Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00276-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00276-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00276-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
18 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00276-01
Accionante: NELSON JULIÁN VALENCIA ZAMORA
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad / concurso
de méritos / incumplimiento del requisito de
subsidiariedad
ACCIÓN DE TUTELA - SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en
contra de la sentencia del 10 de marzo de 2023 mediante la cual la
Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado rechazó por
improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
El accionante solicita la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso e igualdad, con fundamento en los siguientes:
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00276-01
Accionante: Nelson Julián Valencia Zamora
1. Hechos
1.1. Manifiesta el accionante que se inscribió en la «Convocatoria 027
para la provisión de cargos de funcionarios en la Rama Judicial»
iniciada por el Consejo Seccional de la Judicatura mediante Acuerdo
n.° PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, en la que aspiró al cargo
de juez promiscuo municipal.
1.2. En consecuencia, el 2 de diciembre de 2018 presentó la prueba
en la que obtuvo como puntaje 803.66, el cual cambió a 856.9 luego
de una recalificación.
1.3. No obstante, el Consejo Superior de la Judicatura mediante
Resolución CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020 corrigió una
actuación administrativa y retrotrajo todo lo actuado desde la citación
a pruebas de los aspirantes inscritos.
1.4. Como consecuencia de lo anterior, señala que presentó
nuevamente el examen el 24 de julio de 2022 en el que obtuvo como
puntaje 784.94, resultado que le fue notificado a través de la
Resolución n.° CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022.
1.5. Inconforme con la decisión, interpuso recurso de reposición, que
complementó luego de asistir a la jornada de exhibición.
1.6. Mediante Resolución n.° CJR23-0042 del 16 de enero de 2023, el
Consejo Superior de la Judicatura confirmó lo dispuesto en la
Resolución n.° CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022.
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1.7. Sin embargo, señala que dicha resolución omitió resolver de
fondo los reparos planteados en el recurso, pues solo se limitó a
explicar las preguntas; máxime cuando las preguntas 100, 101, 102 y
103 no correspondían al cargo al cual aspiró.
2. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«PRINCIPALES
1. Se me aplique la misma justicia que se ha aplicado a otros participantes en los
procesos de selección y se apliquen los mismos parámetros que la Directora de la
Unidad de Carrera aplica en sus actos administrativos pero que ahora de forma
arbitraria y contra la ley pretende omitir.
2. Se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad y se
apliquen las mismas consideraciones y argumentos con los cuales anteriormente por
casos análogos se han protegido los derechos de los accionantes.
3. Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que por presentarse mayores
equivocaciones a las que llevaron a repetir la prueba de conocimientos en la primera
oportunidad, repetir la prueba de conocimientos de la convocatoria 27 fue practicada
el 24 de julio de 2022.
4. Se vincule al presente tramite a todos los participantes del grupo Jueces Promiscuos
Municipales de la Convocatoria 27 para que aporten los demás errores que fueron
encontrados.
5. Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que responda de forma
congruente los argumentos que le fueron puestos de presente en los recursos de
reposición respetando así el principio de congruencia.
6. Se compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación para que se estudie la posible
comisión de las conductas prevaricadoras de la Doctora Claudia Marcela Granados
Romero - Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura.
7. Se compulsen copias a la Comisión Judicial de Disciplina Nación para que se estudie
la posible comisión de faltas disciplina en que incurre la Doctora Claudia Marcela
Granados Romero - Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura.
SUBSIDIARIAS
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1. Que se orden al Consejo Superior de la Judicatura que corrija las preguntas cuyas
respuestas consideradas correctas por la universidad no coinciden con el
ordenamiento legal, la jurisprudencia y el orden constitucional.
2. Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que las preguntas que fueron
incluidas en la prueba de conocimientos que le fueron formuladas a los participantes
para el cargo de Juez Promiscuo Municipal y que no corresponden a su competencia,
sean tenidas en cuenta como validas parta todos los participantes.
3. Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que dado que el resultado de la
prueba corresponde a una valoración general de todos los participantes (curva
geométrica) se realice una corrección de las preguntas formuladas y se emita una
nueva calificación para todos los participantes.» (Sic en toda la cita)
3. Intervenciones
Mediante auto del 27 de enero de 2023 la Sección Tercera, Subsección
C del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia y
ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura como accionado
y a la Universidad Nacional de Colombia como tercero interesado en
las resultas del proceso.
3.1. La Universidad Nacional de Colombia informó que a través
de la Resolución n.° CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 brindó
respuesta de fondo a todos los reparos y solicitudes invocadas por el
accionante en ejercicio del recurso de reposición, por lo que se debe
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
Así pues, insistió que las preguntas objetadas por el accionante fueron
debidamente justificadas en el anexo 2 del acto administrativo en
comento.
De otra parte, advirtió que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para controvertir las decisiones cuestionadas, porque no cumple
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con el requisito de subsidiariedad, circunstancia que torna
improcedente el mecanismo constitucional invocado.
3.2. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial solicitó desestimar lo esgrimido
por el demandante en el escrito de tutela, en tanto, corresponde a
consideraciones descontextualizadas y que carecen de sustento.
Al respecto, informó que el 2 de diciembre de 2018 se realizó la prueba
de conocimientos, no obstante, ante las numerosas reclamaciones, la
Universidad Nacional evidenció que se presentó un error en la lectura
óptica, porque se intercambiaron las respuestas al momento de realizar
la calificación, además de otras inconsistencias.
Por lo anterior, en aplicación al artículo 41 de la Ley 1437 de 2011
expidió la Resolución n.° CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020 “Por
medio de la cual se corrige una actuación administrativa en el marco
de la convocatoria 27", y en consecuencia corrigió toda la actuación.
Por su parte, la Corte Constitucional mediante sentencia SU-067 de 24
de febrero de 2022 resolvió negar las pretensiones del amparo en las
tutelas que pretendían dejar sin efectos la resolución en comento;
avaló la procedencia de la corrección de la actuación administrativa, y
adicionalmente, conminó al Consejo Superior de la Judicatura y a la
Universidad Nacional de Colombia a fijar un nuevo cronograma de
actividades del concurso, en atención a los principios de la función
administrativa, particularmente, los postulados de la eficacia y la
celeridad.
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Accionante: Nelson Julián Valencia Zamora
Indicó que el 24 de julio de 2022 realizó la prueba de conocimientos,
aptitudes y psicotécnicas; mediante Resolución n.° CJR22-0351 de 1°
de septiembre de 2022 publicó los resultados y a través de la
Resolución n.° CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 se resolvieron
los recursos de reposición en contra de dicha decisión.
3.3. Los señores Miguel Ángel Uribe Becerra, Claudia Tatiana
Gutiérrez Moreno, Edwin Gonzalo Cano Arboleda, Omar Julián
Ríos Gómez y Dan Matías González García solicitaron ser
reconocidos como coadyuvantes, pues afirmaron tener interés legítimo
en el resultado del proceso porque son aspirantes al cargo de juez
promiscuo municipal en la convocatoria.
4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado mediante
sentencia del 10 de marzo de 2023 rechazó por improcedente el
amparo constitucional, al considerar que de acuerdo con la Resolución
CJR22-0351 de 1º de septiembre de 2022, el accionante obtuvo un
resultado no aprobatorio de 785.94 puntos de los 800 que necesitaba
para pasar a la siguiente etapa, razón por la que presentó recurso de
reposición el cual fue resuelto desfavorablemente mediante Resolución
CJR022-0042 del 16 de enero de 2023, actos administrativos
susceptibles del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en tanto definieron la situación jurídica del señor Valencia
Zamora dentro del concurso de mérito.
Por otra parte, señaló que el demandante en compañía de otras
personas solicitaron a la Unidad de Administración de Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura que dejara sin efectos y repitiera
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la prueba realizada el 24 de julio de 2022 con un operador jurídico
diferente, petición que fue negada, a través del Oficio CJ022-5613 del
20 de diciembre de 2022, acto administrativo que en sentir del a quo
era definitivo, en tanto, no cumplió con lo dispuesto en el artículo 28
de la Ley 1755 de 2015, pues definió la situación puesta en su
consideración por parte del peticionario, y así, generó efectos que son
vinculantes, toda vez que, con dicha decisión, negó implícitamente la
posibilidad de que el actor, y quienes acompañaron su pretensión,
repitieran la prueba con un operador técnico distinto a la Universidad
Nacional de Colombia.
En cuanto a las demás pretensiones relacionadas con la compulsa de
copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, para efectos de que investigaran las conductas
desplegadas en el proceso de la Convocatoria 27, por Claudia Marcela
Granados, en calidad de Directora de la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, consideró que la
función del juez constitucional no era la de sustituir la facultad que
tiene el demandante de denunciar ante dichas autoridades, ni suplir la
competencia de otras entidades del Estado.
Así las cosas, concluyó que la acción de tutela era improcedente,
porque el actor tenía a su disposición otros mecanismos de defensa
judicial idóneos y eficaces para la protección de los derechos
fundamentales invocados en la demanda de tutela.
5. IMPUGNACIÓN
La parte accionante recurrió el fallo de primera instancia, para lo cual
manifestó que la resolución por medio de la cual confirmó el puntaje
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del examen no resolvió de fondo los reparos expuestos en el recurso
de reposición, máxime cuando hubo preguntas que no eran
competencia del cargo evaluado.
Así pues, insistió en que la acción de tutela era el único medio para que
se resolviera de fondo y de manera congruente el recurso de
reposición, de modo que, se analizara las objeciones esgrimidas en el
recurso y en consecuencia se ordenara emitir una nueva calificación
conforme a la normatividad y precedente jurisprudencial que rodeaba
sus inconformidades.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:
• ¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad, al expedir las
Resoluciones CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022 y
CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 mediante las cuales se le
asignó y confirmó la puntuación final al accionante en el marco
de la convocatoria 027 para la provisión de cargos de
funcionarios en la Rama Judicial?
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Accionante: Nelson Julián Valencia Zamora
2. Procedencia de la acción de tutela en desarrollo de concursos
de méritos
A partir de lo dispuesto en el artículo 86 de la carta política, se tiene
que la acción de tutela tiene carácter residual, en tanto que su
procedencia está supeditada a que el afectado carezca de otro
mecanismo judicial que permita la protección de sus derechos
fundamentales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable1.
Ahora bien, es necesario advertir que no basta con la existencia de otro
medio de defensa judicial, sino que éste deberá ser eficaz en cuanto al
fin pretendido por el ciudadano, apreciación que implica la realización
de un estudio minucioso del mecanismo judicial previsto por el
ordenamiento jurídico, y establecer, además, la idoneidad de este para
lograr el propósito perseguido, es decir, el cese de la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales. Igualmente, el juez de
tutela deberá realizar un estudio de las circunstancias del caso concreto
en que se encuentra el solicitante.
En materia de concursos públicos, la Corte Constitucional ha
considerado que si bien, en principio, podría sostenerse que los
afectados por una presunta vulneración de sus derechos
1 Reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece que "Toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente
y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto", sin embargo de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 6° ibídem, ésta acción no procede cuando existen
otros medios de defensa judiciales, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En esto consiste su condición de medio judicial subsidiario. Ese mecanismo alterno, según reiterada
jurisprudencia constitucional, debe ser eficaz, pues de no serlo, la tutela no procede como medio judicial de
protección de los derechos fundamentales.
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00276-01
Accionante: Nelson Julián Valencia Zamora
fundamentales podrían controvertir las decisiones tomadas por la
administración -las cuales están contenidas en actos administrativos
de carácter general o de carácter particular- mediante las acciones
señaladas en el Código Contencioso Administrativo, hoy CPACA, se ha
estimado que éstas vías judiciales no son idóneas y eficaces para
restaurar los derechos fundamentales conculcados2.
En ese sentido, frente a decisiones de trámite que se dictan en el
desarrollo de un concurso de méritos para la provisión de empleos,
contra estos no proceden los recursos de la vía gubernativa ni los
medios de control que regula la Ley 1437 de 2011 – CPACA. Por lo
tanto, en el evento de que se presente, en desarrollo del concurso, la
flagrante violación de un derecho fundamental, la acción de tutela para
el afectado resulta procedente ante la carencia de medios de defensa
judiciales para lograr la continuidad en el concurso.
Sin embargo, en lo que se refiere a los actos definitivos, se ha señalado
que estos son pasibles de los medios ordinarios de control judicial
contemplados en el CPACA, en los cuales se puede solicitar, como
medida cautelar la suspensión del acto3.
3. Caso concreto
En el asunto bajo estudio, el accionante reprocha las Resoluciones
CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022 y CJR23-0042 del 16 de
enero de 2023 por medio de las cuales se publicaron los resultados del
examen en el marco de la convocatoria 027 iniciada para proveer
2 Corte Constitucional, sentencia T-532 de 2008, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
3
Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-368 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-244 de
2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y T-800A de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00276-01
Accionante: Nelson Julián Valencia Zamora
cargos de funcionarios en la Rama Judicial; asimismo lo dispuesto en
el Oficio CJ022-5613 del 20 de diciembre de 2022, mediante el cual la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura negó la solicitud de dejar sin efectos y repetir la prueba
realizada el 24 de julio de 2022 con un operador jurídico diferente.
Por su parte la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado
rechazó por improcedente el amparo constitucional, al considerar que
los actos administrativos cuestionados en el escrito de tutela eran
susceptibles de ser demandados, a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto, eran definitivos.
En el escrito de impugnación la parte accionante, insistió en que la
resolución por medio de la cual confirmó el puntaje del examen no
resolvió de fondo y de manera congruente los reparos expuestos en el
recurso de reposición, máxime cuando hubo preguntas que no eran
competencia del cargo evaluado, por lo que requirió se ordene emitir
una nueva calificación conforme a la normatividad y precedente
jurisprudencial que rodeaba sus inconformidades.
Para resolver, esta Sala de Subsección considera:
De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente se tiene que
por medio de la Resolución CJR22-0351 del 1º de septiembre de 2022
se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos
correspondientes al aludido concurso.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00276-01
Accionante: Nelson Julián Valencia Zamora
Así, se advierte que el señor Nelson Julián Valencia Zamora, el 22 de
septiembre de 20224 interpuso el recurso de reposición en el que
solicitó:
«(…)
REFERENCIA: RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACION
Resolución CJR22-0351 de 01 de septiembre de 2022 (Juez Promiscuo Municipal)
y SOLICITUD DE EXHIBICION DE LA PRUEBA PRESENTADA Y DE LAS
RESPUESTAS CORRECTAS INDICADAS POR LA UNIVERSIDAD.
(…)
El 24 de julio de 2022 se adelantó nuevamente en la ciudad de Pereira, Risaralda
la aplicación de la prueba de conocimiento con el fin de seleccionar los
profesionales interesados en colmar los cargos de funcionarios de la Rama Judicial
(convocatoria 27) Entre el 2 y el 8 de septiembre se notificó la resolución CJR22-
0351 de 1 de septiembre de 2022, que publica los resultados de dicha prueba en la
que se me adjudicó una calificación total de 784.94 puntos, discriminado en
166.00 puntos para el componente de aptitud y 618.94 puntos para el componente
de conocimiento.
Ahora bien, toda vez que, según lo consignado en el Acuerdo PCSJA19-11400 del
19 de septiembre de 20191 y el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de
20182 que configuran un acto administrativo vinculante para las partes (Unidad
de Administración de Carrera Judicial - Consejo Superior de la Judicatura,
Universidad Nacional de Colombia y el participante) la calificación de la prueba
realizada debe ser concluida según lo consagrado en el acto administrativo que
indica que: “…En esta etapa, la calificación de las pruebas de aptitudes y
conocimientos se hará a partir de una escala estándar entre 1 y 1.000 puntos. La
prueba de aptitudes se calificará entre 1 y 300 puntos y la de conocimientos entre
1 y 700 puntos. Para aprobar se requerirá obtener un mínimo de 800 puntos,
sumando los puntajes de las dos pruebas…”. Y no aplicando fórmulas que no solo
resultan desconocidas para el participante, sino que además no fueron consagradas
ni acordadas en ningún acto administrativo, razón por la cual y como pretensión
de mi recurso Solicito:
PRIMERO: Que la calificación de mi prueba sea realizada de conformidad con lo
dispuesto en el acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 y en
consecuencia se asigne la calificación correspondiente de 6 puntos (300/50 =6) en
el componente de aptitud y de 8.75 (700/80= 8.75) en el componente de
conocimientos.
SEGUNDO: Aunado a lo anterior solicito también que se me permita participar
en la jornada de exhibición y conocer los datos de acogiendo los precedentes
judiciales del Consejo de Estado y que por lo tanto se me permita acceder al mismo
4 Información que se extrae del documento CONV27RR-2259.pdf
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en la ciudad de Pereira y por el mismo tiempo que se otorgó para la aplicación, 4
horas y media.»
Además, de conformidad con los documentos aportados se advierte
que el accionante, el 15 de noviembre de 20225 solicitó:
«(…)
REF: COMPLEMENTO RECURSO DE REPOSICIÓN RESOLUCIÓN CJR22-0351
NELSON JULIAN VALENCIA ZAMORA mayor de edad, con residencia y domicilio
en la ciudad de Dosquebradas, Risaralda, identificado con la cédula de ciudadanía
89.008.929 actuando en mi condición de Aspirante al concurso de méritos para la
provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial convocado por el Acuerdo
PSAA18-11077 de 2018 (Convocatoria Nº 27), con el presente escrito COMPLEMENTO
Y ADICIONO EL RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución CJR22-0351 (01
de septiembre de 2022), por medio de la cual expide el listado de los resultados de la
prueba de conocimientos a fin de que: (I) SE CORRIJAN LAS PREGUNTAS EN ESTE
DOCUMENTO DEBIDAMENTE SUSTENTADAS, (II) SE MODIFIQUE LA
CALIFICACION Y SE RECONOZCAN LOS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS
QUE SE ACREDITAN A CONTINUACION, Y (III) SE CALIFIQUEN
NUEVAMENTE MI EVALUACION, SUPERANDO A SI LOS 800 PUNTOS PARA
CONTINUAR CON EL PROCESO.
(…)
No ARGUMENTO SOLICITUD
102 No corresponde por me debe ser imputada como correcta por ser una pregunta que
competencia no corresponde a las competencias de los jueces promiscuos
municipales del cual hago parte.
103 No corresponde por me debe ser imputada como correcta por ser una pregunta que
competencia no corresponde a las competencias de los jueces promiscuos
municipales del cual hago parte
129 Pregunta con doble de conformidad con el ordenamiento legal y constitucional no
alternativa de solo es posible la alternativa “C - la conversión acción penal
respuesta implica riesgo para la seguridad de la empresa” sino que
también en virtud del ACTO LEGISLATIVO 06 DE 2011
modificado en lo pertinente por el Artículo 3 del Decreto 379
de 2012; también es posible que se alegue “B. - la ley lo habilita
para ello discrecional y no requiere solicitar”
126 La respuesta de la que de conformidad con la ley, los pronunciamientos de la
universidad es un Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, los juzgado
delito especializados del país y las directivas de la Fiscalía General de
la Nación se tenga como incorrecta la opción (B) de la
universidad y correcta la opción “D”, o toda vez que hacen falta
elementos como la opción de legalización de la droga sin la cual
no se puede incautar el vehículo, ninguna de las respuestas seria
plausible, se me tenga como correcta esa pregunta.
28 Tiene múltiple según los peritos matemáticos de la Universidad Nacional y de
respuesta la Universidad de los Andes, existen dos respuestas posibles (a
5 Información que se extrae del documento 7_110010315000202300276001EXPEDIENTEDIGI20230124081903.pdf
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00276-01
Accionante: Nelson Julián Valencia Zamora
y c) y en consecuencia también se debe de dar como válida
aquella ultima.
29 Tiene múltiple según los peritos matemáticos de la Universidad Nacional y de
respuesta la Universidad de los Andes existen tres respuestas posibles (a,
b y d) y en consecuencia también se debe de dar como válida
aquella ultima.
53 Tiene múltiple en criterio de la Corte Constitucional y de los máximos
respuesta exponentes de la filosofía del derecho, existen dos respuestas
posibles (c y d) pues la diferencia que existe entre principio y
valor es menor eficacia directa aspecto que no se enunció en la
pregunta y en consecuencia hace que se deba tener como válida
para todos los participantes que la recurran
70 Tiene múltiple existen múltiples respuestas, pues ante lo indefinido de la etapa
respuesta misma de la diligencia, de conformidad con el código general
del proceso se puede continuar con la utilización de otros
medios tecnológicos, y/o de conformidad con lo ordenado por
la Corte Suprema de Justicia, se puede suspender las diligencias
y en consecuencia hace que se deba tener como válida para
todos los participantes que la recurran.
32 Pregunta mal el examen impreso de la universidad presenta un error en la
redactada por la digitación y en tal virtud hace incurrir en error al palpitante y
universidad todas las en consecuencia hace que se deba tener como válida para todos
alternativas son falsas los participantes que la recurran.
41 Pregunta mal el examen impreso de la universidad presenta un error en la
redactada por la digitación y en tal virtud hace incurrir en error al palpitante y
universidad todas las en consecuencia hace que se deba tener como válida para todos
alternativas son falsas los participantes que la recurran.
23 La clave de la como lo indica el perito, la respuesta de la universidad no es
universidad es errada correcta y en consecuencia hace que se deba tener como válida
para todos los participantes que la recurran. Es evidente que la
presentación de las premisas es inconsistente. Si bien, en este
tipo de ejercicios, se presentan casos imaginarios o hipotéticos,
ellos deben ser razonables y plausibles. Además, si se acepta el
marco de la lógica formal, las premisas deberían ser
consistentes para apelar a esa razonabilidad. En últimas, no
resulta razonable ni plausible que cada premisa se presente de
maneras tan dispares
69 La Respuesta de la La audiencia inicial se realiza tanto en el procedimiento civil,
universidad no es la como en el administrativo. Del análisis de la pregunta no
correcta permite realizar un análisis claro que conlleve una única
respuesta. la pregunta no. 69 (i) presenta inconsistencias, al ser
abierta, general, ambigua, confusa y sin respuesta válida o
correcta y (ii) no debió ser evaluada en el componente general,
debido a que no se encontraba en los temas enlistados de ese
componente, pero sí requería conocimiento especializado.
24 Todas las opciones todas las opciones sean inválidas, por ello debe ser calificada
son validas como válida para todos los recurrentes.
62 Ninguna de las de conformidad con la sentencia SC9193-2017 -Corte Suprema
opciones es válida o la de Justicia -Sala de Casación Civil (decisión tuvo efectos inter
“B” es valida comunis) ninguna de las opciones es inválida, o sola opción “B”
es válida por ello debe ser calificada como válida para todos los
recurrentes.
6 Múltiple respuesta o En este caso, la opción C parece más acertada. Si el
la opción “C” es pensamiento crítico bien entendido implica superar cierta
valida apatía generalizada, se entiende que rechazar el compromiso
con una postura política particular, en aras de perseguir la
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verdad, sería un elemento fundamental; una condición para
establecer un escenario donde impere el pensamiento crítico
bien entendido.
Por lo anterior, como quiera que la opción de respuesta tenida
en cuenta como válida por la Universidad Nacional es la D,
solicito se me califique la pregunta como buena por existir
múltiple respuesta
7 Múltiple respuesta o como quiera que la opción de respuesta tenida en cuenta como
la opción “B” es válida por la Universidad Nacional es la A, solicito se me
valida califique la pregunta como buena por existir múltiple respuesta.
9 Todas las opciones todas las opciones sean inválidas, por ello solicito se me
son válidas califique esta pregunta como válida.
25 Las premisas son si se acepta el marco de la lógica formal, las premisas deberían
inconsistentes falta ser consistentes para apelar a esa razonabilidad. En últimas, no
información resulta razonable ni plausible que cada premisa se presente de
maneras tan dispares.
(…)»
Al respecto, la parte accionada, por medio de Resolución n.° CJR23-
0042 del 16 de enero de 2023 – Anexo 2, contestó:
« (…)
ANEXO 2
Se relaciona a continuación una a una las preguntas que fueron objetadas por los
recurrentes para el Cargo Juez Promiscuo Municipal, indicando su pertinencia, la
justificación de la clave asignada, así como la razón de las opciones de respuesta no
válidas, las cuales son el producto de la estructura y elaboración de las preguntas.
(…)
Pregunta No. 6
La opción D es la respuesta correcta porque el inicio del texto se refiere a la voluntad de
superar la apatía como un elemento que puede añadirse al pensamiento crítico, lo cual
indica que el pensamiento crítico y la ausencia de apatía son aspectos separados, y que se
puede tener una sin tener la otra.
Pregunta No. 7
La opción A es la respuesta correcta porque la principal barrera que plantea el autor para
lograr el respeto de los demás pensamientos es asumir que se tiene la verdad absoluta.
Partir del reconocimiento de la posibilidad de estar equivocado es un primer paso
necesario para lograr el respeto hacia el pensamiento ajeno.
Pregunta No. 9
(…)
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La opción C es la respuesta correcta porque en el texto, es la confianza en el medio de
pago la que surge a partir del criterio básico de mensurabilidad. Sin embargo, lo contrario
no es cierto: la mensurabilidad no depende de la confianza en el medio de pago.
(…)
Pregunta No. 23
La opción D es la respuesta correcta porque de los resultados de la investigación se puede
concluir que el grupo era nómada; sin embargo, el argumento de P es incorrecto porque
esto se puede sustentar por el hecho de no haber encontrado estructuras de resguardo, más
no por haber encontrado herramientas de caza de tamaño pequeño y poco peso, lo cual es
una condición necesaria pero no suficiente para caracterizar a un grupo como nómada,
pues no se garantiza que las herramientas pequeñas y de poco peso sean de uso exclusivo
de este grupo.
(…)
Pregunta No. 24
(…)
La opción B es la respuesta correcta porque de acuerdo con la información en el contexto,
existe al menos un paciente para el cual el tratamiento no fue efectivo; sin embargo, no
se puede asegurar que otros pacientes hayan tenido el mismo problema, dado que solo se
mostraron algunos resultados.
Pregunta No. 25
(…)
La opción C es la respuesta correcta porque si no se le dieron garantías de seguridad a su
familia, entonces se puede concluir que el líder de la banda no se entregó. Además, de la
información en el enunciado se tiene que, si le brindan inmunidad o se le dan garantías
de seguridad a su familia, el líder de la banda criminal brinda información clave a las
autoridades. Pero como no se dieron garantías de seguridad a su familia, puede suceder
que SÍ se le haya brindado o no inmunidad. Si se le brinda inmunidad, entonces el líder
da información clave; si no se le brinda inmunidad, no hay certeza si el líder da o no la
información clave. Por tanto, el líder pudo haber brindado información clave.
Pregunta No. 28
La opción A es la respuesta correcta porque si se considera como verdadera la afirmación
“si se aumenta el presupuesto del proyecto, se puede contratar más personas”, pero se
niega que se contraten más personas, entonces se puede concluir que no se aumenta el
presupuesto en virtud de la relación propuesta. Sin embargo, si se niega que se contratan
más personas, no se puede concluir que la tasa de desempleo no vaya a disminuir. Esta
disminución puede darse por factores ajenos a la contratación en el proyecto. Por tanto,
si no se contratan más personas, se puede afirmar que no se aumenta el presupuesto, pero
podría disminuir la tasa de desempleo.
(…)
Pregunta No. 29
La opción A es la respuesta correcta porque de acuerdo con la información en el contexto,
algunas bodegas tienen 6 autos y otras 9, pero no todas tienen 6 o 9 autos. Por tanto, solo
hay tres posibilidades (omitiendo repeticiones): en tres bodegas hay de a 6 autos y en una
bodega hay 9; en dos bodegas hay de a 6 autos y en dos bodegas hay 9; y en tres bodegas
hay de a 9 autos y en una bodega hay 6. En cualquiera de los tres casos, la suma da
diferente a 24 (los resultados de las sumas son 27, 30, y 33, respectivamente). Los 24
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autos correspondería si en todas las bodegas se encuentran de a 6 autos, lo cual es
incorrecto porque en el contexto se solicita que, por lo menos, una bodega debe tener 9 o
6 autos.
(…)
Pregunta No. 32
La opción A es la respuesta correcta porque “para bajar más de 5 kg en dos meses se debe
suprimir en la dieta diaria solo una de las cuatro condiciones” y los sujetos que
suprimieron solo una condición, únicamente bajaron 5 kg, por tanto, los sujetos no
bajaron más de los 5 kg.
(…)
Pregunta No. 41
(…)
La opción D es la respuesta correcta porque el formateo de la unidad busca eliminar la
información que esta unidad puede contener y llevarla a un estado “inicial” [donde no
tiene información almacenada].
Pregunta No. 53
Esta pregunta es pertinente porque para cualquier operador jurídico y, en especial, para
los jueces y magistrados, es fundamental conocer los diferentes tipos de normas que
integran un sistema jurídico con el objeto de poder interpretarlas y aplicarlas.
(…)
La opción D es la respuesta correcta porque tanto la doctrina como la jurisprudencia
constitucional han definido los valores de la forma expuesta en el enunciado.
(…).
Pregunta No. 62
Esta pregunta es pertinente porque revisar los ajustes de forma propuestos se propone
elaborar una pregunta que interrogue sobre la naturaleza del significado de la carga de la
prueba de acuerdo con el CGP, de manera que las opciones de respuesta sean más
precisas, al tiempo que se puedan concretar y clarificar las justificaciones de las opciones
de respuesta. Conviene señalar que, mientras que en el enunciado se toma como referente
el CGP, en las justificaciones de las opciones de respuesta se cita la sentencia C- 086 de
2016 de la Corte Constitucional y la Doctrina.
(…)
Pregunta No. 69
Esta pregunta es pertinente teniendo en cuenta que los jueces deben comprender y aplicar
de forma correcta en el proceso, la operancia del principio dispositivo en materia de
fijación del objeto litigioso, el cual está exclusivamente en cabeza de las partes.
(…)
La opción B es la respuesta correcta porque el proceso establecido normativamente en el
Código General del Proceso se caracteriza porque se adscribe al principio dispositivo en
el que exclusivamente las partes disponen o determinan la forma y el momento en que
plantean su litigio ante el juez. Así las cosas, de la señalada disposición que las partes
ejercen en torno a la oportunidad en que deben presentar su problema ante el juzgador, y
de la correspondiente imposibilidad de que éste de oficio intente componer el litigio, se
puede concluir que el objeto del litigio también es delimitado o fijado exclusivamente por
las partes. Conforme lo anterior, se ha establecido “que cuando ninguna de las partes
concurre a la audiencia inicial y no justifican su inasistencia dentro del término
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correspondiente, se tiene que declarar la terminación del proceso, pues no habría manera
de fijar el objeto del litigio (inciso segundo del numeral 4º del artículo 372 del Código
General del Proceso), toda vez que ni el juez ni los apoderados pueden suplir esa función
exclusiva de las partes.
El juez orienta a las partes en la fijación del objeto del litigio, pero no está facultado para
variar los límites trazados por ellas, porque tal labor corresponde al ejercicio del principio
dispositivo que rige el proceso civil; y para ello basta con asentar los temas
controvertidos, entendiéndose que aquéllas están conformes con todos los demás.
(Sentencia SC780-2020, 10 de marzo de 2020).
(…)
Pregunta No. 70
Esta pregunta es pertinente porque el contexto planteado es de frecuente ocurrencia en el
desarrollo del régimen ordinario de las audiencias, frente a lo cual el administrador de
justicia debe tomar una decisión con fundamento jurídico.
La opción A es la respuesta correcta porque dentro del régimen ordinario de la tramitación
de los procesos civiles, distinta al régimen temporal en época de pandemia, en las
Actuaciones Judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar y
agilizar el acceso a la justicia, este último derecho constitucional.
(…)
Pregunta No. 100
Esta pregunta es pertinente porque la posibilidad de acciones independientes a la acción
de grupo y la manera en que procesalmente se le debe dar curso a esta, haciendo una
mezcla entre la norma especial, es decir la Ley 472 de 1998 y la norma general que es el
Código General del Proceso, es de vital importancia para el juez en su praxis judicial. En
síntesis, comporta una articulación entre el uso de los métodos de interpretación y la
integración de la ley.
(…)
La opción B es la respuesta correcta porque la excepción previa está llamada a prosperar
conforme al artículo 53 de la ley 472 de 1998, que permite la acumulación de las acciones
que se inicien de manera individual a solicitud del interesado. Por tal razón, el artículo
149 del Código General del Proceso regula de manera expresa y clara que el juez que
adelanta el proceso más antiguo y en el cual ya se ha notificado el auto admisorio de la
demanda, conserva su competencia, por lo cual el segundo juez declara próspera la
excepción previa propuesta y ordena remitir el expediente.
Según Javier Tamayo Jaramillo (2017) esta excepción sería asimilable a la de pleito
pendiente porque la ley presume que la acción de grupo cobija a todas las víctimas que
no se han excluido de esta, pero el juez debe acumular la demanda a la acción de grupo
de acuerdo a lo que manda el artículo 53 de la ley 472 de 1998.
(…)
Pregunta No. 101
Esta pregunta es pertinente porque los aspirantes a jueces en la especialidad civil deben
aplicar a casos concretos de resolución de compraventa las reglas sobre las facultades de
quien resuelve el recurso de apelación de una sentencia.
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La opción A es la respuesta correcta porque de acuerdo con lo previsto en el inciso 2º del
artículo 328 del Código General del Proceso, “cuando ambas partes hayan apelado toda
la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones.”. Lo previsto en esta norma resulta aplicable al caso planteado en el contexto
y en el enunciado del ítem, ya que aquí el demandante de un proceso declarativo apeló el
fallo y el demandado (es decir, su contraparte), adhirió a esta apelación, por lo que el juez
de segunda instancia, que es quien conoce de la apelación, deberá resolver el asunto sin
limitarse a los puntos que fueron apelados por quien formuló el recurso.
(…)
Pregunta No. 102
Esta pregunta es pertinente porque el funcionario judicial en la práctica de la prueba de
inspección judicial en los procesos de restitución de inmueble arrendado, debe tener
especial cuidado porque además de cumplir con los requisitos y fines previstos para la
práctica de esta prueba, en esta clase de proceso tiene un tratamiento diferente al facultar
la entrega anticipada del inmueble antes de la sentencia.
(…)
Pregunta No. 103
Esta pregunta es pertinente porque la presente pregunta exige que el funcionario judicial
entienda que si bien el régimen de las nuevas creaciones otorga monopolios de
explotación sobre las invenciones (sean estas productos o procedimientos), estos no son
ilimitados y existen unos usos que están permitidos a toda la población como la
experimentación, investigación, etc., sin que se requiera de una autorización del titular de
la patente o del Estado.
(…)
La opción C es la respuesta correcta porque en el caso de las patentes de invención de
procedimiento los derechos de su titular están contemplados en el artículo 52 de la
Decisión 486 de 2000. Ahora bien, se consideran como usos permitidos, sin necesidad de
licencia, los contemplados en el artículo 53 de la misma norma porque el titular de la
patente no puede prohibirlos, entre los que figura en el literal b) los “actos realizados
exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención
patentada”.
Pregunta No. 126
Esta pregunta es pertinente porque es importante que los jueces conozcan los alcances
del comiso, las diferencias entre delitos culposos y dolosos; entre bienes del autor y de
terceros, y también las competencias en materia de devolución de bienes que no han sido
afectados por medidas cautelares, por jueces de control de garantías.
La opción B es la respuesta correcta porque en los delitos dolosos sólo procede el comiso
cuando el autor es propietario del vehículo, según lo establecido por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia SP 11015-2016, radicación No.
47660: “En este caso, el comiso sólo es procedente respecto de los bienes y recursos del
penalmente responsable, en el entendido que el artículo 82 de la Ley 906 de 2004,
desarrolla lo consignado en el artículo 100 del Código Penal, y éste faculta la medida
exclusivamente en lo que toca con «…bienes, que tengan libre comercio y pertenezcan al
responsable penalmente, sean utilizados para la realización de la conducta punible, o
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provengan de su ejecución».” Como en este caso el automóvil es de libre comercio, y no
le pertenece al indiciado, debe ser regresado a quien acredite su propiedad.
(…)
Pregunta No. 129
Esta pregunta es pertinente porque la Ley 1826 de 2017 introdujo dos instrumentos muy
importantes al ordenamiento jurídico colombiano. Uno de ellos es el procedimiento
abreviado, el otro es la institución del acusador privado regulado constitucionalmente a
través del Acto Legislativo 06 de 2011. Esta figura, creada en 2011 y regulada en 2017,
poco a poco se va haciendo más popular dentro del ordenamiento jurídico. El legislador
decidió que, para habilitar al acusador privado, era necesario regular este fenómeno a
través de la conversión de la acción penal. Así las cosas, es necesario que los operadores
judiciales reconozcan los casos en los que procede o no la conversión de la acción penal
para evitar que se configuren nulidades que podrían viciar el procedimiento en estos
eventos.
(…)
La opción C es la respuesta correcta porque de acuerdo con el inciso segundo del artículo
553 de la Ley 906 de 2004, modificada por la Ley 1826 de 2017, no procede la conversión
de la acción penal cuando esta implica un riesgo para la seguridad de la víctima. Sin
embargo, es necesario que exista acuerdo entre todas ellas sobre la conversión de la
acción.»
De conformidad con lo anterior, esta Sala de Subsección encuentra que
la solicitud interpuesta por la parte accionante se dividió en dos
aspectos: (i) una petición de información relacionada con el trámite
adelantado en el marco del examen para el concurso de méritos y (ii)
un recurso de reposición en contra de la Resolución CJR22-0351 del 1
de septiembre de 2022 que publicó los resultados de la prueba de
aptitudes.
Así las cosas, en cuanto a la falta de respuesta a la petición interpuesta
a la Universidad Nacional de Colombia, se tiene que a través de la
Resolución n.° CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 – Anexo 2,
notificada al día siguiente de su promulgación a través de la página
web de la Rama Judicial en virtud de lo dispuesto en el numeral 5° del
acto administrativo en comento6, se contestaron todas las preguntas
6 ARTÍCULO 5º: NOTIFICAR esta decisión, mediante su fijación, durante el término de cinco (5) días hábiles, en el
Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera se informará a través de la página web de la Rama Judicial,
www.ramajudicial.gov.co y en los Consejos Seccionales de la Judicatura.
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que fueron objetadas por los recurrentes para el cargo juez promiscuo
municipal, en donde se indicó su pertinencia, la justificación, así como
la razón de las opciones de respuesta no válidas.
En ese sentido, resulta necesario precisar que la respuesta a lo
pretendido por el accionante se resolvió a través de la Resolución n.°
CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 – Anexo 2.
Así pues, estima la Sala que dicha pretensión no tiene vocación de
prosperidad por cuanto la parte recibió una respuesta de fondo, clara
y oportuna respecto de lo requerido, por lo que procederá a negar dicha
pretensión, con base en lo expuesto previamente.
3.2. Por otra parte, para la Sala de Subsección surge con claridad como
lo hizo la Sección Tercera, Subsección C de esta corporación la
improcedencia de la acción de tutela respecto del segundo reparo, en
tanto que el accionante tiene a su alcance los medios de control de
nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar las
Resoluciones CJR22-0351 del 1º de septiembre de 2022 y CJR23-0042
del 16 de enero de 2023 por medio de las cuales se le asignó al
accionante un puntaje de 784.94 en el marco de la convocatoria 027
para proveer cargos de funcionarios en la Rama Judicial, máxime
cuando dichos resultados consolidaron situaciones particulares y
concretas frente a los demás participantes; asimismo cuestionar lo
dispuesto en el Oficio CJ022-5613 del 20 de diciembre de 2022,
mediante el cual la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura negó la solicitud de dejar sin efectos
y repetir la prueba realizada el 24 de julio de 2022 con un operador
jurídico diferente .
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Por tanto, la intervención excepcional del juez constitucional en el
asunto bajo estudio implicaría la vulneración de los derechos
fundamentales de los concursantes que aprobaron el examen, quienes,
al igual que el accionante, debieron someterse a las mismas reglas de
la mencionada convocatoria.
En virtud de lo expuesto, el actor debe acudir, si a bien lo tiene, a los
medios de control contemplados en los artículos 137 y 138 del CPACA,
para controvertir las resoluciones objeto de censura, a fin de que sea
el juez natural de la causa el que determine si las decisiones
particulares adoptadas se ajustaron o no a las reglas del concurso.
Además porque entiende la Sala de Subsección que son actos
administrativos definitivos, en tanto i) contienen la manifestación de
voluntad de una entidad pública; ii) se expidieron en ejercicio de la
función administrativa; iii) producen efectos jurídicos, teniendo en
cuenta que allí se publicaron los resultados del examen en el marco de
la aludida convocatoria, que define para los aspirantes una situación
jurídica, pues otorgan en cierta parte derechos a los concursantes; los
cuales son susceptibles de ser controvertidos a través de los medios
de control previstos en la Ley 1437 de 2011.
En ese contexto, considera la Sala de Subsección que en este asunto
no confluyen los presupuestos que acrediten la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, de tal manera que se requiera la adopción de
una decisión urgente a través de este mecanismo constitucional 7, por
lo que la peticionaria puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso
7 En este punto, la Sala debe insistir en que la procedencia de la acción de tutela en materia de concursos de méritos es
excepcional y aunque en asuntos anteriores ha adoptado decisiones de fondo, ello ha ocurrido ante la inminencia de un
perjuicio irremediable, evento en el cual el medio ordinario de defensa deviene ineficaz.
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administrativo en la cual puede solicitar el decreto de alguna de las
medidas cautelares allí previstas, a fin de procurar la tutela judicial
efectiva.
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:
«15.- Ahora bien, recientemente, mediante la sentencia SU-691 de 2017, la Sala Plena
tuvo la posibilidad de pronunciarse nuevamente respecto de la eficacia de los medios
de defensa previstos en el ordenamiento jurídico ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y de las medidas cautelares que pueden ser decretadas
por el juez. En esa providencia, esta Corte consideró que estas nuevas herramientas
permiten garantizar la protección de los derechos de forma igual o, incluso superior a
la acción de tutela en los juicios administrativos, pero ello no significa la
improcedencia automática y absoluta de la acción de tutela como mecanismo de
protección subsidiario de los derechos fundamentales, ya que los jueces
constitucionales tienen la obligación de realizar, de conformidad con el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, un juicio de idoneidad en abstracto y otro de eficacia en
concreto de los medios de defensa alternos y, en ese sentido, están obligados a
considerar: “(i) el contenido de la pretensión y (ii) las condiciones de los sujetos
involucrados”8».
Es menester señalar que en el asunto bajo estudio no se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable que haga necesaria la
intervención del juez constitucional, en tanto, lo que discrepa la parte
actora es la puntuación asignada en las decisiones recurridas las cuales
como se indicó previamente son susceptibles de los medios de control
previstos en la Ley 1437 de 2011 a fin de que sea el juez natural de la
causa el que determine si las decisiones particulares adoptadas se
ajustaron o no a las reglas del concurso; o en su defecto repetir la
prueba realizada el 24 de julio de 2022 con un operador jurídico
diferente.
8 T-059 de 2019.
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En ese contexto, no se advierte en el expediente elemento probatorio
alguno que permita a la Sala de Subsección intervenir de manera
excepcional, pues se insiste en que lo único que se cuestiona es la
puntuación asignada o en su defecto repetir la prueba, razón por la
cual se confirmará de manera parcial la decisión de primera instancia
que rechazó por improcedente el segundo reparo presentado por el
accionante en el escrito de tutela, en atención a la existencia de otros
mecanismos judiciales de defensa que tiene a su alcance para
controvertir, a través del respectivo juicio de legalidad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR de manera parcial la sentencia del 10 de
marzo de 2023 proferida por la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado por medio de la cual
rechazó por improcedente la acción de tutela instaurada
por el señor Nelson Julián Valencia Zamora en contra del
Consejo Superior de la Judicatura, respecto de la
modificación de los actos administrativos cuestionados,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
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Accionante: Nelson Julián Valencia Zamora
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado en lo relacionado con la
pretensión tendente a resolver de fondo la petición
presentada el 22 de septiembre de 2022 y adicionado el
15 de noviembre del mismo año por el señor Nelson
Julián Valencia Zamora, por los argumentos esgrimidos
en el presente proveído.
TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.
CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada el dieciocho
(18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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