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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00272-01

Fecha
19 de mayo de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00272-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de marzo de 2023, dictado por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-00272-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

19 de mayo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00272-01
Accionante: Icoltex Ltda.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00272-01
Accionante: ICOLTEX LTDA
Accionado: Consejo de Estado- Sección Tercera- Subsección “A”

Tesis: No incurre en mora judicial injustificada la autoridad
judicial, cuando profiere los fallos de acuerdo al orden en
que ingresan.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la parte actora
en contra del fallo de 2 de marzo de 2023, dictado por la Sección Tercera,
Subsección A, del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DE LA TUTELA

La sociedad comercial Icoltex Ltda., hoy en liquidación, por intermedio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra de la Sección
Tercera, Subsección “A”, del Consejo de Estado, para que se le amparen
sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, y, como consecuencia, se ordene a la Sección
Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, para que en el término
improrrogable de 5 días profiera sentencia de segunda instancia dentro
de la reparación directa, radicada bajo el núm. 76 001 23 33 000 2012
00613 00.

Señaló que presentaron demanda de reparación directa contra la Fiscalía
General de la Nación con el fin de obtener el pago de los perjuicios
derivados del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia,
por la devolución de unos dineros incautados sin sus rendimientos
financieros que fueron apropiados subrepticiamente por funcionarios de
la entidad, en virtud de una asistencia judicial del gobierno de los EE.UU.,
denominada Operación Casablanca.

El 4 de julio de 2014, el tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió
a las pretensiones del demandante, decisión que fue apelada por la
entidad demandada, y el 20 de agosto de 2015, la Sección Tercera,
Subsección A, del Consejo de Estado, admitió el recurso de apelación.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00272-01
Accionante: Icoltex Ltda.

El proceso ingreso para fallo en el mes de octubre de 2015, y a partir del
año 2018, ha formulado diversas solicitudes de prelación de fallo, las
cuales han sido despachadas negativamente, bajo el argumento que el
accionante no se refirió en dichas solicitudes a la grave afectación del
patrimonio público, lo cual, en su entender, sí está totalmente probado.

Refirió que, de conformidad con la sentencia T-009 de 2021 de la Corte
Constitucional, en el presente asunto se dan los dos elementos
indispensables para la configuración de la procedencia excepcional de
acción de tutela contra actuación judicial, así: i) existe mora injustificada,
pues, al 19 de diciembre de 2022, último día hábil de labores en la rama
judicial, no se emitió y menos notificó fallo de segunda instancia, pese al
compromiso de metas en atención a lo dispuesto en el Plan Especial de
Descongestión de la Justicia Administrativa del acuerdo PSAA12-9139 del
17 de enero de 2012, y ii) se le está causando un daño irremediable tanto
a la nación -por la cuantiosa condena económica que debe de pagar al
estar causándose día a día intereses moratorios- a la demandante, la cual
lleva en espera de poder ver resarcido el daño causado 25 años.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

II.1. El 27 de enero de 2023, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó la notificación a la accionada; además vinculó
como terceros interesados a la Comercializadora Joval Internacional Ltda.
y a la Fiscalía General de la Nación.

II.2. La Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado,
rindió, dentro del término concedido, informe, y pidió que se despachen
negativamente las pretensiones de la tutela, por las siguientes razones:

Mediante auto del 20 de agosto de 2015, admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, y el 24 de septiembre siguiente
corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión
y al Ministerio Público para que rindiera concepto, si así lo consideraba
pertinente.

Agotada la etapa anterior, el proceso ingresó al despacho para fallo el 25
de noviembre de 2015, situación que fue debidamente informada al
demandante mediante auto del 14 de octubre de 2020, notificado al
correo electrónico el 29 de octubre de la misma anualidad.

Posteriormente, mediante memoriales radicados, vía correo electrónico,
los días 14 y 31 de enero de 2022, la parte demandante solicitó aplicación
a las figuras jurídicas de extensión de jurisprudencia del Consejo de
Estado y de prelación de fallo, bajo el argumento de que «el proceso lleva
24 años ante las autoridades norteamericanas y colombianas y que a la
fecha somos personas de la tercera edad, que deseamos en vida gozar de
los frutos de nuestros dineros ilegalmente retenidos por las autoridades
demandadas».

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Accionante: Icoltex Ltda.

La anterior petición fue resuelta por auto del 31 de mayo de 2022,
mediante el cual se rechazó de plano la solicitud de extensión de la
jurisprudencia del Consejo de Estado. Por otra parte, mediante auto del
30 de agosto de la misma anualidad, se negó la solicitud de prelación.

Precisó que, en el caso bajo estudio, todas las actuaciones adelantadas
en ejecución del proceso de reparación directa han sido debidamente
notificadas al accionante; además, las solicitudes por él elevadas han sido
resueltas de conformidad con la ley y la jurisprudencia.

Por otro lado, mencionó que el citado asunto no se enmarca en ninguna
de las causales previstas en la Ley, así como tampoco cumple con los
criterios jurisprudenciales que justifiquen la alteración del orden para
fallo, por lo que resulta necesario estarse a lo dispuesto en el artículo 18
de la Ley 446 de 1998 y, como consecuencia, la decisión debe ser
proferida cuando corresponda su turno dentro de los procesos que
ingresaron para fallo en el año 2015, de ahí que deba concluirse que no
se vulneró derecho fundamental alguno.

Finalizo indicando que, de acuerdo al orden de ingreso a despacho para
fallo de los procesos de reparación directa, el adelantado por el apoderado
del accionante tiene el turno 30.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Segunda, Subsección “A”, del Consejo de Estado, negó el
amparo solicitado, al considerar que la autoridad no incurrió en una
dilación injustificada, ni ha sido negligente en el trámite de la segunda
instancia. Pues, como se observa, si bien es cierto el proceso pasó para
fallo desde el año 2015 y a la fecha no ha sido resuelto, dicha
circunstancia no puede ser calificada como una mora judicial injustificada,
toda vez que, por una parte, no se ha demostrado de forma alguna que
dicha Subsección haya dado prelación o alterado el sistema de turnos para
resolver asuntos que no se encontraran en el orden de llegada al despacho
para fallo; y, por otra, porque el despacho sustanciador del proceso ha
dado pronta respuesta a todas las solicitudes formuladas por la parte
accionante en relación con el turno que le corresponde para resolver el
asunto.

Seguidamente, la Sala indico que no se allegó al expediente elemento de
convicción alguno encaminado a demostrar el acaecimiento de un
perjuicio irremediable que imponga la intervención inmediata del juez
constitucional a fin de alterar el sistema de turnos de los procesos a cargo
del despacho que tramita el proceso de reparación directa adelantado por
el accionante.

IV. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, al señalar que
disiente de la decisión, puesto que no comparte los argumentos expuestos

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Accionante: Icoltex Ltda.

por la Sala al considerar que no se demostró el perjuicio irremediable, ya
que, en su sentir, sí se encuentra plenamente identificado, cuando en las
peticiones le ha señalado al despacho la grave afectación al patrimonio
nacional, por cuenta de los 25 años que lleva el proceso y donde el estado
deberá pagar los rendimientos financieros a la tasa comercial más alta por
todo el tiempo que ha demorado el trámite judicial.

Asimismo, reprocha el informe rendido por la magistrada sustanciadora,
cuando indicó que al accionante se le ha dado respuesta a cada una de sus
peticiones. Considera que dicha afirmación no concuerda con la realidad del
proceso, ya que las respuestas dadas, en su sentir, no responden de fondo
las peticiones, pues omite informar el número de turno, así como el tiempo
que tardará en resolver el recurso de apelación.

Por lo que solicita se revoque el fallo de primera instancia y, en su lugar, se
amparen los derechos fundamentales reclamados y se ordene a la
accionada proferir decisión dentro del proceso de reparación directa.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia.

De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, el cual modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 2015 y el artículo 25 del Acuerdo nro. 80 de 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución
de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es competente
para conocer del presente asunto.

VI.2. Análisis de la sala.

Corresponde a la Sala determinar si procede revocar la decisión de
primera instancia y en su lugar declarar que se vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
con ocasión de la presunta mora judicial por parte de la Sección Tercera,
Subsección “A”.

El artículo 29 de la Constitución Política consagró el derecho fundamental
al debido proceso, el cual debe aplicarse a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas, sin dilaciones injustificadas. Así mismo,
estableció en el artículo 228 que “los términos procesales se observarán
con diligencia y su incumplimiento será sancionado”, prescribiendo en el
artículo 229 el derecho de acceso a la administración de justicia.

La jurisprudencia constitucional coincide en que la tardanza en la
resolución de un asunto sometido al conocimiento de la jurisdicción, en
circunstancias específicas, puede derivar en vulneración al derecho
fundamental al debido proceso, de manera que habrá que analizar “[…](i)
el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, (ii) el
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Accionante: Icoltex Ltda.

cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del
funcionario, (iii) complejidad del caso sometido a su conocimiento y (iv)
el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal.[…]”,1
en aras de determinar si se está ante un escenario de mora judicial
injustificada o si la ponderación de las circunstancias específicas explica
el retardo.

Así, por ejemplo, la Corte Constitucional ha entendido como justificada la
mora judicial cuando “[…] Se está ante asuntos de alta complejidad en
los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez
que los atiende, o Se constata la existencia de problemas estructurales,
de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.[…]”2

Por su parte, en lo concerniente al acceso a la administración de
justicia, la Sala, en sentencia de tutela proferida el 3 de mayo de 20183,
al estudiar también un caso sobre mora en la adopción de una decisión
judicial, estimó que, dentro de las garantías ínsitas de este derecho, se
encuentra el derecho a obtener la tutela judicial efectiva, la cual no solo
exige de la autoridad judicial un pronunciamiento respecto del asunto
sometido a su definición, sino, además, que esa respuesta de la judicatura
sea oportuna; de allí que el artículo 228 de la Constitución Política
establezca que “los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado”.

En el presente asunto, el accionante aduce que la magistrada
sustanciadora de la Sección Tercera, Subsección “A”, de esta Corporación,
ha incurrido en mora judicial injustificada, comoquiera que a la fecha no
se ha decidido el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante.

Una vez revisado el referido expediente digital, la Sala advierte que se
han surtido las siguientes actuaciones:

1) El 20 de agosto de 2015, se admitió el recurso de apelación

2) El 24 de septiembre de 2015, el despacho corrió traslado a las partes
para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para
que rindiera concepto, si así lo consideraba pertinente.

3) El 25 de noviembre de 2015, el proceso ingreso para fallo

4) El 21 de septiembre de 2016, se negó la solicitud presentada por el
Ministerio Publico.

5) El 11 de octubre de 2016, el apoderado de la parte demandante
presento recurso de súplica contra el auto del 21 de septiembre de 2016.

1
Corte Constitucional, sentencia T-366 de 8 de abril de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
2
Op. Cit. T-803 de 2012.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación número: 11001-03-
15- 000-2018-00809-00(AC), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00272-01
Accionante: Icoltex Ltda.

6) El 18 de julio de 2017, hubo cambio de ponente.

7) EL 22 de septiembre de 2017, el despacho rechazo por improcedente
el recurso.

8) El 8 y 14 de octubre de 2020, el Despacho dio respuesta a las peticiones
presentadas por el apoderado del demandante

9) El 31 de mayo de 2022, el despacho rechazo la solicitud de extensión
de jurisprudencia presentada por el apoderado del demandante.

10) El 10 de junio de 2022, el apoderado del demandante presentó
recurso de reposición.

11) El 27 de julio de 2022, el despacho resolvió el recurso de reposición
interpuesto.

12) El 30 de agosto de 2022, el despacho negó la solicitud de prelación
de fallo.

De acuerdo con el recuento de las actuaciones procesales surtidas al
interior del proceso, la Sala no evidencia inactividad injustificada por parte
del despacho sustanciador de la Sección Tercera, Subsección A, que
configure mora judicial y, como consecuencia de ello, la vulneración de
los derechos fundamentales reclamados por el accionante.

Acorde con lo anterior, la Sala comparte la decisión adoptada por la
Sección Segunda, Subsección A, de esta Corporación, al negar el amparo
solicitado, por no advertir la configuración de una mora injustificada.

Finalmente, señala el actor que el caso objeto de estudio, cumple con los
requisitos para alterar el turno para fallos, por cuanto el proceso lleva más
de 25 años en el trámite judicial, lo que causa un detrimento al patrimonio
del erario de la Nación.

En atención a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, “es
obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo
orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que
dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o
de prelación legal”.

La Sala no comparte el criterio del accionante, toda vez que, a la luz del
artículo 18 de la ley 446 de 1998, solo puede alterarse el turno para fallo
en atención a su importancia jurídica y trascendencia social o por la
naturaleza del asunto, circunstancias que no aplican en su caso.

Así las cosas, procede confirmar la decisión de primera instancia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00272-01
Accionante: Icoltex Ltda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de marzo de 2023, dictado
por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA
Consejero de Estado GARZÓN
Presidente Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO
Consejero de Estado VALDÉS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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