Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00266-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00266-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00266-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
13 de julio de 2023
Demandante: María Mercedes Vélez Vásquez
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00266-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000- 2023-00266-01
Demandante: MARÍA MERCEDES VÉLEZ VÁSQUEZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL
Tema: Tutela contra acto administrativo – Confirma fallo de primera instancia
que negó el amparo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo
de 11 de mayo de 2023, por medio de la cual, la Sección Primera del Consejo de Estado
negó el amparo deprecado.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La señora María Mercedes Vélez Vásquez, en nombre propio, radicó escrito de tutela el
23 de enero de 2023, con el fin de que le proteja su derecho fundamental al debido
proceso, el cual consideró transgredido con ocasión de la Resolución CJR23-0044 de 16
de enero de 2023, pues en su criterio no se resolvieron de fondo todas las objeciones del
recurso de reposición que interpuso contra la Resolución CJR22-0351 de 1.° de
septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de
aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de
los cargos de funcionarios de la Rama Judicial
1.2. Pretensiones
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
A.- TUTELAR mi derecho fundamental al debido proceso ordenando a los entes accionados
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, procedan a recalificar mi prueba de
conocimientos, componente especifico, teniendo como contestadas acertadamente las
preguntas Nos. 103, 110, 115, 116, 121 y 129, las cuales bajo ningún punto de vista, se
debieron incluir en el ítem de conocimientos específicos de dicho examen.
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Demandante: María Mercedes Vélez Vásquez
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00266-01
B.- COMO consecuencia de lo anterior y aplicando la formulada implementada por las
entidades accionadas en este concurso de méritos, me sea asignado el puntaje de 808.62,
partiendo de que, a los 41 aciertos obtenidos en el componente de conocimientos, se le
deben sumar las seis preguntas relacionadas, para un total de 47.
Formula para calificación prueba de conocimientos:
Media: 32.558 Desviación Estándar: 6.709
Z=((número de aciertos – media/ desviación estándar x 30 + 550
Z= ((47-32,558)/6.709) X 30 + 550 = 614.57
Es decir, prueba de aptitudes: 194,05 + prueba de conocimientos: 614.57 TOTAL: 808.62.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
La señora María Mercedes Vélez Vásquez expuso los siguientes hechos que, a juicio de
la Sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar dentro del presente
asunto.
Mencionó que por medio del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, el
Consejo Superior de la Judicatura adelantó el proceso de selección y convocó al concurso
de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
Señaló que se inscribió para el cargo de «Juez Civil Municipal – Juez de Pequeñas
Causas y Competencia Múltiple – Juez Civil Municipal de Ejecución de Sentencias grupo
3)», y mediante la Resolución CSR22-0351 de 1.º de septiembre de 2022, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura publicó los
resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos realizada el 24 de julio de ese
mismo año, en la cual obtuvo un puntaje no aprobatorio de 781,79.
Narró que presentó recurso de reposición contra el anterior acto, el cual fue
complementado mediante escrito de 15 de noviembre siguiente, en los que manifestó su
desacuerdo con la calificación otorgada a las preguntas 103, 110, 115, 116, 121 y 129.
Indicó que el 16 de enero de 2023 la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura expidió la Resolución CJR23-0044, por medio de la
cual resolvió no reponer la decisión controvertida.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Según la parte actora, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración
de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia vulneraron sus derechos
fundamentales invocados, toda vez que en la Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de
2023 no fueron resueltas de fondo las peticiones que expresó en el recurso de reposición
y su escrito complementario.
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Al respecto, sostuvo que en ese documento se dio una única respuesta en forma general
a todos los recurrentes, sin resolver de fondo y de forma individual su recurso.
Expresó que la parte demandada respecto de las preguntas 103, 110, 115, 116, 121 y
129 indicó que «es pertinente que el juez conozca de los temas interrogados, [pero] no
indica por que se incluyó en dichos ítems, algunas preguntas que no son de la jurisdicción
civil y otras que no son de competencia del Juez Civil Municipal – Juez de Pequeñas
Causas y competencia múltiple – Juez Civil Municipal de Ejecución de Sentencias»
Manifestó que, «es inaudito que, en un Estado Social de Derecho, se permita a entidades
de orden nacional que actúen de forma arbitraria, intempestiva, irracional y
desproporcionada, vulnerando el derecho fundamental al debido proceso, cuya garantía
ha sido desarrollada hace muchos años por las altas corporaciones judiciales. Si las
entidades accionadas hubieran dispuesto que en el componente especifico de
conocimientos, iban a realizar preguntas de otras jurisdicciones y de competencia de
jueces de otra especialidad, al cargo para el cual aspiré, no estuviera ejerciendo esta
acción».
1.5. Trámite de la acción
1.5.1. La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de
auto de 30 de enero de 2023: (i) admitió la acción de tutela; (ii) ordenó notificar a la Nación
– Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia, y les concedió un término tres
(3) días para rendir informe.
1.5.2. El Despacho sustanciador de la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante auto de 16 de febrero de 2023, resolvió vincular a los demás
aspirantes inscritos en la Convocatoria 27 de 2018, como terceros con interés.
1.5.3. Por medio de auto de 22 de marzo de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, dispuso «Primero. Por Secretaría General, remitir el expediente
de la referencia al despacho del consejero Hernando Sánchez Sánchez, para que decida
sobre su posible acumulación a la acción de tutela con radicado 11001 03 15 000 2023
00230 00 y, de ser el caso, asuma su conocimiento».
1.5.4. El Despacho del magistrado Sánchez Sánchez a través de providencia de 10 de
abril de 2023 «[avocó] el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por María
Mercedes Vélez Vásquez contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de
Colombia».
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:
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1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera
Judicial
Mencionó que no hay vulneración de los derechos invocados por el tutelante, dado que
se atendieron en debida forma los cuestionamientos elevados por la señora María
Mercedes Vélez Vásquez, de manera que, solicitó negar el amparo solicitado en atención
a que:
Las objeciones presentadas por la accionante en la adición al recurso de reposición
relacionadas con que la prueba incluyó en las preguntas 103, 110, 115, 116, 121 y 129
temas que considera no corresponden a la competencia al cargo evaluado, fueron
atendidas mediante la Resolución CJR23-0025 de 16 de enero de 2023 adicionada con la
Resolución CJR23-0059 de 7 febrero de 2023, por lo que se configura la carencia de objeto
por hecho superado.
La Unidad de Administración de la Carrera Judicial no ha vulnerado los derechos invocados
puesto que, dio respuesta clara, completa y de fondo, de conformidad con la información
suministrada por la Universidad Nacional de Colombia como operador técnico de la prueba.
1.6.2. Universidad Nacional de Colombia
Precisó que le brindó respuesta a la señora de forma clara, completa y de fondo a todos
los reparos y solicitudes invocados por la accionante en ejercicio del citado recurso de
reposición.
En cuanto a las preguntas que la aspirante señala que no fueron atendidas, es preciso
indicar que mediante la Resolución CJR23-0025 de 16 de enero de 2023, y sus
respectivos anexos, las entidades accionadas resolvieron las solicitudes y reparos de la
señora Vélez Vásquez «en orden a poner en conocimiento la justificación técnica de cada
pregunta de la prueba en sus dos componentes, así como la pertinencia respecto de los
ítems invocados con relación al cargo aplicado».
De manera que, indicó que era evidente que no existe una transgresión al debido
proceso, «[a]sí mismo, debe llamarse la atención en que a través del mencionado acto
administrativo se brindó toda la información relacionada con la calificación de los
resultados para brindar las claridades requeridas por el aspirante en lo atinente a la
calificación obtenida por la accionante en los componentes de aptitudes y conocimientos
de la prueba y a la pertinencia de cada pregunta atacada».
En igual sentido, precisó que el ejercicio del recurso de reposición no implica que
necesariamente se deba resolver a favor del recurrente, por lo que reiteró, «se debe
negar el amparo».
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1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 11 de mayo de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado,
negó la acción de tutela.
Como primera medida, apreció y valoró las pruebas obrantes en el expediente, conforme
las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código General del
Proceso, «aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados
hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación
con el problema jurídico planteado en la acción de tutela».
Conforme lo anterior, el a quo confrontó lo manifestado por la señora María Mercedes
Vélez Vásquez en el escrito del recurso de reposición y la respuesta remitida mediante
la Resolución N.º CJR23-0025 de 16 de enero de 2023 – Anexo núm. 2, por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, y concluyó la
respuesta de la parte demandada si fue congruente y de fondo.
Resaltó que «la Resolución núm. CJR23-0025 de 16 de enero de 2023 y sus anexos
fueron publicados y notificadas a través de la página Web
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-
judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes; como lo establece el punto 5.2
del Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, mediante el cual se
adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión
de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial».
De manera que, precisó que no había lugar a amparar el derecho fundamental invocado
por la señora Vélez Vásquez, puesto que se otorgó una respuesta de fondo y congruente,
diferente, es que no hubiere sido conforme los intereses de la tutelante.
1.8. Impugnación1
Por medio de escrito, la señora María Mercedes Vélez Vásquez solicitó que se revoque
la sentencia de 11 de mayo de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, y en su lugar se ampare su derecho fundamental al debido proceso.
Lo anterior con fundamento en que, si bien el a quo precisó que iba a estudiar la garantía
fundamental alegada, lo cierto es que, según la tutelante, se limitó a la enunciación de
este, sin que hubiere un pronunciamiento de fondo al respecto, dado que, no se pronunció
frente a la actuación arbitraria, intempestiva, irracional y desproporcionada del Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial.
Expresó que la Sección Primera del Consejo de Estado se limitó a «copiar y pegar» sus
inconformidades frente a las preguntas 103, 110, 115, 116, 121 y 129, las cuales, según
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El fallo fue notificado el viernes 19 de mayo de 2023 y la impugnación se presentó el miércoles 24 del
mismo mes y año.
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la accionante «no son de la competencia del cargo para el cual aspire Juez Civil Municipal
– Juez de Pequeñas Causas y competencia múltiple – Juez Civil Municipal de Ejecución
de Sentencias», sino que corresponden a temas respecto de la «competencia del JUEZ
CIVIL DEL CIRCUITO (preguntas 115, 116 y 121 -artículos 19 No. 7 y 20 No. 2 del
C.G.P.), JUEZ DE FAMILIA (pregunta 110 artículos 21 y 22 del del C.G.P), CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA (pregunta 103 – artículo 334 del CGP), AGENCIA NACIONAL
DE TIERRAS (pregunta 129 - artículo 4 Decreto 2363 de 2015), en este última , en gracia
de discusión la etapa judicial corresponde al Juez Administrativo, conforme la sentencia
C-073 de 2018 proferida por la Corte Constitucional».
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la señora María
Mercedes Vélez Vásquez, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069
de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 11 de mayo de 2023, proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado, que negó el amparo.
Para el efecto, se analizarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza de la acción de tutela;
y (ii) análisis del caso concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de
1991.
Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del
derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.
2.4. Caso concreto
Según se tiene, la controversia planteada por la señora María Mercedes Vélez Vásquez
gira en torno a la respuesta brindada en la Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de
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2023 a los cuestionamientos que expuso contra la Resolución CJR22-0351 de 1.° de
septiembre de 2022, por medio de la cual se publicaron los resultados de la prueba de
aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de
los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
Entonces, consideró que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración
de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia no analizaron a profundidad
las objeciones que presentó respecto de las preguntas 103, 110, 115, 116, 121 y 129 y
sus respuestas.
Bajo este contexto, la Sala advierte que si bien la actora aludió como vulnerado su
derecho fundamental al debido proceso, en realidad el debate propuesto en la acción
constitucional está dirigido a obtener la protección del derecho fundamental de petición.
Quiere esto decir que en el caso que nos ocupa la tutela cumple el requisito de
subsidiariedad, pues más allá de debatirse la legalidad de la Resolución CJR23-0044 de
16 de enero de 2023, la actora echó de menos un pronunciamiento de fondo y congruente
a las inquietudes referidas contra ciertas preguntas del examen.
Visto así el asunto, resulta importante precisar que el derecho fundamental de petición
se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de presentar solicitudes respetuosas
a las autoridades y a obtener de ellas una pronta respuesta, según lo previsto en el
artículo 23 de la Constitución.
Cabe resaltar, que, tal como lo mencionó la Sección Primera del Consejo de Estado en
la decisión de primera instancia en esta tutela, la autoridad requerida no está obligada a
acceder a las pretensiones del peticionario, por lo que en el evento en que se deniegue
la solicitud, le corresponde, únicamente, dar a conocer las razones técnicas y jurídicas
que fundamentan aquella postura negativa. Así, este derecho que se concreta en la
formulación de una petición se hace efectivo a través de la respuesta otorgada, cuya
materialización resulta independiente del carácter favorable o desfavorable de la misma.
En tal sentido, para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de petición, la
contestación debe: i) versar sobre lo preguntado, sin evasivas y precisando lo que el
peticionario desea saber; ii) ser clara a fin de que el solicitante entienda el porqué de los
argumentos de la autoridad aun cuando no los comparta; iii) mantener coherencia con lo
solicitado; iv) ser proferida dentro de la oportunidad fijada por la ley para ello; y, finalmente
v) notificarse de manera eficaz para su debida materialización.
En este caso, a juicio de la accionante no se ofreció una contestación de fondo a los
planteamientos de su recurso de reposición frente a la calificación que obtuvo en el
examen realizado en la Convocatoria 27 de 2018.
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Específicamente, la señora María Mercedes Vélez Vásquez planteó su inconformidad
frente a las preguntas 103, 110, 115, 116, 121 y 129, alegando de forma general que la
opción que había marcado sí era correcta.
Al respecto, planteó que la CJR23-0044 de 16 de enero de 2023 se limita a reproducir la
justificación de la institución educativa en torno a la pertinencia de la pregunta y la validez
de la respuesta calificada como correcta, sin dar respuesta de fondo y congruente con
los argumentos de la impugnación.
Para resolver, resulta necesario comparar los reparos presentados por la accionante con
el pronunciamiento efectuado en la Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de 2023 y el
anexo 2 de dicho documento:
Contestación dada en la Resolución CJR23-
Objeciones y solicitudes presentadas en el
0030 de 16 de enero de 2023 y en el Anexo 2
recurso de reposición2
“respuesta objeciones”
“[...] Pregunta 103 […] Esta pregunta es
pertinente respecto de:
a) La ausencia de ambigüedades en un acta de
conciliación es necesaria para que ésta surta
-PREGUNTA 103: En el presente cuestionario efectos de cosa juzgada.
se describe un caso, en el cual se ha proferido
sentencia de primera y segunda instancia,
siendo la respuesta correcta el deber de la b) La diferenciación de normas de interpretación
Corte Suprema de Justicia de respetar la en comparación con las normas sustanciales,
interpretación del juez respecto de las últimas que pueden ser objeto de casación.
estipulaciones contractuales, salvo casación de
oficio. c) La facultad excepcional de la Corte Suprema
de Justicia de casar una sentencia por indebida
En este sentido, es evidente que la pregunta interpretación contractual, cuando el fallo
tiene como eje principal el recurso de casación, desconoce abruptamente la voluntad negocial de
el cual no es de competencia, ni se encuentra las partes, de forma tal que pueda calificarse la
dentro de las funciones del Juez Civil Municipal sentencia como absurda o carente de sindéresis
– Juez de Pequeñas Causas y competencia y lógica y, en ese orden, constitutiva de un error
múltiple – Juez Civil Municipal de Ejecución de protuberante de hecho.
Sentencias (artículos 17 y 18 del C.G.P). Como
sustento de lo anterior, la Corte Suprema de La opción A no resuelve de manera adecuada el
Justicia en providencia del 30 de junio de 2022 enunciado, y por ende, es una respuesta
expuso «De otra parte, en el ámbito del recurso incorrecta porque el negocio jurídico de
de casación, está averiguado que, si del texto conciliación, a pesar de su cosa juzgada, no
convencional se descubren varios sentidos impide que sea interpretado. Puesto que “... si el
razonables, incluso con la aplicación de las acuerdo de conciliación se consigna en términos
reglas hermenéuticas anotadas, la elección que vagos o confusos, dando cabida a dudas o
de uno de ellos haga el Tribunal ha de ser vacilaciones, quiere decir que sigue un conflicto
respetada y mantenida por la Corte». latente y, por ende, una imprecisión de los
deberes correspondientes que restringe sus
alcances de cosa juzgada” (CSJ SC4468 de 9 de
abril de 2014, Rad. 2008-00069-01).
La opción B no resuelve de manera adecuada el
enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque las normas atacadas no tienen
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Trascripción literal del original con posibles errores.
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el carácter de sustancial. En efecto “el ataque por
errores de juzgamiento puede acaecer por
trasgresión vía directa o indirecta de las normas
sustanciales, es decir, aquellas que, en razón de
una situación fáctica concreta, declaran, crean,
modifican o extinguen relaciones jurídicas
también concretas entre las personas implicadas
en tal situación. Sin embargo, las normas
establecidas en los artículos 1618 a 1624 del
Código Civil no tienen el carácter de normas
sustanciales habida cuenta que hacen
referencias a las reglas de hermenéutica para la
interpretación de los contratos, sin que en todo
caso alguno de ellos consagre derechos
subjetivos que caracterizan este tipo de
disposiciones”. (CSJ AC4529-2014 de 14 jul.
2017, rad. n° 2015-00427-01)
La opción C no resuelve de manera adecuada el
enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque un acuerdo de conciliación
cuyo contenido genera ambigüedades o
diferentes interpretaciones; no resulta claro,
expreso ni exigible respecto de las obligaciones
contenidas en él, por lo tanto, no puede ser
demandado mediante el proceso ejecutivo. Lo
anterior, de conformidad con el Artículo 422 del
Código General del Proceso. “Pueden
demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en
documentos que provengan del deudor o de su
causante, y constituyan plena prueba contra él, o
las que emanen de una sentencia de condena
proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de
las providencias que en procesos de policía
aprueben liquidación de costas o señalen
honorarios de auxiliares de la justicia, y los
demás documentos que señale la ley.”
La opción D es la respuesta correcta porque
“corresponde a la discreta autonomía de los
juzgadores de instancia el laborío hermenéutico
de las cláusulas contractuales, que Id solo podrá́
modificarse en casación”, cuando la Corte
encuentre un error evidente de hecho en la
interpretación de la conciliación, esto es, “cuando
se demuestre la existencia de ostensibles y
palmarios errores de facto, más allá́ de que la
interpretación realizada pueda ser compartida
por el recurrente o prohijada por la Corte
Suprema de Justicia. Adicionalmente, la Corte
Suprema puede casar sentencias de oficio,
cuando estime de manera razonada y motivada
que merecen su atención, en aquellos eventos en
que advierta la vulneración flagrante de derechos
constitucionales de las partes, o del
ordenamiento sustantivo, en contravía de la recta
y uniforme interpretación de las normas o del
precedente judicial que irroga agravios
injustificados a las partes que deben ser
reparados”.(CSJ, SC3416-2019) [...]”.
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[...] Pregunta 110 […]
Esta pregunta es pertinente toda vez que
diferencia desde la perspectiva del derecho
sustancial la figura de terceros y causahabientes.
Asimismo, se cuestiona el alcance de la acción
de inoponibilidad, diferenciándose la nulidad de
esta última, y el interés que en una y otra le
“[...] -PREGUNTA 110: Dentro del componente
corresponde a las partes y a los terceros.
de conocimientos específicos que va del
cuestionario 86 al 130, la Universidad Nacional
expone un caso en el que una pareja disolvió́ y La opción A no resuelve de manera adecuada el
liquidó su sociedad conyugal, en cuyo acto - enunciado, y por ende, es una respuesta
elevado a escritura pública- el esposo renunció incorrecta porque “en el supuesto de renuncia a
a sus gananciales. Según el texto, dicho gananciales que hieren el derecho del heredero
esposo murió́ y la viuda le dijo a uno de sus a la legítima rigurosa, la reclamación al respeto
hijos extramatrimoniales, que no tenía derecho de ese derecho por el descendiente incumbe a
respecto de los bienes de su esposo, razón por un acto in jure propio y no in jure heredero.
la que dicho heredero requirió́ ser reconocido
como tercero perjudicado, en pro de conseguir La opción B no resuelve de manera adecuada el
la inoponibilidad de dicha renuncia a enunciado, y por ende, es una respuesta
gananciales que hizo su padre. Con base en lo incorrecta porque “resulta inane e inidónea la
anterior, se preguntó́ , qué debía tenerse en pretensión de inoponibilidad por cuanto su
cuenta en esos casos, y se propuso como declaración no sería suficiente para enmendar o
respuesta correcta la “C”, según la cual, el acto deshacer las consecuencias que surgieron del
de renuncia era válido, pero dejaba a salvo su acto de renuncia a la totalidad de los gananciales.
inoponibilidad frente terceros perjudicados. (...)
Al respecto, considero que la referida pregunta La inoponibilidad, antes que destruir el acto
no podía incluirse en el componente de jurídico, paraliza sus efectos frente a uno o varios
conocimientos específicos, del examen sujetos. A modo de ejemplo, piénsese en un
correspondiente al grupo 033 , toda vez que la tercero, respecto del cual un determinado acto
acción de inoponibilidad de la renuncia a jurídico no podría producir efectos jurídicos.
gananciales, que por demás está instituida en
el artículo 1775 del Código Civil, es un asunto […]
de competencia de la jurisdicción ordinaria en
su especialidad familia y no civil. Es decir, se
trata de un asunto que conoce exclusivamente De manera que, si el legislador patrio autoriza tal
los jueces de familia conforme a sus renuncia, «sin perjuicios de los terceros», es
competencias funcionales. Así́ lo aceptó la obvio que con esta última expresión instituye
honorable Corte Suprema de Justicia – Sala untípico caso de inoponibilidad -que no de
Civil Familia, en las sentencias SC4528-2020 nulidad-. (SC4528-2020)”.
del 23 de noviembre de 2020 M.P. Francisco
Ternera Barrios y SC0070-2006 del 30 de La opción C es la respuesta correcta porque la
enero de 2006 M.P. Manuel Isidro Ardila acción que se ejercita no es la de invalidez sino
Velásquez, donde resolvió́ -en sede de la de inoponibilidad del acto de renuncia a fin de
casación- controversias de esta naturaleza, las que esta no afecte al hijo extramatrimonial como
cuales habían sido decididas en primera tercero. Por ello, la Corte ha dicho: “Empero, para
instancia por jueces de familia y en segunda su(s) autor(es) es eficaz y mantiene sus efectos
instancia por magistrados de Tribunal – salas jurídicos vinculantes. El artículo 1775 del Código
de familia o civil familia [...]”. Civil, modificado por el artículo 61 del Decreto
2820 de 1974, faculta a cualquiera de los
cónyuges capaces para renunciar a los
gananciales que resulten a la disolución de la
sociedad conyugal, pero «sin perjuicio de
terceros»”. (SC 30 de enero de 2006)
“A juicio de la Corte, el artículo 1775 del Código
Civil contempla un caso típico de inoponibilidad,
aspecto que no es objeto de controversia en el
presente caso. Empero, lo que aquí́ sí se discute
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es la comprensión conceptual del término
tercero.” (SC4528- 2020)
“Necesario es precisar, sin embargo, que
personas que sin ser propiamente las
celebrantes del negocio, no pueden ser
consideradas como absolutamente extrañas al
mismo, y por eso los efectos de aquel,
sobrevenidas ciertas circunstancias, se radicarán
en ellas. Trátase del fenómeno de la
causahabiencia, a cuyo estudio se contrae la
Corte, habida cuenta que no es tampoco este el
lugar para caer en la ingenua y presuntuosa idea
de abrazar uno a uno todos los eventos de los
terceros. Así́ que se colma la necesidad de hoy
memorando no más terceros que los
causahabientes.” (SC 30 de enero de 2006)
“Precisadas de esa manera las cosas que vienen
al caso, ahora no sólo es conveniente sino
necesario memorar que la figura jurídica de la
inoponibilidad que encarna el fenómeno de la
venta de cosa ajena no tiene la virtud de destruir
el contrato mismo, - porque su fundamento no
está́ en hallarlo carente de validez; simplemente
que los efectos dimanantes del contrato no
alcanzan a los terceros. (...)
En una palabra, no podría exigírsele al heredero,
a quien se le afectó su legítima rigurosa, que
demande una sanción de ineficacia negocial
distinta de la prevista legalmente para esa
precisa causa (como ocurrió́ en el plenario). Esto
es, no está a su prudente juicio escoger cuál
acción le resulta más adecuada a sus propósitos
económicos, ya que «no puede invocarse una
con el fin de alcanzar las consecuencias propias
de la otra»” (CSJ, sentencia 015 del 18 de febrero
de 1994).
La opción D no resuelve de manera adecuada el
enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque la jurisprudencia también la ha
reconocido para aquellos casos en que los
negocios jurídicos puedan contrariar la relatividad
de sus efectos y los derechos de terceros. En
efecto: “la inoponibilidad no se encuentra
debidamente sistematizada en el derecho
positivo patrio, como sí lo está́ , por ejemplo, la
nulidad de los negocios jurídicos, respecto de la
cual el Código Civil en particular dedica toda una
estructura normativa a regularla en su doble
faceta, no lo es menos que ninguna duda existe
acerca de su consagración legal, pues, así́ sea
de manera diseminada, existen en el concierto
jurídico colombiano diversas disposiciones a
través de las cuales emerge su regulación legal,
como lo son, verbi gratia, los artículos 640, 1505,
1871, 2105 del Código Civil y 833 del Código de
Comercio, entre otros, en los cuales se prevén
algunos de los eventos en que el acto o contrato
deviene inoponible haciendo que el mismo se
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torne ineficaz frente a quien en un momento dado
ostentare la condición de tercero. Alrededor de
esta específica y puntual temática ha de
reiterarse que sin desconocer que “el legislador,
normalmente, como ocurre en nuestro Código, no
establece una teoría general de la
inoponibilidad”, cual efectivamente “lo hace con
la nulidad”, lo cierto es que dicha institución sí
“está establecida en numerosos preceptos, y su
existencia está reconocida por todos los autores
y la jurisprudencia” (CSJ. Sent, 15 de agosto de
2016, exp. 08001-31-10-003- 1995-9375-01; en
igual sentido, sentencia de 26 de agosto de 1947,
GJ. LXII, pág. 676) [...]”.
[...]-PREGUNTA 115: Este ítem versa sobre la [...] Pregunta 115 (...)
acción popular y el momento procesal oportuno
para coadyuvar la misma, pues unas personas Esta pregunta es pertinente porque las personas
la radican luego de que se obtuvo fallo de que concursan para ser jueces de la especialidad
primera instancia. civil deben analizar en casos concretos la
procedencia y oportunidad para la intervención
Al respecto, valga destacar que de conformidad de terceros en acciones populares y/o de grupo
con el artículo 19 No. 7 del C.G.P. es que sean de su conocimiento.
competencia del Juez Civil del Circuito “las
acciones populares y de grupo no atribuidas a La opción A no resuelve de manera adecuada el
la jurisdicción de lo contencioso administrativo” enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque la oportunidad para coadyuvar
Ahora, si bien podría decirse que la acción en las acciones populares es hasta “antes de que
popular es un tema constitucional, también lo se profiera fallo de primera instancia”. (L. 472/98,
es que, el enfoque de la pregunta es Art. 24), etapa procesal que ya se surtió́ . Por otra
eminentemente procesal, pues versa sobre el parte, es incorrecta porque no se está afectando
trámite de dicha acción, asunto que no es el patrimonio público, en cambio se trata del goce
competencia del cargo para el cual aspire, tan de un ambiente sano (L. 472/98, art. 4o lit. e y a,
es así́, que la respuesta a dicho interrogante se respectivamente).
encuentra en el artículo 24 de la Ley 472 de
1998 y no en el Código General del Proceso, La opción B no resuelve de manera adecuada el
estatuto que establece un término diferente a enunciado, y por ende, es una respuesta
dicha actuación, valga decir, coadyuvancia. [...]. incorrecta porque en las acciones populares hay
varios sujetos que pueden presentar
coadyuvancias, bien sea en favor de la parte
demandante o de la parte demandada. En efecto,
el artículo 24 de la Ley 472 de 1998 dispone:
“Toda persona natural o jurídica podrá́ coadyuvar
estas acciones, antes de que se profiera fallo de
primera instancia. La coadyuvancia operará
hacia la actuación futura. Podrán coadyuvar
igualmente estas acciones las organizaciones
populares, cívicas y similares, así́ como el
Defensor del Pueblo o sus delegados, los
Personeros Distritales o Municipales y demás
autoridades que por razón de sus funciones
deban proteger o defender los derechos e
intereses colectivos.” (subrayas fuera de texto).
La opción C es la respuesta correcta porque en
las acciones populares, como la que se presenta
en el contexto y en el enunciado del ítem, la
oportunidad para presentar la coadyuvancia está
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regulada por el Art. 24 de la L. 472/98, en los
siguientes términos: “Toda persona natural o
jurídica podrá́ coadyuvar estas acciones, antes
de que se profiera fallo de primera instancia. La
coadyuvancia operará hacia la actuación futura.
Podrán coadyuvar igualmente estas acciones las
organizaciones populares, cívicas y similares, así́
como el Defensor del Pueblo o sus delegados,
los Personeros Distritales o Municipales y demás
autoridades que por razón de sus funciones
deban proteger o defender los derechos e
intereses colectivos.” (subrayas fuera de texto).
La opción D no resuelve de manera adecuada el
enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque el sentido del fallo de primera
instancia en las acciones populares no se
relaciona con la posibilidad de aceptar o no
aceptar la coadyuvancia, de acuerdo con lo
prescrito por el artículo 24 de la L. 472 de 1998
[...]”.
“[...] -PREGUNTA 116: En este evento, el “[...] Pregunta 116 (...)
mismo enunciado indica que una acción de
grupo le fue asignada a un Juez Civil del Esta pregunta es pertinente porque la posibilidad
Circuito y que con posterioridad, otra persona de acciones independientes a la acción de grupo,
instaura demanda por los mismos hechos, y la manera en que procesalmente se le debe dar
acción que es repartida a otro Juez Civil del curso a esta, haciendo una mezcla entre la norma
Circuito, cuestionando que actuación debe especial, es decir la Ley 472 de 1998 y la norma
realizar este último juez. general que es el Código General del Proceso, es
de vital importancia para el juez o magistrado, en
En ese orden, de la misma lectura de la su praxis judicial. En síntesis, comporta una
pregunta, se concluye que se trata de un asunto articulación entre el uso de los métodos de
que no es competencia del cargo para el cual interpretación y la integración de la ley.
aspire: Juez Civil Municipal – Juez de
Pequeñas Causas y competencia múltiple – La opción A no resuelve de manera adecuada el
Juez Civil Municipal de Ejecución de enunciado, y por ende, es una respuesta
Sentencias, ni se encuentra dentro de sus incorrecta porque la Ley 472 de 1998, en su
funciones. Además, el articulo 19 No. 7 del artículo 53, contempla la posibilidad en las
C.G.P. citado anteriormente, es claro en acciones de grupo de acumular las demandas
establecer que el conocimiento de dicho asunto que individualmente se hayan iniciado, las cuales
corresponde al Juez Civil del Circuito [...]”. por tratarse de acciones de rango constitucional
y carácter especial admiten que, en cualquier
momento, se haga valer esta posibilidad, con
mayor razón en el momento de trabarse la litis en
la contestación de la demanda, pues el CGP
permitiría la excepción de pleito pendiente. Por lo
tanto, no es correcto afirmar que se debe
continuar el proceso, pues resulta contrario a la
economía procesal y al espíritu de la Ley 472 de
1998, que pretende la conformación del grupo de
accionantes en una misma demanda mientras un
demandante no se excluya expresamente.
Adicionalmente, el juez que admitió́ la primera
demanda, de la misma manera, asumió́ primero
la competencia, por consiguiente, la economía
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procesal está también asociada a lo que se
denomina acumulación de procesos.
La opción B es la respuesta correcta porque la
excepción previa está llamada a prosperar
conforme al artículo 53 de la Ley 472 de 1998,
que permite la acumulación de las acciones que
se inicien de manera individual a solicitud del
interesado. Por tal razón el artículo 149 del CGP,
regula de manera expresa y clara que el juez que
adelanta el proceso más antiguo, y en el cual ya
se ha notificado el auto admisorio de la demanda,
conserva su competencia, por lo cual el segundo
juez declara próspera la excepción previa
propuesta, y ordena remitir el expediente. Según
Javier Tamayo Jaramillo (2017), esta excepción
sería asimilable a la de pleito pendiente porque la
ley presume que la acción de grupo cobija a todas
las víctimas que no se han excluido de esta, pero
el juez debe acumular la demanda a la acción de
grupo de acuerdo a lo que manda el artículo 53
de la ley 472 de 1998.
La opción C no resuelve de manera adecuada el
enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque la acción de grupo y la acción
paralela no pueden cursar de manera
independiente, si una de las partes solicita la
acumulación, salvo en el caso que el
demandante en la segunda acción se haya
excluido expresamente de la primera, ante el
juzgado que conoce de la acción de grupo. Por
tal motivo en este caso, el juez debe acumular la
demanda individual a la acción de grupo
remitiendo el expediente y abstenerse de
continuar con la acción (artículo 148 y 149 del
CGP).
La opción D no resuelve de manera adecuada el
enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque la consecuencia de la
procedencia de la excepción previa en este caso
no es el archivo de la demanda remitiendo copia
a la Defensoría, pues conforme a las normas
procesales se debe remitir el expediente
conforme al artículo 53 de la ley 472 de 1998. Si
bien la Defensoría del Pueblo lleva el registro de
las acciones de grupo y populares en Colombia
(artículo 80 de la ley 472 de 1998), la remisión no
es una consecuencia de la excepción que
prosperó [...]”.
“[...] -PREGUNTA 121: En este caso, se aborda [...] Pregunta 121 (...)
el tema de un “procedimiento patentado” y el
uso del mismo sin licencia, asunto que por Esta pregunta es pertinente porque exige que el
disposición legal corresponde al Juez Civil del funcionario judicial entienda que si bien el
Circuito, tal como lo establece el artículo 20 No. régimen de las nuevas creaciones otorga
2 Ibidem [...]”. monopolios de explotación sobre las invenciones
(sean estas productos o procedimientos), estos
no son ilimitados y existen unos usos que están
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permitidos a toda la población como la
experimentación, investigación, etc., sin que se
requiera de una autorización del titular de la
patente o del Estado.
También, exige que el funcionario judicial tenga
claro que las licencias, en nuestro ordenamiento
jurídico, pueden ser contractuales u obligatorias.
Pero, en todo caso se trata de licencias. De
manera tal que si esta no existe, por regla
general, se infringirá́ el derecho de explotación
exclusiva del titular de la patente.
La opción A NO resuelve de manera adecuada el
enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque en este caso se requiere
licencia. Si el titular de la patente se niega a
otorgarla de manera contractual, la
Superintendencia de Industria y Comercio puede
conceder una licencia obligatoria, al tenor del
artículo 67 de la Decisión 486 de 2000.
La opción B no resuelve de manera adecuada el
enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque en este caso, previo concepto
de la autoridad de promoción de la competencia,
se puede otorgar una licencia obligatoria al tenor
del artículo 66 de la Decisión 486 de 2000, a fin
de evitar la violación de la libre competencia y, en
particular, el abuso de la posición dominante.
Para que no se presente una infracción a los
derechos del titular de la patente, debería haber
una licencia, cuando menos, obligatoria.
La opción C es la respuesta correcta porque en
el caso de las patentes de invención de
procedimiento los derechos de su titular están
contemplados en el art. 52 de la Decisión 486 de
2000. Ahora bien, se consideran como usos
permitidos, sin necesidad de licencia, los
contemplados en el art. 53 de la misma norma
porque el titular de la patente no puede
prohibirlos, entre los que figura en el literal b) los
“actos realizados exclusivamente con fines de
experimentación, respecto al objeto de la
invención patentada”.
La opción D no resuelve de manera adecuada el
enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque en este caso la persona que va
a hacer uso de la invención requiere de una
licencia. Si el titular de la patente no la concede
voluntariamente, la Superintendencia de
Industria y Comercio de manera temporal puede
conceder una licencia obligatoria. Art. 65 de la
Decisión 486 de 2000 [...]”.
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“[...] -PREGUNTA 129: En este interrogante, se “[...] Pregunta 129 (...)
cuestiona que debe hacer la AGENCIA
NACIONAL DE TIERRAS, en un caso especial Esta pregunta es pertinente porque el Decreto
de sus funciones, las cuales se encuentran Ley 902 de 2017 facultó a la ANT para adelantar
estipuladas en el artículo 4 del Decreto 2363 de procedimientos orientados a la titulación de la
2015 y no son competencia del Juez Civil posesión, dadas las exigencias de la
Municipal, sino de una entidad que ni siquiera implementación de un proceso de paz en el tema
hace parte de la Rama Judicial. Por tanto, dicha de adjudicación de tierras, esto significó un
cuestión no debió́ incluirse como una de las cambio trascendental en una competencia que
preguntas del componente de conocimientos históricamente había sido exclusiva de la rama
específicos, pues se reitera que en dicho ítem, judicial. En ese sentido, es necesario que los
solo pueden incluirse aspectos específicos y jueces y magistrados conozcan los
referentes a las funciones que desarrollan los procedimientos administrativos previos a la
jueces en su especialidad. Es tan evidente el definición del juez.
yerro, que la respuesta es adelantar la fase
administrativa y de ser procedente, formular
La opción A no resuelve de manera adecuada el
solicitud al juez, actuación que bajo ningún
enunciado, y por ende, es una respuesta
punto de vista realiza el Juez Civil Municipal – incorrecta porque cuando en el marco del barrido
Juez de Pequeñas Causas y competencia predial, y frente a este tipo de solicitudes se
múltiple – Juez Civil Municipal de Ejecución de presentan oposiciones, la ANT no es competente
Sentencias, además, la pregunta se cuestiona para titular la posesión, y debe presentar tal
sobre que debería hacer la ANT y no se trata solicitud al Juez competente, de acuerdo con el
de un concurso para pertenecer a dicha artículo 36 del Decreto Ley 902 de 2017.
agencia estatal de naturaleza especial [...]”.
La opción B no resuelve de manera adecuada el
enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque en virtud del artículo 36 del
Decreto Ley 902 de 2017, la ANT también es
competente para resolver este tipo de solicitudes
cuando no existe oposición, por lo que este
proceso no es de competencia exclusiva del juez.
La opción C no resuelve de manera adecuada el
enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque el proceso de recuperación
sólo es procedente cuando el predio conserva su
carácter de baldío. En el presente caso, al
haberse adjudicado, el predio es de propiedad
privada.
La opción D es la respuesta correcta porque el
artículo 36 del Decreto Ley 902 de 2017 faculta a
la ANT para titular la posesión en aquellos casos
que cumplan los requisitos legales, sin embargo,
si se encuentra una oposición a la pretensión, la
solicitud deberá́ ser presentada ante el juez
competente, como ocurre en el caso expuesto
[...]”
Del texto transcrito, la Sala advierte que en la Resolución CJR23-0044 de 16 de enero
de 2023 y en su Anexo 2 denominado «respuesta objeciones», la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura se pronunció en
torno a los planteamientos presentados por la señora María Mercedes Vélez Vásquez en
su recurso de reposición, con respaldo en la información proporcionada por la
Universidad Nacional de Colombia, como operador técnico de la prueba.
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Nótese que la entidad accionada justificó cuales eran las respuestas válidas a las
preguntas 103, 110, 115, 116, 121 y 129, indicando además por qué las opciones
marcadas por la participante no resolvían los cuestionamientos de la prueba.
Además, informó que los ítems del examen cumplieron con todos los estándares técnicos
de construcción y metodología requeridos para su elaboración, por lo que no era dable
modificarlos, excluirlos o invalidarlos.
Es oportuno traer a colación que la Universidad Nacional de Colombia al intervenir en el
presente trámite señaló que las preguntas controvertidas por la accionante, así como
todas aquellas que integran las pruebas en los diferentes cargos, están orientadas a
aspectos transversales de las áreas previamente informadas a los aspirantes, así como
estructuradas en atención al protocolo de creación de la prueba que tiene su origen en el
anexo técnico del contrato 096.
De modo que en la Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de 2023 y en el Anexo 2
denominado «respuesta objeciones» se cumplen los criterios para satisfacer el derecho
fundamental de petición de la señora Vélez Vásquez, máxime si se tiene en cuenta que
una contestación negativa en ningún caso significa la vulneración de dicha garantía
constitucional, dado que «existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho
a obtener lo pedido»3.
En este orden de ideas, se confirmará la sentencia de 11 de mayo de 2023, proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado, que negó el amparo deprecado, al no
vislumbrarse la vulneración del derecho fundamental de petición de la parte actora, dado
que la entidad accionada le proporcionó una respuesta de fondo, aunque no fuera en el
sentido que esperaba.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
III. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de mayo de 2023, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que negó el amparo.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
3
Corte Constitucional, sentencia C-007 de 2017. En esta provincia se indicó: “Ahora bien, este Tribunal ha
aclarado que la resolución de la solicitud no implica otorgar lo pedido por el interesado, en tanto, existe
una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido. En efecto, la sentencia
C-510 de 2004 indicó que “el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta... Así, el
ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener
una contestación para la misma, en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal.”
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TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Salva voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
18
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