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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00269-01

Fecha
2 de junio de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00269-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de marzo de 2023, proferida por la Sección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00269-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

2 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., dos (02) de junio de dos mil veintitrés (2023).

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00269-01.
Accionante: Carlos Andrés Vargas Molina.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
Referencia: Acción de Tutela (sentencia de segunda instancia)

Temas: DEFECTO FÁCTICO – No se encontró que los testimonios señalados
como desconocidos hubiesen sido determinantes para probar la subordinación o
dependencia en el cargo; no se aprecia que los testimonios hayan sido omitidos /
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DEL RECURSO DE IMPUGNACIÓN – El
contenido de la impugnación debe guardar congruencia con la demanda inicial.

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la impugnación instaurada por el señor
Carlos Andrés Vargas contra la sentencia del 6 de marzo de 2023, proferida por la
Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación, que negó el amparo
solicitado1.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 23 de enero de 2023, el señor Carlos Andrés Vargas Molina, a través de su
apoderada, instauró una demanda de tutela contra la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas.

El tutelante pretende que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia del
25 de agosto de 2022, dictada por la autoridad judicial accionada, pues considera
que incurrió en un defecto fáctico, en vista de que no valoró los testimonios que

1
Que ingresó para fallo el 27 de abril de 2023.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00269-01.
Actor: Carlos Andrés Vargas Molina.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

demostraban la supuesta subordinación y dependencia que tenía frente al Hospital
Santa Mónica de Dosquebradas, a pesar de estar vinculado a través de terceros.
En igual sentido, adujo que la Sección Segunda de esta Corporación desconoció
el precedente aplicable2.

2. Hechos relevantes

Carlos Andrés Vargas Molina, médico de profesión, prestó sus servicios en el
Hospital Santa Mónica del municipio de Dosquebradas (Risaralda), entre el 1 de
mayo de 2005 y el 31 de marzo de 2016, bajo la intermediación de diversas
empresas, como Empacamos SA - Servitemporales, Consorcio Servi-Salud y
Centro de Empleos Temporales de Colombia SAS - Etemco SAS.

El 11 de abril de 2017, solicitó al Hospital que reconociera la existencia de la
relación laboral, por el servicio que brindó durante el período mencionado
anteriormente, junto con el pago de salarios y prestaciones sociales
correspondientes. La solicitud fue negada a través de los oficios Nos. 1040 del 25
de abril de 2017 y 1547 del 5 de julio del mismo año.

Ante la respuesta obtenida, el señor Vargas presentó una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho (laboral) contra dichos actos administrativos, cuyo
conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo de Risaralda. El 9 de octubre
de 2020, se dictó la sentencia de primera instancia, en la que se accedió a las
pretensiones, pero se negó el pago de la indemnización por despido injustificado;
de la indemnización moratoria; de la diferencia salarial y de las prestaciones
sociales dejadas de percibir.

El Hospital demandado y el señor Vargas apelaron el fallo y su conocimiento
correspondió a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
que dictó la sentencia el 25 de agosto de 2022, aquí cuestionada, en la que se
revocó lo decidido en primera instancia, pues no encontró probada la
subordinación y dependencia, necesarias para declarar la existencia de una
relación laboral.

2
Que ingresó para fallo el 24 de mayo de 2023.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00269-01.
Actor: Carlos Andrés Vargas Molina.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

3. Fundamentos de la demanda de tutela

El argumento estructural del escrito es que la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado no hizo una adecuada valoración probatoria,
principalmente, porque no tuvo en cuenta los testimonios de Pío Eugenio Vélez y
Diego Fernando Rivas, que, con el conjunto del material probatorio, habrían
demostrado la subordinación y dependencia que tenía al prestar sus servicios en
el Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, al tiempo que señaló a la autoridad
judicial accionada de haber desconocido el precedente aplicable, incluyendo su
propia jurisprudencia, no obstante, este defecto apenas fue mencionado, sin ser
debidamente expuesto en esta oportunidad.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

4.1. Mediante el auto admisorio del 25 de enero de 2023, la Subsección B de la
Sección Tercera notificó a la parte accionada, y vinculó a la E.S.E Hospital Santa
Mónica de Dosquebradas y al Tribunal Administrativo de Risaralda como terceros
interesados.

4.2. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no se
pronunció3.

4.3. El Tribunal Administrativo de Risaralda allegó el expediente del proceso
ordinario, pero guardó silencio frente a la demanda de tutela.

4.4. La E.S.E Hospital Santa Mónica de Dosquebradas se opuso a la acción de
tutela, pues, por un lado, señaló que respetó las garantías constitucionales que se
alegan como desconocidas y, por el otro, adujo que la decisión se fundó,
razonadamente, en las pruebas que obraban en el expediente. En ese sentido,
advirtió que la demanda pretende ser un recurso adicional, a raíz de la

3
La Subsección B de la Sección Segunda fue notificada, mediante correo electrónico, el 27 de
enero de 2023, enviado, entre otras, a las siguientes direcciones:
notifcpalomino@consejodeestado.gov.co; javilas@consejodeestado.gov.co;
notifsibarra@consejodeestado.gov.co; notifcperdomo@consejodeestado.gov.co;
ces2secr@consejodeestado.gov.co
3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00269-01.
Actor: Carlos Andrés Vargas Molina.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

discrepancia entre el criterio de apreciación del demandante y el de la autoridad
judicial.

5. La sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, a través de la
sentencia del 6 de marzo de 2023, negó el amparo solicitado.

En esta oportunidad, el análisis se centró únicamente en el defecto fáctico y negó
la acción de tutela, pues, en su criterio, aunque la sentencia cuestionada no se
detuvo a estudiar los testimonios de Pío Eugenio Vélez y Diego Fernando Rivas
de manera puntual, concluyó que esta circunstancia no fue determinante en la
decisión de la autoridad accionada. De otra parte, no se pronunció sobre el cargo
relativo al desconocimiento del precedente.

6. La impugnación

El demandante impugnó la decisión e insistió en la existencia del defecto fáctico
de la providencia por no haberle dado la relevancia apropiada a la prueba
testimonial, como complemento de la evidencia documental.

A su vez, vuelve a mencionar que hubo desconocimiento del precedente, pero, a
diferencia de lo ocurrido con el escrito inicial, esta vez desarrolla sus argumentos
sobre por qué se materializó este defecto, referenciando las providencias
relevantes que, en su criterio, fueron desconocidas4.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Esta Sala comparte la conclusión a la que llegó la Subsección B de esta Sección
del Consejo de Estado, en cuanto a la negativa del amparo solicitado, pues luego

4
Aunque el cargo de desconocimiento del precedente se menciona en el escrito inicial, solo es
desarrollado en la impugnación. Sobre este punto, hace una transcripción, sin reconocer la autoría,
de la sentencia T-388 de 2020 de la Corte Constitucional. A su vez, esta providencia se remite a las
siguientes, proferidas por esta Corporación: 2820-14 del 21 de abril de 2016; 1425-15 del 17 de
mayo de 2018; 0265-16 del 17 de octubre de 2018; 0973-16 del 26 de octubre de 2017.
Igualmente, señala que no tuvo en cuenta su sentencia de unificación del 30 de octubre de 2020,
proferida dentro del proceso: 20001-23-39-000-2014-00382-01.
4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00269-01.
Actor: Carlos Andrés Vargas Molina.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

de estudiar la providencia cuestionada, no se advierte que la prueba testimonial
haya sido desconocida o interpretada arbitrariamente, a la luz de la controversia
resuelta por la autoridad accionada.

Al leer el fallo de 25 de agosto de 2022, se advierte que la autoridad judicial no
encontró probado los elementos de subordinación y dependencia, necesarios para
señalar que la E.S.E Hospital Santa Mónica también ejercía, de manera
independiente a sus empleadoras, una relación laboral, por lo que le reprochó,
entre otros aspectos, la falta de material documental y argumentativo que
demostraran un ánimo fraudulento de tercerización laboral.

Frente a los testimonios, cuyo desconocimiento justifica el cargo de defecto
fáctico, pues, para el demandante, estos demostraban la subordinación y
dependencia requeridos para declarar la relación laboral, se tiene que la
providencia cuestionada hizo el siguiente análisis (transcripción literal, con
posibles errores):

Caso Concreto

43. Para resolver, la subsección de forma reiterada ha insistido en la
indispensable presencia del contrato en procura de destacar su objeto,
temporalidad, funciones y demás aspectos que permitan establecer la
existencia de los elementos de una posible relación laboral, lo que implica,
que no es viable realizar un análisis de los periodos sobre los cuales estos no
obren, de tal forma se hará el estudio estrictamente sobre aquellos que fueron
debidamente aportados.

44. Tal exigencia se apuntó por esta subsección5 cuando manifestó que «el
contrato estatal en la modalidad de prestación de servicio resulta necesario
para asuntos como el presente, a fin de determinar su objeto, temporalidad o
plazo, pago y forma de pago pactadas por las partes, es decir, aspectos que
son de vital importancia en la definición de conflictos jurídicos como el sub
examine.»

…

55. De acuerdo con lo expuesto en el análisis normativo y jurisprudencial de
esta sentencia, es de reiterar que las cooperativas funcionan bajo los
lineamientos de la Ley 79 de 1988, de suerte que, cuando el asociado es
vinculado con otro ente, pero por órdenes puntuales y estrictas de la
Cooperativa así como del tercero, quien alega la configuración o existencia
5
Original de la cita: “CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCION B. Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ.
Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número:
47001-23-33-000-2014-00094-01(4569-15)”.
5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00269-01.
Actor: Carlos Andrés Vargas Molina.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

del contrato realidad con aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formas, ‘tiene el deber probatorio de acreditar el trípode que la
legislación consagra para la configuración de una relación laboral’.

54. De conformidad con el acta de audiencia inicial del 28 de enero de
201946, el Tribunal Administrativo de Risaralda, se señaló que se tienen como
pruebas los documentos aportados con la demanda y la contestación y se
decretó la recepción de los testimonios de los señores Francisco Javier
Salazar, Pio Eugenio Vélez, Diego Fernando Rivas y Sanery Toro Restrepo y
el interrogatorio de parte del señor Carlos Arturo Vargas Molina, siendo
recibidos los de los señores Diego Fernando Rivas, Pio Eugenio Vélez y
Carlos Arturo Vargas Molina el 8 de abril de 2019 de acuerdo con el acta de
audiencia de práctica de pruebas, y los cuales relatan las circunstancias de
tiempo, modo y lugar de la prestación del servicio por parte del actor.

56. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo opera de forma
distinta cuando se trata en materia laboral ordinaria, ya que … cuando se
involucran relaciones entre los servidores públicos o particulares frente al
Estado…deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una
relación laboral a través de un contrato de prestación de servicios.
(negrilla propia del original)

58. De tal forma, vienen al expediente varios contratos entre Servicios
Temporales Empacamos S.A. “SERVITEMPORALES” y Carlos Arturo Vargas
Molina referenciados en el numeral 45 anterior por medio de los cuales el
primero contrató los servicios de médico general del actor….

59. También pretende demostrar la relación laboral con al (sic) ESE Hospital
Santa Mónica de Dosquebradas a través de las certificaciones expedidas por
las empresas de servicios temporales ETEMCO S.A.S (numeral 46) y
COOMULTISERPRO CTA (numeral 47), sin aportar los contratos de estas con
la demandada -ESE, y así como tampoco los de las primeras con el actor, que
determinen las circunstancias de modo y lugar de la prestación del servicio.
Situación que también se predica con la empresa Servicios temporales
Empaquemos S.A (numeral 53) caso en cual simplemente aporta reclamación
de liquidación por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2016.

60. En todo caso, como se desplegó en el análisis normativo y jurisprudencial
de esta providencia es necesaria la concurrencia de los tres elementos de la
relación laboral para que la misma sea declarada de acuerdo al (sic) principio
de la realidad sobre las formas. Por tanto, al proceder al examen de los
contratos entre las C.T.A y el ‘Hospital’ en contraste con las certificaciones
transcritas en precedencia, se indicará que solo es posible determinar la (i)
prestación personal del servicio, sin aparecer la cantidad y el tipo de (ii)
remuneración.

61. Ahora bien, en cuanto a la ‘subordinación continuada y dependencia del
trabajador’, se observa en el proceso que no se aportaron medios probatorios
con los que se certificara que el actor estaba sometido a las reglas laborales
de la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, por cuanto hay ausencia
de la facultad para imponer cantidad de trabajo, horario, aplicación de
reglamentos, poder disciplinario, continuidad, llamados de atención y órdenes,
circunstancias estas propias a dicho requisito.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00269-01.
Actor: Carlos Andrés Vargas Molina.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

62. De otra parte, tampoco se aportó información de cargo similar en la planta
de la ESE – demandada, no se acreditó sus funciones, por lo que es
imposible determinar si en este caso se estuvo ante la ejecución de una labor
en igualdad de condiciones a las de un funcionario de planta.
…

64. En todo caso la totalidad del acervo probatorio solo consigue demostrar
en ciertos casos que el actor ostentó vinculación con alguna de las
Cooperativas de trabajo, más (sic) no es posible establecer ningún tipo de
relación laboral entre la ESE Hospital y el actor, que es lo que se pretende
probar, pues la documental no da cuenta de su existencia, y el plenario carece
de tales medios probatorios que dieran certeza de manera precisa y diáfana
de aplicación de reglamentos, poder disciplinario, llamados de atención y
órdenes impartidas de manera unilateral por parte del personal directivo de la
ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y que permitiesen determinar
que la labor desarrollada por el actor fuere de manera subordinada (cursiva y
subraya nuestras).

El extracto anterior demuestra que la Subsección B de la Sección Segunda de la
Corporación no ignoró los testimonios de Diego Fernando Rivas y Pío Eugenio
Vélez. El hecho de que no los haya considerado conducentes para demostrar la
existencia del vínculo laboral pretendido entre el médico Vargas Molina y el
Hospital Santa Mónica no configura un defecto fáctico, pues, dentro de los
parámetros de la sana crítica, cada juez es autónomo e independiente al momento
de valorar el material probatorio, sin que esté obligado a pronunciarse de manera
puntual sobre cada elemento aportado por las partes.

La presente providencia, contrario a la arbitrariedad afirmada por el demandante,
indica la necesidad de tener los contratos entre el demandante, las intermediarias
y el Hospital, razonadamente, como el medio idóneo para demostrar la existencia
del contrato de trabajo, pues así sería posible determinar si el hospital transgredió
o no los límites contractuales pactados con las intermediarias y habría
subordinado al señor Vargas Molina.

En contraste, el escrito del demandante señala que los testimonios de Pío Eugenio
Vélez y de Diego Rivas darían cuenta de que el lugar de trabajo era el Hospital
Santa Mónica y que debía cumplir con un horario, sin establecer, de manera clara
y suficiente, el motivo por el que estas declaraciones debieron ser consideradas
por la autoridad accionada como conducentes a demostrar que la subordinación
ejercida por la ESE Hospital Santa Mónica, superaba el vínculo contractual entre
la entidad hospitalaria y sus empleadores, las empresas intermediarias.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00269-01.
Actor: Carlos Andrés Vargas Molina.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Al respecto, es importante advertir que, como lo ha sostenido la Corte
Constitucional, bajo el cargo de defecto fáctico, el juez de tutela no se convierte en
una instancia adicional y tampoco puede pretenderse que haga una valoración de
los medios de prueba, como le correspondería al juez natural de la causa. Así
mismo, el análisis que puede hacer tampoco recae sobre la conducencia del
material probatorio. Su función es la de verificar si, en la providencia atacada, se
evidencia una irregularidad protuberante, lo que no ocurre en el presente caso.

Por otro lado, frente al desconocimiento del precedente, se advierte que solo fue
desarrollado en la impugnación, pero en todo caso, no está llamado a prosperar,
pues se advierte que la sentencia de unificación del 30 de octubre de 20206, que
aduce como ignorada, no fue desconocida en su caso.

En primer lugar, el extracto que el demandante presenta en su impugnación
refuerza las consideraciones que hizo la autoridad judicial accionada sobre la
carga probatoria que corresponde a quien pretende desvirtuar una relación de
prestación de servicios con una autoridad pública para que le sea reconocida una
de naturaleza laboral, asunto que, como se indicó anteriormente, fue resuelto de
manera razonada en la providencia reprochada.

Por otro lado, la sentencia aquí controvertida no cuestiona que, cuando son
demostradas, la subordinación y dependencia conllevan a que se declare una
relación de trabajo, sin importar la apariencia contractual que pueda tener. Sin
embargo, la presente controversia es de naturaleza probatoria y no de derecho
sustancial, por lo que la discrepancia del actor frente a la valoración probatoria del
fallo del 25 de agosto de 2022 no prueba que se desconoció el precedente.

Así las cosas, se confirmará la sentencia objeto de impugnación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, expediente
con el número de radicación 20001-23-39-000-2014-00382-01
8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00269-01.
Actor: Carlos Andrés Vargas Molina.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de marzo de 2023, proferida por la
Sección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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