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Finalmente, manifestó que “la Comisión Nacional de Disciplina como una célula judicial
independiente al Consejo Superior de la Judicatura, es un tribunal (al igual que sus
Seccionales) que cumplen funciones jurisdiccionales, en consecuencia, los cargos que la
integran son equivalentes a los cargos de los Tribunales pertenecientes a la Rama
Judicial. Debe subrayarse que dichos cargos tienen los mismos requisitos que los demás
cargos de oficiales mayores de otras corporaciones, y al momento de concursar para los
mismos se hace únicamente referencia a que es “Oficial Mayor de Tribunal y sus
equivalentes”, por ende, no hay razón para que los cargos vacantes en dicha corporación,
no puedan ser provistos con quienes actualmente nos encontramos en lista en la
convocatoria actual, ya que el cargo de la multicitada Comisión de Disciplina Judicial se
encuentra vacante, y cumplo con los requisitos exigidos para proveerlo, atentando contra
mi derecho a la igualdad y principios meritocráticos del Estado Social de Derecho”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló en el escrito de tutela la siguiente:
“PRIMERO: TUTELAR mis derechos a la igualdad, al debido proceso, trabajo y acceso
a los cargos públicos a través del mérito.
SEGUNDO: Se ordene al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
RISARALDA, para que continúe con el trámite con el proceso para la elaboración del
registro pertinente con el fin de proveer el cargo de OFICIAL MAYOR NOMINADO con
categoría de Tribunal de acuerdo con la Convocatoria vigente”.
4. Pruebas relevantes
Obran en el expediente los siguientes documentos:
• Copia de la petición radicada ante el Consejo Seccional de la Judicatura de
Risaralda.
• Copia del Oficio No. CSJRIO22-701 de 21 de junio de 2022, por medio del cual se
da respuesta a la solicitud de la señora Ana María Ruiz Ocampo.
• Copia de Oficio No. CSJRIO22-1276 de 4 de octubre de 2022, por el cual el
Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda informa que no se dará tramite a
la opción de sede presentada. la ampliación recurso de reposición en contra de la
Resolución No. CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022.
• Copia del Acuerdo No. CSJATA21-147 de Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico “Por el cual se formula lista de elegibles ante la Comisión Seccional De
Disciplina Judicial Del Atlántico, con el fin de proveer el cargo de ESCRIBIENTE
DE TRIBUNAL GRADO NOMINADO”.
5. Trámite procesal
Por auto de 27 de enero de 2023, la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte
demandante y a las autoridades judiciales accionadas.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura
En escrito de 2 de febrero de 2023, la directora de la entidad pidió que se declare
la falta de legitimación en la causa por pasiva o se niegue el amparo de los
derechos fundamentales invocados.
Afirmó que los cargos convocados, la publicación de vacantes, las opciones de
sede e integración de listas de empleados a nivel seccional, le corresponde al
respectivo Consejo Seccional, en este evento, al Consejo Seccional de la
Judicatura de Risaralda conforme con las competencias fijadas en los artículos
101-1, 165 y 167 de la Ley 270 de 1996 y en el Acuerdo PSAA08-4856 de 2008.
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Agregó que la falta de legitimación en la causa por pasiva se soporta en que no es
la autoridad llamada a darle cumplimiento a lo solicitado en el escrito de tutela,
como quiera que lo que se pretende es que se le ordene al Consejo Seccional de
la Judicatura de Risaralda le permita optar y conformar lista de elegibles para el
cargo de Oficial Mayor o Sustanciador de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Risaralda, en virtud de la Convocatoria No. 4.
Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura en cumplimiento de las facultades
derivadas del artículo 256 de la Constitución Política, así como los artículos 85,
161, 162 y 164 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, entre otros, dispuso el inicio de
una convocatoria pública en cada distrito judicial para la provisión de los cargos de
empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios a través del
Acuerdo No. PCSJA17- 10643 de 14 de febrero de 2017 y fijó las directrices bajo
las cuales los consejos seccionales adelantarían dichas convocatorias.
Sostuvo que la Convocatoria No. 4 no incluyó los cargos de empleados de carrera
de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, como tampoco de Consejos
Seccionales de la Judicatura ni de las Direcciones Seccionales de Administración
Judicial.
Indicó que el propósito de la convocatoria era llevar a cabo los procesos de
selección para la provisión de los cargos de empleados de carrera de tribunales,
juzgados y centros de servicios, y no para comisiones seccionales de disciplina
judicial.
Por último, manifestó que no puede pretender la accionante optar para un cargo
de que no fue objeto de la convocatoria en la que participó, pues la norma que rige
el concurso fue diáfana sobre ese punto, de forma que los concursantes podían
escoger exclusivamente dentro de los cargos convocados.
6.2. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda
En escrito de 5 de diciembre de 2022, la directora pidió que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por no probarse la vulneración del derecho
fundamental del demandante.
Afirmó que la demandante desconoció que en el concurso para conformar los
Registros de Elegibles de la Convocatoria No. 4, acogió bajo la gravedad del
juramento los parámetros que se dispuso para el nivel central para dicho concurso
de méritos.
Indicó que el Oficio No. CJO22-3300 de 25 de agosto de 2022, proferido por la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial, se precisó que la Convocatoria
No. 4 no está destinada a proveer cargos de empleados de carrera de los
Consejos Seccionales de la Judicatura, Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial ni Direcciones Seccionales de Administración Judicial, pues se podrían ver
afectados los derechos de quienes no quisieron hacer parte de la antedicha
convocatoria, toda vez que no estaba diseñada para proveer los cargos de
empleados de carrera de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.
Resaltó que, si bien es cierto que en otros distritos judiciales se hizo la provisión
de los cargos de empleados de carrera de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial utilizando las listas de elegibles de la Convocatoria No. 4, se debe
observar que el Acuerdo que trae a colación la accionante es del año 2021 y el
concepto emitido por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura es del año 2022.
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Finalmente, señaló que la circunstancia de que haga parte de un registro de
elegibles no convierte a la accionante en acreedora de un derecho, en tanto es
una mera expectativa y no un derecho adquirido que se podrá materializar a partir
de sus intereses. Adicionalmente, la demandante podrá participar en el concurso
para proveer los cargos de Comisiones Seccionales, cuando el Consejo Superior
de la Judicatura realice la convocatoria.
7. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado por sentencia de 27
de febrero de 2023, negó las pretensiones de la acción de tutela, por no
evidenciarse la vulneración de los derechos fundamentales alegada por la
demandante.
Afirmó que el artículo 2 del Acuerdo N° CSJRIA17-723 de 6 de octubre de 2017,
por el cual el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda convocó a concurso
de méritos para la provisión de los cargos de empleados de carrera de tribunales,
juzgados y centros de servicios, dispuso que “la Convocatoria es norma obligatoria y
reguladora de este proceso de selección, por tanto, es de obligatorio cumplimiento para
los participantes como para la Administración, quienes están sujetos a las condiciones y
términos señalados en el presente Acuerdo”.
Señaló que los cargos para los que se adelantó el concurso corresponden a
aquellos empleos de carrera de los tribunales, juzgados y centros de servicios del
distrito judicial de Risaralda, con excepción de los cargos de los centros de
servicios judiciales de los Juzgados Civiles y de Familia, pues para estos se había
previsto un concurso de méritos distinto que se encontraba en trámite desde el
2015.
Agregó que la convocatoria operaba para los cargos que se encontraba en
vacancia definitiva al momento de iniciarse el concurso de méritos, así como para
suplir las vacantes que se generan en el desarrollo del mismo y durante la
vigencia de los registros de elegibles, sin precisar o mencionar que los mismos se
podían extender a otros empleos existentes en otras entidades o corporaciones
judiciales, por lo que la convocatoria estaba diseñada estrictamente para proveer
los empleos convocados.
Sostuvo que de la lectura del Acuerdo N° CSJRIA17-723 de 6 de octubre de 2017,
se extrae que este tuvo por objeto convocar al concurso de méritos para la
conformación de lista de elegibles para la provisión de cargos de empleados de
carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios, por lo que si bien el cargo
para el que la accionante concursó y se encuentra en lista de elegibles, esto es,
Oficial Mayor o Sustanciador de Tribunal Grado Nominado tiene la misma
denominación del empleo que se encuentra vacante en la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Risaralda, tal circunstancia no es suficiente para dar por
entendido que dicho cargo se encuentre en la misma categoría, puesto que, a
todas luces, se advierte que con la creación de esta jurisdicción se estableció un
sistema disciplinario especializado para la Rama Judicial, a efectos de examinar y
sancionar las faltas de sus funcionarios.
Indicó que en las pruebas aportadas no obra documento del cual se pueda inferir
que los funcionarios que integran las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial ejerzan las mismas funciones que desempeña un funcionario que
desarrolle sus actividades en los tribunales, juzgados y centros de servicios.
Finalmente, manifestó que las entidades accionadas no vulneraron los derechos
fundamentales de la demandante al no proveer el cargo de oficial mayor que se
encuentra vacante en el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda con el
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registro de elegibles vigente para la convocatoria No. 4, además que de los
documentos allegados por las entidades accionadas se observa que el Consejo
Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo No. PCSJA22-119031 de 17 de
enero de 2022, aprobó entre otros asuntos, el presupuesto para iniciar procesos
de convocatorias, para el “Mejoramiento de las competencias de la administración
de justicia”, y una de las actividades que contempla es la relacionada con las
gestiones administrativas pertinentes a efectos de adelantar las respectivas
pruebas de conocimientos para proveer los cargos de empleados de carrera de los
Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y
Seccionales de Administración de Judicial.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque el
fallo y, en su lugar, que se acceda al amparo solicitado.
Insistió en que la Comisión Nacional de Disciplina es un tribunal que cumple
funciones jurisdiccionales y, en consecuencia, los cargos que la integran son
equivalente a los empleos de los tribunales pertenecientes a la Rama Judicial. Por
consiguiente, no se puede desconocer que el cargo de oficial mayor de los
organismos de disciplina judicial tiene las mismas funciones, requisitos,
denominación y devengan igual salario al de las demás corporaciones judiciales,
por lo que no hay razones que impidan ser provistos con quienes actualmente se
encuentran en el registro de elegibles de la Convocatoria N° 4.
Sostuvo que el artículo 163 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 dispone que los
procesos de selección están destinados de manera permanente a garantizar en
todo momento disponibilidad para la provisión de las vacantes que se presenten
en cualquier especialidad y nivel dentro de la Rama Judicial. Por consiguiente, al
inscribirse a una convocatoria con el fin de proveer un cargo en la Rama Judicial,
el interesado se debe asegurar el cumplimiento de los requisitos mínimos y que de
manera específica deben tener para aspirar a los cargos ofertados, mas no se le
exige que se inscriba y elija la especialidad del cargo que aspira (penal,
administrativo, laboral, civil), máxime cuando ha pasado el proceso de admisión y
la aprobación del examen, a lo que agregó que se debe hacer una verificación de
las vacantes existentes en cada distrito según los cargos para que pueda ingresar
cada uno de los candidatos de manera libre a presentar la opción de sede al cargo
que considere.
Indicó que el cargo si alcanzó a ser ofertado, pues elevó solicitud formal al
Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda para que publicaran el de Oficial
Mayor o Sustanciador de Tribunal Grado Nominado de la Secretaría General de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda y, en consecuencia, los
primeros 5 días hábiles del mes de agosto de 2022 se publicó, por lo que la
presentó como opción de sede.
Afirmó que si bien la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales
tiene un sistema disciplinario especializado, lo cierto es que esta situación no se
puede entender como una entidad diferente a la Rama Judicial, pues esta se
encuentra integrada por Juzgados y Tribunales de diferentes especialidades como
lo son laboral, penal, civil o administrativas, y en este caso el disciplinario es una
especialidad en igual sentido que también integra la Rama Judicial.
Resaltó que lo relacionado con la categoría y denominación del cargo no se
encuentra acreditado el cumplimiento de los presupuestos, es una circunstancia
que se cae de su peso, pues al verificarse que el Acuerdo No. 176 de 2009 por el
cual se dio inicio a la Convocatoria No. 2, concurso de méritos destinado a la
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conformación del registro de elegibles para los cargos de empleados de carrera
del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y Dirección Seccional de
Administración Judicial de Pereira, se establecieron los mismos requisitos
mínimos.
Sostuvo que solicitó al Consejo Seccional del Atlántico con el fin de constatar
conforme a la lista de elegibles formulada en dicha seccional con candidatos de la
Convocatoria No. 4, que informara sobre la provisión de los cargos en la
Secretaría General de esa Corporación, y en efecto se informó que se formuló lista
de elegibles conforme al Acuerdo No. CSJATA21-147 y se procedió a realizar los
nombramientos mediante las Resoluciones No. 095 de 7 de septiembre de 2022,
096 del 8 de septiembre de 2022 y 111 de 29 de septiembre de 2022.
Finalmente, manifestó que el concepto emitido por la Unidad de Administración de
Carrera resulta de un capricho administrativo, sin ningún soporte jurídico y menos
presupuestal, es decir, en términos económicos son altos los costos y el tiempo
que le lleva al Consejo Superior de la Judicatura el ofertar un solo cargo a
concurso de méritos, cuando hoy existe un registro de elegibles vigente.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 27 de febrero de 2023, dictada por la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la
solicitud de amparo, pues a juicio de la demandante el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera judicial y el Consejo Seccional de
la Judicatura de Risaralda vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, al trabajo y de acceso a cargos públicos, al no publicar el cargo
de Oficial Mayor o Sustanciador de Tribunal Grado Nominado de la Secretaría
General de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda como cargo
para proveer con el registro de elegibles de la Convocatoria No. 4.
3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
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tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20151:
“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos
y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;
(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la
tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio
irremediable a los derechos fundamentales.
(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas
de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población
desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular
consideración por parte del juez de tutela."2 (Negrilla por fuera del texto)
De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos3, ya que si bien, la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.
En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.
1 Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle Correa,
sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería,
sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
2 Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
3 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Demandante: Ana María Ruiz Ocampo
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La accionante presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo y de acceso a
cargos públicos, supuestamente vulnerados por el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera judicial y el Consejo Seccional de
la Judicatura de Risaralda, al no publicar el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador
de Tribunal grado nominado de la Secretaría General de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Risaralda como cargo para proveer con el registro de
elegibles de la Convocatoria No.4.
La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado en sentencia de 27
de febrero de 2023, negó las pretensiones de la solicitud, al considerar que los
cargos objeto de concurso son aquellos empleos de carrera de los tribunales,
juzgados y centros de servicios del distrito judicial de Risaralda, con excepción de
los cargos de los centros de Servicios Judiciales de los Juzgados Civiles y de
Familia, pues para estos se había previsto un concurso de méritos distinto que se
encontraba en trámite desde el 2015. Es decir, que los cargos correspondientes a
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda no se encontraban
dentro de los cargos a proveer con la convocatoria.
La demandante impugnó la anterior decisión, en escrito en el que insistió en que el
cargo al que se inscribió al concurso y respecto del cual integra el registro de
elegibles es el mismo que se encuentra vacante en la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Risaralda. Adicionalmente, señaló que la mencionada
corporación es de naturaleza jurisdiccional que se asimila a los tribunales, razón
por la que la vacante existente en dicha corporación debería ser publicada para
que los que conforman el registro de elegibles opten por esta.
Igualmente, informó que en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Atlántico procedió a realizar los nombramientos a partir del registro de elegibles de
la Convocatoria No. 4.
4.2. La Sala anticipa que confirmará la sentencia que negó las pretensiones de la
acción de tutela, en tanto no se observa la vulneración alegada, tal como se
expone a continuación:
4.2.1. El Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA17-10643 de
14 de febrero de 2017, “por medio del cual se dispone que los Consejos Seccionales de
la Judicatura adelanten los procesos de selección, actos preparatorios, expidan las
respectivas convocatorias, de conformidad con las directrices que se impartan para la
provisión de los cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de
Servicios”.
En el referido acuerdo, se estableció en el artículo 3 las reglas para el desarrollo
de los concursos de méritos por parte de los Consejos Seccionales de la
Judicatura, resaltando en todo caso que la misma es la norma regulatoria para las
partes, así como lo relacionado con la opción de sede y el registro de elegibles.
Luego, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda profirió el Acuerdo No.
CSJRIA17-723 de 6 de octubre de 2017, “por medio del cual se adelanta el proceso
de selección y se convoca al concurso de méritos para la conformación del Registro
Seccional de Elegibles para la provisión de los cargos de empleados de carrera de
Tribunales, Jugados y Centros de Servicios”, en el que se dispuso lo siguiente:
“ARTÍCULO 1°.- Convocar a los interesados para que se inscriban en el concurso de
méritos destinado a la conformación del Registro Seccional de Elegibles para la
provisión de los cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de
Servicios, con base en el cual esta Corporación elaborará las correspondientes Listas
de Elegibles para la provisión de los mismos.
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ARTÍCULO 2.- El concurso es público y abierto. La convocatoria es norma obligatoria y
reguladora de este proceso de selección, por tanto, es de obligatorio cumplimiento para
los participantes como para la Administración, quienes están sujetos a las condiciones
y términos señalados en el presente Acuerdo.
1. CARGOS EN CONCURSO.
Empleados de Carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios, con excepción
de los cargos de los Centros de Servicios Judiciales de los Juzgados Civiles y de
Familia Acuerdo PSAA15-10445 de 2015.
La convocatoria opera para los cargos que se encuentran en vacancia definitiva al
momento de iniciarse el concurso de méritos, durante el desarrollo del mismo, así como
las que se generen durante la vigencia de los Registros de Elegibles.
(…)
9. OPCIÓN DE SEDES
Esta se realizará de conformidad con el parágrafo del artículo 162 y 165 de la Ley 270
de 1996 y el reglamento vigente. Para quienes aspiren a vacantes en San Andrés Isla,
deberán acreditar el cumplimiento de lo previsto en la Ley 47 de 1993, junto con los
demás requisitos legales, a efectos de obtener la posesión por el correspondiente
nominador. (…)”.
La señora Ana María Ruiz Ocampo se inscribió en la Convocatoria No. 4 para el
cargo de “Oficial Mayor o Sustanciador de Tribunal”, código 262020, grado
nominado, quien luego de superar las etapas ingresó al registro de elegibles
mediante la Resolución No. CJR21-01053 de 29 de octubre de 2021.
La demandante diligenció formato de opción de sede de la Convocatoria No. 4,
para acceder al cargo de Oficial Mayor Tribunal de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Risaralda, sin embargo, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Risaralda a través de Oficio N° CSJRIO22-1276 de 4 de octubre de
2022, le informó lo siguiente:
“En atención a la opción de sede presentada por ustedes ante esta Corporación, con el
fin de proveer el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Risaralda, nos permitimos darles a conocer el concepto remitido
por la Doctora Claudia M. Granados R., Directora de la Unidad de Carrera Judicial, por
medio del cual, después de plantear el siguiente interrogante “¿Los Registros
Seccionales de Elegibles resultantes del proceso de selección convocado en el año
2017 y cuya vigencia inició en el año 2021 (Convocatoria 4), pueden ser utilizados para
conformar listas de elegibles con destino a cargos pertenecientes a la planta de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial?”, manifiesta que “dicha convocatoria no está
destinada a proveer cargos de empleados de carrera de los Consejos Seccionales de
la Judicatura, Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ni Direcciones Seccionales
de Administración Judicial”, por las razones que a continuación se exponen:
“En primer lugar, es preciso señalar que la facultad de la Unidad de Administración de
la Carrera Judicial, frente a los concursos de méritos que adelantan los Consejos
Seccionales de la Judicatura, se centra en una coordinación y apoyo a estas
convocatorias regionales, toda vez que en los términos señalados por la Ley 270 de
1996-Estatutaria de Administración de Justicia, artículo 101, los Consejos Seccionales
de la Judicatura tienen la función de “administrar la carrera judicial en el
correspondiente distrito con sujeción a las directrices del Consejo Superior de la
Judicatura”.
Es así como el Consejo Superior de la Judicatura, en cumplimiento de las facultades
derivadas del artículo 256 de la Constitución Política y 85, 161, 162 y 164 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia, entre otros, dispuso el inicio de una
convocatoria pública en cada Distrito, para la provisión de los cargos de empleados de
carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios a través de Acuerdo PCSJA17-
10643 de 14 de febrero de 2017 y fijó las directrices bajo las cuales los consejos
seccionales adelantarían dichas convocatorias, correspondiéndoles a éstos expedir los
actos administrativos necesarios, iniciando con los acuerdos de convocatoria y
finalizando con la expedición de los registros de elegibles.
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No obstante, esa Unidad manifestó que en cumplimiento a las facultades derivadas del
articulo 256 de la Constitución Política y 162 y 164 de la Ley Estatutaria, el Consejo
Superior de la Judicatura dispondrá de una convocatoria pública en cada Distrito, para
la provisión de los cargos de empleados de carrera para el Consejo Superior y
Consejos Seccionales de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de
Administración Judicial, existiendo ya las partidas presupuestales para iniciar este
proceso durante la presente vigencia.
(…)
Así las cosas, la opción de sede presentada por ustedes y la conformación de la lista
de elegibles no será tenida en cuenta, en atención a lo citado anteriormente”.
4.2.2. Descendiendo al caso concreto, se evidencia que la demandante considera
que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un tribunal que cumple
funciones jurisdiccionales y, en consecuencia, los cargos que la integran son
equivalentes a los empleos de los tribunales pertenecientes a la Rama Judicial,
razón por la cual no se puede desconocer que el cargo de “oficial mayor” de los
organismos de disciplina judicial tiene las mismas funciones, requisitos,
denominación y devengan igual salario a los empleos de “oficial mayor” existentes
en las demás corporaciones judiciales.
En primer lugar, es necesario aclarar que el Oficio CSJRIO22-1276 de 4 de
octubre de 2022, no crea, extingue o modifica una situación jurídica particular y
concreta a la demandante, pues en este lo que se hace es informar que el registro
de elegibles que conforma la demandante no será tenido en cuenta porque “dicha
convocatoria no está destinada a proveer cargos de empleados de carrera de los
Consejos Seccionales de la Judicatura, Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial ni Direcciones Seccionales de Administración Judicial” y que, para el
cargo que señaló como opción de sede se adelantará otra convocatoria, la cual ya
cuenta con partida presupuestal. Por consiguiente, la acción de tutela se torna en
el mecanismo idóneo y eficaz para resolver la controversia ventilada por la parte
actora.
De otra parte, se debe precisar que indistintamente de la naturaleza de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda y del cargo de oficial
mayor, lo que se debe entrar a verificar es si el concurso que se desarrolló como
consecuencia de la Convocatoria No. 4, dispuso que entre los cargos a proveer
estaban los de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.
Al respecto, se evidencia que en el artículo 1 del Acuerdo No. CSJRIA17-723 de 6
de octubre de 2017, se estableció que el concurso era “para la provisión de los
cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios”.
Es decir, no se ofertaron cargos para la Comisión Seccional de Disciplina Judicial,
por lo que desde un principio la demandante conocía sobre los cargos a proveer y
a que autoridades judiciales correspondían dicho cargo.
La Corte Constitucional ha precisado que “la convocatoria en el concurso público de
méritos es la norma que de manera fija, precisa y concreta reglamenta las condiciones y
los procedimientos que deben cumplir y respetar tanto los participantes como la
administración. Son reglas inmodificables, que tienen un carácter obligatorio, que imponen
a la administración y a los aspirantes el cumplimiento de principios como la igualdad y la
buena fe. Las reglas del concurso autovinculan y controlan a la administración, y se
vulnera el derecho del debido proceso cuando la entidad organizadora del concurso
cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de
buena fe. Solo en casos excepcionales, y por “factores exógenos”, como señala el
precedente de la Corporación, cuando se varían las etapas o normas, dicha modificación
debe ser publicitada a los participantes. Reglas que deben ser precisas y concretas, con
el fin de que los aspirantes tengan un mínimo de certeza frente a las etapas del proceso
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de selección y la duración de las mismas, que no los someta a una espera indefinida y
con dilaciones injustificadas”4.
En ese orden de ideas, pretender que las entidades demandadas modifiquen las
reglas del concurso con la intención de incluir unos cargos que no se encontraban
ofertados en la convocatoria conllevaría una vulneración del derecho a la igualdad
y el principio de buena fe, tanto de los participantes del concurso como a los que
no se inscribieron en razón a que en la convocatoria no aparecían ofertado un
cargo de una corporación judicial de su interés, pues, se insiste, el concurso era
para proveer cargos en tribunales, juzgados y centro de servicios, mas no para las
comisiones seccionales de disciplina judicial.
De otro lado, respecto al cargo relacionado con la supuesta vulneración del
derecho a la igualdad, en razón a que en el Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico realizaron
nombramientos en a partir del registro de elegibles de la Convocatoria No. 4, se
debe precisar que se trata de un escenario de igualdad relacional que no permita
al juez de tutela su intervención, pues no se evidencia que algún participante que
integre el registro de elegibles para el distrito judicial Risaralda hubiera sido
nombrado en propiedad en algún cargo de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Risaralda.
En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que el principio de igualdad posee
un carácter relacional, porque “siempre se analiza frente a dos situaciones o personas
que pueden ser comparadas a partir de un criterio determinado y jurídicamente
relevante”5.
Es decir, que en el presente asunto no se trata de dos situaciones que puedan ser
comparadas, toda vez que si la demandante considera vulnerado su derecho
fundamental a la igualdad, debió demostrar que el Consejo Seccional de la
Judicatura de Risaralda y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Risaralda, estaban nombrando en propiedad a personas que conformaban el
registro de elegibles del cual hace parte. Sin embargo, lo que aportó fueron
nombramientos y posesiones en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Atlántico, quien contaba con otra lista de elegibles para nombrar en los cargos
vacantes y para los que la actora no se presentó, por lo que no se evidencia un
tratamiento distinto entre iguales.
Así las cosas, se observa que las entidades accionadas no vulneraron los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo y de acceso a
cargos públicos, invocados por la demandante al no publicar el cargo de Oficial
Mayor o Sustanciador de Tribunal Grado Nominado de la Secretaría General de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda como cargo para proveer
con el registro de elegibles de la Convocatoria No.4.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia impugnada que negó
las pretensiones de la acción de tutela.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
4 Sentencia T-682 de 2016, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
5 Sentencias T-352 de 1997, C-090 de 2001, C-178 de 2014 y C-220 de 2017.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00255-01
Demandante: Ana María Ruiz Ocampo
RESUELVE:
Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 27 de febrero de 2023, proferida por la
Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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