Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00270-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00270-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-00270-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
24 de abril de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00270-01
Accionantes: Víctor Fabián Morales Rojas
Se confirma la sentencia de primera instancia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00270-01
Accionante: Víctor Fabián Morales Rojas
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Contrato realidad / Defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento de las
reglas jurisprudenciales / Requisito de subsidiariedad / Relevancia constitucional /
Se confirma la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir el recurso de impugnación interpuesto por el accionante
contra la sentencia de primera instancia del 16 de febrero de 2023 proferida por la
Sección Primera de esta Corporación. El fallo de tutela impugnado declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo presentada contra la sentencia del 25 de
agosto de 2022 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado. La autoridad accionada confirmó la sentencia del 19 de marzo de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión que,
a su vez, negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 66001-23-33-000-2014-00487-00/01 presentada por el accionante
contra la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y que pretende el
reconocimiento de un contrato realidad, así como el pago de los derechos y
prestaciones correspondientes.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
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Accionantes: Víctor Fabián Morales Rojas
Se confirma la sentencia de primera instancia
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 23 de enero de 2023 el señor Víctor Fabián Morales Rojas interpuso acción
de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso, trabajo y primacía de la realidad sobre las formas vulnerados, en
su concepto, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que
confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantada por el accionante.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:
<<Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas
respetuosamente solicito al Señor Juez con el fin de que se protegiera su derecho
fundamental al debido proceso, igualdad, al trabajo y a la primacía de la realidad
sobre las formas; se dejé sin efectos la sentencia de proferida por el Consejo de
Estado en su Sección segunda – el 25 de agosto de 2022, notificada por correo
electrónico el 22 de septiembre de 2022. Y en su lugar, dicten una nueva sentencia
de acuerdo a derecho, en la cual se reconozca la existencia de una relación laboral
entre el 2 de febrero de 2009 hasta la fecha de presentación de la demanda
inclusive, y demás suplicas de la demanda>>.
B. Hechos
3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- Desde el 2 de febrero de 2009 hasta la fecha en la que presentó la demanda
ordinaria, el accionante prestó sus servicios como médico para la E.S.E. Hospital
Santa Mónica de Dosquebradas (en adelante <<la E.S.E.>>). Alega que la relación
estuvo regida por las instrucciones, control y directrices impartidas por el gerente y
la coordinadora de urgencias de la E.S.E., según el horario de trabajo señalado y
bajo las mismas condiciones aplicables a los trabajadores de planta. No obstante,
la relación laboral se encubrió mediante contratos en misión suscritos con diferentes
cooperativas de trabajo.
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3.2.- El 11 de julio de 2014 solicitó a la E.S.E. que reconociera la existencia de una
relación laboral. En el oficio No. 1516 del 11 de julio de 2013 la E.S.E. negó la
existencia de esa relación laboral.
3.3.- El 21 de noviembre de 2014 el accionante interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el referido oficio. Solicitó que se declarara el
contrato realidad, que se reconocieran los derechos y prestaciones a los que tendría
derecho en términos de igualdad con el personal de planta, y que se lo reintegrara
a un cargo en la autoridad demandada.
3.4.- Mediante sentencia del 19 de marzo de 2020 el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Primera de Decisión negó las pretensiones de la demanda. El
tribunal consideró que la parte actora no cumplió con la carga de la prueba y no
demostró las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la prestación de un servicio
en condiciones de subordinación1.
3.5.- La parte actora apeló la anterior decisión2.
3.6.- Mediante sentencia del 25 de agosto de 2022 la Sección Segunda, Subsección
A de esta Corporación confirmó la decisión de primera instancia. El juez de segunda
instancia consideró que no se demostró la relación laboral entre el accionante y la
E.S.E. demandada porque no se aportaron contratos suscritos entre ambas partes,
entre el actor y las cooperativas de trabajo, o entre las cooperativas de trabajo y la
E.S.E.
1 En efecto, no demostró la relación contractual o asociativa de carácter permanente entre aquel y las
cooperativas de trabajo asociado o empresas temporales de servicios temporales, ni entre estas últimas y la
E.S.E., de forma que se pudieran estudiar los términos en los cuales se contrató la prestación del servicio y el
objeto del mismo. En cambio, sí se demostró que el accionante se desempeñaba simultáneamente como médico
en otra IPS, lo cual impide asimilarlo a un trabajador de planta de la autoridad demandada.
2 Señaló que en otro proceso similar adelantado ante el mismo tribunal administrativo se demostró la existencia
de los contratos suscritos entre las cooperativas de trabajo asociado y la misma E.S.E. demandada. Reiteró
que se demostró el elemento de la subordinación y la prestación del servicio con carácter permanente, puesto
que el servicio se prestaba en los turnos y en el lugar de atención definido por la E.S.E. Al respecto, destacó el
testimonio del señor José Luis Díaz, quien también prestaba sus servicios como médico en condiciones
similares y dio cuenta de la sujeción a un horario y a las órdenes impuestas por la coordinadora de la E.S.E.
Por último, indicó que la ley permite a los médicos prestar sus servicios en otras instituciones, una vez terminen
sus turnos.
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C. Fundamentos de la vulneración
4.- El accionante alega que en las sentencias tuteladas las autoridades judiciales
vulneraron sus derechos fundamentales porque incurrieron en (i) un
desconocimiento de las reglas jurisprudenciales; (ii) un defecto sustancial y (iii) un
defecto procedimental absoluto.
4.1.- En cuanto al desconocimiento de las reglas jurisprudenciales hizo referencia
(i) a la sentencia de la <<Corte Constitucional en fallos del 23 de junio de 2005
proferido dentro del expediente No. 0245 C.P. Jesús María Lemos Bustamante>>,
en la que se abordaron los elementos que constituyen una relación laboral; y (ii) a
la sentencia SU-129 de 2021 de la Corte Constitucional, en la cual se señaló que
los jueces pueden decretar pruebas de oficio con el fin de esclarecer la verdad de
lo ocurrido y dada la imposibilidad de una de las partes de probar lo que alega.
4.2.- Sostiene que se configuró un defecto sustantivo <<al no realizar un análisis
detallado de las pruebas>>. Reiteró que en el proceso ordinario logró demostrar los
elementos de la relación laboral y, en concreto, la subordinación en las mismas
condiciones que sujetan a cualquier servidor público. Para sustentar lo anterior, hizo
referencia a las siguientes pruebas:
(i) El testimonio del señor José Luis Díaz, quien prestó sus servicios como médico
en la misma E.S.E. demandada y con ocasión de ello conoció al accionante.
Ese testigo señaló que el accionante debía trabajar en las instalaciones de la
E.S.E., cumplir un horario continuo y de tiempo completo de ocho horas diarias
entre lunes y viernes y, eventualmente, los fines de semana, y que debía
cumplir con el reglamento interno de la entidad, acatar las órdenes de sus
directivos (que eran el gerente de la E.S.E. y el jefe de servicio de urgencias),
así como los lineamientos de atención al público y comunicados con
directrices. Igualmente indicó que las batas y elementos de trabajo eran
suministradas por la E.S.E. y que era necesario presentar incapacidad o justa
causa al coordinador del área para poder ausentarse.
(ii) Los testimonios de Luz Adriana López y Rocío Castaño Velásquez,
practicados a petición de la parte demandada, y que expresan que conocían
al accionante pues era médico de urgencias y cumplía turnos.
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(iii) El contrato laboral suscrito entre el accionante y Sersalud UT, según el cual el
servicio debía prestarse en las instalaciones de la E.S.E.
(iv) La circular No. 37 de 2007 que da cuenta del poder de dirección y control por
parte de los directivos de la E.S.E.
(v) Una carta de bienvenida firmada por el gerente de la E.S.E.
4.3.- Por otro lado, reprocha que la autoridad judicial accionada exigiera la copia
escrita de los contratos suscritos entre la E.S.E. y las cooperativas de trabajo. A su
juicio, esa relación contractual se demostró con los testimonios de Luz Adriana
López y Rocío Castaño Velásquez, practicados a petición de la E.S.E. demandada,
y que dan cuenta de la existencia de esos contratos.
4.4.- Por último, alega que la accionada incurrió en un defecto procedimental. Para
su sustento insistió en la indebida valoración probatoria y agregó que se
desconocieron las siguientes normas: (i) la Ley 10 de 1990, que reorganizó el
Sistema Nacional de Salud y que no excluye la posibilidad de que los médicos
establezcan relaciones laborales con el Estado; (ii) la Ley 269 de 1996, según la
cual los médicos pueden desempeñar más de un empleo público, siempre que no
se crucen los horarios y se respete el límite de horas diarias y semanales; y (iii) la
Ley 4 de 1992 que permite excepcionalmente el ejercicio de dos empleos públicos
simultáneos.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A (accionado) solicita que
se nieguen las pretensiones de la acción de tutela. Argumenta que no se configuró
ningún defecto, pues analizó debidamente las pruebas allegadas y los elementos
de las relaciones laborales encubiertas, según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado. Así, concluyó que el accionante no probó
que los contratos celebrados fueran realmente relaciones laborales. En esa medida,
no se vulneraron los derechos fundamentales del actor.
6.- La E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas (tercero con interés) se
opone a las pretensiones de la solicitud de amparo. Precisa que en el trámite del
proceso ordinario se respetaron todas las garantías procesales, de conformidad con
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la normativa aplicable. Indicó que las providencias de ambas instancias se fundaron
en las pruebas debidamente decretadas y practicadas. Otra cosa es que la decisión
adoptada haya sido adversa a los intereses de la parte vencida, lo que no justifica
acudir a este mecanismo constitucional para propiciar una instancia adicional.
7.- Seguros del Estado S.A. (tercero con interés por ser llamado en garantía en el
proceso ordinario) solicita que se nieguen las pretensiones. Alega que no ha
vulnerado ningún derecho fundamental ni participó en la supuesta relación laboral.
Agrega que ambas instancias del proceso ordinario se adelantaron conforme a
derecho y que, en todo caso, las pólizas de seguro que expidió excluyen
expresamente cualquier reclamación basada en relaciones contractuales de tipo
laboral, pues únicamente cubren daños de responsabilidad extracontractual.
8.- El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión (tercero con
interés) allegó copia digital del expediente ordinario, pero guardó silencio frente a
los hechos y pretensiones de la acción de tutela.
E. Sentencia impugnada
9.- Mediante sentencia del 16 de febrero de 2023 el Consejo de Estado, Sección
Primera declaró la improcedencia de la acción de tutela, por falta de relevancia
constitucional.
9.1.- La primera instancia constitucional consideró que el debate planteado por el
accionante es estrictamente legal y probatorio, y fue debidamente resuelto por el
juez natural. Así, lo que se pretende por medio de la acción de tutela es que se
estudie el caso en una tercera instancia y se acceda a las pretensiones de la
demanda ordinaria, lo cual escapa de la competencia del juez constitucional y
desnaturaliza el mecanismo constitucional.
9.2.- Agrega que cuando la sentencia objeto de reproche es proferida por una Alta
Corte, el análisis debe ser más riguroso y exigente, según lo ha señalado la Corte
Constitucional. De esa forma, no basta con enunciar una supuesta vulneración de
un derecho fundamental y atribuir su causa a un defecto, máxime cuando no se
explicó ni se demostró por qué la vulneración alegada constituye una afectación
desproporcionada de sus derechos fundamentales.
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F. Impugnación
10.- La parte actora impugna la anterior decisión. A su juicio, el requisito de
relevancia constitucional sí está acreditado, dadas las irregularidades en la
valoración probatoria que puso de presente en el escrito de tutela. Reprocha que no
se hiciera un estudio detallado de la providencia cuestionada.
10.1.- Agregó que no se tuvo en cuenta la jurisprudencia de esta Corporación, según
la cual los médicos están sujetos a una subordinación, pues no pueden definir el
lugar ni el horario de la prestación de servicios.
10.2.- Finalmente, invoca la sentencia del 30 de octubre de 2020 proferida por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter, radicado No. 0001-23-39-000-2014-00382-01, y la sentencia del 3 de
octubre de 2019 proferida por la Sección Primera de esta Corporación, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón, radicado No. 11001- 03-15-000-2019-03370-00.
II. CONSIDERACIONES
G. Cuestión previa
11.- Como cuestión previa, cabe señalar que lo que la parte actora denomina
<<defecto sustantivo>> realmente se enmarca en lo que la jurisprudencia
constitucional designa como <<defecto fáctico>>, pues los cargos se refieren a la
valoración probatoria por parte de la autoridad judicial accionada. De igual manera,
lo que el accionante describe como un <<defecto procedimental>> en realidad se
refiere a un <<defecto sustantivo>> pues los argumentos que lo sustentaron se
fundan en la supuesta indebida aplicación de las Leyes 10 de 1990, 4 de 1992 y
269 de 1996. Por lo tanto, en esta providencia se abordará el estudio de esos cargos
bajo la denominación correspondiente, según se acaba de aclarar.
11.1.- También vale aclarar que en la impugnación se introdujeron cargos nuevos,
que no fueron formulados en el escrito de tutela. En específico, los cargos relativos
al desconocimiento de la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual los
médicos están sujetos a una relación de subordinación, pues no pueden definir el
lugar o el horario de trabajo (no se invocó o citó una sentencia en particular); y el
desconocimiento de las sentencias del 30 de octubre de 2020 (radicado No. 0001-
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23-39-000-2014-00382-01) y del 3 de octubre de 2019 (radicado No. 11001- 03-15-
000-2019-03370-00) proferidas por esta Corporación. Estos cargos no serán
analizados.
11.2.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela: (i) se declarará la falta de subsidiariedad
únicamente frente a los reparos relacionados con la falta de valoración de la circular
No. 37 de 2007; y (ii) se acogerá la posición mayoritaria de la Sala frente a la falta
de relevancia constitucional del defecto fáctico (con excepción de la referida
circular), sustantivo y por desconocimiento de las reglas jurisprudenciales, en la
medida en que la acción de tutela reitera los mismos argumentos que fueron
planteados y resueltos dentro del proceso ordinario3.
H. No se cumplió con el requisito de subsidiariedad frente a los reparos
relacionados con la valoración de la <<circular No. 37 de 2007>>
12.- La parte actora señala que en la <<circular No. 37 de 2007>> se demuestra la
dirección y control que ejercían los directivos de la E.S.E. demandada frente a las
actividades adelantadas por el actor. No obstante, al revisar el expediente ordinario,
y en particular las pruebas solicitadas por las partes y decretadas por el tribunal de
primera instancia, se advierte que entre estas no se incluyó la referida circular.
12.1.- En otras palabras, esa circular no se allegó al proceso ordinario, lo que explica
que no fuera tenida en cuenta por las autoridades judiciales ordinarias. Por esa
razón, la Sala no puede pronunciarse frente a esa prueba pues debió aportarse,
contradecirse y valorarse ante el juez natural.
12.2.- La acción de tutela no puede ser utilizada para subsanar las falencias
probatorias de las partes, en detrimento del derecho de defensa y el agotamiento
de los mecanismos ordinarios de defensa judicial, por lo que el cargo no cumplió
con el requisito de subsidiariedad.
3 El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional porque el accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales, entre otros, al debido
proceso, y explicó los vicios que consideró configurados en la decisión atacada. Sin embargo, acoge la posición
mayoritaria de la Sala, según la cual cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso
ordinario, no se cumple con este requisito.
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I. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, se constata que los
defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales formulados en el escrito de tutela no tienen vocación de
prosperidad
13.- De todas formas, la Sala considera que la autoridad judicial accionada no
desconoció las reglas jurisprudenciales de las sentencias invocadas.
13.1.- En primer lugar, se invocó la sentencia de la <<Corte Constitucional en fallos
del 23 de junio de 2005 proferido dentro del expediente No. 0245 C.P. Jesús María
Lemos Bustamante>>. Se advierte que la providencia a la que se hace referencia
es la sentencia del 23 de junio de 2005, expediente No. 0245 proferida por la
Sección Segunda de esta Corporación (no por la Corte Constitucional). En esa
sentencia se señaló que para declarar la existencia de un contrato realidad y aplicar
el principio de primacía de la realidad en las relaciones con el Estado es necesario
que se demuestren los tres elementos del vínculo laboral: la prestación personal del
servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación.
13.2.- Esa tesis no fue desatendida por la autoridad judicial accionada, pues esta
no desconoce la posibilidad de declarar el contrato realidad. Otra cosa es que en el
proceso ordinario se concluya que no se demostraron los elementos a los que hace
referencia el precedente citado. Precisamente ese precedente condiciona el
reconocimiento de la relación laboral a la prueba <<fehaciente>> de todos los
elementos, lo cual no sucedió en este caso.
13.3.- En segundo lugar, se alega el desconocimiento de la sentencia SU-129 de
2021 proferida por la Corte Constitucional. En esa sentencia se insistió en la
potestad del juez para decretar pruebas de oficio. No obstante, la potestad para
decretar pruebas de oficio no puede subsanar las falencias injustificadas de las
partes. En ese sentido, tampoco se desconoció ese precedente.
14.- Por otro lado, tampoco se configuró el defecto fáctico. La providencia objeto de
reproche se fundamentó en la falta de pruebas de los elementos de la relación
laboral. En particular, se echan de menos los contratos celebrados entre el
accionante y las cooperativas de trabajo, y entre estas y la E.S.E. demandada. A
juicio de la accionada, esos contratos son indispensables para estudiar la naturaleza
del vínculo, el objeto de la relación contractual y su duración.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00270-01
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15.1.- La subsección accionada agregó que los contratos estatales son solemnes,
pues deben obrar por escrito, y no es posible demostrar su existencia y contenido
mediante testimonios. Por lo tanto, el hecho de que las testigos Luz Adriana López
y Rocío Castaño Velásquez reconocieran la existencia de esos vínculos
contractuales e incluso aceptaran conocer al accionante como un médico que
prestaba sus servicios en el área de urgencias, no constituye un factor determinante
para la decisión: no se discute que el accionante prestara sus servicios en la E.S.E.
demandada, sino la naturaleza del vínculo y su duración, lo cual no fue acreditado
con esos testimonios.
15.2.- Además, en todo caso se valoró el testimonio del señor José Luis Díaz, para
concluir que:
<<no existe elemento probatorio que permita establecer los extremos temporales de
la presunta relación laboral debido a que en el testimonio del señor Díaz Herrera se
hace referencia a una fecha imprecisa de conclusión de la vinculación de Víctor
Fabián Morales Rojas y el Hospital de Santa Mónica de Dosquebradas, pero no el
de inicio, o si existieron interrupciones en la prestación del servicio>>.
15.3.- Con lo anterior se advierte que sí se tuvo en cuenta el testimonio del señor
José Luis Díaz, pero este no fue suficiente para demostrar siquiera la duración del
vínculo contractual con la autoridad demandada. Además, ese testimonio tampoco
demostró la subordinación, pues la subsección accionada advirtió que la
declaración transcrita en el recurso de apelación fue rendida en otro proceso judicial
(adelantado en la jurisdicción ordinaria) cuyo traslado al expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho no se solicitó y difiere de lo que efectivamente se
testificó en el proceso que resolvió la accionada en segunda instancia. La accionada
concluyó que el testimonio rendido en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que dio origen a esta acción de tutela no era suficiente para demostrar ese
elemento de la relación laboral dada su vaguedad, como ya se indicó.
15.4.- La subsección accionada advierte que el único contrato que se allegó fue uno
suscrito entre Sersalud UT y el accionante. Ahora bien, la accionada observó que
se trata de un contrato laboral, de lo cual se infiere que no es necesario aplicar el
principio de primacía de la realidad, pues ya presupone el pago de los derechos y
prestaciones propias de ese tipo de vínculos. De todas formas, la existencia de ese
contrato, por sí solo, no demuestra la vinculación del accionante con las otras
cooperativas de trabajo ni la relación entre estas y la E.S.E. demandada, en el
marco de un supuesto montaje para ocultar una relación laboral, que fue lo que se
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alegó en la demanda ordinaria: únicamente demuestra los términos de una relación
contractual específica frente a la cual no cabe declarar el contrato realidad.
15.5.- Por último, la carta de bienvenida firmada por el gerente de la E.S.E. fue
referenciada por la subsección accionada entre las pruebas allegadas al proceso,
pero no fue objeto de mayor análisis, pues la accionada precisó que estaba
<<dirigida a un colaborador no identificado>>. Luego tampoco constituye un medio
probatorio determinante para la decisión.
15.6.- Ante la falta de certeza frente a aspectos elementales para declarar la relación
laboral, como la simple duración de esta, no era posible para la autoridad accionada
declarar el contrato realidad. Interpretación que se considera a todas luces
adecuada y conforme a derecho.
16.- Por último, tampoco se configuró un defecto sustantivo, pues las normas
invocadas por la parte actora no son pertinentes para resolver la controversia
ordinaria. El accionante señala que se desconocieron las Leyes 10 de 1990, 4 de
1992 y 269 de 1996, en cuanto estas permiten que los médicos ejerzan más de un
oficio público de forma simultánea y que estos entablen relaciones laborales con el
Estado.
17.- En el proceso ordinario no se puso en duda que los médicos pudieran,
excepcionalmente, ejercer más de un oficio público. Lo que señaló la subsección
accionada es que, según el testimonio del señor José Luis Díaz se demostró que el
accionante prestó sus servicios de forma simultánea a una clínica privada <<lo que
lleva a desdibujar aún más el elemento de la continuada subordinación>>. Las
normas invocadas no fueron desconocidas en la providencia objeto de reproche,
pues su aplicación no contribuía a la solución de la controversia planteada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00270-01
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Se confirma la sentencia de primera instancia
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 16 de febrero de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera y que declaró la improcedencia de la solicitud
de amparo.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración parcial de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración parcial de voto
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