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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00286-02

Fecha
23 de mayo de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00286-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ejecutoriada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-00286-02

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

23 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., mayo veintitrés (23) de dos mil veintitrés (2023).

Radicación número: 110010315000202300286 02

Accionante: POUL RUBIANO SANDOVAL

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA)

Temas: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SUSTRACCIÓN DE MATERIA – Con
ocasión a la orden de tutela, se dictó fallo de reemplazo y se mantuvo el sentido de la
decisión del proceso de reparación directa.

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la Fiscalía General
de la Nación -vinculada como tercero con interés- contra la sentencia del 20 de
febrero de 2023, mediante la cual la Sección Tercera, Subsección B del Consejo
de Estado resolvió1:

PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia de Poul Rubiano Sandoval vulnerados
por el defecto fáctico en el que incurrió el Tribunal Administrativo del Tolima.

SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia proferida el 20 de octubre
de 2022 por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones
del medio de control de reparación directa tramitado bajo el radicado No.
73001-33-33-003- 2017-00233-00/01.

TERCERO: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo del Tolima dictar, dentro
de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, una
nueva sentencia que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva aquí
expuesta.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 23 de enero de 2023, el señor Poul Rubiano Sandoval, por conducto de
apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo

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Que ingresó para fallo el 13 de abril de 2023.

Radicación: 110010315000202300286 02
Accionante: Poul Rubiano Sandoval
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

del Tolima, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. Hechos relevantes

En ejercicio del medio de control de reparación directa, el señor Poul Rubiano
Sandoval, entre otros, demandó a la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General
de la Nación, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables de
los daños y perjuicios causados con ocasión de la privación injusta de la libertad
de la que fue objeto.

Mediante sentencia del 31 de marzo de 2020, el Juzgado 3° Administrativo de
Ibagué negó las pretensiones de la demanda.

La parte demandante apeló la anterior decisión ante el Tribunal Administrativo del
Tolima, el que, por medio de proveído del 20 de octubre de 2022, confirmó el fallo
de primera instancia, tras considerar que “existían los suficientes elementos de
prueba que podían identificar la coautoría del actor en la conducta delictiva por la
cual se investigó, teniéndose así por cumplida la exigencia para imponer la
medida de aseguramiento, máxime cuando su captura se consolidó en
flagrancia…”

3. Fundamentos de la demanda de tutela

La parte tutelante señaló que el tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico
porque no realizó un análisis en conjunto de las pruebas recaudadas en la etapa
de indagación e investigación por parte de la FGN.

Explicó que en el fallo cuestionado se concluyó que el ahora tutelante fue
capturado en flagrancia, pese a que el acta de registro de allanamiento y captura
evidenciaban que la captura se hizo en su vivienda.

Adujo que el Tribunal Administrativo del Tolima concluyó que estaba justificada la
medida de aseguramiento impuesta al señor Rubiano Sandoval, porque en la
declaración del señor Jorge Hernán Acosta Clavijo -integrante de la banda
criminal que se ocupaba al robo de hidrocarburos-, se le reconoció como “la
persona que hacía los anillos para el tubo, es decir, las válvulas ilícitas con las

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Accionante: Poul Rubiano Sandoval
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

que se apoderaban los hidrocarburos”, pero no la cotejó con otros elementos
probatorios, en especial, con la declaración del señor Sabas Edwin Bustamante
Madarriaga - también integrante de la banda criminal-, quien “delató a toda la
banda y jamás mencionó al señor Poul”.

Refirió que la autoridad judicial accionada “dejó pasar por alto esta prueba que fue
la determinante para que capturaran a todos los integrantes de la banda” e insistió
en que, si en el relato del señor Bustamante Madarriaga no se relacionaba al
ahora tutelante, era claro que la FGN “no tuvo nunca pruebas contundentes para
señalar al señor POUL como coautor del delito de hurto de hidrocarburos o no
existía elementos materiales probatorios eficientes para cuando se le impuso la
medida restrictiva de la libertad”, pues solo se contaba con la declaración de uno
de los delincuentes que señaló que sabía del hurto de hidrocarburos, lo que
implica que la medida era injusta.

Agregó que tampoco se tuvo en cuenta el interrogatorio rendido por el señor
Rubiano Sandoval, quien explicó que trabajaba como mecánico en un taller
familiar de mecánica industrial y que realizaba piezas empleadas en el sector
agrícola, comercial y petrolero; que en una oportunidad se presentó un señor
solicitando la elaboración de unos “anillos”, los cuales fueron fabricados y
pagados, pero solo después supo que el cliente era parte de una organización
criminal y que la finalidad de las piezas era facilitar el apoderamiento de
hidrocarburos.

Refirió que no se analizó el cumplimiento de los requisitos para imponer la medida
de aseguramiento. Destacó que se pasaron por alto “los argumentos facticos y
jurídicos a los que supuestamente llego la fiscalía y el juez de control de garantías
para solicitar la medida privativa en contra de POUL no se encuentra en el
proceso penal, lo que hace que no tenga como justificar que si hubo un juicio
razonable por parte de la fiscalía y del juez de control de garantías…”.

Alegó que también se incurrió en un desconocimiento del precedente, porque no
se tuvo en cuenta la sentencia del 6 de agosto de 2020 (C.P.: José Roberto
Sáchica Méndez), en la que se reconoce que es posible condenar al Estado
cuando se demuestra que la medida de aseguramiento fue injusta, como se
demostró en el caso bajo estudio.

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Accionante: Poul Rubiano Sandoval
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Finalmente, planteó que se configuró una violación directa de la Constitución,
porque se le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, principalmente por “realizarse valoraciones
de pruebas indebidamente y darle valor tan solo una sola declaración…”.

4. Trámite en primera instancia

4.1. Mediante providencia de 25 de enero de 2023, la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela, ordenó
notificar a la autoridad judicial accionada y vinculó, como terceros con interés, a la
Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y a la señora María Lucy
Sandoval de Rubiano2 -quien también funge como demandante del proceso
ordinario-.

4.2. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare la improcedencia de
la acción de tutela, porque no cumple con el requisito de la subsidiariedad, habida
cuenta de que la parte accionante no hizo uso de los diferentes mecanismos que
prevé la Ley 1437 de 2011 para cuestionar la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Tolima.

Precisó que, contrario a lo expuesto en la demanda de tutela, la decisión atacada
no desbordó los criterios de proporcionalidad de este tipo de decisiones y que el
tribunal accionado valoró las pruebas del proceso bajo los criterios y requisitos
legales establecidos para ello.

En ese sentido, agregó que “… no se cumplen satisfactoriamente las condiciones
constitucional y jurisprudencialmente reconocidas para el ejercicio legítimo de la
acción de tutela contra providencia judicial; toda vez que se incumple en estos
términos, el requisito de la acreditación del defecto fáctico alegado como causal
de procedencia de la tutela que nos ocupa”.

Afirmó que no se demostró la existencia de un defecto sustantivo, habida cuenta
de que la decisión cuestionada se ajustó a los criterios de razonabilidad y sus
conclusiones se ajustan a las premisas de orden constitucional.

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Se allegó registro civil de defunción en el que consta que la mencionada señora falleció el 27 de
septiembre de 2022.

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Accionante: Poul Rubiano Sandoval
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Refirió que el fallo del tribunal se dictó conforme a los parámetros de la sentencia
SU-072 de la Corte Constitucional, en la que se determinó que el estudio de una
privación de la libertad debe establecerse a la luz de los criterios de razonabilidad
y proporcionalidad de la medida de aseguramiento y, además, que el juez
administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, es el que debe definir el
régimen de imputación, a partir de las particularidades de cada caso.

De otra parte, sostuvo que la parte actora pretende “retrotraer, a través del
amparo una instancia judicial más, actuaciones y etapas procesales de un asunto
que ya surtió su trámite, para establecer confusión y proyectar que se transgreden
derechos fundamentales, lo cual es inconcebible por el carácter subsidiario que
acompaña tan especial mecanismo constitucional y por cuanto en ningún
momento en el escrito de tutela se demuestra vulneración a derecho fundamental
alguno”.

Por lo expuesto, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda de
tutela, porque no se configuraron los defectos que hacen procedente la acción de
tutela contra providencia judicial.

4.3. La Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Ibagué (Tolima) alegó que la acción de tutela es improcedente, porque se
pretende reabrir el debate que se surtió en el proceso contencioso administrativo
y retrotraer las actuaciones y etapas procesales.

Agregó que “la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los
procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores
excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales”.

4.4. El Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado 3° Administrativo de Ibagué
remitieron copia digital del expediente ordinario, pero no se pronunciaron respecto
de las pretensiones del tutelante.

5. La sentencia de primera instancia

Mediante fallo del 20 de febrero de 2023, la Sección Tercera, Subsección B de la

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Accionante: Poul Rubiano Sandoval
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Corporación amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia del tutelante, dejó sin efectos la sentencia del 20 de
octubre de 2022 y le ordenó al Tribunal Administrativo del Tolima que dictara una
nueva providencia, según las precisiones hechas por dicha Subsección.

Como fundamento de lo anterior, expuso que el tribunal accionado incurrió en un
defecto fáctico por la indebida valoración de las pruebas relacionadas con la
legalidad de la medida de aseguramiento.

Explicó que el Tribunal Administrativo del Tolima fundó su decisión en el material
probatorio que presentó la FGN cuando solicitó la imposición de la medida de
aseguramiento, pero no se refirió a las consideraciones del juez penal de control
de garantías cuando la decretó.

En ese contexto, concluyó que “se echa de menos un estudio de las
consideraciones del juez que impuso la medida y que es justamente lo que debía
analizar el juez de la reparación directa: no se trata de que el juez de reparación
directa evalúe de nuevo la inferencia razonable de responsabilidad penal, lo cual
escapa de su órbita, sino si la misma fue debidamente analizada por el juez de
control de garantías”.

Dijo que en la sentencia accionada se tuvieron en cuenta dos declaraciones del
también imputado Jorge Hernán Acosta Clavijo y la supuesta captura en
flagrancia del tutelante. Sin embargo, no se tuvo en cuenta que una de las
declaraciones fue rendida después de que se impusiera la medida de
aseguramiento, por lo que no es un elemento probatorio idóneo para verificar la
legalidad de la medida y la otra -si bien es anterior a la imposición de la medida-
únicamente identifica al accionante como la persona que elaboraba los anillos y
brazaletes para los tubos y que, a juicio del interrogado, estaría al tanto del uso
que se le daba a esas herramientas.

Agregó que esa prueba no fue confrontada con los otros elementos con los que
contaba la FGN para solicitar la medida y que, si bien demostraban que el
accionante elaboraba y vendía repuestos mecánicos “generan duda en torno a su
participación en la conducta”. Puntualmente, se refirió a la declaración del
imputado Sabas Edwin Bustamente Madarriaga, quien relató en detalle cómo se
conformó la banda criminal, quiénes la integraban, dónde se reunían, cómo se

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Accionante: Poul Rubiano Sandoval
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

dividían las labores, dónde operaban y cómo ejecutaban las conductas
investigadas, sin que se hiciera mención directa del accionante, más allá de que
se informó que compraban los brazaletes en un taller mecánico, sin identificarlo.

Aunado a lo anterior, precisó que no es cierto que la captura del accionante se dio
en flagrancia, porque al expediente ordinario se allegó el informe de registro y
allanamiento del que se desprende que “previa autorización de un juez de control
de garantías, el 29 de noviembre de 2014 a las 6:25 de la mañana la Policía
Judicial se presentó en la vivienda del accionante con el objeto de capturarlo por
los delitos de concierto para delinquir y apoderamiento de hidrocarburos. En esa
diligencia no se incautó ningún elemento. En consecuencia, la afirmación del
tribunal carece de sustento probatorio”.

Mencionó que el tribunal accionado desconoció que la carga de la prueba en
materia penal recae exclusivamente en la Fiscalía y, por ende, no podía exigirle al
tutelante que al momento de la imposición de la medida de aseguramiento
aportara pruebas para desvirtuar su responsabilidad penal.

Resaltó que, pese a que el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 señala que es
necesario que la medida de aseguramiento persiga alguna de las finalidades allí
señaladas, no se dijo nada respecto de los motivos por los que se consideró que
el accionante podría obstruir el ejercicio de la justicia, constituía un peligro para la
sociedad o podría no comparecer al proceso, lo que debía hacerse para concluir
que la medida era necesaria.

Afirmó que el hecho de que el tribunal accionado concluyera que el daño por el
que reclamó el tutelante “es imputable a su propio actuar, pues constituyó el
elemento efectivo y determinante para la imposición de la medida de
aseguramiento” vulnera el principio de presunción de inocencia, porque, aunque
no se dijo expresamente, “equivale a insistir en el carácter sospechoso del actor al
momento de ser capturado e iniciarse el proceso penal en su contra”.

6. La impugnación

La anterior sentencia fue impugnada por la Fiscalía General de la Nación, la que
insistió en que no se configuró el derecho fáctico alegado, sino que, por el
contrario, el Tribunal Administrativo del Tolima realizó una valoración probatoria

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Accionante: Poul Rubiano Sandoval
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adecuada, bajo los criterios y requisitos legales.

Reiteró que lo que pretende la parte tutelante es crear “confusión y proyectar que
se transgreden derechos fundamentales”, para retrotraer las etapas de un
proceso que ya surtió su trámite.

7. Incidente de desacato

El tutelante presentó incidente de desacato contra el Tribunal Administrativo del
Tolima, porque el 23 de marzo de 2023 profirió sentencia de reemplazo, pero sin
acatar los lineamientos previstos en el fallo de tutela.

Con ocasión de lo anterior, mediante auto del 14 de abril de 2023, la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado requirió al tribunal accionado para
que informara las actuaciones adelantadas para el cumplimiento de la orden de
amparo.

Una vez presentado el respectivo informe, por medio de providencia del 3 de
mayo de 2023, el juez de tutela de primera instancia se abstuvo de abrir el
incidente de desacato, tras considerar que la autoridad accionada acreditó el
cumplimiento del fallo de tutela del 20 de febrero de 2023. En esa providencia se
aclaró que “el hecho de que en el del fallo de tutela se ampararan los derechos
fundamentales del accionante no implica necesariamente que deban concederse
las pretensiones de la demanda ordinaria”.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En el presente asunto, el señor Poul Rubiano Sandoval pretendía que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia y, como consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó la decisión de
negar las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida por la
privación de la libertad de la que consideró haber sido víctima y se le ordenara a
dicha autoridad dictar una nueva decisión.

Mediante sentencia de 20 de febrero del 2023, la Sección Tercera, Subsección B
del Consejo de Estado accedió al amparo reclamado, lo que dio lugar a que se

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Accionante: Poul Rubiano Sandoval
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dictara una nueva decisión de segunda instancia en el proceso ordinario,
contenida en la sentencia de 23 de marzo de 2023, del Tribunal Administrativo del
Tolima, en la cual –al igual que se hizo en la providencia cuestionada– se
confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes
argumentos (trascripción literal con posibles errores incluidos):

(…) corresponde en este punto realizar, en primer lugar, el análisis de la
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida que ordenó la
detención preventiva, y así determinar si el daño de la privación se configura
antijurídico.

Cabe advertir que este Tribunal en ejercicio de su autonomía y en
cumplimento a lo ordenado en el fallo de tutela del 20 de febrero de 2023,
procederá a rehacer la presente providencia, conforme a los términos
indicados por el Consejo de Estado, en sede de tutela.

De acuerdo a ello, conforme las pruebas antes relacionadas es posible inferir,
que el delito de apoderamiento de hidrocarburos, imputado a Poul Rubiano
Sandoval, en su momento tuvo respaldo en:

• Informe Investigador de campo (Fotógrafo) del 19 de noviembre de 2014,
mediante el cual se conforman álbum fotográfico para reconocimiento.
• Acta de Reconocimiento Fotográfica y videografía FPJ-20 del 21 de
noviembre de 2014, en donde Jorge Hernán Acosta Clavijo, reconoció a
Poul Rubiano Sandoval como la persona que hacía los anillos para el tubo,
es decir, las válvulas ilícitas con las que se apoderaban de los
hidrocarburos, así:
‘(…) En el Álbum fotográfico No. 01 el testigo señala la fotografía No. 02
como Alias ‘EL POUL’ En el álbum fotográfico No. 02 el testigo señala la
fotografía No 06 como Alias ‘EL POUL’, al ser verificado el registro de
identidades del correspondiente Álbum, encontramos que las fotografías No.
02 y No. 06 respectivamente corresponde a POUL RUBIANO SANDOVAL
(…) en el momento del reconocimiento el testigo expresa ‘POUL ES EL
ORNAMENTADOR, ÉL ES EL DEL TORNO, ÉL FABRICA LOS
BRAZALETES QUE SE PONEN AL TUBO, EL DÍA QUE NOS
IDENTIFICARON EN AIPE, ESE ANILLO O VÁLVULA LA HIZO ÉL, YO
FUI CON SABAS Y ÑOÑO AL TALLER A RECOGER ESE BRAZALETE’,
DESPUÉS VOLVIMOS Y RECOGIMOS UNO DE 8 PULGADAS QUE FUE
EL QUE SE USÓ PARA LA MULA Y UNO DE 12 PULGADAS QUE LO
COGIÓ ÑOÑO, DESPUÉS SE LE MANDÓ A FABRICAR UNO, EL CUAL
SE LE PAGÓ Y NO LO ENTREGÓ, ME CONSTA QUE EL SABE PARA
QUE SE USA, Y SE LE PAGA ENTRE CIENTO CINCUENTA Y
DOSCIENTOS (SIC) MIL PESOS POR CADA BRAZALETE, SEGÚN EL
TAMAÑAO, ÉL LOS HACE DE VARIAS FORMAS DOS BRAZOS SUELTOS
QUE SE UNEN CON DOS O CUATRO TORNILLOS A LOS LADOS Y EN
UNA OCASIÓN SE QUE HIZO UNA CON BISAGRA (…)’
• Interrogatorio del indiciado – FPJ-27 del 6 de octubre de 2014, de Jorge
Hernán Acosta Clavijo, en el que manifestó que:
‘(…) el anillo de 8 pulgadas, las válvulas, y los tornillos, entre los de
Natagaima reunieron la plata que fueron como cuatrocientos mil pesos más
o menos y nos la dieron a SABAS y a mí para que mandáramos a hacer los
materiales y comprarlos, los cuales fueron mandados a hacer en el mismo
torno que queda en la PLAZA DE SAN PEDRO en Neiva – Huila y la
persona que hace esos trabajos se llama POUL (…)’.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Cabe mencionar que además de los elementos materiales probatorios antes
mencionados, se contaba para el momento de la imposición de la medida con
el interrogatorio de otro de los indiciados, esto es, Sabas Edwin Bustamante
Madarriaga, quien detalló como se conformó la banda criminal, quienes la
integraban, donde se reunían, como se dividían las labores, donde operaban
y como se ejecutaban las conductas delictivas, y aunque no se mencionó de
manera directa al aquí demandante como integrante de la banda criminal, lo
cierto es que para ese momento (3 de octubre de 2014), tampoco descartó de
manera directa la participación de Poul Rubiano Sandoval, simplemente no lo
mencionó; por tanto, con este solo elemento no era posible descartar la
inferencia razonable de responsabilidad penal del imputado; pues, existía un
señalamiento de otro indiciado.

En este asunto, al realizar el análisis de la razonabilidad, proporcionalidad y
legalidad de la medida que ordenó la detención preventiva de Poul Rubiano
Sandoval, se puede determinar que la misma se ajustó a los requisitos para
su imposición y procedencia, establecidos en los artículos 308, 310 y 313 de
la Ley 906 de 2004; tal y como lo indicó la Juez Segunda Penal Municipal de
Control de Garantías de Ibagué, en la audiencia preliminar de imposición de
medida de aseguramiento realizada el 1° de diciembre de 2014.

En primer lugar, es necesario establecer si conforme a los elementos
materiales probatorios y evidencia física, con los que contaba el juez de
control de garantías se cumplían con los parámetros del artículo 308 de la Ley
906 de 2004.

El artículo 308 de la Ley 906 de 2004, establece que el juez de control de
garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, debe
contar con elementos materiales probatorios y evidencia física, que permitan
inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la
conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de
los siguientes requisitos i) Que la medida de aseguramiento se muestre como
necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la
justicia; ii) Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la
sociedad o de la víctima; y iii) Que resulte probable que el imputado no
comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

Según lo anteriormente expuesto, se entiende que la inferencia razonable
permite establecer que se cuenta con medios cognoscitivos suficientes para
afirmar que una persona es la probable autora o partícipe de un hecho
delictivo.

En este asunto, tal y como lo indicó la Juez Segundo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Ibagué, en este asunto, existían
elementos materiales probatorios y evidencia física de las que se podía inferir
una posible participación de Poul Rubiano Sandoval, en los hechos
imputados, pues, se contaba con un interrogatorio del indiciado Jorge Hernán
Acosta Clavijo y un reconocimiento fotográfico en los que era señalado como
la persona que fabricó el anillo o válvula que se colocaba en los tubos con los
que se extraía el hidrocarburo.

En este punto vale aclarar que no se trata de que en ese momento procesal
(audiencia preliminar de imposición de medida de aseguramiento) se deba
tener certeza de la responsabilidad del imputado, por el contrario, tal y como
lo indicó el juez de control de garantías era necesario si quiera tener una
inferencia razonable de su participación, es decir, que para esa etapa
procesal, se contó con elementos materiales probatorios que podían para ese
momento establecer una posible o presunta participación en grado mínimo de
probabilidad del aquí demandante en el acto delictivo, tanto así, que en el
desarrollo del proceso penal, exactamente en la providencia mediante la cual

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Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

se precluyó la investigación, el Juez Primero Penal del Circuito Especializado
de Ibagué, concluyó que existió una participación objetiva de Poul Rubiano en
los hechos, así ‘(…) De los elementos materiales probatorios señalados, se
infiere que efectivamente se demuestra que el señor RUBIANO
SANDOVAL tuvo contacto con miembros de la organización y que
elaboró un anillo que sirvió como acople para ser ubicado en un
poliducto del cual se extrajo hidrocarburo. Valga decir, desde el ámbito
objetivo se ha demostrado la participación del imputado’; sin embargo, al
no existir pruebas que acreditaran que efectivamente era parte de la banda
criminal y conocía del hecho punible, se precluyó la investigación penal, bajo
la causal de ‘Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia’.

Cumplido el presupuesto de la existencia de elementos materiales probatorios
y evidencia física con las que se podía en ese momento (audiencia preliminar
-imposición de medida de aseguramiento) inferir una posible participación de
Poul Rubiano Sandoval, en los hechos, se advierte que también se cumplía
con el presupuesto relacionado con la gravedad de la conducta, y además
tanto el Fiscal como el Juez de control de garantías activaron el numeral 2°
del artículo 308 de la Ley 906 de 2004, para la imposición de la medida de
aseguramiento, el cual consiste en que ‘el imputado constituye un peligro para
la seguridad de la sociedad o de la víctima’; lo anterior en concordancia con
los numerales 1° y 2° del artículo 310 ibidem, que establece: (…)

Lo anterior, porque la conducta penal imputada es la consagrada en el
artículo 327 A ‘Apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados,
biocombustibles o mezclas que los contengan’ cuya gravedad es notoria, y su
naturaleza es especial, pues, la Corte Constitucional, en sentencia C- 923/05
establece que: ‘(…) el delito de hurto de hidrocarburos y sus derivados
establecido por el legislador como un tipo penal autónomo orientado a la
tutela de un bien jurídico complejo integrado por valores como el orden
público, la convivencia pacífica, la economía nacional, el medio
ambiente, que propenden por crear condiciones adecuadas para la vida
de los individuos, debe ser comprendido y aplicado tomando en cuenta
ese propósito específico de tutela que animó al legislador. (…) Advierte
así la Corte que la norma acusada no vulnera el principio de igualdad, ni es
ajena a criterios de proporcionalidad, en razón a que (i) erige en delito
autónomo una conducta que lesiona un bien jurídico específico y
complejo que se deriva del contexto de la propia ley; (ii) por el carácter
pluriofensivo de la conducta estableció unos rangos punitivos que el
legislador consideró acordes con el nivel de lesividad de la misma; (iii) el
destinatario de la conminación penal es cualquier persona que incurra en la
conducta con potencialidad de afectación del bien jurídico tutelado; (iv)
establece una causal específica de atenuación punitiva determinada por la
menor cuantía; (v) crea una causal específica de agravación punitiva,
derivada de la calidad servidor público del sujeto (…)’ (negrilla fuera de texto)

Es decir, que la condición de gravedad de la conducta punible, se cumple en
este caso, porque el bien jurídico tutelado es complejo, es decir, que al
desplegarse el apoderamiento de hidrocarburos, no solo se lesionan valores
del orden público y económico, sino el medio ambiente, lo cual a su vez le
imprime una naturaleza especial, y así lo establecido el juez de control de
garantías.

Ahora, como el artículo 310 de la Ley 906 de 2004, establece que para
considerar que el imputado represente un peligro futuro para la seguridad de
la comunidad, no solo se debe examinar la gravedad y modalidad de la
conducta punible y la pena imponible, sino también otros aspectos allí
enlistados, y en este caso concluyó por el operador judicial penal, que se
configuraron los numerales 1° y 2° de la norma en mención, esto es, i) la
continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con

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Radicación: 110010315000202300286 02
Accionante: Poul Rubiano Sandoval
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

organizaciones criminales, lo cual se evidenció con la exposición de la
Fiscalía quien conforme a los elementos materiales probatorios y evidencia
física, logra concluir que la conducta de apoderamiento de hidrocarburos
endilgada se viene dando desde el año 2013 al 2014, en este sentido la juez
de control de garantías concluyó ‘(…) y de los elementos materiales
probatorios, se puede inferir, grado mínimo de probabilidad, que ustedes a
partir del año 2013 octubre a este año, han venido en repetidas ocasiones
desplegando la misma actuación delictiva’, el desarrollo en el tiempo de la
actuación delictiva también se puede corroborar con los interrogatorios de los
indiciados Jorge Hernán Acosta y Sabas Edwin Bustamante y aunque no se
imputó al actor el delito de concierto para delinquir, para ese momento el
operador judicial podía presumir en grado mínimo de probabilidad, por el
interrogatorio de Jorge Hernán Acosta y el reconocimiento fotográfico que
existía un presunto vínculo con la organización delictiva, lo cual claramente no
pudo ser corroborado en la etapa posterior, por lo que se dio lugar a declarar
la preclusión; y, ii) se reitera la naturaleza de la conducta punible imputada, la
cual vulnera bienes jurídicos tutelados como son no solo del orden económico
sino que afecta al medio ambiente, pues, con la conducta punible se
evidencia un daño ambiental, al momento de efectuar la extracción del
hidrocarburo, por lo que la naturaleza del delito es grave, según lo dicho por
el juez de control de garantías.

Así las cosas, se evidencia que el juez de control de garantías realizó una
análisis razonable y proporcional de la necesidad de la imposición de la
medida de aseguramiento al actor, con el cumplimiento de los parámetros
establecidos en los artículos 308 y 310 de la Ley 906 de 2004.

Además, se puede concluir que se cumplió con los requisitos de procedencia
del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, toda vez que el delito investigado
superaba los cuatros años de prisión, pues, la pena prevista oscila entre 8 a
15 años de prisión, sumado a que, el delito era de competencia de un juzgado
penal del circuito, por lo que se cumplieron los requisitos exigidos por el
ordenamiento legal para la imposición de las medidas privativas de la libertad.

Entonces, de conformidad con las circunstancias en las que ocurrieron los
hechos y con la información con la que contaba para el momento la Fiscalía
General de la Nación y el Juez de Control de Garantías, considera la Sala que
existían los suficientes elementos de prueba que daban lugar a identificar
como presunto coautor de la conducta delictiva por la cual se investigó al
actor, en esa etapa preliminar del proceso penal, teniéndose así por cumplida
la exigencia para imponer la medida de aseguramiento.

Por consiguiente resultaba justificada y proporcional la medida de
aseguramiento que fue impuesta por el Juzgado Segundo Penal Municipal
con funciones de Control de Garantías de Ibagué - Tolima, siendo proferida
con la observancia de las normas procesales vigentes para la época de su
expedición y no vulneró el debido proceso del demandante; lo que permite
concluir a la Sala la inexistencia de antijuridicidad del daño alegado por
privación injusta de la libertad.

Aunado a lo anterior, se considera que la medida de aseguramiento a que fue
sometido en su momento el hoy demandante, estuvo plenamente sustentada
y justificada, atendiendo la naturaleza del delito que se estaba investigando;
sin que haya sido arbitraria.

Así las cosas, en cuanto a la responsabilidad de la administración respecto a
la comisión del daño que se endilga en su contra, en este asunto no se puede
predicar una conducta contraria a derecho por parte de las entidades
demandadas, ya que la medida de aseguramiento a la que fue sometida en
su momento el aquí demandante, estuvo plenamente sustentada en la

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Accionante: Poul Rubiano Sandoval
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

normatividad que regula el procedimiento a seguir en el tipo de investigación
a que estaba siendo sometido, como en el material probatorio que fue
exhibido por la Fiscalía ante el Juez de Control de Garantías.

Bajo ese panorama, constatándose la legalidad de la medida, al cumplir con
los requisitos determinados en las normas aplicables, era razonable y
proporcional ante los hechos y elementos materiales probatorios y evidencia
física consolidada para ese momento que la Fiscalía solicitara la medida de
aseguramiento y el juez de control de garantías aceptara la imposición de la
misma (detención domiciliaria), pues, no podía exigírseles que en dicha etapa
preliminar contarán con la suficiencia probatoria propia de un juicio, para
imponer la medida restrictiva de la libertad, y en este entendido la detención
no resultaría arbitraria, ajustándose entonces, a los parámetros de orden
constitucional y legal vigentes para el momento de su imposición.

De la misma manera, siguiendo con la metodología planteada por el Consejo
de Estado3, y al no probarse la falla del servicio respecto de la imposición de
la medida de aseguramiento, no se evidencia que en la demanda se
estableciera alguna condición especialísima que exija su estudio o análisis
desde la óptica del daño especial, así como tampoco de las pruebas se puede
acreditar alguna situación o circunstancia que produjera algún daño especial
o anormal que rompa el principio de igualdad frente al obrar legítimo,
proporcional y razonable de la administración al imponer la medida de
aseguramiento que aquí fue objeto de estudio.

Lo anterior, porque se reitera la investigación penal culminó con preclusión
por ‘Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia’, y la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que se podrá aplicar el
régimen de responsabilidad objetiva, cuando las causales de libertad se
originan en que i) el hecho no existió y ii) la conducta era objetivamente
atípica4; sin embargo, en este asunto la causal de libertad no corresponde a
estas últimas, lo cual exigió el análisis desde la óptica de la falla en el
servicio. De esa manera, encontrándonos en el análisis de la responsabilidad
administrativa y patrimonial del Estado, efectivamente se puede constatar que
Poul Rubiano Sandoval padeció un daño, pero el mismo adolece de ser
antijurídico (negrilla del original).

3
Original de la cita “19. Esta Sala, atendiendo a lo afirmado por la Corte Constitucional en
sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018 estima que la metodología adecuada para abordar el
estudio de responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad debe hacerse de la
siguiente manera: 1. En primer lugar, se identifica la existencia del daño, esto es, debe estar
probada la privación de la libertad del accionante; 2. En segundo lugar, se analiza la legalidad de
la medida de privación de la libertad bajo una óptica subjetiva, esto es, se estudia si esta se ajustó
o no (falla del servicio) a los parámetros dados por el ordenamiento constitucional y legal para
decretar la restricción de la libertad, tanto en sus motivos de derecho como de hecho; 3. En tercer
lugar, y solo en el caso de no probarse la existencia de una falla en el servicio, la responsabilidad
se analiza bajo un régimen objetivo (daño especial). 4. En cuarto lugar, en el caso de que se
considere que hay lugar a declarar la responsabilidad estatal, ya fuere bajo un régimen de falla o
uno objetivo, se procede a verificar a qué entidad debe imputarse el daño antijurídico; 5. Por
último, en todos los casos, debe realizarse el análisis de la culpa de la víctima como causal
excluyente de responsabilidad; 6. Finalmente, en caso de condena, se procede a liquidar los
perjuicios”.
4
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, M.P. José
Fernando Reyes Cuartas y Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Sala Plena, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, 15 de agosto de 2018,
radicado 66001-23-31-000-2010-00235-01 (46947), y la sentencia Sección Tercera, Consejero
Ponente José Roberto Sáchica Méndez, calendada el 6 de agosto de 2020, que reemplazo la
sentencia antes anunciada, en cumplimiento de la sentencia de tutela (radicado
11001-03-15-000-2019-00169-01)”.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

En ese sentido, la Subsección considera que en el presente asunto debe
declararse una carencia actual de objeto, por sustracción de materia, toda vez
que “…se perdió el objeto jurídico respecto del cual el juez debía adoptar una
decisión5”6.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que la autoridad judicial accionada ya analizó
nuevamente las pruebas allegadas al proceso de reparación directa y concluyó
que debía mantenerse su decisión de negar las pretensiones –tal como se hizo en
el fallo cuestionado– debido a que la medida de aseguramiento impuesta al señor
Poul Rubiano Sandoval “estuvo plenamente sustentada y justificada, atendiendo
la naturaleza del delito que se estaba investigando; sin que haya sido arbitraria”.

Así las cosas, se considera que para este caso en particular, no es necesario
realizar un pronunciamiento de fondo respecto de la posible configuración de los
defectos alegados en la demanda de tutela, por cuanto, como quedó establecido,
el nuevo análisis efectuado por el Tribunal Administrativo del Tolima trajo la misma
consecuencia del fallo atacado, la denegación de las pretensiones de la demanda
de reparación directa.

En otras palabras, lo decidido en esta oportunidad, en nada cambiaría el sentido
de lo definido –en segunda instancia– por el juez natural del proceso de
reparación directa, pues en el evento de que se llegare a revocar el fallo de tutela
de primera instancia, la decisión cuestionada –la primera sentencia dictada en el
proceso ordinario– quedaría incólume y, por tanto, se mantendría la negativa de
las pretensiones de ese proceso. En tanto que, de llegar a confirmarse el fallo de
tutela de la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación, quedaría vigente
la sentencia de reemplazo, la que se dictó en cumplimiento de la orden de tutela,
que, como se vio, se dictó en el mismo sentido, negando las súplicas de la
demanda.

Lo anterior, porque al revisar el caso particular, la Sala no encuentra un
argumento o elementos que eventualmente pudieran dar lugar a ampliar el
amparo dispuesto en primera instancia, cuestión que dependerá en cada caso en
particular.

5
Original de la cita: “Sentencia T-203/13 y T-714/16”.
6
Sentencia T-349 de 2018.

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Por lo anterior, se declarará la carencia actual de objeto por sustracción de
materia, máxime si el juez de tutela de la primera instancia se abstuvo de abrir
incidente de desacato, bajo el siguiente argumento (trascripción literal):

8.- En el fallo de reemplazo proferido el 23 de marzo de 2023 se subsanaron
las anteriores irregularidades. En efecto, frente a los puntos (i), (iii), (iv) y (vi)
atrás referidos se tiene que, en su orden: el tribunal se limitó a analizar
elementos probatorios recaudados al momento en que se impuso la medida
de aseguramiento (o lo que es lo mismo, omitió pronunciarse frente a pruebas
posteriores a ese momento del proceso penal); no hizo referencia a una
situación de flagrancia, que no existió en este caso; tampoco reprochó a la
parte actora la falta de pruebas de su inocencia, es decir, no invirtió la carga
de la prueba penal; y no hizo referencia a la conducta preprocesal del
accionante como causa de su privación.

9.- Además, en cuanto al punto (ii), se advierte que efectivamente cotejó la
declaración del señor Sabas Edwin Bustamente Madarriaga con las
declaraciones de Jorge Hernán Acosta Clavijo para concluir que, si bien la
primera no señaló directamente al accionante como coautor del delito
investigado, el segundo sí lo incriminó expresamente. Consideró que con lo
anterior se cumplía con el requisito de inferir razonablemente la
responsabilidad penal, según lo tuvo en cuenta el juez de control de
garantías: (…)

10.- La falta de valoración de la declaración de Bustamente Madarriaga y su
confrontación con las otras pruebas es lo que se echó de menos en el fallo de
tutela y que, como se observa, fue subsanado por el tribunal. Otra cosa es
que la parte actora no comparta la valoración que hizo el tribunal y las
conclusiones a las que llegó. Pero esto último no constituye un
incumplimiento del fallo de tutela, pues la autoridad judicial mantiene su
independencia frente a la valoración de las pruebas: el juez de tutela no
puede ordenar un único entendimiento de los medios probatorios, pues con
ello extralimitaría sus competencias en detrimento de la independencia de los
jueces ordinarios.

11.- También se subsanó el punto (v) de la cita atrás transcrita, pues el
tribunal se refirió expresamente a las consideraciones del juez de control de
garantías al momento de evaluar la necesidad de la medida de
aseguramiento. Así las cosas, el tribunal accionado valoró la grabación de la
audiencia en la que se impuso la medida y observó que esta se justificó bajo
la causal de constituir un peligro para la comunidad.

12. Esa causal, como advierte el tribunal accionado y el juez de control de
garantías se encuentra desarrollada en el artículo 310 de la Ley 906 de 2004.
En el proceso penal se hizo referencia a ese artículo y a los criterios que
contempla para valorar la necesidad de la medida de aseguramiento, lo cual
fue analizado por el tribunal: (…)

13.- Con lo anterior se subsanó la omisión indicada en el fallo de tutela,
consistente en la falta de mención al análisis de las finalidades de la medida
de aseguramiento y las consideraciones que al respecto tuvo el juez de
control de garantías.

14.- En ese sentido, el Despacho considera que, dada la procedencia
extraordinaria de la acción de tutela contra providencia judicial, así como el
respeto por la independencia del juez natural, las órdenes impuestas en el
fallo de amparo deben entenderse exclusivamente en el marco de su parte
motiva, la cual se centró en el defecto fáctico configurado porque la autoridad

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

judicial no había valorado adecuadamente las pruebas relacionadas con la
legalidad de la medida de aseguramiento.

15.- No obstante, el hecho de que en el del fallo de tutela se ampararan los
derechos fundamentales del accionante no implica necesariamente que
deban concederse las pretensiones de la demanda ordinaria.

16.- De conformidad con lo anterior y debido a que la autoridad accionada
acreditó el cumplimiento de las mencionadas órdenes, no puede concluirse
que haya mérito para iniciar el incidente de desacato

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ejecutoriada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a
la derecha.

VF

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