Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00261-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00261-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00261-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
23 de febrero de 2023
Demandante: Leyda Judith Montes Madrid
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00261-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00261-00
Demandante: LEYDA JUDITH MONTES MADRID
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO
Temas: Tutela de fondo – procedimiento administrativo disciplinario –
deber de los abogados de actualizar el registro de su domicilio
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela que ejerció la
señora Leyda Judith Montes Madrid contra el Consejo Superior de la Judicatura y la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado el 23 de enero de 2023 al buzón web de la Secretaría
General del Consejo de Estado, la señora Leyda Judith Montes Madrid, actuando
en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, con el fin de
que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a
la “segunda instancia”, a la “confianza legítima”, al trabajo, al mínimo vital y a la
seguridad social.
2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término
de 2 años y multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes que se
registró en sus antecedentes disciplinarios de abogada y que se realizó por la orden
dada en el proceso disciplinario identificado con el radicado N° 23001-11-02-001-
2017-00214-00.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
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“Que el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Córdoba ordenen a la (sic) suspensión de la sanción impuesta y se tomen
las medidas necesarias a fin de que la suscita (sic) pueda ejercer su derecho de
defensa y contradicción.
Que se me garantice por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Córdoba las condiciones necesarias para asegurar mi derecho al debido proceso,
legítima defensa, doble instancia vulnerados por los hechos arriba narrados”.
4. Además, como medida provisional, la tutelante requirió:
“Solicito señor Magistrado a fin de que no se me cause un perjuicio irremediable,
como mediada (sic) de protección, ordene el (sic) Consejo Superior de la Judicatura
y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba la suspensión de la
sanción impuesta y se tomen las medidas necesarias a fin de que la suscita (sic)
pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción.”
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
5. El 16 de mayo de 2017, la señora Duvis Janeth Castro Pérez presentó queja
disciplinaria ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Córdoba, con el fin de:
“1. De acuerdo con lo narrado de manera respetuosa solicito, investigar a la abogada
Dra. LEYDA JUDITH MONTES MADRID, identificada con CC N° 26.201.228
expedida en Montería y T.P N° 195053 del C.S. de la Judicatura, y exigirle me rinda
informe detallado del encargo para que me representara dentro del proceso de
restitución de pasivos celebrado entre el municipio y sus acreedores.
2. Se ordene a la Dra. LEYDA JUDITH MONTES MADRID, a devolver los dineros
que por derecho me corresponden y que recibió en mi nombre por concepto de
acreencias laborales a mí reconocidas en sentencia del 16 de diciembre de 2011,
proferida por Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Montería.
3. Que se ordene a la Dra. LEYDA JUDITH MONTES MADRID, a entregarme de
manera indexada la cantidad de dinero que me pertenece y que tomo sin mi
autorización.” (Sic a toda la transcripción)
6. La abogada Leyda Judith Montes Madrid no compareció al proceso, por lo
que se dispuso juzgarla como persona ausente y se le nombró un abogado de oficio.
7. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, a través de fallo
del 20 de octubre de 2021, declaró responsable a la accionante, a título de dolo, de
la comisión de la falta disciplinaria establecida en el numeral 4° del artículo 35 1 de
la Ley 1123 de 2007 y el incumplimiento del deber descrito en el numeral 8° del
1 “Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:
(…)
4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en
virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.”
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artículo 282 de esa misma ley, razón por la cual la sancionó con suspensión en el
ejercicio de la profesión por el término de 2 años y multa de 10 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
8. La anterior decisión no fue apelada y, por ello, se surtió el grado jurisdiccional
de consulta3 ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, mediante
sentencia del 20 de octubre de 2022, la confirmó íntegramente.
9. En el certificado4 de antecedentes disciplinarios de la tutelante se registró la
siguiente sanción:
2 “Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:
(…)
8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros
aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al
servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que
perciba dineros, cualquiera sea su concepto.”
3 De conformidad con el parágrafo 1° del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, que establece:
“Artículo 112. Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura:
(…)
Parágrafo 1º. Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos
disciplinarios de que conocen en primera instancia los Consejo Seccionales de la Judicatura y no fueren
apeladas, serán consultadas cuando fueren desfavorables a los procesados.”
4 La consulta del certificado de antecedentes disciplinarios de abogado de la accionante se realizó
el 14 de febrero de 2022, en el link: https://antecedentesdisciplinarios.ramajudicial.gov.co/
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1.3. Sustento de la vulneración
10. La parte actora aseguró que el Consejo Superior de la Judicatura y la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la “segunda instancia”, a la
“confianza legítima”, al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social, por los motivos
que se exponen a continuación:
11. Indicó que el 18 de enero de 2023 descargó un certificado de antecedentes
disciplinarios y observó que se le impuso una sanción que inició el 22 de diciembre
de 2022 y finalizará el 22 de diciembre de 2024, producto de la decisión adoptada
en el proceso disciplinario con radicado N° 23001-11-02-001-2017-00214-00 y que
desconocía.
12. En ese sentido, aseguró que nunca le notificaron alguna de las providencias
dictadas en el referido trámite y, por ello, le fue imposible ejercer su derecho de
defensa.
13. Precisó que el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Córdoba no realizaron ninguna actuación para ubicarla y
notificarla del proceso, y si bien “por ley nombro (sic) defensor de oficio”, lo cierto es
que el actuar de ese profesional del derecho “fue bastante deficiente” y, en
consecuencia, no se la ha permitido ejercer su “derecho a la defensa técnica”.
14. Señaló que no haberle notificado la sentencia que le impuso la sanción es
contrario al artículo 119 de la Ley 734 de 20025 y a la sentencia C-1076 de 20026
de la Corte Constitucional.
15. Sostuvo que era madre cabeza de familia y que su hijo menor de edad y su
madre dependían económicamente de ella, por lo que la sanción impuesta le
ocasionaba un perjuicio irremediable que le impedía trabajar como abogada y que
carecía de “los medios económicos para atender su sostenimiento”.
16. Describió la naturaleza jurídica del derecho fundamental al debido proceso y
manifestó que esa prerrogativa constitucional debía garantizarse en los procesos
disciplinarios, como lo consideró la Corporación de cierre en materia de derechos
fundamentales en el fallo C-948 de 2002.
17. Por lo anterior, aclaró que el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba debieron respetar las reglas y
5 “Artículo 119. Ejecutoria de las decisiones. Las decisiones disciplinarias contra las que proceden recursos
quedarán en firme tres días después de la última notificación. Las que se dicten en audiencia o diligencia, al
finalizar ésta o la lesión donde se haya tomado la decisión, si no fueren impugnadas.
Las decisiones que resuelvan los recursos de apelación y queja, así como aquellas contra las cuales no procede
recurso alguno, quedarán en firme el día que sean suscritas por el funcionario competente.”
6 En esta decisión se resolvió la acción pública de inconstitucionalidad que se promovió contra varias
normas de la Ley 734 de 2022, entre ellas el inciso segundo del artículo 119.
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procedimientos establecidos para adelantar el proceso disciplinario que culminó con
la sanción que se le impuso.
18. Por último, indicó que la acción de tutela cumplía con todos los requisitos de
procedibilidad y en relación con el de subsidiariedad, aseguró:
“Ahora, considero que es la tutela el medio idóneo, conforme a lo previsto en el
artículo 146 del Código Disciplinario Único, referente a la solicitud de nulidad que
según dicha norma solo podrá ser presentada antes de proferirse el fallo definitivo,
razón por la cual, una vez pronunciado éste, como de hecho ya ocurrió, no es posible
hacer uso de ese mecanismo de defensa.
(…)
Ahora bien, en relación con la oportunidad para solicitar la nulidad del fallo
disciplinario, puede considerarse que en relación con esta opción ocurre algo
semejante a lo ejemplificado respecto del recurso de casación, principalmente por
cuanto, según lo evidencia la Corte, es frecuente que la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria rechace de plano ese tipo de solicitudes. En el mismo sentido, otras
acciones de tutela contra la misma Sala Jurisdiccional Disciplinara del Consejo
Superior de la Judicatura decididas por Alta Corte en sede de revisión, permiten dar
cuenta de esa misma situación7”
1.4. Trámite de la acción de tutela
19. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante
auto del 30 de enero de 2023, admitió la demanda de tutela, negó la medida cautelar
solicitada8 y dispuso su notificación a la parte actora, así como a los magistrados
del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Córdoba, en calidad de autoridades accionadas.
20. Igualmente, vinculó como tercero con interés, de conformidad con el artículo
13 del Decreto Ley 2591 de 1991, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
1.5. Intervenciones
21. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:
7 Ob. Cit. “Cfr. En este sentido, entre otras las sentencias T-238 de 2011, T-637 y T-803 ambas de 2012 y T-
345 de 2014.”
8 La medida cautelar solicitada se negó, al advertirse que no se allegó alguna prueba que acreditara
que en el proceso disciplinario se incurrió en alguna irregularidad relacionada con la publicidad de
las actuaciones y que el hecho de que se materializara la sanción era una consecuencia de la
ejecución de una decisión judicial que gozaba de presunción de legalidad y acierto.
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1.5.1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba
22. Con escrito enviado por correo electrónico el 31 de enero de 2023 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la magistrada ponente del fallo
disciplinario de primera instancia, después de describir el trámite que le impartió al
proceso y en especial a las notificaciones, sostuvo que:
“(…) la dirección tomada para efectos de comunicación de la doctora MONTES
MADRID fue la informada por ella en el certificado N°142829 de fecha 26 de mayo
de 2017 emitido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, pues con el escrito de queja no se
aportó dirección alguna de la investigada, por lo que a la dirección antes señalada
en adelante se libró todas las comunicaciones informándole de las circunstancias
adelantadas en el proceso, y pese a ello la bogada MONTES MADRID no concurrió
al proceso, por lo que, para garantizar su derecho a la defensa se le declaró persona
ausente y se designó defensor de oficio, con quien se adelantó el proceso conforme
a las disposiciones de la Ley 1123 de 2007.” (Sic a toda la transcripción)
23. Precisó que su actuación culminó con el fallo del 20 de octubre de 2021, con
el que se sancionó a la accionante con suspensión en el ejercicio de la profesión
por el término de 2 años y multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
al encontrarla disciplinariamente responsable a título de dolo de la falta establecida
en el numeral 4° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 y del incumplimiento del
deber previsto en el numeral 8° del artículo 28 de esa misma ley.
24. Aclaró que esa decisión fue sometida a grado jurisdiccional de consulta, por
cuanto no se interpuso recurso de apelación, y la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial mediante sentencia del 20 de octubre de 2022 la confirmó, razón por la cual
la providencia que dictó gozaba de “doble presunción de acierto y legalidad”.
25. Indicó que no vulneró alguno de los derechos fundamentales invocados por
la señora Leyda Judith Montes Madrid, pues se le otorgaron oportunidades para que
concurriera al proceso y se le nombró un defensor de oficio.
26. En ese sentido, solicitó que se negara el amparo deprecado.
1.5.2. Comisión Nacional de Disciplina Judicial
27. Con escrito enviado por correo electrónico el 2 de febrero de 2023 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el magistrado ponente del fallo
disciplinario de segunda instancia sostuvo que confirmó la decisión del 20 de
octubre de 2021, al conocerla en grado jurisdiccional de consulta, comoquiera que
encontró acreditado que la accionante incurrió en las conductas que se le
endilgaron.
28. Describió en qué consistieron los actos de notificación a la señora Leyda
Judith Montes Madrid y advirtió que nunca compareció, por lo que fue necesario
nombrarle un defensor de oficio.
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29. Aclaró que en la actuación disciplinaria se garantizaron los derechos
fundamentales de la tutelante y se siguieron los procedimientos establecidos en la
Ley 1123 de 2007.
30. Así las cosas, pidió que se declarara improcedente el mecanismo de
protección constitucional.
31. Posteriormente, el 3 de febrero de 2023, el secretario judicial de esa
Corporación describió las actuaciones procesales registradas en el sistema de
información “Siglo XXI” desde que ingresó el expediente a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y precisó que las notificaciones se realizaron conforme a las leyes
1123 de 2007 y 2213 de 2022.
32. Aclaró que revisó el expediente y requirió a la Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia para establecer cuál era el correo electrónico
de señora la Leyda Judith Montes Madrid, sin embargo, no se pudo obtener esa
información y remitió el telegrama de notificación a la dirección física a la que se
notificaron todas las actuaciones del proceso.
33. Manifestó que, el 1° de febrero de 2023, le pidió a la referida unidad que
certificara cuál había sido la última actualización de datos de la tutelante registrada
y advirtió, que:
“Mediante Oficio de 3 de febrero de 2023, la Unidad de Registro Nacional de
Abogados informó que el 20 de enero de 2023, la citada profesional del derecho
actualizó sus datos indicando el correo electrónico para efecto de notificaciones,
fulgurando (sic) que tal actualización se surtió con posterioridad a las gestiones de
notificación realizadas en el proceso disciplinario reprochado”
34. Desde este panorama, solicitó “inviabilizar el amparo”, pues no se incurrió en
algún yerro y la tutelante no cumplió con el deber de “actualizar sus datos de contacto”.
1.5.3. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia
35. Con escrito enviado por correo electrónico el 2 de febrero de 2023 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el director de esa unidad, una
vez expuso los antecedentes administrativos del registro de la sanción, sostuvo que
a la fecha la tarjeta profesional de la accionante se encontraba en “estado No
Vigente”.
36. Indicó que la función de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia era “netamente administrativa”, porque consistía en actualizar
el registro de la sanción y certificar la vigencia de la tarjeta profesional con “el
respectivo fallo y constancia secretarial”.
37. En ese orden de ideas, solicitó su desvinculación del trámite constitucional
de la referencia.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
38. Esta Sala es competente para resolver la acción de tutela ejercida por la
señora Leyda Judith Montes Madrid contra el Consejo Superior de la Judicatura y la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de
1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333
de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
39. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, en su intervención, manifestó que su función
era “netamente administrativa” y solicitó ser desvinculado del trámite constitucional del
vocativo de la referencia.
40. Al respecto, la Sala advierte que negará la referida petición, comoquiera que
la demanda se dirigió expresamente contra esa autoridad y en la parte considerativa
de esta providencia se establecerá si, en efecto, alguna de las conductas que
desplegó vulneraron los derechos fundamentales que invocó la señora Leyda Judith
Montes Madrid.
2.3. Problemas jurídicos
41. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la accionante, los
argumentos del libelo introductorio, las intervenciones presentadas y el material
probatorio recaudado, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son
los siguientes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela?
42. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
¿El Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Córdoba vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa, a la “segunda instancia”, a la “confianza legítima”, al
trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social de la señora Leyda Judith
Montes Madrid, con ocasión de la sanción de suspensión en el ejercicio de
la profesión y multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes que
se registró en sus antecedentes disciplinarios y que se realizó por la orden
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dada en el proceso disciplinario con radicado N° 23001-11-02-001-2017-
00214-00?
43. Para resolver los interrogantes planteados, se estudiarán los siguientes
temas: (i) el panorama general de la acción de tutela; (ii) la naturaleza subsidiaria
del mecanismo de amparo constitucional y su improcedencia cuando existen otras
vías judiciales disponibles y eficaces; y (iii) el análisis del caso concreto.
2.4. Panorama general de la acción de tutela
44. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
establecidos en el Decreto 2591 de 1991.
45. Es importante aclarar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.
2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su improcedencia
cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces
46. En consideración a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción
de tutela y determina que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo
6º del Decreto Ley 2591 de 1991.
47. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.
48. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia9.
9 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y
la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común
garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás
fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela,
que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
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49. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
2.6. Caso concreto
2.6.1. Respuesta al primer problema jurídico
50. En relación con el presupuesto de la inmediatez, se observa que la acción de
tutela se ejerció en un plazo razonable desde que se conoció la presunta
vulneración de derechos fundamentales, esto es, el 18 de enero de 2023 cuando
la accionante asegura que descargó el certificado de antecedentes disciplinarios
que contenía el registro de la sanción.
51. Respecto del requisito de subsidiariedad, se advierte que no existe otro
medio de defensa judicial idóneo para que la tutelante pueda defender sus derechos
fundamentales, comoquiera que el proceso disciplinario culminó con sentencia
definitiva el 20 de octubre de 2022 y, por ello, no es procedente que se promueva
un incidente de nulidad.
52. En efecto, el artículo 206 de la Ley 1952 de 201910, aplicable a los procesos
disciplinarios que se adelantan contra los profesionales del derecho por la remisión
dispuesta en el artículo 16 de la Ley 1123 de 200711, establece:
“Artículo 206. Requisitos de la solicitud de nulidad. La solicitud de nulidad podrá
formularse hasta antes de dar traslado para alegatos de conclusión y deberá
indicar en forma concreta la causal o causales respectivas, así como expresar los
fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten.” (Negrita y subrayado fuera
del texto)
53. Desde ese panorama normativo, se evidencia que la acción de tutela se erige
como el mecanismo judicial para debatir la presunta transgresión de garantías
superiores que indicó la señora Leyda Judith Montes Madrid.
2.6.2. Respuesta al segundo problema jurídico
54. La señora Leyda Judith Montes Madrid aseguró que el Consejo Superior de
la Judicatura y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la “segunda
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección
de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
10 “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas
disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.”
11 “Artículo 16. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario
prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y en esta ley. En lo no previsto en
este código se aplicarán los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y deontología de los abogados,
y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en
lo que no contravenga la naturaleza del derechos disciplinario.”
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instancia”, a la “confianza legítima”, al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social,
con ocasión de la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa de
10 salarios mínimos legales mensuales vigentes que se registró en sus
antecedentes disciplinarios y que se realizó por la orden dada en el proceso
disciplinario con radicado N° 23001-11-02-001-2017-00214-00.
55. Lo anterior, por cuanto nunca se le notificó alguna de las providencias que se
dictaron en el referido trámite y, por ello, no pudo ejercer su derecho de defensa.
56. El Consejo Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, en su contestación,
indicó que no vulneró las garantías de la accionante, por cuanto cumplió con el
procedimiento establecido en la Ley 1123 de 2011 para que concurriera al proceso
y como no se logró, se le nombró un defensor de oficio.
57. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en su intervención, señaló que
confirmó el fallo del 20 de octubre de 2021 al encontrar acreditadas las conductas
que se le endilgaron a la tutelante y precisó que ella solo actualizó su información
en el Registro Nacional de Abogados hasta el 20 de enero de 2023.
58. El Consejo Superior de la Judicatura, en su contestación, manifestó que
cumplió con sus funciones y registró la sanción que se le impuso a la señora Leyda
Judith Montes Madrid.
59. Ahora bien, la Sala anticipa que negará el amparo solicitado, comoquiera que
no existieron irregularidades en el trámite del proceso disciplinario que
transgredieran alguno de los derechos fundamentales que invocó la parte actora.
60. En efecto, el proceso disciplinario inició con la queja que presentó la
ciudadana Duvis Janeth Castro Pérez el 16 de mayo de 2017 ante la Sala
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba.
61. Antes de adoptar alguna decisión, el 25 de mayo de 2017, la magistrada
instructora solicitó que se acreditara la calidad de abogada de la señora Leyda
Judith Montes Madrid y, por ello, requirió que se incorporara el expediente la
respectiva certificación y los antecedentes disciplinarios.
62. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
expidió la siguiente certificación:
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63. El 31 de mayo de 2017 se dictó auto de apertura de la investigación, se
ordenó notificar personalmente a la disciplinable y se fijó como fecha para la
realización de la audiencia de pruebas y calificación provisional el 9 de agosto de
2017 a las 9:30 a. m.
64. En cumplimiento de lo anterior, se expidió el siguiente telegrama:
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65. Igualmente, se fijó el este edicto:
66. La audiencia programada para el 9 de agosto de 2017 no se pudo realizar
por la “incomparecencia de la doctora LEYDA JUDITH MONTES MADRID”, razón por la
cual se ordenó fijar el siguiente edicto:
67. El 22 de agosto de 2017, la secretaria de esa Corporación certificó que la
accionante no presentó excusa ante la inasistencia a la audiencia programada y, en
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consecuencia, la magistrada instructora, mediante auto del 23 de agosto de 2017,
dispuso:
68. Se nombraron a varios profesionales del derecho como defensores de oficio,
pero presentaron excusas para actuar en dicha calidad, sin embargo, el abogado
Luis Ángel Gallego Doria aceptó y esa decisión le fue notificada a la tutelante a
través de telegrama enviado a la dirección registrada en el certificado expedido por
la Unidad de Registro Nacional de Abogados, es decir, a la carrera 8 N° 30 – 33 de
la ciudad de Montería.
69. El referido profesional del derecho renunció por haber sido nombrado como
inspector de policía y, en consecuencia, se nombró a la señora Samia Rosa Francis
Villadiego, decisión que fue notificada de la misma manera que la primera
designación.
70. El proceso continuó y todas las actuaciones que se adoptaron se notificaron
a la tutelante, a través de envío de telegrama a la dirección registrada en el
certificado expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados.
71. Finalmente, la primera instancia del proceso disciplinario culminó con la
sentencia del 20 de octubre de 2021 dictada por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Córdoba, que resolvió:
“PRIMERO: Declarar disciplinariamente responsable a la doctora LEYDA JUDITH
MONTES MADRID, abogada en ejercicio de la profesión, identificado con la cédula
de ciudadanía N° 26.201.228 y portadora de la Tarjeta Profesional de Abogado N°
195.053 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como autor responsable
de la comisión de la falta disciplinaria descrita en el numeral 4° del artículo 35 de la
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ley 1123 de 2007, por el incumplimiento del deber que consagra el numeral 8° del
artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, a título de DOLO, por las razones expuestas en
la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: IMPONER a la doctora LEYDA JUDITH MONTES MADRID, sanción
disciplinaria consistente en SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS Y MULTA DE DIEZ (10) SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, de conformidad con lo explicado en
la parte interna de esta providencia, La multa deberá ser cancelada a órdenes del
Consejo Superior de la Judicatura dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la ejecutoria de la presente providencia, en el Banco Agrario de Colombia, cuenta
corriente N° 3-0820-000640-8, denominada CSJ-MULTAS Y SUS RENDIMIENTOS-
CUN, convenio 13474. En caso de no acreditarse el pago dentro del término antes
señalado, por Secretaría dese cumplimiento a lo ordenado en el artículo 10 de la
Ley 1743 de 2014 y a la Circular DEAJC19-61 del 31 de julio de 2019.
(…)”
72. Esta decisión fue notificada, así:
73. La sentencia no fue apelada y se surtió el grado jurisdiccional de consulta12
ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, mediante fallo del 20 de
octubre de 2022, la confirmó y ordenó el registró de la sanción, de conformidad con
el artículo 4713 de la Ley 1123 de 2007.
12 De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 112 de la Ley 270 de 1996.
13 “Artículo 47. Ejecución y registro de la sanción. Notificada la sentencia de segunda instancia, la oficina de
Registro Nacional de Abogados anotará la sanción impuesta. Esta comenzará a regir a partir de la fecha de
registro.
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74. Esa decisión también se notificó por telegrama, de esta manera:
75. Igualmente, se publicó el siguiente edicto:
Para tal efecto, la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
luego de la referida notificación hará entrega inmediata de copia de la sentencia a la oficina de registro.”
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76. De conformidad con lo expuesto, resulta claro que se intentó ubicar a la
señora Leyda Judith Montes Madrid con los medios que se tenían al alcance, para
notificarla del proceso disciplinario que se adelantó en su contra, pero no fue
posible.
77. Ahora, el hecho de que no hubiera podido conocer del trámite, no es
consecuencia de una acción u omisión de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Córdoba, sino de la propia accionante.
78. En efecto, el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, establece:
“Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:
(…)
15. Tener un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado ante el
Registro Nacional de Abogados para la atención de los asuntos que se le
encomienden, debiendo además informar de manera inmediata toda variación del
mismo a las autoridades ante las cuales adelante cualquier gestión profesional.”
79. No obstante, la tutelante solo actualizó su domicilio hasta el 20 de enero de
2023, es decir, después de que finalizó el proceso disciplinario, obsérvese:
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80. Por lo tanto, se presumía que la dirección carrera 8 N° 30 – 33 de la ciudad
de Montería correspondía al domicilio en el que la señora Leyda Judith Montes
Madrid podía recibir notificaciones.
81. Además, el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1123 de 2007 precisa
que cuando no se conozca el paradero del disciplinado se “enviará la comunicación a
las direcciones anotadas en el Registro Nacional de Abogados”.
82. Así las cosas, las notificaciones que se realizaron en el proceso disciplinario
fueron adecuadas de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin y,
por ello, no se vulneraron los derechos fundamentales de la accionante.
83. Por otra parte, se advierte que se siguió el procedimiento establecido para
declarar a un abogado como persona ausente y poderlo juzgar, razón por la cual
tampoco se transgredieron las garantías constitucionales invocadas.
84. Al respecto, el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, determina lo siguiente:
“Artículo 104. Trámite preliminar. Efectuado el reparto, dentro de los cinco (5) días
siguientes se acreditará la condición de disciplinable del denunciado por el medio
más expedito; verificado este requisito de procedibilidad, se dictará auto de trámite
de apertura de proceso disciplinario, señalando fecha y hora para la audiencia de
pruebas y calificación de lo cual se enterará al Ministerio Público; dicha diligencia se
celebrará dentro del término perentorio de quince (15) días. La citación se realizará
a través del medio más eficaz. En caso de no conocerse su paradero, se enviará la
comunicación a las direcciones anotadas en el Registro Nacional de Abogados
fijándose además edicto emplazatorio en la Secretaría de la Sala por el término de
tres (3) días.
Si en la fecha prevista el disciplinable comparece, la actuación se desarrollará
conforme al artículo siguiente.
Si el disciplinable no comparece, se fijará edicto emplazatorio por tres (3) días, acto
seguido se declarará persona ausente y se le designará defensor de oficio con
quien se proseguirá la actuación.
La citación también deberá efectuarse al quejoso en todos los eventos. De la
realización de las audiencias se enterará al Ministerio Público.
PARÁGRAFO. Será obligatoria la presencia del disciplinado o su defensor a las
audiencias de que tratan los artículos siguientes. Si tales intervinientes no
comparecieren o se ausentasen sin causa justificada, se suspenderá la audiencia,
por el término de tres días para que se justifique la causa. Vencido este término el
juez evaluará la causa y si persistiere la incomparecencia procederá de
inmediato a designar un defensor de oficio con quien se proseguirá la
actuación.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
85. De conformidad con la norma expuesta y el trámite que se impartió en el
proceso disciplinario, se evidencia que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Cordobá también actuó de manera adecuada ante la falta de comparecencia de
la señora Leyda Judith Montes Madrid.
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86. Finalmente, se pone de presente que no es cierto que la accionante solo
conociera de la sanción hasta el 18 de enero de 2023, porque en noviembre de 2022
se expidió la siguiente certificación a solicitud de ella:
87. Por lo tanto, la señora Leyda Judith Montes Madrid faltó a la verdad en la
demanda de tutela cuando aseguró que solo conoció del proceso disciplinario hasta
el “18 de enero del presente año”.
88. Así las cosas, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Córdoba no vulneraron los derechos fundamentales de la
tutelante y, por ello, se negará el amparo solicitado.
2.6. Conclusión
89. Con la sanción que se registró en los antecedentes disciplinarios de la señora
Leyda Judith Montes Madrid, no se le vulneró algún derecho fundamental debido a
la inexistencia de una irregularidad de índole procesal.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
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de la Justicia, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.2. de
la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
a la defensa, a la “segunda instancia”, a la “confianza legítima”, al trabajo, al mínimo
vital y a la seguridad social solicitado por la señora Leyda Judith Montes Madrid, de
conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.6.2. de la parte
considerativa de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres (3)
días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.
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