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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00258-00

Fecha
9 de marzo de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00258-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela formulada por el señor Francisco Javier Benavides en contra del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-00258-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

9 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00258-00
Accionante: FRANCISCO JAVIER BENAVIDES
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso y acceso a la
administración de justicia / medio de control de
reparación directa / defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial / violación
directa de la Constitución / responsabilidad patrimonial
extracontractual por el defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia

Sentencia de primera instancia

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor
Francisco Javier Benavides en contra del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, por la presunta vulneración de derechos
fundamentales ocurrida con ocasión de la expedición de la sentencia de
14 de septiembre de 2022 proferida dentro del medio de control de
reparación directa con radicado número 76001-23-31-000-2010-
01928-01.
I. ANTECEDENTES

El accionante, quien actúa en nombre propio, interpone acción de tutela
contra la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso

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ACCIÓN DE TUTEL A
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y acceso a la administración de justicia, con fundamento en los
siguientes:
1. HECHOS

El accionante presentó medio de control de reparación directa en contra
de la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación con el
objetivo de que se les declarara patrimonialmente responsables por los
perjuicios causados con ocasión de la defectuosa administración de
justicia dentro del proceso penal en el que este compareció en condición
de víctima y sobre el cual se declaró la prescripción de la acción penal,
lo que le impidió ser indemnizado.

En primera instancia, el proceso correspondió al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca que, a través de la sentencia del 8 de mayo de
2014, accedió a las pretensiones de la demanda, decisión que fue
apelada por ambas partes.

El conocimiento del recurso le correspondió al Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección B, que a través de sentencia del 14 de
septiembre de 2022 revocó la decisión de primera instancia y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se
demostraron los elementos estructurales de la responsabilidad
patrimonial extracontractual del Estado por la pérdida de oportunidad
cuando se configuró la prescripción de la acción penal.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante indica que con la decisión proferida por el Consejo
de Estado – Sección Tercera – Subsección B, se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia, dado que la apelación interpuesta por su parte solamente

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se limitó a contradecir el monto de los perjuicios tasados por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mientras que el ad quem resolvió
negar todas sus pretensiones, incurriendo así en un defecto
sustantivo por falta de congruencia entre lo solicitado en el recurso y
lo resuelto en la sentencia.

Asimismo, expone que la autoridad judicial incurrió en un
desconocimiento del precedente judicial fijado por la Corte
Constitucional en sentencia T- 652 de 2010, en la cual se argumentó el
alcance que tenían las víctimas para constituirse como parte civil dentro
de un proceso penal con la búsqueda de lograr su correspondiente
indemnización y colaborar con la administración de justicia.

Por último, señala que dentro de la providencia en cuestión se evidencia
una violación directa de la Constitución por la inobservancia de los
artículos 29 y 229 de la carta política, los cuales consagran los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, correspondientemente, ya que el accionado no tuvo en cuenta
que las dilaciones injustificadas dentro del proceso penal resultaron en
un daño antijuridico

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita:

« -Se deje sin efectos la Sentencia del 14 de septiembre de 2022, proferida por el
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B en la que se REVOCÓ la totalidad de la
Sentencia No. 448 del 08/05/2014, y así mismo, se ORDENE al CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN B, que en el término que tengan ustedes a bien señalar,
proceda a EMITIR una nueva SENTENCIA de REPARACIÓN DIRECTA,
respecto del monto de los perjuicios sufridos por el suscrito con ocasión de
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia dentro del proceso

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adelantado con ocasión del accidente de tránsito que sufrí el día 21/09/2002. ». (Sic
en toda la cita).

4. INTERVENCIONES

Mediante auto del 25 de enero de 2023 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar a la Sección Tercera, Subsección
B del Consejo de Estado como accionado y a la Nación – Rama Judicial,
Fiscalía General de la Nación y a la señora Martha Cecilia Niño Guarnizo
como terceros interesados en las resultas del proceso.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

4.1. La Sección Tercera, Subsección B de esta corporación, por
conducto del magistrado sustanciador del proceso de reparación
directa, pidió que se despachen negativamente las pretensiones de la
tutela, por las siguientes razones:

 Indicó que la solicitud de amparo es manifiestamente
improcedente e infundada porque no se satisface el requisito de
relevancia constitucional, ya que la supuesta irregularidad
señalada por el accionante es una forma de pretender crear una
tercera instancia frente a una sentencia que hizo un correcto
análisis fáctico y jurídico.

 De igual forma, sostuvo que en la sentencia objeto de la presente
acción de amparo se expuso que la declaración de la prescripción
de la acción penal no impedía al señor Benavides iniciar un
proceso ordinario de responsabilidad civil en contra del tercero

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considerado por ellos como civilmente responsable y de esa
forma obtener su respectiva indemnización.

 En consecuencia, no había prueba de la existencia de una pérdida
de oportunidad porque no se evidenció que el hoy accionante
perdiera de modo definitivo e insalvable la posibilidad de reclamar
su reparación, por lo cual, al no configurarse un daño cierto sus
pretensiones no podían prosperar. En ese orden de ideas, señaló
que no es cierto que el litigio no se hubiera resuelto de fondo,
debido a que dentro de la providencia se estudió la condición
necesaria para que se tenga por acreditado el daño dentro de la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado.

 En conclusión, sostuvo que la sentencia atacada no vulneró los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia del accionante, principalmente si se tiene en cuenta que
los argumentos expuestos en la acción de tutela coinciden con los
que alegó en el proceso de reparación directa, los cuales
demuestran que lo que pretende es reabrir un proceso ya
terminado.

4.2 La Fiscalía General de la Nación solicitó que se rechace por
improcedente la presente acción de tutela por cuanto no cumple con
las causales generales de procedencia contra providencias judiciales,
concretamente el requisito de subsidiariedad.

Manifestó que el accionante, pretende retrotraer etapas procesales de
un asunto que ya surtió trámite, lo cual es inconcebible por el carácter
excepcional que acompaña tan especial mecanismo constitucional y por
cuanto dentro del escrito de tutela no logra demostrar una vulneración
a los derechos fundamentales invocados.

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4.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió el link
de acceso al expediente contentivo del medio de control bajo estudio,
en cumplimiento del requerimiento ordenado en el auto admisorio de
la acción de tutela.

4.4. Las demás partes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:

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 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad contra providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

 ¿El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, con la
expedición de la sentencia del 14 de septiembre de 2022 que
resolvió el medio de control de reparación directa radicado núm.
76001-23-31-000-2010-01928-01 (52.795), incurrió en un
defecto sustantivo, en un desconocimiento del precedente y en
una violación directa de la Constitución y, por consiguiente, en la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia del accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los
requisitos de procedibilidad; y solo de encontrarla procedente iii) el
defecto sustantivo; iv) el desconocimiento del precedente; v) la
violación directa de la Constitución y vi) el caso concreto.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en

1
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en

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sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.

3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.

3.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso
«razonable y proporcionado», por cuanto la providencia cuestionada se
dictó el 14 de septiembre de 2022 y la acción de tutela se presentó el
20 de enero de 2023.

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3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en
la medida que se centra en establecer una posible vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia del accionante como consecuencia del defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución
en que presuntamente incurrió la autoridad judicial demandada.

3.2. Del defecto material o sustantivo

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto material
o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad judicial,
ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su decisión en
normas que son inexistentes o inconstitucionales3, es decir, se da en
los casos en que la autoridad judicial se basa en, «(i) una norma no
aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es pertinente de
aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia
perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a
la Constitución, (e) está vigente y es constitucional pero no se adecua
a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se
encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada,
(iii) no se da aplicación a las sentencias con efecto erga omnes, que
son aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y finalmente,
(v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se
utiliza para un fin no previsto en la disposición»4.

En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en
la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y
grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.

3
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
4
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.

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En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda
en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión
del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto,
(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta
derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación
se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la
excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de
la Constitución»5.

Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se
debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable,
desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción
de tutela resultaría improcedente6.

3.3. Desconocimiento del precedente

En materia de decisiones judiciales se destaca el respeto por el principio
de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no solamente el trato
ante la ley sino también de protección por parte de las autoridades y
específicamente en la interpretación y aplicación de la ley por parte de
las autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad
jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales
de la misma forma7. En ese sentido, el precedente judicial8 es la figura
jurídica que sirve como dispositivo de preservación de la confianza de
la ciudadanía en el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las

5
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
7 Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808

de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
8 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que precedente

judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia
y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo”.

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consecuencias jurídicas de sus actos sino también materializa la
igualdad en la aplicación del derecho9.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido10. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad”11.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales12, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del derecho y los

9 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no

1, p. 249-266.
10 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12 Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y que resultan

pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por una autoridad judicial de
la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de
2007.

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principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial13.

3.3. Violación directa de la Constitución

Frente a este defecto, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha
referido que se origina en la obligación que les asiste a todas las
autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en
el artículo 4° de la carta política, según el cual «la Constitución es
norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales»14.

La jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede la
tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución en dos casos: (i) cuando se deja de aplicar una disposición
ius fundamental a un caso concreto; o (ii) aplica la ley al margen de los
dictados de la carta:

«En el primer evento (inaplicación ius fundamental), la Corte ha dispuesto
que procede la tutela: (i) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar
y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional; (ii) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (iii) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos
fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme
con la Constitución. En el segundo, la jurisprudencia ha afirmado que el juez
debe tener en cuenta en sus fallos que la Constitución es norma de normas y,
por lo tanto, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia
a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad»15.

Aunque, en principio, la violación directa de la Constitución puede tener
una relación directa con otras causales especiales de procedencia, como

13 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14 Sentencia SU-336 de 2017, Corte Constitucional.
15 Sentencias T-094 de 2013, T-209 de 2015 y SU-542 de 2016, Corte Constitucional.

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los defectos sustantivos o el desconocimiento del precedente, la fuerza
normativa de la constitución (art. 4°) implica que esta sea reconocida
como una causal independiente.

4. Caso concreto

En el presente asunto se decide la acción de tutela instaurada por el
señor Francisco Javier Benavides en contra de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y
debido proceso, con ocasión de la providencia del 14 de septiembre de
2022, proferida dentro del medio de control de reparación directa con
radicado número 76001-23-31-000-2010-01928-01 (52.795), la cual
considera que incurrió en un defecto sustantivo, un desconocimiento
del precedente y una violación directa de la Constitución.

Para resolver, esta Sala de Subsección considera:
4.1 La parte accionante sostiene que la providencia citada incurrió en
un defecto sustantivo y en una violación directa de la Constitución al
pasar por alto los artículos 2916 y 22917 de la carta política, al no tener
en cuenta que debido a las dilaciones injustificadas que ocurrieron en
el curso del proceso penal que terminaron en la prescripción de la
acción penal, se imposibilitó su debida indemnización a causa de una
negligencia en la administración de justicia.

4.2. Asimismo, el accionante reprocha que la providencia atacada
incurrió en un desconocimiento del precedente al negarle la

16
«ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.»
17
«ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia.
La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.»

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indemnización de los perjuicios causados al ser la principal víctima del
delito dentro del proceso en el cual operó la prescripción de la acción
penal, por culpa de la negligente actuación y demora injustificada del
aparato judicial.

4.3 Al respecto, se encuentra que la Subsección B de la Sección Tercera
de esta corporación fijó el litigio con el objetivo de determinar si las
entidades demandadas eran patrimonialmente responsables del
supuesto negligente funcionamiento de la administración de justicia
debido a la ocurrencia de la prescripción de la acción penal que le
impidió al accionante reparar los perjuicios que le fueron
presuntamente causados por la comisión del aludido hecho punible.

Frente a ello, los fundamentos de la decisión del 14 de septiembre de
2022 se circunscribieron en resolver si efectivamente se encontraba
probada la pérdida de oportunidad cuando se decretó la prescripción de
la acción penal en la cual el ahora accionante se constituyó como parte
civil.

Para esto, la corporación encontró que:

«Esta Subsección ha explicado que se trata de un daño con identidad y
características propias, consistente en “la vulneración de una expectativa o
interés legítimo tutelados que deben repararse”, por ende, la pérdida de
oportunidad “debe ser susceptible de advertirse como seria” en tanto
“permita concluir que, la acción u omisión de la autoridad pública generadora
de daño, disminuyó la probabilidad de ganar o, aumentó la de perder, de
manera relevante para el derecho” y “debe tratarse de una posición de ventaja
reservada para el titular del interés”. Por lo anterior, el daño debe cumplir
con los siguientes requisitos: “1) la aleatoriedad del resultado, 2) la certeza
respecto de la oportunidad propiamente dicha y 3) que la oportunidad de
evitar esa aminoración o de obtener un provecho, se extinguió de manera
irreversible para la víctima”»

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A partir de lo anterior, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado analizó los requisitos jurisprudenciales establecidos
por esta corporación para encontrar configurado el daño por la pérdida
de oportunidad, de la siguiente forma:

i. Para lo referente a la aleatoriedad del resultado, indicó que se
encontraba satisfecho, toda vez que, el accionante fue víctima del delito
investigado y se constituyó como parte civil dentro del proceso penal
para que fueran resarcidos los perjuicios sufridos; sin embargo, al ser
declarada la prescripción de la acción penal, evidenció que la posibilidad
de indemnización se vio frustrada y la incertidumbre del resultado final
del proceso se encontró probada.

Así lo señaló la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado:

«6) En este caso concreto, la Sala encuentra satisfecho el primer requisito toda vez
que el demandante fue víctima del delito investigado y, a su vez, se constituyó
como parte civil dentro del proceso penal para que fueran resarcidos los perjuicios
sufridos con ocasión de la lesión padecida por el accidente de tránsito, no obstante,
el Juzgado 16 Penal del Circuito de Cali declaró la cesación del procedimiento por
prescripción de la acción penal, situación que demuestra que al afectado con el
delito se le vio frustrada la posibilidad de conocer el resultado del proceso penal,
con lo cual la incertidumbre o aleatoriedad sobre el resultado final de la
investigación se encuentra probada.»

ii. De igual modo, el despacho sustanciador sustentó que la certeza
respecto de la oportunidad propiamente dicha se encontraba cumplida,
debido a que en el acervo probatorio evidenció que la presunta
oportunidad perdida existía para el accionante en la medida que se
profirió sentencia condenatoria tanto en primera y segunda instancia;
no obstante, dichas providencias fueron dejadas sin efecto por la
prescripción de la acción penal, por lo cual, sí existió una oportunidad
seria y cierta para el accionante de recuperar por medio del proceso
penal los eventuales perjuicios derivados del delito investigado.

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Así lo dijo esta corporación:

«La Sala también encuentra probado el segundo requisito en este caso, debido a
que hay evidencia de que la presunta oportunidad perdida existía para el
demandante en la medida en que se surtió tanto la etapa de investigación como la
de juzgamiento y se profirió sentencia condenatoria en primera y segunda
instancia, pero, esta última fue dejada sin efectos por virtud de una acción de tutela
para proteger los derechos de la llamada en garantía, en ese orden de ideas, no se
avizora duda alguna sobre la responsabilidad penal del sindicado, pues, no
quedaron pruebas por practicar ni etapas procesales por agotarse y las dos
instancias fueron coincidentes en la condena penal y en los perjuicios sufridos por
la víctima del accidente y ahora demandante; el único punto sobre el que hubo
cuestionamiento fue la responsabilidad solidaria de la llamada en garantía lo cual
no afecta el hecho de que la víctima iba a ser reparada, pues, con o sin su condena,
tanto el sindicado como el tercero civilmente responsable estaban obligados a
indemnizar de conformidad con las decisiones obrantes en el expediente, además,
en este caso fueron decretadas medidas cautelares (fl. 409 cdno. 2).

Es evidente entonces que sin la declaratoria de prescripción de la acción penal se
hubiera obtenido una decisión de fondo favorable a los intereses del ahora
demandante y, por lo tanto, tenía una oportunidad seria y cierta de recuperar por la
vía del proceso penal los eventuales perjuicios derivados del delito investigado.»

iii. Sin embargo, en lo relacionado con la extinción irreversible de la
oportunidad perdida, la providencia señaló lo siguiente:

«No obstante, la Sala advierte que no se cumple con el tercer requisito
necesario para la configuración de una pérdida de oportunidad puesto que al
demandante todavía le queda la posibilidad de interponer acción civil para obtener
reparación; aunque al prescribir la acción penal automáticamente prescribió la
acción civil iniciada dentro del proceso punitivo (artículo 98 del Código Penal7 ),
lo cierto es que podía acudir ante la jurisdicción civil porque para procesos civiles
ordinarios -que en este caso sería el de responsabilidad civil extracontractual- el
artículo 2536 del Código Civil8 preveía para el momento en que ocurrió el
accidente una prescripción de 20 años, como este ocurrió el 21 de septiembre de
2002 la acción no se encontraba prescrita(…) y, en ese orden de ideas, la
oportunidad de resarcir los perjuicios no se había perdido. En efecto, según el
citado artículo 98 de la Ley 599 del 2000, en su texto vigente para la época en que
se declaró la prescripción de la acción penal, la acción civil derivada de la conducta
punible cuando se ejercita dentro de un proceso penal prescribe “en relación con
los penalmente responsables” en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva
acción penal, pero, en los demás casos se aplicarán las normas pertinentes de la
legislación civil.

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Lo anterior obliga a precisar que en el presente caso que la acción civil no se
formuló en el proceso penal con el único objetivo de que el conductor del vehículo
respondiera por los perjuicios ocasionados como penalmente responsable, sino,
para que también lo hiciera el propietario, quien también fue vinculado como
tercero civilmente responsable, respecto de quien no prescribió la acción civil con
la prescripción de la acción penal ya que se trata de persona distinta a las acusada
de ser “penalmente responsable”.

En tales circunstancias, la declaración de la prescripción de la acción penal no
impedía a los demandantes iniciar un proceso ordinario de responsabilidad civil
contra del tercero considerado por ellos civilmente responsable, de quien también
se pretendía obtener indemnización en los términos del citado artículo 98 del
Código Penal, de manera que las víctimas también podían intentar la
correspondiente acción ante la jurisdicción civil que estaba sujeta al término
ordinario de prescripción previsto en el artículo 2536 del Código Civil.»

Por lo anterior, al evidenciar que el accionante contaba hasta el 21 de
septiembre de 2022 para acudir ante la jurisdicción civil, por medio de
la acción de responsabilidad civil extracontractual e intentar bajo esta
figura la posibilidad de obtener una indemnización, la autoridad judicial
accionada advirtió que no se encontraba cumplido el tercer requisito,
dado que al momento de presentar el medio de control de reparación
directa, el señor Benavides no había perdido de modo definitivo e
insalvable la oportunidad de reclamar reparación ante el tercero
civilmente responsable.

De esta manera, es claro que en este asunto no se evidencia que existió
una violación directa de la Constitución, un defecto sustantivo o el
desconocimiento del precedente invocado por el accionante, pues
precisamente la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado trajo a colación y aplicó los requisitos desarrollados y reiterados
por la jurisprudencia de esta corporación para demostrar la
configuración de pérdida de oportunidad.

Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que en el
presente asunto se haya configurado ninguna de las causales

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específicas de procedibilidad, toda vez que las conclusiones a las que
llegaron los funcionarios judiciales para resolver el caso y negar las
solicitudes del demandante no obedecieron a un capricho o
arbitrariedad ni se fundaron en su simple voluntad, sino que, por el
contrario, se basaron en un razonable ejercicio de interpretación
normativa y jurisprudencial, contrastada con los contornos fácticos del
caso, que llevó a tomar la decisión adversa a las pretensiones de la
demanda.

Dicho lo anterior, es menester recordar que las discusiones adelantadas
en el marco del proceso ordinario no pueden ser revividas a través de
la tutela, pues ello acarrea que se convierta la sede constitucional en
una instancia no consagrada por el ordenamiento jurídico para estudiar
los argumentos del juez natural, dictaminados en razón a lo probado
dentro de ese proceso y bajo unas consideraciones y análisis que le
sirvieron de soporte.

Así las cosas, teniendo en cuanta que la intervención del juez de tutela
se activa únicamente en los casos específicos en que se evidencia una
argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente, o inexistente al
punto que se torna arbitraria, y por no advertirse vulneración alguna
de derechos fundamentales, esta Sala de Subsección negará el amparo
solicitado mediante la acción de tutela presentada por la parte
accionante en contra del Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

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administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela formulada por el señor
Francisco Javier Benavides en contra del Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección B, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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