Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00284-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00284-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-00284-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
5 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202300284-01
Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Temas: Defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas/alcance
Defecto procedimental/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) dignidad
humana y iv) honra
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 2 de marzo de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por
medio de la cual negó la solicitud de amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
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Núm. único de radicación: 110010315000202300284-01
Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 17 de
septiembre de 20201 y el auto de 24 de noviembre de 2022, dentro del proceso
disciplinario identificado con el número único de radicación
170011102000201500360-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, la señora Lina María Cardona presentó queja disciplinaria en su
contra como Juez Séptimo Penal del Circuito de Manizales – Caldas por incurrir en
prejuzgamiento.
4. Señaló que, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Caldas, mediante sentencia de 14 de febrero de 2019, lo sancionó
con suspensión de un mes en el ejercicio del cargo, por haber incurrido en la falta
prevista en el numeral 9º del artículo 154 de la Ley 270 de 7 de marzo de 19962,
en concordancia con el numeral 4º del artículo 138 de la Ley 906 de 31 de agosto
de 20043, imputada como grave a título de culpa grave.
5. Sostuvo que, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura (hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial), mediante sentencia de
17 de septiembre de 2020, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de febrero de 2019, por la
1 Al respecto, el Despacho precisa que la sentencia cuestionada, en su momento, fue proferida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (hoy Comisión Nacional de Disciplina
Judicial).
2 “Estatutaria de la Administración de Justicia”.
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“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
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Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas,
por medio de la cual se SANCIONÓ al doctor NÉSTOR JAIRO BETANCOURTH
HINCAPIÉ, JUEZ SÉPTIMO PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES, con
suspensión de UN (1) MES en el ejercicio del cargo, por haber incurrido en la falta
prevista en el artículo 154 numeral 9º de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el
numeral 4º del artículo 138 de la Ley 906 de 2004, imputada como grave a título de
culpa grave, conforme lo indicado en esta providencia […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] considera esta Corporación, que en efecto en el fallo sancionatorio se advirtió
puntualmente que el funcionario no prejuzgó, ni actuó con mala fé (sic), sino de
manera “imprudente, falto de cuidado, precipitado”, dada su amplia experiencia
como Juez (desde 1989), siendo por eso precisamente que la conducta se le endilgó
como grave cometida con culpa grave, la cual según el parágrafo del artículo 43 del
CDU […] Sin que tampoco sea cierto que se impuso al disciplinable “una sanción tan
drástica”, pues la sanción a imponer por esta falta según el artículo 44 numeral 3 de
la Ley 734 de 2002, es “3. Suspensión, para las faltas graves culposas”, y el límite
de esa sanción, según el artículo 46 ibídem, es el siguiente: “La suspensión no será
inferior a un mes ni superior a doce meses…”, lo cual implica, que contrario a lo
afirmado por el apelante, a su prohijado se le impuso la mínima sanción contemplada
en la Ley disciplinaria, para la falta cometida […]”.
[…]
“[…] considera esta Colegiatura que no le asiste razón al apelante, puesto que no es
cierto que la reserva que predicó la Sala de primera instancia no exista, y menos aún
que “aceptando en gracia de discusión” su existencia, no se configure la violación de
la reserva por haber sostenido la conversación con uno de los intervinientes del
proceso, como era el defensor del señor Agudelo.
Lo anterior, por cuanto la reserva que predicó la Sala Seccional, contemplada en el
numeral 4º del artículo 138 de la Ley 906 de 2004, no es la reserva legal prevista
para determinados etapas, sujetos procesales, intervinientes y/o asistentes a las
audiencias en materia penal (artículos 143.2, 150-2, 152, 155, 221, 235 y 344), sino
la restricción consagrada de manera general para los servidores públicos, quienes
son responsables por infringir la Constitución y las leyes, por omisión y
extralimitación en el ejercicio de sus funciones, situación que es completamente
diferente a la de los otros intervinientes de la actuación.
Lo cual implica que en este caso si se presentó el incumplimiento de un deber
funcional, que para este caso fue puntualmente no atender la obligación de guardar
la reserva de un asunto que estaba bajo su conocimiento, y sobre el cual tendría que
proferir la decisión correspondiente, con una de las partes involucradas.
Y es que no se considera de recibo el argumento de que atender ese deber implicaría
condenar a los funcionarios a un mutismo perpetuo sobre los asuntos a su cargo,
pues lo pertinente es analizar el caso particular conforme a la prueba recaudada,
luego de lo cual es evidente que el funcionario llevado por su amistad con el abogado
Vidal Bedoya de más de 20 años, desbordó sus facultades, pues realizó un rol que
no le compete, con una de la partes involucrada en el asunto, pues la sugerencia fue
realizada al apoderado del señor Agudelo, recomendándole que su defendido
aceptara cargos, y ante su respuesta negativa le indicó la pena que le impondría en
caso de no hacerlo, información que debía guardar en su fuero interno y cuya
exposición claramente implica una vulneración a ese deber de reserva legal, y como
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Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
quedó grabado en el audio de la audiencia, permitió a la quejosa suponer que existía
parcialidad en el disciplinable, por lo que asesorada por la Procuraduría, presentó
en su contra queja disciplinaria y penal por el presunto delito de prevaricato […]”.
6. Manifestó que, “[…] En acción de tutela adiada el 30 de octubre de 2020 en
donde fungí como accionante, advirtiendo esta irregularidad [que los Magistrados
Pedro Alonso Sanabria Buitrago y Julia Emma Garzón de Gómez, son simples
particulares y no pueden ejercer el cargo por cuanto su periodo ha fenecido], la
Corte Suprema de Justicia resolvió el 30 de agosto del 2021 que mis pretensiones
refulgían improcedentes por subsidiariedad, en tanto que aún me quedaba otro
medio idóneo, el cual consistía en solicitar la acción de nulidad de la sentencia de
segunda instancia ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura […]”.
7. Indicó que, con ocasión a la providencia mencionada supra, “[…] el 27 de
enero del 2022 elevé la solicitud correspondiente ante la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial […]” contra la sentencia de 17 de septiembre de 2020, la cual
fue resuelta mediante auto de 24 de noviembre de 2022 proferido por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, en los siguientes términos:
“[…] En primer lugar, debe informársele al peticionario que las sentencias proferidas
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria quedan ejecutoriadas tan pronto son
aprobadas por ella, sin que contra ellas proceda incidente alguno diferente al de
cumplirla.
Pero si como lo anterior no fuera suficiente, la Ley 734 de 2002 en su artículo 146
que en su tenor literal establece:
“La solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo, y
deberá indicar en forma concreta la causal o causales respectivas y expresar los
fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten.”
Por otro lado, se observa que, mediante fallo de tutela del 30 de agosto de 2021, el
doctor Diego Eugenio Corredor Beltrán en calidad de magistrado de la Corte
Suprema de Justicia – Sala de Decisión de Tutelas No. 3 declaró improcedente el
amparo invocado por el doctor Néstor Jairo Betancourt; quedando con ello
debidamente ejecutoriada la providencia de segunda instancia del 17 de septiembre
de 2020, por esta razón la solicitud de torna impróspera […]”.
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Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1. Decretar la nulidad de la decisión proferida por la otrora, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la judicatura, como pretensión principal, al no
reunir el quorum decisorio para haber tomado la decisión que nos ocupa.
2. Ordenar que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se pronuncie nuevamente
sobre el recurso de apelación, debiendo necesariamente de decretar la prescripción
de la acción disciplinaria.
3. Ordenar que se borren las anotaciones que se habían realizado en mi contra como
antecedentes disciplinarios y las demás que se estimen necesarias.
4. Cuarto que se me cancelen todos los emolumentos que me dejaron de pagar por
la sanción impuesta (salarios, primas, bonificaciones, cesantías etc.) […]”.
9. El actor señaló que, a su juicio, la autoridad judicial incurrió en un defecto
procedimental absoluto, toda vez que la providencia no alcanzó la mayoría de los
votos exigida por el artículo 54 de la Ley 270, por cuanto, a su juicio, al menos uno
de los magistrados que suscribió la sentencia de 17 de septiembre de 2020 no
ostentaba dicha calidad, porque su periodo había culminado. Al respecto, precisó
que:
“[…] la vulneración a mis derechos fundamentales al debido proceso y el derecho de
defensa se perpetúa en el tiempo y es evidente pues se me ha castigado a través de
una providencia proferida por una corporación que no tenía el cuórum necesario
legalmente habilitado para sesionar y proferir una decisión de segunda instancia, ello
aunado a una conducta sobre la cual, uno de los magistrados discutió la tipicidad con
argumentos jurisprudenciales de alto tino. La decisión tomada fue suscrita por al
menos uno de los magistrados sobre los cuales su presencia en esa Honorable Sala
ha sido discutida y en consecuencia, esa decisión no se puede considerar mayoritaria
cómo lo exige la ley […]”.
[…]
“[…] la otrora, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, carece de competencia funcional
para sancionar, pues la decisión no fue tomada por la mayoría absoluta con
fundamento en la reciente decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia del 21
de octubre del 2020, Radicado 56372, en donde se discute la presencia de dos
magistrados que han superado el periodo fijo de su función y siguen en los cargos de
manera ilegal como lo señala la providencia, y uno de ellos suscribió la decisión
tomada en mi contra, como lo fue el señor Magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago,
quedando sólo tres magistrados que la suscribieron y uno salvando el voto y dos que
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Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
no asistieron, entre ellos, la Magistrada Julia Emma Garzón De Gómez, por tanto, no
hay mayoría absoluta […]”.
10. Igualmente, el actor manifestó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
incurrió en un defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica, el cual
sustentó en los siguientes términos:
“[…] Como se puede advertir en el auto proferido que existe una flagrante violación al
debido proceso y derecho de defensa, ya que el honorable magistrado no decidió de
fondo la petición solo en forma escueta señaló que la decisión estaba ejecutoriada y
no admitía ningún acción en su contra, olvidando el contexto de la acción de tutela
resuelta por la Honorable Corte Suprema de Justicia el 30 de agosto del 2021 en
donde se señaló en la parte motiva de esta que faltaba aun un camino para poder ser
viable una acción constitucional en contra de la decisión de segunda instancia
proferida por la otrora Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura y era solicitar la nulidad de la decisión.
En este auto de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en la decisión tomada se
me cortaron de tajo todas las garantías constitucionales del Debido Proceso y Derecho
de Defensa, olvidando por completo que estamos regidos por un estado social de
Derecho, y se debió estudiar de fondo la solicitud de nulidad, limitándose a decir que
la decisión estaba en firme sin dar aplicación a las normas señaladas en la decisión
de tutela de la Corte en donde expresamente se dice que se deben tener en cuenta
los artículos 21 y 98 a 101 de la ley 734 del 2002; artículos 107 y 134 de la ley 1564
del 2012 y el artículo 210 del el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo […]”.
Actuación
11. El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante auto de 27 de enero de 2023; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; y iii)
ordenó publicar en la página web del Consejo de Estado esta providencia para el
conocimiento de cualquier tercero con interés.
Intervenciones de la demandada
12. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial consideró que:
“[…] Observa el suscrito Magistrado, que la acción de tutela en comento deviene en
improcedente, por cuanto, según pretende el accionante la decisión de segunda
instancia se produjo por una corporación que no tenía el cuórum necesario
legalmente habilitado para sesionar, ello derivado de su punto de vista, bajo el cual,
los entonces Magistrados Pedro Alonso Sanabria Buitrago y Julia Emma Garzón de
Gómez, eran particulares y no podían ejercer el cargo, debido a que su periodo había
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Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
fenecido, con fundamento en la sentencia SU-355 de 2020 expedida por la Corte
Constitucional.
Debe señalarse, que si bien los entonces Magistrados Julia Emma Garzón de Gómez
y Pedro Alonso Sanabria Buitrago, excedieron el periodo constitucional de 8 años,
lo cierto es que aquellos fungieron como Magistrados de la entonces Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura hasta el momento
en que se posesionaron los miembros de esta Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, así lo ha reiterado la Corporación a la cual pertenezco, como la Corte
Constitucional:
“Al respecto es necesario indicar que no le asiste razón a la doctora GLORIA
PATRICIA MONTOYA ARBELÁEZ, dado que no es cierto que la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, hubiese estado indebidamente
conformada, puesto que si bien los doctores Pedro Alonso Sanabria Buitrago y Julia
Emma Garzón de Gómez, superaron su periodo constitucional de 8 años, ellos
fungieron como magistrados de la mencionada Corporación, hasta el momento en el
que se produjo la posesión de los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.
Véase que este tema quedó superado, con lo decidido en la Sentencia de Unificación
174, proferida el 3 de junio de 2021, donde la Corte Constitucional indicó:
“(…) esta Sala considera que tampoco le asiste razón al magistrado… en cuanto al
tercer argumento relacionado con la extensión de los periodos constitucionales de
los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.
9. En el Auto 278 de 2015, la Sala Plena de esta Corporación concluyó que de
acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015,
se entendía que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial no se posesionaran, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura debían continuar en el ejercicio de sus
funciones. Por lo tanto, conservarían no solo la función jurisdiccional disciplinaria (…)
[…]”.
[…]
“[…] 13. En consecuencia, los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura tenían competencia para adoptar la decisión de segunda
instancia en el proceso de la referencia (…) […]”.
La sentencia impugnada
13. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 2 de marzo
de 2023, resolvió:
“[…] 1. Denegar las pretensiones de la demanda de tutela presentada por el señor
Néstor Jairo Betancourth Hincapié contra el auto del 17 de marzo de 2021, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.
13.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
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Núm. único de radicación: 110010315000202300284-01
Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
“[…] 2.1.1. Respecto de la sentencia del 17 de septiembre de 2020, la Sala
encuentra que, en anterior oportunidad, el demandante ya había presentado una
acción de tutela contra esa misma decisión. Al igual que en esta acción de tutela, el
actor alegó que la sentencia del 17 de septiembre de 2020 es inválida porque el
doctor Pedro Alonso Sanabria Buitrago no ostentaba la calidad de magistrado y que,
por lo tanto, la decisión no tuvo los votos necesarios para ser aprobada. También
alegó que fue sancionado por una conducta cuya tipicidad fue discutida por uno de
los magistrados integrantes de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura que salvó el voto.
2.1.2. La acción de tutela se radicó con el número 11001-02-30-000-2020-00745-00
y correspondió a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que,
mediante sentencia del 30 de agosto de 2021, declaró improcedente la solicitud de
amparo porque, a partir de los argumentos expuestos por el demandante, lo propio
era que presentara un incidente de nulidad. Esa decisión no fue impugnada, como
puede verse a continuación […] 2.1.3. En atención de la decisión de la Corte
Suprema de Justicia, el actor presentó incidente de nulidad, con fundamento en que
esa sentencia se dictó sin el quorum necesario y que la tipicidad de la conducta fue
puesta en duda por uno de los magistrados que integraron la sala de decisión. Ese
incidente de nulidad fue declarado impróspero por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, mediante providencia del 24 de noviembre de 2022.
2.1.4. Siendo así, la Sala estima que no es posible volver a pronunciarse sobre los
mismos argumentos que se exponen frente a la sentencia del 17 de septiembre de
2020, porque ese asunto ya fue decidido por la Corte Suprema de Justicia. Por lo
tanto, corresponde a la Sala pronunciarse únicamente sobre el auto que decidió
impróspero el incidente de nulidad.
2.1.5. En cuanto al auto del 24 de noviembre de 2022, dictado por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, como se anticipó, la Sala encuentra que sí hay lugar
a analizarlo de fondo, por cuanto se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales […] 2.4.1. Al
respecto, la Sala precisa que, contrario a lo señalado por el demandante, los
artículos 98 a 101 de la Ley 734 de 2002 no guardan ninguna relación con el trámite
u oportunidad para formular nulidades en el proceso disciplinario, sino que regulan
la utilización de medios técnicos, la reconstrucción de expedientes y las formas de
notificación.
2.4.2. Por el contrario, la Sala encuentra que, para resolver la solicitud de nulidad
formulada por el demandante, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial aplicó el
artículo 146 de la Ley 734 de 2022 que sí regula la oportunidad para formular
nulidades en el proceso disciplinario y que era la vigente para el momento en que se
tramitó el proceso. En efecto, la norma señala que “la solicitud de nulidad podrá
formularse antes de proferirse el fallo definitivo, y deberá́ indicar en forma concreta
la causal o causales respectivas y expresar los fundamentos de hecho y de derecho
que la sustenten.” […]”.
[…]
“[…] 2.4.4. El mencionado artículo 21 señala que “en lo no previsto en esta ley se
aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios
internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los códigos
Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil
en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario”. Luego, como la
oportunidad para formular nulidades en el proceso disciplinario está expresamente
reglada en el artículo 146 de la Ley 734 de 2002, no era necesario que la autoridad
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Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
jurisdiccional demandada acudiera a la remisión normativa del artículo 21 […]”.
(Resaltado por la Sala)
La impugnación
14. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado al considerar lo siguiente:
“[…] 1°. En la decisión se desconoció la sentencia de la Corte Suprema de Justicia
en donde se señaló que los magistrados Julia Emma Garzón González y Pedro
Alonso Sanabria Buitrago, son funcionarios de periodo y una vez llegado a la
terminación de este, se convierten en simples particulares, por tanto, cuando el señor
magistrado Pedro Alonso Sanabria, no tenía la condición de funcionario por tanto no
debió de haber suscrito la providencia, siendo así, no cumplía la providencia para
tener el carácter de tal con la mayoría requerida para que tuviera validez.
2°. Se me critica que no interpuse recurso de apelación ante la decisión de la Corte
Suprema de justicia en donde se me señaló con un criterio de subsidiariedad que
aún tenía la petición de nulidad para atacar la decisión de segunda instancia de la
otrora Sala Jurisdiccional Disciplinaria, lo que consideré que tenían razón suficiente,
por ello no lo hice.
3°. Ante esa decisión propuse la nulidad y mediante un auto del 24 de noviembre, lo
decidieron de plano sin ninguna motivación, el cual debía de ser por una decisión
interlocutoria, en donde se me violó el derecho fundamental del debido proceso […]”.
[…]
“[…] Se me critica que propuse normas equivocadas en mis argumentaciones, si eso
fue de esa manera, el juez constitucional tiene amplias facultades ultra y extra
pepitas para enderezar los asuntos y darle tramite a las acciones y pronunciarse bajo
un estudio juicioso y no decidir de manera lacónica una petición de tutela de los
derechos del accionante tal como se hizo.
Esa decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en mi criterio, nunca adquirió
ejecutoria y validez, por cuanto se violó la normatividad para que esta adquiera esas
condiciones, por haber sido firmada por un magistrado que su periodo había sido
superado con creces […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
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Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20186
y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 7, que asigna a
esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
17. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al proferir la sentencia de 17 de
septiembre de 2020 y el auto de 24 de noviembre de 2022, dentro del proceso
disciplinario identificado con el número único de radicación
170011102000201500360-01, incurrió en un defecto sustantivo por falta de
aplicación de una norma jurídica y en un defecto procedimental absoluto, lo que
trajo como consecuencia que se confirmara la sanción que le fue impuesta al actor,
a su juicio, sin “[…] el cuórum (sic) necesario legalmente habilitado para sesionar y
proferir una decisión de segunda instancia […]”.
18. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto procedimental
absoluto; v) el defecto sustantivo por falta de aplicación de norma jurídica; vi) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vii) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; viii) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana; ix)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la honra; x) análisis
del caso concreto, y finalmente xi) las conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
19. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales
20. Esta Sección9 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
21. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,
C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
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Núm. único de radicación: 110010315000202300284-01
Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
22. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”10.
23. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material
o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos
parámetros.
25. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
26. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto
27. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.
28. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:
29. En lo que concierne al requisito de relevancia constitucional, la Sala
considera lo siguiente:
29.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del
actor al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana y a la honra.
29.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii) el actor cumplió con la
carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por falta de aplicación de
normas jurídicas y en un defecto procedimental absoluto.
29.3. Para la Sala exigirle al actor una carga argumentativa mínima se justifica,
toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal
de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales13, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.
29.4. Cumplió con el requisito general de inmediatez14;
29.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección de los derechos
invocados.
29.6. El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y
29.7. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Defecto sustantivo por falta de aplicación de norma jurídica
30. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura el
defecto sustantivo:
“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial
emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma
adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad
jurídica15.
En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:
13 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
14 Puesto que la última actuación dentro del proceso disciplinario de la referencia corresponde al auto de 24
de noviembre de 2022 proferido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el cual se notificó el 9 de
diciembre de 2022, mientras que la tutela se interpuso el 19 de enero de 2023, es decir, se presentó antes de
que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia cuestionada.
15 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743 de
24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de enero
de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra,
Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte
Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con
ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
a. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente16 o porque ha sido derogada17, es inexistente18,
inexequible19 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador20.
b. No se hace una interpretación razonable de la norma21.
c. Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos
erga omnes22.
d. La disposición aplicada es regresiva23 o contraria a la Constitución24.
e. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición25.
f. La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma26.
g. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente […]”. (Resaltado por la Sala).
31. En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un defecto
sustantivo por no haber aplicado la norma jurídica que servía como fundamento
para el sentido de la decisión judicial.
32. Respecto del defecto sustantivo, la Corte Constitucional27, ha precisado que
este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente
inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una
interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”
(Destacado de la Sala)28.
16Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
17Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
18Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería
19Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
20Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
21Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101
de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
22Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de
9 de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera
Carbonell.
23Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
24Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
25Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
26Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.
27 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
28 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27
de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto
de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-
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Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
El defecto procedimental como causal de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales
33. Frente al defecto procedimental la Corte Constitucional ha considerado que
existen dos clases, a saber: i) defecto procedimental absoluto y ii) exceso ritual
manifiesto. En sentencia SU-159 de 2002 la Alta Corporación consideró que el
defecto procedimental se configura cuando “[…] el juez se desvía por completo del
procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones […]” y
actúa “[…] en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad […]”. Asimismo,
señala que el proceso está viciado cuando “[…] se pretermiten eventos o etapas
señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le
reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, (i.) puedan ejercer
el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la
asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el
derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere
pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del
proceso y se permita su participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las
providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles
notificadas […]”29.
34. De igual manera, la Alta Corte, en sentencia T-204/15, consideró30:
“[…] El defecto procedimental absoluto ha sido definido por la Corte Constitucional
como el vicio que se configura cuando el juez se aparta completamente del
procedimiento establecido por las normas jurídicas, ocasionando una vulneración
del derecho fundamental al debido proceso. Tal como lo ha reseñado la
jurisprudencia constitucional, la razón de ser de la consagración de esta causal de
procedibilidad contra sentencias judiciales está relacionada con la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, que sujetan al juez a los procedimientos previamente establecidos, en virtud
del principio de legalidad.
De esta manera, en aquellos casos en que un juez resuelve, en forma arbitraria,
desconocer los procedimientos y las formas establecidas para el desarrollo de los
juicios, vulnera no sólo los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, relacionados con los derechos a la defensa y
contradicción que le asiste a las partes en el marco de un proceso judicial o de un
procedimiento activo. En realidad, con esta omisión, el juez natural pone en peligro
033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio, entre otras.
29Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 20 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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la protección y efectividad de los derechos subjetivos de las partes en el referido
trámite, lo cual supone una afectación de carácter sustancial, si se tiene en cuenta
que los procedimientos están concebidos para asegurar la efectividad de dichos
derechos sustanciales […]”.
35. En conclusión a lo anterior, la Sala advierte que el defecto procedimental
absoluto se configura cuando la autoridad judicial de manera grosera y arbitraria se
desvía completamente del procedimiento establecido en la ley, lo que trae como
consecuencia la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
36. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
37. Atendiendo a que, la Corte Constitucional31 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
31 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
38. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
39. Atendiendo a que la Corte Constitucional32 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana
40. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
32 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general […]”. (Resaltado por la Sala).
41. Atendiendo a que la Corte Constitucional33 ha establecido que el derecho a
la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En
relación con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y
iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este
Tribunal ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un
valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un
principio constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental
autónomo […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la honra
42. Visto el artículo 21 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección
[…]”.
43. Atendiendo a que la Corte Constitucional34 ha entendido que el derecho a la
honra es “[…] la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida
por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a
su dignidad humana. Es por consiguiente, un derecho que debe ser protegido con
el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y
33 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
34 Corte Constitucional, Sentencia T-490 de 14 de diciembre de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las
personas dentro de la colectividad […]”.
Análisis del caso en concreto
44. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
45. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
46. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
46.1. Copia en medio digital del expediente del proceso disciplinario identificado
con el número único de radicación 170011102000201500360-01.
Solución del caso concreto
Análisis del presunto defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma
jurídica
47. El actor señaló que, a su juicio, la autoridad judicial demandada incurrió en
un defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica, el cual sustentó
en los siguientes términos:
21
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Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
“[…] Como se puede advertir en el auto proferido que existe una flagrante violación al
debido proceso y derecho de defensa, ya que el honorable magistrado no decidió de
fondo la petición solo en forma escueta señaló que la decisión estaba ejecutoriada y
no admitía ningún acción en su contra, olvidando el contexto de la acción de tutela
resuelta por la Honorable Corte Suprema de Justicia el 30 de agosto del 2021 en
donde se señaló en la parte motiva de esta que faltaba aun un camino para poder ser
viable una acción constitucional en contra de la decisión de segunda instancia
proferida por la otrora Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura y era solicitar la nulidad de la decisión.
En este auto de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en la decisión tomada se
me cortaron de tajo todas las garantías constitucionales del Debido Proceso y Derecho
de Defensa, olvidando por completo que estamos regidos por un estado social de
Derecho, y se debió estudiar de fondo la solicitud de nulidad, limitándose a decir que
la decisión estaba en firme sin dar aplicación a las normas señaladas en la decisión
de tutela de la Corte en donde expresamente se dice que se deben tener en cuenta
los artículos 21 y 98 a 101 de la ley 734 del 2002; artículos 107 y 134 de la ley
1564 del 2012 y el artículo 210 del el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo […]”. (Resaltado por la Sala)
48. Por su parte, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, fundamentó lo
resuelto en el auto de 24 de noviembre de 2022, en los siguientes términos:
“[…] En primer lugar, debe informársele al peticionario que las sentencias proferidas
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria quedan ejecutoriadas tan pronto son
aprobadas por ella, sin que contra ellas proceda incidente alguno diferente al de
cumplirla.
Pero si como lo anterior no fuera suficiente, la Ley 734 de 2002 en su artículo 146
que en su tenor literal establece:
“La solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo,
y deberá indicar en forma concreta la causal o causales respectivas y expresar
los fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten.”
Por otro lado, se observa que, mediante fallo de tutela del 30 de agosto de 2021, el
doctor Diego Eugenio Corredor Beltrán en calidad de magistrado de la Corte
Suprema de Justicia – Sala de Decisión de Tutelas No. 3 declaró improcedente el
amparo invocado por el doctor Néstor Jairo Betancourt; quedando con ello
debidamente ejecutoriada la providencia de segunda instancia del 17 de septiembre
de 2020, por esta razón la solicitud de torna impróspera […]”.
49. Al respecto, la Sala observa que, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
aplicó el artículo 146 de la Ley 734 de 5 de febrero de 200235, el cual prevé que.
“[…] ARTÍCULO 146. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE NULIDAD. <Artículo
derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de
2019> La solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo, y
deberá indicar en forma concreta la causal o causales respectivas y expresar los
fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten […]”.
35 “Por la cuál se expide el Código Disciplinario Único”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202300284-01
Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
50. En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial demandada
aplicó la norma que regulaba la oportunidad para formular nulidades en el proceso
disciplinario y que era la vigente para el momento en que se tramitó el proceso.
51. La Sala advierte que, como lo consideró el A quo, los artículos 98 a 101 de la
Ley 734 de 5 de febrero de 200236 no guardan ninguna relación con el trámite u
oportunidad para formular nulidades en el proceso disciplinario, sino que regulan la
utilización de medios técnicos, la reconstrucción de expedientes y las formas de
notificación.
52. Ahora bien, en lo que concierne al reparo relacionado con la falta de aplicación
del artículo 21 de la Ley 734, los artículos 107 y 134 del Código General del Proceso
y el artículo 210 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, la Sala advierte que el artículo 21 ibidem prevé lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 21. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS E INTEGRACIÓN
NORMATIVA. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> En la aplicación del régimen disciplinario
prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley y en la Constitución
Política. En lo no previsto en esta ley se aplicarán los tratados internacionales sobre
derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia,
y lo dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento
Penal y de Procedimiento Civil en lo que no contravengan la naturaleza del derecho
disciplinario […]”.
53. De conformidad con lo anterior, la Sala observa que, si bien el artículo 21 de
la referencia remite a otras normas frente a aquellos aspectos no regulados en la
Ley 734, lo cierto es que, como se expuso previamente, lo relacionado con la
oportunidad para presentar una solicitud de nulidad en el proceso disciplinario esta
expresamente regulado en el artículo 146 de dicha Ley, razón por la cual, no había
lugar a que la autoridad demandada acudiera a la remisión normativa que alega el
actor.
54. En ese orden de ideas, para la Sala la autoridad judicial demandada no
incurrió en un defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica, toda
vez que no había lugar a aplicar las normas que adujo el actor como desconocidas;
36 “Por la cuál se expide el Código Disciplinario Único”.
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Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
por el contrario, se advierte una aplicación razonable al caso del actor de la norma
que en efecto regulaba la solicitud del actor.
55. La Sala advierte que, el planteamiento realizado por el actor en el presente
asunto obedece a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que adoptó
la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el descontento con
la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus intereses; sin
embargo, esto no implica que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial haya
incurrido en un defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica.
Análisis del presunto defecto procedimental absoluto
56. El actor señaló que, a su juicio, la autoridad judicial incurrió en un defecto
procedimental absoluto, toda vez que la providencia no alcanzó la mayoría de los
votos exigida por el artículo 54 de la Ley 270, por cuanto, a su juicio, al menos uno
de los magistrados que suscribió la sentencia de 17 de septiembre de 2020 no
ostentaba dicha calidad, porque su periodo había culminado. Al respecto, precisó
que:
“[…] la vulneración a mis derechos fundamentales al debido proceso y el derecho de
defensa se perpetúa en el tiempo y es evidente pues se me ha castigado a través
de una providencia proferida por una corporación que no tenía el cuórum
necesario legalmente habilitado para sesionar y proferir una decisión de
segunda instancia, ello aunado a una conducta sobre la cual, uno de los magistrados
discutió la tipicidad con argumentos jurisprudenciales de alto tino. La decisión tomada
fue suscrita por al menos uno de los magistrados sobre los cuales su presencia en esa
Honorable Sala ha sido discutida y en consecuencia, esa decisión no se puede
considerar mayoritaria cómo lo exige la ley […]”.
[…]
“[…] la otrora, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, carece de competencia funcional
para sancionar, pues la decisión no fue tomada por la mayoría absoluta con
fundamento en la reciente decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia del 21
de octubre del 2020, Radicado 56372, en donde se discute la presencia de dos
magistrados que han superado el periodo fijo de su función y siguen en los cargos de
manera ilegal como lo señala la providencia, y uno de ellos suscribió la decisión
tomada en mi contra, como lo fue el señor Magistrado Pedro Alonso Sanabria
Buitrago, quedando sólo tres magistrados que la suscribieron y uno salvando el
voto y dos que no asistieron, entre ellos, la Magistrada Julia Emma Garzón De
Gómez, por tanto, no hay mayoría absoluta […]”. (Resaltado por la Sala)
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Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
57. En primera medida, la Sala advierte que, contrario a lo expuesto por el A
quo, si hay lugar a pronunciarse sobre el defecto propuesto por el actor, en la
medida en que, si bien el actor ya había presentado una acción de tutela al
respecto, lo cierto es que para aquel momento no existía dentro del proceso
disciplinario el auto de 24 de noviembre de 2022, el cual fue proferido conforme a
la solicitud de nulidad que elevó el actor en atención a lo resuelto por la Corte
Suprema de Justicia en dicha tutela37, en la cual, cabe mencionar no hubo un
pronunciamiento de fondo sobre los reparos propuestos por el tutelante, toda vez
que se declaró la improcedencia de la acción de tutela por no haber acudido
previamente a la solicitud de nulidad.
58. Precisado lo anterior, frente al periodo de los referidos magistrados que en
su momento integraron la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura, la Sala considera que no les era aplicable el periodo constitucional
de los 8 años, toda vez que el parágrafo 1.° transitorio del artículo 19 del Acto
Legislativo núm. 02 del 1 de julio de 2015 previó lo siguiente:
“[…] PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. Los Magistrados de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del
presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura. Los actuales Magistrados de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus
funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial. Las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la
Judicatura serán transformadas en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. Se
garantizarán los derechos de carrera de los Magistrados y empleados de las salas
disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura quienes continuarán
conociendo de los procesos a su cargo, sin solución de continuidad […]”. (Resaltado
por la Sala)
59. Frente a dicha norma, la Sala advierte que la Corte Constitucional, mediante
la sentencia C-373 de 13 de julio de 201638, consideró que ese parágrafo no otorga
“[…] la continuidad indefinida de los actuales magistrados del Consejo Superior de
la Judicatura y, por el contrario, diseñó una fórmula que permite un tránsito ágil del
anterior régimen al nuevo […]”.
37 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 30 de agosto de 2021, número único de
radicación 11001-02-30-000-2020-00745-00.
38
Corte Constitucional, sentencia C-373 de 13 de julio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo y Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
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Núm. único de radicación: 110010315000202300284-01
Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
60. En ese orden de ideas, contrario a lo expuesto por el actor, la autoridad
judicial demandada no incurrió en un defecto procedimental absoluto, toda vez que
la sentencia de 17 de septiembre de 2020 se profirió con el cumplimiento de los
votos exigidos para ello, por cuanto, como se expuso, los magistrados que la
suscribieron ostentaban dicha calidad.
61. Al respecto, la Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado ha
considerado que39:
“[…] se advierte que carece de cualquier sustento jurídico el argumento asociado a que
la providencia de segunda instancia es ilegal, porque algunos de los magistrados que
la suscribieron ya habían finalizado su período constitucional. Ello es así por cuanto los
magistrados de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, ejercieron sus funciones hasta que se posesionaron los magistrados de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial -lo cual ocurrió el 13 de enero de 2021-,
conforme lo dispone el parágrafo 1° del artículo 19 del Acto Legislativo número 2 de 1°
de julio de 2015 […]”.
62. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que esta Corporación40 al
respecto se ha pronunciado en el mismo sentido, esta Sala considera que la
autoridad judicial demandada no incurrió en dicho defecto.
Conclusiones de la Sala
63. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 2 de marzo
de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de septiembre
de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-01891-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Tercera, sentencia
de 10 de mayo de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-01456-00, C.P. Martín Bermúdez
Muñoz.
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Núm. único de radicación: 110010315000202300284-01
Actor: Néstor Jairo Betancourth Hincapié
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 2 de marzo de 2023 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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