Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00289-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00289-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-00289-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
27 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00289-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARY JANNETH CÓRDOBA PINZÓN
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN EL DEFECTO
SUSTANTIVO ENDILGADO. PENSIÓN DE JUBILACIÓN DOCENTE POR
APORTES.
DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD, DEBIDO PROCESO,
MÍNIMO VITAL Y SEGURIDAD SOCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación presentada por la actora
contra la sentencia de 3 de marzo de 2023, mediante la cual la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1 denegó el amparo solicitado.
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En adelante la Sección Tercera.
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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2023 00289 01
Actora: MARY JANNETH CÓRDOBA PINZÓN
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora MARY JANNETH CÓRDOBA PINZÓN, actuando a través
de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo
vital y a la seguridad social, los cuales consideró vulnerados por la
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2 y la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO3 al
proferir las sentencias de 12 de diciembre de 2019 y 1o. de
septiembre de 2022, respectivamente, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 25000-23-42-000-2018-00702-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que cotizó al sistema pensional colombiano ante la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
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En adelante el Tribunal.
3
En adelante la Sección Segunda.
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COLPENSIONES4 y ante la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE
BOGOTÁ5, por un período equivalente a 1469,57 semanas.
Adujo que presentó ante el FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO6 solicitud de
reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes de
conformidad con la Ley 71 de 19887 y la Ley 91 de 19898.
Sostuvo que mediante la Resolución núm.5122 de 13 de julio de
2017, el FOMAG negó el reconocimiento de la pensión de jubilación
por aportes.
Aseguró que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el FOMAG, con el fin de que se le ordenara el
reconocimiento de la pensión de jubilación teniendo en cuenta todos
los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior
a la adquisición del estatus pensional.
Señaló que a la demanda le fue asignado el número único de
4
En adelante Colpensiones.
5
En adelante la Secretaría.
6
En adelante el Fomag.
7
“Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones.”
8
“Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.”
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radicación 25000-23-42-000-2018-00702-01 y le correspondió por
reparto al TRIBUNAL que, en sentencia de 12 de diciembre de 2019,
accedió parcialmente a las pretensiones y, en consecuencia,
reconoció y ordenó el pago de su pensión de jubilación por aportes a
partir del 30 de octubre de 2015 teniendo en cuenta el 75% del
salario promedio que sirvió como base para los aportes del año
anterior a la adquisición del estatus pensional.
Indicó que el Ministerio Público, interpuso recurso de apelación ante
la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 1o. de
septiembre de 2022, revocó la decisión del a quo y, en su lugar,
denegó las pretensiones de la demanda.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que las providencias emitidas por las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en defecto material o sustantivo, al
efectuar una interpretación inapropiada de las leyes aplicables al caso
concreto.
Aseguró que cumplió con los requisitos legales para ser acreedora de
la pensión de jubilación al pertenecer al régimen especial de docentes
al estar vinculada al FOMAG con anterioridad de la entrada en
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vigencia de la Ley 812 de 20039, razón por la que, a su juicio, debió
darse aplicación a la Ley 71 de 1988 que desarrolla la pensión de
jubilación por aportes.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados
como violados, en los siguientes términos:
“[…] PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos
axiológicos para la prosperidad de la acción, respetuosamente
solicito. SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia emitida por el
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B de
fecha 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, mediante la cual se
REVOCO la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, el 12 de diciembre del 2019.
Sentencia que desconoce lo establecido en el artículo 81 de la
Ley 812 de 2003.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo. anterior, solicito
respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se ORDENE
al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B a
proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a
RECONOCER LA PENSIÓN DE JUBILACION POR APORTES
a la señora MARY JANNETH CORDOBA PINZON,
identificada con la Cédula de Ciudadanía núm. 51.597.489
expedida en Bogotá, con la inclusión de todos las cotizaciones
efectuadas al sistema pensiona! de conformidad a la ley 71 de
1988 y Ley 91 de 1989.
TERCERO: Solicito cordialmente a su distinguida Sala oficiar al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A para que allegue en su
integralidad 25000-23-42-000-2018-00702-01, como quiera
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"Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario"
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que el expediente ya ha sido devuelto del Tribunal al despacho
de origen. (Negrilla pertenece al texto)
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que en primera instancia accedió a
las pretensiones de la demanda, por cuanto evidenció que […] la
demandante cotizó para el sector público y privado, y que la
vinculación a la Secretaria de Educación de Bogotá D.C., como
docente interina fue el 5 de agosto de 1997, en consecuencia (i) a la
demandante no le es aplicable la Ley 812 de 2003, sino la Ley 71 de
1988, por cuanto se vinculó al servicio docente con anterioridad a la
expedición de la Ley 812 de 2003, esto es, el 19 de febrero de 1997;
y (ii) la demandante completó 20 años de servicio acumulando
tiempos públicos y privados […].
Igualmente, indicó que la decisión adoptada se ajustó a lo señalado
en las normas y en la jurisprudencia vigente aplicable al caso
concreto.
I.5.2.- La SECCIÓN SEGUNDA y el FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO pese a haber sido
notificados en debida forma, guardaron silencio.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 3 de marzo de 2023, la SECCIÓN TERCERA
denegó el amparo solicitado.
Para tal efecto, sostuvo que al revisar el contenido de la providencia
cuestionada advirtió que la interpretación normativa no fue
irrazonable, ni caprichosa, en tanto la actora no estuvo vinculada
como docente durante su vida laboral, sino que prestó sus servicios
en entidades públicas y privadas, por lo que el régimen prestacional
aplicable es el que regula la Ley 100 de 199310.
Afirmó que si bien la actora estuvo vinculada como docente oficial
con anterioridad al año 2003, no resultaba procedente el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, pues no
acreditó 20 años de servicio como docente ni tampoco probó ser
beneficiaria de la Ley 71 de 1988.
Finalmente, concluyó que […] no puede predicarse la configuración
de un defecto sustantivo por determinar que el régimen aplicable al
sub lite era aquel previsto en la Ley 100 de 1993, bajo el entendido
de que la autoridad judicial accionada, de manera clara y suficiente,
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"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"
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expuso las razones de su decisión […].
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora cuestionó la providencia de primera instancia, al señalar
que se cometió una grave falencia al determinar que el régimen
aplicable es la Ley 100 de 1993, olvidando que en su caso debió
dársele el trato de una docente y de acuerdo a su fecha de vinculación
al servicio, debió aplicarse la Ley 9 de 1989 que a su vez remite a la
Ley 71 de 1988.
Insistió en que su situación particular no se tuvo en cuenta el
principio de favorabilidad, pues, a su juicio […] no se ha tenido en
cuenta en el fallo de primera instancia «siempre, sin excepción, entre
dos o más posibles análisis de una situación, se prefiera aquella que
resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más
amplia del derecho fundamental […].
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
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conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
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para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
dejen sin efecto las sentencias de 12 de diciembre de 2019 y 1o.
septiembre de 2022 proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN
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SEGUNDA, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 25000-23-42-000-2018-00702-01.
A las citadas providencias la actora le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,
las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto
sustantivo.
Los disensos de la actora radican en que, en su sentir, las decisiones
cuestionadas adolecen del defecto material o sustantivo, al
efectuar una interpretación inapropiada de las leyes aplicables al caso
concreto, toda vez que debió darse aplicación a la Ley 71 de 1988,
que desarrolla la pensión de jubilación por aportes.
Asimismo, aseguró que cumplió con los requisitos legales para ser
acreedora de la pensión de jubilación al pertenecer al régimen
especial de docentes y al estar vinculada al FOMAG con anterioridad
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, razón por la que, a
su juicio, debió darse aplicación a la Ley 71 de 1988 que desarrolla
la pensión de jubilación por aportes.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
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SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 3 de marzo de
2023, denegó el amparo solicitado al no evidenciar la configuración
del defecto sustantivo invocado.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia, aseguró que se cometió una grave
equivocación al determinar que el régimen aplicable en su caso es la
Ley 100 de 1993, olvidando que debió dársele el trato de una docente
y de acuerdo a su fecha de vinculación al servicio, debió aplicarse la
Ley 9 de 1989 que a su vez remite a la Ley 71 de 1988.
Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicitó dejar
sin efectos, tanto la providencia de 12 de diciembre de 2019 proferida
por el TRIBUNAL, como la dictada el 1o. septiembre de 2022 por la
SECCIÓN SEGUNDA, la Sala realizará únicamente el análisis de la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados a la
sentencia proferida por el ad quem, toda vez que fue esta la que dio
por terminado el proceso.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela y, de ser así, establecer si la SECCIÓN SEGUNDA vulneró los
derechos deprecados e incurrió en los defectos endilgados.
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La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con
suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su
criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y vulneró sus derechos fundamentales; contra la decisión
cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran las
causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y
ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss.,
ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable11 y, por
último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman
lesionados.
Verificado lo anterior, visto que el presente caso cumple con los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, la Sala hará mención al marco jurídico del
defecto alegado.
Del defecto sustantivo
La Corte Constitucional12 ha precisado que el defecto sustantivo se
11
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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presenta cuando “[…] la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente
lo es, u opta por una interpretación que contraría los postulados
mínimos de la razonabilidad jurídica […]”.
En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a
conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten
vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia
T-949 de 200913, la Corte Constitucional señaló los siguientes:
“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d)
ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.
(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”
De igual forma, la Corte Constitucional14 ha dicho que al examinar
estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura
13
M.P Mauricio González Cuervo.
14
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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Actora: MARY JANNETH CÓRDOBA PINZÓN
con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no
puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del
grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados
por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la
incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la
materia debatida en sede jurisdiccional […]”.
Ahora bien, corresponde determinar si la SECCIÓN SEGUNDA
incurrió en el defecto endilgado, para lo cual realizará el siguiente
análisis i) protección de la seguridad social en el ordenamiento
interno, ii) régimen especial de la pensión de los docentes, iii)
desarrollo jurisprudencial sobre el Ingreso Base de Liquidación de las
pensiones y; iv) análisis del caso concreto.
Protección de la seguridad social en el ordenamiento interno
En el ordenamiento interno, el Sistema de Seguridad Social es el
conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de los que
disponen las personas y la comunidad para gozar de una calidad de
vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas
que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la
cobertura integral de las contingencias, especialmente las que
menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del
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territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la
integración de la comunidad15 y cuyo objeto es garantizar los
derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener
la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la
protección de las contingencias que la afecten.
Para efectos del cumplimiento de estos fines, el ordenamiento
permitió la existencia de diversos regímenes que posteriormente
fueron unificados con la entrada en vigencia de la Ley 100.
Asimismo, vale la pena resaltar que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado16 para garantizar los derechos
adquiridos de las personas que pertenecían a los regímenes
especiales anteriores, sentó jurisprudencia y consideró que: i) el
artículo 36, inciso 3°, excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base
de liquidación que establecía el régimen general de pensiones
anterior a dicha ley, y ii) que solo deben incorporarse aquellos
factores sobre los cuales se hayan realizado los aportes al sistema
de seguridad social, variando de esta forma la posición asumida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de 4 de
15
Preámbulo de la Ley 100.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 2012-00143-01.
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agosto de 201017.
Régimen especial de la pensión de los docentes
En primer lugar, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo
señalado en el artículo 279 de la Ley 100, los docentes vinculados
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 26 de junio de 2003,
no están sujetos a la Ley 100, excepto en lo que resulte procedente
atendiendo al principio de favorabilidad laboral18.
En efecto, el artículo 279 de la citada Ley, estableció lo siguiente:
“[…] Artículo. 279. - Excepciones. El sistema integral de
seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a
los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional,
ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con
excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de
la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al fondo nacional
de prestaciones sociales del magisterio, creado por la
Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración. Este fondo será responsable de la expedición
y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se
retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación
que para el efecto se expida […]”. (Destacado de la Sala).
Al declarar exequible esta norma, la Corte Constitucional en la
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto
de 2010, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 2006-07509-01.
18
Artículos 48, 49 y 53 de la Constitución Política.
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sentencia C-461 de 12 de octubre de 199519, resaltó que “[…] la
intención del legislador al excluir a los afiliados del Fondo Nacional de
Seguridad Social del Magisterio del régimen general de pensiones
establecido en la Ley 100 de 1993, fue claramente la de proteger los
derechos adquiridos de este sector de trabajadores en materia
pensional […]”.
En el mismo sentido, la mencionada Corte en la sentencia
unificación SU-189 de 12 de marzo de 2012, reiteró que:
“[…] Debe aclararse, en todo caso, que, al entrar en vigencia
el nuevo sistema general de pensiones contenido en la Ley
100 de 1993, a partir del 1 de abril de 1994, se unificó el
régimen de pensiones de todos los servidores públicos
derogando tácitamente la normatividad anterior. Sin
embargo, dicha Ley contiene algunas excepciones
específicas que están previstas en su artículo 279 para
las cuales no aplica su contenido normativo, y entre
ellas se encuentra precisamente el Magisterio.
Lo anterior quiere decir que, para el mencionado régimen
especial siguen vigentes las normas anteriores a la Ley 100
de 1993, entre ellas el Decreto 3135 de 1968 y las demás
disposiciones referentes a la pensión por edad de retiro, lo
que quiere decir que las mismas son aplicables a este caso
concreto […]20 (Destacado de la Sala).
Sobre el mismo aspecto, el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005,
reafirmó que la Ley 100 no es aplicable a los docentes, toda vez que
conservan el régimen especial en materia pensional. En este sentido,
19
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
20
Al respecto es importante hacer mención de la sentencia T-086 de 15 de febrero de 2011, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto en la que, de manera puntual se sostuvo la mencionada exégesis.
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el parágrafo transitorio 1, ibídem, establece lo siguiente:
"[…] Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la
vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima
media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de
2003 […]".
Ahora bien, el artículo 81 de la Ley 812 dispuso que el régimen
prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
que se encontraban vinculados antes de la entrada en vigencia de
dicha ley al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada
en vigencia de dicha ley, es decir, la Ley 91 de 1989.
Esta ley estableció en el artículo 15 lo siguiente:
“[…] A partir de la vigencia de la presente Ley el personal
docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con
posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las
siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las
prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada
entidad territorial de conformidad con las normas
vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de
enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y
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sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los
empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el
futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley […]”
(Destacado de la Sala).
Al respecto, el artículo 3° del Decreto 2277 de 14 de septiembre de
197921, dispone que los educadores que prestan sus servicios en
entidades oficiales de orden nacional o territorial, son empleados
oficiales de régimen especial; y, en cuanto al régimen pensional, los
docentes vinculados antes de la Ley 812, están sometidos a lo
regulado en las leyes 33 de 1985 y 91 de 1989.
Y el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, determinaba que los factores
que deben servir para establecer la base de liquidación, eran todos
aquellos que hubieren servido de base para calcular los aportes22.
Desarrollo jurisprudencial sobre el Ingreso Base de
Liquidación de las pensiones
En ese entendido, la sentencia proferida el 4 de agosto de 201023
21
“Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”.
22
Artículo 3º de la Ley 33 de 1985. "Artículo 3º. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada
a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea
que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los
efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación de los aportes proporcionales a la
remuneración del empleado oficial estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de
empleados del orden nacional: asignación básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales
y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados
oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base
para calcular los aportes."
23
Proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2006-07509-01.
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23
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por la Sección Segunda del Consejo de Estado al referirse a la
determinación del ingreso base de liquidación de las pensiones de
jubilación incluidas en el régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100, precisó que: i) debían ser reconocidas con el 75% del salario
promedio base para los aportes durante el último año de servicio,
siempre que prestara o hubiere prestado 20 años continuos o
discontinuos de servicios y tuviera 55 años de edad y ii) con base en
todos los factores salariales efectivamente devengados en el año
anterior a la adquisición del estatus de pensionado, dado que estas
no indican en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, ello, en los términos de la Ley 33 de
1985.
Lo anterior implicaba que, para determinar los requisitos de edad,
tiempo de servicios y monto de la pensión de los beneficiarios del
régimen de transición, se debía observar la normativa del régimen
que le aplicaba antes de la entrada en vigencia de la Ley 100, sin que
pudiera acudirse a disposiciones distintas, en consonancia con el
principio de inescindibilidad24 de la norma.
24
De conformidad por lo establecido por la Corte Constitucional, en sentencia T-832 A de 2013, el
principio de inescindibilidad de la norma, establece que ésta debe “[…] aplicarse de manera íntegra en
su relación con la totalidad del cuerpo normativo al que pertenece, sin que sea admisible escisiones o
fragmentaciones tomando lo más favorable de las disposiciones en conflicto, o utilizando disposiciones
jurídicas contenidas en un régimen normativo distinto al elegido […]”.
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24
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Esta tesis fue reiterada en sentencia de unificación de 25 de febrero
de 201625, proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado dentro del expediente identificado con el número único de
radicación 2013-01541-01.
Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 28 de
agosto de 2018
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto
de 2018, en los términos del artículo 271 del CPACA, sentó
jurisprudencia y fijó las siguientes reglas y subreglas sobre: i) el
ingreso base de liquidación establecido para el régimen de transición
de las personas que cuentan con un régimen pensional especial y ii)
de los factores salariales que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación. Textualmente, señaló:
“[…] 84. Planteadas así las tesis sobre el IBL aplicable en el régimen
de transición, la Sala advierte que el aspecto que ha suscitado
controversia es el periodo que se toma en cuenta al promediar el
ingreso base para fijar el monto pensional, pues el artículo 1 de la
Ley 33 de 1985 preveía como IBL el “salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicio”,
mientras que el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
establece que el ingreso base para liquidar la pensión de vejez de
25
Es importante resaltar que la sentencia de 25 de febrero de 2016 fue dejada sin efectos por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 15 de diciembre de 2016, y, en cumplimiento a
esta última, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
profirió sentencia el 9 de febrero de 2017, la cual será explicada en esta providencia.
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25
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las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos
de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el
cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Es
decir, mientras el régimen general de pensiones de la Ley 33 de
1985 establece el último año de servicios, el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 consagra la posibilidad que sea más de un año
dependiendo de la situación particular de la persona que está
próxima a consolidar su derecho pensional.
85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe
tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto
en el inciso 3 de dicha norma.
86. Como se dijo en párrafos anteriores el régimen de transición
prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores
a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos
ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes
para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos
y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la
pensión.
87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este
caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de
configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la
finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos
aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como
manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y
sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del
Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el
periodo de transición abarcaría varias décadas26.
88. Como toda reforma pensional implica un cambio de las
condiciones para acceder a la pensión, es importante que ese
cambio no resulte traumático o desafortunado para aquellas
personas que, si bien no alcanzaron a consolidar su derecho
pensional bajo el régimen anterior, sí estaban próximos a adquirir
tal derecho y venían cotizando con la confianza legítima que se
pensionarían en las condiciones que los cobijaban.
26
En virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2005, la aplicabilidad del régimen de transición corrió hasta el
31 de julio de 2010, o, excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2014, en el caso que los
beneficiarios contaran con 750 semanas de cotización o su equivalente en tiempo de servicios al
momento de la entrada en vigencia de dicho Acto Legislativo.
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26
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89. Entonces la razonabilidad de ese cambio legislativo está en
poder conciliar la finalidad que motiva la reforma pensional con la
confianza y la expectativa de los ciudadanos que están próximos a
pensionarse, es decir, garantizar el interés general sin sacrificar del
todo el interés particular. Es importante precisar que un cambio en
el sistema de pensiones necesariamente implica el establecimiento
de requisitos y condiciones, en principio, menos favorables, para
adquirir la pensión, por eso se requiere un periodo de transición
que permita implementar de manera ponderada y equilibrada el
nuevo régimen, concretamente, para aquellas personas que, bajo
las condiciones legales anteriores, podrían adquirir su pensión en
un corto periodo de tiempo.
90. En el caso de la Ley 100 de 1993, el legislador quiso conciliar
la finalidad que motivó la reforma, con la protección frente al
impacto que el tránsito legislativo iba a generar, estableciendo un
régimen de transición especial para el grupo de personas a las que
ya se ha hecho referencia; régimen distinto tanto del anterior como
del nuevo, con unas reglas que conservaban los requisitos del
régimen anterior, pero con un elemento particular, concretamente,
el periodo que se iría a tener en cuenta para fijar el monto de la
mesada pensional; periodo que no es otro que el previsto en el
inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 199327,
así:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la
pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
Consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será
el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de
la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que
debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36
contiene todos los elementos y condiciones para que las personas
beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión
de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de
cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL
previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la
27
Aplicable en virtud del inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que dispone que las demás
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por
las disposiciones contenidas en la presente Ley.
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Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso
3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación
ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el
régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El
reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a
cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un
verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a
los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema
General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.
Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el
régimen de transición
92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial:
“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de
transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa
de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en
la Ley 33 de 1985”.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y
para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado
anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que
se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el
periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la
pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será
el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de
la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE. […]
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se
deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores
públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos
sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.
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97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución
Política que consagra el principio de solidaridad como uno de los
principios fundamentales del Estado Social de Derecho.
98. El artículo 48 constitucional define la Seguridad Social
como “un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley”. El legislador (artículo 2 de la Ley
100 de 1993) explica este principio como “[…] la práctica de la
mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores
económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del
más fuerte hacia el más débil”.
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al
artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el
régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el
aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial
en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual
se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será
necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas
de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán
en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones.
101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección
Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no
señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban
simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros
conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad
en materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores
devengados por el servidor durante el último año de servicios fue
una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y
alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus
servicios” con fundamento, además, en los principios de
favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para
esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del
legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó
los factores que conforman la base de liquidación pensional y a
ellos es que se debe limitar dicha base.
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102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que
el tomar en cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado
los aportes, no afecta las finanzas del sistema ni pone en riesgo la
garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de
habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad debe el
Estado, en acatamiento de los principios constitucionales de
universalidad y eficiencia.
103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que
la pensión de los beneficiarios de la transición se liquide conforme
a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la
debida correspondencia que en un sistema de contribución bipartita
debe existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado
y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema […] (Se
resalta).
De lo anterior se colige que:
El ingreso base de liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100, hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la
Ley 33 de 1985. En esa medida, fijó como subreglas las siguientes:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a
la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio
de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o
(ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
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• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación
será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha
cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
De acuerdo con la interpretación fijada por el Consejo de Estado, en
la segunda subregla establecida en la precitada sentencia de
unificación, “[…] en el régimen general de pensiones, previsto
en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya
realizado el aporte o cotización pueden incluirse como
elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional
[…]”, subregla que, en tanto fija el sentido y alcance del artículo 3º
de la Ley 33 de 1985, se aplica a los beneficiarios del régimen de
transición.
Finalmente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo señaló
que la citada sentencia de unificación tiene características de
permanencia, identidad y carácter vinculante y obligatorio,
señalando que las reglas jurisprudenciales que se fijaron se aplican
a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como judicial, lo cual garantiza la seguridad jurídica y dan
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prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social.
Es de mencionar que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
de esta Corporación, en la sentencia de unificación de 28 de agosto
de 2018, excluyó la aplicación de la primera regla hermenéutica28 a
los educadores oficiales vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, sin embargo, ello no aconteció respecto de
la segunda.
Siendo ello así, de manera pacífica, esta Sección ha venido reiterando
que este segundo criterio tiene plena aplicación al régimen
excepcional de los docentes29.
Precisamente, la segunda subregla se refiere a los alcances
interpretativos del artículo 3º de la Ley 33 de 1985 que se aplica
tanto a los docentes como a los beneficiarios del régimen de
transición. Así, la citada subregla es del siguiente tenor: “[…] en el
28
“[…] 94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación
será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado
durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento
de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE. […]”.
29
A modo de ejemplo se citan las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia
de 19 de diciembre de 2018, Ponente: Oswaldo Giraldo López (11001-03-15-000-2018-03110-01 AC)
/ sentencia de 20 de noviembre de 2018, Ponente: Hernando Sánchez Sánchez (11001-03-15-000-
2018-03012-01 AC) / Sentencia de 19 de noviembre de 2018, Ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo
los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la
mesada pensional […]”.
Así mismo, en sentencia de unificación jurisprudencial, proferida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019 30,
se establecieron las siguientes reglas jurisprudenciales sobre el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, al señalarse que:
“[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo
01 de 2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de
la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos
regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación
al servicio educativo oficial de cada docente, así:
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812
de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben
tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo
1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
de 25 de abril de 2019, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación
680012333000201500569-01.
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b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para
hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto
1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones […]”.
En ese orden de ideas, para determinar el ingreso base de liquidación
de la pensión de jubilación de los docentes, solo pueden incluirse los
factores salariales con fundamento en los cuales se realizaron
aportes al sistema de seguridad social en pensiones.
Finalmente, la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que la
citada sentencia de unificación tiene efectos retrospectivos con
características de permanencia, identidad y carácter vinculante y
obligatorio, señalando que las reglas jurisprudenciales que se fijaron
se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como judicial, lo cual garantiza la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad
Social.
Análisis del caso concreto
Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver el caso que nos ocupa,
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se debe examinar lo decidido en la providencia de 1o. de septiembre
de 2022 proferida por la SECCIÓN SEGUNDA, aquí cuestionada, en
la cual se indicó lo siguiente:
[…] 40. Es importante recordar, que la discusión del presente
asunto se contrae a establecer cuál es el régimen aplicable para el
reconocimiento pensional para quien acredita tiempos privados
ajenos a la docencia y públicos en dicha condición, teniendo en
cuenta que al 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993, no contaba con 35 años de edad, siendo mujer,
ni 15 de servicios.
41. Para dilucidar lo anterior, teniendo en cuenta los hechos
enunciados con anterioridad, los cuales no se encuentran en
discusión, se tiene que la demandante para el 1º de abril de 1994,
fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, acreditaba
una edad de 33 años y un tiempo de servicios privados por un
espacio aproximado de 7 años, 11 meses y 13 días, periodo
durante el cual cotizó a seguridad social al ISS, hoy
COLPENSIONES. Asimismo, que durante su vida laboral se ha
desempeñado en el sector privado y público por alrededor de 22
años, 8 meses y 14 días, de los cuales 14 años, 9 meses y 1 día
fueron como docente oficial, iniciando el 5 de agosto de 1997.
42. Así, entonces, es posible establecer que la demandante no es
beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, dado que, como ya se dijo, acreditaba 33 años de edad y
un tiempo de servicios de 7 años, 11 meses y 13 días
aproximadamente, cuando la norma exige 35 años, en el caso de
las mujeres, y 15 de servicios al 1º de abril de 1994, fecha de
entrada en vigencia de dicha ley. Por lo tanto, la Sala encuentra
que el reconocimiento de la prestación de aquella es improcedente
a la luz de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, como lo
estableció el a quo.
43. Lo anterior, teniendo en cuenta, como ya se vio, que la
aplicación de régimen pensional dispuesto en la Ley 71 de 1988 es
viable por beneficio del régimen de transición establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
44. Es de precisar, que el tratamiento especial que en materia
pensional el constituyente y el legislador le dio a los educadores
públicos devino de la especial actividad que despliegan y, por tanto,
para las situaciones pensionales descritas siempre debe verificarse
el cumplimiento de 20 años de servicio docente exclusivamente
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en sector oficial, esto es, prestados en establecimientos educativos
que pertenezcan a la estructura orgánica del sector de la
educación.
45. Así lo ha reconocido mayoritariamente esta Sala en diversos y
recientes pronunciamientos12, en donde se ha descartado la
aplicación de la Ley 33 de 1985 a educadores que no acreditaron
20 años de servicio docente en el sector público, cuya pretensión
de reconocimiento se secundó de otras vinculaciones, inclusive en
el sector privado. En tales circunstancias, se ha considerado
además, que si el accionante es beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 puede pensionarse con cualquier
norma anterior que le sea aplicable, pero sin los beneficios
deferidos al docente oficial, entre ellos, percibir pensión gracia e
incluso salario de manera concomitante con la pensión de
jubilación.
46. A partir de los anteriores razonamientos, la demandante no
puede pensionarse como docente oficial en virtud de la Ley 71 de
1988, porque claramente en ninguna situación resulta ser un
régimen viable para la actividad o condición con la que se presenta
al proceso y no es beneficiaria del régimen de transición de la Ley
100 de 1993.
47. En tal virtud, al establecerse que a la demandante no le asiste
el derecho a la aplicación del régimen pensional de la Ley 71 de
1988, es posible concluir que el estudio para el reconocimiento de
la pensión debe realizarse teniendo en cuenta las disposiciones
consagradas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conforme lo
determinó FOMAG.
48. En ese orden, la Sala encuentra que la demandante tampoco
reúne los requisitos para que le sea reconocida la prestación, en
tanto para el momento en que agotó vía gubernativa, no contaba
con 57 años de edad ni acumulaba 1300 semanas, requisitos
exigidos en el artículo 3313 de la Ley 100 de 1993, después de
cobrar plenos efectos la modificación de tales supuestos instituida
por la Ley 797 de 2003.
49. Así las cosas, se revocará la sentencia apelada que accedió a
las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se negarán sin
consideración de fondo adicional […]” (Negrillas pertenecen al
texto)
De los apartes transcritos, la Sala observa que la SECCIÓN
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SEGUNDA, para adoptar su decisión, observó que para la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 199331, la actora acreditaba una edad
de 33 años y un tiempo de servicios privados por un espacio
aproximado de 7 años, 11 meses y 13 días, período durante el cual
cotizó a seguridad social a COLPENSIONES. Igualmente, que se
desempeñó en el sector privado y público por alrededor de 22 años,
8 meses y 14 días, de los cuales 14 años, 9 meses y 1 día fueron
como docente oficial, iniciando el 5 de agosto de 1997.
En este sentido, la SECCIÓN SEGUNDA determinó que la actora no
era beneficiaria del régimen de transición por cuanto para el 1o. de
abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100, acreditaba
33 años de edad y un tiempo de servicios de 7 años, 11 meses y 13
días aproximadamente, cuando la norma exige 35 años, en el caso
de las mujeres y 15 años de servicio.
Así las cosas, consideró que la aplicación del régimen especial
determinado en la Ley 71 de 1988 se encuentra supeditada al
beneficio establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón
por la que la actora no podría pensionarse como docente oficial por
cuanto no reunió los requisitos establecidos por el régimen de
transición.
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1º de abril de 1994.
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Por lo anterior, la Sala encuentra que no resulta procedente dejar sin
efectos la sentencia de 1o. de septiembre de 2022, proferida por la
SECCIÓN SEGUNDA, toda vez que no se incurrió en el defecto
sustantivo invocado, por cuanto lo que la actora pretende con la
presente acción de tutela es que de conformidad con la Ley 71 de
1988 se ordene el reconocimiento de una pensión de jubilación bajo
el régimen especial de docente junto la reliquidación de su pensión
con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el
último año de servicios. Sin embargo, no es posible llegar a tal
conclusión, debido a que la norma referida sí fue valorada por la
autoridad judicial accionada al proferir la decisión controvertida, de
manera que no podría considerarse la vía de hecho deprecada por la
actora.
Lo anterior, obedece a que los docentes nacionalizados que estén
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las
prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de
conformidad con las normas vigentes y de conformidad con la Ley 71
de 1988 y su Decreto Reglamentario núm. 2709 de 13 de diciembre
de 199432, circunstancia que para el caso concreto no resultó
probada.
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“Por el cual se reglamenta el artículo 7o. de la Ley 71 de 1988”.
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En ese orden de ideas, en la medida en que la autoridad judicial
accionada no incurrió en el defecto alegado ni se evidenció
vulneración alguna a los derechos deprecados, la Sala confirmará la
decisión de primera instancia, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de abril de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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